Así lo estableció en la tribuna del Pleno, el senador priista René Juárez Cisneros al proponer reformar el artículo 27, fracción IV, de la Ley Minera, con el objeto de evitar el menoscabo del patrimonio natural de la Nación, y en búsqueda de que la industria minera conviva en armonía con otras actividades productivas y sociales en las comunidades donde se lleva a cabo el desarrollo de la concesión minera.
Agregó el legislador por Guerrero que la minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México y ha formado parte importante en el desarrollo y modernización de nuestro país, de ahí que una de las principales reivindicaciones recogidas en la Constitución de 1917 haya sido el dominio original de la nación sobre los recursos del subsuelo, y que en los últimos años se haya abierto una nueva etapa para que la minería mexicana pueda enfrentar con éxito los retos de un mercado cambiante y altamente competitivo.
El proyecto de decreto busca fomentar una participación coordinada y una mayor vigilancia entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, ciudadanos y organizaciones ambientalistas, sobre los procesos que tienen como fin la autorización de actividades mineras con el método de lixiviado de minerales, evitando con ello, afrontar consecuencias ambientales y sociales que han afectado a comunidades agrarias enteras.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su análisis.
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