Versión Estenográfica del mensaje del diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI, César Camacho Quiroz, en el marco de la reunión de trabajo y coordinación de las Presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, de las comisiones dictaminadoras, de especialistas y servidores públicos para los trabajos en materia de Seguridad Interior.

DIPUTADO CÉSAR CAMACHO QUIROZ: Gracias.

De la Mesa Directiva del Senado de la República, me felicito por esta decisión que hemos construido entre ambas cámaras, a efecto de darle cauce a una discusión indispensable y urgente, y en este orden de ideas quiero ponderar la actitud y la capacidad para hacer un político que tiende puentes, Pablo Escudero, que en su condición de presidente de la Mesa de esta Cámara del Congreso de la Unión, ha hecho los trabajos, los acercamientos indispensables para que esto inicie bien y hago votos porque termine también en los mejores términos y cuanto antes.

Quizá lo primero que tendríamos que hacer a manera de pregunta en voz alta, es si se requiere una ley de seguridad interior.

Con base en alguno de los axiomas de la teoría del derecho que expresa que lo no regulado es lo más libre, la falta de normatividad en la materia no sólo suele poner en aprietos a las Fuerzas Armadas sino resta seguridad jurídica a los ciudadanos. De modo que sí es una ley indispensable para las Fuerzas Armadas, esto es, para el Ejército, la Marina Armada de México, para la Fuerza Aérea, pero es tanto o más para los ciudadanos.

En ese orden de ideas, es importante tener presente que hoy mismo hay la solidez constitucional, la solidez normativa para basar, para fundamentar el quehacer de las Fuerzas Armadas en quehaceres de seguridad interior.

Una interpretación no sólo histórica, armónica, lógica, funcional del artículo 129 constitucional en relación con el 89 que faculta al Ejecutivo a disponer de las Fuerzas Armadas para la Seguridad Interior, acreditan y legitiman la actuación de este sector de la administración pública del poder público que goza merecidamente de prestigio y reconocimiento social.

Sí es una obligación jurídica, política y ética darles certeza jurídica, y tenemos que regularizar la actuación de las Fuerzas Armadas, porque en materia de seguridad nacional y de seguridad interior no siempre se ha actuado con la lógica normativa que pareciera corresponder, y lo documento:

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, se crea en 1989, pero es hasta 2005 cuando se aprueba una Ley de Seguridad Nacional que dota de cabal fundamental jurídico a la actuación del organismo de inteligencia civil más importante de nuestras instituciones públicas.

Ahora mismo el Ejército, la Marina, con una evidente vocación de servicio a la comunidad, no han chistado en auxiliar al Estado mexicano en cumplir sus funciones constitucionales en el combate fundamentalmente al crimen organizado, pero es evidente que este déficit normativo tiene que ser superado. Y se tiene que hacer dándole eficacia y eficiencia a las Fuerzas Armadas y –y ahora lo subrayo– dándole a los ciudadanos la absoluta certeza de que los derechos humanos siempre quedarán a buen recaudo, siempre serán correctamente salvaguardados.

Se trata de mantener y consolidar la gobernabilidad democrática; es decir, la condición de convivencia pacífica, armónica, sometida a la ley, especialmente de parte de las autoridades, pero siempre dejando salvaguardados los derechos humanos que ni siquiera pueden estar sometidos a discusión, si no es que para ver cómo se resguardan de la manera más eficaz posible.

Por eso en el análisis de primera intención que hemos formulado de las iniciativas, de la iniciativa que ha presentado aquí el senador Roberto Gil y las que radican en la Cámara de Diputados de Jorge Ramos, la que hemos presentado Martha Tamayo aquí presente y un servidor, se evidencia que hay muchas más coincidencias que diferencias.

Es elemental que cualquier acuerdo político parte de las coincidencias y el diálogo en actitud de respeto y de disposición colaborativa es lo que puede ser el precedente para una correcta dictaminación.

Soy un convencido que la Constitución es la expresión jurídica del poder democrático.

Si se ha dicho hasta la saciedad que la fuerza es una expresión monopólica del Estado, lo que tenemos que hacer es regularla de modo que siempre tenga cotos, tenga límites y le dé certeza jurídica a las personas.

Ha dicho Ferrajoli: “el derecho es, fundamentalmente, la regulación del uso de la fuerza”.

Hemos registrado en más de un episodio la fundada preocupación del Secretario de la Defensa Nacional a propósito de la necesidad urgente de contar con un entramado jurídico que no sólo marque límites en términos geográficos, sino también límites en términos temporales. Es decir, en qué espacios y en qué tiempo.

Esto, no tengo duda, le será, insisto, de enorme utilidad a las autoridades y tanto más a los ciudadanos.

Quiero también expresar que desde la visión de este proponente, ésta no es una ley que responda a una situación emergente.

Es decir, no es una ley con una previsible vigencia determinada. Es una ley que es vital, indispensable en cualquier estado democrático.

Una ley que aun cuando las policías municipales, estatales o la federal, por la vía de la capacitación, del adiestramiento, que sean el preludio de mayor eficacia en el combate a la antisocialidad, no dejará de ser útil, indispensable, la ley de seguridad interior.

Si bien de aplicación cuidadosa y siempre sujetas todas las decisiones, todos los asuntos atinentes a ella a una evidente rendición de cuentas, a un sometimiento al escrutinio público, siempre de cara a los ciudadanos.

Siendo la seguridad interior en el diseño constitucional mexicano una vertiente de la seguridad nacional, se favorecerá de todos los principios y reglas de la seguridad nacional.

Pero tenemos que hacer una especie de acercamiento a preceptos, a la solución de conflictos, al enfrentamiento correcto de los retos que obligan a un diseño normativo e institucional específico.

Es decir, no bastan, no son suficientes las reglas atinentes a la seguridad nacional sino tenemos que focalizar la atención normativa a los retos de la seguridad interior.

Los actos violentos que atenten contra los bienes jurídicos que tutela la seguridad interior, la presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico que ponga en peligro a la sociedad, sus bienes, la infraestructura de carácter estratégico y cualquier otro hecho que ponga en peligro la estabilidad, la seguridad o la paz pública.

No es evidentemente –y expreso esto en forma coloquial– un cheque en blanco para nadie.

En un estado democrático todos, empezando por las autoridades, tenemos que estar ceñidos a la norma jurídica.

En modo alguno es una vertiente de un estado de excepción, sino la necesidad de que situaciones delicadas tengan un tratamiento jurídico ad hoc.

Hay aquí, en la propuesta que hemos presentado la diputada Martha Tamayo y yo, un sinnúmero de instancias para evitar que alguien, una persona o una institución, se arrogue las decisiones completas a tomar en un tema tan delicado como la seguridad interior.

Termino diciendo que esta ley pretende ser un vehículo garante del Estado democrático de Derecho.

Es decir, si lo que queremos es no sólo vivir en concordia, vivir en paz, respetar competencias; sino sobre todo la democracia que va mucho más allá de los episodios electorales, que como dice el texto constitucional, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, necesitamos una ley de seguridad interior moderna; una ley de seguridad interior de corte democrático; siempre como vehículo para seguir a todos –lo subrayo– a la Constitución y a la ley, para que mantengamos los valores que tanto apreciamos los mexicanos: la libertad, la justicia y la paz.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, doctor César Camacho.