La Comisión de Educación se reunió con la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a fin de revisar los avances en la revisión del Sistema Educativo Nacional, lineamientos y directrices y coordinación entre autoridades responsables.
En su intervención inicial, la consejera presidenta de ese órgano constitucional autónomo, Sylvia Irene Schmelkes del Valle, dijo que para este año, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 613 millones de pesos, cifra que representó sólo 70 por ciento de lo solicitado.
Dicho presupuesto, destacó, es “suficiente” para operar, pero “nos impone ciertas restricciones” como la imposibilidad de abrir dos direcciones generales: la coordinación de oficinas en los estados y de investigación e innovación
Esto, enfatizó, tiene repercusiones porque cada lineamiento que emite el INEE sobre la evaluación requiere de un mecanismo de supervisión para verificar su cumplimiento, lo cual sería mucho fácil de cumplir si tuviéramos oficinas en las entidades.
Sin embargo, se han enfrentado los retos del organismo como la instalación de la Conferencia del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y ya se definieron los lineamientos iniciales, generales y específicos, para el ingreso a la docencia, que por primera vez en la historia de México permitirán que todas las plazas de nueva creación y vacantes se sometan a concurso.
En la ronda de cuestionamiento, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, resaltó que en abril de este año, el Instituto tiene que entregar al Congreso un reporte del estado que guarda la educación en el país y deberá informar si se realizará la prueba Enlace para el próximo año o habrá otra en su lugar.
El legislador respaldó una propuesta del senador panista, Javier Corral Jurado, a fin de que se presente un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la colegisladora, puedan resarcir al Instituto los casi 300 millones de pesos que no les fueron asignados.
En opinión del senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Partido Revolucionario Institucional, se requiere un esquema de evaluación completo en el que se tomen en cuenta los diversos factores para “tener una óptica real” de la enseñanza.
“No podemos evaluar de manera plana, simple e igual a una escuela estrictamente urbana, con todas las comodidades” que genera su ubicación y las herramientas que eso provee y a una escuela rural de la sierra de Guerrero.
Para el senador Javier Corral Jurado, la Comisión de Educación debe tomar “cartas en el asunto de una manera muy firme”, ya que el Congreso de la Unión “no puede estar generando mandatos constitucionales y órganos reguladores” sin garantizar los recursos para que cumplan con sus objetivos, de lo contrario “es una hipocresía constitucional”.
Hizo notar que existe una “enorme preocupación” porque la autonomía del órgano constitucional se ha visto “trastocada”, pues hubo un anunció desde la SEP que informaba de la cancelación de la prueba Enlace, sin embargo, la ley establece que todos los procesos de evaluación que se iniciaron antes de la reforma tenían que ser concluidos en los términos que acordara la junta de gobierno del INEE.
“Y esto supone un dictamen y no un boletín de prensa para complementarle el punto de vista a Chuayffet”, además, denunció, el secretario de Educación Pública “ya está instruyendo al INEE” de llevar a cabo una prueba nueva.
Su compañero de bancada, Víctor Hermosillo y Celada, expresó que cuando “un gobierno que está dispuesto a gastar más de 20 mil millones de pesos” en televisores para la transición digital y no otorgar los recursos suficientes al “termómetro de la educación” es porque “algo anda muy mal”.
Por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Fidel Demédicis Hidalgo comentó que no se puede exigir que el Instituto cumpla a cabalidad todas las tareas que le fueron encomendadas, cuando sólo se le asignó 70 por ciento del presupuesto solicitado, por lo que preguntó cuál ha sido la afectación que esta situación implica.
De igual modo, expresó su preocupación por la posible afectación a la autonomía de este órgano constitucional, sobre todo, en el tema de la prueba Enlace porque “parece que el Secretario de Educación Pública no ha entendido que existen facultades que son exclusivas del INEE”.
El senador perredista, Raúl Morón Orozco resaltó que en el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación está la posibilidad de fortalecer, reorientar y cumplir con el precepto constitucional de que la educación en este país sea de calidad, por que revisará “todos los componentes del sistema educativo”.
Dijo que esta revisión debe empezar por los “tomadores de decisiones”, a fin de saber si los secretarios de educación y los funcionarios responsables de este sector “están haciendo lo correcto” para llevar a la enseñanza a los mejores niveles, así como por el financiamiento y el marco jurídico para que los maestros actúen con confianza y certidumbre.
Schmelkes del Valle reiteró que para 2015 ya deberán estar en operación las evaluaciones del Servicio Profesional Docente, una primera evaluación de la segunda generación revisión del logro escolar, la operación completa de la estructura del Instituto y las oficinas en las entidades federativas.
En respuesta a los senadores, reconoció que sí hay afectaciones por el presupuesto asignado, pues “quizás” no se pueda evaluar “todo lo que quisiéramos”; sin embargo, se evaluarán componentes del Sistema Educativo Nacional como alumnos, docentes, escuelas, “algún programa” o “alguna política”.
Precisó que el problema se está enfrentado al priorizar “aquello que está explícito en la ley”, por lo que el presupuesto “nos tiene que alcanzar para dar respuestas a los mandatos legales que tienen propósitos señalados con toda claridad y que además tienen fechas”.
Respecto al tema de la prueba Enlace expuso que “ha habido un poco de confusión”, pues el Instituto anunció --antes que el Secretario-- la decisión de evaluar esa herramienta. No es que nosotros nos hayamos sometido a una decisión previa de parte de la SEP, precisó.
En tanto, Teresa Bracho González dejó en claro que el Instituto ha ejercido su autonomía de manera plena en materia de normatividad para la evaluación del Servicio Profesional Docente y negó que el INEE tenga relaciones de dependencia o subordinación con otro órgano público.
Subrayó que la autoridad en materia evaluativa pertenece al INEE, por lo que “la hemos defendido y la defendemos tanto como se requiera y la construimos tanto como está en nuestras capacidades”.
La consejera Margarita María Zorrilla Fierro explicó que para los concursos y procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en los centros escolares, aplicarán los que existen actualmente hasta que los nuevos métodos son aprobados y entren en vigor.
En su turno, Gilberto Ramón Guevara Niebla consideró que “no es propio o correcto decir que la autonomía del INEE ha sido vulnerada”, ya que ha habido dos procesos paralelos de argumentación y razonamiento para suspender dicha prueba; uno corresponde a la SEP y otro al Instituto.
A su vez, el consejero Eduardo Backhoff Escudero expresó que se trató de una “confusión por problemas de tiempos” y aclaró que se decidido estudiar la prueba porque “en las condiciones en las que se estaba utilizando era obvio que estaba haciendo agua, literalmente por todos lados”.
Expresó que Enlace era una evaluación que tenía muchas consecuencias económicas y de prestigio social, por lo que si no se controlaba iba a tener problemas posteriores de administración.
Opinó que el organismo actuó “responsablemente” al avalar la suspensión de esa prueba, debido a que arrojaba información que no era creíble.
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