Versión Estenográfica de la comparecencia de la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, ante la Comisión de Justicia, como parte del análisis al IV Informe de Gobierno.
(Primera parte)
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Sean bienvenidos a la reunión de la Comisión de Justicia, con motivo de la comparecencia de la titular de la Procuraduría General de la República.
Sea usted bienvenida a esta comparecencia, a la que se le ha convocado con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno que presentó el señor presidente Enrique Peña Nieto.
Asiste usted en cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 constitucional, por lo que este acto se realiza bajo los principios que establece la relación corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.
Maestra Arely Gómez González, como es de su conocimiento, el artículo 69 constitucional compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia, a informar bajo protesta de decir verdad; en consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente.
Le solicito a la Asamblea ponerse de pie.
Maestra Arely Gómez González, en los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga ante esta Asamblea y ante las preguntas, y en su caso, las réplicas que le formulen las señoras y los señores senadores?
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Sí, protesto.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: De no cumplir con el compromiso que asume ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos que haya lugar.
Muchas gracias.
Señora procuradora, tiene usted el uso de la palabra para informar del estado general que guarda su dependencia, en el momento en que usted considere necesario.
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Con su venia, señor presidente.
Señoras senadoras y señores senadores, les saludo con respeto y afecto. Particularmente a la Comisión de Justicia, a su presidente, senador Fernando Yunes Márquez; y a las secretarias, senadora Ivonne Liliana Álvarez García y Angélica de la Peña Gómez.
Es un honor comparecer ante ustedes en este recinto, del que por obvias razones aún me siento parte, y cuyos compromisos con México hago míos desde el encargo que hoy encabezo.
La presencia de distintas fuerzas políticas es muestra palpable de que el rasgo que caracteriza a esta soberanía es su enriquecedora pluralidad y la capacidad de lograr consensos entre las distintas fracciones parlamentarias; incluida desde luego la señora legisladora independiente.
Contar con su asistencia en el cumplimiento del deber que me impone el artículo 69 de la Constitución, enaltece este ejercicio de rendición de cuentas.
Hace poco más de año y medio, a propuesta del señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, ustedes escucharon mi proyecto, analizaron mis credenciales profesionales, aprobaron el plan de acción que puse a su consideración y me hicieron depositaria de su confianza para dirigir una de las instituciones fundamentales del Estado Mexicano.
Nuevamente agradezco su confianza y les reitero mi compromiso absoluto con esta encomienda.
El modelo constitucional de combate a la delincuencia, prevé un esquema de estrecha coordinación entre las distintas dependencias y los tres órdenes de Gobierno, que fija puntualmente los tramos de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los actores institucionales.
A la Procuraduría General de la República le concierne la investigación y persecución de los delitos; así como la protección de los derechos de las víctimas y de los inculpados en todas las etapas del procedimiento penal.
En esta importante encomienda, durante el último año hemos dado continuidad a los ejes que desde el inicio han guiado mi gestión, en congruencia con el proyecto de gobierno que encabeza el Presidente de la República.
Son los motores de cambio que impulsan las labores diarias de las más de 20 mil personas que forman parte de la Procuraduría General de la República, y que han dado como resultado acciones concretas que incorporan al quehacer institucional los principios que guían la procuración de justicia en México.
Durante el periodo que se informa, el trabajo de la Procuraduría General de la República puede narrarse en tres grandes rubros que engloban sus principales acciones y logros.
En primer lugar, la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En los últimos diez años, el sistema jurídico mexicano ha experimentado una profunda renovación que ha revitalizado la fuerza normativa del proyecto democrático de nuestro país.
Como resultado de este proceso de transformación jurídica, en 2008 se vivió la reforma penal más importante en un siglo, que hizo transitar a nuestro sistema de justicia de un modelo mixto a un modelo acusatorio.
Por lo que hace a las obligaciones constitucionales y legales de la Procuraduría General de la República, el 18 de junio del 2016 se alcanzó el 100 por ciento en el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal.
Uno de los propósitos de la reforma, es precisamente la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que a partir de este año se consolida.
Esto se traduce en un modelo de justicia más ágil en favor de la población que busca que el daño que le fue causado sea reparado.
Este esquema coloca en el centro de la procuración de justicia a los derechos humanos de la víctima, así como el aseguramiento del debido proceso para los inculpados.
Esquemas de solución alternativa de controversias, la obligación del juez de estar presente en las audiencias y la protección constitucional de la presunción de inocencia, se traducen en beneficios concretos para la sociedad.
En este sentido, les informo que en los asuntos atendidos bajo el Sistema Penal Acusatorio se ha incrementado considerablemente la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias; las suspensiones condicionales del proceso y los procedimientos abreviados.
Asimismo, se obtuvo el pago de 39 millones de pesos por concepto de reparación del daño en favor de las víctimas.
La eficacia en la procuración de justicia demanda un sólido entramado normativo que siente las bases, las reglas y los principios para atender a las víctimas del delito y asegurar sus derechos humanos, incluyendo el de acceso a la justicia.
Por ello, reconozco el arduo trabajo que todas y todos los senadores han realizado en la tarea de dar contenido normativo a las reformas constitucionales en materia penal. Siempre colocando en el centro de las mismas a las personas y a la protección de sus derechos.
Con normas, como la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la llamada “miscelánea penal”, publicadas en junio de este año, la sociedad cuenta con un orden jurídico robusto que crea condiciones propicias para consolidar el sistema acusatorio.
No obstante la armonización, resulta insuficiente si ésta se mantiene sólo en el ámbito de la legislación.
Estoy convencida de que es un requerimiento fundamental contar con servidores públicos preparados para dar respuesta a los retos y demandas que el renovado sistema penal entraña.
En ese sentido, emprendimos una intensa campaña de capacitación y formación a los operadores de la procuración de justicia federal.
Hasta agosto de 2016, hemos desarrollado 866 actividades académicas presenciales y en línea, enfocadas en la consolidación del sistema.
En la misma se contó con la participación de 4 mil 966 agentes del ministerio público de la Federación, 4 mil 100 de la policía federal ministerial, 2 mil 444 peritos y 8 mil 576 servidores públicos de las áreas administrativas.
Con la finalidad de asegurar espacios físicos apropiados que contribuyan a la eficacia y eficiencia en la labor de los operadores del sistema penal, se crearon e instalaron 56 salas de mando ministerial en las 32 delegaciones estatales.
Las salas de mando facilitan la planeación, análisis y evaluación del desarrollo de las investigaciones al ser los espacios que reúnen a quienes intervienen en ellas.
Esta innovación busca asegurar una procuración de justicia eficaz a las víctimas del delito a través de la cooperación permanente entre los distintos órganos y actores del proceso: agentes del ministerio público, policías ministeriales, analistas de la información y personal pericial.
El acceso a la justicia en todas sus instancias, incluyendo la procuración, requiere de personal profesionalizado así como de una estructura sustentada en el mérito y en la trayectoria.
En la Procuraduría General de la República, estos propósitos se ven reflejados a partir de un servicio de carrera, basado en la evaluación objetiva de conocimientos y experiencia profesional.
Producto de ello, desde agosto de 2015, ascendieron 276 agentes del ministerio público de la Federación y 448 de la policía federal ministerial.
Actualmente se encuentra en proceso dos convocatorias que someten a concurso 300 plazas nuevas bajo los más altos estándares posibles.
Es importante señalar que desde hace 12 años no se realizaban ejercicios de esta naturaleza.
Entiendo perfectamente que no podremos consolidar el sistema penal acusatorio si no generamos un diagnóstico confiable que nos permita identificar los retos y desafíos que el nuevo sistema penal presenta.
Es por ello que he instruido a mis colaboradores implementar un sistema de evaluación honesto, eficiente, pero sobre todo independiente, que permita a la Procuraduría identificar áreas de oportunidad con el objetivo de lograr una adecuada consolidación del Sistema Penal Acusatorio a nivel federal.
Aún tenemos camino por recorrer en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
La experiencia de otros países que han hecho esta transformación jurídico-penal, nos demuestra que este sistema es perfectible.
Ustedes y nosotros, haremos que funcione.
Un segundo logro es el desarrollo de acciones y políticas en materia de protección, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos que ocupa un papel central en la toma de decisiones de la Procuraduría General de la República, tanto al interior de la institución como hacia su exterior.
Como medidas para mantener congruencia con los valores que defendemos, llevamos a cabo trabajos de ingeniería institucional que incluyeron la creación de diversas unidades especializadas en diferentes campos.
En este tenor, se crearon entre el 2015 y el 2016 las unidades de Igualdad de Género, de Ética y Derechos Humanos, y de Investigación de Delitos de Personas Migrantes, y de Tortura. Asimismo, publicamos la política de igualdad laboral y no discriminación con perspectiva de género; porque sólo al defender estos principios al interior de la Procuraduría, podrán proyectarse al exterior en el contacto con la ciudadanía.
Los derechos humanos se protegen con acciones concretas, así como mediante el abandono de prácticas que constituyen trasgresiones a los mismos. Para permear estos propósitos, desde la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual me honro en presidir, impulsé la aprobación de protocolos homologados para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y de tortura; publicados el 23 de septiembre de 2015.
Actualmente estamos difundiendo y capacitando a las y los servidores públicos en todas las procuradurías y fiscalías del país.
En materia de arraigo, esta medida preventiva se redujo en 98 por ciento, mientras que en 2012 se privó de la libertad a 1641 personas por esta medida; en lo que va de 2016 se ha aplicado solamente a 25 probables responsables. El arraigo tiene que ser la excepción, no la regla; en otros tiempos se arraigaba para investigar: hoy se investiga antes de arraigar.
Igualmente, el número de testigos colaboradores, mejor conocidos como testigos protegidos; disminuyó un 94 por ciento, mientras que en 2012 dicho programa contaba con 66 personas, actualmente lo conforman sólo 10.
Esta disminución responde a la instrucción que he dado para que las acusaciones del Ministerio Público ahora se basan principalmente en la prueba científica y no en las testimoniales.
Finalmente, el tercer logro consiste en el avance que hemos alcanzado para hacer de la Procuraduría General de la República, una institución transparente. La transparencia y la rendición de cuentas son dos de las causas que he abrazado a lo largo de mi carrera; por consiguiente, son prioridades para mi administración y para cada miembro del equipo de la Procuraduría General de la República.
El 1 de marzo de este año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, otorgó a la Procuraduría General de la República el reconocimiento como institución cien por ciento capacitada en materia del nuevo marco normativo que rige la transparencia en México.
Dos meses después, procedimos a la instalación del Comité de Transparencia y con ello nos constituimos como la primera institución en dar formal cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Estos avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, deben acompañarse por un diálogo franco y continuo con la sociedad. En este contexto, contamos con herramientas innovadores de difusión que acercan a la ciudadanía con el actuar de la Procuraduría.
Es el caso, por ejemplo, del sistema de consulta de detenidos, que hace dos semanas recibió mención especial en el Premio a la Innovación, a la Transparencia, que da el Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dicho sistema también fue reconocido por diversas dependencias públicas y sociales, como una buena práctica gubernamental.
Se trata de una herramienta de alta incidencia social que anuncié ante ustedes el año pasado, y que en la actualidad tiene un promedio diario de 321 consultas diarias.
Antes de su implementación, sólo el 16 por ciento de las detenciones se registraba dentro de las primeras 48 horas posteriores a la puesta a disposición, por lo que era poco probable que existiera información rápida y consultable sobre una persona detenida.
Ahora, el 96 por ciento de los registros se realiza en el periodo de tiempo señalado, por lo que la información puede ser consultada prácticamente en tiempo real.
Con este sistema, se transparentan las actuaciones de las autoridades, reduciendo pasos a la corrupción y otorgándole a la ciudadanía una herramienta eficaz.
Ahora bien, como lo reconoce el prefacio de la declaración de Naciones Unidas contra la Corrupción, esta es una práctica de consecuencias corrosivas para la sociedad, que socaba la democracia y el Estado de derecho.
Es importante combatir la corrupción, tanto como lo es promover una cultura de transparencia en la gestión pública.
Desde el comienzo de mi encargo, se han iniciado 2 mil 358 expedientes en nuestra Área de Control Interno, derivados de probables conductas irregulares desde el punto de vista administrativo; lo que representa un incremento de 48 por ciento en la investigación en comparación con el promedio mensual de expedientes iniciados en años previos.
Asimismo, en el periodo que va del 1º de septiembre del 2015 al 30 de junio de 2016, se consignaron 156 averiguaciones previas por la comisión de conductas posiblemente constitutivas de un delito por parte de servidores públicos de la institución, y se ejerció acción penal contra 209 personas.
En México no habrá circunstancia alguna que haga que la institución a mi cargo claudique en su búsqueda por cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución.
Esta voluntad de transparencia y rendición de cuentas, resulta indispensable, cuando tenemos investigaciones abiertas por sucesos que nos han lastimado como sociedad y han dejado a su paso numerosas víctimas directas, indirectas y potenciales, como los dolorosos hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014, que han afligido profundamente a nuestra Nación.
En este caso en particular, les informo que hemos emprendido una investigación exhaustiva, sin precedentes, que a esta fecha comprende 271 tomos e incluye 851 acciones de búsqueda; mil 705 intervenciones periciales; la toma de 951 declaraciones; 135 muestras de ADN; 20 cateos. Ello ha derivado en la consignación de más de 160 personas y más de 120 detenidos.
Ahora bien, la investigación continúa profundizándose. Los hechos de Iguala dieron pie a la investigación penal más amplia, trascendente, exhaustiva, y con el uso de tecnología de punta en la historia de procuración de justicia en México.
A continuación, quiero hacer de su conocimiento tres aspectos de la investigación, desarrollados en los tres últimos meses:
En primer término, en relación con las acciones de búsqueda nos hemos apoyado en herramientas tecnológicas de última generación, como el Sistema LIDAR.
LIDAR permite establecer modelos tridimensionales precisos, con el propósito de generar mapas exactos del relieve del suelo. Lo que permite determinar cambios en la superficie del mismo, que denoten la posible presencia de alguna fosa.
Al día de hoy y en compañía de los representantes legales y forenses de los padres, hemos usado dicha tecnología para ubicar posibles lugares en donde pudieran encontrarse fosas clandestinas.
Esta búsqueda se ha desarrollado en los cuadrantes sugeridos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI.
Cabe señalar sobre el trabajo con el GIEI que al día de hoy se han cumplido el 93 por ciento de las 941 peticiones realizadas por dicho Grupo.
En segundo lugar, se ha profundizado de manera minuciosa sobre la información que brinda el análisis técnico de las redes de telefonía, punto con convergencia con las peticiones formuladas por los padres, que abordan el rastreo de llamadas entrantes, salientes, así como las ubicaciones y desplazamientos de más de 2 mil 300 números telefónicos.
Confío en que pronto tendremos resultados ministeriales a raíz de estos nuevos elementos.
En un tercer apartado se inscriben las acciones que se vienen realizando para ampliar y profundizar la investigación.
Quiero resaltar que estamos explorando todas las líneas de investigación que han sido señaladas por organismos nacionales, por organismos internacionales, así como las que la propia institución determina en función de los resultados de lo que estamos haciendo.
Con tenacidad y todo empeño, estamos buscando la información que dé respuestas a toda duda que hoy pudiera existir, que aclare a plenitud todo lo acontecido y que posibilite llevar ante los tribunales a cualquiera que sea responsable de lo ocurrido a los jóvenes normalistas.
Finalmente quiero enfatizar que la Procuraduría a mi cargo se mantiene atenta al inicio del esquema de seguimiento de las medidas cautelares dictadas por el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 29 de julio.
Senadoras y senadores:
La investigación continúa abierta.
Seguimos concentrando todos nuestros esfuerzos para esclarecer los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Es una deuda con los padres de las víctimas y con la sociedad.
Tengan la certeza de que consideramos todas las líneas de investigación y que hemos escuchado a todas las voces, en especial a las víctimas y a los organismos internacionales.
Asimismo las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fueron aceptadas y se han estado atendiendo en coordinación con esta institución.
Señoras y señores:
La justicia, si no llega a todos, no es justicia. No podemos obviarlo.
Un amplio sector de la población, particularmente entre las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como los migrantes, no cuentan con una tutela jurídica efectiva de sus derechos e intereses.
Debemos redoblar los esfuerzos para asegurar que las puertas de la justicia se mantengan abiertas.
Como lo señala Voltaire: El derecho penal es quizá el más conflictivo de los poderes públicos, considerando el grado de intromisión que demanda en la relación estado-ciudadanía.
Sin embargo, hoy las víctimas del delito tienen de su lado al Estado Mexicano.
Pueden estar seguras de que la acción penal se ejerce con firmeza, pero siempre con la alta responsabilidad que impone el hecho de lo que se encuentra en juego es la libertad.
Desde hace un año y medio hemos atendido sin distensión a quienes han solicitado audiencia y nos hemos propuesto incorporar a las víctimas directas, indirectas y potenciales, a las investigaciones de sus casos.
Amigas y amigos legisladores:
Sin duda, los retos son mayores que los logros, pero nunca más grandes que la voluntad de servir a la sociedad y proteger los derechos humanos de todas y de todos.
Muchas gracias.
SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, señora procuradora.
****** (SIGUE SEGUNDA PARTE) ******