Luego de hacer un balance de las opiniones expresadas a favor y en contra de la minuta, el senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, expresó que se requiere armonizar la legítima demanda de mejorar el sector ferroviario con la logística del transporte terrestre y la competitividad de la economía, siempre y cuando se garantice el estado de derecho y las inversiones de largo plazo.
En este sentido, expresó que cuando hay derechos adquiridos y “tenemos una figura como son las concesiones, de lo que sea, de las que prevé la Constitución, se tienen que respetar”.
Lo anterior, dijo, es fundamental para mandar un mensaje a los mercados tanto nacionales como internacionales “de que aquí se respetan las reglas del juego”.
Por el grupo parlamentario del PRI, la senadora Graciela Ortiz González explicó que la competitividad que el Poder Legislativo está tratando de lograr con esta reforma es aquella que se deriva de la participación de mayores actores productivos del país en el uso del sistema ferroviario.
En consecuencia --mencionó-- es bajo esta premisa que debería de darse la minuta, “con las modificaciones que se hagan por parte de la Cámara de Senadores en términos afirmativos”.
A su vez, el senador Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, expresó su preocupación debido a que en la propuesta se abre una “ventana” que da pie a la “asignación irregular de concesiones”, por lo que “no se puede dejar un mínimo de atisbo, de discrecionalidad a la autoridad”.
En esta segunda jornada de análisis, Verónica Baz, integrante del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), hizo notar que “no queda claro” si la minuta aprobada por la Cámara de Diputados es en favor del interés público, de la eficiencia económica del sector y de la atención de quejas de los usuarios.
Mencionó que está “plagada de errores de concepción”, pues no entiende la manera en que se conforma la estructura del sector ferroviario y cae en el error de tratarla como una industria de monopolios, además, forza la entrada de más competidores, lo que puede llevar a costos más elevados, que no sea un negocio rentable y que no haya incentivos para invertir.
Negó que existan monopolios en esta actividad económica, ya que se trata de empresas “multiproducto” y opinó que las tarifas “no pueden ni deben ser artificialmente competitivas para todos y cada uno de los servicios del sector”, pues éstas sólo deben existir en una competencia intermodal.
En su turno, Jorge de la Madrid, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, estimó necesario revisar la posible afectación al Estado de derecho por modificaciones a las concesiones otorgadas actualmente y se analice las posibles consecuencias que tendría la actividad de los permisionarios en la operación de los trenes cargueros y de las infraestructuras.
Propuso a los senadores la integración de un organismo regulador del transporte ferroviario que tenga como objetivo vigilar el cumplimiento de las reglas establecidas en las actuales concesiones y, en su caso, en los servicios de otros operadores como los permisionarios.
Para Oscar Cruz Ruiz, del Instituto Politécnico Nacional, la propuesta formulada por la Cámara de Diputados “es plausible”, pues atiende la problemática sustantiva que padece el sector, se orienta al restablecimiento de la interconexión de la red y rompe con los monopolios regionales en que ha devenido el sistema ferroviario nacional.
La minuta, dijo, retoma la autoridad que en materia de precios debe tener el Estado, sin afectar la libertad de mercado, por lo que aprobar los cambios permitirá apuntalar al ferrocarril en la columna vertebral del sistema nacional del transporte.
La aprobación en lo fundamental de la reforma, enfatizó, “será una buena señal para los usuarios” y “ratificará la disposición del Estado para superar obstáculos, corregir desviaciones y confirmar su papel de garante del desarrollo nacional”.
Jorge Fernández Ruiz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que el proyecto contempla al transporte ferroviario como un servicio público y esto representa un “avance sensible” porque establece la protección del interés general y de los usuarios.
En opinión de Enrique Salcedo Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte, en lo general el proyecto “es correcto”, pero omite la necesidad de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuente con un programa integral de movilidad sustentable tanto de carga como de pasajeros.
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