El dictamen tiene como objetivo “fortalecer la democracia y modernizar al Estado mexicano”. Prevé la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, donde sus principios rectores serán la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
El INE estaría conformado por un consejero presidente y diez consejeros electorales, quienes estarán en el cargo por un periodo de nueve años y no podrán ser reelectos.
Además en ese organismo concurrirían con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo.
Respecto de los órganos electorales locales, se plasmaría en la Constitución la homologación de aspectos como el nombramiento de los consejeros electorales, su duración y el sistema de garantías para su cabal desempeño.
También buscaría garantizar las condiciones de legalidad, certidumbre, equidad y transparencia en los procesos locales; se fortalecen las normas preventivas de la intromisión de otros poderes en las decisiones y actuar de estos y las autoridades locales a efecto de que los procesos electorales en todo el país sean homogéneos.
En cuanto al tema de reelección consecutiva de legisladores, se contempla que los diputados federales podrían reelegirse hasta por tres periodos más, para sumar 12 años en ejercicio del encargo; y los senadores hasta por un periodo adicional de servicio ininterrumpido.
Si un legislador busca la reelección, tendrá que hacerlo por la misma vía que llegó al cargo, por el partido político que lo postuló, sin que pueda hacerlo a través de candidaturas independientes; además no podría ser postulado por un partido político o coalición alguna.
En las entidades se establecería la reelección consecutiva de los diputados locales, ajustándose al modelo federal.
En tanto, la reelección consecutiva de de los integrantes de los ayuntamientos se realizará cuando esta sea por el mismo partido, “pues la realidad histórica en la que vive el país obliga a replantear con responsabilidad el diseño institucional en el que se mueven nuestras estructuras políticas”.
La reforma también propone que el Presidente de la República en cualquier momento pueda optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos en el Congreso y éste tendría la facultad de ratificar a todo el gabinete del Presidente de la República, con excepción de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina.
De igual manera se prevé que la Cámara de Senadores tenga la facultad de ratificar “siempre” al Secretario de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados al titular de la Secretaría de Hacienda.
“Con esto se busca tener un mecanismo claro de corresponsabilidad y brindar una herramienta que facilite la ejecución de las acciones que resultan más importantes en la tarea administrativa”, se destaca en el documento.
La enmienda pretende transformar a la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.
En este sentido, le correspondería al Senado de la República la designación del titular este órgano, quien duraría en el cargo nueve años, con lo que se busca dar continuidad a las políticas y acciones de procuración de justicia.
El fiscal tendrá la facultad para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción de juicios de amparo directo, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
Respecto de la toma de protesta del titular del Ejecutivo se busca que para el periodo que comprende del 2018 al 2024, inicie el 1 de diciembre del 2018 y concluya el 30 de septiembre del 2024 para que el siguiente titular inicie el encargo el 1 de octubre de 2024.
Lo anterior, a efecto de generar una transición más dinámica entre la fecha de los comicios, la declaratoria de Presidente Electo y la etapa de entrega-recepción, así como la toma de protesta del nuevo titular del Ejecutivo Federal.
En otro tema se acordó aumentar el número de votos para mantener el registro como partido político a tres por ciento, lo que evitaría la existencia de partidos sumamente pequeños que fragmenten en extremo la representación.
Se precisa que las candidaturas independientes se les consideraría como un partido político de nueva creación para lo cual tendrán derecho a que se les asigne en conjunto el 30 por ciento del reparto del financiamiento de los tiempos de radio y televisión, toda vez que el setenta por ciento es para los institutos políticos.
Finalmente, se establecería que sea el Congreso de la Unión quien apruebe el Plan Nacional de Desarrollo y por el Senado de la República la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Al término de la reunión de las Comisiones Unidas, se acordó que las reservas serán discutidas en el Pleno del Senado de la República.
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