Los tres proyectos atentan contra las garantías fundamentales de la población de inmigrantes en ese estado, aseguró el senador panista Luis Alberto Villarreal García, quien presentó el acuerdo a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.
El Senado también solicitó al Ejecutivo que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifieste al estado de Arizona y al presidente de Estados Unidos la preocupación que existe en todos los niveles de gobierno en México frente a la posible aprobación de las iniciativas.
Al mismo tiempo, instó a la Cancillería a redoblar esfuerzos en la protección de los derechos de “nuestros migrantes y en caso de violación a sus derechos humanos, llevar el caso hasta sus últimas consecuencias en apego al Derecho Internacional”.
Además, senadores sostendrán una reunión de trabajo con funcionarios de la SRE para analizar una nueva estrategia de protección a los mexicanos migrantes, basada en los derechos humanos y el derecho internacional, entre otras actividades.
En última instancia, el Senado pidió al Ejecutivo federal, que durante su encuentro con el presidente Obama y los líderes del Congreso de aquel país, exprese el rechazo de México a cualquier medida legislativa que atente contra los derechos de los inmigrantes, y los invite a avanzar en la construcción de una reforma migratoria integral en beneficio de ambos países.
En la tribuna senatorial, Villarreal García informó que la iniciativa SB1611, introducida por el presidente del Senado, Russel Pearce, pretende despojar de servicios públicos y derechos fundamentales a migrantes indocumentados e hijos de migrantes indocumentados.
Asimismo, el senador panista Ramón Galindo Noriega consideró que la mejor manera de apoyar a los migrantes mexicanos que se van a buscar mejores condiciones de vida es hacer cosas aquí en su país, “en este país nuestro que a veces los expulsa, los ahuyenta, los hace buscar mejores horizontes y condiciones de vida”.
Se tiene una responsabilidad que tiene que ver con la economía, con la ley, con el empleo, con la seguridad pública, y sobre todo, hay que hacer modificaciones a la legislación, a través de ajustes a la relación que tienen los ciudadanos con el gobierno, de manera que no sea necesario que se vayan, afirmó.
Por el PRD, el senador Silvano Aureoles Conejo expresó que en estados con alta incidencia migratoria es muy preocupante los niveles de discriminación a los que llegan los promoventes de dichas iniciativas.
Recordó que en México se votó una legislación en materia migratoria, con lo que en cierta forma se cuenta ya con una autoridad para fijar una postura seria en la materia.
“Estamos en condiciones de reclamar con energía para que se respeten derechos fundamentales de mexicanos del otro lado de la frontera”, subrayó.
Solicitó que también se incluyan cuestionamientos como las medidas que tomará el gobierno mexicano para proteger a los que viven allá, además de generar una ruta de trabajo en la que se pidan acciones concretas, a través de la SRE, mediante la instrumentación de acciones que tuvieran efectos inmediatos en defensa de los paisanos.
Por otra parte, el senador Tomás Torres planteó la necesidad de que el presidente de México aborde el tema, ya que está ausente en la agenda porque “va a escuchar los asuntos de seguridad que le interesan a los Estados Unidos, no a México”.
El Senado de la República debe ser más eficaz en la tutela de los derechos de millones de mexicanos que están allá, y de mexicanos que ya no se pueden ir, enfatizó el perredista.
El senador Armando Contreras Castillo, también del PRD, consideró que la presentación de diversas iniciativas antiemigrantes en Arizona siguen el camino de la Ley SB1070, y vienen a sumarse a una larga lista de legislaciones y políticas propuestas o ya vigentes en diferentes estados de la Unión Americana.
Resaltó que cada país es libre de determinar quién puede entrar y permanecer en su territorio, pero ese derecho debe hacerse compatible con el derecho de migrar que tiene todo ser humano.
Para el legislador la contribución de los mexicanos migrantes a la economía norteamericana es importante y su poder de compra es de aproximadamente 500 mil millones de dólares.
En el 2009, los trabajadores mexicanos pagaron impuestos al fisco por más de 52 mil 799 millones de dólares, cantidad que duplicó el monto de las remesas enviadas a sus familiares en el mismo período, agregó.
Por ello, dijo, la prioridad de Felipe Calderón durante su próximo encuentro con el presidente Obama, debe ser impulsar una reforma migratoria integral que comprenda, entre otros aspectos, un programa de regulación de los trabajadores indocumentados que ya se encuentran en los Estados Unidos de América.
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