Al presentar el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, --en el Senado de la República, ante la Comisión de Derechos Humanos-- aseguró que en la CIDH existe la convicción de que el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad es uno de los principales desafíos que enfrentan los estados miembros de la Organización de Estados Americanos.
De todas las garantías del ámbito penal, la más importante es la presunción de inocencia. Este es el principio básico en el cual se fundamenta el informe, el cual es punto de partida de cualquier consideración relativa a la aplicación de la prisión preventiva y al trato que se les da a los detenidos mientras estén en custodia del Estado, explicó.
Sostuvo que “es una falacia muy común” en América Latina utilizar la prisión preventiva como vía para solucionar el delito y la violencia. “No hay, sin embargo, evidencia empírica para apoyar esa falacia”, y promoverla, es una actitud políticamente irresponsable, porque permite evadir la responsabilidad real de adoptar medidas preventivas y sociales profundas.
Expuso datos del abuso de la prisión preventiva en las Américas: en Bolivia el porcentaje de estos presos es del 84; en Paraguay, 73 por ciento, en Panamá y Uruguay, 65 por ciento.
James Cavallaro cuestionó la forma en que los medios de comunicación suelen tratar a los sospechosos en México y en los países de la región. Dijo que es común mostrar a personas aprehendidas por la policía como ladrones, traficantes, asesinos, como si ya hubieran sido condenados por la justicia.
“Además de violar el derecho a la reputación del acusado, esta práctica frecuentemente sirve para normalizar la criminalización de personas por la pura detención por la policía”, señaló.
El relator de la CIDH dio razones para evitar el uso excesivo de la prisión preventiva: el hacinamiento provoca niveles de violencia entre internos, facilita la propagación de enfermedades, crea un ambiente de insalubridad e higiene deplorables, y genera problemas en la gestión de los establecimientos penitenciarios.
Detalló que las recomendaciones de la CIDH surgieron de diversas reuniones con expertos, académicos y con la sociedad civil durante dos años. Parte de ellas son: crear programas de salud pública, educación, empleo; formación para el respeto de los derechos humanos y ciudadanía democrática; velar porque el proceso penal se aborde mediante un enfoque integrado y sostenido.
Optar por un diseño de la política criminal donde se garanticen los derechos fundamentales; fortalecer el acceso a la justicia y los mecanismos de defensa pública; garantizar el principio del trato humano a las personas privadas de libertad.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que la característica de la reforma penal en México consiste en implementar a una nueva doctrina para que todas las garantías procesales puedan, sin regateos y de manera irrestricta, ser gozadas y ejercidas por todos los ciudadanos.
Estamos obligados a actualizar mucha de nuestra legislación para que estos preceptos, ya contenidos en la Constitución, se vean reflejados en las leyes, indicó.
De la Peña Gómez señaló que una gran preocupación para el Congreso de la Unión es la situación de las prisiones, donde cada vez se enfrentan mayores problemas que pueden convertirse en una “olla de presión” y resultar un problema incontrolable para el Estado mexicano.
María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, dijo que en el ámbito de las medidas cautelares se están generando cambios de gran trascendencia y el país avanza por el camino de cumplir las obligaciones que se han señalado internacionalmente en los tratados.
Aseguró que México ya tiene propuestas muy concretas en materia de ejecución de medidas cautelares, para que la última vía sea la imposición de una privación de libertad.
“En este contexto, estaremos dando resultados incluso en el hacinamiento, reduciéndolo considerablemente. Los jueces de ejecución tienen la tarea de reducir ese hacinamiento, de revisar las sentencias que están en cumplimiento y poder definir la situación de cada uno de los procesados”, dijo.
Fromow Rangel señaló que el gobierno está empeñado en que existan nuevos sistemas de justicia penal con personal capacitado para dar respuestas al respeto de los derechos humanos, al debido proceso, porque son principios fundamentales.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú manifestó informes como este exponen las problemáticas del país. Agregó que con la reforma penal, los juzgadores ya tienen las herramientas para determinar que, cuando una medida no es razonable, objetiva o proporcional, deben atenderse las recomendaciones de la CIDH.
Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) habló de la situación en los centros penitenciarios, dijo que los tres más importantes del país están sobre-poblados.
Expuso que en otros 17 centros federales hay una concentración de internos que no cuentan con las condiciones ni el equipamiento apropiado. “La atención médica es deficiente, la cuestión de los alimentos es muy deficiente, ese tipo de cuestiones hoy en día no se están resolviendo, siguen siendo un asunto pendiente por parte del Estado mexicano y evidentemente genera violaciones a derechos humanos”, añadió.
Comentó que la mala operación de los agentes del sistema de justicia penal hacen que los sentenciados sean víctimas del propio sistema, “es un país de víctimas”.
En esta presentación también participó Martin Schönteich, de Open Society Justice Initiative, quien manifestó que el documento de la CIDH “hace un llamado a la acción” con sus recomendaciones a México.
También estuvo presente Javier Carrasco Solís, de la Red para la justicia previa al juicio – América Latina, quien manifestó que el gran reto de implementar adecuadamente la reforma de justicia penal pasa por el ámbito normativo y operativo.
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