Por ello, propuso reformar la Ley General de Salud para dejar implícita la prohibición para que hospitales, seguros y empresas privadas, así como el propio Estado, utilice el internet o medios electrónicos para atender médicamente al doliente.
Señaló que se debe asegurar a la población no atendida por el IMSS y a la que no desea ese servicio, mayor acceso a la información de acciones privadas de atención médica, ya que aunado a la falta de seguro médico, representa una barrera adicional para asegurar a la población atención médica correcta.
En muchos casos, precisó, se desconocen los servicios disponibles, su costo y sus derechos, “cuestión que afecta además en conductas y valores sociales para el auto cuidado del paciente”.
Argumentó que debido al crecimiento de las herramientas de telecomunicación, las aseguradoras y empresas privadas han comenzado a implementar un proyecto de telemedicina, en el que los pacientes accederán a los servicios de salud de manera remota.
Destacó que este servicio no busca promover un beneficio a la salud pública, no corresponde a una evolución natural de la tecnología en la asistencia de la medicina ni contiene ninguna señal de ser un programa social.
La iniciativa que reforma la Ley General de Salud se turnó a las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos.
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