Cabe señalar que el mencionado dictamen, con proyecto de decreto reforma y adiciona los artículos 22, 73,79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución, busca combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno e instituciones.
El proyecto incluye la creación de un nuevo órgano encargado del combate a la corrupción, que estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción.
Esta figura se replicará en todas las entidades federativas, garantizando la eficacia en el combate a la corrupción, mediante un sistema nacional que tiene como base la facultad del órgano federal de atraer asuntos que inicialmente son competencia de estados y municipios.
Asimismo, establece que el órgano responsable de combatir la corrupción aplicará el procedimiento administrativo sancionador con el fin de salvaguardar la obligación de los servidores públicos de desempeñar su empleo mediante los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
El dictamen instituye que debe hacerse una minuciosa revisión de la legislación secundaria, como es el caso del marco de actuación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para promover la simplificación regulatoria; las leyes de compras, adquisiciones y obras públicas, la Ley de Archivos, de asociaciones público privadas y la del servicio profesional de carrera y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Con la aprobación de esta reforma, en adición a la recién aprobada reforma constitucional en materia de transparencia, la inclusión de la fiscalía especializada contra la corrupción en la reforma política, así como las reformas a la deuda pública local; estamos creando un Sistema Nacional de Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
También, la reforma busca expedir una ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, que será aplicable a todos los órdenes de gobierno.
Cabe señalar que previamente, en reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que el dictamen contempla dos enfoques: uno preventivo y el punitivo.
El primero, dijo, se sustenta en diferentes ejes: que el gobierno funcione bien; contar con controles que desalienten la corrupción; que las acciones gubernamentales sean transparentes; que los servidores públicos tengan incentivos para no corromperse; que la sociedad pueda monitorear y fiscalizar permanentemente el gobierno.
En tanto que el segundo enfoque, punitivo, contempla que las instancias encargadas de fiscalizar, supervisar y controlar, estén perfectamente coordinadas; que las instancias responsables de combatir la corrupción tengan adecuados y eficaces instrumentos persecutorios; que el marco jurídico sea claro, preciso y severo contra los actos de corrupción; que se persiga y sancione con igual dureza al sector privado.
También contempla la formación de un Sistema Institucional Permanente de Lucha contra la Corrupción, se crearía el Órgano Anticorrupción, tanto a nivel federal como local, responsable de perseguir a la corrupción desde la perspectiva administrativa, dejando a las procuradurías el ámbito penal; se establece un consejo consultivo, se promulgaría una sola Ley General para las responsabilidades administrativas, aplicable en los tres órdenes de gobierno.
Explicó que el órgano anticorrupción no va a tener impedimentos bancarios, fiduciarios ni fiscales para hacer investigación; contaría con un cuerpo de investigadores, peritos y especialistas en diversas disciplinas, actuaría por oficio, denuncia, atracción o atracción distancia fiscalizadora; sería unipersonal.
Entre las sanciones administrativas que aplicaría estarían destitución, inhabilitación y multa y trabajaría de la mano con las procuradurías.
En tanto que la Ley General para las Responsabilidades Administrativas tendrían la aplicación nacional y sus sanciones; faltas y procedimientos; dividir a las faltas administrativas en tres grupos: infracciones administrativas, régimen disciplinario, faltas administrativas graves al régimen disciplinario; faltas administrativas graves al régimen disciplinario y los hechos de corrupción.
Las modificaciones a la legislación también incluyen otorgar al nuevo órgano facultades para sancionar a empresas y particulares, conforme a mejores prácticas para los usos internacionales; regulación de la denuncia y protección de la secrecía de la denunciante.
Con estas reformas propuestas, también recibiría atribuciones para solicitar medidas precautorias como la prisión preventiva; el arraigo y el congelamiento de cuentas, y la PGR le proporcionará más elementos al órgano anticorrupción.
Sobre este asunto, la senadora panista Marcela Torres, resaltó el hecho de que sea el Senado el encargado de nombrar al titular del órgano anticorrupción, el cual tendrá carácter autónomo.
Por su parte, la priista Arely Gómez, secretaria de la Comisión de Justicia, y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, subrayó que lo lamentable de la corrupción es que representa un mal cuyos efectos resienten los más desfavorecidos y es, dijo, uno de los grandes pendientes de México a nivel internacional.
En su momento, la legisladora panista Laura Rojas resaltó que la Ley establece el Sistema Nacional de Combate la Corrupción, que tendrá como función el coordinar a todas las instituciones y entidades que trabajan en este tema.
El perredista Alejandro Encinas resaltó la construcción de este acuerdo que ayudará a atacar uno de los peores males, “el peor mal de este país, que es la corrupción, no solamente en los asuntos públicos, sino también en los asuntos privados del país”.
Enfatizó que el dictamen para hacer reformas y establecer nuevas disposiciones constitucionales en materia de combate a la corrupción, puede ser un instrumento importante para atacar ese mal endeble.
Subrayó que la constitución del órgano autónomo anticorrupción, que queda establecido en el Artículo 109 de la Constitución como un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, será dirigido por un titular nombrado por las dos terceras partes del Senado.
Precisó que junto con este órgano autónomo se dará paso a la creación del sistema nacional anticorrupción y a distintas disposiciones de carácter integral y transversal que permitan la coordinación de esfuerzos entre distintos organismos públicos autónomos y las instituciones responsables de la fiscalización del ejercicio de los recursos y la persecución del delito.
El senador Javier Corral, de Acción Nacional, afirmó que México es un gran país y se dijo convencido de que podría serlo mucho más si entre la clase política mexicana y entre las instituciones privadas y de gobierno se anidara un verdadero combate a la corrupción, pues dijo que es éste el verdadero problema endémico del país.
Benjamín Robles comentó que el dictamen reviste una relevancia especial, debido a que representa un trabajo real, de mucho tiempo y porque va a permitir combatir uno de los principales problemas que aqueja el país, la corrupción.
Por su parte, su correligionario Armando Ríos Piter destacó que ha sido un largo proceso para poder garantizar un dictamen que en principio parecería ser una de las prioridades de este Congreso.
Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, comentó que con la reforma, uno de los temas más importantes es que va haber un órgano especializado en corrupción, aunque puntualizó que se debe estar al pendiente de la capacitación de quienes la conformarán.
El trabajo de comisiones estuvo dirigido por el senador priista Enrique Burgos García, quien informó que la iniciativa sería turnada al pleno para su trámite correspondiente.
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