Senado de la República

 Compañeras y compañeros Senadores:
El pasado 3 de marzo de 2011, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República dos iniciativas, una de ellas propone expedir la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; la otra propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La primera fue aprobada en el Pleno del Senado y turnada a la Cámara de Diputados el 5 de abril del 2011.
La segunda fue aprobada en el Pleno del Senado y turnada a la Cámara de Diputados el 12 de abril del  2011. Estas mismas se turnaron a la Comisión Dictaminadora el 7 y 14 de abril del mismo año, respectivamente.
De acuerdo con el numeral 1o y 2o del artículo 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la comisión tiene 90 días a partir de la recepción formal del asunto, y en su caso podrán solicitar una prórroga hasta por 45 días más para presentar el dictamen correspondiente, lo cual no hizo la comisión.
Posteriormente y como lo establece la fracción II del numeral 2 del mismo artículo, una vez que los plazos para que la comisión dictaminara vencieron, el pasado 13 de diciembre estas propuestas fueron presentadas al Pleno de la Colegisladora para emitir la declaratoria de publicidad, de acuerdo al propio artículo 95 del multicitado Reglamento.
Las propuestas deben ser incluidas en el Orden de día para su discusión y votación cuando hayan transcurrido dos sesiones a partir de la declaratoria de publicidad, asimismo tendrán que ser aprobadas por la mayoría absoluta de lo contrario serán desechadas.
Sin embargo, las dos sesiones posteriores a la del día 13 de diciembre fueron las correspondientes al día 15 del mismo mes, como última del primero periodo ordinario de sesiones; y el día 1o de febrero, como primera Sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, aún así en las sesiones correspondientes a los días  7, 9, 14 y 16 del presente mes de febrero, no se han incluido las propuestas en el orden del día para ser discutidas y votadas.
La importancia de estas propuestas que aún no han sido discutidas ni votadas, radica en el fortalecimiento de la regulación sobre servidores públicos para combatir la corrupción, así como en la necesidad de contar con un instrumento jurídico que sancione la corresponsabilidad entre el sector público y privado al momento de realizar actos de corrupción en el campo de las contrataciones públicas.
Es conveniente también establecer la responsabilidad y las sanciones a las que se harán acreedoras las personas por las conductas irregulares previstas en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal y en transacciones comerciales internacionales.
Asimismo, es prioritario establecer sistemas eficaces que faciliten la denuncia de los actos que contravengan los principios que rigen el…

(Sigue 8ª. Parte)
… asimismo, es prioritario establecer sistemas eficaces que feliciten la denuncia de los actos que contravengan los principios que rigen el ejercicio de la función pública.
 
 Adoptar medidas tendientes a proteger a los denunciantes y a cualquier persona que aporte información, para los procedimientos de investigación, auditoría y disciplinarios; así como precisar las obligaciones de los servidores públicos.
 
 Los puntos principales de la propuesta, que expide la Ley Federal de Anticorrupción en contrataciones públicas, contemplan:

 Los actos y procedimientos relativos a concurso, convocatoria  o licitación pública, para el otorgamiento de permisos y concesiones de carácter federal y su prórroga como procedimiento de contratación pública.

 Responde a los compromisos asumidos por el país en términos de las convenciones internacionales anticorrupción y a los objetivos y estrategias definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

 Propone que dicha ley, sea aplicable, respecto de todas las conductas de corrupción que se presenten en toda clase de procedimiento de contratación pública federal.
 
 Plantea, que en las contrataciones públicas de carácter federal, estarán comprendidos los actos previos, los procedimientos de contratación, así como cualquier acto o procedimiento que derive de los mismos; cuando lo realice la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las entidades federativas, municipios y órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, cuando se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, así como los que llevan a cabo los otros poderes de la Unión, los órganos autónomos y los tribunales administrativos.

 Propone un procedimiento de investigación, que permitiría a las autoridades competentes contar con las facultades indispensables para perseguir y sancionar las conductas de corrupción.
 
 En el ámbito privado, se buscar impulsar el establecimiento de mecanismos de autorregulación y de integridad en la práctica de negocios en general.

 Los puntos principales de la propuesta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, contemplan:
 
 Medidas para que las autoridades competentes en materia disciplinaria, puedan allegarse de elementos que les permitan iniciar las investigaciones, que estimen necesarias; que las dependencias y entidades cuenten con las unidades específicas, a las que el público tenga acceso, para cualquier interesado, pueda presentar denuncias por el incumplimiento de la obligaciones de los servidores públicos.

 Englobar dentro de los procedimientos, que instauran las autoridades competentes, para investigar y realizar auditorías a aquellos tendientes a proteger a los denunciantes y personas que aporten información para erradicar el fenómeno de la corrupción.

 Por lo anteriormente expuesto, someto a esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
 
 ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, para que la brevedad, incluya en el orden del día, se discutan y voten las minutas con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción, en contrataciones públicas; y por el que se reforman los artículos 1, fracción IV; 8 fracción XI; 10, 13, 14 fracciones V y VI; 21, 33, 41, 42 y 46; y se adiciona el artículo 10 Bis una fracción VII al artículo 14, y los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, recibidos en esta soberanía, los días 7 y 14 de abril de 2011, respectivamente.
 Es cuanto, señor presidente. (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Muchas gracias.

 Túrnese a la Cámara de Diputados.

 Tiene, ahora, el uso de la tribuna el senador Francisco Alcibiades García Lizardi, a nombre propio y de los senadores Fernando Castro Trenti y Francisco Javier Castellón, miembros de la comisión de Comunicaciones y Transportes, para presentar punto de acuerdo, en torno a los trabajos de la construcción de la Autopista Tepic-Mazatlán.

 -EL C. SENADOR FRANCISCO ALCIBIADES GARCÍA LIZARDI: Con su venia, señor presidente.

 Compañeras y compañeros senadores: El 16 de febrero del año en curso, acudieron con los suscritos de este punto de acuerdo, senador Fernando Castro Trenti, senador Francisco Javier Castellón Fonseca y un servidor, Francisco Alcibiades García Lizardi.
 Los representantes de algunos grupos de campesinos del sur de Sinaloa y del estado de Nayarit, presuntamente afectados en sus terrenos, por la construcción de la Autopista Tepic-Mazatlán, y del libramiento Mazatlán, para argumentar diversas irregularidades, que afectaron sus intereses y el patrimonio de los propietarios de los terrenos, que se encontraban en donde se sitúa dicha vía general de comunicación y que les fueron comprados para realizar las obras mencionadas.

 Los campesinos afectados reclaman: que en la liberación del derecho de vía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Agraria. En los que se señalan: todos los mecanismos que deben de seguirse en la liberación de dichos terrenos.

 Asesores de los campesinos afectados, señalaron: que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugar de ceñirse a lo establecido en la Ley Agraria y sus propios reglamentos, para liberar los terrenos que serían afectados en la construcción de la Autopista Tepic-Mazatlán, buscó la negociación personal con cada uno de los ejidatarios propietarios de las parcelas, que se verían afectadas con dicha construcción, firmando convenios de ocupación previa, y que estos carecen de absoluta validez.

 De conformidad con las disposiciones en materia agraria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debió dar inicio a los trámites señalados en los artículos 60 del Reglamento de la Ley Agraria, en materia de ordenamiento de la propiedad rural, así como de sus incisos 1 y 4, que señalan: --entre  otros requisitos— la  adquisición del compromiso de la promovente de pagar el avalúo que se establezca en las asambleas ejidales, así como también, que quede asentada la constancia de la autorización presupuestal correspondiente para cubrir el pago de los terrenos que vayan afectarse.

 Por ello, por ello los propietarios de los terrenos que se encontraban previa a la obra de construcción de las carreteras señaladas, mencionan, que los contratos elaborados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se ajustaron a lo señalado en el artículo 67, en sus fracciones I, II y III del Reglamento de la Ley Agraria, por lo que, los contratos firmados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, carecen de validez, al no estar debidamente acreditada la personalidad jurídica, de quienes dijeron representar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los actos de las firmas de los convenios.

 Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía, a bien, aprobar de urgente resolución, el siguiente punto de acuerdo:
 
 Primero.- El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, a efecto de que instruyan al subsecretario de Infraestructura, al director de Expropiaciones y al Secretario Técnico del Comité Permanente de Control y Seguimiento, respectivamente, a participar en una mesa de trabajo, en el seno de la comisión de Comunicaciones y Transportes de esta soberanía, con el propósito de aclarar la presunta afectación que han sido objeto ejidatarios por irregularidades y omisiones en el proceso de liberación del derecho de vía; en la licitación de los trabajos de construcción y en la entrega del título de concesión de la Autopista Tepic-Mazatlán, y del Libramiento Mazatlán, con el propósito de establecer las medidas necesarias, que permitan dar solución al problema presentado por los ejidatarios afectados en la construcción de estas obras.

 La mesa de trabajo, tendrá verificativo el día y hora, que la comisión de Comunicaciones y Transportes tenga a bien pactar con los titulares de las dependencias públicas señaladas.

 Segundo.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes…

(SIGUE  9ª. PARTE)
 … segundo, el Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que remita a esta Sobernía a la brevedad y de manera previa a la fecha en que se lleve a cabo la mesa de trabajo que ha quedado indicada en el resolutivo que antecede el expediente completo de la autopista Tepic, Mazatlán, así como el libramiento Mazatlán, incluyendo el título de concesión otorgado a la empresa Inbursa, el proyecto constructivo de las obras, la documentación existente de la liberación del derecho de vía, la licitación para la construcción de la Autopista Tepic, Mazatlán, la licitación para la construcción de libramiento Mazatlán, la licitación para la concesión de la Autopista Tepic, Mazatlán, así como los demás elementos relacionados con el título de concesión y las condiciones del mismo.

 Por lo anterior, rogamos el voto de ustedes a favor para podernos reunir con las autoridades que hemos señalado.

 Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, presidente. (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Gracias. Como lo ha propuesto el iniciante o los iniciantes, pregunte la secretaría a la asamblea si considera de urgente resolución.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo al que acaba de dar lectura el senador Alcibiades García Lizardi, se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

 Las senadoras y los senadores que estén porque se considere de urgente resolución, favor de levantar la mano. (La asamblea asiente)

 Las senadoras y los senadores que estén porque no se considere, favor de levantar la mano. (La asamblea no asiente)

 No se considera de urgente, presidente.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 Ahora tendremos el privilegio, como siempre, de escuchar al señor senador don Pablo Gómez Álvarez, del PRD, para presentar punto de acuerdo que exhorta a suspender toda campaña publicitaria en los medios de comunicación masiva de inmediato y hasta el siguiente de la jornada electoral federal del 1° de julio del 2012.

 -EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente. La antepasada sesión y a instancias del senador González, se aprobó un punto de acuerdo en relación con las próximas elecciones, y hubo un añadido de parte de la bancada del PRI que finalmente también al asamblea aceptó.

 En esa ocasión yo plantee ante esta asamblea que existía un problema adicional a los ya tratados entre en el punto de acuerdo que terminó siento elaborado a la limón por el senador González y por Castro Trenti. ¿Cuál es este?

 Como ustedes saben, porque lo deben recordar, en la reforma electoral tan polémica que ha resultado, como todas por lo demás, esta quizá un poquito más, porque lesionó intereses muy fuertes, pusimos en la Constitución que durante las campañas electorales los entes públicos no deberán hacer propaganda de ningún tipo. Esto también es un ahorro muy grande, porque como todo el tiempo del estado está en manos del IFE durante las campañas electorales, los entes públicos para hacer propaganda tienen que pagar la publicidad en radio y televisión, amén de los periódicos donde siempre se paga.

 Entonces esos cuatro meses son magníficos para el presupuesto, los cuatro meses de campaña. Claro que tenemos un problema, que el dinero que quisieran gastar en medios de comunicación electrónicos los gobiernos, gobierno federal, gobierno de los estados, pues se los gastan en la víspera y entonces aumenta la publicidad de los gobiernos.

 Quiero hacer mención aparte que la publicidad en los periódicos de algunos gobernadores es algo que ya está empezando a molestar mucho a los lectores de todos los diarios, porque es de todos los días.

 Hay gobernadores que compran una gacellita al día y sale su foto, lo que está prohibido por la Constitución.

 Mientras este Senado se digna a aprobar iniciativa sobre publicidad gubernamental, reglamentaria de una reforma constitucional que ya tiene varios años y cuyo transitorio preveía un periodo de 180 días, me parece, para legislar en la materia, y que ya pasaron varios años sin que el Congreso cumpla con las obligaciones que él mismo se impuso y ante la falta de una ley de publicidad gubernamental, vengo a proponer lo que le prometí al senador González. Un punto de acuerdo para exhortar a todos los titulares de los poderes públicos y otros órganos, o sea, gobernadores, presidentes municipales, presidentes de la República, Corte y Congreso, a suspender la propaganda en esta fase en la que estamos, antes de que entre en operación la prohibición que ya está en la Constitución y en la ley.

 Entonces, el punto de acuerdo dice:

 “El Senado de la República exhorta a los titulares de los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, a suspender toda campaña publicitaria en los medios de comunicación masiva de inmediato y hasta el día siguiente de la jornada electoral federal del 1° de julio de 2012”.

 Como son medios de comunicación masiva, las páginas de Internet no están incluidas, eso está clarísimo ¿no? Tampoco las declaraciones de prensa, que no son campañas, tampoco las conferencias de prensa o lo que es de la actividad normal de las instancias de gobierno. Solamente los medios de comunicación masivos.

 Esto es lo que yo les propongo que hagamos en este momento, acompañando esta propuesta de punto de acuerdo con la idea de que a través del secretario de Gobernación pudiera el Ejecutivo exhortar a ponerse de acuerdo todos los gobernadores y el Ejecutivo Federal para que la cosa fuera pareja, porque no sería conveniente que unos sí estuvieran haciendo propaganda y otros no.

 La verdad es que la propaganda gubernamental ha aumentado en vísperas de que se va a eliminar durante cuatro meses. Entonces, ahorita están duro. Es como aquel que sabe que mañana no va a comer y hoy come más ¿no? Entonces, se están gastando el dinero de los cuatro meses de veda publicitaria ahora. Y yo creo que eso no es correcto.

 Yo pienso que el Senado se equivocó cuando hizo la reforma electoral, porque pudo haber dicho que desde las precampañas para delante había veda, porque en las precampañas no hay tiempo oficial para gobierno ni entes públicos. Entonces todo fue pagado.

 Todos los spots que oían de varios gobiernos y publicidad en los periódicos durante las precampañas, no eran en tiempos oficiales, era pagado. Entonces, esto no está bien, es inconveniente.

 Yo los exhorto a que por lo menos, no podemos en este momento enmendar el error, pero por lo menos admitiendo que hemos cometido ese error, por lo menos yo lo admito y los invito a ustedes también a reflexionar al respecto, pues ahora no nos queda más que el exhorto, un exhorto político que tiene las mejores intenciones y que representa también un ahorro presupuestal….

(Sigue 10ª parte)
. .. que tiene las mejores intenciones y se representa también un ahorro  presupuestal como elemento nada despreciable de lo que estoy proponiendo.

 Por su atención, muchas gracias, pido, Senador Presidente que consulte a la Asamblea si se acepta a discusión de inmediato la presente proposición, porque ya no tendría caso mandarla a Comisión, porque las Comisión, la Comisión se puede tardar  pues un tiempo y cuando esto ya se ponga en el pleno, pues ya este periodo que es al que nos estamos refiriendo habrá concluido, así es que lo aprobamos hoy y si no se considera de urgente resolución, que sí lo es,  por este motivo es urgente, entonces ciudadano, Senador Presidente, le sugeriría que en ese caso,   -con campanilla o sin ella- se abstenga usted de enviarlo a Comisión porque sería engañarnos a nosotros mismos.
 
 Por su atención, muchas gracias y  por la campanilla también.

 -EL C. PRESIDENTE  ARROYO VIEYRA:  Gracias a usted.

 Obsequie, por favor, la petición del Senador Gómez, señora Secretaria.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

 -Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente)

 -Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea no asiente

 -No se considera de urgente resolución.

 -EL C. PRESIDENTE  ARROYO VIEYRA: Pues tengo la obligación de turnarlo a la Comisión de Gobernación, aún y cuando o lo quiere retirar usted, Senador Pablo Gómez.

 -EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ (Desde su escaño): Ante el rechazo  del PRI y el PAN por evidentes razones, retiro la proposición, porque sería un fraude completo turnarlo a Comisión.  Gracias.
 -EL C. PRESIDENTE  ARROYO VIEYRA: A petición del proponente se retira  el opúsculo.

 En seguida se concede el uso de la tribuna a la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Verde, para presentar un Punto de Acuerdo relativo a la inclusión del Seguro Popular del Tratamiento de la Fibrosis Quística.

 -LA C. SENADORA LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS: Gracias Presidente.

 Honorable Asamblea:
La Fibrosis Quística,  FQ, es una de las enfermedades genéticas más graves y frecuentes en niños, la cual sin un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, muchas veces lleva a la muerte en etapas tempranas de la vida.
Según la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, A.C. esta  enfermedad afecta los pulmones, al sistema digestivo y las glándulas del sudoripas  y otras, y cada niño que nace con FQ se enfrenta a una enfermedad hereditaria que empieza en el momento de la concepción, porque los síntomas que padecen conforme aumenta la edad del niño o la niña  y la edad de éstos varían de una persona a otra.
Para que un niño nazca con FQ es necesario que ambos padres sean portadores de la enfermedad, y al  ser portadores  de este  gene de Fibrosis Quística  significa, que  puede transmitir la enfermedad, aunque no  padecerla.  Y Se considera que 1 de cada 60 personas en México es portadora del gene de Fibrosis Quística.
Esta  enfermedad es muy compleja y no existe hoy en  día una curación definitiva. Sin embargo, bueno sabemos que cada año mejoran las  nuevas formas de tratamiento, que permiten precisamente  al paciente un desarrollo adecuado y la posibilidad de llegar a una vida adulta plena y productiva, tan normal como la de cualquier individuo, siempre y cuando la enfermedad sea detectada a tiempo y se esté en tratamiento de por vida.
En México alrededor de 400 niños nacen cada año con esta enfermedad,  Fibrosis Quística, sin embargo, con los recursos de infraestructura actuales, solamente el 15% de ellos son diagnosticados con vida, el resto fallece antes de cumplir los 4 años de edad por complicaciones respiratorias y desnutrición.
Se cree que existen actualmente en México alrededor de 6,000 niños con Fibrosis Quística los cuales no tienen acceso a un tratamiento especializado.
El tratamiento del paciente con Fibrosis Quística debe ser multidisciplinario y para toda la vida, representando pues muchas veces difícil de atender,  la mayoría de las familias que no cuentan con servicios de salud o seguridad social.
Actualmente el laboratorio de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística es el único en México que cumple con las normas y regulaciones internacionales  para diagnosticar el FQ.
No existe en México un Centro de Fibrosis Quística donde se integre un equipo de especialistas y la infraestructura necesaria para el manejo integral del paciente con Fibrosis Quística.
Con los recursos e infraestructura actuales los pacientes alcanzan en promedio de vida de 17 años.
Al respecto, es necesario unir fuerzas para incidir en políticas públicas haciendo un llamado a las autoridades en Salud, para que presten atención a la urgente necesidad de apoyar patologías de alto costo para la salud y el bolsillo del paciente y su familia.
Pero si bien en  el Seguro Popular ha sido una gran iniciativa para empezar a ser equitativo en la garantía al derecho a la salud para todos los mexicanos, aún necesita perfeccionarse e incluir otras enfermedades y patologías en el Fondo de Gastos Catastróficos. Ya que la información que recibe la población a través de los spots del Sector Salud sobre el Seguro Popular dan a entender que toda la población mexicana cuenta con cobertura universal de salud. Esta no es una realidad para las enfermedades que no entran en el rubro de gastos catastróficos, debido al alto costo de su tratamiento.
Es necesario luchar por un tratamiento en tiempo y forma para todos los mexicanos, exigiendo se escuche la voz de todos los pacientes cuyas patologías no están incluidas en el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular garantizando de esta manera el derecho a la protección de la salud.
Debido a que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es parte del Sistema de Protección Social en Salud, y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que precisamente no cuentan con Seguridad Social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud,  consideramos someter a su  consideración de esta Soberanía exhortar a la Secretaría de Salud para que  incluya dentro del Fondo de Gastos Catastróficos, el Seguro Popular la Fibrosis Quística como una enfermedad patológica de alto costo, garantizando de esta manera el derecho a la protección de la salud y del bolsillo del paciente y su familia.
 Finalmente, señor Presidente,  y atentamente solicitamos que el presente Punto de Acuerdo se solicite se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, por su atención, muchas gracias.
 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese a la Comisión de Salud.
 Don Francisco Alcibíades García Lizardi tiene el uso de la voz, el Movimiento Ciudadano para presentar Punto de Acuerdo en relación a la responsabilidad del Expresidente Zedillo en la matanza de 47 indígenas en diciembre de 97 de Acteal.
 Perdón, doña Martha Sosa, ¿quiere firmar  con la Senadora Menchaca?
 -LA C. SENADORA MARTHA SOSA GOVEA (Desde su escaño): Sí.
 -EL C. SENADOR FRANCISCO ALCIBIADES GARCIA LIZARDI:  Con su permiso, señor Presidente.
 Compañeras y compañeros senadores, el 22 de diciembre de 1997 ha quedado marcado como una de las fechas más negras, sangrientas y vergonzosas en la historia reciente de nuestro país.
 Ese día, el entonces Presidente Ernesto Zedillo  con acciones y omisiones, propició que 45 indígenas . . .

(Sigue 11ª parte)
... con acciones y omisiones, propició que 45 indígenas tzotziles fueran brutal y cobardemente masacrados por un grupo paramilitar del estado de Chiapas.

A casi 15 años de estos crímenes sigue siendo inaceptable e inadmisible el argumento de que, la matanza de Acteal, simple y llanamente se trató de un enfrentamiento entre grupos rivales; menos aún se puede pensar que hubo razones de Estado para el despliegue de la guerra de baja intensidad que promovió y ejecutó el ex presidente en contra de las comunidades chiapanecas, específicamente aquellas que simpatizaban con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En el año 2005, defensores de derechos humanos ingresaron una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por la ineficacia e ineficiencia de las instituciones de justicia en México, se le fincara responsabilidad al Estado mexicano por haber implementado una política de contrainsurgencia en contra de la población civil chiapaneca, en su mayoría indígena. El 1° de noviembre del 2010, la CIDH presentó públicamente el informe No. 146/10, petición 212-05 sobre la Admisibilidad de la Masacre de Acteal.

La CIDH fundamenta que admitió el caso debido a que no se habrían iniciado investigaciones para determinar la responsabilidad intelectual de funcionarios estatales de alto nivel y que persistiría una situación de impunidad, en relación con la masacre, porque no se agotaron las líneas de investigación, para determinar la existencia e implementación de un plan político de contrainsurgencia que habría conllevado a tal masacre.

En agosto de 2009, la Corte ordenó la liberación de 20 indígenas presos por la matanza de Acteal, ya que sus sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República.

El año pasado, la Fiscalía Especializada de Chiapas para la Investigación de Delitos en el Caso Acteal fue contundente al resolver que dada la documentación y la evidencia, la conclusión lógica que se impuso es que hubo responsabilidad penal por omisión impropia, conspirativa, de parte de los gobiernos federal y estatal en esa masacre. Esas responsabilidades no se han deslindado y, por tanto, hay un caso de impunidad en hechos que implican la muerte de 45 personas.

Haciendo caso omiso de todos lo descrito por este crimen de Estado, el gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó ante el gobierno de los Estados Unidos una solicitud para que se otorgue al ex presidente inmunidad diplomática, en relación con la demanda civil interpuesta en septiembre del año pasado, “inmunidad no, impunidad no”.

Hasta el día de hoy, la cancillería no ha expuesto la argumentación jurídica en qué fundamentó tal solicitud.

De acuerdo con versiones periodísticas de fecha 10 de febrero de este año: “El gobierno de México brindará toda la asistencia que requiera el ex presidente Ernesto Zedillo en Estados Unidos ante la denuncia presentada en su contra por el caso de la masacre de Acteal, como ocurre con todos los connacionales que sean sujetos a un proceso en el extranjero”. La secretaría de Relaciones Exteriores omite mencionar y aclarar que Zedillo no es cualquier mexicano, ni se le acusa de un delito menor.

Compañeras y compañeros senadores, es inaplazable el saneamiento de la vida pública del país, así como refrendar cada día la exigencia a las instancias del propio Estado mexicano para que asuman realmente un claro y firme compromiso con la legalidad, con la justicia y con la dignidad de todos los mexicanos.

Con el expediente de Zedillo se abre el juicio de la historia ante la sociedad mexicana, y es menester que se remarquen las evidencias que han salido a la luz pública tras años de lo sucedido en Acteal. Tal como se pronosticó en su tiempo, la Administración de Zedillo se manchó las manos de sangre tzotzil.

El crimen de Acteal será por siempre el martirio histórico de Ernesto Zedillo, éste donde se encuentre.

Como se dice, “el enemigo más terrible de la democracia es la demagogia”, y Zedillo fue un gran demagogo.

Por lo anterior, propongo el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que integre y remita a ésta Soberanía un informe detallado y actualizado sobre el estado de avance que guarda el proceso iniciado por particulares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se señala al Estado mexicano como responsable de los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997, que derivaron en la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, Chiapas; así como de la demanda interpuesta por un grupo de familiares de las víctimas ante una corte de Estados Unidos, en septiembre del año próximo pasado.

Por su atención, gracias, presidente. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Se ha recibido del señor senador Ricardo Monreal, del PT, punto de acuerdo sobre las fugas de reos y asesinatos en los penales de México, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Tiene ahora el uso de la palabra Doña Leticia Jasso, para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a formular nota diplomática a la embajada de los Estados Unidos de América para solicitar la devolución del pago de visa en los casos en que no sea otorgada.

-LA C. SENADORA LETICIA JASSO VALENCIA: Gracias, señor presidente.

Compañeras y compañeros senadores:

Estados Unidos de Norteamérica representa para muchos connacionales el sueño americano, para otros la visita obligada a los familiares establecidos en aquel país y también existen quienes lo ven como destino turístico.

Cualquiera que sea la razón para visitar el país vecino del norte, siendo mexicano o de alguna otra nacionalidad de este continente, es necesario haber obtenido la visa, documento expedido por la autoridad consular norteamericana que permitirá la entrada en los puntos de internación en aquel país.

Evidentemente la demanda de solicitudes para obtener la visa y poder viajar legalmente a los Estados Unidos es enorme. Así es también la recaudación que se genera por los pagos para el trámite de visa en la embajada de ese país en México para únicamente solicitar sin que ello garantice que el documento sea otorgado.

El pago de 1960 constituye sólo uno de los requisitos que la representación del gobierno norteamericano ha implementado por la cuota de solicitud de la visa de no inmigrante.
Cierto es que los consulados en su trabajo cotidiano deben realizar un cobro por los servicios que prestan, incluso México así lo lleva a cabo en sus propias representaciones en los países que requieren visa para ingresar a territorio nacional.

Sin embargo, siendo tan alto el porcentaje de las solicitudes de visa para mexicanos y extranjeros inmigrados en nuestro país, y quedando a discreción del Cónsul la determinación de otorgar o no la visa a los peticionarios habiendo cumplido con los requisitos solicitados, es necesario exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en su calidad de representación emita una nota diplomática a la embajada de los Estados Unidos en nuestro país con el efecto de que se considere la posibilidad de devolver o reembolsar los pagos por la cuota de solicitud a aquellas personas a quienes no les haya sido otorgada.

Lo anterior tiene la finalidad de ayudar y apoyar la economía de los mexicanos que realizan el pago por un trámite que a consideración de los representantes consulares…

(SIGUE 12ª PARTE)
….que realicen el pago por un trámite que a consideración de los representantes consulares  puede ser expedido o no.
Es preciso señalar que de la forma como se devuelven todos y cada uno de los documentos con los que una persona se identifica, también podría ser posible la devolución de su dinero.

Lo cual permitiría que los mexicanos a quienes no les fue otorgada la visa, puedan disponer de su dinero, canalizándolo nuevamente a su economía familiar. Debido a que a fin de cuentas no se obtuvo el beneficio que inicialmente se solicitó.

En la página de la embajada se indica que el pago que se realiza es una “cuota de solicitud” sin especificar si es por el trámite de la visa o por el derecho de entrevista con el Cónsul.

De tal forma que se puede argumentar que el pago es realizado evidentemente con la intención de obtener el documento y se paga por el trámite del documento y no por el derecho de la entrevista con el cónsul, quien finalmente es la persona que determina el otorgamiento de la visa.

En ese tenor, es preciso que la Secretaría de Relaciones Exteriores haciendo uso de sus facultades, exhorte a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica para que habilite la posibilidad de reembolsar y hacer la devolución del pago por la cuota de solicitud en los casos en los que no sea otorgada la visa por el Cónsul a aquellos mexicanos y extranjeros inmigrados en México, con la intención de beneficiar la economía de las familias.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que elabore una Nota Diplomática dirigida a la representación consular de los Estados Unidos de Norteamérica en México, para solicitar la devolución del pago de visa en los casos en que no sea otorgada. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:  Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.
Tiene el uso de la palabra la senadora González Aguilar, a nombre propio y de los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, para presentar punto de acuerdo que exhorta redoblar esfuerzos en la implementación de programas en las escuelas para combatir los problemas de sobrepeso y obesidad, en población infantil.  Senadora Lázara, levántese y hable.

-LA C. SENADORA LAZARA NELLY GONZALEZ AGUILAR: Gracias, presidente.  Compañeros senadores y senadoras.  Hoy en día la obesidad es reconocida internacionalmente como un problema de salud pública ya que desde 1980 se ha duplicado la población con exceso de peso, es así como en el 2008 se calculó que existían 1,500 millones de adultos que sufrían sobrepeso y resultando aún más alarmante que en el mundo haya más de 22 millones de menores de cinco años con problemas de obesidad o sobrepeso,  de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo preocupante es que la población con un índice de masa corporal elevado, es susceptible de contraer enfermedades crónicas cardiovasculares: Diabetes, trastornos en el aparato locomotor, así como la asociación de algunos tipos de cáncer.

La obesidad es considerada ya como pandemia y se ha convertido en el quinto factor de defunción en el mundo. Se calcula que cada año mueren 2.8 millones de personas con consecuencia de esta enfermedad.

Bajo este escenario,la OMS ha implementado una Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, adoptada en mayo de 2004, cuyo objetivo es reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a las dietas mal sanas o dietas mal balanceadas.

 De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 50 por ciento de la población de los países miembros cuenta con obesidad, dentro de los cuales México a partir del 2010 se encuentra en primer lugar con el 69.5 por ciento de sus habitantes afectados.

Profundizando en el estudio de la OCDE encontramos que México es el segundo lugar en obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil.

 Dicha enfermedad también representa un problema económico debido a que repercute en la productividad, ya que estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demostraron que aquellos trabajadores que padecen obesidad tienen el doble de posibilidades de ausentarse de sus labores debido a problemas de salud.

Llama la atención que en los estados de la frontera norte el sobre peso y la obesidad reportan mayor incidencia al registrar el número superior de población con dichas enfermedades, es así como es así como Nuevo León reporta un 71 por ciento, Chihuahua un 72.1, Sonora un 73.2, Baja California un 67.9, Tamaulipas un 73 y Coahuila un 72.1 por ciento, rebasando por mucho la media nacional en sobrepeso y obesidad que es de 32.4 por ciento.

De acuerdo con antropólogos y especialistas en nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el problema de obesidad en la Frontera Norte se debe a que hay un mayor consumo de productos procesados y de comida rápida lo que se asemeja a la condición alimentaria de los Estados Unidos de América, resultando altamente preocupante que el aumento de población infantil con problemas de peso haya incrementado 1.1 por ciento anual y que de acuerdo al censo realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en Coahuila el 26.2 por ciento entre niños y niñas son obesos, en Chihuahua el 26.1, en Baja California el 25.7, en Tamaulipas el 22.7 y Sonora y Nuevo León el 21.8 por ciento.

Ante tal situación, la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos (CSF) detectó en 2008 dentro de sus prioridades la obesidad y como resultado publicó un informe con el objetivo de aumentar la conciencia sobre temas relacionados a la prevalencia, factores de riesgo y consecuencias de salud de la obesidad infantil a lo largo de la Frontera.Por su parte, los gobiernos estatales de la Frontera Norte instalaron programas para mejorar la calidad de vida combatiendo la obesidad.

Baja California, con el plan para combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, Sonora impulsó la estrategia “Para Sonreír Más y Mejor, Mídete, Nútrete y Actívate”; Chihuahua puso en marcha el proyecto “Chihuahua va Perdiendo SobrePeso”; Nuevo León implementó el programa “Salud Para Aprender”, y Tamaulipas programa “Crece Sano”. Todos con el objetivo de crear conciencia de la importancia de buenos hábitos alimenticios y de la actividad física.

Si bien es cierto que tanto el Gobierno Federal como los estatales han implementado programas con el fin de atacar este problema, el panorama aún resulta  preocupante.

Bajo esta tesitura, el lugar que ocupa nuestro país en los indicadores de obesidad a nivel internacional nos obliga a ser responsables, es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno aplicar estrategias y mecanismos que coadyuven a generar  una sociedad saludable.

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaria de Salud rinda un informe detallado sobre los resultados que han tenido a la fecha los programas “Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad” y “5 Pasos por tu Salud para Vivir Mejor” en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Educación Pública, así como a los gobiernos estatales de Baja California, Sonora, Chihuahua…  

(Sigue 13ª. Parte)
. . . . . . . . …….estatales de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a que redoblen  esfuerzos en la implementación de programas en las escuelas que ayuden a la población infantil a combatir problemas de salud como el sobrepeso y la obesidad mediante la difusión y  publicidad de sus causas y efectos.

Tercero.    El Senado exhorta al Titular del Ejecutivo a que a través de la Secretaría de Salud  por medio de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos se presente el reporte sobre la situación actual de la obesidad infantil en la frontera norte.

Cuarto.     El Senado exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría del Trabajo promueva la aplicación de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores mediante una mayor difusión de la misma.

Por su atención, muchas gracias, gracias, Presidente.

(A P L A U S O S)

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ARROYO VIEYRA: Gracias, infórmese a la Comisión de Salud.

Honorable Asamblea: Les ruego un momento de su atención para tener el privilegio a nombre de la Mesa Directiva del Senado de la República, y de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana para darles la bienvenida  nuestro viejo y querido amigo el Diputado Ignacio Salafranca, Presidente del Componente Europeo; a la Diputada Gloria Oqueli, Presidenta del Componente Latinoamericano; al Diputado Elías Carrillo, Presidente de Parlatino; a la Embajadora Mari Ann Conings, Embajadora de la Unión Europea en México; a la representación del Senado, a nuestro compañero que es anfitrión, a Pepe Guadarrama, Co-Presidente de la Comisión de Asuntos Políticas, Seguridad y Derechos Humanos de EUROLAT. Y a nuestro muy querido amigo el señor Diputado don Francisco Javier Salazar Diez de Sollano; honorables amigos e invitados que han trabajado de manera ardua durante estos tres últimos días sobre temas de la propia agenda de la Asamblea y en particular sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

No podemos soslayar la importancia que tienen estos temas para nosotros y para América Latina y Europa, debido a la co-relación que este fenómeno conlleva en sí mismo desde la producción, la distribución y el consumo de los enervantes.

Es por ello, que los trabajos de la Asamblea toman particular relevancia en un momento en que la cooperación entre ambas regiones es fundamental.

Estoy seguro que sus actividades redundarán en el mejor conocimiento del tema y en mejores leyes para nuestras sociedades.

Espero que su estancia en México haya y sea placentera, y les deseamos un feliz retorno a sus países.

Sean ustedes bienvenidos.

(APLAUSOS)

- Se ha recibido del señor Senador Adolfo Toledo Infanzón un punto de acuerdo que exhorta al Titular del ISSSTE a tomar las medidas necesarias para proveer con medicamentos suficientes a sus diferentes unidades médicas con especial atención a las clínicas y hospitales del Estado de Oaxaca y de Guanajuato, misma que se turna a la Comisión de Seguridad Social.

Tiene la palabra don José Rubén Fernando Velázquez López a nombre propio y del Senador José Luis García Zalvidea, del PRD para presentar punto de acuerdo en relación a las 44 muertes y a la fuga de reos ocurrida en la cárcel de Apodaca Nuevo León.

- EL C. SENADOR VELAZQUEZ LOPEZ: Muchas gracias, Presidente. El constante crecimiento de la población penitenciaria es uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades de los centros de reclusión, ya que el exceso de internos implica mayores compromisos en infraestructura, vigilancia y salubridad.

El número de internos ha tenido un crecimiento continuo que prácticamente ha rebasado cualquier medida de ampliación o modificación carcelaria.

Por tanto, resulta urgente emprender una reforma integral que permita atender y resolver los problemas a que se enfrenta el sistema Nacional Penitenciario.

Frente a ello, y ante las precarias condiciones en que se vive en las cárceles de la región los más de 350 muertos a causa de un incendio en el Penal de Comayagua en Honduras, se convierten en un llamado de atención para las autoridades mexicanas.

Cobra relevancia la iniciativa que presentamos, hace poco, varios senadores de diferentes partidos, que se llama la Ley General de Protección de los Derechos Humanos en la Ejecución de Sentencias y Medidas Penales.

Esta iniciativa está en comisiones, está en la Comisión de Derechos Humanos; en la Comisión de Estudios Legislativos, y ojalá que los sucesos que han estado ocurriendo en diversas cárceles de México sea motivo suficiente para que podamos aprobar esta iniciativa de ley que está en las comisiones que acabo decir, es oportuno.

Ayer veía yo un programa de televisión que, dizque de análisis, y uno de los comentaristas decía que nosotros (los senadores) nos estamos rasgando las vestiduras criticando lo que está pasando en los penales, y que llamaban, algunos senadores y diputados, en la sesión del martes, a formar una comisión especial de investigación para lo que está ocurriendo en los penales.

Y, este analista dijo: “..qué caradura tienen los legisladores…”. Sólo porque sé que no me iba a contestar el teléfono este señor, muy visto por cierto en la televisión, no le pude decir que está en comisiones la Ley General de Protección de los Derechos Humanos en la Ejecución de Sentencias y Medidas Penales que justamente su preocupación es la de atender con prioridad las cáceles de México, de todos los niveles.

Sabemos perfectamente bien la podredumbre que ahí hay. Sabemos perfectamente bien que las cárceles de México son entidades autónomas; que muchas veces responden a autogobiernos, y lo que es peor, muchas veces responden a mandatos de los gobernadores de  las entidades cuando éstos son estatales. Lo sabemos bien, porque tenemos amigos, conocidos, parientes o lo que sea que han pasado por este proceso, y quejas de nuestros electores, de los que eligieron a nosotros, y los que van a elegir a los nuevos el próximo primero de julio. Es un tema, compañeros que debemos de atender, por esa razón aprovecho esta oportunidad para pedirle a las comisiones que van a dictaminar esta iniciativa, que es la de Derechos Humanos, y la de Estudios Legislativos analice la iniciativa. Es viable, es oportuna, ahora es cuando debemos de presentar un documento que responda a las necesidades que está presentando el sistema carcelario de México, que es evidente un fracaso.

Hay las estadísticas de cuántas muertes, de cuántas evasiones han tenido las cárceles de diferentes lados, no de un solo lado, de diferentes entidades.

Y es verdaderamente vergonzoso que las cárceles de México estén con autogobiernos o estén respondiendo a mandatos de los ejecutivos o de los que representan a éstos.

Los directores de las cárceles son los jefes, son los dueños de las vidas de los que están ahí internados, y los celadores también.

Debe de haber un orden en esta materia, y en esta iniciativa que presentamos hace poco y firmada por muchos, más de 35 senadores, es el tiempo que pueda salir adelante.

Por eso quiero, rematar mi intervención diciendo: que no olvidemos que de acuerdo al V Informe del Gobierno Federal: existen 10 centros de reclusión administrados por el Gobierno Federal, de donde por cierto no se ha tenido noticia de una sola evasión ni muerte, también.

Diez, los administra el Gobierno del Distrito Federal, donde también hay buenas noticias.

Y, 319, por los gobiernos estatales; y 91 por los municipios que es donde…..

(Sigue 14ª. Parte)
…y 319 por los gobiernos estatales y 91 por los municipios, que es donde están los problemas desde hace varios años.
A junio de 2011, la población penitenciaria nacional fue de 224 mil internos, de los cuales 178 mil 695 corresponden al fuero común, es decir, casi el 80 por ciento; y 45 mil 551 al fuero federal, o sea, el 20 por ciento. Por género se compone de 95 por ciento de varones y 5 por ciento de mujeres.
Asimismo, el 56 por ciento del total de la población penitenciaria son internos sentenciados, y el 43 por ciento están sujetos a proceso. La población de internos procesados aumentó 6 por ciento respecto a igual periodo de 2010.
Cabe destacar que a nivel nacional existe una sobrepoblación penitenciaria de 22 por ciento, inferior en 5.5 puntos porcentuales respecto a la de junio de 2010. Faltan espacios físicos para 40 mil internos.
El 19 de febrero pasado, y tras una supuesta riña entre grupos de la delincuencia organizada, dejó 44 muertos en el penal de Apodaca. Al respecto, las autoridades de Nuevo León han señalado que el conflicto pudo ser ocasionado para lograr la evasión de 30 presos.
Por eso, amigos, presentamos este punto de acuerdo, en donde pedimos que el Senado de la República declare su consternación y preocupación por los hechos ocurridos en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, donde murieron 44 reos, y otros 30 se fugaron.
Donde pedimos también que el Senado de la República exhorte al Gobierno de Nuevo León para que ordene una exhaustiva investigación que esclarezca los hechos y deslinde responsabilidades, en ocasión de lo ocurrido recientemente en esa prisión;
Para que  atienda con prontitud a las víctimas o a sus deudos;
A que restablezca la normalidad de la operación del centro de reclusión;
Que considere las medidas pertinentes para evitar que en el futuro se repitan  tragedias similares y,
Establezca condiciones para el pleno respeto de los derechos humanos de los internos, así como para mejorar la infraestructura de la cárcel, la capacitación y los controles de confianza del personal que labora en ese centro.
 El Senado de la República solicita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que en la esfera su competencia confirme las causas de los hechos sucedidos en esa cárcel;         
Remita informe sobre la sobrepoblación de la cárcel de Apodaca, así como el número de procesados y sentenciados por delitos del fuero común y/o federal;      
Realice las acciones necesarias y coordinadas con autoridades del estado de Nuevo León para restablecer la normalidad operativa de la cárcel de Apodaca, y lograr la pronta recaptura de los 30 reos recién fugados;      
Remita un informe sobre los resultados de la capacitación, control de confianza y certificación de personal y funcionarios adscritos al Sistema Nacional Penitenciario.
Esto es el contenido de nuestro punto de acuerdo.
Le pido a la Presidencia se inscriba el punto de acuerdo que acabo de leer en el Diario de los Debates y, finalmente, que las comisiones que tiene nuestra Iniciativa, pronto puedan tener un dictamen, porque es una Iniciativa oportuna el día de hoy para responder a una falta que tiene el Gobierno con respecto al sistema penitenciario en México.
Es cuanto. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese a la Comisión de Seguridad e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
-Se recibió de la Junta de Coordinación Política un acuerdo para cambio en la integración de comisiones que se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la secretaría sólo dé lectura a los puntos resolutivos.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

A C U E R D O

Primero.- El Senador Leonel Godoy Rangel, deja de formar parte de la Comisión de Gobernación y de la Comisión de Federalismo, respectivamente.
Segundo.- Se designa al Senador Leonel Godoy Rangel como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en sustitución del Senador Tomás Torres Mercado.
Tercero.- Se designa al Senador Leonel Godoy Rangel como integrante de la Comisión de Energía en sustitución del Senador Jesús Garibay García.
Cuarto.- Se designa al Senador Tomás Torres Mercado como integrante de la Comisión de Justicia en sustitución del Senador Arturo Escobar y Vega.
Quinto.- Se designa al Senador Tomás Torres Mercado como Secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en sustitución del Senador Arturo Escobar y Vega.
Sexto.- Se designa al Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo como Secretario de la Comisión de Salud en sustitución de la Senadora María Elena Orantes López, y lo suscriben los integrantes de la comisión.
-Es cuanto, señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Le ruego pregunte su se aprueba.
-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Consulto a la Asamblea  --en votación económica--  si el anterior acuerdo de la Junta de Coordinación Política es de aprobarse.
-Las Senadoras y Senadores que estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano.
(La Asamblea asiente)
-Las Senadoras y Senadores que estén porque no se apruebe, favor de manifestarlo.
(La Asamblea no asiente)

-Aprobado el acuerdo, Senador-Presidente.

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Aprobado, comuníquese.
Compañeros Senadores y Senadoras:

Informo a ustedes que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnan a las comisiones que ha acordado la Mesa Directiva.

Si alguna de los autores desea que su asunto sea reinscriba para la siguiente sesión, se le solicita informarlo a la Mesa Directiva o a la Secretaría Parlamentaria. Los turnos se publican en la gaceta parlamentaria.

En virtud de que se han agotado los asuntos en cartera, se cita a la siguiente sesión el próximo martes 28 de febrero a partir de las once horas.
Por hoy, se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las 13:35 horas)