Así lo manifestó el senador del Partido Revolucionario Institucional, Óscar Román Rosas González, quien propuso introducir en la ley que las autoridades verifiquen el cumplimiento de las normas oficiales en materia de asistencia social para adultos mayores.
En este sentido, planteó que el Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores (INAPAM) realice labores de inspección y vigilancia, a efecto de comprobar el correcto cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que regulan la prestación de servicios de asistencia social para las personas de la tercera edad.
Asimismo, sugirió la creación de un registro único obligatorio de las instituciones públicas y privadas de casa hogar, albergues, asilos o cualquier centro de atención, el cual será elaborado por el DIF y publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación.
De igual manera, propuso obligar a todas las instituciones de asistencia social a que permitan la supervisión e inspección de sus instalaciones y constatar el grado de cumplimiento de las normas de atención y cuidado de adultos mayores.
El legislador consideró que de aprobarse estos cambios las instituciones encargadas de regular y promover ayuda y protección las personas de la tercera edad cuenten con mayores herramientas para identificar los casos de abuso, daño, omisión o afectación a sus derechos y garantías.
Indicó que los adultos mayores se encuentran en vulnerabilidad, riesgo o marginación, por lo que necesitan atención y cuidados especiales, sobre todo, aquellos que no cuentan con el apoyo familiar.
Refirió que el envejecimiento de la población mexicana ha sido evidente y paulatino en los últimos treinta años, “pero este proceso alcanzará un nivel notorio e importante a mediados del presente siglo”.
Las proyecciones del Consejo Nacional de Población --agregó-- muestran que en la actualidad existen 7 millones de personas con 65 años y más y se estima que en 2030 sean 15.6 millones y para 2050 este sector crecerá aceleradamente para alcanzar 27.8 millones de personas.
En consecuencia, señaló que se incrementarán una serie de demandas y exigencias específicas de como las pensiones, atención, cuidados especiales en salud, alimentación, desarrollo social y acceso a servicios públicos.
Por ello, un alto porcentaje de adultos mayores acudirán a casa-hogar, albergues, asilos, residencias de día o cualquier centro de atención, ya sean públicos o privados, por lo que dichas instituciones tienen que estar preparadas.
“Actualmente todos los centros de atención para adultos mayores públicos o privados y bajo cualquier modalidad, deben observar las condiciones mínimas de seguridad, higiene, alimentación saludable, trato digno, equipamiento y dimensiones apropiadas del espacio físico para poder brindar una atención adecuada y de calidad”, enfatizó.
La iniciativa que busca reformar las leyes de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de Asistencia Social se envió a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Primera.
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