El nuevo ordenamiento deriva de la reforma constitucional en materia política y establece el proceso para emitir la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular.
Asimismo, tiene como finalidad promover la participación ciudadana en la implementación de este mecanismo.
También establece que serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como actos administrativos del Ejecutivo Federal, siempre que sean de trascendencia nacional, repercutan en la mayor parte del territorio nacional o que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte significativa de la población.
El presidente en turno de la Mesa Directiva, senador José Rosas Aispuro Torres, informó a la asamblea que la senadora Cristina Díaz Salazar, titular de la Comisión de Gobernación, entregó un texto denominado “análisis preliminar sobre las restricciones en materia del ámbito de la consulta popular”, el cual solicitó que se incluya en la parte expositiva del dictamen.
Sin embargo, precisó, se consultará al pleno --cuando transcurra el momento oportuno-- si dicho documento es incluido o no al dictamen.
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