COMUNICADO-663
• Senador Teófilo Torres Corzo plantea incorporar al Consejo Consultivo de Política Migratoria al texto de la Ley de Migración
• No hay claridad sobre los mecanismos donde se analicen, discuten y formulen las políticas públicas en la materia
La nueva Ley de Migración contiene “limitaciones y deficiencias” que dificultan la construcción democrática de una política de Estado, así como una visión nacional y transversal en los programas, proyectos y acciones en materia migratoria, afirmó el senador Teófilo Torres Corzo.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional señaló que la Ley y su Reglamento vigente no especifican los tiempos y formas para operar mecanismos donde se analicen, discuten y formulen las propuestas de políticas públicas, así como para convocar a los actores institucionales y sociales para el desarrollo de estas tareas.
Reconoció que existen disposiciones que obligan al Ejecutivo Federal --a través de la Secretaría de Gobernación-- a tomar la opinión y recoger las demandas y posicionamiento de los otros poderes de la Unión, gobiernos estatales, sociedad civil organizada, personas físicas y sector académico, para determinar la política migratoria.
Sin embargo, “ningún ordenamiento lo obliga a poner en marcha y operar los mecanismos donde se analicen, discutan y formulen las propuestas de política, ni tampoco a convocar en estas importantes tareas a los actores institucionales y sociales que se señalan en los artículos 2 y 18 de la Ley y en el Capítulo Primero, Título Segundo, del Reglamento.
Para resolver esta omisión, “que podría considerarse delicada porque no abona a asegurar la adecuada coordinación e interacción gubernamental, ni la concertación con la sociedad civil y especialistas en el tema”, Torres Corzo presentó una iniciativa para incorporar al Consejo Consultivo de Política Migratoria al texto de la Ley de Migración.
Por su trascendencia política y social, enfatizó, dicho Consejo merece existir como un órgano colegiado permanente en la formulación, evaluación y seguimiento de la política migratoria nacional, que no dependa de discrecionalidad administrativa alguna.
El legislador destacó que es una obligación de los legisladores garantizar la protección a los derechos fundamentales de los migrantes, a fin de contribuir al reforzamiento de la seguridad hemisférica, fronteriza y regional.
La propuesta se remitió a las comisiones de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.
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