COMUNICADO-622

•  El propósito es evitar que el crimen organizado controle a migrantes

•  Plantean que recursos del INM respalden a casas de apoyo

Las comisiones de Asuntos Migratorios, Contra la Trata de Personas, de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe impulsarán una ley migratoria integral para unificar políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal, con el objetivo de dar una protección efectiva a los derechos de los migrantes en México.

Una de sus prioridades es establecer mecanismos para evitar que los migrantes de Centro y Sudamérica sean absorbidos o controlados por bandas delictivas.

Durante el Foro “Migración con rostro humano, hacia la protección integral para los migrantes”, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, indicó que la iniciativa será resultado de diversos foros y encuentros que se han dado con la sociedad civil, la Cámara de Diputados y los congresos estatales.

Advirtió que si bien en municipios de nueve entidades se han instalado oficinas de atención a migrantes, es necesaria una integración con la Secretaría de Gobernación para contar con políticas públicas coordinadas y enfrentar  con mayor eficacia los riesgos.

“Las entidades federativas se han dado cuenta de que es importante e inevitable entrar al tema migratorio, porque si no alguien más lo va a hacer y lamentablemente es el crimen organizado”, enfatizó Guevara Espinoza.

La senadora Adriana Dávila, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, puntualizó que es indispensable dar mayor difusión a los programas del gobierno federal y revisar que sean efectivos, pues “no se trata sólo de abrir oficinas, sino de asegurar que tienen realmente un sentido integral, si cubren las expectativas y si el personal conoce el problema de este fenómeno social”.

Además, subrayó, es momento de que en México no se criminalice más la migración y se dé a este fenómeno un rostro humano, lo cual implica fortalecer la colaboración entre los estados y el gobierno federal.

Mariana Gómez del Campo, senadora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, expuso las fallas en el trato a los migrantes latinoamericanos, evidente en el gasto en el Instituto Nacional de Migración (INM) de dos mil 100 millones de pesos, “sin que se destine un solo peso para apoyar a las casas de asistencia al migrante, las cuales hacen la labor que no realiza el Estado”.

Se pronunció porque dentro de la legislación se impulse el derecho al migrante, a la par de la regulación de las casas de asistencia y puedan recibir apoyos del Estado, al tiempo de poder establecer cierto control para conceder mayor seguridad a los migrantes.

En este sentido, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, consideró que también se debe establecer claramente qué autoridades deben tener injerencia en el tema migratorio, a fin de erradicar abusos, como las extorsiones que realizan elementos de corporaciones policíacas en contra de quienes cruzan nuestro país.

Las exposiciones de las senadoras fueron respaldadas por la subsecretaria de Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Paloma Guillén San Vicente, en especial respecto al fortalecimiento del INM.

Concluyó que si bien se han impulsado diversos programas, en especial de atención a niños migrantes, “no es suficiente, el fortalecimiento de los agentes de emigración con preparación por tema, puede darse en el marco de un trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, estados y municipios”.

La propuesta para impulsar una nueva ley migratoria fue bien recibida por los presidentes de las comisiones Asuntos Fronterizos Sur, Humberto Mayans Canabal; Relaciones Exteriores América del Norte, Marcela Guerra Castillo; y el titular de la Unidad Migratoria de la Segob, Omar de la Torre de la Mora.

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