El senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Benjamín Robles Montoya, propuso ante el Pleno del Senado reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) a fin de establecer mecanismos para que el Instituto Nacional Electoral (INE) respete usos y costumbres de los pueblos indígenas.
La propuesta, que incluye la adición de dos consejeros electorales al Consejo General del INE, implica la creación de los artículos 1 Bis; 104 Bis; 110 Bis y 209 Bis; asimismo adiciona los incisos i, j, k del artículo 105; y se reforman los numerales 4 del artículo 2; numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 110 y numeral 2 del artículo 111, todos del Cofipe.
Sostuvo que “no se puede se puede tratar a los 2454 municipios de México bajo reglas federales iguales. No es legal ni procedimentalmente posible”, dadas las características políticas y sociales que prevalecen en las localidades indígenas.
Puso como ejemplo Oaxaca --que tiene 24 por ciento de los ayuntamientos del país-- donde el 74 por ciento de los municipios eligen a sus autoridades mediante usos y costumbres.
Este sistema ancestral, abundó, existe en localidades de Michoacán, Puebla, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo, donde se han gestado criterios jurisprudenciales en defensa de la autodeterminación y pluriculturalidad de los pueblos.
“De ahí, que tengamos la imperiosa necesidad de modificar la legislación en la materia, para hacerla acorde con la nueva realidad sociopolítica, al tiempo de garantizar y salvaguardar el derecho a la autodeterminación establecido en las constituciones federal y estatal”, subrayó.
Plantea además definir sistemas normativos como principios generales, normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que los pueblos indígenas reconocen, establecen como válidos y aplican en la definición de sus cargos.
En la iniciativa propone que leyes federales y estatales reconozcan a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho a la libre determinación y a la autonomía, para elegir de acuerdo a sus principios, normas, instituciones y procedimientos, las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno.
La propuesta de reformas, que también propone garantizar la designación de consejeros y magistrados que representen proporcionalmente a los municipios y comunidades, se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera.
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