Al presentar el dictamen, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Burgos García, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la reforma contará con un órgano, con carácter de autónomo, responsable de combatir la corrupción en los entes públicos federales y tendrá a su cargo tareas preventivas de investigación y sanción de responsabilidades que deriven de hechos de corrupción.
Expuso que el órgano tendrá un titular nombrado por el Senado mediante la votación calificada de las dos terceras partes de sus miembros presentes, con base a las propuestas que formulen los grupos parlamentarios.
Indicó que este nuevo órgano contará con un Consejo Consultivo, conformado por tres ciudadanos electos por el propio Senado, con base en el procedimiento de consulta pública transparente.
Esta figura se replicará en todas las entidades federativas, para garantizar la eficacia en el combate a la corrupción, mediante un sistema nacional que tiene como base la facultad del órgano federal de atraer asuntos que, inicialmente, son competencia de estados y municipios.
Además, establece que el órgano será responsable de aplicar el procedimiento administrativo sancionador, con el fin de salvaguardar la obligación de los servidores públicos de desempeñar su empleo mediante los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
La reforma busca que se lleve a cabo una minuciosa revisión de la legislación secundaria, como es el caso del marco de actuación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para promover la simplificación regulatoria; las leyes de compras, adquisiciones y obras públicas, la Ley de Archivos, de asociaciones público- privadas, la del Servicio Profesional de Carrera y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con la aprobación de esta reforma, en adición a la recién aprobada reforma constitucional en materia de transparencia, la inclusión de la Fiscalía Especializada Contra la Corrupción en la reforma política, así como las reformas a la deuda pública local; se crea el Sistema Nacional de Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
El proyecto de reforma incluye la expedición de una ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, que será aplicable a todos los órdenes de gobierno.
De igual forma, contiene dos enfoques: uno preventivo y el punitivo, el primero se sustenta en diferentes ejes: que el gobierno funcione bien; contar con controles que desalienten la corrupción; que las acciones gubernamentales sean transparentes; que los servidores públicos tengan incentivos para no corromperse; que la sociedad pueda monitorear y fiscalizar permanentemente el gobierno.
El enfoque, punitivo prevé que las instancias encargadas de fiscalizar, supervisar y controlar estén perfectamente coordinadas; que las instancias responsables de combatir la corrupción tengan adecuados y eficaces instrumentos persecutorios; que el marco jurídico sea claro, preciso y severo contra los actos de corrupción; que se persiga y sancione con igual dureza al sector privado.
El órgano anticorrupción no tendrá impedimentos bancarios, fiduciarios ni fiscales para hacer investigación; contará con un cuerpo de investigadores, peritos y especialistas en diversas disciplinas, actuará por oficio, denuncia, atracción o atracción distancia fiscalizadora; y será unipersonal.
Entre las sanciones administrativas que aplicaría estarían destitución, inhabilitación y multa y trabajaría de la mano con las procuradurías.
En tanto, la Ley General para las Responsabilidades Administrativas tendría aplicación nacional, al igual que las sanciones; faltas y procedimientos; y dividirá las faltas administrativas en tres grupos: infracciones administrativas al régimen disciplinario; faltas administrativas graves al régimen disciplinario, y hechos de corrupción.
Las modificaciones a la legislación incluyen otorgar al nuevo órgano facultades para sancionar a empresas y particulares, conforme a mejores prácticas para los usos internacionales; regulación de la denuncia y protección de la secrecía de la denunciante.
También recibirá atribuciones para solicitar medidas precautorias como la prisión preventiva; el arraigo y el congelamiento de cuentas; y la Procuraduría General de la República (PGR) le proporcionará más elementos al órgano anticorrupción.
Además, con la modificación constitucional se crea el Registro Nacional de Servidores Públicos y su Patrimonio y, adicionalmente, cumplen con las tres convenciones internacionales signadas y ratificadas por México en la materia.
Burgos García sostuvo que con “un órgano constitucional autónomo nombrado por el Senado, su titular y un orden jurídico claro para su actuación, nuestro país podrá contar con elementos idóneos para combatir la corrupción y, en caso de que ocurran hechos de ese tipo, no queden impunes”.
Aseveró que el dictamen es resultado de un intenso trabajo de diálogo al interior del Senado de la República, “que impulsa los entendimientos y consolidación de acuerdos para que el Estado mexicano cuente con un espacio institucional acorde a los tiempos presentes, para prevenir, combatir y sancionar la corrupción”, fenómeno, dijo, que merece el rechazo y condena unánimes.
El perredista Benjamín Robles, al presentar su voto particular, señaló que con la aprobación del dictamen se pretende construir condiciones de confianza, certeza, transparencia, claridad, nitidez, certidumbre que permitan a la sociedad, sector privado e incluso a los servidores públicos, conducirse en un marco adecuado confiable, “justo por principio”.
Se busca, agregó, atacar las causas de la corrupción, con esfuerzos de carácter cultural y cívico, tanto en colegios, ciudades y organizaciones y que la niñez y adolescencia sepa que las conductas aledañas a la corrupción no contienen valor en sí mismas, sino que hay mayor valor en el pensamiento y la actitud honrada, congruente y pacífica.
El senador Manuel Bartlett Díaz señaló que la corrupción es el principal problema de este país, que penetra la economía y la política desde los más altos niveles de gobierno, y “es por ello que debemos asegurarnos que este organismo funcione correctamente”.
Dijo que es fundamental que el Presidente de la República no intervenga en la designación del titular del órgano anticorrupción. “El nombramiento debe estar totalmente fuera de la influencia del Presidente”.
Por su parte, el perredista Alejandro Encinas Rodríguez destacó la creación del Consejo Consultivo, el cual contará con la participación de tres ciudadanos que serán nombrados por la Cámara de Senadores, así como de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. No obstante, señaló como una limitación la presencia de un representante del Ejecutivo Federal dentro de ese cuerpo colegiado.
Asimismo, afirmó que la solución al problema de la corrupción no depende exclusivamente de establecer leyes sino que es necesario desarrollar instrumentos de carácter institucional que permitan construir un sistema integral y transversal para que las acciones de combate a este problema sean efectivas. Además, dijo, se requiere de una cultura política y cívica que permita atacar a la corrupción desde la raíz.
En su momento, la senadora panista Laura Rojas Hernández, enfatizó que la corrupción es uno de los mayores flagelos que vive nuestro país, es enemiga del desarrollo y se contrapone a la justicia. Agregó que, por esa causa, se pierden inversiones y se encarecen productos, se construye mal la infraestructura y escasean los servicios públicos, crece el crimen organizado, debilita el Estado de derecho y aumenta la insatisfacción social.
Por ello, dijo, que éste puede ser el momento de la reivindicación de una clase política que por décadas no ha hecho lo suficiente para combatir la corrupción en el país. Aseguró que la propuesta es el marco de control para que los objetivos de todas las demás reformas no se desvirtúen, subrayó que la reforma responde a la finalidad misma de la política, entendida esta como la ciencia, arte y virtud de acrecentar el bien público.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arely Gómez González, indicó que de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción 2013, dado a conocer por Transparencia Mexicana, México se ubicó en la posición 106 entre 177 países.
Ante ello señaló que “nadie puede negar que este año desde el Congreso de la Unión estamos transformando a México”, por lo que destacó la importancia de la presente reforma, toda vez que ayudará a combatir este flagelo, el cual, enfatizó, “no acepta soluciones superficiales y que no se resuelve con una visión única”.
El proyecto aprobado reforma y adiciona los artículos 22, 73,79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y busca combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno e instituciones.
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