SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014
PRESIDENCIA DE LA CIUDADANA PRESIDENTA ANA LILIA HERRERA ANZALDO
-LA C. PRESIDENTA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: (11:35 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de la asistencia de las señoras y señores senadores.
-LA C. SECRETARIA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 85 ciudadanos senadores y senadoras.
En consecuencia, hay quórum, señora presidenta.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Se abre la sesión del jueves 13 de febrero, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio.
El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta de este día.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
Aprobada el acta, señora presidenta.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias.
Solicito a la Secretaría informe al pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva, sobre los asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Doy cuenta.
La Mesa Directiva autorizó a la comisión de Turismo, la ampliación de plazo para la presentación del dictamen al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, presentado el 28 de noviembre de 2013.
Es todo, señora presidenta.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Esta Presidencia ratifica dicha resolución.
Pasemos a los asuntos de nuestra agenda del día de hoy.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió una comunicación suscrita por el senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite el informe de actividades relativo a la participación de la delegación del Congreso de la Unión, en la 22ª. Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, efectuada los días 12 al 16 de enero de 2014, en Puerto Vallarta, Jalisco.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de resultados de la visita oficial del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Cuba, así como de su participación en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, los días 28 y 29 de enero del año en curso, en la ciudad de La Habana.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Esta Asamblea ha quedado enterada.
Remítase dicha documentación a las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió del Banco de México, el informe el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, en el trimestre octubre-diciembre de 2013, así como la ejecución de la política monetaria durante dicho período.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Remítase el informe referido a la comisión de Hacienda y Crédito Público.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Túrnese a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.
Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, para sus efectos correspondientes.
En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
-LA C. SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muy buenos días, a todas, a todos.
Señora presidenta, gracias.
El día de hoy, traigo una propuesta, que considero valiosa por la población a la que se refiere; el tema de los adultos mayores, de la tercera edad, es un asunto que nos debe de ocupar.
Muchos datos revelan, cómo el abandono que tiene nuestra gente de 60 años y más, de 70 y más, es muy, muy importante.
Ha habido esfuerzos, valiosos, no hay que negarlos. El Programa de 65 y más, de 70 y más, han sido algunos aspectos, que debemos de reconocer, que forman parte de una política pública, que empieza a visibilizar la importancia que tienen nuestros adultos mayores.
Pero, lo que hoy nos ocupa, es un tema que va más allá de una entrega económica. Que por cierto, hay que revisarla. Porque se dice, que muchos, hombres y mujeres de la tercera edad, sufren violencia o son despojados de este subsidio, que reciben, a propósito de su edad.
Como ustedes saben, México aún es un país de jóvenes. Sin embargo, el bono demográfico que tiene que ver con la juventud de esta república, está en un camino ya descendente. Hay datos que revelan, que en muy poco tiempo México será un país de viejos y viejas. Refiriéndose al tema de la edad.
Y creo que México no está preparado aún, para todo lo que representa la economía del cuidado, los albergues, las casas de diario, todo lo que tiene que ver con una política bien direccionada, en favor de la tercera edad.
No preparados, porque el dato que tenemos es, una credencial que corre a cargo de los comerciantes. O los albergues que son muy pocos los que hay, a cargo de la Federación.
Algunos intentos en los estados y municipios, pero no hay una política regularizada, homogenizada en el país, que visibilice la atención que requieren nuestros adultos mayores.
Por eso, el día de hoy, vengo ante ustedes a presentar un proyecto de decreto, que reforma el artículo 49 y adiciona las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo tercero, y la fracción XXXI del artículo 28, y un artículo 28 bis, un artículo 48 bis, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Artículo tercero. Del 1 al 11.
Número 1. Albergues para adultos mayores. Son aquellos establecimientos donde se proporcionan temporalmente servicios de alojamiento a adultos mayores, en tanto son reubicados a otra institución o a su familia.
Albergues privados. Son las estancias, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación que con patrimonio de origen privado, brinde servicios permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico asistencial a personas de la tercera edad.
Albergues de asistencia social. Se denomina así al albergue, estancia, casa hogar o lugar con cualquier otra denominación que con patrimonio de origen público, brinde servicios permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, gerontología, médico asistencia, entre otros, a personas de la tercera edad.
Casa hogar para adultos mayores. Es el establecimiento de asistencia social, donde se proporciona a adultos mayores atención integral, mediante servicios de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades culturales, recreativas, ocupaciones y psicológicas.
Centro de Día. Es el establecimiento público, social o privado, que proporciona alternativas a los adultos mayores, para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre, mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, donde se promueve tanto la dignificación de esta etapa de la vida, como la promoción y autocuidado de la salud.
Instituciones de Atención a Adulto Mayor. Instituciones públicas y privadas de Casa Hogar…
(SIGUE 2ª .PARTE)
… autocuidado de la salud.
Instituciones de atención a adulto mayor.
Instituciones públicas y privadas de casa hogar, albergues, residencia de día o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores.
Registro nacional de las instituciones de atención al adulto mayor.
Es el registro total de todas las instituciones públicas y privadas de casa hogar albergues, residencia de vía o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores en el país.
Hacer del conocimiento público a través de los medios electrónicos, del instituto, el registro de especialistas de geriatría con el que se cuenta, mismo que será proporcionado por las autoridades sanitarias que correspondan.
Es una serie de modificaciones, señora presidenta, que he presentado en la iniciativa a la que hago alusión y que pido sea integrada tal y como ha sido registrada, creo que bien vale la pena poner atención a una edad que en muy poco tiempo estaremos llegando los y las senadoras que pertenecemos a esta Legislatura.
Por su atención, muchas gracias.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora, con gusto registramos su petición. Senadora Ivonne Álvarez, ¿con qué objeto?
-LA C. SENADORA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA (Desde su escaño): Solicitarle a nuestra amiga, la senadora Diva, si es posible sumarme a su iniciativa.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Las senadoras y senadores que tienen levantada la mano, ¿es con el mismo objeto?
Le ruego a la secretaría registre las adhesiones a esta importante propuesta.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.
A nombre de la Mesa Directiva del Senado de la República y de todas mis compañeras y compañeros, saludamos a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Anahuac, México, Sur. Sean ustedes bienvenidos a este recinto.
(Aplausos)
Asimismo, a nombre de la Mesa Directiva y de todas las senadoras y senadores, queremos dar la bienvenida a nombre del senador Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina en el pleno, a los alumnos colegiados pertenecientes a la promoción 35 de la maestría en mando superior en seguridad nacional que imparte el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Sean ustedes muy bienvenidos a este recinto.
Tiene ahora el uso de la palabra al senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se expide Ley Federal de Tribunales de Tratamiento de Adicciones.
-EL C. SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Con la venia de la presidencia. Creo que si buscamos hacer las mismas acciones, vamos a encontrar los mismos resultados.
Y en el tema de reinserción al tejido social de quienes caen en adicciones, creo que el castigo no ha sido la solución.
Vengo a presentar esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del… Adicciones, no como una invención sino como algo que ya ha funcionado y que es un plan piloto que inició en el Poder Judicial de Nuevo León, y en el que me tocó ser parte activa de este proyecto como Consejero de la Judicatura de este Poder Judicial Estatal.
¿De qué trata este proyecto?
Trata de que en aquellos casos en que haya delitos no graves, cuya pena sea menor a ocho años de prisión, en la que el reo o la parte acusada sea su primera ocasión que comete un delito, se le permite el beneficio de la suspensión del proceso y en lugar de insertarlo en un centro de readaptación, un dinero inferior al que costaría el tenerlo en este centro penitenciario, se utiliza para readaptarlo, se le pone a jurisdicción del tribunal de adicciones, quien supervisa, vigila y desarrolla esta supervisión a efecto de dar una graduación de quien entra en este programa.
Creo que es un planteamiento muy positivo para nuestro sistema social, para nuestro tejido social. Considero que si damos las mismas acciones, llegaremos a los mismos resultados, como lo dije en un principio.
Por eso solicito, para obviar tiempo, que se inserte esta iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Y ojalá y pueda contar en comisiones con su apoyo.
Muchas gracias.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, senador. Se instruye a la secretaría registrarla en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Me parece que es claro que el reto, el gran reto global del sistema económico y político, y también en México, de este Siglo XXI es, sin duda, la desigualdad.
La desigualdad que alienta a la pobreza, es la muestra clara de que a pesar de los esfuerzos de la sociedad y de las instituciones gubernamentales, las políticas y los presupuestos públicos no siempre benefician a quienes más lo necesitan. Por el contrario, es claro que nuestro sistema cada día beneficia a quienes más tienen, ampliando la brecha social, económica y de acceso a los satisfactores básicos entre los mexicanos.
Luchar contra la desigualdad debe de estar en la perspectiva de absolutamente todas y cada una de las acciones públicas, de todas y cada una de la acciones legislativas. Esta, lo recordamos siempre, ha sido siempre la aspiración que nos dio sentido como nación.
Hay que recordar hace 200 años los sentimientos de la nación, en donde José María Morelos y Pavón, decía que como la ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben de ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia. De tal suerte que se aumente el jornal de pobres que mejore sus costumbres, se aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto.
En este inicio del tercer siglo mexicano, la aspiración de mitigar la desigualdad sigue siendo vigente, pero los énfasis y las estrategias toman una expresión que se debe de actualizar de manera constante.
En estas formas nuevas de actuar y de atender el asunto de la desigualdad, desde el año 2005, la Organización Mundial de la Salud incluyó como parte de su agenda prioritaria un tema denominado determinante sociales de la salud, con el objetivo de detener las deficiencias y las diferencias que se presentan en materia de salud, pero que son evitables e injustas entre las personas.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado el hecho de que las inequidades sanitarias son en realidad producto de una muy compleja red de acciones que actúa a escala mundial, nacional y local, afectando negativamente el modo en que las sociedades se desarrollan.
Distintos factores económicos, señala la Organización Mundial de la Salud, determinan cuál será el acceso y los determinantes de la salud de los individuos. Pero no solamente es el aspecto económico el que repercute en la organización de las sociedades.
Además hay otros factores que propician la aparición de diversas formas de extractos, de jerarquías, una suerte de sistema de castas que al final de la cadena afecta directamente las condiciones de aprendizaje, las condiciones de vida, de trabajo y, con ello, las consecuencias negativas de las enfermedades.
La salud, compañeras y compañeros legisladores, no es solamente un aspecto de infraestructura, tampoco es un aspecto solamente de derechohabiencia, existe una serie de determinantes sociales que es necesario conocer, estudiar y evaluar para tomar mejores decisiones en las políticas nacionales y locales en materia de salud.
Permítame solamente ilustrar un ejemplo que expone la propia Organización Mundial de la Salud.
En Bolivia la tasa de mortalidad infantil de los bebés de madres que no tuvieron formación académica, es de diez por ciento. O sea, cien de cada mil recién nacidos de madres que no tuvieron formación académica, se mueren.
Mientras que los hijos de madres que sí cursaron un nivel de educación media…..
(Sigue 3ª parte)
…
de madres que no tuvieron formación académica se mueren, mientras que los hijos de madres que sí cursaron un nivel de educación media tuvieron una tasa de mortalidad dos veces y media menor, es decir, del 4%, 40 niños de cada mil recién nacidos.
Esto, lo que la Organización Mundial de la Salud expresa, es que existen factores sociales que determinan las inequidades sanitarias, específicamente aspectos históricos, políticos, económicos y de inversión pública que ha hecho y ha obligado a la Organización Mundial de la Salud a hacer un llamado que hizo justamente en la Sexagésima Segunda Asamblea Mundial en 2009, para que los países miembros de esta organización, por supuesto incluido México, elaboren sistemas de información sanitaria que midan y que den seguimiento a los indicadores nacionales de salud, desagregando los datos en función de los principales determinantes sociales.
En México, si bien existe un amplio trabajo de indicadores de estadísticas de salud éstas no se han interpretado como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, una organización que de vez en cuando resulta relevante para nuestro país cuando algún mexicano que fue Ministro de Salud aspira a esta organización, y qué bueno que así lo hagan. Pero hay que reconocer que hay recomendaciones de la propia OMC que no se están atendiendo, reitero, éstas no se están interpretando como la recomienda la Organización Mundial de la Salud en razón de sus principales determinantes sociales, ya que es un trabajo adicional, de investigación, análisis e interpretación altamente especializado.
Aspectos, además, que también influyen, que tienen que ver con el ambiente rural y urbano, la pertenencia a grupos indígenas, los niveles educativos o de nutrición, de acceso a la vivienda y a los servicios básicos en la salud, deben considerarse como una necesidad que enriquezca la información disponible y adicionalmente incorpore nuevos criterios para evitar al desigualdad sanitaria.
Por ello, compañeras, compañeros senadores, es que me permito presentar esta iniciativa para que de acuerdo a las recomendaciones internacionales de la OMC nuestro país incorpore en el diseño de sus políticas públicas este enfoque de los determinantes sociales en materia de salud, y que con el aval, y espero el respaldo de ustedes, senadores y senadoras, se cree el Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud.
Este instituto tendría entre sus principales funciones, por supuesto, apoyar a la Secretaría de Salud para afrontar las causas sociales de la falta de salud y de las inequidades sanitarias evitables, y además promover la equidad sanitaria a nivel nacional coordinándose con los sectores público, privado y social.
En suma, compañeras y compañeros, la experiencia internacional nos convoca a utilizar nuevos enfoques para contribuir a una mayor igualdad y que logremos garantizar uno de los derechos fundamentales en el desarrollo humano, que es la salud. Iniquidad en la salud es causa y es reflejo de una sociedad desigual.
Hemos vivido casos muy dramáticos recientemente de mujeres que han dado a luz en patrios de hospitales, en pasillos, en la entrada, y muchas veces lo que determinó su falta de acceso a la salud no tenía que ver solamente con su estrato social, tenía que ver con carencias de origen que dieron pie a que esa mujer, ese niño o ese recién nacido tuviera un acceso desigual a la salud.
En un país donde habita el hombre más rico del mundo el tema de la desigualdad nunca debe de desatenderse. Por eso creo que es momento propicio de incorporar este nuevo enfoque de determinantes sociales en nuestras políticas nacionales y locales de salud y contar con una institución especializada para que investigue, analice y proponga mejoras a las políticas de salud.
El Consejo Nacional para la Evaluación de Política Pública, el CONEVAL, ya lo hace en materia de políticas y programas sociales, esa es la idea, que el Instituto Nacional sobre Determinantes Sociales de la Salud retome esta experiencia y se convierta en una institución útil que ahorre, no solamente recursos, sino también tiempo para afrontar nuestros principales retos en materia de salud con una perspectiva de equidad.
En nuestras manos, pues, está continuar con nuevas formas y nuestra lucha con la desigualdad debe estar presente en absolutamente todos los debates de este Senado de la República.
Es cuanto, Senadora Presidente. Muchas gracias.
-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, Senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.
-Esta Mesa Directiva da la bienvenida al doctor Alberto Kohan, ex Secretario de Presidencia de la República de Argentina, invitado a este recinto por el Senador Zoé Robledo. Sea usted muy bienvenido. (Aplausos)
-Se recibieron de la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, las siguientes iniciativas:
Una, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Salud; y
Otra, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Ambas iniciativas se turnan a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.
-Tiene ahora la palabra la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
-LA C. SENADORA ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA: Con su venia Presidenta.
Honorable Asamblea:
La presente iniciativa que hoy se presenta con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, haciendo manifiesto de que existe una enorme cantidad de argumentaciones que hemos oído y que hemos escuchado en esta tribuna; asimismo, estudios, balances y estadísticas sobre el estado de la obesidad en México.
Hemos escuchado y hemos tenido también la participación de muchas organizaciones que han venido a este Pleno a manifestar el proceso epidémico que abordan clínicamente las causas y procesos, así como los riesgos que apuntalaron esta crisis en nuestro país.
Ahí tenemos una inmensidad de estudios y discursos y avances en la materia, y con esta propuesta queremos contribuir a que las estructuras institucionales queden comprometidas a actuar de una vez y para siempre con esta causa de decenas de patologías que ya existen presentes en cuadro clínicos masivos a lo largo y ancho de este país.
Todos y todas sabemos que la activación física requiere abrir espacios y considerar presupuestos, nutrir diseños curriculares, alentar una mentalidad de salud de las mismas instituciones, y por ello consideramos que las instituciones de salud tienen aquí un papel fundamental y rector como vigilante, prescriptor, estudioso y diagnóstico propedéutico, entre muchos otros.
Con esta propuesta abrimos la posibilidad de que lo que alude en los discursos contra la obesidad sea ya una obligación. En nuestro país, como se ha dicho muchas veces, se han identificado diversos factores de la causa de la obesidad, entre ellos podemos destacar el consumo excesivo de alimentos con alta densidad energética, un alto consumo de bebidas calóricas y el bajo consumo de frutas, verduras y la baja actividad física.
Datos y encuestas del INEGI a nivel nacional muestran que en los últimos 30 años se ha disminuido el consumo de frutas, de verduras, de carnes y tortillas y otros productores elaborados con cereales de grano entero, y se han sustituido por el aumento del consumo de refrescos y alimentos elaborados con carbohidratos refinados.
A pesar de que existe una información limitada acerca de los niveles de activación física en la población hay estudios en niños escolares que indican patrones de vida muy sedentarios, niños y jóvenes de ciudades diversas del país, y la que más destaca, por supuesto, son las ciudades más pobladas, la Ciudad de México, Morelos, Monterrey, Guadalajara, han reportado entre 3 y 4 horas diarias frente a la televisión, en videojuegos, Internet, y no solamente 1.8 horas de activación física moderada o vigorosa.
El reporte de la Salud Mundial de las Naciones Unidas reconoce por primera vez la gran carga de enfermedades crónicas en el ámbito mundial, 2004. México y otros miembros de las Naciones Unidas firman un acuerdo para adoptar la estrategia global sobre el régimen alimentario y la activación física de la Organización Mundial de Salud, identifica diversos factores determinantes de la obesidad y hace un llamado para que los gobiernos tomen decisiones y acciones inmediatas y consideren a la obesidad infantil como un problema prioritario, no sólo para la salud sino para el desarrollo de las naciones.
Señala la importancia de disminuir el consumo de azúcares, grasas y sodio, reducir la densidad…
(SIGUE 4ª PARTE)
. . . . . . . . . . ........desarrollo de las naciones, señala la importancia el disminuir el consumo de azúcares y grasas y sodio; reducir la densidad energética de la dieta, incluyendo las bebidas; aumentar el consumo de frutas, vegetales y fibra, promover el consumo de agua simple, y aumentar la actividad física.
Para modificar estos patrones de alimentación y actividad física los individuos y las colectividades es necesario que los alimentos saludables y las oportunidades para la activación física sean la regla de las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades.
Para lograr esto, se debe de impulsar una política de salud dirigida a prevenir la obesidad mediante políticas públicas incluyendo distintas formas de regulación, legislación e instrumentos específicos y la creación de nuevas normas sociales a una combinación de éstas.
Cabe destacar que entra en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su objetivo 3.4 promover el deporte de manera incluyente para fomentar la cultura de salud y la estrategia 3.4.1 crear el programa de infraestructura deportiva.
Señala como líneas de acción las siguientes: Definir con certeza necesidades de adecuación, remodelación óptima y operación de las instalaciones deportivas incluyendo las escolares.
Asimismo, la estrategia 3.4.2 señala: Programas de activación física y deporte diseñados para atender diversas necesidades de la población señalando como líneas de acción las siguientes: Crear un programa de activación física y deporte tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad.
Por lo anterior expuesto, considero necesario incorporar en los programas de educación física básica la promoción de la activación física, donde por lo menos los educandos realicen una hora efectiva de clase de educación física, donde se promueva la actividad física moderada y vigorosa.
Asimismo, es importante la promoción de actividades deportivas extracurriculares y al mismo tiempo se debe reforzar el conocimiento de promoción de salud nutricional y la prevención de la obesidad.
La iniciativa que hoy subo a esta tribuna tiene la finalidad de reformar los artículos 3, 7,13, 17, 27, 65, 111, 112 y 115 de la Ley General de Salud; y el Artículo 11 de la Ley Federal de Prevenir y Eliminar la Discriminación entre otras propuestas que suman la prevención de la obesidad y estrés infantil.
Coordinar las acciones que garantice la integración de programas de activación física para la educación básica con el fin de abatir la sedentarización en los educandos y así evita la obesidad el estrés infantil.
Organizar y operar, fomentar y apoyar el diseño e implementación de una estructura de programas que integren la activación física y el deporte como componentes esenciales de la cultura física y educación básica con el fin de abatir la sedentarización de los educandos y así evitar este mal.
Coadyuvar con la implementación de los cuales deberán ser diseñados por los profesionales en la materia y se incentive la práctica del deporte como la activación física y la aceptación libre y voluntaria d todo el territorio nacional correspondiéndole principalmente al estado las acciones de esta promoción, fomento y desarrollo y financiamiento de los mismos. Las demás atribuciones específicas que así establezcan la ley y las demás disposiciones generales y aplicables.
Asimismo, participar en el ámbito de su competencia en la elaboración de los programas de activación con los estándares mínimos para la activación física donde realmente se propicie un estado de bienestar y haga de este instrumento integral y la participación social que asegure el desarrollo de una sociedad sana de manera que estas actividades se conviertan en verdaderas iniciativas educativas.
La promoción de los programas de activación física para evitar la obesidad y el estrés, promoción de programas de alimentación saludable restringiendo en todo momento los alimentos y bebidas que aumentan el riesgo a la obesidad y fomentar las prácticas de actividades físicas de conformidad con las recomendaciones internacionales.
Normar el desarrollo de programas y actividades de educación preferentemente en los grupos sociales vulnerados y las escuelas de nivel básico, material de nutrición, prevención y tratamiento de control de nutrición y obesidad encaminados a promover hábitos alimenticios adecuados promoviendo la activación física de los educandos con lo cual se disminuya este mal que aqueja fuertemente a la sociedad.
Instrumentar el programa de atención médica nutricional, impulsar esta propuesta desde el ámbito legislativo y llevarla a su aplicación.
Hemos tenido diferentes temas que nos hacen converger en la necesidad de atacar este mal para la sociedad desde el deporte, y por eso es que la dirijo principalmente a la Ley de Salud, y después abrirlo hacia la autoridad deportiva. Hemos propuesto y hemos hecho diferentes puntos de análisis y hemos coincidido en la urgencia que tiene esto para la niñez, pero si no lo apuramos, si no lo asentamos desde lo más elemental que es la ley y que aún así todavía quedan muchas aristas por concluir, como las que nombraba hace un momento el Senador Zoé Robledo en esta amplitud y en esta necesidad de que sea pues horizontal en todos los sentidos y que abarque todas las esferas sociales no habrá otro camino para poder atacarlo y poder tener mejor resultado en el tema de salud para nuestro país.
Es cuanto, Presidenta, muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora; Senador Robledo, ¿con qué objeto?
- EL C. SENADOR ROBLEDO ABURTO (Desde su escaño): Para preguntarle a la promovente si me permite sumarme a su iniciativa.
- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Aceptado, señor senador. Ruego a la Secretaría que lo registre. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
- LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores senadores: La iniciativa que presento el día de hoy tiene una especial relevancia para la sociedad mexicana, y en particular para los jóvenes de México.
Esta tiene como finalidad, esta iniciativa a atender la problemática relativa a los trastornos alimenticios y las adicciones de la población joven de entre 17 y 24 años mediante la creación de programas escolares de prevención y protección con un enfoque de recreación y rehabilitación a través de la cultura física y el deporte.
Ello es de especial relevancia toda vez que de conformidad con los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 el mayor consumo de drogas corresponde a la población de entre 18 y 34 años; por su parte la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 arroja datos que indican que el 35 por ciento de la población adolescente de entre 12 y 19 años de edad presentan sobrepeso y obesidad, es decir, que 1 de cada 5 adolescentes presenta sobrepeso, y 1 de cada 10, obesidad.
El aumento de 2006 a 2012 fue del 5 por ciento de los jóvenes en tanto que los adultos el aumento fue únicamente de 2.9 por ciento; en cambio la anemia en jóvenes, bajó del 9.2 al 5.6.
Considerando también que de acuerdo con los censos de población y vivienda 2010, la mitad de la población de nuestro país son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, resulta entonces de suma importancia el desarrollo de programas escolares de prevención y protección que apoyen a este sector por trastornos alimenticios o adicciones de los cuales el 20.7 cursan el nivel medio superior, y el 23.1 el nivel superior.
En este tenor propongo reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, y de la Ley General de Cultura Física y Deportes a efecto de insertar dentro de las facultades de las Secretarías de Salud y de Educación el desarrollo coordinado de programas de prevención y protección a jóvenes con trastornos alimenticios o adicciones, estableciendo a su vez a través de la CONADE la vinculación con el desarrollo de la actividad física y de los programas deportivos como mecanismo de rehabilitación de los jóvenes que se encuentren en los supuestos de trastornos alimenticios o adicciones.
Aunado a lo anterior se propone establecer como requisito indispensable para el nivel medio superior y superior que dentro de la documentación de las instituciones educativas requiere a los alumnos de nuevo ingreso o reingreso, se presente un certificado médico que incluya un antidoping completo y una........
(Sigue 5ª. Parte)
.... Requiere a los alumnos de nuevo ingreso o reingreso, representa un certificado médico que incluya un "antidoping" completo y una biometría "temática" general. Lo anterior con la finalidad de que la institución educativa esté en condiciones de apoyar al alumno que tenga algún tipo de trastorno alimenticio o problema auditivo dando aviso a la autoridad competente para que a la brevedad el alumno sea canalizado a un centro de rehabilitación para su pronta recuperación a través de reacondicionamiento físico por medio del deporte.
En ese sentido todas las instituciones educativas tendrán la obligación de apoyar al alumno, ello con la finalidad de que sea rehabilitado y que pueda continuar con sus estudios, libre de los efectos negativos, provocados por adicciones y trastornos alimenticios.
Por lo anterior expuesto, se propone a la honorable asamblea lo siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General de Educación, Ley General de Salud y la Ley General de Cultura Física y Deporte para desarrollar programas escolares de prevención y protección a jóvenes con trastornos alimenticios o “adiciones”. Muchas gracias, señora presidenta. Es cuanto. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señora senadora María Cristina Díaz Salazar. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación, de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Participación Ciudadana. En el uso de la palabra.
-LA C. SENADORA LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA: Con su permiso, señor presidente. La verdad que yo tenía ganas de presentar esta iniciativa en meses pasados habíamos presentado varios legisladores propuesta de modificación a la Constitución para hacer participativa nuestra democracia.
Ya hemos aprobado la Reforma Constitucional en la materia, cuando hicimos la reforma política, entra ahí una modificación que permite la participación de los ciudadanos. Aquel que tiene el poder para tomar parte en la administración deliberativa y judicial de cualquier Estado, le llamamos ciudadano, y de manera general un Estado es un cuerpo de ciudadanos suficiente para los propósito de la vida, lo dijo Aristóteles.
Y nosotros queremos vivir una democracia representativa donde durante muchos años, me parece que es importante y valioso pasar de la representatividad a una democracia mucho más participativa que sea en gobernanza, que sea con espacios formales de participación de los ciudadanos, de supervisión, de vigilancia para que entre todos podamos tomar las decisiones.
Así que seguir abonando y abriendo con el concurso de mis compañeros del grupo y de todas las fuerzas políticas aquí representadas, la ruta de la democracia participativa y deliberativa representa un paso imprescindible para millones de ciudadanos en el país.
Hay pasos institucionales y legales necesarios, y hay otros más que se inscriben como históricos. Nosotros creemos que la participación ciudadana puede ser un parteaguas en la historia de nuestro país, por ello de conformidad con las recientes reformas vengo a presentar ante esta soberanía una iniciativa que tiene la Ley General de Participación Ciudadana, con la firme convicción de que este esfuerzo se sume a los diversos y valiosos proyectos ya existentes, y que a la postre sirva como marco legal para las entidades federativas y los municipios del país, para adecuar y armonizar sus leyes respectivas con este propósito trascendental e histórico para la vida pública.
Por supuesto que esa iniciativa mantiene y da vigor a la perspectiva deliberativa que debe tener la democracia participativa o ciudadana. Consideramos de manera responsables que las figuras de participación tradicionalmente propuestas, significan formas valiosas de participación, sin embargo, a largo plazo solo mantienen al ciudadano en esa dinámica hecho por instantes cuando solo hay una consulta.
Nosotros decimos sí a la participación ciudadana, pero aquella que sea permanente y se inscriba como forma de vida, es decir, como un hábito diario en la conducta cívica de los ciudadanos y el Estado.
Para que un ciudadano pueda ser parte en el gobierno y formar parte de la administración deliberativa, como dijo Aristóteles, lo que necesita es información y generar los canales ideales para dirigir sus aportaciones, pues los nobles ideales, la teoría democrática, clásica, suponen un proceso de toma de decisiones nacional con un electorado con pleno conocimiento.
Cabe destacar que en el ámbito local es donde mayor auge han tenido los mecanismos de participación ciudadana. Así 18 entidades federativas ya cuentan con leyes de participación ciudadana, y nueve más tienen leyes secundarias que regulan algunas figuras de manera aislada.
Sin duda alguna, todos coincidimos en que el sistema representativo resulta ya insuficiente, porque limita la participación de las mayorías a la sola emisión de sufragio para después retirarse sin mayor objeción.
Con el sistema de partidos actual, la libertad del ciudadano en su capacidad de participación se reduce a los escasos segundos que ocupe en la mampara electoral. Nuestro país ha entrado en la etapa en que una representación, sin una participación de la ciudadanía real imposibilite el avance hacia una consolidación de Estado; ese sexenio sin ciudadanos puede convertirse en la “reedición” del viejo régimen.
La conformación de la actual representación política no permite una participación ciudadana más activa y significativa en las cuestiones públicas, que afectan de modo inmediato a la ciudadanía, que en ciertos casos esas determinaciones carecen de la aceptación general de la población; provocan la falsa legitimación de intereses contrarios al bienestar de la comunidad, y muchas decisiones se toman con un completo desconocimiento de la materia.
En efecto, la noción de democracia deliberativa ha sido presentada por “Abermas” para superar el “impas”, que se produce entre la defensa de la primacía de los derechos humanos individuales, y los que ponen el énfasis en la idea de la soberanía popular.
¿Dónde encontramos la legitimidad de la democracia moderna? La respuesta es sencilla pero compleja a la vez de “improyectar” en nuestros sistemas normativos en un acuerdo comunicativo entre gobernados y gobernantes.
Entonces la legitimidad democrática se da cuando las acciones, normas o instituciones que en ella se dictan pueden ser justificadas dentro de un proceso deliberativo. Esta discusión racional, respetuosa y equitativa da como base la formación de la gobernanza, entendida como la posibilidad democrática de potenciar la participación formal.
Es, en síntesis, un conjunto de posibilidades que se ofrecen al ciudadano desde las instituciones para que se involucren los procesos de diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Hay agendas públicas en las que existe un consenso generalizado.
Compañeras y compañeros senadores, esta iniciativa es una de ellas, por este motivo aprovecho esta exposición para convocarlos también a la realización de foros en los congresos de las entidades federativas, y un gran foro en la sede del Senado para proponer, conocer, analizar y construir de manera objetiva la mejor legislación que esta materia pueda tener y que esté a la altura de las grandes necesidades, inquietudes y talentos de nuestros ciudadanos.
En efecto, el consenso es patente, por ello consideramos que esta materia, dada su relevancia, y que puede convertirse en uno de los grandes detonantes del desarrollo nacional debe darse como una ley general y así convertirse en el modelo y la base fundamental para toda la República, respetando los principios rectores del federalismo.
Así, la presente iniciativa busca cumplir con los más altos ideales que impulsamos en Acción Nacional, donde el ciudadano exista junto a su gran talento y el de los demás de manera permanente. La democracia no es un instante, es un estilo de vida.
En este sentido consideramos en esta propuesta un modelo democrático deliberativo, promoviendo la consolidación democrática, entendida como el proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis, en palabra de “Norberto Bobio”, la democracia deliberativa es el gobierno del poder público en público.
Para ello la presente iniciativa contiene seis títulos con 87 artículos, dentro de los cuales se establecen los derechos de los ciudadanos para participar en los diversos mecanismos de participación ciudadana.
Destaca la integralidad de la presente iniciativa, pues no sólo se limita a tres tradiciones figuras de participación, como lo son el plebiscito, el referéndum, o la iniciativa popular, sino que incluye nueve mecanismos que van desde la participación comunitaria en las colonias, hasta la participación en las grandes decisiones ....
(Sigue 6ª. Parte)
. . . sino que incluye nueve mecanismos que van desde la participación comunitaria en las colonias hasta la participación en las grandes decisiones de nuestra Nación.
Establece como mecanismo lo siguiente: audiencia pública, consulta popular, colaboración ciudadana, contralorías ciudadanas, comités ciudadanos, consejos económicos y sociales, observatorio ciudadano, recorridos de autoridades e iniciativa ciudadana.
No debemos olvidar que el Legislador debe involucrar la ciudadanía en el proceso de formación de leyes.
Por lo tanto debe existir un mecanismo formal por medio el cual se ve a una consulta ciudadana como una forma de participación del pueblo para mejorar y complementar un sistema que aspira a fortalecer y consolidar la democracia.
Esta Ley tiene como fundamentales finalidades garantizar la democratizaciones de las relaciones desde ciudadanía y estado en sus diversos niveles.
Equidad de género y generacional en la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones de la vida pública.
Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación social.
Promover participación ciudadana con el concurso de los pueblos originarios de la República con pleno respeto, inclusión de sus lenguas y costumbres.
Acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes.
Control social respetuoso y rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo privado cuando se manejan fondos públicos.
Establecer formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer uso efectivo de los mecanismos de democracia deliberativa determinados por la Constitución y esta Ley.
Fijar criterios generales con los cuales se seleccionarán a las ciudadanas y ciudadanos que formen parte de estas instancias.
Implementar actuación de los órganos del Estado en la democracia electrónica o participación vía virtual e implementar procesos de formación académica y capacitación constante a los servidores públicos para la formación de una cultura basada en la construcción de una versión pública, abierta y deliberativa con el concurso de la sociedad.
Es por ello, Presidente, Asamblea, que presento esta iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General de Participación Ciudadana.
Me encantará que podamos abrir foros y que se incluya en las distintas mesas que ya están trabajando en la reglamentación de la participación ciudadana a partir de la reforma constitucional que aceptamos en este Senado en el periodo pasado.
Es cuanto, Presidente.
¬-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.
Sonido por favor en el escaño del Senador Octavio Pedroza.
-EL C. SENADOR OCTAVIO PEDROZA GAITAN (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente.
Para solicitarle respetuosamente consulte a la Senadora Proponente si me permite acompañar y suscribir su iniciativa.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Senadora, le preguntaría, ¿acepta la incorporación de los compañeros senadores, igualmente el Senador Francisco Salvador López Brito?
Con gusto.
Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.
En el uso de la palabra, Senadora.
-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Con su venia, señor Presidente, muchas gracias.
Señoras senadoras, señores senadores, la desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos.
Las cifras, sin duda a todas luces se han incrementado de manera alarmante en nuestro país en los últimos años.
Según el informe de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han presentado 390 quejas por desaparición forzada ante dicho organismo entre diciembre de 2006 y 2011, de las cuales 277 se registraron entre 2010 y 2011.
Si analizamos las distintas informaciones e informes de diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en el señalamiento de esta evaluación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de que estos años justamente han sido el de mayor registro de reclamo de personas que han desparecido.
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas, señaló tras su visita al país en el mes de marzo del 2011 que más de 3 mil personas habrían desaparecido en México desde 2006.
Entre los elementos comunes de los casos de desaparición forzada encontramos que una vez que se interponen denuncias formales, éstas no son debidamente investigadas como desaparición de personas u otro delito similar, argumentando que el delito no está tipificado o no hay elementos para generar una línea de investigación.
De acuerdo por lo expresado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Asociación Civil en su informe, el surgimiento de la desaparición forzada en México de enero 2013, se han identificado a 4 grandes grupos de personas que particularmente son vulnerables a las desapariciones forzadas en el contexto actual.
Las y los defensores de derechos humanos, personas con algún tipo de militancia política o de movimientos, integrantes de movimientos sociales, personas migrantes y personas que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad o pública y cuerpos, grupos de delincuencia organizada.
A nivel federal, la desaparición forzada fue tipificada el 25 de abril de 2001 en el artículo 215-A del Código Penal Federal.
No obstante, como podemos ver en estas cifras que yo, brevemente acabo de mencionar, el tipo penal ha resultado inadecuado por lo que hace a la definición del sujeto activo, y a que se restringe la autoría del delito únicamente a servidores públicos, dejando fuera del tipo penal a todas aquellas personas que con el apoyo, autorización, tolerancia o aquiescencia del estado cometen tal delito.
Por lo que no corresponde a los estándares internacionales tal como ya ha sido señalado puntualmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estas consideraciones, por cierto llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenar al estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco, dicha sentencia data del 23 de noviembre del 2009 y además nos obliga a que tomemos medida para reformar no solamente el Código Militar sino también los preceptos sustantivos y adjetivos en materia penal.
Sin embargo, a más de 4 años esto no ha sucedido.
También tengo que mencionar que entre las recomendaciones que México recibió en octubre pasado en el marco del examen periódico universal en Ginebra por parte del Consejo de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, también se nos recomienda que tomemos medidas para que legislemos debidamente en esta materia.
La presente iniciativa justamente se fundamenta en estas recomendaciones y por supuesto también en los diversos instrumentos internacionales de los que México es estado parte.
Enumero las más importantes:
La Declaración sobre la Protección de Personas, de todas las Personas contra Desapariciones Forzadas que fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas adoptada en Belem do Pará, Brasil en junio de 1994 en el marco del periodo número 24 de sesiones de la Asamblea General.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional. . .
(Sigue 7ª parte)
…número 24 de sesiones de la Asamblea General.
El estatuto de la Corte Penal Internacional, también aprobado el 17 de julio de 1998, y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del 22 de junio de 2006.
Además responde a las diversas peticiones y exigencias de organizaciones de la sociedad civil de víctimas y familiares de personas desaparecidas, quienes han expresado ante la suscrita, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la problemática específica a la que se enfrenta.
Es verdaderamente, además de conmovedor, el sentimiento casi de incapacidad para poder responder adecuadamente. Yo creo que este es un primer paso.
Es por ello que el día de hoy presento, para que sea turnada a su revisión en comisiones, esta Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.
Insisto, respondiendo no sólo a las observaciones internacionales respecto del tipo penal, sino también se propone en esta Iniciativa en comento la creación del Registro Federal de Datos de Personas Detenidas, cargo del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se deberá de mantener un registro actualizado de todas y cada una de las personas, en cualquier modalidad de detención por parte de cualquier autoridad federal.
Como hemos dicho, los tipos penales contemplan los sujetos activos del servidor público, pero también, a cualquier particular que actúe en colaboración o con la autorización, el apoyo, la tolerancia o la asistencia de éste.
Se equipara al delito de desaparición forzada de persona el omitir integrar a su familia o a la autoridad a una persona, viva o muerta que haya nacido durante la privación de libertad de una mujer víctima de desaparición forzada. Existen gran cantidad de casos que nos obliga a legislar en esta particular materia.
Entre las circunstancias agravantes de la pena, se establece: que la víctima, sea periodista, defensora de derechos humanos, menor de 18 años de edad, mujer, que esta se encuentre embarazada, migrante o indígena, entre otras.
Una de las peticiones más sentidas de las víctimas indirectas, es que en muchos de los casos las familias quedan sin la persona que ofrecía sustento a la familia, o es aquella que era titular de diversos derechos patrimoniales, mismos que no pueden ser ejercidos en detrimento de ésta.
Es por ello que planteamos que el ministerio público cuente con un plazo máximo de 6 meses, a partir de iniciada la investigación, para determinar si ha lugar el ejercicio de la acción penal, en caso afirmativo deberá consignar el caso al juez competente, quien en el mismo auto de erradicación deberá nombrar apoderado legal de la persona desaparecida., dictar las medidas provisionales conducentes, y emitir esta figura importante que incluimos en la Iniciativa, la declaratoria especial de ausencia de persona por desaparición, misma que servirá a la familia para poder ejercer de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares de la persona ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.
Señoras senadoras;
Señores senadores:
Por todas estas argumentaciones que hoy acabo de de esgrimir ante ustedes, ponemos a consideración esta Iniciativa, y por lo tanto, les invitamos a que le demos la debida prioridad en la agenda legislativa de esta soberanía, a efecto de dar respuesta lo más pronto posible a diversas recomendaciones de la comunidad internacional, y además porque constituye una de las demandas más sentidas de la sociedad mexicana.
Es cuanto.
Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.
Túrnese esta Iniciativa a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.
Esta Presidencia saluda la visita de un grupo de ciudadanos del Municipio de Tlanalapa, del Estado de Hidalgo, invitados por nuestro compañero Senador Omar Fayad Meneses.
¡Bienvenidos! (Aplausos).
-En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3º, 18, 21 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día, y con fundamento en el artículo 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.
Ahora tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3º de la Ley General de Cambio Climático.
Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día, pido a la secretaría que consulte a la Asamblea --en votación económica-- si se omite su lectura.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea --en votación económica-- si se omite la lectura del dictamen.
-Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
-Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
-Sí se omite la lectura, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.
Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Está a discusión dicho dictamen.
Informo a la Asamblea que el dictamen que hoy estamos discutiendo es el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales; y Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático.
En virtud de que no hay oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
-Informo a la Asamblea que se recibió en esta directiva la participación del Senador Benjamín Robles Montoya, sobre el dictamen que nos ocupa, el cual se incorporará al Diario de los Debates.
Gracias, Senador.
(Sigue 8ª parte)
… Senador Benjamín Robles Montoya, sobre el dictamen que nos ocupa, el cual se incorporará al Diario de los Debates.
Gracias, Senador.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, emitieron 98 votos en pro, y cero votos en contra.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.
En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo tercero de la Ley General de Cambio Climático.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.
A continuación tenemos la segunda lectura, al dictamen de las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos tercero, 18, 21 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, para incorporar la figura de “cuidadores” y “cuidadores temporales” para la asistencia de personas adultas mayores.
A este dictamen se le dio primera lectura, hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y de inmediato se ponga a discusión.
-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora secretaria.
En consecuencia, está a discusión…
Y se le concede, en primer término, el uso de la palabra a la senadora Hilda Estela Flores Escalera, para presentar el dictamen a nombre de la comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.
Y en su turno, al senador Alejandro Encinas, para que también a nombre de la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, presente dicho dictamen.
Adelante, senadora.
-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: Muchas gracias, senador presidente.
Estimados compañeros y compañeras: Vengo, por supuesto, a hablar en favor de este dictamen, invitándoles, al tiempo, a que se sumen con su voto a favor del mismo; en virtud de la importancia que tiene en el tema aquí abordado.
Y en ese tenor, quiero expresar, que los y las legisladores tenemos y debemos estar atentos a los cambios culturales y sociales, que suceden en nuestro país.
Por lo que es necesario buscar aquellas soluciones que nos permitan dar una respuesta puntual y oportuna a todos los mexicanos.
Tratándose de las personas adultos mayores, tenemos que ser sensibles, y tomar en cuenta que la disminución y el deterioro de algunas de sus capacidades, ocasionan que este grupo vulnerables se encuentre en una situación de desamparo, discriminación y segregación social.
Derivado del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente, las comisiones dictaminadoras consideramos oportuno incluir en el artículo tercero de la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores, conceptos, como el de “cuidador” y “cuidador temporal”.
Siendo el primero de ellos, aquella persona, mayor de edad, que asiste o cuida a un adulto mayor.
Mientras que la segunda, será aquella persona, mayor de edad, que preste sus servicios de forma voluntaria y temporal en Centros de Salud, Asilos y Albergues reconocidos por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM.
Asimismo, también nos manifestamos a favor de la adición propuesta al artículo quinto, de la ley referida, la cual consiste en que el INAPAM, a nivel federal, estatal y municipal, puede establecer convenios con instituciones de educación públicas y privadas, a fin de incorporar a las personas adultas mayores, que tengan una preparación académica, como instructores en los programas dirigidos a la alfabetización, capacitación y difusión de algún tema de interés social; en especial los programas dirigidos hacia las personas adultas mayores.
En este tenor, y como resultado de un minucioso análisis, es que coincidimos en adicionar el actual artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el cual queremos promover que las instituciones públicas del Sector Salud, puedan brindar a las personas adultas mayores, que así lo requieran, el servicio de un cuidador temporal, quien deberá recibir la capacitación correspondiente, para sus actividades y la cual deberá incluir información básica, sobre el proceso de envejecimiento, sobre el derecho de las personas adultas mayores y sobre primeros auxilios.
Aunado a lo anterior, el tema de la vivienda, es primordial, para todas las personas.
En este sentido, estas comisiones, consideramos oportuno adicionar el artículo 21, con el objeto que las instituciones públicas de vivienda, garanticen el diseño y ejecución de programas de viviendas, para las personas adultas mayores, aplicando modalidades especiales de acceso y financiamiento.
Finalmente, las comisiones dictaminadoras, estamos a favor de que el INAPAM tenga como nueva atribución, la de firmar con la Secretaría de Educación Pública…
Tenga como nueva atribución la de firmar con la Secretaría de Educación Pública, convenio, para que se les reconozca y libere el servicio social…
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