Las reformas estructurales son importantes para México, pero ninguna de ellas puede llevarse a cabo a costa de los derechos humanos, por lo que el Senado debe analizar y realizar los cuestionamientos sobre las implicaciones que tienen los proyectos que envía el Ejecutivo federal.
Así lo manifestó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en una reunión que sostuvo con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez.
Dijo que la Cámara de Senadores debe hacer “la debida diligencia de todas las iniciativas que el Ejecutivo ha planteado”, pues existe una amplia gama de reformas sobre seguridad pública y desarrollo de la economía.
Es fundamental --subrayó-- que ustedes hagan muchos cuestionamientos respecto a las implicaciones que estos proyectos tendrán en los derechos humanos y ejemplificó que cuando se quiere hacer un megaproyecto en áreas donde habitan pueblos indígenas “hay que preguntar antes de que se realice y no después”.
“Espero que ustedes puedan desempeñar el papel de hacer las preguntas correctas en el momento correcto”, apuntó.
Por otro lado, hizo un llamado a los senadores para que las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de derechos humanos cumplan con los estándares internacionales.
Asimismo, Salil Shetty instó a que se efectúen los lineamientos internacionales en la legislación que se refiere al arraigo y justicia militar, pues ésta última se debe allanar a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En este sentido, expresó que las investigaciones y el juicio del personal militar acusado de violación de derechos humanos se deben realizar dentro de los tribunales civiles.
También se opuso a las evidencias y confesiones que se obtienen bajo tortura, por lo que el Senado debe hacer un escrutinio de las leyes para que se respete el debido proceso, además, agregó, México tiene que impulsar un sistema judicial que termine con esa práctica.
“Este cuerpo legislativo tiene el deber de poner a los derechos humanos como prioridad en la agenda”, recalcó el activista.
En otro tema, dijo que en Amnistía Internacional “estamos muy preocupados” por los retos y desafíos que en materia de derechos humanos que México confronta como las desapariciones, “abusos extremos” a migrantes, agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, así como la prevalencia de la impunidad.
Comentó que nuestro país sigue una agenda “muy progresista de derechos humanos en la escena internacional, pero en los últimos cinco o siete años nos hemos preocupado por su situación nacional”.
Hizo notar que existe un número “muy grande” de personas que han desaparecido en la última década y que “se siguen registrando nuevas desapariciones, incluso, en este momento”, por ello, se necesita que los mecanismos de búsqueda sean los debidos y los procesos de investigación eficaces.
Nos preocupa también --destacó-- que muy pocos casos están concluyendo con la presentación de los perpetradores ante la justicia.
En cuanto a los crímenes contra migrantes dijo que éstos son víctimas de abusos extremos de sus derechos humanos por parte de los funcionarios públicos y del crimen organizado, además de que se han arrestado a cerca de 80 mil migrantes, de los cuales 75 mil han sido deportados.
De igual manera, informó que siguen los patrones persistentes de ataques a defensores de derechos humanos y periodistas y las cifras son inciertas, debido a que el proceso para registrar las agresiones “es difícil”.
No hay un mecanismo de registro exacto, pero independientemente de los datos nos damos cuenta de que hay un número excepcional de ataques, intimidación y amenazas a los defensores de derechos humanos y sus familias, puntualizó.
Al respecto, la senadora Angélica de la Peña Gómez manifestó que el cambio en el sistema de justicia no ha sido fácil, pues se trata de pasar de un esquema inquisitorio a uno que garantice el debido proceso.
Recordó que en el Senado se lleva a cabo un sobre la justicia militar “que concluirá en una reforma muy importante” en esta materia.
La senadora priista Lucero Saldaña Pérez expresó que el rol del Senado es armonizar las legislaciones para que estén acorde con los instrumentos internacionales, a fin “de ir avanzando en lo que significa la aplicación de esta gran reforma constitucional de derechos humanos”.
Dejó en claro que “tenemos el gran interés de estar pendientes de los impactos y efectos que pueda haber para el tema de los derechos humanos” por las reformas en los temas económico, de seguridad, de migración y de justicia.
A su vez, la senadora panista Mariana Gómez del Campo mencionó que el gobierno federal y el Poder Legislativo tienen que entrar “de lleno” en el tema de los migrantes, pues hay mucho que hacer en este asunto.
La legisladora cuestionó al activista internacional sobre los desplazados por el crimen organizado y el papel que están desempeñando los grupos civiles armados en el país.
En sus repuestas, Salil Shetty consideró que el problema principal en el tema de los grupos civiles armados “es que hay un Estado que está tratando de regular sus propias fuerzas en cuanto a las violaciones a los derechos humanos”, por lo que preguntó cómo va a regir sobre grupos autónomos que están trabando fuera de control y fuera de una estructura.
“Nos preocupa mucho esto. Basándonos en otras experiencias es un signo preocupante y quisiéramos que se establezcan controles”, expresó.
Expuso que se trata de una situación muy compleja, ya que las comunidades donde se han registrado grupos civiles armados estaban entre la violencia del crimen organizado, y por ello buscaron soluciones inmediatas a ese problema porque “ha durado demasiado”.
Puede verse como un rápido arreglo al problema, pero “no hay un rápido arreglo para un problema de altos niveles de inseguridad pública y la única manera de resolverlo como Estado responsable es creando una fuerza policial que esté capacitada y equipada para entender las responsabilidades de derechos humanos”.
En este sentido, comentó que la preocupación de Amnistía Internacional es “que si se tiene este sistema que se va a basar en la discreción de las autoridades locales se podrían tener muchas decisiones unilaterales sobre qué grupo es bueno y cuál no y cómo se trata a un grupo o a otro”.
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