Versión Estenográfica del Foro Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Al que convocan el presidente del Instituto Belisario Domínguez, Miguel Barbosa Huerta y el senador Armando Ríos Píter.

PRESENTADOR: Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes.

 

La LXIII Legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a las actividades del Foro titulado “Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”, que organiza el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz.

 

Para el acto inaugural de este Foro, contamos con la presencia en el presídium del senador Armando Ríos Piter, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República.

 

Asimismo, contamos con la presencia del doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez.

 

Desde luego que agradecemos a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, así como a quienes nos siguen a través de la señal del Canal del Congreso de la Unión.

 

Sin más preámbulos, para dar inicio escucharemos el mensaje del doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez.

 

DOCTOR GERARDO ESQUIVEL HERNÁNDEZ: Buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean muy bienvenidos al Auditorio Octavio Paz del Senado de la República.

 

A nombre del Instituto Belisario Domínguez y en particular a nombre del senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de este Instituto, les damos la más cordial bienvenida.

 

Hemos convocado a este foro, el foro “Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”, en coordinación con el senador Armando Ríos Piter, director de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República.

 

Es importante tener presentes algunos antecedentes del Sistema Nacional Anticorrupción y hacia dónde va, y es por eso que hemos convocado a este foro con tres mesas, en las cuales hemos invitado a participar a destacados ponentes de organizaciones multilaterales, académicos, a gente de la sociedad civil; pero también autoridades responsables de participar en lo que será la operación de este sistema.

 

A partir del trabajo de incidencia ciudadana, articulado por diferentes organizaciones de la sociedad civil y de la colaboración con el Poder Legislativo, especialmente el Senado de la República, se llevaron a cabo reformas constitucionales y secundarias para fortalecer el control de la corrupción en nuestro país, a través del diseño y creación del llamado Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Con la aprobación de la reforma constitucional en la materia el 27 de mayo de 2015, se mandató la creación de un conjunto de leyes reglamentarias y la reforma de una serie de ordenamientos normativos para orientar la estructura del nuevo sistema. Entre 2015 y 2016 se libró una intensa batalla desde la ciudadanía para exigirles a las autoridades públicas un verdadero compromiso para combatir la corrupción.

 

En esto se incluyó la presentación de una iniciativa de ley de Responsabilidades Administrativas denominada Ley 3 De 3. El respaldo que obtuvo esta iniciativa, con más de 600 mil firmas, configuró un nuevo escenario de involucramiento de la sociedad civil en la redacción de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Las leyes de nueva creación expedidas el 18 de julio del presente año, incluyen a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

 

En la misma fecha, se publicaron las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, se reformaron diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Poder Ejecutivo Federal; y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

 

La aprobación de la reforma y nuevas leyes que materializan el Sistema Nacional Anticorrupción, son un avance fundamental en el impulso a una nueva visión en el combate a la corrupción. Son también el punto de partida para un conjunto de reformas de diferentes ordenamientos jurídicos que aún deben ser aprobadas.

 

Por ejemplo: compras públicas, contrataciones y adquisiciones. Además de las nuevas leyes y reformas que deben discutirse y aprobarse, es preciso avanzar con la implementación de la normatividad ya existente; que va del nombramiento de nuevas autoridades hasta el diseño e instrumentación de políticas y programas de prevención, monitoreo, evaluación, medición y sanción de actos de corrupción.

 

El objetivo general de este foro, el “Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Dónde estamos y hacia dónde  vamos?”, es revisar y analizar los avances alcanzados hasta el momento en el diseño del sistema; particularmente en su componente jurídico normativo; así como identificar y discutir experiencias relevantes en México y otros países, de incidencia ciudadana en materia de combate a la corrupción.

 

Con estos elementos, el foro busca construir una agenda compartida sobre las tareas y actividades que siguen en el proceso de diseño e implementación del sistema.

 

Como ustedes saben, la semana pasada fueron seleccionados los nueve miembros ciudadanos del Comité de Selección, que jugarán un papel sumamente importante en lo que sigue de este proceso.

 

Ellos elegirán, mediante un proceso que está por definirse, a los miembros ciudadanos que formarán parte del Consejo de Participación Ciudadana, que es el órgano encargado de diseñar los instrumentos y las políticas con las que funcionará el Sistema Nacional Anticorrupción. Y uno de ellos será, a su vez, quien presida el comité coordinador del sistema.

 

Así es que este grupo ciudadano tomará protesta el día de mañana y es uno de los avances más importantes, me parece, en este proceso de definición de lucha contra la corrupción, y sobre todo del involucramiento de la participación ciudadana.

 

Espero que este foro, convocado por el senador Armando Ríos Piter, sea de interés, así parece por la asistencia de nuestra participación y espero que sea por la audiencia que nos ve por el Canal del Congreso, tenga los frutos esperados de un debate libre y plural, como el que hemos convocado.

 

Enhorabuena, muchas gracias. Espero que sea un foro lleno de reflexiones interesantes y que contribuya al debate y a la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Muchas gracias.

 

PRESENTADOR: Muchísimas gracias, doctor. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras del Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez, el doctor Gerardo Esquivel.

 

A continuación, solicitamos al senador Armando Ríos Piter, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República, sea tan amable de dirigir su discurso, su mensaje y también sea tan amable de realizar la declaratoria inaugural de este foro.

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes a este foro, que para nosotros es sumamente importante frente a un tema que, sin duda alguna, requiere de una enorme participación de la ciudadanía. Y yo me siento muy contento de ver que hoy el auditorio Octavio Paz esté lleno, que esté con una gran afluencia de gente.

 

Enhorabuena, por todos los que creemos que el tema del combate a la corrupción es una de las principales materias en las cuales hay que trabajar juntos. Y que, sin duda alguna, este tipo de foros que, instalado por parte del Instituto Belisario Domínguez, y en ello le agradezco enormemente al doctor Gerardo Esquivel y obviamente a Miguel Barbosa que es el compañero senador que coordina los trabajos del Instituto. Muchas gracias, mi general, muchas gracias por estar. Mándele un saludo al General Cienfuegos por el trabajo que se está desarrollando, muchas gracias por estar aquí.

 

Gracias a Javier Solórzano, que nos va a ayudar a dirigir la mesa que está por comenzar.

 

Quiero aprovechar para hacer algunas reflexiones con ustedes sobre este tema. Ya lo comentaba Gerardo, hace algunos meses en este Senado de la República nos tocó terminar la discusión de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Fue, sin duda alguna, la Ley 3 de 3, la iniciativa ciudadana con más de 630 mil firmas, uno de los pilares para que hubiera una gran participación, una gran atención al tema del combate a la corrupción en este Senado.

 

Pero, motivado de cómo se dio el debate, hemos tenido la necesidad de empezar con este tipo de foros, que nos parece que no se tienen que quedar solamente en estas cuatro paredes del Senado sino las que tenemos que llevar después a universidades al resto de la República, porque en esa iniciativa ciudadana que tuvo una enorme participación, me parece que se vivieron dos momentos, o yo por lo menos no solamente como senador sino se los comparto como ciudadano mexicano, se vivieron dos momentos:

 

Uno, primero, de un enorme entusiasmo, mucha participación, organizaciones de distinta índole, desde ciudadanos y ciudadanas que juntaban 10 firmas, 100 firmas, que salían a recolectarlas organizándose con sus vecinos en sus colonias, hasta la participación de las cúpulas empresariales que metieron un importante grupo de firmas. Me acuerdo que la COPARMEX hablaba de que ellos por sí solos se habían traído 120 mil, 140 mil firmas.

 

Hubo un gran involucramiento de la sociedad, una gran atención en los medios, una gran simpatía por esa ley. Recordemos que esa ley lo que planteaba es que todos los servidores públicos tendríamos la obligación de presentar nuestras declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, y que esto tendría que tener una máxima publicidad.

 

Ese gran momento de algarabía se enfrentó en un debate muy complejo, muy tenso. Yo les puedo decir que pocas veces como legislador, y ya llevo siete años en este asunto, me había tocado tal nivel de atención en un debate legislativo, sobre todo porque, repito, la atención de la gente era muy presente en las sobremesas, en los espacios familiares, en distintos lugares la gente nos preguntaba por ese debate.

 

Pero fue un debate que en esa parte de simpatía encontró después de la votación y de la aprobación, tal vez un mal sabor de boca de parte de la gente.

 

Recordemos que la iniciativa ciudadana no se aprobó en los términos que fue presentado el artículo 29, que tiene que ver con estas declaraciones, sufrió una modificación.

 

Entonces, ese gran ímpetu, esa gran participación de pronto se encontró con ese mal sabor de boca, lo que en sobremesa se veía con aliento, con esperanza, de pronto se encontró con ese mal sabor de boca, lo que en sobremesa se veía con aliento, con esperanza, de pronto se veía como frustración.

 

Mucha gente me decía que había sido un fracaso el proceso y que por lo tanto todo el Sistema Nacional Anticorrupción ya no servía para nada, ya no iba a servir para nada.

 

Bueno, lo quiero poner esto en un contexto de en dónde estamos construyendo ciudadanía como país en estos momentos y en este largo trabajo que todavía nos sigue hacia adelante, pues este foro lo que busca es reivindicar que lo que tenemos que garantizar es construir un Sistema Nacional Anticorrupción sólido y que tal vez, aunque el artículo 29 no salió en los términos que muchos queríamos, yo voté en los términos que planteaba la iniciativa ciudadana.

 

Desafortunadamente un grupo mayoritario votó en contra, tuvo cambios, pero el Sistema Nacional Anticorrupción no solamente es la Ley 3 de 3, no solamente es el tema de las declaraciones que he comentado, sino es todo un nuevo andamiaje institucional que, con una nueva fiscalía, con nuevos tribunales, con un nuevo órgano de participación ciudadana, que es el comité de participación que ya se comentaba que la semana pasada votamos ya a quienes habrán de elegir estos cinco integrantes de la sociedad civil representando a la gente en el sistema, es decir, es un gran andamiaje.

 

Entonces, ese mal sabor de boca que yo en lo personal viví y sufro que la gente piense que el sistema no va a funcionar, pues me parece que merece que como sociedad reflexionemos qué estamos viendo en el tema anticorrupción y qué es lo que tenemos que hacer, para garantizar que el sistema verdaderamente funcione.

 

¿Cuándo salió el Sistema Nacional Anticorrupción?

 

Más de dos años que fueron yo creo que de los momentos más difíciles de la vida de la República, yo soy senador por Guerrero, como ustedes recordarán, el 26 de septiembre de hace dos años desaparecieron 43 jóvenes.

 

Todo mundo nos hemos dado cuenta, todo mundo vio, cuando digo todo mundo me refiero a todo el globo terráqueo, no solamente los guerrerenses o los mexicanos, toda la gente vio cómo el problema de la corrupción es un problema grave, tan dañino, tan profundo, que es un problema que mata, que acaba desapareciendo a 43 jóvenes, que acaba teniéndose la identificación clara, por lo menos esto es lo que dice el C-4, las cámaras de C-4, que no solamente policías municipales, sino policías estatales, policías federales estuvieron en conocimiento de estos hechos.

 

Que la corrupción, al generar esta violación grave de derechos humanos, pues no es exclusiva de Guerrero, después esto se repitió en Veracruz, entonces, esa es una realidad.

 

Ya hoy la corrupción ya no es solamente un tema de que alguien se lleva al bolsillo unos pesos o unos varios miles de millones de dólares, dinero que debería ser de la gente, no solamente ese problema, sino que ya se están generando y provocando violaciones graves a nuestros derechos humanos.

 

Y no solamente llevan a perder la vida, como el ejemplo de Ayotzinapa, sino que cuando no hay medicinas suficientes en un hospital porque alguien está distorsionando esos recursos, cuando no llegan para que haya escuelas suficientes en el interior de la República, esas violaciones graves a derechos humanos están generando fallas en el sistema de salud, fallas en el sistema educativo y hacen que nuestra sociedad no logre aprovechar el enorme potencial que tiende desarrollarse y obviamente a tener la sana convivencia que queremos y que requerimos.

 

Pero junto con ese pasaje ocurrió el pasaje de la Casa Blanca, donde de pronto no solamente que la corrupción mater o que la corrupción genere violaciones graves a derechos humanos, porque no solamente se queda ahí abajito, como decimos allá en mi pueblo, sino que permea en todos los órdenes de gobierno e incluso llega hasta la máxima esfera del poder público.

Ese periodo, yo estoy convencido compañeras y compañeras, que lo que abrió es uno de esos espacios en la historia donde las naciones tienen la oportunidad de reflexionar y de decidir hacia adelante cómo construir un futuro distinto.

Ese espacio de pronto que nos generó una conciencia colectiva, pues lo que ha venido generando es la necesidad de cambios y de transformaciones importantes.

 

De ahí surge el Sistema Nacional Anticorrupción y con todas las deficiencias que puedan, o con todas las áreas de mejora, ese Sistema Nacional Anticorrupción hoy lo que reclama y lo que requiere es de una gran participación de toda la sociedad mexicana para consolidarlo.

 

Eso que fue uno de los vasos conductores del viejo sistema político y que después se entronizó en el nuevo sistema de partidos porque la corrupción no es solamente parte de un partido político.

 

En ella conviven todas las fuerzas políticas en todos los órdenes de gobierno porque la transición que tuvimos hace y sigue manteniendo que el dinero y el uso del dinero pues lo que lleva es a eternizar la corrupción.

 

Un presidente municipal del partido político que sea –hablo si quieren por los míos- pero creo que es de parte de todos los partidos políticos.

 

Cuando quiere ser candidato o candidata pues recurre a alguien que haga obra pública, éste le presta un dinero para hacer la campaña sabiendo que si éste gana después pues obviamente va a tener los contratos, va a tener los beneficios de esa cercanía con el poder desde el tiempo de las campañas.

 

Entonces es un problema que tenemos hoy y que está lastimando la democracia de nuestro país y que está haciendo que los ciudadanos cada vez menos crean en sus representantes, en sus líderes.

 

Y un país que pierde esa cercanía, esa confianza, pues pierde rumbo y pierde destino.

 

Entonces trayendo a colación todas estas percepciones, digamos estas vivencias de los últimos años, hoy este foro lo que quiere es instalar la necesidad de que la participación ciudadana sea algo que tomemos en serio y que pongamos en la frecuencia que se requiere, que es lo que queremos escuchar y aquí estarán acompañándonos organizaciones internacionales, organizaciones locales.

 

¿Qué es lo que queremos hacer? Que eso que tal vez se quedó como un mal sabor de boca después de la 3 de 3, hoy se convierta en la, digamos en el entendimiento de que para sacar el sistema se va a requerir de mucha gente.

 

Mucha gente que por ejemplo, ahí en el último rincón del municipio que les guste de Oaxaca, o de Chihuahua, o de Guerrero, tener organizaciones de la sociedad civil que estén revisando cómo funciona el presupuesto, que si hay 10 pesos que estén asignados al sistema de agua potable de Taxco, o de La Unión y que sean organizaciones de la sociedad civil, que revisen y que busquen –digo La Unión, porque Javier Solórzano es un gran amante de La Unión, que es un municipio que tenemos allá en Guerrero-.

 

Pero si nosotros lo que tenemos es organizaciones de la sociedad civil que reviesen el presupuesto y que sepan hay 10 pesos que están asignados al sistema de agua potable, pues que sea gente de la sociedad civil que pueda decir: “oye: esos 10 pesos no están aterrizando porque no me está llegando el agua”.

 

Y entonces poder denunciar frente al sistema para que todo el andamiaje institucional que hemos definido pueda actuar, y si hay un peso que se está yendo al bolsillo de algún funcionario entonces la Fiscalía Anticorrupción pueda meter a la cárcel a esa autoridad.

 

Si hay algún dinero que por alguna falla administrativa no está llegando, la Secretaría de la Función Pública a través de los órganos internos de control, puedan incidir y puedan corregir, que podemos tener a los ciudadanos que son quienes habrán de presidir el sistema con una voz clara, fuerte, contundente, diciendo lo que está mal, lo que falta, en lo que hay que profundizarse.

 

No lo vamos a lograr si lo dejamos como un aparato institucional de arriba, como otras instituciones que tienen solamente esta parte burocrática digamos en las esferas altas; ¡no!

 

Necesitamos que se convierta en un sistema que esté apropiado por los ciudadanos y las ciudadanas en cada una de las colonias, en cada uno de los barrios, en cada una de las comunidades del país.

 

Ese va a ser el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Entonces frente a lo que ha sido construirlo, frente a la Ley 3 de 3, frente a lo que hemos avanzado, hoy lo que queremos es dar un banderazo a la etapa que sigue, que es la construcción de una participación ciudadana que verdaderamente tome como propio el Sistema Nacional y haga que ocurra; que el combate a la corrupción deje de costarnos 10 por ciento del Producto Interno Bruto y que deje de ser una causa de que hoy haya, como comentaba, violaciones graves a los derechos humanos.

 

Entonces, me siento emocionado de estar en este evento, en este arranque; y dado lo que he dicho, no me quedaría más que declarar formalmente instalados los trabajos de este foro del Sistema Nacional Anticorrupción, para dar pauta a la Mesa número 1, que es “Mejores prácticas para el control y combate a la corrupción desde la perspectiva internacional”; con Javier Solórzano, un moderador de primera que tenemos aquí para acompañarnos.

 

Muchas gracias.

 

PRESENTADOR: Agradecemos y despedimos de esta forma a nuestro presídium, al doctor Gerardo Esquivel y al senador Armando Ríos Píter.

 

Como ya lo mencionaba el senador Armando Ríos Píter, daremos inicio con nuestra primera mesa de este foro, titulada “Mejores prácticas para el control y combate a la corrupción desde la perspectiva internacional”. Para esto, contaremos con la presencia en el presídium de Jacobo García Villarreal, especialista en políticas de integridad y compras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

 

También contaremos con la presencia de Javier González, director de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

 

Asimismo contaremos con Ivanna Rossi, especialista de Senior Financiera del Banco Mundial. Es importante destacar que Ivanna Rossi se encontrará con nosotros dentro de esta mesa, por medio de un enlace vía internet, lo cual agradecemos a las nuevas tecnologías de comunicación por esta cercanía.

 

Finalmente, como habíamos mencionado, contaremos con la presencia del periodista Javier Solórzano, quien moderará esta primera mesa de este foro.

 

Es momento de dar inicio con nuestra primera mesa, titulada: “Mejores prácticas para el control y combate a la corrupción desde la perspectiva internacional”.

 

Para esto contamos con la presencia en el presídium de Jacobo García Villarreal, especialista en políticas de integridad y compras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

 

Asimismo contamos con Javier González, director de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

 

Desde luego contamos con la presencia, vía internet, de Ivanna Rossi, especialista de Senior Financiera del Banco Mundial.

 

Finalmente, contamos con la presencia de nuestro moderador, el periodista Javier Solórzano, para lo cual escucharemos sus palabras.

 

JAVIER SOLÓRZANO: Muchas gracias. Muy buenos días.

 

A todos nos queda claro cómo hemos entrado en las últimas semanas de nuevo en una intensa y fuerte discusión sobre el tema de la corrupción, más allá de lo que decía el senador Ríos Piter.

 

Creo que está otra vez, no sé si lo compartan, a la discusión muy metida entre la opinión pública y, con base a, por una parte, la incredulidad de que esto vaya a salir. Por otra parte, las críticas de si va a gastar mucho. Por otra parte, si los que hicieron el sistema ahora quieren ser funcionarios del sistema.

 

Y yo creo que es un momento muy adecuado para la discusión, por la complejidad que entraña y por la complejidad del país que tenemos.

 

Por muchos motivos, yo quiero agradecer, particularmente al senador Ríos Piter que me hayan convocado. Que, a pesar de que yo trabajo aquí en el Canal del Congreso esta es una oportunidad mayor, porque es como un toma y daca de conversación.

 

Cada uno de los participantes estará 10 a 15 minutos con una exposición. Posteriormente, hay dos o tres preguntas que hemos pensado pueden ser interesantes para echar a andar ya con plenitud, con base en el trabajo de ellos, que van a exponer.

 

Y hacia el final, trataremos de dejar 15 o 20 minutos, si a ustedes les parece, para que ustedes participen.

 

Les pediría nada más que fueran breves las participaciones para que, entre más breves sean, más personas puedan participar.

 

De nuevo, gracias.

 

Presento, si quieren, formalmente para que tengamos una idea de quienes son nuestros ponentes.

 

Jacobo García Villarreal es Especialista en Políticas de Integridad y Compras de la OCDE. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Tec de Monterrey. Maestría en Gestión Pública por la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburg, y otra en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

 

Ha sido catedrático de economía internacional en las universidades Autónoma de Coahuila y Autónoma del Estado de Hidalgo.

 

Javier González Gómez es Director de Gobernabilidad Democrática del programa de la ONU para el Desarrollo.

 

Es Licenciado en Administración Pública por el Colegio de México. Cuenta con una maestría en Políticas de Administración Pública en London Schools of Economics and Political Science.

 

Ha publicado más de una decena de artículos en materia de evaluación de políticas, presupuesto por resultados y combate a la corrupción, consultor internacional y delegado del gobierno mexicano ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

 

E Ivanna, que la vamos a tener vía Internet, vía satélite. Lidera, es especialista senior financiera del Banco Mundial.

 

Ella lidera un programa de trabajo especializado en mecanismos de prevención de la corrupción, principalmente enfocado en los sistemas de declaraciones de intereses y patrimonio de funcionarios públicos, el DDGG.

 

Su trabajo comprende la asistencia técnica a gobiernos, probar el desarrollo de conocimiento y contribuir a diálogos internacionales sobre materia de ámbitos tales como el G-20, el Open Government Partnetship. Y, previo a su trabajo en el Banco Mundial, colaboró en distintas iniciativas sobre temas de esta naturaleza.

 

Si les parece, empezamos. ¿Empezamos contigo? 10-15 minutos máximo, para que podamos entrar luego a la segunda etapa.

 

Adelante, Jacobo, y gracias.

 

JACOBO GARCÍA VILLARREAL: Gracias. Muy buenos días a todos.

 

Primeramente, quisiera agradecer al senador Armando Ríos Piter y a todos los organizadores por la invitación.

 

A Javier Solórzano por su moderación y a mis colegas de panel, a Javier González, colega por algunos años en la función pública; e Ivanna Rossi del Banco Mundial.

 

Muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo, sólo para darles un poco de contexto, explicarles lo que es la OCDE.

 

La OCDE es una organización internacional formada por 35 países miembros, México desde 1994 miembro de la organización. Es, hasta la fecha, junto con Chile, el único país latinoamericano miembro del pleno de la organización.

 

Tenemos también a Colombia en proceso de accesos, esperemos que pronto pueda integrarse y bueno, países de Europa Occidental, de Asia, de Norteamérica, entre otros.

 

¿Y qué es lo que hace la OCDE?

 

La OCDE pues es un foro donde estos países miembros y algunos otros países socios, les llamamos, como son India, Brasil, China, Sudáfrica, Indonesia, que no son países de pleno derecho, pero que sí colaboran en algunas actividades, pues lo que hacemos es intercambiar experiencias, intercambiar buenas prácticas, para coordinar las políticas públicas de otros países y, como dice nuestro eslogan, generar mejores políticas para una vida mejor.

 

Y bueno, nuestros países concentran, nuestros países miembros, el 60 por ciento del Producto Interno Bruto, dos tercios del comercio mundial, 95 por ciento de la ayuda financiera internacional, 18 por ciento de la población; nuestro presupuesto es de alrededor de 360 millones de euros, con un staff de 2 mil 500 personas, 300 comités y grupos de trabajo en los diferentes tremas que trabajamos, que van desde temas ambientales,  temas sociales, económicos, de gobernanza, etcétera y 250 publicaciones al año.

 

No voy a entrar mucho en detalle sobre los efectos nocivos de la corrupción, yo creo que todos estamos muy familiarizados con ellos, simplemente mencionar que sabemos que la corrupción lleva a políticas públicas deficientes y por naturaleza menos incluyentes, la corrupción por su mera naturaleza, valga la redundancia, pues es excluyente, favorece a algunos y desfavorece a la mayoría, genera un uso ineficiente de recursos públicos, que acaban en los bolsillos de algunos funcionarios cuando debieran estar sirviendo al interés público.

 

Genera costos adicionales a la actividad económica y por lo tanto merma la competitividad; daños a la confianza en los mercados y en las instituciones públicas y, ya lo decía también el senador Ríos Piter, que abre la puerta para otros males sociales, como puede ser el crimen organizado.

 

Desde 2008 en la OCDE, a raíz de la crisis financiera, hemos estado viendo una tendencia muy negativa en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

 

México no es la excepción, ahí lo venos en la gráfica roja, en comparación también con el promedio de la OCDE, incluso también por debajo de los países de América Latina, y no sólo es darle confianza, poco se ha ido mermando cuando hacemos una comparativa con el 2006 y como ya decía, bueno, este es un fenómeno que está pasando no sólo en México, sino en gran parte de los países OCDE.

 

Nuestro enfoque para tratar el tema de corrupción, que precisamente de eso vamos a hablar en esta sesión, de buenas prácticas, nuestro enfoque parte no de algo que se le ocurrió a alguno de nuestros analistas, sino de la práctica de los países miembros, de precisamente estas discusiones y estos intercambios de qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado en la experiencia de nuestros países miembros.

 

Y a partir de ahí generamos un esquema básicamente con cuatro elementos, el sistema y por otro lado la parte de prevención, detección y persecución de la corrupción, con diferentes temáticas en la parte de sistemas, bueno, vemos temas que van desde la política regulatoria, en los trámites y servicios que los gobiernos brindan a la ciudadanía, la competencia y los fenómenos de corrupción en las juntas públicas.

 

En el tema de prevención, bueno pues partimos de que debe haber una participación de los diferentes sectores de la sociedad, no sólo de los gobiernos, sino también del sector privado, de la sociedad civil, entrando en temas como la transparencia fiscal, las contrataciones, entre otros.

 

En el tema de detección, pero también vemos temas como el lavado de dinero, como los impuestos, como las denuncias y el famoso tema de whistle blowing o pudiéramos traducir como protección, denunciantes de actos de corrupción que desde nuestro punto de vista es uno de los grandes pendientes, es uno de los temas que creemos están pendiente, que no se abordaron en las diferentes reformas y que pudieran abordarse en una segunda ronda de trabajos de reformas legislativas.

 

Y finalmente el tema de la persecución que también pues es un tema donde estamos muy débiles.

 

Si la corrupción no se persigue y no se sanciona pues todos los incentivos se alinean para que esos fenómenos sigan sucediendo. Adelante por favor.

 

Y en materia de integridad pública, la OCDE tiene algo que llamamos la recomendación del consejo sobre integridad pública, que es una serie de principios precisamente derivados de la experiencia de nuestros países miembros y que tiene tres pilares:

 

El primer pilar, que es el sistema de lucha contra la corrupción, donde se asignan responsabilidades, se asignen tareas a diferentes instituciones y buscaríamos que en ese sistema pues estas diferentes instituciones estén coordinadas, tengan protocolos de actuación, protocolos de relacionamiento y de vinculación entre ellas y con la sociedad civil.

 

El segundo pilar, es el pilar de la cultura, de integridad. Es decir, no se trata de, por ejemplo, aprenderse un código de conducta en las dependencias.

 

Se trata de que sepamos cómo esos principios en un código de conducta, o cómo los principios de ética pública se aplican en el día a día del quehacer de los funcionarios públicos.

 

Entonces aquí, por ejemplo, entran temas como la profesionalización del servidor público o cómo la participación de la sociedad, nuestra perspectiva la llamamos de toda la sociedad, un enfoque de toda la sociedad.

 

Empezamos por un enfoque de gobierno completo. Es decir, que las políticas de integridad se apliquen de manera consistente en las diferentes ramas y órdenes de gobierno pero también con la participación de la ciudadanía.

 

Y el tercer pilar pues es la rendición de cuentas donde entran temas como el control interno y la auditoría. Adelante por favor.

 

Tenemos, trabajamos también sobre un enfoque de riesgos y evidentemente una de las mayores actividades de riesgo que hemos identificado es la de las contrataciones o las compras públicas. Adelante por favor.

 

Como saben, la OCDE tiene desde 1999 una Convención Internacional contra el Cohecho, firmada por todos los países miembros y algunos no miembros.

 

Y desde 1999 hemos estado monitoreando dónde se dan estos fenómenos de cohecho y en el 57 por ciento de los casos que hemos identificado, éstos están relacionados con las compras públicas.

 

Entonces queda muy claro que ésta es una actividad de gran riesgo y que una vez que se han solventado las legislaciones del Sistema Anticorrupción, pues conviene pasar a una segunda etapa, como lo mencionó también el senador, de revisión de las leyes de adquisiciones y obras públicas. Adelante por favor.

 

También es destacar que algunos sectores son particularmente sensibles, o particularmente de riesgo y entre ello está la industria extractiva y esto es muy relevante para México porque bueno nuestra industria extractiva hace una aportación importante al producto bruto y a las finanzas del país.

 

De hecho nosotros estamos trabajando con la empresa, con PEMEX, en algo que llamamos el estudio sobre las políticas de compras públicas que habremos de publicar próximamente y donde hacemos una revisión del nuevo esquema de compras públicas de PEMEX a la luz de su eficiencia, de su competencia y de su integridad.

 

Algunos otros sectores también sensibles son por ejemplo la construcción o el transporte. Adelante.

 

Y bueno, este tema de las compras públicas ha sido también señalado por nuestro consejo empresarial.

 

La OCDE además de conjuntar a los 35 países tiene una representación también de los sectores empresariales de esos países y por otro lado también de los sectores sindicales y el sector empresarial en sus consultas que hacen sus miembros y sus encuestas, nos ha mencionado ese tema de la mejora de la eficiencia y la transparencia de las compras públicas como una de sus prioridades.

 

Y por ello es que la OCDE tiene también una recomendación sobre contrataciones públicas, que son una serie de doce principios que tienen que ver, entre otros temas, con la transparencia, la integridad, la competencia, el uso de herramientas electrónicas, las capacidades de la fuerza PROCURA, entre otros.

 

Y en México estamos trabajando precisamente en este tema, particularmente con el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde estamos revisando su estructura de compras también desde el punto de vista de la eficiencia, de la gestión, como también desde el punto de vista de la integridad y la transparencia.

 

Mucho se habló durante la discusión de las reformas del nivel de divulgación y de disponibilidad de la información de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal. Este es un tema desde luego muy polémico y algo que quizá conviene recalcar es que la experiencia internacional el nivel de revelación no es necesariamente uniforme para todos los funcionarios públicos, como sucede en México; es decir, sin importar el nivel del funcionario público, la declaración contiene los mismos ítems, los mismos datos, es la misma información la que se solicita y la que se hace pública.

 

En la experiencia internacional no necesariamente sucede así. Puede haber un enfoque de riesgos, por ejemplo aquí lo vemos: cuanto a funcionarios públicos en general y funcionarios de compras. Entonces, como ya dijimos las compras son una actividad de alto riesgo y por lo tanto observamos cómo en algunos países el nivel de revelación y disponibilidad de su información de intereses, es mucho más alta.

 

También está el tema de la captura y esto es muy importante para nosotros que hemos estado trabajando en el tema del crecimiento incluyente. Y observamos cómo las investigaciones que hemos realizado, el porcentaje de personas que considera que hay una captura de las instituciones públicas, es relativamente alto en México.

 

Y para evitar estos fenómenos de captura, entre otras cosas debemos atender a temas de cabildeo. En México existe un registro de actividades de cabildeo, pero nos queda claro también, junto con otro 36 por ciento de los países de la OCDE, que tenemos que revisar el nivel de transparencia de estas actividades.

 

El famoso tema de los conflictos de interés, que efectivamente se aborda en las reformas recientes y en algunos casos hemos visto mejoras importantes, pero también hay temas pendientes. Las nuevas leyes, particular la Ley de Responsabilidades Administrativas, identifica de mejor manera las situaciones de conflicto de interés, o sea, aquí hay un avance importante.

 

Sin embargo, creemos que se debe de avanzar más profundamente en la definición de protocolos de gestión y resolución de esos conflictos. Nos hablan las leyes de que los funcionarios se deben de excusar cuando hay una situación de conflicto de interés.

 

Esa es una manera de solventar o de gestionar un conflicto de interés para evitar que se convierta en un acto de corrupción, pero hay otras, no es la única. Otra puede ser el transferir al funcionario a otras actividades o incluso la renuncia del funcionario si opta por mantener sus actividades privadas. Estos protocolos se pueden desarrollar aún más.

 

También el compromiso de liderazgo. Con esto nos referimos a que una de las buenas prácticas a nivel internacional es que los altos funcionarios brinden guía y orientación para solventar estas situaciones. Por ejemplo, un funcionario en algún comité de adquisiciones tiene una situación de conflicto de interés y la buena práctica en algunos países es que estos funcionarios recurren a sus superiores, y esos superiores están capacitados para darle salida a esa situación de conflicto, antes de que incida en la toma de decisiones y derive en un acto de corrupción.

 

También vemos con satisfacción que se involucra de mejor manera a las empresas y al sector privado.

 

Y, finalmente, también vemos la necesidad de trabajar aún más el tema de la utilidad en las declaraciones.

 

¿Qué quiero decir con esto?

 

Se habló mucho de qué tan pública es la información, porque los ciudadanos podemos accesar a esta información, podemos hacer, llamémoslo así, una auditoría ciudadana.

 

Pero no se habló mucho de cómo las instituciones y cómo las autoridades deben de utilizar esas declaraciones. Y hemos encontrado fenómenos que requieren de mucho trabajo.

 

Por decirles algo, estamos trabajando con diferentes estados de la República en generar estos sistemas de integridad, y hemos encontrado que, a diferencia de lo que sucede en el caso nacional donde la Secretaría de la Función Pública puede requerir información, por ejemplo, de la Comisión Bancaria o al Sistema de Administración Tributaria, los estados no lo pueden hacer. Ellos reciben las declaraciones de esos funcionarios, del nivel estatal y municipal, y el seguimiento que se hace es muy mínimo.

 

Y si uno ve las sanciones que hay, incluso a nivel federal, las sanciones son básicamente porque no se presentó o porque se presentó fuera de tiempo. Pero son muy pocas las sanciones porque se encontró un enriquecimiento ilícito, porque se encontró algo irregular en la declaración.

 

Y existen los medios. En Brasil, por ejemplo, se utiliza la minería de datos para cruzar estas informaciones, la información fiscal, la información bancaria y la información de declaraciones patrimoniales o de intereses, y hacer un seguimiento más puntual.

 

Justo la semana pasada trabajábamos con algunas entidades fiscalizadoras, y nos decía también que, por ejemplo, tienen problemas para hacer lo que se llama a nivel internacional “Follow the money”, el seguir el dinero, porque no siempre acceden a la información de estas diferentes instituciones de las que hablábamos.

 

Es necesario ver cómo podemos hacer el mejor uso de estas declaraciones para que no sean simplemente, como mencionaba en el caso estatal, meras inercias, meras burocracias sin una utilidad práctica.

 

De nuevo, el nivel de divulgación de los conflictos de interés, hablábamos de que uno de los criterios es actividades de riesgo, otro es qué tan alto o qué tanta responsabilidad tiene el funcionario, y las prácticas internacionales nos señalan que a mayor responsabilidad, a mayor nivel jerárquico, el nivel de divulgación es también mayor.

 

Lo que aspiramos es llegar a un marco de formulación de políticas públicas donde se toman decisiones bien informadas, donde se consulta a la población y se toman decisiones en base en evidencia. Y también donde se contrarrestan vulnerabilidades para mantener la integridad de la toma de decisiones públicas y estas vulnerabilidades tienen que ver con conflicto de interés, tienen que ver con el cabildeo, tienen que ver –ya lo mencionaba el senador– con el financiamiento político, entre otros.

 

Ya para terminar, simplemente mencionar, toda política pública tiene tres etapas básicas, que es: el diseño, segundo la implementación, y el tercero la sostenibilidad.

 

En estos procesos, las reformas se enfrentan a diferentes retos, como puede ser la complejidad administrativa; la secuencia, es decir, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Las circunstancias no son siempre las mismas cuando se generan reformas.

 

En ocasiones, afortunadamente no es el caso en esta ocasión, en el tema del Sistema Anticorrupción, pero en ocasiones no hay una demanda social por las reformas. Afortunadamente en este caso sí la tuvimos y la tuvimos muy fuerte, muy presente. También los gobiernos por su naturaleza, las burocracias se resisten a cambio.

 

Y en la implementación se requiere primeramente, y este creo que es el reto mayor, generar un compromiso político en los siguientes pasos. Por ejemplo, habrá de nombrarse a los miembros del Comité Ciudadano, al Secretario de la Función Pública, al Fiscal Anticorrupción, y es importante que todos los actores políticos se comprometan a hacer una nominación, a hacer una selección imparcial, hacer una selección seria, que no sea una repartición de cuotas políticas, como hemos visto en otros procesos.

 

Ya decía yo que el objetivo final es cambiar comportamientos del funcionario público y no aprenderse leyes o aprenderse códigos, que eso no sirve de mucho.

 

El tema de los recursos es importante, volviendo al tema de los estados, pues es importante que las instituciones y también a nivel nacional pues tengan dos mandatos y los recursos suficientes para llevar a cabo sus tareas.

Desarrollar capacidades y capital humano y desde luego la posibilidad de hacer un pilotaje, aunque los tiempos son muy cerrados en el tema de los estados, por ejemplo, si quieren un año para sacar sus paquetes legislativos de los temas locales.

 

Finalmente el sostenimiento. Buscamos que las instituciones vayan mucho más allá de los liderazgos personales, que tengan un carácter permanente, con un mandato fuerte.

 

En ocasiones lo que se hace es crear unidades de seguimiento, por ejemplo en España, donde se llevó a cabo un programa de reformas muy amplio. Tenemos la CORA, la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas; se creó una unidad con recursos, con personal, etcétera, para dar seguimiento a este paquete de reformas, es un modelo que se pudiera ver y que bien pudiera también realizar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

El tema de la evaluación, es necesario, pues vean cómo están funcionando las cosas sobre la marcha; en ocasiones no se puede obligar a diferentes actores a actuar.

Por ejemplo, de nuevo el tema subnacional de estados y municipios, bueno, sí hay una ley que los obliga a tener un paquete legislativo en un año, pero convendría también quizá hacerbenchmarking, hacer comparativas para decir quién va avanzando más rápido y quién más lento y un poco el fenómeno que llamamos de energy and shaving, nombrar y avergonzar, a nadie le gusta salir en el último lugar de estos benchmarking, entonces es una manera de alentar las reformas.

Y finalmente la retroalimentación y la adaptación de los sistemas conforme los evaluamos.

 

Cierro con esto mi presentación porque entiendo que la intención es también generar un diálogo.

 

Muchas gracias.

 

JAVIER GONZÁLEZ: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al senado de la República, en particular al senador Ríos Piter, también al instituto Belisario Domínguez, al senador Esquivel, a Roberto Castellanos, muchas gracias por la amable invitación para participar en este foro.

 

Lo que vamos a intentar hacer muy brevemente y tenemos bastantes láminas. Mientras les platico, la intención será valorar el Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes que de él se derivan recientemente aprobadas, a la luz de dos instrumentos.

 

Uno, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de la que México es parte, como ustedes saben, desde 2003, firma esa convención y en segundo lugar, también valorar la función de algunas normas, prácticas y referencias internacionales, algunas experiencias que se tienen en el concierto internacional y que nos pueden permitir también obtener algunas referencias.

 

En lo que está la presentación quisiera avanzar dando lectura a una muy breve cita del todavía Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en relación a que parte del mandato de las Naciones Unidas es precisamente el avance de la gobernabilidad democrática y una de las barreras importantes al avance de esta gobernabilidad es la corrupción.

 

La corrupción hace, dice Ban Ki-moon que la vida sea más cara, erosiona la confianza del consumidor y la credibilidad de los negocios, agota los fondos públicos y destruye las perspectivas de una sociedad justa.

 

La corrupción también facilita –de hecho en la siguiente lámina está esa cita. La siguiente-; la corrupción también facilita otros delitos, incluyendo aquellos humanos y el tráfico ilegal de vida silvestre, así como el terrorismo. La siguiente por favor.

 

Entonces les comentaba que lo que vamos a hacer brevemente es tratar de valorar el avance en el Sistema Nacional Anticorrupción a la luz de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y a la luz de algunas prácticas, normas y referencias internacionales.

 

Entonces aquí esta lámina son los cuatro pilares de la Convención, de la UNCAC, que reconoce que es importante la prevención de la corrupción, también la criminalización de la misma, la cooperación internacional y la recuperación de activos.

 

Son los cuatro pilares fundamentales y partimos del reconocimiento de que para combatir la corrupción hace falta un enfoque integral y multidisciplinario.

 

Entonces en estas dos vertientes, lo preventivo y lo correctivo, el Sistema Nacional Anticorrupción me parece que ofrece interesantes ilustraciones con gran potencial para poder avanzar en el mediano y en el largo plazo hacia la contención del fenómeno. La siguiente por favor.

 

No hay muchos ejemplos ahí probablemente no sea vea mucho por el tamaño de la letra- de sistemas nacionales anticorrupción.

 

Entonces eso le da ya de entrada una característica innovadora al sistema mexicano.

 

En Australia hablan de un sistema, allá hay uno que tiene como ejes las garantías, la protección de garantías constitucionales, la transparencia de rendición de cuentas, la criminalización de la corrupción y la cooperación internacional y asistencia técnica.

 

Pero en el caso mexicano me parece que lo más interesante, decía yo en el contexto internacional, son tres características.

 

Uno. Precisamente el carácter sistémico. Es decir, la interdependencia de cada una de las partes y de los actores que componen este sistema, lo cual implica impone retos fundamentales de coordinación pero digamos es una fórmula distinta a la tradicional institucionalidad presente en los diferentes países que se materializa en comisiones, en entidades, en instituciones especializadas dedicadas al combate a la corrupción con mayor o diferente nivel de coercitividad.

 

Pero digamos, la fórmula más habitual, más común es la presencia de estas agencias anticorrupción y en México después de haberse valorado esa posibilidad se opta por este sistema. Entonces esa es una fuerte innovación.

 

La otra, ya lo decía, es que hay una institucionalidad muy compleja, no descansa en una sola institución sino en una gran diversidad de actores con diferentes atribuciones y que tanto desde el punto de vista administrativo como penal, se intentan engarzar estas funciones.

 

Y en tercer lugar, ya lo mencionaba el senador Ríos Piter en la apertura, el componente fuerte de participación ciudadana que está convocado a tener el Sistema Nacional Anticorrupción es una gran innovación, tiene un gran potencial, desde luego habrá que madurar, habrá que ajustar en el tiempo los mecanismos puntuales por medio de los cuales se va a promover, o la sociedad civil podrá promover, podrá impulsar, podrá denunciar determinadas conductas pero ya en el diseño hubo una fuerte participación y desde luego que se espera igualmente un nivel amplio de participación en las fases de implementación, en las fases de monitoreo, en las fases de evaluación de todo el sistema. La siguiente por favor.

 

La prevención. La prevención es, como comentaba, una de los pilares de la Convención. Ahí hay algunas experiencias, por ejemplo en el caso canadiense, hay una oficina de principios y ética para servidores públicos, muy centrada en la publicación de códigos de conducta y de ética.

 

En Alemania tienen procesos dedicados a identificar y analizar riesgos de las personas, áreas vulnerables a la corrupción y también estos proceso estándares para otorgar los contratos de concesión.

 

Y en el caso de China, hay un fuerte componente de educación cívica, programación de cursos anticorrupción, incluso en el nivel académico de Primaria y de Secundaria, pero también en Universidades.

 

Creo que en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, lo interesante es que incorpora en el propio diseño un comité coordinador con fuerte presencia ciudadana, un comité ciudadano directamente en el comité coordinador. Y por otro lado, que se destaca desde el punto de vista preventivo, la participación de la Secretaría de la Función Pública, no únicamente desde el punto de vista correctivo, desde el punto de vista de la imposición de sanciones de carácter administrativo; sino particularmente en el ámbito de la modernización administrativa.

 

Creo que esa parte de la prevención es muy importante. En las leyes que se derivan del sistema hablan también de la obligación de generar programas de integridad para servidores públicos, de acompañar el desarrollo de programas de integridad en las empresas. Entonces, se reconocen algunas otras necesidades de índole preventiva, no únicamente correctiva, que creo que son muy destacables.

 

En cuanto a la criminalización. Ahí el tema importante en la experiencia internacional, por lo menos en Turquía y en Australia, es la tipificación explícita de determinadas conductas, ya sea penales o administrativas; en el caso de Turquía tenemos esta internalización de los tipos de conductas o irregularidades administrativas; y en el caso de Australia se considera que cualquier persona o empresa que cometa un crimen en Australia o un ciudadano australiano fuera del país, puede ser procesado en Australia; y también que la obstrucción de la justicia se considera como un delito.

 

Para el caso mexicano, yo destacaría aquí algunos elementos muy rápidamente: que están orientados a eficientar, darle mayor capacidad a la detección, identificación y sanción de las conductas de corrupción.

 

En primer lugar, la Plataforma Nacional Digital. El intercambio de información va a ser esencial, habrá que identificar exactamente qué información es, como decía mi amigo Jacobo, se pueda intercambiar entre el Servicio de Administración Tributaria, entre las autoridades bancarias y las autoridades del sistema. Sin embargo, esa posibilidad permite entrar de fondo o profundizar el carácter integral de las investigaciones.

 

La posibilidad de generar investigaciones conjuntas también es muy relevante, el rol del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí me detengo un segundito: es un actor, es uno de los siete actores que señala el Sistema Nacional Anticorrupción que está llamado a reformarse a sí mismo para enfrentar, para darle cauce a las nuevas atribuciones en materia de sanción directa de sanciones graves, en materia de corrupción; de alcanzar también a particulares, a empresas; y de también imponer las sanciones económicas, las penas pecuniarias de carácter resarcitorio que ahora deberá enfrentar.

 

Entonces, el sistema va a implicar –y con esto adelanto una conclusión– de algún modo una reforma interna de las instituciones que están participando, una reflexión respecto de sus capacidades instaladas, a las capacidades de sus servidores públicos, a los sistemas con que cuentan para poder cumplir adecuadamente con cada una de las nuevas atribuciones.

 

El rol de la Judicatura también es esencial, la vinculación con el Poder Judicial es interesante, novedosa, necesaria; en el contexto internacional no hay muchas experiencias con ese énfasis tan puntual.

 

Y por último el fortalecimiento de la oportunidad de las auditorías, es el caso de la facultad que tendrá o que tiene ya la Auditoría Superior de la Federación para iniciar auditorías en tiempo real, e incluso utilizar información del ejercicio corriente para la planeación de las siguientes auditorías.

 

Son sólo elementos importantes que fortalecen, sin duda, la capacidad del Estado mexicano de identificar, de detectar o de sancionar las conductas de corrupción.

 

Y, por último, el cuarto eje de la convención es el tema de cooperación internacional y asistencia técnica, en donde básicamente la experiencia internacional destacan los acuerdos de extradición. Hay una ley de cooperación entre China y Estados Unidos, que establece un grupo de enlace para el fortalecimiento de la ley de cooperación entre China y Estados Unidos para combatir la corrupción.

 

Yo creo que en el caso de México, lo destacable es que sin duda somos parte de los acuerdos internacionales de extradición, pero también, además de la Convención de las Naciones Unidas para combatir la corrupción, existe la convención de la OCDE, de la cual ya nos hicieron referencia.

 

Existe también la Convención Interamericana contra la Corrupción; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que son instrumentos de los que México es parta, aunque vale decir que únicamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es legalmente vinculante.

 

Aquí simplemente comentar que en materia de recuperación de activos, el caso emblemático es la cooperación de Suiza y Nigeria para la recuperación de activos. En el caso de ARACHA, 500 millones de dólares fueron reembolsados a las arcas nigerianas después de un instrumento de colaboración con Suiza.

 

Y México tiene un marco jurídico bastante completo, bastante interesante en materia de prevención y detención de transferencias procedentes del crimen. La ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el reglamento de esa ley, el Código Penal que considera operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, terrorismo, financiamiento del terrorismo.

 

Un minuto nada más para hablarles de la Agenda 2030 que, como ustedes saben, es el nuevo marco, la nueva agenda global, la ruta hacia 15 años del desarrollo de los países. 193 Estados firmaron esta agenda, asumieron 17 objetivos, 169 metas, 230 indicadores, de los cuales yo quisiera destacar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, porque es el que habla de paz, justicia e instituciones fuertes, y en donde hay indicadores directamente de combate a la corrupción y de transparencia, de los cuales México deberá reportar sistemáticamente.

 

Estos son los indicadores, digamos, el objetivo número 16 habla de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible; facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas.

 

Siete metas de 11 de este ODS 16, estarían alineadas a la Convención de las Naciones Unidas. Por ejemplo, se habla de reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas; se habla de reducir sustancialmente la corrupción y el soborno; se habla de crear instituciones eficaces responsables.

 

A nivel de indicadores del ODS 16, tiene 23 indicadores de estos 230 de toda la agenda; y de esos 23 indicadores 12 estarían alineados a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

 

Tenemos algunos indicadores muy específicos, por ejemplo, proveer que las personas que han tenido por lo menos un contacto con un funcionario público pagaron un soborno a un funcionario o tuvieron la experiencia de que un funcionario público les pidiera.

 

En fin, hay una serie de indicadores, no vamos a profundizar en esto, pero son compromisos del Estado mexicano en materia de transparencia, de institucionalidad sólida, del combate a la corrupción, de paz, de violencia que México deberá estar reportando sistemáticamente.

 

Y para las Naciones Unidas el punto de partida es que hay una vinculación directa entre el desarrollo con las posibilidades de las personas para desarrollarse en los temas de gobernabilidad democrática.

 

Entonces, en esa medida la corrupción es una barrera para el desarrollo de las personas y para el pleno ejercicio y goce de sus derechos humanos.

 

Por lo tanto, la corrupción se entiende como poseedora de una correlación con temas de violencia, con temas de pobreza, con temas de desigualdad.

 

De ahí que el mandato de gobernabilidad de Naciones Unidas se amplíe a este terreno.

 

Ya por último, tengo una lámina de conclusiones, de retos del sistema y creemos que hay un par de retos muy relevantes, son los retos de coordinación y retos de implementación.

 

En cuanto a los retos de coordinación, creo que lo que tenemos por delante es el reto de generar esta verdadera interconexión de carácter sistémico, a través del intercambio de información de las facultades complementarias, de las investigaciones conjuntas, de generar políticas preventivas también entre diferentes factores.

 

Y en cuanto a los retos de implementación, bueno pues hay que reconocer que esto será un proceso de aprendizaje a mediano plazo, que implicará reformas institucionales también de largo aliento, que habrá resistencias al cambio, decía Jacobo, pero que sin duda la participación de los diferentes actores del sistema será muy relevante para poder ir avanzando sólidamente en el tiempo.

 

Y por último, en la vinculación con la vigencia del Estado de Derecho con la actuación del Poder Judicial, es muy importante que el Sistema acredite que se está incrementando la probabilidad de sanción ante el comportamiento corrupto y con ello se estaría también aumentando la credibilidad de todo el sistema.

 

Es decir, que necesitamos hacer visibles los costos del comportamiento corrupto para los agentes individuales. Si suponeos que el acto de corrupción es un acto racional, entonces necesitamos elevar los incentivos para el comportamiento honesto y con probidad, y elevar los costos para el comportamiento corrupto.

 

Y por último, el énfasis en la prevención, ya lo comentábamos, la modernización administrativa. De poco nos sirve en el mediano plazo preocuparnos por los síntomas, si no nos preocupamos por las causas raíz y ene se sentido las políticas preventivas van a ser muy importantes.

Muchas gracias.

 

JAVIER SOLÓRZANO: ¿Ya tenemos la conexión? A ver si ya la podemos establecer con Ivanna hasta Washington.

 

IVANNA ROSSI: Qué tal, buenos días ¿me pueden escuchar?

 

JAVIER SOLÓRZANO: Te escuchamos muy bien, nada más espéranos tantito y te vemos.

 

Ahí te tenemos, ahí estamos. Ivanna, te damos la bienvenida, adelante.

 

IVANNA ROSSI: Muchísimas gracias por la invitación, tanto al senado de la República como al Instituto Belisario Domínguez por invitarnos a participar en este foro.

También en particular al senador Armando Ríos Piter, sobre todo les agradezco la amabilidad de permitirme participar a través de videoconferencia, esperemos que al tecnología esté de nuestro lado y puedan ver bien la presentación que quiero compartir con ustedes esta mañana.

 

Así que voy a pasar al Power Point a ver si funciona bien.

 

Lo que les quería mostrar esta mañana, nosotros aquí, en el banco Mundial, desde el año 2007 estamos haciendo un estudio y al mismo tiempo asistencia técnica a los gobiernos.

 

El tema de declaraciones de intereses y patrimonio este proyecto ha acudido a la legislación como la implementación en los países de estos sistemas, entonces nuestra idea es poder compartir con ustedes hoy algunas de las tendencias internacionales, un poco una foto de dónde se encuentra hoy por hoy el sistema de declaraciones de intereses y patrimonio, como una herramienta fundamental en la lucha anticorrupción.

 

A mí siempre me gusta empezar con esta filmina porque creo que es algo muy importante:

 

Todos conocemos y se discute mucho en los medios el tema del sistema de declaraciones y podemos ver que es algo realmente transversal.

 

Cuando uno hace algo muy rápido del sistema de declaraciones, y escándalos, y cierto conflicto de interés, y corrupción, automáticamente vemos, cotidianamente en los titulares de los diarios de cualquier parte del mundo, ya sea Francia o Malawi, Ucrania o Brasil, no importa en dónde estemos en el mundo, podemos encontrar titulares muy relevantes sobre este tema, en particular acá viene la foto de algunos recientes y creo que lo interesante es que todos estos países que podamos ver en estos titulares cuentan con un sistema de declaraciones.

 

El colega que estaba hablando antes que yo hizo una presentación muy elocuente sobre algunas de las convenciones internacionales, así que no me quiero detener a repetir lo que ya estaban diciendo.

 

Creo que es interesante saber que hoy por hoy hay aproximadamente 161 países del mundo que tienen un sistema de declaraciones, intereses y patrimonio.

 

El número es muy alto cuando uno lo piensa pero podemos ver acá que hay una progresión a lo largo del tiempo que está íntimamente relacionada con las convenciones internacionales contra la corrupción, particularmente la de Naciones Unidas, y en el caso de Latinoamérica también la Convención Interamericana.

 

Creo que es importante destacar que si bien este es un instrumento anticorrupción que está contemplado en todas las convenciones internacionales, no existen estándares sobre cómo deben implementarse.

 

Por ende no hay un país que tenga un sistema que sea igual al otro. Cada país tiene una interpretación distinta de cómo implementar los sistemas de declaraciones y patrimonio de intereses, lo que nos da una gran variedad y una diversidad de prácticas.

 

Creo que también es importante destacar que cuando uno piensa en 161 países, y estos son los que nosotros podemos analizar en nuestra muestra, tal vez hay más países aún que nosotros no podemos todavía analizar. Cuando uno piensa en 161 países es un número muy elevado.

 

Ahora, esto es cuando miramos la foto de qué países tienen leyes al respecto, cuando uno piensa en la implementación y en una implementación efectiva con impacto, que realmente logre alcanzar los objetivos que estaban previstos cuando algún país tiene legislación sobre esta materia, ahí ya encontramos una brecha más grande, o sea, la implementación efectiva vista un poco de la cantidad de países que tienen legislación en esta materia.

 

Estos son datos que nosotros hemos recopilado en este estudio. Van a estar publicados en un libro que sale en uno, dos meses, va a estar saliendo de la imprenta y todos estos datos son parte de ese estudio que hemos hecho a lo largo de estos años.

 

Lo que podemos ver es efectivamente un fenómeno que se ha expandido a nivel mundial, en el caso de Latinoamérica realmente el 93 por ciento de los países cuentan con legislación en esta materia y lo que es importante destacar es que tener legislación en esta materia no necesariamente se traduce en una implementación efectiva y un impacto.

 

Y creo que ahí es donde realmente hoy México está realmente con este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Se están planteando preguntas al respecto y hay una oportunidad de replantear los sistemas y de pensar realmente en cómo hacerlos efectivos y que tengan el impacto deseado.

 

Como les comentaba al principio, muchos países tienen legislación sobre declaraciones de patrimonio de intereses, también conocidas como declaraciones juradas.

 

Como decía, cada país, como decía, tiene un sistema distinto y cada país lo llama distinto. Disculpen si sigo insistiendo al decir declaraciones juradas, con mi inevitable acento argentino, que espero también me disculpo por eso.

 

Entonces cuando nosotros pensamos en los sistemas de declaraciones siempre se piensa en la importancia que tienen para promover la integridad en el sector público, para combatir la corrupción, para detectar y manejar los conflictos de interés, para promover la transparencia, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

 

Todos estos son los grandes objetivos que siempre se plantean alrededor de un sistema de declaraciones.

 

Ahora, cuando uno empieza a mirar un poco más gradualmente cómo se montan estos sistemas, cómo se diseñan estos sistemas, vemos conceptualmente dos grandes formatos:

 

Está aquellos sistemas de declaraciones que está buscando detectar y de alguna manera prevenir las variaciones inexplicables en la riqueza, también en algunos países básicamente lo llamamos enriquecimiento ilícito.

 

Estos sistemas tienen una forma de diseño y el diseño abarca desde la institución, que está recibiendo estas declaraciones, el tipo de información que se solicita de los funcionarios públicos, el tipo de sanciones que se aplican; y también la relación de alguna manera con el funcionario público. Cuando uno está buscando una variación en la riqueza, una variación inexplicada en la riqueza, hay una cierta distancia con el funcionario.

 

Uno recibe la información del patrimonio del funcionario y está tratando de analizar y de buscar irregularidades. Y este es un sistema que se ve sobre todo en los sistemas más nuevos, es muy común en Latinoamérica, muy común en Asia, África; la mayor parte de los sistemas en estos países tienen un sesgo muy fuerte a detectar las variaciones inexplicables en la riqueza.

 

Después tenemos otro conjunto de países que enfocan sus objetivos en el sistema a detectar y prevenir conflicto de interés. De nuevo, esto afecta a no solamente el formato de la información que se está pidiendo, qué información que se le pide al funcionario, cuál es la relación con ese funcionario, cuáles son las cualificaciones técnicas de los funcionarios que están recibiendo estas declaraciones, revisándolas, conversando con los funcionarios para tratar de evitar conflictos de intereses.

 

Esto es un poco de una manera, los dos polos conceptuales dentro de lo que uno ve en los sistemas de declaraciones. Pero la realidad, cuando uno mira lo que está sucediendo en los países, es que la gran mayoría de los sistemas combina elementos de las dos: por un lado busca detectar y prevenir el enriquecimiento ilícito y por otro lado detectar, prevenir, manejar el tema de los conflictos de intereses de los funcionarios públicos.

 

Esto no deja de ser muy desafiante, porque como decíamos, de alguna manera la esencia de estos dos sistemas es la misma, es buscar información, pedirle, solicitarle información al funcionario público sobre sus intereses y sus patrimonios para poder de alguna manera fomentar la transparencia y al mismo tiempo detectar un tipo de irregularidad, hacerle un seguimiento en esta materia.

 

Al tener un objetivo dual, se presentan muchos desafíos en la práctica y eso es lo que hemos visto principalmente en los países. Cuando analizamos la implementación de los sistemas en los países, notamos que hay un gran desafío en tratar de combinar estas dos cuestiones y creo que esto es algo muy importante para tener en cuenta en la experiencia de México.

 

No existe un enfoque estándar o única práctica que sea la más idónea en cuanto a la administración de las declaraciones, sin embargo hay ciertos desafíos comunes que son cómo unes tanto a los sistemas que se enfocan en conflicto de interés, como aquellos en los que se enfocan en enriquecimiento ilícito.

 

El tiempo hoy no nos da para entrar en detalles sobre todos estos los detalles, sobre los desafíos que se enfrentan y cómo resolverlos; sin embargo como voy a decir también al final, estamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran saber en mayor detalle.

 

Algunas de las cosas fundamentales que los sistemas, tanto de conflicto de interés como aquellos que buscan el enriquecimiento ilícito, tienen que plantearse y tienen que resolver desde su inicio quiénes van a ser los funcionarios públicos que declaran; y en general cuando a mí me toca trabajar con funcionarios públicos en distintos países, cuando hacemos asistencia técnica y asesoramos a los distintos países que quieren fortalecer o reformar sus sistemas de declaraciones; la primera respuesta automática casi, casi, es: “todos deberían declarar, porque así se manda un mensaje muy fuerte a la sociedad de que todos los funcionarios públicos tienen que contener este compromiso con la integridad y esta responsabilidad hacia la ciudadanía”.

 

Lo cual es cierto, hay un mensaje muy fuerte de transparencia cuando todos los funcionarios públicos tienen que declarar. Sin embargo, cuando uno empieza a ver la política, hemos visto que muchos países luchan por la implementación de estos sistemas cuando el volumen de funcionarios públicos es enorme; no es lo mismo que todos los funcionarios públicos, estemos hablando de 500 funcionarios, como sucede en algunos países; cuando en algunos otros países como por ejemplo en el caso de Filipinas, estamos hablando de más de 1 millón de funcionarios que declaran anualmente.

 

Por supuesto el volumen y la capacidad y los recursos que esto requiere para la agencia que tiene que administrar esas declaraciones, revisarlas, leerlas, analizar el contenido, ver que estén consistentes, que no haya habido grandes variaciones a lo largo del tiempo, que no se presenten conflictos de interés. No es lo mismo los recursos que se necesitan para un millón de funcionarios que para tres 500.

 

Cuando uno piensa en la práctica, se empieza a evaluar si realmente todos estos funcionarios públicos pueden o no declarar o si deben o no declarar. Y lo que estamos viendo es que muchos países están tendiendo a concentrarse en aquellos funcionarios de alto nivel, de mayor jerarquía, y aquellos funcionarios que por la realidad de este país se considera de alto riesgo, que están en alto riesgo de conflicto de interés o en alto riesgo de corrupción.

 

Y, como podemos ver aquí, todo lo que son los miembros del Congreso y los miembros del Poder Ejecutivo. En general, el 90-92 por ciento de los casos declaran, y no así en otros estratos del gobierno, tanto a nivel nacional como subnacional.

 

Como decía, la cantidad de sujetos obligados de la cantidad de funcionarios que van a declarar intacta desde la logística para recolectar toda esta información, más allá de que sea electrónico o no, el cumplimiento.

 

Es mucho más difícil lograr un porcentaje alto del 90 por ciento en el cumplimiento de los funcionarios que declaran. A algunos funcionarios tal vez de menor jerarquía encuentran esto muy desafiante para poder hacerlo, la verificación donde hay un volumen muy grande de declaraciones que hay que analizar, verificaciones del análisis. En el lenguaje técnico es lo que llamamos “el análisis del contenido de las declaraciones”.

 

El verificar este volumen de información y tener la capacidad de analizarlo también es un gran desafío, y por una parte, la aplicación de sanciones.

 

Realmente el volumen de su escenario tiene un impacto a lo largo de todo el sistema de declaración y, por ende, en su efectividad como una herramienta en la lucha contra la corrupción.

 

Como les mostraba al principio, los sistemas se distinguen en función de este objetivo que tienen, ya sea detectar enriquecimientos ilícito, prevenir y detectar conflictos de interés. Y, en función de eso, se determina qué tipo de información se le va a solicitar a los funcionarios, ¿no?

 

El formulario de declaración es el puente entre el funcionario y la gente que tiene que administrar esta información, y es fundamental que sea algo claro y que se esté solicitando la información correcta para poder cumplir con estos objetivos.

 

Yo recuerdo una vez, perdón, una anécdota personal, pero recuerdo una vez que vi un formulario de declaración que solamente tenía una línea y era como una especie de composición libre que decía “Declare sus intereses” punto. Nada más. Ninguna otra guía para el funcionario.

 

Claramente, cuando la agencia recibía las declaraciones por parte de los funcionarios, había una gran variedad porque algunos habían sido muy detallados, incluían todos sus intereses, el valor de sus intereses, en dónde estaban ubicados, un gran nivel de detalle, y otros funcionarios que, y esta es una historia verídica, que decían: “Tengo intereses agropecuarios”, punto. Esa era toda la declaración del funcionario.

 

Por supuesto, no eran correctas, porque el funcionario no especificaba lo que se necesitaba.

 

Acá en esta gráfica que probablemente no pueden ver muy bien, no sé si se lean los números. Nosotros lo que hicimos fue recolectar todos los formularios de declaración de los países que tienen sistema de declaración. Estos fueron alrededor de 161, que pudimos ver que eran los formularios de declaración y los comparamos, los comparamos en tres categorías.

 

Y ahí lo que está señalado son las categorías más comunes en Latinoamérica. Y lo que estos números muestran es que todas las categorías de información que tienen relación directa con el patrimonio del funcionario son mucho más comunes que aquellas que tienen que ver con los intereses del funcionario.

 

Y esto tiene la lógica, no porque los intereses sean menos importantes, todo lo contrario, sino lo que nos está mostrando es que los países hasta ahora han tenido muchas más dificultades y desafíos en la implementación en los sistemas de conflicto de interés y, por ende, esta información es menos solicitada.

 

De nuevo, esto no es reflejo de su importancia sino una foto de lo que sucede actualmente.

 

Ahora, si ustedes ven en el caso de los países de la OCDE de alto ingreso, es más común que haya sistemas enfocados en conflicto de interés y, por ende, el porcentaje de solicitar información sobre intereses o sobre pertenencia al sector privado y acciones, es mucho más.

 

Ahora, hay algo que es fundamental tener en cuenta. No solamente qué información se le solicita al funcionario sino también cómo se solicita.

 

Como yo les comentaba en esta anécdota de este país, que no voy a decir cuál es, que tenía este formulario tan amplio de declaración.

 

Es importante solicitar algún nivel de detalle que nos facilite el análisis de la información, que al final del día si nosotros recibimos estas declaraciones y las declaraciones quedan guardadas con un sello en el cajón, por decirlo de alguna manera o en alguna caja de seguridad, el funcionario realmente, la parte de prevención, la parte de mandar un mensaje a la ciudadanía del funcionario, estas declaraciones se están utilizando para realmente monitorear el sistema, ese rol nos e cumple.

 

Entonces, es muy importante poder analizar la información y para eso tenemos que solicitar la información de la manera correcta. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que el 90 por ciento de los países de la OCDE pide información sobre las acciones que tiene que hacer y sin embargo no es de la misma manera.

 

La mitad sirve el valor y el valor de las acciones y el nombre de la compañía donde se tienen esas acciones y se tiene el valor al solicitar la información y por ende la capacidad de análisis de un país frente al otro, en función de la cantidad de información que está solicitando, es muy distinta.

 

Espero compartir este dato con ustedes, hay una foto muy clara de lo que sucede con el sistema. Como les decía, 161 países tienen sistemas de declaraciones de intereses y patrimonio. Ahora, tan sólo la mitad de esos países hacen que las declaraciones sean públicas, de acceso público para la ciudadanía y el porcentaje baja a un 50 por ciento.

 

Y cuando necesitamos ese dato, es la verificación, el análisis de la información que está contenida en las declaraciones, el porcentaje baja aún más y nosotros ahí los separamos, uno está con el colorado y el otro está en azul; los que están en colorado son aquellos sistemas que por ley tienen que hacer algún tipo de verificación, de análisis rutinario, sin que haya una causal, simplemente por rutina se analiza un porcentaje, porque no pueden ser todas, pero un porcentaje de las declaraciones se tienen que analizar rutinariamente.

 

Y lo que vemos en azul es la cantidad de países que solamente hacen análisis cuando hay una denuncia o cuando hay algún tipo de disparador que lleve al análisis de esa información.

 

Entonces, lo que podemos ver es cómo muchos países tienen ley, pero sin embargo cuando empezamos a analizar los porcentajes bajan enormemente.

 

Lo que les quería mostrar son las distribuciones regionales en términos de información, En el caos de Latinoamérica solamente en 30 por ciento de los países por ley determinan que las declaraciones de patrimonio e intereses tienen que ser accesibles a la ciudadanía y creo que aquí lo que es fundamental también de destacar, que no solamente que la ley diga si las declaraciones son públicas o no son públicas.

 

Conocemos muchos casos de países en donde si bien las declaraciones son públicas, es muy difícil obtener o para obtenerlo hay que pasar por muchos requisitos o la información que se obtiene es tan sólo un resumen muy escueto de lo que ese funcionario ha declarado.

 

Entonces, no solamente pensar en si la ley nos determina que estas declaraciones van a ser públicas, sino también cómo se van a hacer públicas, o sea, cuán accesibles van a ser y si qué cantidad de información se va a hacer pública.

 

Y ahí me encontré un gran debate, de los más intensos que uno puede ver, pues obviamente entran en juego argumentos muy válidos de privacidad, seguridad, etcétera.

 

Entonces, siempre con ese principio de transparencia, el debate sobre cuán accesibles van a ser y cuánta información se provee es realmente fundamental.

 

Para ir analizando, les quería contar un poco cuáles son las tendencias que nosotros observamos en lo que es la implementación de los sistemas de declaración de patrimonio e intereses.

Actualmente lo que vemos es una gran ola por fortalecer la implementación de los sistemas existentes, tratar de lograr efectividad, impacto, que realmente la ciudadanía sienta que estos sistemas tienen un propósito y sirven a un objetivo y lo están logrando.

 

Nosotros creemos que dentro de nuestro estudio lo que hemos visto es que en muchos países los sistemas de declaración han sido subutilizados de alguna manera, subestimados y subutilizados y creemos que ahora los países están tomando conciencia de eso y están reformando para poder lograr a sacarles, como decimos en Argentina, no sé si en México es igual, sacarle más el jugo a esta información.

 

Si de por otro lado el uso de la tecnología, actualmente sobre todo para que los funcionarios puedan presentar su declaración electrónicamente, bueno (falla de transmisión)… entre lo que dice la letra, la ley y la práctica, aumentar el intercambio de información con otras agencias nacionales.

 

Creo que otro de los colegas también hablaba de esto de la dificultad para acceder a la información y poder ver si realmente lo que el funcionario declaró es cierto o no, si se corresponde con lo que existe, con la información que se corresponde en otras agencias y sobre todo lo que haya de exploración de las sinergias con otros actores anticorrupción.

 

Nosotros creemos que la declaración de patrimonio es más allá de comentar la (falla de transmisión)… pueden llegar a ser de una utilidad enorme para el recupero de activos, para la implementación de los sistemas (falla de transmisión)…

 

Entonces creemos que hay una mina de información muy rica que pueden llegare a verse a través de los sistemas de declaración de patrimonio de intereses.

 

Mirando hacia adelante lo que vemos (falla de transmisión)… que se están dando actualmente a nivel internacional es la cooperación internacional.

 

Muchos funcionarios ya tienen bienes en el extranjero, o intereses en el extranjero, empresas, etcétera, entonces cómo podemos tener cooperación internacional para realmente poder tener más información, mayor uso de tecnología no solamente para presentar las declaraciones sino también para hacerlas públicas, parta poder verificar el contenido y continuar explorando estas sinergias con otros actores anticorrupción.

 

Entonces lo que estamos viendo ahora es que ha habido una toma de conciencia muy grande que las declaraciones pueden ser una herramienta mucho más útil y relevante en la labor anticorrupción.

 

Estos son algunos de los recursos que tenemos dentro de nuestro trabajo a nivel mundial, es una biblioteca legal con la legislación de estos 176 países que analizamos y estas son algunas de nuestras publicaciones.

 

La que está en blanco es que está por salir ahora en uno o dos meses, que va a estar por supuesto disponible en Internet en cuanto se publique.

 

Disculpen que hable muy rápido pero que ya puedo mostrarles un poco esta foto y ya quedo a su disposición para cualquier pregunta.

 

Muchas gracias.

 

JAVIER SOLÓRZANO: Muchas gracias Ivanna.

 

Te mandamos el aplauso, pasando por Argentina, para que veas.

 

Gracias.

 

Miren: yo creo que son muchas las preguntas.

 

Si a ustedes les parece, voy a leerlas y debido a que hay otra mesa –ya está por acá Mauricio-, si les parece leo las preguntas y damos tiempo para que los participantes den una opinión y vamos inevitablemente cerrando para que demos pie a la otra mesa, que entiendo que por cómo están las cosas, difícilmente todo va a seguir en los tiempos programados originalmente. Creo que da para mucho. Qué bárbaro.

 

Qué problema el del país, ¿no?, que somos buenísimos para proponer pero para hacer seguimiento e instrumentación qué trabajo nos costamos, qué bárbaro, no casualmente.

 

Bueno, a ver: algunas sí están dirigidas en lo particular. Entonces yo les pido, Ivana allá y a ustedes dos aquí, si no les importa, que anoten para que nadie se quede sin haber participado.

 

Para Jacobo: El tema de la cultura en sí misma marca mucho de lo que es todo lo que tiene que ver con la parte pública. No obstante el Sistema Nacional Anticorrupción, bajo este planteamiento no lo considera.

 

¿Podría dar alguna opinión y sobre todo el tema de la ética pública?

 

Javier: ¿De qué manera puede contribuir la alianza para el gobierno abierto, cuyos pilares son la transparencia, rendición de cuentas y a la implementación y consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción?

 

También para Javier: El intercambio de información es fundamental. ¿Qué hace Naciones Unidas para obtener información de los paraísos fiscales y de bancos que lavan dinero y se esconden, se escudan –rectifico- en el Secreto Bancario?

 

¿En qué momento del proyecto y cómo ha sido su participación para lograr la transparencia en el proyecto del SNA, del Sistema Nacional Anticorrupción?

 

Para Javier también: ¿Cumple el marco normativo que laboró y aprobó el Congreso de la Unión, con las expectativas y acuerdos internacionales a los que se suscribió México para la creación de un órgano autónomo independiente.

 

Está interesante eso.

 

Sin duda alguna, la participación ciudadana es muy valiosa en el combate y prevención de la corrupción, la inquietud es la siguiente:

 

¿Qué medidas se plantean para prevenir que el propio Comité de Participación sea afectado por este flagelo?

 

Esta sí habría que ver a quién se la preguntamos, pero a ver:

 

Se recuperó el dinero de Granier, Elba Esther Gordillo; ¿qué se hizo con el dinero del chino?

 

Ya se iba a dividir en tres partes, estaba como en la bóveda de Rico McPato ese dinero, ¿no?

 

¿Moreira se llevó dinero o no? ¿Por qué lo jubilaron o pensionaron?

 

Ahí dejamos ese asunto, que es un clamor más que una pregunta.

 

¿Qué tipos de coordinación hay entre organismos internacionales y nacionales en México? ¿Se está llevando a cabo desde la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Se está incluyendo a los estados del país para que estas leyes hacia lo que se insistió mucho hacia la población?

 

Más allá de las leyes del nuevo SNA, ¿cuáles son los mecanismos que permiten implementar con éxito una política eficaz de combate a la corrupción?

 

¿Cómo se blinda la participación del Comité Ciudadano para que no sucumba a las malas prácticas una vez que interactúe de la mano con las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción? Esto es algo interesante.

 

¿Cómo se articula el SNA en temas de delitos de cuello blanco realizados por empresas trasnacionales?

 

La opinión del Sistema Nacional Anticorrupción bajo esta óptica: que sea más preventivo que correctivo.

 

En relación al principio de que todo servidor público debe declarar aquellos recursos provenientes del Estado, ¿qué pasa con el personal que existe en los diversos entes de la administración pública, que se encuentran sujetos a regímenes de honorarios, pero reciben recursos provenientes del Estado: se tendrá que realizar declaraciones? Ya que este personal no se encuadra en el término de servidor público.

 

¿Se debe sancionar al corrupto, pero también al corruptor y con ello tipificar la alta corrupción integral de manera específica en nuestras leyes? Pero finalmente se deberá sancionar el acuerdo al grado del acto de la corrupción misma.

 

Otras dos finales:

 

¿Por qué autoridades deben de ser participar supervisadas las políticas de integración de las empresas y qué otras acciones pueden llevar a cabo las empresas para evitar en algún acto de corrupción?

 

Creo que todas tienen como un común denominador para la respuesta.

 

Y todo lo expuesto me parece muy bien, ¿pero cuál es la participación de la familia o los padres?

 

Y creo que también esta idea de lo que planteó el presidente de MORENA, de que no iba a servir de nada el sistema; que creo que es algo que ha generado también que los propios que han hecho el sistema son los que van a acabar de funcionarios del sistema, que es un planteamiento que hizo el presidente de MORENA y que me da la impresión de que he escuchado en varios lados, no solamente lo digo en función de esta participación.

 

Nos vamos con Ivanna primero, ¿sí?

 

Ivanna, ¿quieres hacer algunos comentarios sobre las preguntas en general, algo que te parezca relevante para ir cerrando esta mesa?

 

¿Te parece que empecemos contigo, Ivanna?

 

IVANNA ROSSI: Muchas gracias.

 

Sé que muchas de las preguntas tenían que ver con el diseño y la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Por mi parte sé que tenemos poco tiempo, así que el único comentario que quería realizar es que por nuestra parte, desde el Banco Mundial estamos trabajando con el Gobierno Federal en la definición de estos instrumentos, especialmente en todo lo que tiene que ver con integridad y conflicto de interés.

 

Estamos aportando toda nuestra experiencia internacional y las buenas prácticas que conocemos, para poder apoyar a que el Gobierno Federal encuentre el mejor sistema para México. Siempre teniendo en cuenta el contexto mexicano, la cultura mexicana y lo que puede llegar a funcionar mejor y tener más impacto en su contexto.

 

Por mi parte es eso. Si hay alguna otra pregunta para mí en particular, creo que eso es lo que quería además compartir con ustedes.

 

Gracias.

 

Sí, sí te escucho.

 

JAVIER SOLÓRZANO: Déjame preguntarte, la mirada que ustedes tienen, digamos, general del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué opinión les merece en el Banco Mundial?

 

Es un sistema (Inaudible)

 

IVANNA ROSSI: Muchas gracias por tu pregunta.

 

Creo que es un sistema muy interesante. Creemos que es fundamental el hecho de cómo fue el proceso de creación de este sistema, de discusión y de todos los ámbitos que abarca.

 

Definitivamente lo que queremos es acompañar el proceso de implementación de este sistema, que realmente tiene el potencial de generar una diferencia muy grande, marcar un nuevo ejemplo a nivel internacional sobre cómo se debe estructurar un Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Creo que, esto tal vez es una opinión personal, creo que tienen una propuesta muy innovadora y creo que va a ser clave la implementación de este sistema.

 

Por nuestra parte, desde el banco, esto es justamente lo que queremos hacer: Acompañar esa implementación.

 

JAVIER SOLÓRZANO: Gracias, Ivanna.

 

Adelante, ¿te parece, Javier?

 

JAVIER GONZÁLEZ: Gracias. Brevemente, son muchas preguntas, voy a intentar resolver algunas.

 

Realmente sobre la pregunta de los paraísos fiscales y el papel de las Naciones Unidas únicamente comentar que México es parte del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, está alineado a cumplimiento de estándares internacionales en materia de intercambio de información.

 

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción tiene todo un capítulo sobre la recuperación de activos, en esa medida se establecen los acuerdos bilaterales, sobre todo más que multilaterales todavía, para intercambiar información que permitan detectar e identificar estos casos.

 

En cuanto al gobierno abierto, la pregunta sobre la alianza para el gobierno abierto, creo que son iniciativas complementarias. México es parte de los cerca de 70 países que firmaron la alianza para el gobierno abierto. Y hay una serie de indicadores en materia de transparencia y rendición de cuentas, de incorporación de tecnologías de información, y de manera muy notable de participación ciudadana.

 

Creo que ahí hay un vértice de coincidencia entre los principios de la alianza y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Ahí habrá que vincular y nosotros desde Naciones Unidas, que es otra de las preguntas de cómo estamos apoyando la implementación del sistema. Bueno, pues estamos estimulando ejercicios de revisión, de vigilancia, de monitoreo por parte de la sociedad civil en diferentes programas.

 

JAVIER SOLÓRZANO: Permítame, señor.

 

A ver si nos pueden ayudar con el gis que se está metiendo, por favor.

 

JAVIER GONZÁLEZ: Listo. Entonces, el énfasis en la participación ciudadana, creo que es uno de los más grandes desafíos.

 

Cómo se van a identificar e instrumentar explícitamente los mecanismos para proponer, para promover, para denunciar en el marco del sistema determinadas prácticas de corrupción para señalar e identificar también algunas políticas integrales desde el punto de vista preventivo. Eso va a ser muy importante.

 

Y, por último, un último comentario para enfatizar la implementación. Tú comentabas que somos buenos para diseñar leyes, pero después del seguimiento, la implementación se convierten en cuellos de botella.

 

Bueno, ahí hay un libro clásico de Presman y Wildavzky, que habla de la implementación, y ellos señalan la importancia de identificar los puntos de veto y de decisión en la cadena de la implementación de políticas públicas.

 

¿Esto qué quiere decir? Que es importante considerar el actuar del auditor público a la hora de estar practicando subejercicios.

 

Es importante considerar la capacidad que tengan los abogados a la hora de integrar los expedientes de investigación, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal.

 

Va a ser importante también la competencia y la capacidad que tenga que generarse de los jueces, tanto administrativos como penales, para la debida implementación de esta nueva regulación.

 

Entonces, ahí hay una discusión sobre capacidades de servidores públicos, sobre mecanismos establecidos sobre corporaciones, tecnologías de información, que es un desarrollo de mediano plazo que necesariamente tendremos que ingresar y desde luego también la adaptación de las instituciones a las nuevas normas, como decíamos hace un momento, cómo internamente tendrán que reformarse para poder adaptarse adecuadamente a las nuevas disposiciones.

 

PREGUNTA: (Inaudible, falla de audio de origen)…pienso que una de las virtudes evidentes del sistema, tal como fue diseñado, es la vigilancia mutua entre los diferentes actores.

 

Estarán sentados en el comité coordinador la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y también el Comité Ciudadano.

 

Entonces, siento que hay ahí una oportunidad para establecer los controles necesarios para evitar esos riesgos que usted ha señalado.

 

JACOBO GARCÍA VILLARREAL: Gracias.

 

Primero había una pregunta sobre si México cumple con las expectativas. Todo es perfectible, pero sí creemos que definitivamente el resultado de las discusiones fue positivo.

 

Si bien quedan algunos temas pendientes, mencionábamos este de la protección de denunciantes de actos de corrupción, mencionábamos este tema de las declaraciones de intereses, patrimonial, pero sin embargo hay un avance importante en la coordinación y en la distribución de responsabilidades claras entre los diferentes actores que forman el Sistema Nacional Anticorrupción.

 

¿Cómo blindar al Comité Ciudadano?

 

Valga la redundancia, con participación ciudadana. O sea, si esto no se hace seriamente, es importante que toda la sociedad señalemos si hay repartición de cuotas políticas habrá que señalarlo, los medios, la sociedad civil, la academia, las organizaciones internacionales, todos tenemos que estar pendientes de que esto salga bien.

 

Aquí nos jugamos el futuro, esta reforma es de las más importantes que se ha llevado a cabo en los últimos años. Entonces, si los políticos no están a la altura, tendremos que señalarlo todos.

 

Nosotros hemos estado participando en el diseño y en el planteamiento, por medio de diferentes ejercicios, con por ejemplo la Secretaría de la Función Pública.

Estamos haciendo algo que llamamos un estudio de las políticas de integridad del país, que se presenta yo creo que en enero y donde hacemos un benchmark de las prácticas mexicanas contra la experiencia internacional.

 

Justo la semana pasada nuestro secretario general, el doctor Gurría, presentó el resultado de un estudio sobre la gobernanza del Sistema Nacional de Fiscalización.

 

Estamos trabajando también con diferentes estados de la República, con Nuevo león, con Coahuila, con la Ciudad de México, en generar también estos benchmark, estas comparaciones y recomendaciones y generando incentivos para que las reformas bajen al nivel local y en el tema de compras públicas también estamos trabajando en diferentes sectores.

 

En el sector salud, por ejemplo, justo la semana pasada establecimos un convenio de trabajo con el Seguro Social, donde ya habíamos venido trabajando y donde la consolidación de las compras públicas y de integridad en las mismas ha generado roses importantísimos con PEMEX, ya mencionaba que en enero presentamos un estudio con el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

 

Algunas otras preguntas, bueno, se hablaba del tema de la cultura, como uno de los pilares, la cultura de integridad como uno de los pilares de la recomendación de la OCDE sobre la integridad pública.

 

Al hablar de cultura de integridad nos referimos a cómo el funcionario y las instituciones tienen protocolos casi automáticos para prevenir y atender problemas, por ejemplo, de conflicto de interés.

No nos referimos a la idiosincrasia de un pueblo. Se ha hablado y ha habido esta discusión en los medios de si la corrupción es un tema cultural, nosotros creemos que no, que es un tema de sistemas, de incentivos.

 

Las mejores prácticas internacionales, por ejemplo, hay modelos donde en Canadá, por ejemplo, se parte de un modelo donde se considera que el 10 por ciento de los funcionarios se les llama “ángeles”, que no importan los incentivos, no importan los controles, nunca van a caer en actos de corrupción.

 

El 10 por ciento se les llama “diablos”, no importa cuánto control le tengas, siempre van a buscar la manera de incurrir o de sacar un beneficio personal.

 

Y el 80 por ciento depende de los incentivos. Es decir, si hay buenos controles internos, si hay capacidades de auditoría, si hay profesionalización de los servidores públicos, bueno, esos 80 por ciento no van a caer en actos de corrupción y viceversa, si no lo hay, si los controles internos son débiles, si no hay auditoría, si no hay patrones de carrera para los funcionarios públicos, la probabilidad que esos 80 por ciento de los funcionarios caigan en actos de corrupción pues es mucho mayor, si no hay sanciones, por ejemplo, pues también.

 

Finalmente mencionarles también que esto es algo importante que las organizaciones internacionales hemos estado y estamos en contacto permanente para coordinarnos y para tratar de generar el mayor valor para el Gobierno Mexicano en las recomendaciones y en los consejos que damos.

 

Si bien es una consulta y una coordinación tanto informal pero sí hemos identificado de manera importante sinergias y oportunidades para evitar la duplicación y para sumar fuerzas en este trabajo que estamos haciendo.

 

Yo me quedo con este paso importante que hemos dado en México con la participación de la sociedad civil y llamar a los diferentes actores sociales a que estemos pendientes y a que los funcionarios públicos y los políticos sepan que todos los estamos observando.

 

 

JAVIER SOLÓRZANO: Gracias.

 

Un asunto último: Yo creo que sabemos bien que el hecho de que la 3de3 no haya venido como vino al final generó, me atrevo a utilizar una palabra, un cierto desazón, siendo que la revisión particular del sistema, escuchando a senadores, a especialistas, acaba siendo al fin y al cabo un sistema suficientemente fuerte.

 

Pero les pregunto: ¿Qué quitó al sistema el que no viniera esa propuesta de más de 600 mil ciudadanos del famoso 3de3?

 

Si quieren para cerrar, en breve que nos digan algo sobre eso.

 

JACOBO CARGÍA VILLARREAL: Como decía en mi intervención:

 

Me parece importante que exista la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a esta información.

 

Pero me parece también muy, muy importante ver qué utilidad tienen esas declaraciones, porque si se quedan en un archivo entonces la verdad no sirven para nada.

 

La utilidad que debe tener es que debemos de tener un protocolo, un enfoque, un mecanismo de auditoría, de seguimiento de esas declaraciones que puede ser por ejemplo en base a riesgos, a la actividad de los funcionarios, en base a sus percepciones, en base a sus posición a riesgos y cruzar información de diferentes fuentes, información de inteligencia financiera, de información fiscal, información bancaria. Que como les digo esto existe, no es algo que me estoy de Marte; no, esto existe en el mundo, se puede hacer, sí requiere ciertos recursos, ciertas capacidades que hay que desarrollar, pero las tecnologías para hacerlo existen.

 

Entonces, creo que esa es la parte más importante sobre la que tenemos que trabajar en el tema de seguimiento de las declaraciones y que éstas redunden, estar evaluando hasta qué punto redundan en sanciones y en identificar situaciones de enriquecimiento ilícito.

 

Si logramos eso, estamos avanzando. Si no lo logramos, nos quedamos muy cortos.

 

JAVIER GONZÁLEZ: De acuerdo, creo que la 3 De 3 es un avance importantísimo, es un pilar del sistema; además de la modificación de otras leyes que se realizaron al amparo del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Creo que para potenciar la utilidad de la que habla Jacobo y también en el marco internacional que Ivanna nos expuso, es importante pasar desde la simple disponibilidad de información, la simple disponibilidad pública, hacia mecanismos muy puntuales para poder identificar con alertas tempranas riesgos de enriquecimiento ilícito, para poder identificar también vulnerabilidades en cuanto a conflicto de interés.

 

Entonces, la potenciación de la toma de decisiones a partir de la disponibilidad de la información, es la consolidación institucional que tenemos que hacer; y eso pasa por el diseño de procesos, pero también por incorporación de tecnologías de información.

 

JAVIER SOLÓRZANO: Ivanna, muchas gracias. Gracias Ivanna que estuviste con nosotros.

 

IVANNA ROSSI: Sí, muchas gracias a ustedes.

 

JAVIER SOLÓRZANO: Gracias, muchas gracias Javier. Gracias, Jacobo.

 

Muchas gracias a ustedes. Buenos días.