SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,

CELEBRADA EL MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DEL 2016.

 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (13:10 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 110 Senadores.

 

En consecuencia, hay quórum señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se abre la sesión del miércoles 27 de abril correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

 

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

 

Quienes estén porque se apruebe,  sean tan amables de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobada, señor Presidente.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, secretaria.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió una comunicación de la Comisión de Federalismo, con la que se remite:

 

El acta de su reunión celebrada el 12 de abril de 2016.

 

Sus Informes Anuales correspondientes al Segundo y Tercer años de la LXII Legislatura

 

Y su Programa Anual del Segundo Año de la LXII Legislatura.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Esta Asamblea ha quedado enterada.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibieron de la Cámara de Diputados los siguientes proyectos de decreto:

 

Uno, por el que se reforma el artículo 7° de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

 

Otro, por el que se adiciona el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Asimismo, la Colegisladora nos remitieron un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Recibimos de la Contraloría interna de la Cámara de Senadores el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de la Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo julio-diciembre del 2015.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha quedado enterada. El Informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los señores Senadores y se someterá a su consideración en la siguiente sesión.

 

La Mesa Directiva acordó turnar a comisiones las iniciativas inscritas en la agenda del día. Solicito a la Secretaría les dé lectura con los turnos que les corresponden.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta.

 

Tenemos una de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Una, de la Senadora Amelia Torres López, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo del artículo 29 constitucional, que se turna las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Una, del Senador Luis Armando Melgar Bravo, con proyecto de decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, que se turna las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Una, de las Senadora Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen Izaguirre Franco, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos Llerenas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

Una, del Senador Raúl Gracia Guzmán, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que se turna  a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Otra, de la Senadora Yolanda de  la Torre Valdez, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 479 de la Ley General de Salud y el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Una, del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3° y se reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Una, del Senador Enrique Burgos García, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201, 205, de la Ley del Seguro Social y el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se turnan a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

Una, de los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Manuel Bartlett Díaz, Miguel Ángel Barbosa Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor David Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle Maury, Fernando Yunes Márquez y Juan Gerardo Flores Ramírez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

Son todas las iniciativas, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaría. Las comisiones recibirán las notificaciones que formalicen los turnos.

 

En otro apartado del orden del día tenemos dictámenes para primera lectura.

 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura:

 

Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

Uno, de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 55 del Código Civil Federal y se reforma el segundo párrafo del artículo 389 Bis de la Ley General de Salud.

Uno, de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

Uno, de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Cuatro de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene los siguientes proyectos de decreto:

 

Por el que se reforma la denominación del Título Sexto y se adiciona un Capítulo III al mismo, denominado “De la Protección contra el Maltrato”, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Por el que se reforma la fracción III del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Y por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 10 y la fracción III al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Y por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General de Educación y del Código Penal Federal.

Dos de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII, pasando al actual a ser XIII del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Y otro, por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 10 y un segundo párrafo a la fracción II del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Uno, de las Comisiones Unidas de Salud; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida.

Y uno, de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara la segunda semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Son todos los dictámenes de primera lectura, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

 

Tenemos ahora la discusión de dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Esos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy.

 

En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

 

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos que se refieren a los dictámenes negativos únicamente en sus puntos resolutivos.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura a los puntos resolutivos de los dictámenes.

 

Único.- En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones del presente dictamen, se estima sin materia procedente la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI reformando las fracciones IV y V del artículo 9, y adiciona la fracción I Bis al artículo 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

En consecuencia se determina darla de baja de los inventarios correspondientes a estas Comisiones, y su archivo como asunto definitivamente concluido.

Doy lectura a los resolutivos del segundo dictamen:

Único.- En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones segunda, tercera y cuarta del presente dictamen, se estima sin materia procedente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de que entre los fines del desarrollo nacional se incluyan el combate a la desigualdad y el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, disponiéndose de que se dé de baja de los registros y su archivo como un asunto definitivamente concluido.

Doy lectura a los resolutivos del tercer dictamen:

Primero.- No es de aprobarse la iniciativa presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Son todos los dictámenes, Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Están a discusión.

No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto iniciados en esta Cámara.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos que desechan proyectos de decreto.

Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los acuerdos, Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobados los acuerdos.

Comuníquese.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo por el que el Senado se congratula por la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible por parte de México.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva únicamente.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura a los puntos resolutivos del dictamen:

Primero.- El Senado de la República se congratula por la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible por parte de México, en el marco de la 70 Sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Segundo.- La Honorable Cámara de Senadores solicita al Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informar a esta soberanía la posición de México ante el próximo Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo Sostenible, que se  celebrará en la sede de Nueva York, de la ONU, del 11 al 20 de junio del año 2016.

Es todo, Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretaria.

Está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Gracias, Senador.

En virtud de que no hay reservas ni discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el acuerdo.

Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe sobre las aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a su parte resolutiva.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen, Presidenta:

Único.- El Senado de la República, en el marco de la Reunión de Alto Nivel que se celebrará en la sede de las Naciones Unidas, el próximo 22 de abril de 2016, para la suscripción formal del Acuerdo de París, adoptado al finalizar la vigésimo primera conferencia de las Partes de la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2015, en sus siglas COP21.

 

En diciembre del 2015, solicita al  titular del Ejecutivo Federal en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, remitir a esta soberanía, un informe detallado sobre las aportaciones de México a la negociación y adopción del Acuerdo de París, así como sobre el posicionamiento de nuestro país ante los importantes desafíos de su implementación en el contexto de la Reunión de Alto Nivel.

 

Es todo, Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

En consecuencia, está a discusión.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

 

En virtud  de que no está presente.

 

Preguntó ¿Si algún Senador o Senadora más quiere intervenir en el tema?

 

No habiendo discusión, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto  a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobado, Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el acuerdo.

 

Comuníquense.

 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo por lo que el Senado se congratula por la elección de México para ocupar la Presidencia de la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe durante el periodo 2016-2017.

 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a su parte resolutiva.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, Presidenta.

 

Doy lectura al dictamen.

 

Primero.- El Senado de la República se congratula por la elección de México para ocupar la Presidencia de la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe durante el periodo 2016-2017.

 

Es todo, Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, está a discusión.

 

Ahora tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Sí, con su venia, compañera Presidenta.

 

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Sin duda que cualquier mexicano o mexicana se sentiría orgulloso de que su país fuese tomado en cuenta para presidir una Asamblea tan importante, como es la 34 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

 

Sin embargo, tenemos que decirlo con mucho pesar, un reconocimiento internacional de tanta importancia tiene que tener bases sólidas para adquirirlo y si no se tienen esas bases sólidas; entonces, pareciera que hay favoritismo de quienes hacen la designación.

 

De las cuestiones que se tienen que tomar en cuenta para hacer esta designación está la importancia de que se reconozca el esfuerzo de los encargados de ejecutar la Diplomacia Mexicana para cumplir con ello, con el compromiso internacional de México de fortalecer las políticas públicas y las acciones para erradicar el hambre y la pobreza de América Latina y el Caribe.

 

Si nosotros revisamos cifras, sin duda que no entendemos cómo es que México se le está asignando está responsabilidad.

 

Somos de los primeros lugares en el mundo en obesidad infantil.

 

Somos el único país de América Latina que no ha reducido sus niveles de pobreza.

 

Más del 50% de nuestros niños están en la pobreza.

 

Más de 30 millones de nuestros compatriotas están en pobreza alimentaria.

 

Más de 10 millones de nuestros infantes están en esta misma condición.

 

Todos los días se nos mueren en un promedio de 30 personas por desnutrición.

 

Y, entonces, ¿Cuáles son los méritos?

 

¿Cuáles son las políticas públicas que el gobierno de la República ha implementado para abatir este terrible flagelo que es el hambre?

 

¿La Cruzada Contra el Hambre?

 

Revisemos lo que dice el Coneval con respecto a este  tema. La Cruzada Contra el Hambre es un modelo asistencialista, el propio secretario de la Sagarpa plantea que está en contra del asistencialismo, y le dijimos en su momento, coincidimos con usted; lo que tenemos que impulsar para erradicare el hambre en México es la producción social de alimentos.

 

Entonces, compañeros Senadores, compañeras Senadoras habría que preguntarle a quienes hicieron esta designación, ¿a cuáles políticas públicas se refieren que se están aplicando en México para erradicar el hambre?

 

Damos los resultados.

 

Tenemos miles, millones de niños que hacen cuando  mucho una comida al día, y aquí más de uno se ha llenado la boca diciendo que al modificar tal o cual ley estamos impulsando las buenas costumbres para la alimentación.

 

Déjenme decirles, como educador, que las buenas costumbres para la alimentación no se aprenden en los libros de texto, las buenas costumbres para la alimentación no se aprenden en una explicación que un profesor le dé a un niño de qué debe o qué no debe de comer. No se aprenden en una clase de nutrición.

 

Las buenas costumbres para la alimentación se adquiere de la práctica concreta, por eso seguiremos insistiendo en que no va a haber educación de calidad si no es el desayuno escolar la primera actividad en las escuelas públicas de este país.

 

Entonces sí, el día que logremos eso, el profesor le explicará al niño que la ingesta que hizo tiene vitaminas, tiene micronutrientes, tiene minerales, tiene calcio, tiene toda una serie de elementos que requiere el organismo para desarrollarse, y le tendrá que poner en contraposición  lo que representa comerse unas papas fritas sobresaturadas de grasa y una Coca-Cola, y entonces el niño irá haciendo la valoración, y cuando crezca  pues odiará las Coca Colas y amará intensamente la buena comida.

 

Por eso estamos en contra de este punto de que el Senado se congratule por este nombramiento, porque no tiene un sustento ético.

 

La ética surge a partir de cumplir con las obligaciones que tiene el gobierno con la sociedad, y digámoslo sinceramente, compañeros, lo que hay en lugar de ética es violencia institucional contra la población de este país, porque no se vale que más de 30 de nuestros compatriotas se estén muriendo todos los días de desnutrición, incluso, por ahí, El Universal, hace algunos meses sacó un dato escalofriante, el hambre mata más mexicanos y mexicanas que la delincuencia organizada; solamente que como las muertes por hambre son silenciosas, solamente la sabe la familia, la población no se entera y no ha prendido el foco de alerta.

 

Pero esa es la realidad de este país, por eso, porque no tiene fundamentos éticos, porque no tiene políticas públicas que sustenten de verdad la lucha contra el hambre, estamos en contra de este nombramiento.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias Senador.

 

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

 

La Secretaria Senadora Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La asamblea no asiente)

 

Aprobado el acuerdo, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el acuerdo.

 

Comuníquese.

 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo, que exhorta informar sobre la tala de árboles y destrucción de áreas verdes de la zona de conservación ecológica de Santiago Tepalcatlalpan en la Delegación Xochimilco.

 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.

 

La Secretaria Senadora Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al dictamen, Presidenta.

 

Punto de acuerdo.

 

Primero.  El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a informar a esta soberanía  sobre las acciones emprendidas y las probables responsabilidades legales por la tala de 300 árboles y la destrucción de áreas verdes en la zona de conservación ecológica de Santiago Tepalcatlalpan, incluyendo información sobre las medidas para proteger, conservar, restaurar y mejorar las áreas de conservación ecológica de la Delegación Xochimilco.

 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, investigue la posibilidad, la posible comisión… corrijo, de delitos del ámbito federal por la tala de 300 árboles en la zona de conservación ecológica de Santiago Tepalcatlalpan en la Delegación Xochimilco de la Ciudad de México.

 

Es todo, Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, está a discusión.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar  en pro del dictamen.

 

La Senadora Layda Sansores San Román: Presidenta.

 

Senadoras, Senadores: “Fieles y adorables curules que siempre están presentes”

 

Sí quiero hablar sobre el tema de la tala de árboles, porque es un tema muy sensible ya para los ciudadanos de la Ciudad de México, no sólo es en Xochimilco, en Tlalpan, donde se menciona.

 

Aquí las denuncias están todos los días.

 

Mancera es mejor conocido como “Mancerra”, por ciudadanos indignados. Esto viene de man-hombre, y cerra, del que corta, el que divide.

 

Y “Mancerra” es el gran talador que llegó para  talar un proyecto de 20 años que habían convertido en la Ciudad de México en la más democrática del país, con las mayores prestaciones de bienestar social y con una sociedad, una ciudadanía muy participativa que era consultada  en temas controvertidos. Hoy son invisibles para él.

 

De pronto, apareció armado con machete y macana y no  había tomado protesta el 1º de diciembre ya estaba reprimiendo a los ciudadanos para congraciarse con Peña Nieto, el gobierno federal ni se ensució las manos. No detuvo a nadie, él hizo todo el trabajo sucio, encarceló a decenas de inocentes y tiene la marca indeleble de la sangre del profesor Kui Kendall, a quien dejó morir sin brindarle jamás ayuda.

 

Impidió que la protesta contra la reforma energética llegara al Zócalo, pero eso sí, le prestó la Plaza Cívica a Peña para que la usara como estacionamiento para sus cuates especiales en su informe privado.

 

Y, además de reprimir a estos ciudadanos pacíficos que protestaban por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, a golpes quiere detener también a los vecinos que protestan por la instalación de parquímetros o que están protestando por la tala indiscriminada de árboles.

 

La contaminación ambiental no va a resolverse castigando a los ciudadanos que no usan sus coches y se lanzan a la calle a desafiar el insuficiente transporte eléctrico. Se espera un plan integral de su parte. Abandonó los trolebuses eléctricos y son escasas las unidades que dan servicio.

 

Suárez del Real, de Morena, en la Asamblea proponía que con eliminar lo superfluo de la Asamblea de Representantes, se podía ahorrar lo suficiente para comprar mil RTP, pero lo rechazaron.

 

Los microbuses no son verificados, no se ha movido una sola industria. El nuevo Reglamento de Tránsito obliga a circular con más lentitud, y eso también contamina.

 

Es incongruente y estúpido que hable de combatir la contaminación ambiental, que ha llegado a sus máximos históricos talando árboles a diestra y siniestra, de una manera frenética.

 

Ahora me están hablando los vecinos que están por José María Rico, talando y perforando. No para.

 

Pero eso sí, se saca una foto sembrando arbustitos. ¡Hay que chulada!

 

Para las obras viales, ha derribado cientos de árboles y está talando 300, esos 300 de Xochimilco más 300 más de Barranca del Muerto para el deprimido de Mixcoac; pero ya había talado otros mil árboles, árboles centenarios, palmeras, fresnos, es deprimente, en verdad lo que está haciendo sin ninguna conciencia y responsabilidad social.

 

Que por cierto, la empresa encargada esta obra del deprimido, es la misma que defraudó a este Senado, el cual sigue inacabado, con esos  elevadores que dan vergüenza y que obligan a ser discriminación, si no eres Senador, no puedes entrar al elevador. Solamente para los refinados Senadores. Y el público, que esperen las horas que sean.

 

Además, es una obra riesgosa, pues compromete los ríos entubados y podría ocasionar daños a las colonias vecinas.

 

Hay una denuncia de Porfirio Muñoz Ledo el día de antier, donde habla también de cómo se le ha dado tanta fuerza y facilidades a todas las inmobiliarias, es la lana, señores; es la mochada lo que está detrás y no le importa la calidad de vida de los vecinos.

 

Mencionaban compañeras Senadoras del PRI en su punto de acuerdo de marzo, que se benefició la construcción de las Torres Miticay y Manacar, en detrimento de 25 mil metros cuadrados de áreas verdes, expertos proponen otras soluciones.

 

Pero él no se detiene siquiera a escucharlos, él camina indiferente, con los oídos cerrados y los bolsillos abiertos. 

 

Qué  manera de dilapidar el capital político con el que ganó ampliamente las elecciones; la ambición por el poder y el dinero lo han desfigurado, todo lo que puede lo privatiza, vende espacios públicos para negocios privados, tiene un signo de pesos en la mirada, nadie se explica por qué la mitad de los parquímetros y de las foto multas son para una compañía privada. 

 

Hay quienes se preguntan: ¿De quién chon, el negocio multimillonario?

Gracias a la ciudadanía se impidió convertir la Avenida Chapultepec, en una gran plaza comercial, o sea, otro negocito del señor “Mancerra”.

 

El nuevo Reglamento de Tránsito no es para evitar que los ciudadanos tengan menos accidentes, sino para que le engorde su cochinito para su campaña presidencial, que lo tiene obsesionado y desquiciado.  Si su casa Mancera la tiene, como tiene la Ciudad de México, ha de ser un chiquero.

 

Hoy con la reforma política pretende convertir a los ciudadanos en súbditos.  Mancera es la peor administración, desde que la izquierda tomó el poder, y le encantan los disfraces, a veces trae su túnica de independiente, o se pone un antifaz de un bebé-izquierda, pero no puede ocultar su ineptitud y el Peña que lleva dentro. 

 

Hoy los dos compiten por ser el más impopular, Peña le gana sólo por un copete.  Mancera se ha convertido en el más peligro contaminante ambiental y social de esta ciudad.

 

Exigimos que ni un árbol más sea derribado, que se consulte a los ciudadanos y se explore con los académicos y los expertos toda las posibilidades, antes de derribar estos árboles.

 

“Mancerra”.  Nadie te enseñó a respetar a estos seres vivos que embalsaman el aire y son el canto de la ciudad.  Talar un árbol es un crimen, es causar nuestra propia destrucción, los árboles crecen en la tierra, pero hay que amarlos.

 

Ojalá un día podamos decir como Octavio Paz: “Creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro”.  Defendámoslos como parte nuestra.

 

Gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Recibimos la intervención por escrito del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, el cual se integra al Diario de los Debates.

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Silvia Garza Galván, para referirse al punto de acuerdo.

 

La Senadora Silvia Garza Galván: Con su permiso, Senadora Presidenta.

 

Primero que nada quiero darle las gracias al Senador Mario Delgado, a la Comisión, a Senadoras y Senadores de la  Comisión del Distrito Federal, por este dictamen.

 

En realidad estamos viviendo una gran crisis, pero no me refiero a la que ya conocemos, la crisis ambiental, estamos viviendo una crisis de conciencia, no estamos cambiando nuestros patrones de conducta, y es necesario hacerlo.

 

La misma Comisión Ambiental de la Megalópolis a través de la Cofepris, mencionan que hay alrededor de 22 mil muertes asociadas a la contaminación, y que de hace meses hemos estado declarando que necesitamos proteger a nuestros mejores aliados, que son los árboles, y que la calidad del aire de la Ciudad de México no es buena.

 

Y, bueno, pues llegó la contingencia ambiental y no podemos nosotros estar esperanzados a tener una veladora prendida para que haya aire y se lleve toda la porquería que nosotros mismos generamos y que está en el ambiente, que está en el aire.

 

Necesitamos tener políticas públicas respaldadas en cuestiones técnicas, necesitamos que las direcciones, secretarías de Medio Ambiente, estén las instrucciones respaldadas técnica y científicamente, que no sean decisiones políticas o de acuerdo al calendario electoral; necesitamos entender y hacer conciencia, todos, y cuando hablo de lo que estamos midiendo, no me refiero solamente a la Ciudad de México. Por eso menciono a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, también me refiero al Estado de México, al estado de Puebla, Hidalgo, Morelos, a los que conforman la megalópolis, porque cada uno de ellos pone su granito de arena precisamente en esta mala calidad del aire, y que tenemos que entender que necesitamos cambiarla.

 

Me refiero, a que nuestros mejores aliados son los árboles, que capturan CO2, bióxido de carbono, y que gracias a sus raíces, permiten que haya recargas de los mantos acuíferos.

 

Me refiero a ¡Ya basta de esta política pública, de estar talando, y talando para construir y construir!

 

Ya lo dijo el Papa en la encíclica: “Ya basta que los seres humanos, que los seres que habitamos este planeta, cada día vivamos más entre blocks, cemento, metal y vidrio”.

 

Necesitamos espacios públicos, necesitamos áreas verdes, y la Delegación Xochimilco, de todas las delegaciones de la Ciudad de México, es la que tiene más áreas de conservación, y necesitamos seguir, que así sigan estas áreas de conservación.

 

Por ningún motivo podemos seguir talando árboles. Hoy, desafortunadamente presento este punto de acuerdo porque me doy cuenta que se talaron más de 300 árboles para la construcción de un centro comercial Wal-Mart.

 

Qué lamentable que sus directivos, quien tiene estas políticas de construcción, no aprendan o deseen convivir precisamente con más árboles, convivir en esa construcción con áreas verdes.

 

Necesitamos cambiar, pero cambiar de consciencia todos. Sí, por supuesto, el gobierno, pero también cada uno de nosotros.

 

Así es que le doy las gracias a la Comisión del Distrito Federal por este resolutivo favorable, y también un exhorto a la Secretaria de Medio Ambiente de aquí de la Ciudad de México a estar más sensible, más pegada a la ciudadanía.

 

Que si bien es cierto, esta ciudad es enorme, y es un esfuerzo lo que se hace. Necesitamos estar con decisiones más técnicas, más apegadas.

 

Todo esto que ustedes ven, que está pasando, es precisamente porque ya hace muchos años se dejó de operar debidamente el Programa Proaire, el Programa de Gestión de Mejoras para la Calidad del Aire, y que uno de sus rubros era el Hoy no Circula.

 

Tenemos que verlo de manera integral, tenemos que ver del manejo integral y adecuado de los residuos sólidos urbanos.

 

Tan solo eso, el Estado de México y esta ciudad, sí, el 30% lo generan: de toda la basura del país, aquí se genera el 30%. Por lo tanto, hay más de 10 mil toneladas de bióxido de carbono en el aire gracias a esto y 400 de metano.

 

Tenemos que ver que la transición debe ser en un transporte público, barato, eficiente, eficaz y limpio. No hay transiciones a medias. Necesitamos ir al transporte eléctrico completo, y así cada uno de los rubros para tratar de que se consolide de manera integral ver este problema.

 

Así es que, compañeros, si ustedes me permite, y con el afán de que también tenga oportunidad la parte de la secretaría, la parte del Gobierno de la Ciudad de México, de venir a conversar con nosotros, quiero proponer un tercer resolutivo, si me lo permiten, donde, que diga lo siguiente:

 

“El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a reunirse con la Comisión del Distrito Federal de esta soberanía para exponer las acciones que la dependencia a su cargo ha realizado para salvaguardar las áreas de conservación ecológica, áreas naturales protegidas y las demás áreas verdes de la capital de este país”.

 

Este resolutivo es muy importante, porque hay más predios, está Montes Apalaches, pero también está Parque Reforma Social, y así, si nos vamos rumbo a la carretera a Toluca, vamos a encontrar también la gran tala que se está llevando aquí en Santa Fe.

 

Así es que, yo les propongo este tercer resolutivo, que me apoyen, compañeras y compañeros, para que la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, venga a platicar con nosotros y que nos dé ¿qué políticas públicas está aplicando para salvaguardar las áreas de valor ambiental tan importantes aquí y en todo el país?

 

Muchísimas gracias.

 

Es cuanto, Senadora Presidenta.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

En virtud de que la Senadora Silvia Garza propone un tercer resolutivo, habiéndolo explicado ampliamente desde la tribuna, y habiéndolo entregado a esta Mesa Directiva, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aceptarse este nuevo resolutivo.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta a discusión la propuesta de la Senadora Silvia Galván.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora, únicamente estamos consultado si se acepta a discusión.

 

Ahora tendrá usted la palabra para que se discuta todo el punto de acuerdo.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidenta, sí se acepta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretaria.

 

Ahora tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna, para hablar sobre el punto de acuerdo con este tercer resolutivo incluido a discusión.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: En realidad yo no estaba anotada para este punto de acuerdo, pero como integrante de la Comisión del Distrito Federal votamos a favor del resolutivo anterior, no está mal lo que acaba de proponer la Senadora del PAN, porque nadie puede estar a favor de que se talen árboles, y ni estos 300 árboles ni ningún otro, en ninguna parte del país, nosotros lo discutimos en la comisión y, en efecto, solicitamos a las autoridades de la Ciudad de México información suficiente sobre las medidas, primero, las consideraciones que tuvo para aceptar esta tala de árboles, primero.

 

Y segundo, las medidas para conservar los bosques, los árboles que son los pulmones que tiene la ciudad y que debemos preservarlos más allá de cualquier otra consideración.

 

Sé que hay muchas acciones que está haciendo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y que puede haber respuestas, no me gusta el tono en el cual se refirió aquí una Senadora hacia la administración capitalina, porque además revuelve muchos temas que no tienen que ver con el punto específico que se discutió en la Comisión del Distrito Federal en relación a la tala de árboles, que estamos solicitando se nos informe las causas y también las medidas para conservar en adelante los árboles de la Ciudad de México.

 

Pero también nosotros quisiéramos agregar que en todas partes de México están ocurriendo estos actos y que debemos poner alerta, ya que de acuerdo a un estudio de la UNAM, 500 mil hectáreas de bosques y selvas se pierden cada año, entonces, no hay que poner el foco en 300 árboles, hay que poner el foco en las 500 mil hectáreas de bosques y selvas que cada año pierde nuestro país, ese es un asunto muy grave.

 

Y unas se deben, por ejemplo, a la quema de zonas forestales donde se pierden miles de hectáreas de áreas verdes y de bosques.

 

Otra se debe a la quema de bosques que a veces son las industrias, la industria del papel, la industria del mueble, las que provocan mucho esta deforestación, y hay estados como Chiapas, como Tabasco, como Veracruz, Michoacán, donde muy recurrentemente se está presentando esta situación.

 

Pero aquí se ha mencionado el tema del medio ambiente como si fuera un asunto exclusivamente de la Ciudad de México, de las autoridades del Distrito Federal, y no lo es así.

 

De acuerdo a la normatividad en México el cuidado del medio ambiente es responsabilidad, primero, de todas y de todos, el mejoramiento de nuestra calidad del aire en correlación con la protección a las salud es un tema que nos involucra tanto a las autoridades como a la sociedad en general y, por ello, es muy importante que generemos este tipo de discusiones, pero para analizar cuáles son las medidas que se tienen que impulsar de una manera integral y coordinada para hacer frente a la crisis ambiental por la que atraviesa la megalópolis, no solamente la Ciudad de México.

 

Se han solicitado, se han acordado, determinadas, o se han tomado decisiones administrativas que no han permitido hacerse en toda la megalópolis, solamente es en la Ciudad de México donde se están instrumentando estas medidas, estos programas, estas políticas y acciones que permitan enfrentar el problema de la contaminación ambiental.

 

Pero el análisis debería de hacerse para toda la comisión que ordena para todos los estados conurbados los cuales no están implementando estas medidas y, sin embargo, hacia ellos nadie dirige un solo comentario.

 

Lamentablemente hoy la mayoría de las decisiones emergentes se han concentrado en este espacio que es la generosa Ciudad de México, mientras que otros estados, a pesar de que la Comisión del Medio Ambiente ha dictado medidas, programas y actos de intervención en toda la megalópolis y son obligatorias para todas las partes, solamente se han implementado en la Ciudad de México.

 

Esa es la parte positiva y la parte negativa es que la responsabilidad, a pesar de que cae en todos, solamente se pone el foco en una de las autoridades.

 

La salud de todos los que habitamos, trabajamos o transitamos en esta ciudad, y por las entidades de la Zona del Valle de México es corresponsabilidad de todas las autoridades de la zona megalopolitana y también de toda la sociedad de esta megalópolis.

 

Más allá de discursos, más allá de pronunciamientos políticos, debemos presionar a todas las instancias de la Ciudad de México, de los estados de la zona megalopolitana y las autoridades federales para que todos se involucren, todos sientan y adopten medidas urgentes, inmediatas, que redunden en una intervención inmediata para evitar la deforestación de nuestro país y para evitar la contaminación en la zona megalopolitana.

 

Insisto, debemos preocuparnos por 300 árboles, pero más debemos estar preocupados por las 500 mil hectáreas de bosques que cada día se pierden en nuestro país.

 

Es cuanto.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senadora Layda Sansores.

 

Sonido, por favor, en su escaño.

 

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para hacer algunos comentarios a la intervención de mi compañera, muy estimada.

Que yo sólo hablé de dos temas, por si acaso se refería a mí.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Quiere desde su escaño, quiere tomar la tribuna.

 

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Desde aquí, desde mi escaño.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Adelante, Senadora.

 

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Que sólo hablé de dos temas que es responsable el señor Mancera, como represor y como talador.

 

Y de represor porque así se estrenó el 1 de diciembre y se dieron continuamente estas acciones, en una de ellas en donde jóvenes amigos en la marcha Ayotzinapa, allí en el Zócalo, se vivió una de las más brutales represiones que me ha tocado estar presente.

 

Entonces solicitamos hablar con él para, no para quejarnos, sino para hacer propuestas de cómo evitar que la policía pudiera generar lo que pudo convertirse en una masacre al correr la gente en el Zócalo y poder quedar muchos aplastados. Nunca nos dio oídos. Ese es el señor Mancera de respetuoso con los Senadores.

 

Entonces hoy es el momento de decirlo públicamente porque tiene que ver también con el talar, talas a derechos humanos, talas a árboles, y no son 300, ojalá que fueran 300 nada más y que los resembrara como había prometido.

 

Fuimos a hacer un recorrido personalmente para ver a dónde estaba sembrando los arbolitos. Mentira, siembran unos cuantos y lo que pueden, no hay un plan, no hay una planeación porque no es lo que le interesa.

 

Y sí, tiene razón mi compañera, hay que pensar también en la deforestación nacional, pero eso no exonera al señor Mancera de estos actos frenéticos sin fundamento que hacen pensar que lo único que le interesa son las inmobiliarias, son las que le van aportar recursos para no sé qué.

 

Entonces por eso es nuestra queja muy sentida. Tan sólo la obra del deprimido se va a llevar 3 mil árboles en una sola zona. Ahorita en otra colonia están talando 300, en otra 200, en Xochimilco 300, que saque la sumadora; pero es el acto, la falta de respeto a lo que es vida. Y por el otro lado, están sacrificando a los ciudadanos a que no usen sus coches, y no sirve para nada porque la contaminación ambiental sigue igual, que nos presente un plan de cómo combatir la contaminación.

 

Gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Senador Fidel Demédicis.

 

Sonido en el escaño del Senador, por favor.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Para rectificación de hechos, de lo que está comentando mi amiga, la Senadora Layda.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tiene la palabra, Senador.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Sin duda que la represión la tenemos que condenar venga de donde venga. Hemos luchado toda nuestra vida para evitar que se criminalice la protesta social.

 

Cuando se hace la ley sobre el terrorismo, por supuesto que la votamos en contra, porque precisamente es el ingrediente que lleva en sus artículos la criminalización de la protesta social; pero yo lo digo respetuosamente, no sé en cuentas represiones haya estado presente mi compañera Layda, a lo mejor han sido pocas por eso sostiene que de las más brutales que haya visto.

 

Pudimos observar, no estuvimos presentes, pero pudimos observar en las imágenes televisivas que sí fue un acto reprobable, coincidimos en eso con ella. En lo que no coincidimos es en que sea una de las más brutales, lo que pasó ahí es cosa de niños con lo que pasó en México en 1968, esa sí fue una represión brutal que todavía cada 2 de octubre se recuerda en este país como uno de los actos más brutales de un Estado en contra de su población y, en este caso, de manera concreta, en contra de la población estudiantil.

 

Represiones brutales la de los maestros normalistas o los estudiantes normalistas de Corpus Christi en 1971. Esa sí fue una represión brutal.

Muchos compañeros ofrendaron su vida para seguir abonando al movimiento democrático de este país.

Represión brutal la de los campesinos de Aguas Blancas. Esa sí es una represión brutal.

Represión brutal la de El Charco en Guerrero, también. Esa sí es una represión brutal.

Represión brutal la de Acteal en Chiapas, y muchas otras que, reitero, comparadas con ésta que se señala como la represión más brutal en que han participado nuestras compañeras, pues sí.

Desde aquí hacemos un llamado fraterno al señor Mancera, al Jefe de Gobierno, para que priorice el diálogo.

La gente de izquierda prioriza el diálogo por encima de cualquier posibilidad de reprimir.

Entonces, en ese sentido yo digo que hay que llamar a las cosas por su nombre.

Si hubo represión, la reprobamos.

Hacemos este llamado enérgico al ciudadano Jefe de Gobierno para que actos de represión como ése no vuelvan a darse.

Pero hay que señalar también, hay que seguir señalando actos como estos que he mencionado, para que en México no se vuelvan a repetir.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, por favor.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Alusiones personales ha externado el compañero Fidel.

Sé que él es un luchador social y yo no sé de qué tamaño deben ser las represiones para luchar contra ellas, si fue chiquita, si fue medianita, de qué tamaño le gusta para que uno se oponga a que haya represión, sea como sea y del color que sea.

La del Zócalo fue muy grave porque no tenía sentido, porque la plaza ya estaba prácticamente desalojada, y fue realmente algo muy impactante que me tocó vivir, pero que no es la primera, he vivido muchas más de las que él se imagina.

De cualquier manera creo que la condena a la represión debe ser contra la represión, sea del tamaño que sea, y no que quieran defender a su jefe usando argumentos que no tienen fundamento.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis, por favor.

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Ahí coincidimos, compañera Layda, la represión se debe condenar, lo dije, venga de donde venga.

No podemos aplaudirle a alguien que utiliza la fuerza bruta para someter a un ciudadano que está inconforme por situaciones que le lastiman.

Podrán condenar las formas, pero nunca las causas.

Lo que pasó con Ayotzinapa es una situación que avergüenza al país, y lo seguiremos señalando en todos los foros nacionales e internacionales, donde estemos.

Pero sí es importante señalar que yo no defiendo a nadie, que no tengo compromiso en ese sentido con nadie, que hay de actos a actos.

Qué bueno que no hubo desgracias que lamentar. Qué lamentable que un gobierno como el de la Ciudad de México haya tenido esa desafortunada actuación.

Gracias.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo con la modificación aceptada.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo con la modificación aceptada.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el acuerdo.

Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del ciudadano Guillermo Valls Esponda, como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de quince años improrrogables.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a su punto resolutivo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al punto resolutivo del dictamen:

Primero.- Se aprueba la propuesta del nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a favor del ciudadano Guillermo Valls Esponda, como Magistrado de la Sala del Tribunal Federal del Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.

Segundo.- Tómese la protesta de ley al ciudadano del resolutivo anterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos expuestos.

Es todo, Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión el dictamen.

Tiene la palabra el Senador José Yunes, por la Comisión de Hacienda.

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, Senadora Presidenta.

 

Saludando con mucho respeto a los Senadores y a las Senadoras esta tarde.

 

Les propongo de un dictamen a su consideración provenientes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia del Senado de la República.

 

Un dictamen que analizó y valoró la propuesta del Ejecutivo Federal, en favor del ciudadano Guillermo Valls Esponda, para ocupar el cargo de Magistrado en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años.

 

Tuvimos en sesión de comisiones unidas, la oportunidad de escuchar en comparecencia al ciudadano Valls Esponda.

 

Tuvimos en está ocasión el encuentro para que pudiese defender sus tesis y dejar constancia de su idoneidad para ocupar este cargo de vital importancia en el Sistema Fiscal y Administrativo.

 

Sobre todo cuando este Tribunal va a ocupar una función particularmente especial, en el contexto de reforma constitucional, ya votada, en el marco de combate a la pobreza y de afianzamiento de una arquitectura en favor de la transparencia en el ejercicio del servicio público.

 

Ahí, las Senadoras y los Senadores tuvieron la oportunidad también de intercambiar puntos de vista sobre estos temas.

 

Se tocaron asuntos sobre cómo generar condiciones de mayor eficiencia en este Órgano Colegiado de Impartición de Justicia.

 

Se tocaron temas sobre la nueva dinámica que tiene que ver con los juicios en líneas. Con el nuevo mandato constitucional que surge a partir de las reformas en derechos humanos y que implica la nueva participación en las sentencias de estas consideraciones.

 

Y, particularmente, como ya lo mencione, ¿Cuál va a ser el papel y cómo como magistrado se estaría ejercitando para poder cumplir con estas nuevas responsabilidades?

 

La presencia y presentación de la propuesta del Ejecutivo Federal en la persona del ciudadano Guillermo Valls Esponda, dejó franca simpatía en la mayoría de los Senadores y de las Senadoras que conforman estas comisiones.

 

Primero, por su curriculum académico, un abogado con posgrados, con maestría y con estudios de doctorado, particularmente en materias de carácter fiscal.

 

Además de que tiene una amplia y muy importante trayectoria en el sector público, en la impartición de justicia.

 

Por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, se desempeñó como Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

 

En la Secretaría de la Función Pública, fungió como titular del Órgano Interno de Control del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

 

En el servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvo a su cargo el de Administrador de Normatividad de Comercio Exterior en la Administración General Jurídica del periodo 2001 al 2003, y posteriormente fungió como Director de Planeación y Desarrollo en la Secretaría de Gobernación, adscrito a la Oficialía Mayor de dicha dependencia.

 

Desde enero del 2013 y  hasta la fecha, desempeñó el cargo de Administrador General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria.

 

Nos queda claro que cumple con una formación académica puntual, orientada hacia el ejercicio de las funciones administrativas y fiscales.

 

Como también nos queda claro que en el desempeño de su función como servidor público, se destacó por su honestidad y por su honorabilidad.

 

Que son premisas que el Senado de la República debe puntualmente atender sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de dilación.

 

Por eso, es que ponemos a consideración del análisis de las Senadoras y los Senadores de esta Asamblea, este dictamen, pidiéndoles de manera acomedida pudieran respaldarlo y así respaldar la propuesta del Ejecutivo Federal, en la persona del maestro Guillermo Valls Esponda, para fungir como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Yunes.

 

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de ex regidores del municipio de Tepic, Nayarit, invitados por el Senador Manuel Cota Jiménez, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas.

 

(Aplausos)

 

Asimismo, damos la más cordial bienvenida a un grupo de representantes de la Unión Nacional de Sindicatos del Colegio de Bachilleres, invitado por el Senador José María Martínez Martínez, agradecemos su visita a este Senado de la Republica.

 

Bienvenidos.

 

(Aplausos)

 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del Parido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias Presidenta.

 

El Ejecutivo envió a este Senado de la República la propuesta de nombramiento del ciudadano Guillermo Valls Esponda, como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

La propuesta tiene como objetivo suplir el sitio que dejó vacante el ex magistrado Javier Laynez Potisek, que en el pasado 10 de diciembre fue ratificado como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Como sabemos, la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción elevó a rango constitucional al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un órgano con plena autonomía, encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares; imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones  y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

 

Según el diseño institucional la Sala Superior de este Tribunal será integrada por 16 magistrados, y  podrá actuar en pleno o en secciones; una de estas secciones ha de encargarse a lo relativo de las responsabilidades administrativas; la Constitución no precisa si quienes actualmente forman parte del Tribunal, podrán formar parte de esta tercera sección que tiene funciones bien importantes, y hay un candado que ha sido propuesto tanto por el PAN como por el PRD para que esto no ocurra así.

 

El ciudadano Guillermo Valls Esponda, propuesto por el Ejecutivo cumple, en efecto, los requisitos formales para ocupar el cargo, así como con la formación y la experiencia requerida, como constatamos en su hoja de vida, donde consta que de enero del 2013 a la fecha se desempeña como administrador general de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, y antes fuera coordinador de Asuntos Internacionales, y agregadurías en la Procuraduría General de la República, así como agregado legal en Europa con sede en Madrid.

 

Aunque no están contenidos en su hoja de vida oficial, algunos datos de la trayectoria y relaciones del señor Valls Esponda, merece  nuestra atención, y nos llevan a preguntarnos, si no estamos frente a la posibilidad de que se configure un conflicto de intereses.

 

En México el Estado de derecho es débil, resulta ampliamente aceptado que el respeto a la ley brilla muchas veces por su ausencia, y que el acceso a la  justicia es desigual.

 

Debe reconocer que el principio de división de poderes ha tenido algunos avances, como el hecho mismo de que la designación de ministros de la Suprema Corte y de los órganos se dé a propuesta de una terna, enviada por el Presidente o bien pueda ser y deba ser ratificada por este Senado de la República.

 

Sin embargo, los análisis de los expertos y un buen número de trabajos académicos  nos dan cuenta de las dificultades que aún entrañan formas de nombramiento y promoción que tienden a coartar la autonomía de los jueces debido a acceder o a ascender, debido a que su ascenso depende de la buena voluntad del Presidente o de los legisladores o de su ámbito de acción de los gobernadores, lo cual acarrea que intervengan criterios e intereses políticos, y que incluso se llegue a la designación por la vía de cuotas partidistas.

 

Como agregado de la PGR en Europa, el ciudadano propuesto tuvo a su cargo indagar las propiedades del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, en Francia, tema, que como todos sabemos, quedó en total impunidad.

 

Maricarmen Valls, otra de las hermanas del propuesto aparece como suplente en el año 2009 del entonces diputado del PAN Roberto Gil Zuarth. La señora Valls, hermana del propuesto está casada, a su vez, con el secretario  técnico de esta Mesa Directiva del Senado de la República, Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo que, a su vez, fue colocado por el Presidente del Senado, Gil Zuarth.

 

Este nombre  aparece también en los activos de una empresa FGZ Estrategias, una consultoría que compartió o comparte domicilio con otra empresa de la que fuera socio el hoy Presidente del Senado.

 

Sabemos que además del parentesco político, el ciudadano propuesto guarda una relación de compadrazgo con el secretario técnico de esa Mesa Directiva del Senado, Ledezma Fernández del Campo, porque son compadres, pero también son  cuñados.

 

En las decisiones de los órganos legislativos no se debe imperar, de ninguna manera, el cálculo político, ni éste debe sobreponerse al interés de la nación.

 

Tener jueces o magistrados, cuyas expectativas sean verse favorecidos por otros poderes del Estado en el desarrollo de sus carreras, propicia comportamientos que vulneran la integridad, la independencia que la Constitución demanda de órganos como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un Estado de derecho sólido, el Poder Judicial es la última garantía de resolución, de conflictos controvertidos en contiendas jurídicas, en decisiones sobre la aplicación de normas, no es mediante la negociación, el compadrazgo, el amiguismo, ni alentando y cerrando los ojos frente a evidentes conflictos de interés, como lograremos que México consolide un sistema de justicia realmente independiente, eficaz, confiable, ágil y accesible.

 

Por estas razones y otras, es que el PRD en su conjunto, votará en contra de este nombramiento.

 

Es cuanto.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores.

 

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muy brevemente, Presidenta.

 

Simplemente para señalar que a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, que desde luego que votaremos a favor del dictamen que señala a Guillermo Valls Esponda. Señala la idoneidad, Guillermo Valls Esponda, para ocupar el cargo de Magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

Tiene una amplia experiencia en los temas que ocupan este Tribunal. No tenemos la gran duda que hará un gran papel.

 

Y por eso, el grupo parlamentario del Partido Verde votará a favor de este dictamen.

 

Es cuanto, Senadora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal.

 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

Perdón, Senador Héctor Larios.

 

Sonido en el escaño del Senador Héctor Larios, por favor.

 

Estamos en votación, Senador.

 

El Senador Héctor Larios Córdova: (Desde su escaño) Sí. Gracias, Presidenta.

 

Este nombramiento fue turnado ayer por la Mesa Directiva, y hoy está sujeto a votación.

 

Yo lo único que pediría es que se respete el Reglamento, el Reglamento establece en el artículo 153 que las decisiones sobre personas, son en votación de cédula.

 

Me parece que tenemos que respetar, cuando menos, los procedimientos.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senador, comentarle que es una ratificación, viene ya con un dictamen establecido en ratificación de la persona indicada.

 

(Continúa la  votación)

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidenta, le informo de la votación, se emitieron 83 votos a favor; 15 en contra y 6 abstenciones.

 

La Presidenta Senadora  Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias Secretaria.

 

Aprobado el punto de acuerdo.

 

En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Guillermo Valls Esponda, como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de quince años improrrogables.

 

Comuníquese.

 

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Guillermo Valls Esponda, por lo que solicito a las Senadoras y los Senadores, Marco Antonio Olvera Acevedo, Fernando Yunes Márquez, Jorge Aréchiga Ávila, Marco Antonio Blásquez Salinas y Pablo Escudero Morales, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de protesta.

 

(La comisión cumple)

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Les pido a las Senadoras y Senadores ponerse de pie para hacer la toma de protesta.

 

(Todos de pie)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Ciudadano Guillermo Valls Esponda:

 

“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?”

 

El C. Guillermo Valls Esponda: ¡Sí, protesto!

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: “Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande”.

 

Felicidades, señor Valls Esponda.

 

(Aplausos)

 

A nombre del Senado de la República le deseamos éxito en su encargo.

 

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Magistrado cuando desee retirarse del salón.

 

(La comisión cumple)

 

El Senador Luis Fernando Salazar solicita su voto a favor del dictamen que acabamos de aprobar, tome nota la Secretaría y registre su voto, por favor.

 

Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y se adiciona el Código Penal Federal.

 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se omite, Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretaria.

 

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

 

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, señora Presidenta.

 

Señoras y señores Senadores: Hoy es un día en que este Senado de la República cambiará el paradigma del Sistema Penitenciario Mexicano.

 

Esta Cámara de Senadores dará el primer paso para cambiar la vida de miles de personas que se enfrentan todos los días a la oscuridad y a las sombras que implican nuestras cárceles.

 

La Ley Nacional de Ejecución Penal nació como una reserva de ley en nuestra Constitución el 18 de junio de 2008, se gestó en las propuestas de las Senadoras Pilar Ortega y Adriana Dávila; en las iniciativas de las Senadoras Angélica de la Peña, Cristina Díaz y Roberto Gil Zuarth, y en las ideas complementarias de los Senadores Omar Fayad y Miguel Romo Medina.

 

Tres iniciativas que sirvieron…

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¡Permítame, Senador!

 

Pido, por favor, a la Asamblea poner atención en la presentación del dictamen que estamos discutiendo.

 

Continúe, Senador.

 

El Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias, Presidenta.

 

Tres iniciativas que sirvieron de base y fundamento para el enorme trabajo técnico que este Senado realizó durante tres años.

 

Quisiera agradecer al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el Senador Roberto Gil Zuarth, quien encabezó junto con las Senadoras Angélica de la Peña, Cristina Díaz y Graciela Ortiz, los trabajos de dictaminación para lograr el proyecto de ley que hoy presentamos.

 

En la elaboración de esta Ley Nacional también participaron organizaciones de la sociedad civil y dependencias del gobierno federal, en especial la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad, Ia Setec.

 

Agradezco también al cuerpo técnico de las comisiones dictaminadoras.

 

El dictamen que se pone a su consideración sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal consta de 207 artículos desarrollados en 6 títulos, así como 2 artículos que conforman su régimen transitorio.

 

De manera general establece las normas, principios y reglas para regular con base en los derechos de las personas sentenciadas las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, así como la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.

 

Establece también los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y los medios para lograr la reinserción social.

 

Con este nuevo ordenamiento estamos modificando el modelo previsto en la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, un ordenamiento jurídico que data de 1971.

 

Ese aleja este nuevo modelo de la vieja escuela penitenciaria de readaptación social para transformarse en uno de reinserción social.

 

Se establece claramente un sistema penitenciario que deja de ser el centro de convivencia y desarrollo de la delincuencia, o como comúnmente se dice: la escuela del crimen.

 

El presente dictamen se desarrolla sobre los cinco ejes de reinserción social que se encuentran establecidos en el artículo 18 de nuestra ley fundamental.

 

El respeto a los derechos humanos, el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, estos principios constitucionales funcionarán como directrices del Sistema Penitenciario Mexicano, estar privado de la libertad no significa estar privado de la vida, de la igualdad y de la dignidad.

 

Este proyecto señala también que el desarrollo del debido procedimiento penitenciario ante las autoridades de ejecución y la actuación de los sujetos que intervienen en el de acuerdo a sus respectivos derechos y atribuciones se regirán por lo establecido en la Constitución, tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte y en esta ley.

 

En lo conducente a los estándares internacionales y por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social, bajo este supuesto se sientan las bases para que se transforme en un sistema que asegure el cumplimiento de la pena de prisión sin menoscabo de la dignidad y desarrollo de las personas.

 

Uno de los aspectos más relevantes para generar el cambio de paradigma en el Sistema Penitenciario es, sin duda, el reconocimiento de la persona privada de la libertad como sujeto de derechos y no más como un reo o prisionero, todo ello conlleva una gran transformación en la operación de un complejo sistema penitenciario, es decir, el desarrollo de acciones jurídicas administrativas basadas en derechos que actúan como límites y bases para su funcionamiento.

 

Por ello, se establece que en lo relativo a la ubicación de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario, cualquier que este sea, se procederá de manera inmediata a una separación en la cual las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, tendrán acceso a derechos específicos de su género, así como de condiciones especiales de niñas y niños que nazcan en los centros penitenciarios.

 

Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas y las personas en reclusión preventiva y de ejecución de sentencias por delincuencia organizada serán sujetas a medidas de seguridad especiales.

 

Se regula también lo relativo a las obligaciones de  las personas privadas de su libertad, los derechos de las personas sentenciadas que gozan de libertad condicionada, así como las obligaciones de las personas sentenciadas que hayan obtenido alguna medida de libertad condicional.

 

Para lo anterior se establece la existencia de un plan de actividades que será diseñado con plena participación de la persona sentenciada en el que ya no será exclusivamente el trabajo el único incentivo que tenga para lograr su desarrollo o la obtención de beneficios, sino que por el contrario, este estará diseñado de acuerdo a su condición.

 

Es por esto que en el capítulo de trabajo se reconocen nuevas modalidades de empleo para que la persona privada de la libertad tenga la posibilidad de desempeñar una actividad productiva a través del auto empleo, a cuenta de terceros por contratación, o bien, a través de actividades productivas para fines del sistema de reinserción.

 

En este diseño normativo pueden encontrarse las diferentes opciones por las que una persona privada de la libertad puede optar de acuerdo a sus preferencias ocupaciones.

Otro punto relevante son los procesos de justicia restaurativa en los cuales podrán participar la víctima u ofendido, el sentenciado o la comunidad afectada con el objeto de identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas coadyuvando a su reintegración.

 

Finalmente, se brindarán servicios post penales con  el objeto de fomentar la creación y promoción de espacios de orientación, apoyo y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación de todas las áreas relacionadas con los ejes establecidos en la Constitución en razón de facilitar la reinserción social aunado a la promoción de la aceptación del externado.

 

De igual manera se establecerá una coordinación entre la Federación y las entidades federativas para el óptimo cumplimiento de los objetivos de la reinserción.

 

El Estado en su conjunto será responsable de la reinserción social de los sentenciados.

 

En esta ley se reglamenta también lo referido a los ingresos, visitas, revisiones personales y entrevistas en los centros penitenciarios, asimismo se regula lo pertinente a las revisiones en los mismos tales como las revisiones a las celdas, el registro de la revisión, sustancias u otros objetos prohibidos, el uso de fuerza, entre otros.

 

Uno de los aspectos destacables de esta ley es la figura de los observadores que fungirán como coadyuvantes en el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, lo cual implica un gran avance dado que no sólo los organismos proyectores de derechos humanos podrán ingresar a los centros penitenciarios para velar por los derechos, sino también la sociedad civil acreditaba experta en la materia.

 

Se regula también lo relativo a la salud y los servicios de atención médica dentro de los centros penitenciarios, así como de las actividades físicas y deportivas, la educación, la capacitación para el trabajo.

 

Se establece el modelo de libertad condicionada en el cual el juez de ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico.

 

La ley contempla la libertad anticipada que consiste en que el juez de ejecución podrá determinar el beneficio de libertad que consistirá en la extinción de la pena de prisión y el beneficio de la libertad al sentenciado, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones.

 

Finalmente, el apartado de los artículos transitorios tiene como finalidad implementar este nuevo paradigma del Sistema Penitenciario Mexicano y establece una temporalidad de cuatro años para su implementación total.

 

Nuestras cárceles nunca más serán nidos de violación a los derechos humanos que nuestra Constitución garantice. Nuestras cárceles con esta ley dotarán de seguridad tanto a los internos como a la población en general y con ello evitaremos tragedias, como han sucedido en fechas anteriores.

 

Señoras y señores Senadores: El Estado constitucional cimienta su estructura en el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, nuestras cárceles son el reflejo de nivel cultural, democrático y social que tenemos como país.

 

Si México está cambiando, cambiémoslo en su conjunto.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

 

Tome nota la Secretaría del voto en contra del Senador Zoé Robledo, en el anterior dictamen, por favor.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta.

 

Señoras Senadoras; señores Senadores: El proyecto de ley de ejecución penal que hoy ponemos a su consideración constituye el fruto del trabajo colectivo de más de tres años en que las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, nos dimos a la tarea de diseñar uno de los proyectos legislativos más trascendentes después de las reformas constitucionales en materia penal y de derechos humanos del 2008 y del 2011, respectivamente.

 

Con esta ley buscamos transformar radical y estructuralmente las bases sobre las que se sustenta el sistema penitenciario de nuestro país, y establecemos las directrices mínimas que habrán de seguirse a partir de su entrada en vigor para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional que nos obliga a transitar del viejo enfoque de la readaptación social hacia el nuevo paradigma garantista de la reinserción social.

 

En este contexto, la promulgación de una ley única en materia de ejecución penal representa una oportunidad invaluable para transformar los parámetros de ingobernabilidad de los centros de privación de libertad en un Estado de derecho, garantizando que el régimen de internamiento sea llevado a cabo en condiciones de vida digna y segura para todas las personas, lo cual no sólo abona al respeto de los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad, sino también genera valiosos incentivos para que estas personas se reintegren en la sociedad en base a la reinserción social.

 

Actualmente, el internamiento deja en una situación de extrema vulnerabilidad a las personas privadas de la libertad frente a la discrecionalidad, la corrupción, la indiferencia, los abusos de poder y la falta de capacidad gubernamental para remontar el control de Estado y hacer frente a los autogobierno y cogobierno que prevalecen en prácticamente la inmensa mayoría de los centros de privación de libertad del país.

 

De acuerdo con lo documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el sistema penitenciario nacional enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda los grandes rubros que constitucionalmente se deben observar y cumplir.

 

Todas y todos estamos más que conscientes de esta situación y debemos asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde. Por lo tanto, el presente proyecto tiene como base fundamental establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.

 

También, establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, así como regular los medios para lograr la reinserción social, siempre teniendo como base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

 

Pretendemos dotar de herramientas a las autoridades competentes para generar condiciones de gobernabilidad, redefinir las facultades y asignar nuevas atribuciones para que los distintos órganos implementadores, así como mejor y agilizar los procedimientos y contenidos normativos que permitan a las distintas instituciones del Estado cumplir con sus respectivas responsabilidades constitucionales.

Entre los desafíos y para el respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, se establece como primer lugar la necesidad de reestructurar y replantear la forma en que el Estado se constituye en garante directo de sus derechos.

La tutela de estos derechos humanos requiere de una sola ley que integre un verdadero parámetro de protección para las personas que se encuentran en estos centros de privación de libertad.

De igual forma, es responsabilidad de cada sociedad garantizar que la privación o restricción de libertad no cause más limitaciones a los derechos o a las condiciones de las personas que la viven, que aquéllas que la propia ley establece, o que sean consecuencia de la resolución judicial.

Es deber del Estado tratar justamente y respetar la libertad humana, garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en virtud de una sentencia y colaborar con su reinserción a la sociedad una vez que haya cumplido con ésta.

Estamos convencidas y convencidos de la necesidad de articular una concepción holística del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que parte de la siguiente premisa:

Las personas privadas de la libertad también tienen derechos y el Estado es su garante directo.

Comprender esta premisa no es fácil precisamente por el fracaso del Estado que no ha sabido otorgar las directrices para la reinserción de quienes cometen algún delito y lastiman a sus víctimas y también lastiman a la sociedad.

De ahí que nuestra principal preocupación haya sido desde el principio, la creación de un diseño legal cimentado en un sólido régimen de derechos y obligaciones, y en una adecuada interpretación del mandato constitucional relativo a la reinserción social como un fin y no como un medio.

Lo anterior significa, señoras y señores, un verdadero cambio de paradigma a partir del cual el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción a la sociedad de las personas privadas de su libertad como requisito indispensable para la restitución plena de derechos y libertades de las personas que hayan sido objeto de limitaciones precisamente a esos derechos y a esas libertades como consecuencia de una sanción penal.

Con esta ley damos paso a un marco regulatorio equilibrado y apropiado para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, procesadas y sentenciadas.

Fortalecemos los mecanismos de control por parte de los jueces de ejecución, y garantizamos la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, puedan ingresar y llevar a cabo visitas a los centros de privación de libertad a fin de poder constatar las condiciones de internamiento y coadyuvar en la vigencia y el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad.

En este sentido conviene tener presenta la gran cantidad de personas, casi el 40% total de la población penitenciaria, que se encuentran privadas de su libertad en calidad de procesadas, sujetas y víctimas del abuso de la prisión preventiva en nuestro país, y sin que hasta el momento se les haya dictado una sentencia. Eso es realmente un problema.

Muchas de estas personas, si el nuevo sistema penal tuviera los niveles de vigencia que todas y todos deseamos, podrían y deberían estar enfrentando su proceso en libertad.

Particular mención merece lo relativo al régimen de derechos de mujeres privadas de su libertad, especialmente el régimen de mujeres privadas de su libertad que viven con niñas y niños al interior de los centros penitenciarios.

En esta ley visibilizamos a las niñas y a los niños invisibles, e incorporamos derechos y procedimientos que deben ajustarse a su principio rector de sus derechos, que es el interés superior de la niñez.

Generamos un sistema de corresponsabilidad institucional que obliga a diversas autoridades a coordinarse para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, y definimos obligaciones precisas para que las autoridades penitenciarias en el ámbito local y federal, estén sujetas al control judicial y vean disminuidos los enormes márgenes de discrecionalidad e impunidad con que están acostumbrados a operar.

Al respecto es oportuno destacar que la autoridad penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad, con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

La autoridad penitenciaria deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal de cada persona que ingresa al Sistema Penitenciario.

 

De la misma manera, la autoridad penitenciaria estará obligada a establecer los registros fidedignos necesarios con información precisa respecto al Centro Penitenciario.

 

En cuanto a la intervención del Ministerio Público, en el procedimiento de ejecución penal, se le asigna la obligación de garantizar el resguardo del respeto a los derechos humanos de las personas que tengan interés en la ejecución de las sentencias y de las disposiciones legales relativas al cumplimiento de las mismas.

 

Cabe subrayar, que el Juez de Ejecución que es uno de los cambios más importantes en esta ley, dará trámite a los procedimientos que correspondan a la ejecución de sentencia para dar cumplimiento al fallo emitido por el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento en los términos establecidos por esta ley, por el código y demás leyes penales aplicables.

 

Se establece, el acceso a la formulación de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria, por las personas privadas de libertad y aquellas legitimadas por la misma.

 

Es  necesario señalar que dichas peticiones podrán impugnar hechos, actos u omisiones de las condiciones de internamiento.

 

De acuerdo con el principio del debido proceso, las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta ley, a fin de que en la autoridad penitenciaria declare la existencia de una afectación en las condiciones de vida digna y segura, en reclusión para las personas privadas de libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, si fuera el caso, la subsanación de dicha afectación.

 

En el Capítulo de Procedimiento Jurisdiccional, se establecen las reglas del procedimiento, cómo participaran las partes y la regulación de cada etapa procesal.

 

Los criterios básicos durante las audiencias, así como los plazos para la resolución y ejecución de la misma.

 

Destacamos que el sistema por el cual se sustanciaran las acciones y recursos judiciales, será el Sistema Acusatoria y Oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad.

 

Finalmente y no por ello menos importante, es pertinente mencionar que se regula lo relativo al acceso a la salud y a la educación dentro de los centros penitenciarios, así como todo lo correspondiente a la promoción de actividades físicas, deportivas, culturales y laborales.

 

En suma, las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, ponemos a su consideración un dictamen que cumple a cabalidad con los altos estándares internacionales y refrenda la vigencia de una máxima garantista expresada de manera por demás correcta y oportuna por Luigi Ferrajoli, dice: “El derecho penal define lo que no está permitido lesionar, ni con el delito ni con la pena”:

 

Antes de solicitar de manera atenta su voto, a favor del presente dictamen, no quiero dejar pasar la oportunidad, en primerísimo lugar para mencionar  el reconocimiento de nuestros secretarios técnicos, los cuatros de las cuatro comisiones.

 

Me parece que hicieron un trabajo realmente pertinaz, docto, serio, que es necesario distinguir y es necesario aplaudir.

 

No seriamos, en la conclusión de este dictamen, de manera efectiva, tan eficientes en la presentación y finalmente la consideración a partir de que pedimos su voto, sin el trabajo de nuestros cuatro secretarios.

 

También quiero agradecer la participación de distintas organizaciones no gubernamentales, de distintos expertos.

 

Particularmente le quiero dar las gracias al maestro Miguel Sarre, con mucho cariño.

 

A las madres de la Plaza Luis Pasteur, a México Evalúa, a Reinserta, A.C, a Documenta, A.C, Alto al Secuestro y a México SOS.

 

Muchas gracias a ustedes por su atención.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Tiene ahora el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

 

La Senadora Cristina Díaz Salazar: Con su venia, señora Presidenta del Senado.

 

Honorable Asamblea: El proceso de dictaminación de la Ley Nacional de Ejecución Penal ha sido uno de los más intensos e interesantes que hemos  llevado a cabo en la Comisión de Gobernación.

 

El presente dictamen ha sido elaborado mediante un proceso de tres años en los que han intervenido organizaciones de la sociedad civil, mismas que mencionó oportunamente la Senadora Angélica de la Peña, por académicos destacados, expertos, autoridades de las diversas áreas del gobierno federal y la Conferencia Nacional Penitenciaria.

 

Quiero destacar que en este proyecto hemos trabajado desde el mes de marzo de 2013, primero en la construcción de una iniciativa entre  los Senadores Roberto Gil, Presidente hoy del Senado; Angélica de la Peña y la de la voz.

 

Posteriormente convocamos a un proceso de discusión y análisis a través de mesas de trabajo donde hubo una gran participación de las organizaciones de la sociedad civil, y representantes de la Setec, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación.

 

Secretarios Técnicos de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; Gobernación; y Estudios Legislativos, como es, Julio Rivera, Eduardo Muñiz, Luis Felipe Nava, Gabriel Delgadillo, y desde luego la participación de Jaime Rivera.

 

Así también la participación muy importante de los Senadores Roberto Gil Zuarth, Arely Gómez, Manuel Camacho, que en paz descanse, Benjamín Robles Montoya, Omar Fayad Meneses, María del Pilar Ortega, Luisa María Calderón, Angélica de la Peña, Graciela Ortiz, incluyendo a la de la voz.

 

A todos ellos, a todos los compañeros, Secretarios Técnicos y asesores, y a mis amigos Senadores reconozco especialmente su dedicación sobre este tema que es de la mayor trascendencia e importancia para México.

 

Quienes participamos de este proceso teníamos un fin común: la expedición de una ley que sentará las bases para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, que modifique y enfoque los votos del régimen penitenciario actual: los vicios.

 

Con todo esto sabemos hoy el día, las condiciones de encierro de los centros penitenciarios  que da lugar a violaciones sistemáticas a derechos humanos como consecuencia de los vicios en un sistema de cumplimiento de penas que privilegien encierro y obstaculice en desarrollo personal.

 

Ante esta realidad, y con la urgencia de cumplimentar el sistema de  justicia penal construimos la Ley Nacional de Ejecución Penal.

 

Esta ley tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial condenatoria.

 

En ellas se establecen los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, así como condiciones normativas que permitan una verdadera reinserción social de las personas privadas de su libertad.

 

Se establece claramente un sistema penitenciario que deje ser el centro de convivencia y desarrollo de la delincuencia comúnmente conocido como “escuela de crimen”.

 

Se sientan las bases para establecer un sistema que asegure el cumplimiento de la pena de prisión sin  menoscabo a la dignidad y desarrollo de las personas sobre la base de los principios, garantías y derechos humanos.

 

Parta ello se prevé la homologación del procedimiento de ejecución con el fin de dar trámite a la ejecución de sentencias e iniciar con el cumplimiento al fallo emitido por el  juez de control o el tribunal de enjuiciamiento.

 

Dicho procedimiento está regido esencialmente por los principios de debido proceso aunado a la implementación de protocolos emitidos por la Conferencia Nacional de Sistema Penitenciario con el fin de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, permitiendo al Estado el cumplimiento de sus obligaciones de manera eficaz en esta materia.

 

La autoridad penitenciaria habrá de realizar un expediente de ejecución integrado por registros  con información precisa y actualizada de la resolución no privativa de la libertad, las resoluciones que recaigan en las peticiones, los procedimientos judiciales y los documentos que tengan un efecto en la situación jurídica de la persona.

 

Entre los aspectos más relevantes para generar el cambio de paradigma en el sistema penitenciario están: el reconocimiento de la persona privada de la libertad como sujeto de  derechos y no más como reo o prisionero, ya superado así en la norma constitucional.

 

Especialmente se desarrollan los cinco ejes de reinserción social:

 

Primero. Respeto a los derechos humanos.

 

Segundo. Trabajo y capacitación para el mismo.

 

Tercero. Educación.

 

Cuarto. Salud.

 

Quinto. Deporte.

 

Esto, para que las personas privadas de la libertad no sientan una merma mayor en su desarrollo,  que aquella que derive estrictamente de la sanción punitiva.

 

Lo anterior, con la finalidad de generar un equilibrio entre la sanción y el establecimiento de una vida plena al cumplir la vida impuesta y reinsertarse en la sociedad.

 

Un cambio  relevante en el sistema, es el establecimiento de un plan de actividades que será diseñado con plena participación de la persona sentenciada, de acuerdo con su condición, en el que el trabajo ya no será exclusivamente único incentivo que tenga para lograr su desarrollo o la obtención de beneficios.

 

Es por esto que en el Capítulo de Trabajo, se reconocen nuevas modalidades de empleo, para que la persona privada de la libertad tenga la posibilidad de desempeñar una actividad productiva a través del autoempleo, a cuenta de terceros por contratación, o bien, a través de actividades productivas  para fines del sistema de reinserción.

 

Destaca un aporte fundamental en esta ley referente a las mujeres y, sobre todo, a quienes siendo madres tienen a sus hijos viviendo en prisión.

 

De acuerdo con los derechos de los niños y las niñas, se estableció que durante el tiempo que los hijos  vivan con sus madres en los centros penitenciarios, la autoridad deberá proveerles de medios y espacios dignos para lograr su desarrollo y que no tengan una merma mayor en su crecimiento.

 

Esto, con el fin de proteger a los llamados “niños invisibles”.

 

Como uno de los puntos más sobresalientes de la presente ley, está el apartado relativo a la justicia terapéutica.  Esto representa un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena, que determinará el juez de ejecución y tendrá como finalidad propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas, relacionadas con el consumo de sustancias, bajo la supervisión del juez de ejecución logrando la reducción de los índices delictivos.

 

Otro punto relevante, es un proceso de justicia restaurativa, en los cuales podrá participar la víctima u ofendido, el sentenciado o la comunidad afectada, con el objeto de identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, coadyuvando a su reintegración.

 

La ley contempla también la integración de servicios pospenales, con el objeto de fomentar la creación y promoción de espacios de orientación, apoyo y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación, a efecto de facilitar la reinserción social, aunada a la promoción para  aceptación de la persona externada.

 

Se prevé para ello, que la autoridad penitenciaria y demás autoridades corresponsables, firmen convenios de colaboración con instituciones del sector público y privado para prestar funciones relacionadas con los servicios pospenales y así canalizar a las personas liberadas y a su familia y facilitar su reinserción social.

 

Existirá, de manera importante una coordinación entre la Federación y las entidades federativas para el óptimo cumplimiento de los objetivos de la reinserción.

 

Destaco, que posterior al acuerdo de las comisiones, los presidentes de las mismas hemos acordado presentar un documento con modificaciones que no cambian sustancialmente el proyecto, pero que servirán para dar mayor claridad a los fines  de las leyes.

 

Dichas modificaciones impactan de la siguiente manera:

 

En los artículos  3º y 7º, a efecto de integrar a la Secretarías de Gobernación y de Cultura, como corresponsables para los fines de esta Ley.

 

El artículo 6º, a efecto de que la autoridad penitenciaria procure la sustentabilidad de los centros penitenciarios.

 

El artículo 15, para modificar la aceptación de arraigo domiciliario o resguardo en propio domicilio.

 

Al artículo 22, es el efecto de esclarecer que la  Policía Penitenciaria estará a cargo de la Policía Federal o de las instituciones de seguridad pública o  de las entidades  federativas.

 

El artículo 29, a efecto de que el Inegi realice la Encuesta Nacional sobre Personas Privadas de Libertad con cargo a su presupuesto.

 

Al 135, a efecto de esclarecer el procedimiento para la tramitación y resolución de la apelación.

 

A los artículos primero y segundo transitorios, a efecto de establecer con claridad el inicio de vigencia de la ley, a través de una implementación progresiva de acuerdo con las obligaciones de cada una de las áreas encargadas de ellos.

 

A los transitorios sexto y séptimo, a efecto de garantizar la adecuada implementación, de acuerdo con los presupuestos aprobados y subsecuentes que para ello se destinen.

 

Al transitorio octavo, a efecto de establecer un máximo de cuatro años para cumplir con la obligación de capacitación y formación de los operadores del sistema, así como de contar plenamente con la infraestructura para su debida implementación.

 

Al transitorio décimo, a efecto de adecuar el porcentaje de posesión de cannabis, sativa, indica o marihuana, de manera que el procedimiento de excarcelación proceda en razón de los acuerdos que en esta materia determine el Congreso de la Unión, derivado de las iniciativas que se han presentado  por diversos legisladores y por el Poder Ejecutivo.

 

Se integra un artículo transitorio al resolutivo segundo del decreto, ya que se ha omitido el mismo.

 

Por lo anteriormente expuesto, estamos pidiendo a las Senadoras y a los Senadores, el apoyo para este presente dictamen.

 

Es cuanto, Presidente.

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

 

Solicito a la Secretaría registre el voto a favor de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, en el dictamen relativo a la ratificación del Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

Aprovecho el espacio para saludar la presencia de representantes del Centro de Investigaciones Estratégicas, Sahib Quirán, de Turquía, quienes asisten a una reunión de trabajo con la Comisión de Reforma del Estado, invitados por el Senador José María Martínez Martínez, y por el Senador Patricio Martínez.

 

Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

 

(Aplausos)

 

Adelante, Senadora Ortiz.

 

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente.

 

Vengo en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, a presentar, al igual que mis compañeros Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos, Angélica de la Peña; mi compañera Presidenta de la Comisión de Gobernación, la Senadora Cristina Díaz Salazar y, desde luego, del Presidente de la Comisión de Justicia, el licenciado Fernando Yunes, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal.

 

A mí  me parece que éste es un momento, de contarse con la aprobación del Pleno de este Senado de la  República, para que los Senadores y las Senadoras nos sintamos satisfechos.

 

Uno de los grandes debates en materia doctrinaria en derecho penal, ha sido en México la reinserción social, la rehabilitación de quienes en algún momento dado, por cualquier motivo, cometieron un ilícito, cometieron un delito y fueron juzgados y sentenciados, buscando con ello aplicar lo que el derecho establece, una sanción de pena corporal para aquellos quienes infringieron la ley.

 

Pero parte de nuestro sistema de derecho penal es que aparejada a la sanción, vaya también, lo que es más importante, la búsqueda de la reinserción de quienes cometieron un delito al concluir su pena para que puedan verdaderamente incorporarse a la vida social en mejores condiciones.

 

Y esto, por mucho que lo aprendimos en las facultades de derecho, quienes por ahí pasamos, la verdad es que la realidad nos muestra otra cosa, no hay reinserción social en México, y no la hay, porque aunque está establecida de manera doctrinaria, no tenía, el Estado mexicano y la sociedad misma, los instrumentos, los criterios jurídicos, la normatividad, la regulación apropiada para que esto se cumpla.

 

De tal manera que a mí me da muchísimo gusto estar el día de hoy haciendo la presentación de este cuerpo legal, que está a consideración de ustedes, porque me parece que dentro de los muy variados y múltiples aspectos positivos que integramos a esta Ley Nacional de Ejecución Penal, que por limitación de tiempo no voy a agotar en esta presentación y que además han sido ampliamente presentados por quienes ya me han precedido en la tribuna.

 

Solamente voy a referirme a algunas cuestiones que me parecen trascendentales para lo que estamos buscando aprobar a través del voto favorable de todos ustedes.

 

Esta ley tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y también en las medidas de seguridad impuestas, como consecuencia de una resolución judicial, así como tiene también por fin, por objeto, regular los medios para lograr esto con lo que empecé mi participación, esto que es un anhelo y un deseo de toda sociedad, una verdadera reinserción social sobre la base de los principios, las garantías y los derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y por supuesto en esta ley.

 

Es incuestionable que aquellas personas que están sujetas al cumplimiento de una condena, o bien, sujetas a proceso en espera de que se dicte la sentencia correspondiente, se encuentran bajo la tutela del Estado, y en este sentido, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, y como tal, asume deberes específicos de respeto y garantía de los derechos fundamentales de quienes estén en esta condición, lo que trae consigo la responsabilidad especial, la necesidad de asegurar, de garantizar que la privación de la libertad sirva a ese propósito, de sancionar, pero también de reinsertar hacia la sociedad.

 

En observancia al artículo 18 de la Constitución, la ley que estamos proponiendo aprobar establece, a la luz de la reforma constitucional del 2011, en materia de derechos humanos, la organización, la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto, justamente del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios idóneos no exhaustivos, pero sí idóneos para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad, y buscar, en consecuencia, que no se vuelva a delinquir.

 

Es restituir la posibilidad de la persona de insertarse en la sociedad y también de darle la garantía a la sociedad de que a través de esta pena esa persona ha quedado reincorporada.

 

En este orden de ideas, disponemos en la ley que el desarrollo del debido procedimiento penitenciario ante las autoridades de ejecución se rija por principios que son fundamentales: los principios de dignidad, de igualdad, de legalidad, de debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y desde luego el de reinserción social.

 

Como ustedes saben, desde que se inicia la privación de la libertad, se suspenden o se restringen algunos de los derechos de los reclusos. No obstante, otros se conservan como el derecho a la vida y la integridad corporal, el derecho a la autonomía de la voluntad, a la dignidad personal, a la igualdad y a la no discriminación, los derechos de familia y aquellos relativos a la legalidad y a la seguridad jurídica.

 

En este proyecto que presentamos, incluso, se adquieren o se fortalecen otros derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la capacitación para el trabajo, el derecho a la educación, a la protección de la salud y al deporte.

 

Y esta ley lo que busca es que no permitamos que a las personas en situación de cárcel, sin importar si ya han sido condenados o si todavía están esperando a que se les dicte sentencia, se les invisibilice, se les silencie o dejen de ser parte de la sociedad por su sola situación jurídica.

 

¿Cuántas veces estamos atentos, como sociedad, a todo el proceso que se sigue en el caso de una actuación delictiva?

 

Y una vez que han sido sentenciados, que han sido condenados, que han sido enviados a cumplir su pena corporal, realmente nos olvidamos de qué sucede con ellos y no nos importa y no queremos como sociedad saber qué sucede tras las rejas y tras las gruesas paredes de una cárcel.

 

Desde la perspectiva de que no basta con reconocer derechos en las leyes, en el proyecto nacional de esta Ley Nacional, se han establecido de manera puntual los mecanismos procesales y procedimentales, tanto administrativos como jurisdiccionales para protegerlos.

 

De tal forma que los centros penitenciarios no sean espacio de contagio del crimen, ni de violaciones a los derechos humanos, sino que se conviertan en sitios en los que se respeten los derechos humanos de las personas y se provea una alternativa real de reinserción a la sociedad.

 

Una oferta equilibrada de actividades asociativas y constructivas, y no aflictivas, favorece sin duda en el recluso un estilo de vida autónomo y respetuoso de la ley una vez puesto en libertad.

 

Más concretamente, la adquisición de competencias profesionales, experiencia laboral e instrucción, constituyen elementos fundamentales para esa reinserción apropiada de los reclusos tras su puesta en libertad.

 

Por ello, en el proyecto se establece, y lo quiero subrayar, el plan de actividades como la organización de los tiempos y espacios en que cada persona privada de la libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas, personales y de justicia restaurativa de conformidad con el régimen y organización de cada centro.

 

En cuanto a la ubicación de las personas privadas de la libertad se dispone, y ya se dijo aquí, lo subrayo solamente porque me parece que es de destacarse, que las mujeres compurguen sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, que las personas procesadas y sentenciadas ocupen instalaciones distintas y que las personas en reclusión preventiva y en ejecución de sentencia por delincuencia organizada, o sujetas a medidas especiales de seguridad, se destinen a centros especiales.

 

Esa graduación, esa gradualidad que se le da a quien comete un delito de acuerdo a la gravedad del mismo, me parece que es fundamental en la búsqueda de esa debida reinserción.

 

En este sentido, se establece lo relacionado con la clasificación de áreas dentro del centro penitenciario, los servicios, los protocolos, la atención médica, las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, lo relativo a las personas privadas de la libertad por delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad.

 

Tratándose de personas indígenas la educación que se les imparta deberá ser bilingüe y acorde a su cultura para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros o profesores que comprendan su lengua.

 

Sin embargo, también el derecho en esta ley reconoce que hay conductas mucho más graves que las otras y que, en consecuencia, deben de tener un manejo y un tratamiento diferente.

 

Estas conductas delictivas, aquellas que lastiman significativamente el orden social y la tranquilidad de las personas, por lo cual se ha buscado en otros ordenamientos de tipo penal la imposición de sanciones estrictas a aquellas personas que lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos más valiosos para el ser humana, en este proyecto de ley establecemos tajantemente, en consecuencia, que no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.

 

El Programa de Justicia Terapéutica es un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena que determina el juez de ejecución por delitos patrimoniales sin violencia, cuya finalidad es propiciar la integración de las personas sentenciadas relacionadas también con el consumo de sustancias bajo la supervisión del juez de ejecución para lograr la reducción de los índices delictivos.

 

Establecemos, además, que en la ejecución de sanciones penales puedan llevarse procesos de justicia restaurativa para identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así a como coadyuvar en la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad y la recomposición del tejido social que es lo que más nos importa.

 

Amigas y amigos Senadores: Yo quisiera concluir mi intervención agradeciendo profundamente, reconocimiento más que agradecer, el trabajo que han llevado a cabo las comisiones primigenias, sus mesas directivas y de manera muy especial los cuerpos técnicos que han colaborado para que el día de hoy podamos presentar ante ustedes lo que me parece es una ley que habrá de ser muy útil para lograr ese viejo anhelo que se dio en la discusión doctrinaria de lograr una verdadera reinserción social de quienes han delinquido.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ortiz.

 

Solicito a la Secretaría registre el voto a favor del Senador José María Martínez Martínez, en el dictamen relativo a la ratificación del Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

Como  les fue anunciado ayer al darle primera lectura del dictamen,  las Comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación a los artículos 3, 6, 7,15, 22, 29, 135 y 153, y a los Transitorios Primero, Segundo, Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo del proyecto de Ley de Ejecución Penal y la adición de un artículo transitorio Único de todo el decreto, mismas que someteremos a consideración.

 

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños.

 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al texto del dictamen.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se autoriza, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

 

En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones a los artículos que fueron autorizados por la Asamblea.

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente.

 

Por lo tanto, se concede el uso de la tribuna al Senador Carlos Alberto.

 

Esta Presidencia informa que se recibió el posicionamiento del Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el dictamen que nos ocupa.

 

El Senador Puente Salas se encuentra en una reunión en la Junta de Coordinación Política.

 

El posicionamiento se insertará en el Diario de los Debates.

 

Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Dolores Padierna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: En primer lugar, reconocer ampliamente el trabajo de las comisiones, principalmente de sus presidentas.

 

Ésta que estamos aprobando es una buena ley y a mí me da muchísimo gusto que se haya avanzado con el consentimiento de la gente. Se consultó a las organizaciones sociales, estuvieron los académicos, se consultó a las autoridades administrativas en varios niveles, se hizo un trabajo como se construyen las buenas leyes.

 

Mis felicitaciones a las presidentas, especialmente Angélica de la Peña.

De acuerdo a las cifras oficiales, la tasa de personas que se encuentran privadas de su libertad ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas, por ejemplo, en el año 2010 había 206 personas encarceladas por cada 100 mil habitantes. Cuando en 1995 tan sólo había 102 personas por cada 100 mil habitantes, es decir, que en apenas 15 años el número de personas internas se duplicó.

 

En este contexto habría que preguntarnos: ¿La situación en materia de seguridad, así como en materia de procuración e impartición de justicia ha mejorado?, ¿la población se siente más segura?, ¿la incidencia delictiva ha disminuido?

 

La respuesta, evidentemente, es no.

 

No es un secreto que en México durante años se ha practicado abiertamente o se ha puesto en práctica por parte del Poder Legislativo, desde donde se ha pretendido atender el problema recurriendo al derecho penal, al incremento de delitos y a las penas, solamente sin atender las verdaderas causas estructurales de la violencia y el crimen.

 

De acuerdo a los datos que se tienen disponibles enviar a una persona a la cárcel puede suponer, en no pocas ocasiones, empujarlos hacia una carrera delictiva ascendente. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que cuando las cárceles no reciben la atención o los recursos necesarios su función se distorsiona, en vez de proporcionar protección se convierten en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial que propician reincidencia en vez de rehabilitación.

 

El proyecto de dictamen de Ley Nacional de Ejecución Penal, que se presenta, tiene grandes avances que permiten concretar el urgente y necesario cambio de paradigma del Sistema Nacional Penitenciario, pues permite transitar de un sistema obsoleto y violatorio de derechos humanos a un sistema que busca la rehabilitación de las personas privadas de su libertad en el marco del respeto a los derechos humanos.

 

El proyecto ha venido siendo trabajado desde el año 2013 y es resultado de la participación de Senadoras y Senadores, de la academia de representantes de la sociedad civil, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría General de la República, la Secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de Justicia Penal, etcétera, así como el órgano desconcentrado para la readaptación social de la Secretaría de Gobernación, principalmente.

 

Sin duda, este dictamen representa un avance muy importante, aunque hay que advertir que las condiciones en las cuales se encuentran principalmente los sectores de vulnerabilidad a los cuales esta ley contiene, y las presidentas no se refirieron a ellos,  y yo voy a enfocarme mejor a argumentar en el contenido que tiene esta ley en favor de los derechos y los principios de igualdad que tienen varios grupos sociales.

 

Uno de estos grupos es los grupos con discapacidad. La situación en la que se encuentran actualmente las personas discapacitadas, por ejemplo, las psicosociales o las inimputables, ya ha sido también señalada por el relator especial sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos y Degradantes, en su visita realizada a México en 2014, quien indicó que la mayoría de las personas con discapacidades que se encuentran en el sistema penitenciario no están en centros adecuados para su  correcto tratamiento y que se albergan en sectores reducidos de las prisiones, en condiciones de insalubridad y hacinamiento, lo que agrava sus necesidades específicas de salud.

También hizo énfasis sobre la carencia de instalaciones, recursos y personal necesario para capacitarlos y brindar un tratamiento digno, pues se observó que las personas internas con discapacidad psicosocial, viven casi todo el día encerradas, a veces en aislamiento y en condiciones inhóspitas.

El dictamen aprobado en esta materia considera, en el artículo 4, que es de manera transversal, que:

Deberá respetarse el derecho a la igualdad en que se incluye la prohibición de la discriminación motivada, entre otras cosas, por las discapacidades.

Establece la obligación de las autoridades de velar para que en caso de que las personas con discapacidad o inimputabilidad, deban proveerse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como en el diseño universal de las instalaciones, para una adecuada accesibilidad.

Son elementos enunciativos que en sí mismos representan un avance muy importante para atender a la población penitenciaria en condiciones de discapacidad.

Faltará esperar que las autoridades penitenciarias en cada nivel de gobierno, implementen las medidas que dice esta ley y las conviertan en política pública concreta. Sólo así se garantizarán los derechos humanos de estas personas.

En relación a las personas de la comunidad lésbico-gay, en México seis de cada diez personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero recluidas en cárceles, han sido víctimas de diferentes tipos de abusos. Son los más vulnerables entre los vulnerables, advierte el informe de violencia contra las personas lésbico-gay, lesbianas, transgénero, elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

De acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a partir de la información oficial presentada por los Estados y las organizaciones de la sociedad civil en 25 países, incluido México, las personas lésbico-gay enfrentan un riesgo mayor de violencia sexual y otros actos de violencia y discriminación a manos de otras personas privadas de su libertad o del personal de seguridad.

El reporte informa que en los espacios de reclusión recurren abusos reiterados, pues los hombres gay y las mujeres trans pueden ser víctimas de servidumbre forzada por parte de otros internos, o son obligados a servicios sexuales.

En países como México, además, las mujeres trans regularmente son albergadas en pabellones para hombres.

En el dictamen aprobado en comisiones se hace un esfuerzo muy importante por incorporar de forma general el derecho a la igualdad y no discriminación, y señala de forma general la necesidad de tomar medidas para que nadie sea víctima de violencia, que tengan acceso a visitas y derecho a la salud, entre otras.

Sin embargo la población lésbico-gay y transgénero refiere que se tomen medidas específicas para garantizar sus derechos, lo cual correspondería a las autoridades penitenciaria de los tres órdenes de Gobierno:

Respetar la identidad de género en tanto que factor determinante para la ejecución de una pena carcelaria, evitando la encarcelación de personas trans en cárceles que guarden relación con su identidad de nacimiento y no la que la persona exprese.

Aplicar un sistema de clasificación que reconozca las necesidades especiales de protección de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales.

Tomar en consideración los deseos e inquietudes de las personas reclusas durante su alojamiento.

No ubicar a los reclusos homosexuales, bisexuales y transexuales en dormitorios o celdas junto con reclusos que puedan significar un riesgo para su seguridad.

Garantizar que no exista discriminación en la calidad del alojamiento dado a los grupos homosexuales, bisexuales y transexuales, entre muchas otras señaladas.

Finalmente, en el caso de las mujeres, en este dictamen se desarrollan medidas específicas que deberán adoptarse en el caso de las mujeres durante una visita de familia, o las mujeres que son madres, tengan derecho a recibir a sus hijos.

 

Hay medidas específicas que en general se debe de tomar en cuenta por el Sistema Penitenciario durante sus procedimientos. Más allá de si las mujeres son  madres o no lo son.

 

Como la atención ginecológica y realización de estudios periódicos, a fin de prevenir enfermedades, como el cáncer cervicouterino y de mama.

 

El establecimiento de medidas específicas para prevenir la violencia sexual y mecanismos para la atención de los casos en que lleguen a presentarse, y asegurarse que la capacitación para el empleo no se fomente la reproducción de los roles de género, sino que permita generar las competencias necesarias para autoemplearse y generar recursos que le permitan mantenerse como las mujeres lo decidan.

 

Si apostamos a que el Senado o el Congreso de la Unión, legisle un marco normativo que sea acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

 

Esta Ley de Ejecución de Penas o Penal es un buen ejemplo, podría ser está una buena ley, así la denominamos nosotros y nosotras en el PRD.

 

Esta es una buena ley, y tener una buena ley es algo de celebrarse.

 

Es cuanto, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Padierna.

 

Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Layda Sansores San Román, para dar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

 

La Senadora Layda Sansores San Román: Presidente, compañeras, compañeros.

 

Hasta el día de ayer pensé que iba a decir aquí las palabras más conciliadoras que hubiese pronunciado durante esta legislatura.

 

Estaba muy emocionada en el momento que se aprobó por unanimidad el dictamen.

 

Y me dice yo, no está ley bien puede convertirse en el recordatorio de que este Senado, sí es capaz de dictaminar leyes bajo un modelo incluyente en el que la sociedad civil estuvo siempre presente.

 

Un Senado que tiene la sensibilidad para hacer consensos más allá de siglas partidistas cuando se lo propone.

 

Y pensé que, incluso, habían resistido el último embate porque todavía en la víspera hubo el forcejeo con aquel fantasma que habita en los castillejos y que siempre se aparece en las vísperas de la aprobación de los dictámenes.

 

Pero se aprobó, y cuetes, fuegos artificiales, todos felices, las sociedades, las organizaciones civiles celebraban.

 

Pero antier llegó el fantasma en forma de Addendum, que no es más que un atropello a la investidura legislativa, como decían mis compañeras Angélica y Cristina.

 

Comenzó a discutirse desde el 2013, y Hacienda se aparece a puerta cerrada un día antes para dar el  machetazo.

 

Deja claro que el gobierno de Peña, no está dispuesto a invertir un solo peso en su implementación, porque todas esas modificaciones que acaban de entrar que ustedes oyeron, al artículo no que sé qué, al artículo no sé cuándo y al transitorio.

 

Que nadie sabe ni de que se trata, no es más que decir, que no hay dinero para ley, y que se va a implementar hasta dentro de cuatro años, como quien dice, hágase la justicia y la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los bueyes de mi vecino.

 

A Peña Nieto, no le interesan los derechos humanos y eso queda evidente, y es un cínico; entonces, saluda con sombrero ajeno, es que no podría mocharse unos dolaritos de esos que depositó, cash en los Panamá-Papers, porque todos sabemos que el señor de la Casa Blanca y el señor Higa, son dos personas distintas, pero sólo una verdadera.

 

Voy a votar a favor, como creo que lo harán mis compañeros, porque se valora el esfuerzo de varios años de quienes integran las comisiones.

 

El reconocimiento a quienes las encabezaron.

 

El Senador Gil no era aún Presidente de esta Cámara. Era el Presidente de la Comisión de Justicia.

 

Y a él le reconocen las organizaciones sociales que hizo la puerta grande para que entraran a dar sus puntos de vista y el Senador Yunes tuvo la sensibilidad de mantenerla abierta.

 

En esa ley hay párrafos completos que dejó plasmada la sociedad civil con su experiencia que fueron totalmente respetados.

 

Angélica de la Peña, Cristina Díaz que lograron armonizar sin prisas, sin fast track novedosos puntos de vistas encontramos.

 

Pero sobre todo voy a votar a favor, porque esta ley va a quedar como un testimonio de la fuerza, de la perseverancia de una sociedad civil organizada que pone toda su pasión para lograr sus objetivos, voto por esos Miguel Sarre, tan sencillo, siempre tan discreto que nadie cuanto él aporta, por lo que documenta, por México Evalúa, por Reintegra y cuántas organizaciones que aparecen en el marco de la ley dándole el crédito que merecen.

 

Hoy  se multiplican en un acto de sobrevivencia ante gobiernos indiferentes a la justicia y a los derechos humanos, que a pesar de todo, sí tiene motivos para celebrar.

 

Varios son los logros que se esperan a partir de esa ley, aquí lo han dicho con mucha claridad todos mis compañeros, y voy a resaltar hoy que los penales que se convirtieron en los calabozos oscuros del medievo ya van a ser observados por ojos judiciales, que además van a tener músculo, eran de los aspectos que más interesaba a las organizaciones civiles; y van a tener también en los reclusorios los ojos de la sociedad civil, y los ojos del Inegi, no hay dinero, pero están  los ojos por delante, y se tendrá un mejor sistema de información penitenciaria que será pública.

 

Todos sabemos, y aquí lo  han dicho, los penales son mafias que están perfectamente coordinadas con las mafias de afuera, del gobierno, que tienen parceladas las cárceles, y donde cada quien cobra y se compra la parcela para después poder explotarla.

 

Es verdaderamente lamentable, porque además quienes pagan, son los más pobres.

 

Entonces, creo que esto es un avance, habrá que darle seguimiento, los recursos necesarios, los recursos siempre necesarios para que el fruto germine, pero uno le apuesta a que estas, a esta sociedad civil no claudica, y que finalmente se va a lograr el objetivo.

 

A esta sociedad civil que se mueve y que nos conmueve reiterarle nuestro reconocimiento, porque creo que, pues me siento muy  desalentada de un gobierno decadente, siempre pienso en estos jóvenes, en estas organizaciones que surgen en medio de tanta oscuridad, se convierten en aurora que prometen, y son flor nacida en tierra árida.

 

Muchas gracias compañeros, y permítanme hacer un anuncio, no está aquí el señor Gil, espero que no va a votar, pero hoy sí hay que hacerle un reconocimiento, ha sido una lucha de los trabajadores de Fonatur, los más humildes de la Cámara, porque tuvieran un aumento en su salario, y lo van a tener por una gestión fundamentalmente de Gil,  de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación.

 

Sé que aquí todos participan y hay que agradecérselos y valorarlos esta sensibilidad, tendrán 8.6 de aumento, 500 pesos de vales, y algo que me parece muy importante, porque cada presidente ha aportado algo en su tiempo.

 

El Senador Cordero, les hizo el comedor para que no siguieran comiendo adentro de los baños.

 

El Senador Cervantes, les  hizo los  más lujosos y dignos vestidores que no tenemos ni los Senadores, y eso me llena de orgullo.

 

Pero, hoy, además de tener un nuevo comedor, van a tener comida por 5 pesos, podrán comer dignamente, creo que son pasos que se están dando y pues es una convocatoria, hay que tratarlos con mucho amor, creo que es tarea de todos a cada uno que encuentren en el camino el aliento para quienes con amor nos sirve.

 

Gracias.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Sansores.

 

Se concede el uso de tribuna a la Senadora Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

 

La Senadora Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidente.

 

Compañeras y compañeros Senadores: Sin duda la Reforma Constitucional de 2008 que revolucionó el sistema penal en nuestro país, planteó un rediseño integral a nuestro sistema de  justicia.

 

A partir de entonces, también tenemos que reconocer que la discusión legislativa en torno a este sistema se ha centrado fundamentalmente en los aspectos procedimentales desde la investigación inicial hasta el juicio oral pasando por los medios de impugnación.

 

Sin embargo, no ha sido así, en lo que constituye el último eslabón del sistema acusatorio.

 

No debemos olvidar que éste es justamente el de la ejecución de las sanciones penales y el de la reinserción social, puesto que la mencionada reforma reconoció, incluso, en su exposición de motivos y partes considerativas, dentro de la discusión legislativa, que  no habían sido considerados los centros de  privación de libertad como un rubro sustantivo o relevante, ni en las agendas legislativa,  ni en las políticas de asignación de recursos, ni en la política criminal en lo general.

 

En ese momento, se reconoció también que las prisiones eran vistas como un gasto que siempre sería deseable evitar,  y que dicha posición, además, ha provocado a lo largo del tiempo que las prisiones se conviertan en lugares donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de quienes están ahí como internos.

 

Un escenario de inseguridad jurídica, un escenario de violación a derechos humanos.

 

En ese momento tan trascendental donde cambiamos el Sistema Penal Acusatorio, se reconoció que las prisiones han funcionado como espacios totalitarios y excluyentes, lo que permitía presuponer que no se lograba durante su estancia una verdadera readaptación social, por lo que en su lugar, se transitó a partir de esta reforma del 2008 a un nuevo objetivo consistente en lograr un reinserción  social.

 

En diversos diagnósticos que ya se han señalado en esta tribuna, emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que han servido como referente, respecto a la situación  que guarda el Sistema Penitenciario de nuestro país, se han hecho visibles las deficiencias de los centros penitenciarios entre los que siguen destacando el hacinamiento, la falta de actividades laborales, la capacitación para el trabajo, la falta de personal de seguridad y custodia, así como  la prevención y atención de incidentes violentos, la falta de un programa de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, falta de higiene, falta de manuales de procedimientos para el  ingreso,  traslado de internos, uso de la fuerza, visita íntima o familiar.

 

El último de estos diagnósticos emitido por la CNDH en 2015, refiere que ocurrieron dos mil 110 incidentes, de los cuales mil 142 ocurrieron en centros de reinserción social y 968 en centros federales de readaptación social.

 

En este  esquema destaca que el acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a las riñas; en segundo lugar, a los desórdenes; en tercer lugar, homicidios; en cuarto lugar, abusos; quinto lugar,  suicidios y;  sexto lugar, motines.

 

En este entorno es que no podemos hablar de un sistema acusatorio si una reforma integral al sistema de ejecución de sanciones y a nuestro sistema penitenciario a través de una nueva concepción de este concepto de reinserción social que claramente quedó establecido en nuestra Constitución.

 

Como bien lo señala la exposición de motivos del presente dictamen, el nuevo modelo de justicia penal tiene como uno de sus principios fundamentales, el de democratizar la etapa de la ejecución de las sanciones penales, bajo la óptica del debido proceso penal y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los sentenciados y de quienes están en estos centros de privación de libertad.

 

Siendo importante tener presente que este individuo, privado de su libertad, no deja sus derechos fundamentales por ingresar a un centro de esta naturaleza, puesto que éstos son inherentes a su persona, y hay que reconocer también, que es el Estado quien debe garantizar que esta persona, privada de su libertad,  tenga, cuente con las adecuadas garantías y condiciones de vida, pues se encuentran bajo su custodia y bajo su responsabilidad.

 

Por tal razón, el 8 de octubre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 73 constitucional, que mandata al Congreso de la Unión la expedición de una Ley de Ejecución de Sanciones única en todo el territorio nacional, bajo la premisa de la seguridad jurídica, de un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que reduzca la confrontación de criterios, que se aplique de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para la persona privada de su libertad y demás intervinientes en el procedimiento.

 

Es por ello, que a casi tres años de distancia, se pone a consideración de este Pleno este producto legislativo.

 

Debiendo hacer también, un reconocimiento a los legisladores que participaron activamente en la elaboración de este dictamen, a los presidentes de la Comisión de Justicia, en su momento, al Senador Roberto Gil, y actualmente al Presidente Fernando Yunes; a la Senadora Graciela Ortiz, a la Senadora Angélica de la Peña y a la Senadora Cristina Díaz, que como Presidentas de las Comisiones Codictaminadoras participaron de manera activa en la elaboración del dictamen que finalmente se votó en comisiones.

 

Este decreto tiene por objeto establecer las normas que deberán observarse durante el internamiento por prisión preventiva, por ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas, como consecuencia de una resolución judicial.

 

Asimismo, el de establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social.

 

Dentro de las principales aportaciones de esta ley, encontramos una regulación detallada a los distintos ejes sobre los que se desarrollará el Sistema de Reinserción Social, pasando por la educación, el trabajo, la capacitación, la salud, el deporte y el respeto a los derechos humanos.

 

También se establecen como principios rectores del Sistema Penitenciario, la dignidad, la igualdad, la legalidad, el debido proceso, la transparencia, la confidencialidad, la publicidad, la proporcionalidad y la reinserción social, por supuesto.

 

Se establece una prohibición absoluta para que cualquier interno pueda acudir ante las instituciones públicas y privadas y protección a derechos humanos, es decir, la prohibición va en el sentido de que no se impida el derecho de estos a acudir ante estas instancias de protección a derechos humanos.

 

Las mujeres privadas de la libertad tendrán acceso a los derechos específicos de su género, así como a condiciones especiales, para quienes son madres y en el caso de niñas y niños que nazcan dentro de los centros penitenciarios.

 

Se establece también la prohibición del tratado involuntario de mujeres embarazadas o de mujeres privadas de la libertad, cuyas hijas o hijos vivan con ellas en el centro penitenciario.

 

En el caso de las personas con discapacidad que se encuentren privadas de la libertad al momento de su ingreso, la autoridad penitenciaria estará obligada a proveer todos los medios necesarios, mismos que incluyen traductores e intérpretes para la debida comprensión de las normas disciplinarias del centro penitenciario.

 

La persona privada de su libertad podrá solicitar al juez de ejecución un permiso extraordinario de salida, cuando justifique enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendiente o descendente en primer grado, cónyuge, concubino o socio conviviente.

 

En caso de personas sujetas a prisión preventiva, deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en el centro penitenciario más cercano al lugar donde se esté llevando a cabo su proceso.

 

El centro penitenciario en todo momento deberá realizar a las personas privadas de la libertad, un examen médico, antes, durante y después del cumplimiento de una medida disciplinaria de aislamiento.

 

En el caso de aislamiento temporal, no será motivo de restricción o impedimento para la comunicación con el defensor.  Asimismo las mujeres embarazadas y  madres que conviven con sus hijas e hijos al interior del centro penitenciario, no les será aplicado este aislamiento.

 

Finalmente, quisiera des tacar el tema fundamental de la justicia terapéutica, misma que se constituye como un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena, por los delitos patrimoniales sin violencia que son cometidos bajo el influjo de una sustancia o con el fin de obtenerlas y cuya finalidad será propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas bajo la supervisión del juez de ejecución para lograr la reducción de los índices delictivos.

 

Es  por lo anterior, que el nuevo paradigma del Sistema de Ejecución de Sanciones y de Reinserción Social, constituye un tema que debe ser tratado desde una óptica integral, sobre la base de los principios que enarbolan el Sistema Penal Acusatorio.

 

Es por lo cual, nuestro grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, ya que representa un paso importante en el debido proceso de ejecución penal, y es necesario en este sentido, hacer hincapié en que la ley impondrá diversas y variadas obligaciones a los operadores de este sistema, por lo que no basta la expedición de esta ley, sino que es necesaria una respuesta institucional de quienes tienen a su cargo el Sistema Penitenciario Mexicano, para que a partir de su actuación se cristalicen las bases y principios de esta ley, y es necesario también señalar que nosotros como legisladores tendremos también que vigilar el adecuado cumplimiento e ir realizando los ajustes o adecuaciones necesarias que el sistema requiera, con base en su aplicación.

 

Es por ello que hoy solicitamos a este Pleno el voto a favor del presente dictamen.

 

Es cuanto, Presidenta.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Ismael Hernández Deras, del Partido Revolucionario Institucional.

 

El Senador Ismael Alfredo Hernández Deras: Con su permiso, señora Presidenta.

 

El grupo parlamentario del PRI tiene claro que legislar hoy siempre es pensando en el futuro de México.

 

Nos queda muy claro que lo hacemos a partir de un diagnóstico serio, responsable de cada uno de los temas.

 

Y actualmente, los centros penitenciarios del país, tienen desafíos enormes de problemas añejos, rezagados y nuevos problemas por la nueva dinámica en que hoy vive la sociedad: sobrepoblación, falta de educación, falta de atención médica, falta de capacitación para el trabajo y para la vida, por mencionar solamente algunos de ellos.

 

De acuerdo a uno de los diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un estudio de 104 centros penitenciarios, existen deficiencias en la clasificación entre los procesados y los sentenciados. Además de esos 104, 92 se les identificó falta de actividades laborales, instrumentos adecuados para la capacitación para la vida, y reitero también, para el trabajo.

 

En esta identificación de la problemática, de los 104 de este estudio, 71 de ellos se detectaron la existencia de privilegios y la comisión de prácticas por parte del personal que podrían identificarse se vulnera la integridad de los reclusos y el ejercicio pleno de los derechos humanos y de las garantías individuales.

 

En este contexto, los Senadores del PRI no somos omisos, no somos indiferentes, al contrario, como partido en el gobierno dispusimos siempre la mejor buena voluntad para ir asegurando y provocar un marco jurídico que garantice respeto a los derechos humanos, que procure una verdadera reinserción social y que garantice también espacios para el desarrollo integral de las hijas y de los hijos de las mujeres en reclusión.

 

Nuestro sistema penitenciario sin duda que debe de aspirar a consolidar una organización efectiva relativa al tratamiento de los reclusos con dignidad, con igualdad, con legalidad y proporcionalidad para que realmente puedan tener una auténtica reinserción social.

 

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores.

 

Sin duda que se han dado pasos importantes para la transformación de nuestro marco jurídico normativo en materia de derechos humanos en las reformas constitucionales del 2008 y del 2011, se sentaron bases importantes para un nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

 

Quedó atrás el modelo inquisitorio y se incorporaron mecanismos para asegurar el pleno goce de los derechos humanos como el control de la convencionalidad y el reconocimiento también.

 

En el PRI nos queda claro que los tratados internacionales que suscribe México son parte de la respuesta en esta nueva ley.

 

Continuamos como Estado mexicano dando respuestas a miles y a millones de familias mexicanas.

 

El cambio, sin duda, que es la marca provocada en éste y en estos años.

 

Se establecen normas que se habrán de observar durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de un resolución judicial, entre sus beneficios destaca que: prohíbe tajantemente la implementación de medidas disciplinarias que impliquen trato cruel, degradante e inhumano contrario al respeto de los derechos humanos de los reclusos y de las reclusas, además, protege, fomenta y asegura el principio del interés superior de la niñez a implementar condiciones adecuadas de vida y para recibir educación, atención médica especializada para las niñas y niños.

 

En el caso de las reclusas que viven con sus hijos, el nuevo instrumento jurídico instituye derechos específicos como recibir un trato adecuado pertinente y de calidad en la custodia, registro y salud para procurar un nivel de vida digno a los menores de edad, esto significa que ellos tendrán asegurados una atención médica obstétrico ginecológica y pediátrica antes, durante y después del parto.

 

El grupo parlamentario del PRI, sin duda, que votará a favor de esta ley debido que  habrá de coadyuvar a la instauración de un nuevo régimen de seguridad pública y a innovar un sistema de reinserción social acorde con la realidad que vive México y a las problemáticas que hoy deberemos de atender para los mexicanos.

 

Votaremos en sentido afirmativo ya que con su instrumentación de esta ley también se armoniza nuestra legislación con los compromisos, reitero, que tenemos a nivel internacional y de tutela efectiva, del ejercicio también y disfrute de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.

 

En el PRI estamos convencidos de que la nueva ley está acorde a los principios, garantías y derechos garantizados en los tratados a nivel internacional y también, sin duda, de los que forman parte y se establecen en la Constitución general de los mexicanos, esta nueva ley es una nueva respuesta del Estado mexicano, de este Senado siempre pensando un cambio y una nueva ley con una gran sentido humano, la verdadera reinserción social por la que todos hoy en su aprobación, sin duda, mandaremos el mensaje del compromiso con los temas fundamentales que le preocupan a millones de familias mexicanas.

 

Enhorabuena a las comisiones y a los grupos técnicos y a todos y cada uno de los elementos de la sociedad civil que participaron.

 

México tiene una nueva respuesta del Congreso mexicano.

 

Enhorabuena.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Está a discusión en lo general el dictamen.

 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.

 

Al no encontrarse en el salón del Pleno, tiene la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a favor, hasta por cinco minutos.

 

Al no encontrarse el Senador, tiene la palabra el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, para hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.

 

Velar por las condiciones de seguridad pública, los intereses de la nación y de la sociedad es una labor que todo Estado de derecho democrático debe respaldar y asegurar, bajo esa tesitura es necesario continuar los cambios que se han impulsado a través de diversas reformas a la legislación nacional en materia de sistema de justicia penal.

 

Para consolidar el desarrollo político, económico, social de la nación y la transformación del Sistema Penal en México se necesita trabajar integralmente en la armonización de la legislación, pero también en la instrumentación de la misma.

 

Para la transformación de las instituciones involucradas en el sistema de justicia es necesario contar con un modelo que contribuya a abatir la impunidad y la corrupción, esclarecer los hechos delictivos, proteger al inocente, reparar los daños causados por el delito y lograr una verdadera reinserción de los sentenciados.

 

Actualmente en el país existen 393 instalaciones penitenciarias con una capacidad instalada para albergar a poco más de 200 mil internos, por lo que se estima que existe una sobrepoblación nacional de 48 mil 907 espacios en 213 cárceles, lo que hace que las prisiones mexicanas sean centros de reclusión inhumanos.

 

Por lo anterior, el país necesita no sólo trabajar en leyes que garanticen un debido proceso, el sistema penitenciario también requiere de atender objetivos primordiales como la reinserción social, aunque estamos de acuerdo con el dictamen que se somete a consideración no queremos votar sin hacer una reflexión sobre el sistema penal de nuestro país.

 

La primera de las consideraciones tiene que ver con los fines de la pena, la pena no es para castigar, el fin de las sanciones penales, además de restaurar los derechos de las víctimas y ofendidos, es reinsertar a la sociedad a los sujetos activos de los delitos.

 

La distinción entre delincuente y sentenciado tampoco debe ser trivial. Al adoptar el término actual, la Constitución permite la posibilidad de que haya personas inocentes en los centros penitenciarios, de ahí que se debe buscar reinsertar a quienes, en efecto, se ha demostrado su culpabilidad en esa sentencia.

 

Para ello, además de valorar los casos donde resulta necesaria la prisión preventiva, se requeriría que todos los procesados en donde no exista cosa juzgada tengan plenos derechos políticos, puedan votar y ser votados.

 

Sabemos que en el artículo 38, fracción II de la Constitución, impide lo que aquí señalamos, pero también es verdad que el artículo 20 del mismo ordenamiento estipula la presunción de inocencia: “todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario”.

 

En este sentido, por qué alguien que se presume inocente se le limita en el goce de sus derechos políticos plenos. Me parece que la restricción constitucional del artículo 38, fracción II, es contraria a los derechos humanos y al propio artículo 20 de la Carta Magna, por ello es necesario mantener un debate serio acerca de que el sistema penal de nuestro país no tuviese un fin puramente punitivo y, en cambio, debiera velar para que los códigos penales regulen y promuevan las sanciones alternativas a la de prisión, y sólo por delitos sumamente graves debe sancionarse con reclusión a las personas.

 

De esta manera, la limitación de la prisión preventiva debe ser una excepción y no la regla general. Las personas deben tener en principio, como derecho, el poder ser juzgados en libertad, y salvo en el caso de los delitos graves a que se refiere el artículo 19 de la Constitución ser procesados en prisión.

 

En esta tesitura resulta una imperiosa necesidad revisar el catálogo de los delitos graves en la legislación adjetiva penal para reducir el número de delitos graves y dar mayores garantías al principio de presunción de inocencia.

 

A pesar de que la reinserción social del sentenciado es un criterio fundamental del mandato constitucional de nuestro sistema penitenciario no hay evidencia de que permita dar cuenta de que esto se esté cumpliendo.

En 2012, casi 16% de los sentenciados fueron reincidentes, lo que significa que su paso por los centros penitenciarios no los disuadió de cometer nuevos actos delictivos.

 

En algunas entidades federativas las cifras de reincidencia son notoriamente altas, la Ciudad de México, por ejemplo, reportó una tasa de reincidencia del 35.2%; en Colima y Yucatán las tasas fueron superiores a 20%, lo que significa que el sistema no está funcionando.

 

Resulta indispensable aprobar una ley para la reinserción social de los reos que haya purgado sanciones penales, para que al salir de prisión no se les impida el trabajo, la educación o la integración familiar. Por eso estimamos que el requisito que en la mayoría de empleos imponen para contratar a un trabajador, de exigir la carta de no antecedentes penales, es contraria a los derechos humanos.

 

Esta ley de ejecución penal tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social.

 

Sin embargo, es necesario dejar constancia de que estamos en contra de cualquier privatización de los servicios que se presentan en los centros penitenciarios del país. El monopolio del Estado debe ser preservado y, en consecuencia, debe cumplir con su obligación frente a la sociedad.

 

El Estado tiene que brindar al interno adecuadas garantías y condiciones de vida, pues se encuentran bajo su custodia, no se puede eximir de la doble responsabilidad que tienen con la sociedad, hay que debe garantizar la reinserción del sentenciado, pero también dar la certeza a la población de que esa persona no volverá a delinquir y contribuirá a forjar el bien común para este país.

En este sentido, con base en las consideraciones que han sido expuestas, el voto del grupo parlamentario del Partido del Trabajo será a favor del presente dictamen, sin dejar en claro que nosotros votamos en comisiones un proyecto por unanimidad y en donde nos damos cuenta que se metió un addendum hace 24 horas, y les voy a leer el transitorio sexto como estaba, como lo votamos, y posteriormente a cómo va a quedar.

Transitorio sexto.- “La Cámara de Diputados, las Legislaturas locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, deberán destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones que deban realizarse para la implementación de lo dispuesto por la presente ley, en términos de lo dispuesto por el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008”.

Y ahora va a quedar así:

Transitorio sexto.- “Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto para el Poder Judicial Federal, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Asimismo, las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley”.

Ha sido un trabajo en donde reconozco a los presidentes de las comisiones, a sus equipos técnicos, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad en general, pero con estas disposiciones nuevas que metieron, creo que no se va a poder lograr esta ley.

Los estados no tienen recursos, los estados están endeudados y ahora les cargan el financiamiento para llevar a cabo esta pura, blanca y noble ley que se elaboró con mucho trabajo.

Entonces se los dejo para que lo chequen.

Es cuanto, Presidenta.

 

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Partido Acción Nacional.

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, Senadora Presidenta.

Quiero felicitar a los presidentes de las comisiones, la Senadora Cristina Díaz, Graciela Ortiz, al Senador Fernando Yunes, a la Senadora Angélica de la Peña y en especial a la Senadora Pilar Ortega, a todo su equipo de trabajo, su equipo técnico, pero también a los Senadores y Senadoras que conformamos estas comisiones, porque son muchísimas horas de trabajo y mucho tiempo dedicado.

Muchas felicidades por este dictamen.

También quiero agradecerles haber aprobado favorablemente mis reservas que presenté en comisiones.

El presente dictamen servirá para buscar terminar con la violencia, la corrupción, la tortura y los tratos crueles, degradantes e inhumanos que imperan en los centros penitenciarios.

Con la presente ley se establecen las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.

Se establecen los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, así como regular los medios para lograr la reinserción social.

Todo lo anterior sobre las bases de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Pero necesitamos promover ante la Cámara de Diputados, dos de los recursos suficientes para que la presente ley no quede como letra muerta y se pueda garantizar que las mujeres compurguen sus penas en lugares separados destinados a los hombres; que las personas procesadas y sentenciadas ocupen instalaciones distintas; los derechos de las mujeres embarazadas o para aquellas internas que tienen sus bebés con ellas, atención médica, obstétrica, ginecológica, pediátrica y alimentación adecuada, por mencionar algunos.

El sistema penitenciario tendrá su base en el respeto de los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para procurar la reinserción a la sociedad de la persona sentenciada, y procurar que no vuelva a delinquir.

En las instalaciones de los centros penitenciarios se deberá mantener la seguridad, tranquilidad e integralidad de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. Y también deberán de ser sustentables.

 

Ya hay un centro penitenciario, por ejemplo, en Durango que está trabajando estás partes de ser sustentable y que es digno de mencionarlo como ejemplo.

 

El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de la libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico.

 

Es importante señalar, que dicho beneficio no podrá ser en delitos de trata de persona, delincuencia organizada.

 

Y adelanto que también la próxima Ley de Tortura debe por ningún motivo dar dicho privilegio.

 

El Juez de Ejecución podrá determinar el beneficio de la libertad anticipada que consistirá en la extinción de la pena de prisión y el beneficio de la libertad al sentenciado.

 

Se establece que la ejecución de sanciones penales pueda llevarse procesos de justicia restaurativa. En los que la víctima u ofendido, el sentenciado y, en su caso, la comunidad afectada.

 

El libre ejercicio de su autonomía participe en forma individual o conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, con el objeto de identificar las  necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como coadyuvar en la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad, y la recomposición del tejido social.

 

Por económica parlamentaria, Senadora Presidente, solicito sea inscrito en el Diario de los Debates el presente posicionamiento de forma completa.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Se integrará al Diario de los Debates su intervención.

 

Ahora tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

 

Hay que renovar votos.

 

Hay que recuperar la esperanza.

 

Sin embargo, haciendo un reconocimiento pleno al trabajo aquí realizado. Pareciera ser que donde todos son culpables, todos son inocentes.

 

Y me resisto a que esto, más allá de las múltiples bondades que ya fueron referidas por quienes me antecedieron en el uso de la voz y que las  hago propias.

 

Hay cosas que a los mexicanos les preocupan en el día a día y que no alcanzan a entender el porqué de la situación que hoy estamos viviendo.

 

El dictamen no trae un diagnostico cierto o verdadero de ¿Cuál es el estado que guardan los centros penitenciarios?

 

Sí, que bueno, que con esta iniciativa nos estemos planteando un sinfín de eventos, de criterios y de conceptos que debíamos de haber tenido contemplados desde hace mucho tiempo y no a partir de la modificación del 1 constitucional y los Tratados Internacionales.

 

Yo espero que no sea letra muerta.

 

Yo espero que no se convierta en un gatopardismo en el tiempo y el espacio.

 

Ya se planteó aquí, dan cuatro años.

 

No tiene fuente de financiamiento.

 

Obligan a los organismos y a las dependencias obligadas a que hagan una readecuación programática y presupuestal del ejercicio del gasto, cuando ya de suyo, tanto en el orden federal como en el orden estatal.

 

Hay una presión al gasto enorme y hay un incumplimiento a la obligación legal de gasto en muchos otros conceptos.

 

Cuando advertí las modificaciones, aplaudí unas, como la del Décimo Transitorio, pero me preocuparon otras como que la Secretaría de Hacienda se exima de participar en los órganos que tenía contemplada en un principio el planteamiento de dictamen.

 

¿En dónde queremos parar?

 

Por un lado vemos que el orden del gobierno federal que es par como orden de gobierno, de los órdenes de gobiernos estatales y bien con competencias diferentes; a la hora que son concurrentes cae el tema de donde todos son culpables, todos son inocentes.

 

Ustedes lo viven en sus estados, a mí me pasó en Sinaloa, un secretario de seguridad pública, al que tuve que sacar en los periódicos, que yo le donaba el equipo bloqueador de señales de teléfonos móviles, batallamos 7 meses para hacerlo comparecer, y cuando compareció, dijo que hacía 6 meses se habían dado cuenta que estaba descompuesto, pero que con el presupuesto del año entrante, iban a comprar uno  nuevo.

 

Eso es lo que lastima, la cadena de valor delincuencial no se va a resolver nada más diciendo, los queremos separados, por género, por edad, por clasificación de delito.

 

Advierto, mi reconocimiento al trabajo realizado, pero en el día a día, ¿qué pasa?

 

La disposición que tiene la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, simplemente en este evento, de que sean empresas ajenas, autónomas para evitar la comunicación, siguen funcionando los mecanismos de comunicación con los que están internos, con los que están externos para recibir órdenes con mandas de trabajo, y en muchos de  los casos qué pasa, insisto en el día a día.

 

Acabamos de tener un problema muy serio en el estado de Nuevo León, y linchan al gobernador.

 

Pero, alguien se preguntó ¿cuántos custodios hay ahí en ese penal del orden federal?

 

Y nadie dice nada.

 

O alguien se preguntó ¿quién es la autoridad competencial para determinar si alguien  es apto o no para ser celador o administrador de uno de estos centros?

 

Es el orden federal, no son los órdenes estatales, no es el orden de los estados.

 

Pues más allá del planteamiento conceptual de este proyecto de dictamen que hoy someten a nuestra consideración y que estaremos a favor del mismo.

 

Muchos de ustedes fueron gobernadores, por qué quienes integran la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario no se ganan un voto de confianza de parte del legislativo,  con pequeñas cosas y disposiciones que ya están y que son de aplicación obligatoria, no opcional, y no lo hacen, es evidente lo aquí reiterado, de que a pesar de que les den cuatro años, muy probablemente vivamos en el gerundio y en el transitivo, ando y endo, y nos lleve 10, 15, 20 años.

 

Sin embargo, no podemos ser omisos para no plantearnos un renovado voto de confianza. Simplemente lo que también habría que decirles a quienes estén en la ejecución, en la operación y en la cotidianeidad que quién de parte del Legislativo va a ser el órgano garante para que disposiciones que ya están, las cumplan, y para que si no  las cumplen verdaderamente se les aplique sanción por negligencia, omisión o incompetencia.

 

Acaban de darle destino a más de 230 mil millones de  los remanentes de las remesas y de las reservas, entre otros conceptos de las reservas internacionales, lo de la remesa, y a las entidades federativas no les tocó ni un centavo, porque la reforma a la ley de presupuesto no lo contempló, y eso que es parte de la renta nacional, debería de ser parta también de las entidades federativas, porque, disponer de la manera en que se dispuso quitando la posibilidad de fuente de pago, y generando la obligación de readecuación programática y presupuestal pudiéramos a estar en la eventualidad de que las entidades federativas se acusaran incompetentes con las finanzas públicas que hoy presentan, y ya no digamos la mezcla de presos, de recluidos o de sentenciados, y ya no digamos qué pasa  con tantas fugas, de hace 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y la de este año, y a la sociedad no se le dice con claridad quiénes están sujetos a proceso por incurrir en posibles conductas que pudieran tipificarse, inclusive, de delitos penales.

 

Voy a favor, en esta  consideración. 

 

Gracias. Muy amablemente me llaman al tiempo, estoy tratando de ayudar a que tengamos más tiempo para que lleguen a acuerdos en otros temas.

 

De esta suerte, a mis compañeros legisladores, a mis amigas legisladoras, les pido muy respetuosamente, jamás volver a apoyar una iniciativa por noble que parezca, si en la realidad que nos enfrenta  no está participando la fuente de pago, porque de otra suerte, esto es mentira.

 

Muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias.

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias.  Muy buenas tardes.

 

Suplico a la Presidenta de la Asamblea, me tenga la tolerancia correspondiente, debido a que en este posicionamiento voy a incluir la explicación de algunas reservas que presento al dictamen, lo que supongo, va a redundar en economía parlamentaria.

 

En primer lugar, me permito hacer un reconocimiento tanto a quienes presentaron las iniciativas como a los legisladores que nos entregaron a consideración este dictamen.

 

Es bien sabido, que una de las mayores injusticias en nuestro país, se registra en los reclusorios.

 

En opinión de la mayoría de la ciudadanía, en lugar de ser centros orientados a la reinserción social, se han convertido en auténticas escuelas del crimen. Desde ahí se planean y cometen delitos como la extorsión, por ejemplo.

 

Sobre el dictamen desde luego, coincido, en garantizar el respeto y observancia de los derechos humanos de las personas recluidas.

 

Sin embargo, creo que es necesario hacer ajustes a la ley que se nos plantea para garantizar que las condiciones propicias se den en la materia de la reinserción social.

 

No creo que con nuestros impuestos se deba suministrar a quienes infringieron la ley, artículos, por ejemplo para la recreación. Por ello, en un acto de elemental justicia y para mantener el equilibrio entre víctimas y victimarios, considero que debemos suprimir el concepto de gasto de recreación, que se nos propone en la fracción XXV del glosario contenido en el artículo 3.

 

Por otra parte, quiero decirles que en Baja California, estamos muy familiarizados con la importancia de los reclusorios. Contamos con uno de los reclusorios más conflictivos del mundo, el llamado Centro Penitenciario de La Mesa, también conocido como “El Pueblito”. 

 

De ahí, que estoy bien consciente de que para mantener el gobierno de los centros a cargo de las autoridades penitenciarias y no propiciar que caiga  en manos de las personas en reclusión, se deben tomar una serie de medidas  contundentes.

 

A las personas en reclusión les debe quedar bien claro que están compurgando una pena, no son vacaciones. No tengo ningún inconveniente en que se reconozcan todos los derechos compatibles con dicha situación.

 

No obstante, veo que en el dictamen se nos propone un ordenamiento donde no está puesto el énfasis suficiente en los deberes de las personas en reclusión  hacia la autoridad del centro. El personal penitenciario y sus compañeros también privados de la libertad.

 

Me preocupa, le voy a llamar de manera elegante, la debilidad de los preceptos relativos a las obligaciones de las personas recluidas, pues, lo que hemos visto en materia penal en este país, nos ha enseñado que así como se han de reconocer los derechos humanos de las personas en reclusión, también se deben establecer con toda claridad cuáles son sus deberes.

 

No olvidemos que en las cárceles  hay homicidas, sicarios, violadores y asaltantes, entre otros,  los cuales desde que se levantan y hasta que concilian el sueño, están pensando cómo apoderarse del gobierno del centro para continuar destruyendo las vidas de las personas y familias productivas.

 

Por ello, me permito poner a consideración de ustedes, una serie de modificaciones que enumero.

 

En el artículo 4, propongo que además de los principios plasmados, que sin duda benefician a las personas recluidas, se agregue el principio de responsabilidad para que los internos sepan que deben acatar las instrucciones, desde luego legítimas, que les dé la autoridad del centro, el personal de custodia y la plantilla técnica.

 

Me llama mucho  la atención lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9, en el sentido de que las limitaciones de derecho sólo podrán imponerse cuando se tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas o seguras. 

 

Creo que también se debe limitar el derecho a recibir visitas, a raíz de una infracción que haya cometido una persona en reclusión.

 

A diario, en todos los centros de reclusión del país, desde la más sencilla cárcel municipal que alberga una docena de personas, porque todavía hay centros de este tipo en el país, hasta los enormes centros federales, se libra una cruda batalla entre la autoridad y el personal del centro, por un lado, y las personas recluidas, por otro, que buscan imponer su negra voluntad.

 

Las autoridades tratan de imponer la voluntad de la ley con miras a lograr la reinserción social y los internos buscan hacerse del autogobierno para imponer su ley y violar derechos humanos del resto de la población.

 

En este contexto, a lo largo de los años, la experiencia ha mostrado que una herramienta eficaz para mantener el orden en los centros penitenciarios y evitar motines, homicidios o toma de rehenes, es el uso racional de la visita, en particular de la visita familiar.

 

El interno, y hay que conocer la sicología de éstos, y hay que hablar con quienes administran estos centros de detención y estos reclusorios, mide a las autoridades y comienza por faltas menores a los reglamentos.  Si percibe que no hay ninguna respuesta por parte de la autoridad, entonces toma fuerza para cometer faltas mayores, y lo que es peor, para relacionarse con otros internos y apoderarse del control del penal, en perjuicio de los débiles.

 

Por ello, creo que debemos modificar el último párrafo del artículo 9, que no permite limitar derechos de los internos para el efecto de que se pueda suspender, hasta por una vez a la semana, la visita íntima o familiar, como resultado de la imposición de una medida disciplinaria.

 

El dictamen lo más que permite, muy amable el dictamen, es que se suspenda la visita por una hora.

 

Aproximadamente el 80% de los 207 artículos analizados y que integran la nueva ley, reiteran en diversos tonos, los derechos de las personas recluidas, y sólo en un precepto se habla de manera específica de sus obligaciones y ello sin que se establezca de manera clara cuál es la sanción por incumplimiento del reglamento.

 

Por ello, me permito proponer un último párrafo al artículo 11, a fin de que el incumplimiento tenga consecuencias, en particular el negarse a cumplir las instrucciones del personal del centro, lo cual pueda desde luego dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias.

 

Por otra parte, se establece como función de la autoridad penitenciaria el autorizar el acceso a particulares y autoridades.  Creo que se debe agregar: “siempre y cuando cumplan con los requisitos para tal efecto”.

 

La relación de los familiares con la autoridad del centro, tiende a ser conflictiva.  Por ello debe clarificarse que el acceso no es indiscriminado, sino que los particulares y visitantes deben, en principio, reunir requisitos para evitar que ingresen al reclusorio para planear o preparar y hasta cometer desde adentro nuevos ilícitos.

 

Un reclusorio, es una micro sociedad de alta explosividad.  La violencia está latente a cada instante en los pasillos, talleres y patios.  Quien lo contrario piense, no tiene la menor idea de lo que analiza. Por ello, la ley debe contar con un precepto similar al de la suspensión de garantías.

 

Si nuestra máxima ley, que es la constitución, contiene disposiciones para atender momentos críticos, por mayoría de razón, un ambiente altamente conflictivo, debe contener un precepto similar.

 

El reciente motín en el Penal de Topo Chico, nos hace abrir los ojos. Me parece que si dejamos la ley como viene en el dictamen, simplemente no se habría podido segregar a las cabecillas que lanzaron el motín; no se les habría podido poner un aislamiento, a menos que se siguiera un proceso en el cual hubiera abundancia de pruebas respecto de su conducta delictiva.

 

Quiero decirles que con mucho trabajo votaré a favor este dictamen, con mucho trabajo. Creo sencillamente que un centro de reclusión es materia de especialistas en la materia, es materia de personas que conocen, entienden y dominan lo que es, llamémosle como es: “Un Reclusorio”.

 

Un país que no educa, un país que no previene, un país que no se preocupa por la procuración e impartición de justicia, un país que no tiene justicia social no puede con leyes y disposiciones, reinsertar a quienes compurgan una pena.

 

Con mucha pena votaré a favor. Gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidente Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, Presidenta. Con su venia.

 

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Primero una sincera felicitación a mi compañera Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por este extraordinario trabajo.

 

Al compañero Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia, y a todos los integrantes de la misma, por supuesto también a la de Angélica.

 

A la compañera Cristina, Presidenta de la Comisión de Gobernación, y a todos los integrantes.

 

A la compañera Graciela, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.

 

Efectivamente, está demostrándose con esta ley que lo que señalaba Morelos era necesario para que surgiera una buena ley. Creo que esta ley se va a votar por unanimidad y va a ser de las pocas que se van a votar por unanimidad en esta estancia que tenemos en el Senado.

 

Morelos decía: “Que para que surgiera una buena ley, había que llamar a la Junta de Sabios” Es decir, a las personas que más conocieran sobre el tema, sobre la ley que pretendía construirse.

 

Aquí, ya más de uno mencionó los personajes que desfilaron en el Senado de la República para hacer sus aportaciones, para dar sus opiniones, para orientar el trabajo legislativo en un sentido que esta Ley Nacional de Ejecución Penal tuviera como su elemento motivador la defensa de los derechos humanos.

 

En ese sentido, en ese sentido, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, los que están privados de su libertad, por ese hecho pierden algunos derechos, como sus derechos políticos, pero no pierden su estatus de derechos humanos, es decir, tienen derecho a la alimentación, y aquí se les garantiza; tienen derecho a la salud, y aquí se les garantiza; tienen derecho al trabajo, y aquí se les garantiza; tienen derecho a un trato digno, y en la ley se les garantiza.

 

Pero tenemos que decirlo, esta ley por supuesto que era urgente que se aprobara y era urgente que se aprobara porque todos sabemos que el Sistema Penitenciario está en crisis, ya aquí el Senador Blásquez menciona el caso de Topo Chico, bueno, ese es uno de tantos, en Morelos ha habido incontables fugas que se dan en colusión con los que ahí trabajan.

 

Esto plantea que el Sistema Penitenciario ahora tiene ese problema gravísimo de la corrupción, si no el Chapo Guzmán no se hubiese fugado, tiene el problema gravísimo de la violación sistemática de los derechos humanos de los que ahí están recluidos, el tráfico de estupefacientes, todo mundo sabe que ahí se vende droga, pero los responsables de erradicar este mal de los penales se hacen como que no ven y como que no oyen, por eso los autogobiernos que existen en los penales tienen éxito, porque hay complicidades vergonzantes entre estos criminales que ahí están y quienes de manera oficial dirigen los penales como directores o como miembros de la dirección de ahí y los responsables de los sistemas carcelarios a nivel estatal y a nivel nacional en abuso permanente del poder.

 

Yo voy a aprobar con mucho gusto y con mucho ánimo esta ley porque cuando menos en su espíritu pretende acabar con los vicios y conductas que hoy privan en todas las cárceles de nuestro país, sean federales o sea estatales, tutela los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, reconoce a las personas privadas de la libertad como lo que son, seres humanos y se les garantiza ese estatus, que es una de las partes más importantes.

 

Todos sabemos que las cuestiones de salud en esos penales son infames y que efectivamente quien vino a mencionar aquí que si no se invierte en el tema de salud en los penales, esta ley puede terminar siendo una letra muerta.

 

Por eso es importante, y lo señalaremos más importante, que en el PEF debe de garantizarse el recurso concreto para este tipo de asuntos y en los presupuestos estatales exactamente lo mismo, garantizado el derecho a la salud, el derecho a la educación que va desde la alfabetización hasta ir concluyendo grados, hasta licenciatura, creo que eso es muy importante, no hay reinserción si no se tiene garantizado el derecho a la educación, y lo digo desde mi visión de educador.

 

La educación bilingüe para indígenas que ahí están recluidos, la oportunidad de aprender un oficio y que esta escuela del crimen que se dice que son las cárceles se vaya eliminando a partir de que los que están privados de la libertad tengan garantizado el derecho a la salud, tengan garantizado el derecho a la educación, tengan garantizado el derecho a la capacitación y a la formación en algún oficio, y tengan derecho al trabajo.

 

En el tema de los artículos transitorios, el artículo sexto, desde mi visión queda insuficiente como está planteado, no vamos a proponer reforma, solamente dejaremos para el Diario de los Debates desde nuestra visión como debe de ser.

 

Dice el sexto transitorio.- La Cámara de Diputados, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán destinar recursos necesarios para el desarrollo de las acciones que deban realizarse para la implementación de lo dispuesto por la presente ley, es decir, algo ambiguo.

 

En la Ley General de Educación, cuando se hizo aquella reforma después del 92 se dijo: “y los maestros tendrán garantizado un salario profesional”.

 

Ese salario profesional jamás se alcanzó, se dijo: “y se asigna el 8% del Producto Interno Bruto para la educación, como lo mandata la UNESCO” y eso tampoco se ha logrado. El 1% para la investigación y eso tampoco se ha logrado, no hay garantía de que esto que está plasmado en el sexto transitorio se logre.

 

Por eso, lo dejamos ahí y creemos que lo más correcto es que en el PEF, y en los presupuestos estatales, esto quede perfectamente señalado.

 

El artículo 10, creo que en las condiciones que está nuestro país, con el 62% de la población con algún tipo de pobreza, con 30 millones de nuestros compatriotas en pobreza alimentaria, el beneficio de la libertad anticipada, sobre todo en un tema como es el robo famélico o el robo por hambre que no rebase los 80 salarios mínimos vigentes, bueno, yo creo que es un beneficio que ayudará a muchos que delinquieron porque tenían hambre y no les quedaba otra opción: o robaban o se morían de desnutrición.

 

Qué bueno que las comisiones, que ya señalamos, tuvieron a bien generar este beneficio de la libertad anticipada.

 

Y el otro tema, que tiene que ver con los consumidores de marihuana, también muchos están ahí porque no son traficantes o narcotraficantes, simplemente cayeron en un vicio, como es el alcohol, y ese vicio, los agarraron en un momento determinado y ese vicio los tiene en la cárcel.

 

Yo creo que se tiene que revisar de manera puntual cada uno de estos casos para que también no se vayan a dejar salir delincuentes.

 

Por último decirles compañeros Senadores, compañeras Senadoras, nada se cambia por decreto, se tiene que tener la voluntad política para impulsar las transformaciones que mandata esta ley. El Senado, lo queremos decir fuerte, ha hecho el trabajo en sus comisiones, en el debate aquí en el Pleno, y lo vamos a ver ahorita en la votación.

 

Corresponde ahora al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales de los estados tener la voluntad política para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y se conviertan en centros de reflexión y reinserción social de quienes, por circunstancias de la vida, violaron la ley.

 

Y para que esto suceda estas personas privadas de su libertad tienen que empezar por ser tratados como lo que son, seres humanos.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Fidel Demédicis.

 

Informo a la Asamblea que el Senador Enrique Burgos, hizo llegar a esta Mesa Directiva el texto de su intervención, el cual estará íntegro en el Diario de los Debates.

 

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Señora Presidenta, sí se encuentra suficientemente discutido.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretaria.

 

Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

 

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos:

 

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 39, 40 y 59.

 

Senador Zoé Robledo Aburto, artículo 36.

 

Senadora Martha Tagle, artículo del 169 al 189.

 

¿Algún Senador más que quiera reservar otro artículo?

 

Se cierra el registro de artículos reservados.

 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, se emitieron un total de 114 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

ROBERTO GIL ZUARTH

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal.

 

Se concede la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse a los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 39, 40 y 59 del proyecto de decreto.

 

Tome nota la Secretaría del voto del Senador Emilio Gamboa, a favor del dictamen.

 

En virtud de que fueron explicadas por el Senador Blásquez Salinas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse las reservas presentadas por dicho Senador.

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan las propuestas presentadas por el Senador Blásquez.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

No se aceptan las propuestas, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos quedan en los términos del dictamen y se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

 

Tome nota la Secretaría del voto de la Senadora Dolores Padierna, ¿A favor del dictamen?

 

A favor del dictamen.

 

Se concede ahora la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al artículo 36.

 

Ruego a los señores Senadores y Senadores, no se retiren del salón de sesiones porque en breve tomaremos otra votación nominal.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias.

 

Compañeras y compañeros Senadores: Primero, sin duda, yo soy de los que celebro ese dictamen, el trabajo de las comisiones de mucho tiempo, un trabajo puntual y esmerado.

 

Y lo celebro porque uno de los temas que era importante para Senadores, para Senadoras, para organizaciones de la sociedad civil, para mucha gente. Es el de los niños invisibles.

 

Los niños invisibles que son todos aquellos menores que o nacieron en la cárcel, o tienen menos de tres años y viven en la cárcel con sus mamás.

 

Hoy, en esta ley, hay un artículo el 36 que habla justamente sobre mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos.

 

Eso ya los empieza a ser visibles.

 

Pero pensemos en esos 549 niños, le repito, la mayoría menores de tres años.

 

Que ahí están.

 

Que allí viven en los centros penitenciarios.

 

Que acompañan a sus madres que están cumpliendo condenas.

 

Ellos también reclaman derechos, el principal, el derecho de ser niños.

 

Reclaman nuestra solidaridad.

 

Reclaman y con justa razón, el derecho a ser felices.

 

El año pasado publicamos ese libro aquí en el Senado de la República, “El anuario de los niños invisibles”, que más que un libro es un anuario, como los que seguramente muchos de ustedes tuvieron en la secundaria, en la primaria.

 

Y lo retrata así como son, pequeñitos, inocentes que el destino les jugó la mala pasada de tener que empezar su vida sin conocer la libertad.

 

Y las preguntas al ver estos rostros y estos testimonios, son inevitables, ¿Cómo vive un niño en la cárcel?

 

Sabrá distinguir un niño, entre la libertad y la falta de ella, sentirá nostalgia por las rejas una vez que salga de allí, extrañará la libertad si no la conoce.

 

¿Cuáles serán sus sentimientos con la sociedad que lo puso en esa condición y muchas veces no le prestó  los suficientes  medios para su desarrollo en la etapa más importante, que es el desarrollo temprano?

 

Al leer algunos de los testimonios que están aquí, como el de Rodrigo que en un dibujo pone, ese niño soy yo, soy un monstruo de dos cabezas, es una cabeza con otra cabeza porque me voy a dibujar a mí mismo, gordito, es un monstruo, y el grande soy yo, porque me visto como monstruo, lo  hice para que espante, para que espante, hice mis manos grandes.

 

Niños que no debemos de abandonar, y no los está abandonando este dictamen, sino que debo de decirlo, los toma en cuenta.

 

Por eso mi reserva es muy simple, lo único que plantea es una modificación al párrafo segundo, cuando dice, entre los derechos que tendrán las mujeres privadas de la libertad, que tienen hijos, a que su hija o hijo disfruten del más alto nivel de salud; creo que todos estarán de acuerdo con eso.

 

Hay una palabra que a mí me incomoda, dice: A que su hija o hijo disfrute el más alto nivel posible de salud. Posible de salud.

 

Miren, no  hay más de 27 centros penitenciarios en donde pueden estar estos niños, poderles prestar los más altos niveles de salud, sería un momento alto y digno del Estado mexicano, proteger al más indefenso de los seres humanos que pueda haber quizá en México, y que es un niño, que está en la cárcel por circunstancias de la vida.

 

Hablaría muy bien de  nosotros, para qué le ponemos que lo más alto posible, si es una cuestión presupuestaria, y ya hay  un diagnóstico de la Cámara de Diputados que dice, cuánto podría costar prestarle servicios de salud, guarderías, en fin, todo lo que necesita un niño, y  la verdad, que, pues no es tanto para el Estado mexicano, son 53 mil pesos al año, multiplíquenlos por los 539 niños, son cerca de 24 millones de pesos anuales, los gobiernos de  los estados se gastan eso en dos días en publicidad gubernamental.

 

Entonces, creo que si quitamos la palabra posible hacemos un compromiso mayor, no dejarlos en la indefensión de lo que alcance, porque eso significa, posible, es lo que tengamos en Hacienda, los recursos que podamos otorgarles, para qué dejar esa mala señal, esa manchita en un dictamen que ha salido tan bien, que es tan noble, que ha alcanzado tantos consensos.

 

Pero eso no les pediría, quitemos la palabra posible, hagamos cosas extraordinarias por estos niños, no posibles, no chiquitos, no nos quedemos en lo chiquito,  lo mínimo, vamos a lo mayor, no son muchos, son 500.

 

Si no podemos atender a estos niños, como si fueran nuestros hijos, entonces algo tenemos que replantearnos en  nuestro papel de representantes populares.

 

Yo los invito, quitemos esa palabrita: “posibles” A mí me incomoda, espero que a ustedes también.

 

Al ser un tema muy relevante, por lo menos para mí, Senador Presidente, le pediría, con el apoyo de cinco senadores que haga esta votación de tipo nominal para que aparezca en la pantalla y voten todas y todos.

 

Les agradezco mucho, ojalá apoyemos a estos niños, y quitemos una palabra que no le hace daño al dictamen, y solamente establece el nivel y la envergadura de lo que queremos hacer con esa ley.

 

Felicidades nuevamente a las comisiones dictaminadoras.

 

Es cuanto, gracias.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Hay cinco Senadores que acompañan la solicitud de votación nominal?

 

 Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por dos minutos para recoger la votación nominal sobre la admisión de la reserva presentada por el Senador Zoé Robledo.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, derivado de la votación, del resultado de la votación, no se admite a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El artículo 36 queda en los términos del dictamen y se reserva para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados.

 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez, para referirse a los artículos 169 a 189 del proyecto de ley, de los artículos 169 al 189, una disculpa.

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Presidente.

 

Sin duda, no me puedo evitar sumar a los reconocimientos por el trabajo realizado en las comisiones unidas y a quienes estuvieron empujando este dictamen, que además es muy importante sacarlo en este momento justo un poco antes de la entrada en vigor del Sistema de Justicia Acusatorio.

 

Sin embargo, me parecía también muy importante poner en la discusión un tema que está incluido en este dictamen, y que forma parte, precisamente, de las discusiones  que en el Senado no hemos dado y que, precisamente, porque no lo hemos dado, me parece que no debería de estar en el proyecto del dictamen de la Ley de Ejecución Penal, y me refiero al Capítulo de Justicia Terapéutica.

 

La política de prevención de riesgos y daños relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, así como la atención integral al uso nocivo o problemático de las mismas, no debería formar parte del catálogo de medidas penales.

 

En el discurso pronunciado por el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en la apertura de la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas, se propuso un decálogo a la comunidad Internacional, y en el punto 7 menciona: 

 

Y cito: “El consumo de drogas  debe atenderse esencialmente como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes. La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales, que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad”.

 

Hasta aquí la cita de lo presentado por Enrique Peña Nieto en Nueva York.

 

Para el diseño de la política integral de atención a dependencias, se hace necesario revisar algunos conceptos: consumo o uso, abuso y dependencia. Son tres términos distintos.

 

El consumo per se, consumo o uso, abuso y dependencia son tres términos distintos. El consumo per se no es necesariamente abuso.

 

Según el Informe Mundial Sobre las Drogas 2015, más de una década, 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático que sufren trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogo-dependencia, es decir, el usuario que no presenta consumo nocivo es mayor. Aunque el uso de una sustancia psicoactiva implica riesgos en mayor o menor medida, el consumo no necesariamente implica daños, por ende, tampoco implica uso nocivo, abuso o uso problemático.

 

Asimismo, aunque la dependencia a una sustancia psicoactiva implica riesgos, no necesariamente es un daño en sí.  La dependencia es una condición orgánica de la persona que puede ser valorada en términos científicos y por supuesto médicos y terapéuticos.

 

La dependencia puede propiciar la repetición de un uso nocivo y por lo tanto representar un factor de riesgo adicional, pero con visión del organismo, no es por sí misma un daño y mucho menos una condición que amerite ser juzgada o tratada penalmente.

 

Al respecto, abunda la documentación en ciencias médicas y en ciencias antropológicas sobre la dependencia, en contextos terapéuticos controlados que brindan un beneficio significativamente mayor, que en el perjuicio o los daños que pueda haber relacionados con el uso necesario o no, y reiterado que genera la sustancia.

 

En fin, hay una serie de argumentos de por qué las drogas, el consumo de las drogas y el uso de las drogas no tienen que tratarse como un asunto penal, ni verse como  una alternativa a la justicia.

 

Una modalidad de justicia terapéutica en nuestro país han sido los llamados tribunales para el tratamiento de adicciones. En el caso de México, en el Estado de Nuevo León, es un ejemplo de su implementación y los resultados no son muy halagadores.

 

De enero de 2009 a mayo de 2012 se admitieron 103 casos, 68 de ellos por uso problemático de alcohol, y la mayoría por violencia familiar y accidentes. En tres años y medio de operación sólo se registraron 18 egresos certificados del programa, sólo 18 personas.

 

Por lo anterior, es necesario contar con evidencia que sustente la viabilidad de poder implementar estos programas, antes de incluirlos en la legislación que posteriormente sentará los marcos para la definición de la política pública.

 

Por falta de tiempo no presentaré toda la reserva, pero le solicito al Presidente, pueda ser incluida en el Diario de los Debates.

 

Es cuánto.

 

El Presidente Senador Roberto  Gil Zuarth: En virtud de que las reservas fueron exhaustivamente expuestas por la Senadora Tagle Martínez, consulte la Secretaría  a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse.

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan las propuestas presentadas por la Senadora Martha Tagle.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

No se aceptan las propuestas, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto  Gil Zuarth: Los artículos del 169 al 189 del proyecto de ley se mantienen en los términos del dictamen.

 

Agotadas la reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación de los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 36, 39, 40, 59, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189 del Proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal, en los términos del dictamen.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría del voto, en sentido afirmativo, de la Senadora Yolanda de la Torre.

 

Está abierto el sistema, Senador Flores.

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme a la votación, se tiene un total de 91 votos a favor; 3 en contra y cero abstenciones.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 33, 36, 39, 40, 59, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189 del Proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal.

 

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; y se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal.

 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

(Aplausos)

 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación sobre Actividad Física.

 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

 

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se acepta la omisión de la lectura del dictamen, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert, para referirse al dictamen.

 

La Senadora María Marcela Torres Peimbert: Con su venia, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Adelante, Senadora.

 

La Senadora María Marcela Torres Peimbert: Para ejercer efectivamente un derecho humano se requiere previamente de facultades físicas, intelectuales, morales para poder ejercerlo.

 

La educación, así como la salud, son derechos humanos primarios, porque sin ellos es imposible hacer valer ningún otro derecho.

 

El Estado mexicano, el 21 de noviembre de 1978, la educación física y el deporte se elevaron a rango de derecho humano por la UNESCO.

 

El Estado mexicano tardó más de 30 años en reconocer en la legislación nacional la cultura física y el deporte como un derecho humano.

 

Fue hasta la Reforma Constitucional del 12 de octubre de 2011 cuando se incorporó a la cultura física y a la práctica del deporte como un derecho fundamental de toda persona, dejando al Estado la responsabilidad de su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

 

De esta manera se impuso una serie de exigencias a los responsables políticos para transformar la legislación, las políticas públicas y el contexto social en general para hacer exigible este derecho humano.

 

Muy a pesar de todas las normas e instrumentos internacionales el problema de la salud más grave para las y los mexicanos en la primera mitad de este siglo será la obesidad, a partir de ella se originan múltiples padecimientos crónicos que son previsibles y que pueden evitarse modificando diversos aspectos relacionados con los hábitos diarios.

 

La mala noticia, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones en esta misma tribuna, es que México ya es el país con el índice más alto de obesidad infantil en el mundo; la buena noticia es que estamos implementando estrategias que pueden mejorar la salud de las y los mexicanos.

 

En anteriores ocasiones se han promovido en este Senado medidas graduales y complementarias para mejorar la calidad de la salud.

 

Cuando se planteó la iniciativa antiobesidad que pretendía disminuir el consumo de productos azucarados se bosquejó también en conjunto una serie de medidas tanto legislativas como de política pública que reforzarían el combate a este grave problema de salud pública que pone en riesgo la salud y la vida de millones de niñas y niños mexicanos, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Pediatría rondan los 4.5 millones de infantes.

 

Me parece necesario, en el marco de esta aprobación, recapitular las medidas que en conjunto sociedad civil y Congreso de la Unión hemos logrado sacar adelante, las medidas regulatorias que incluían medidas que desincentivaban el consumo de productos nocivos para la salud, la revisión de la publicidad de comida hipercalórica en horarios infantiles en la televisión, la restricción de alimentos hipercalóricos en planteles educativos 24 Bis y sexto transitorio de la Ley General de Educación en el marco de las reformas secundarias en materia educativa, garantizar que todos los planteles educativos cuenten con bebederos de agua potable.

 

A estas medidas que se encuentran en marcha el día de hoy, se suma ésta que aprobamos en la Comisión de Educación, y que va dirigida hacia el incremento de actividad física en las escuelas mexicanas.

 

La numeralia en el tema nos indica que sólo 4% de la población mexicana declara hacer deporte en su tiempo libre, los problemas de inactividad en México fueron evidenciados con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2012, en la que 58.6 de los niños y adolescentes entre 10 y 14 años refieren haber hecho alguna actividad física formal durante los últimos 12 meses previos a la encuesta; 38% de estos niños realizó tan sólo una actividad física formal; y sólo 2% de nuestros infantes declaran haber hecho tres actividades deportivas formales en los últimos 12 meses.

 

En el ámbito internacional, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 60% de la población en el mundo no realiza la actividad física recomendada para tener un cuerpo saludable, la misma organización, la OMS, señala que el sedentarismo y la no actividad física causa 2 millones de muertes al año, siendo el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial y el 6% de las muertes en la esfera global.

 

Atendiendo a tan contundentes cifras, el Senado de la República hoy responde a las obligaciones internacionales, a la evolución legislativa nacional y a las demandas del nuevo entorno social. Por ello, considera que es necesario reformar la Ley General de Educación para salvaguardar el derecho humano a la cultura física y el deporte desde un enfoque multidisciplinario del desarrollo.

 

De esta forma, se instrumentan incrementos a la actividad física que se realiza en las escuelas como detonante para una vida personal y social armónica.

 

Aprobamos un dictamen que busca establecer, a través de la adición de un artículo 24 Ter, que la Secretaría de Educación Pública expida lineamientos para establecer esquemas que aumenten la actividad física de las y los educandos.

 

A unos días, a un día de finalizar este periodo ordinario de sesiones hemos cumplido nuestros primeros objetivos, pero nuestro esfuerzo no ha hecho más que comenzar. La prevención y la procuración de mejores política públicas para el mejor acceso a la salud deben ser la prioridad para abatir la obesidad y sus males derivados que ponen en riesgo el bienestar futuro de niños y niñas y jóvenes en nuestro país.

 

Esta es la oportunidad de crear condiciones propicias para que las siguientes generaciones crezcan más saludables, con mejores hábitos que beneficien su estado de salud, con conciencia de la necesidad de una buena alimentación, del ejercicio físico constante y de una permanente cultura de revisión médica preventiva.

 

Sólo así garantizaremos que las niñas, los niños y jóvenes sanos de hoy sean las y los mexicanos fuertes del mañana.

 

La Comisión de Educación y su Presidente, Juan Carlos Romero Hicks, han mostrado una firme voluntad para forjar una educación integral sobre todas las aristas que mejoren las condiciones de vida de las nuevas generaciones, incluyendo las nuevas condiciones de salud, de recreación y de cultura física.

 

Quiero agradecer a las compañeras, a los compañeros de la Comisión de Educación, pero en particular a su Presidente, al Senador Juan Carlos Romero Hicks, por impulsar siempre propuestas que ponen en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

 

Termino esta intervención recordándoles, compañeros, que en un país tan diverso como el nuestro, la cultura física y el deporte proporcionan un espacio para la cohesión de sueños, pasiones y esfuerzos en la construcción de un México más humano.

 

Esperamos contar con su voto a favor.

 

Muchas gracias, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, Senador Presidente.

 

Compañeras Senadoras; compañeros Senadores: En las últimas décadas los hábitos y estilos de vida de los niños y niñas han cambiado radicalmente.

 

Si antes más pequeños destinaban una buena parte del tiempo a actividades dinámicas al aire libre ahora dedican muchas horas a actividades mucho más sedentarias, como consecuencia de estos hábitos sedentarios en los últimos años ha llamado la atención la aparición cada vez más temprana de enfermedades que antes estaban reservadas para las personas mayores.

 

Entre los trastornos derivados del estilo de vida, los más visible son el sobrepeso y la obesidad, ambos trastornos que se caracterizan por un desequilibrio entre el ingreso de calorías en el cuerpo provenientes de los alimentos y el gasto de calorías a través de la actividad física.

 

Esta situación ha generado una serie de enfermedades convertidos en un problema de salud pública. Durante la infancia y la juventud la educación física en la escuela ofrece una excelente oportunidad de aprender y practicar una serie de destrezas que contribuyen potencialmente a mejorar la condición física y la salud a lo largo de toda la vida.

 

La práctica de deportes infantiles es, además, un apoyo para el proceso educativo y la escolarización adecuada. Está demostrado que los niños y niñas que practican deportes y se divierten jugándolos son más sociales y suelen concentrarse más en la escuela y tienen un mejor rendimiento intelectual.

 

Por tal motivo, la UNESCO, por medio de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, declaró a la educación física y al deporte como derechos humanos que deben ser ejercidos como parte de la educación permanente para el desarrollo humano y la calidad de vida.

 

De ahí que en el plano internacional se han desarrollado una serie de acciones encabezadas por la UNESCO para afianzar el carácter universal y obligatorio de la educación física. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, en sus recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud, concluye que para lograr los beneficios para la salud física y mental, los niños de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada  o vigorosa.

En nuestro país el fomento de la cultura física y el deporte se dio a través de la reforma constitucional del 12 de octubre de 2011, la cual incorporó la cultura física y la práctica del deporte como un derecho fundamental de toda persona, dejando al Estado la responsabilidad de su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

De esta manera, este nuevo andamiaje normativo impuso una serie de exigencias a los responsables políticos para transformar la legislación, las políticas públicas y el contexto social en general, para hacer exigible este derecho humano.

Por su parte, la Ley Reglamentaria del Derecho a la Cultura Física y el Deporte establece una relación bidireccional entre la educación y la cultura física; establece una estrecha relación con la Secretaría de Educación Pública para fomentar el desarrollo de la actividad física, la cultura física y el deporte como medio importante para el desarrollo de cada persona y de la sociedad mexicana en general.

Derivado de lo anterior y atendiendo a las responsabilidades internacionales, a la evolución legislativa nacional y a las demandas del nuevo entorno social, los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos que una nueva forma de atender la salud, implica un planteamiento para impulsar y promover la cultura física en los planteles educativos como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano.

Por tal motivo solicitamos su voto para aprobar la reforma a la Ley General de Educación que se presenta por medio del presente dictamen.

La salud escolar es un asunto de Estado, un desafío para la sociedad en el contexto de las nuevas formas de vida extremadamente sedentarias y en las que la actividad física y la cultura del deporte no deben estar en segundo plano.

Confiamos en que esta reforma contribuirá en el objetivo de dar alternativas a los estudiantes mexicanos para enfrentar la opresión contra su salud física y psicológica, que implica vivir un momento histórico en el que la actividad deportiva no puede ser un lujo.

Por su atención, muchas gracias.

 

 

 

 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA

ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenas tardes.

Con el permiso de la Mesa Directiva, de la Vicepresidenta Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadora por el estado libre y soberano de Yucatán, mi paisana.

Es un gusto estar en esta máxima tribuna hablando a favor de este artículo 24 Ter a la Ley de Educación. Y es un gusto y es un honor porque como Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte aquí en el Senado, conjuntamente con mis compañeros Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte en el Senado, pues también hablamos a favor y avalamos esta reforma a la Ley de Educación.

No me queda la menor duda que el deporte en las escuelas es de beneficio para todos los niños y jóvenes de este país, y va a ser en beneficio porque cuando nuestros hijos y los jóvenes de México practican deporte, los alejamos de las adicciones, los alejamos de las drogas, los alejamos del alcoholismo.

Por eso un servidor, conjuntamente con mis compañeros de la Comisión de Juventud y Deporte, estamos a favor de esta reforma a la Ley de Educación.

Pero aún más, con esta reforma, promoviendo y fomentando el deporte entre nuestros niños y jóvenes en las escuelas, vamos a ayudar a nuestros niños y jóvenes con problemas de salud.

Por ponerles un ejemplo, mi Estado, Yucatán, es una de las entidades federativas con mayor índice de obesidad infantil a nivel nacional, y por eso con mayor razón los legisladores que somos de Yucatán, vamos a aprobar esta reforma a la Ley de Educación porque necesitamos jóvenes y niños yucatecos que estén bien de salud, y con el deporte seguramente va a ser posible.

Así que comentarles, para finalizar que estamos a favor de este dictamen y vamos a votar en sus términos.

 

Muchas gracias, Senadora.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Daniel Ávila.

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, Presidenta. Con su venia.

 

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Este artículo 24 Ter, cobra mucha relevancia, a partir de los datos que ha venido a dar aquí la compañera Marcela y el compañero Daniel y el compañero Raúl.

 

En el sentido de que en nuestro país, ya es el primer lugar en tema de obesos infantiles.

 

En foros internacionales tan importantes como la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y Malnutrición, celebrado en la sede de la FAO en la Ciudad de Roma, en noviembre del 2014.

 

Este tema fue tratado como uno de los temas importantes para corregir las causas de mortalidad infantil y se señalaba de parte de los especialistas de la Organización Mundial de la Salud, que una de las causas que motivaba la obesidad, era la malnutrición y la otra el sedentarismo.

 

Y que si no se atacaban estas dos causas, difícilmente la población infantil tendría un futuro cierto.

 

En México, la situación es dramática, y es dramática por lo que aquí nos hemos estado insistiendo en relación al tema de la pobreza alimentaria.

 

A esto hay que sumarle las condiciones que ya la OCDE señala en el sentido de que en México va del 50% de las escuelas de nuestro país está en condiciones no aptas para el proceso de   enseñanza- aprendizaje.

 

Y la negación de la autoridad educativa a nivel nacional para incrementar las horas de educación física. Pero aunque así lo hiciera, tenemos un problema en un porcentaje altísimo de nuestras escuelas, la exposición directa de nuestros niños ante el deterioro de la capa de ozono de los rayos ultravioleta e infrarrojos que generan no sólo deshidratación, que generan no sólo insolación, sino que están generando problemas gravísimos como el cáncer de piel.

 

Y, entonces, hoy cuando un profesor de educación física, a las 10, 11, 12 y una de la tarde, que está impartiendo o pretende impartir sus clases de educación física y medimos la temperatura y, el rayo del sol y las condiciones en que se encuentra, pues es un crimen tener a los niños en esas condiciones haciendo educación física.

 

Más de una vez los que visitamos escuelas, los profesores nos han invitado, lo invitamos Senador a que haga usted abdominales aquí en la plancha a 40 grados de temperatura, a que se siente usted en la plancha y empiece a hacer abdominales o haga lagartijas.

 

Pues imagínense a 40 grados de temperatura las planchas de las canchas de deportes en las escuelas del país, pues sabemos que la piel se quema con facilidad y que, en el caso de las lagartijas, son ámpulas y, en el caso de sentar a los niños en el sol, pues los exponemos a las hemorroides, y a otro tipo de situaciones.

 

Entonces, para poder aplicar este artículo que es bien intencionado que busca que haya obesos en México. Es necesario, seguiremos  insistiendo fortalecer a un presupuesto a la educación pública del país, que no le hagamos recortes; se le acaban de hacer 4 mil millones de pesos de recorte a la educación pública del país, las posibilidades de mejorar la infraestructura sin duda que se reducen.

 

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: De todos modos hay que votar esto a favor, y ojalá salga por unanimidad, que se vea la buena voluntad del Senado de la República para mejorar el marco legal, que es nuestra obligación, y que se vea la buena voluntad del Ejecutivo Federal que donde quiera que ama a  los niños, pero en la práctica los somete a situaciones graves de enfrentarse con un problema que es el calor insoportable donde no hay infraestructura educativa.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

.La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

No  habiendo más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

 

 

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

Informo  a la Asamblea que se recibió el texto de intervención de la Senadora Graciela Ortiz González, que se integrará en el Diario de los Debates.

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Senadora Presidenta, conforme al conteo electrónico se emitieron un total de 90 votos en total a favor; cero en contra y cero abstenciones, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias Secretaria, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 24 Ter a la Ley General de Educación.

 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda, sobre la titularidad de la Comisión Intersecretarial de Vivienda.

 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

 

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se omite la lectura, señora Presidente.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias.

 

Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señora Presidente.

 

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores: El dictamen que hoy nos ocupa y sometemos a consideración de las Comisiones Unidas de Vivienda y Estudios Legislativos, Primera, tiene por objeto que la Comisión Intersecretarial prevista por la Ley de Vivienda, sea presidida por el Ejecutivo Federal a través del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

 

Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, desde el año del 2013, se atiende la planificación, la coordinación, la administración y ejecución de las políticas públicas, en materia de ordenamiento territorial, donde también se incluyó el aseguramiento de una vivienda digna, la certeza jurídica de la tenencia de la tierra, el desarrollo rural y urbano, la prevención de asentamientos humanos en zonas de riesgo, la movilidad urbana, la consolidación de ciudades compactas e incluyentes y el uso eficaz del suelo.

 

Para poder realizar una política armónica  e integral de vivienda, como base del ordenamiento territorial, se incorporaron atribuciones en materia de vivienda y desarrollo territorial a la nueva Secretaría, por lo que se consideró, que organismos como la Comisión Nacional de Vivienda, fueran sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya actuación incide en materia de vivienda para que desde una óptica preferentemente  urbana, la vivienda se convierta en el motor de desarrollo urbano, económico y productivo del país.

 

En este sentido, sabemos que el ramo de vivienda se encuentra sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como máxima autoridad en el ordenamiento territorial cuya base es la vivienda.

 

Actualmente, la Ley de Vivienda prevé varios órganos como la Comisión Nacional de Vivienda, el Consejo Nacional de Vivienda y la Comisión Intersecretarial de Vivienda, que son organismos  encargados de ejecutar y hacer valer la política nacional de vivienda y el Programa Nacional de Vivienda.

 

De estos organismos depende que efectivamente todas las reformas y políticas en materia de ordenamiento territorial y vivienda, se puedan  aplicar, ellos ejercen y vigilan las acciones necesarias para la procuración de espacios habitables, transformando leyes áridas en lo que son casas, en lo que son hogares, terrenos y ciudades tangibles, donde convivan las familias.

 

La conformación de la Comisión Intersecretarial de Vivienda, la cual es la instancia permanente del Ejecutivo Federal, es la que garantiza que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda, se hagan de una manera coordinada de acuerdo al Plan Nacional de Vivienda.

 

En específico, la Comisión Intersecretarial  ha tenido grandes avances en los trabajos que ha realizado para generar desarrollos certificados de vivienda, integrando un grupo de trabajo permanente para la promoción de los mismos.

 

Es por ello que con este dictamen que sometemos a su consideración, se pretende establecer explícitamente en la Ley de Vivienda que la Comisión Intersecretarial de Vivienda será presidida por el titular del Ejecutivo Federal, por medio del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Vivienda.

 

Por su apoyo y consideración, muchísimas gracias.

 

Es cuanto, Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Pasamos a la discusión del dictamen en lo general.

 

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor David Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen. 

 

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Buenas tardes.

 

Compañeras y compañeros Senadores: Vengo a pronunciarme a favor del dictamen que ahora se discute, se trata, debo decirlo, de un texto muy sencillo, muy claro, muy simple sobre el que no debería haber mayor discusión.

 

En el dictamen, como puede verse, se señala que la Comisión Intersecretarial de Vivienda será presidida ahora por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, conocida por su acrónimo como la Sedatu.

 

Esta modificación deriva de adaptar a este texto, las últimas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en las cuales se reconoce que esta dependencia debe concentrar las facultades que anteriormente estaban conferidas a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de la Reforma Agraria, y esto es derivado del resultado que se ha tenido en el crecimiento acelerado de la población y a las complejas necesidades que ello conlleva en los ámbitos urbano y rural.

 

No obstante lo anterior, y pese a la sencillez de este texto, que no existe mayor controversia, me parece necesario llamar la atención de esta Asamblea para voltear los ojos a un tema que ha sido básicamente desatendido. Se trata del concepto de ordenamiento territorial, este concepto de ordenamiento territorial, además constituye un aspecto fundamental de la competencia, no solamente de la Comisión Intersecretarial que ahora cambia de Presidencia, sino de la dependencia misma que asume esa titularidad.

 

La figura del ordenamiento territorial no es nueva en nuestro país, desde luego como seguramente ustedes saben, apareció por primera vez en la regulación en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, posteriormente se dio en el caso de asentamientos humanos, y finalmente se recogió la legislación federal en materia de turismo.

 

En todos estos ordenamientos, el punto central es el mismo, tener la capacidad de ordenar el territorio a partir de un diagnóstico que nos arroje claridad sobre la vocación, sobre el destino y sobre los riesgos que se presentan en la utilización del territorio.

 

Esta información es fundamental porque constituye la principal herramienta para la toma de decisiones, y esta toma de decisiones evidentemente además debe empatar con la jurisdicción que le corresponde, no solamente al gobierno federal, que sería el caso, sino también a las jurisdicciones locales, me refiero concretamente a los municipios y al estado.

 

Sin embargo al día de hoy se detecta un avance mínimo en la materia, y hay que decirlo, y yo sí quiero compartir esta preocupación a esta Asamblea, hay un avance mínimo, se tiene la herramienta y no se utiliza.

 

En materia por ejemplo de turismo es prácticamente nula, y en materia de asentamientos humanos es un avance relativamente bajo, para decirlo así, inacabado.

 

El tema no es menor, déjenme decirlo, porque esta figura, la del ordenamiento territorial, permite ordenar y encauzar adecuadamente el aprovechamiento del territorio nacional y el ordenamiento de la propiedad, y ambos conceptos son derechos fundamentales de todos los mexicanos. 

 

Es una figura, además, que quienes hemos tenido la oportunidad de analizarla, consideramos que es innovadora, en términos de la manera de ordenar desde una legislación general, ciertas capacidades que están en el ámbito de los municipios. 

 

Esto se explica porque a través del ordenamiento territorial se regula un proceso que debe detallar con transparencia y con información cuáles son las decisiones que está tomando el municipio en ejercicio de sus facultades constitucionales, es decir, no limita, ni reduce las facultades constitucionales de los municipios, sino los obliga a transparentar y a informar adecuadamente cada una de las decisiones que se están tomando en esta materia, me refiero a la materia del ordenamiento del territorio.

 

De manera que el ordenamiento territorial es un instrumento que si bien no garantiza, sí ayuda de manera muy clara a transparentar, a fundamentar y de alguna manera a comprobar la racionalidad de las medidas tomadas por las autoridades de la materia.

 

De manera que el Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías, primero de la Sedatu, después de la Secretaría de Equilibrio  Ecológico y Protección al Ambiente , y después de la de Turismo, tiene en estas Comisiones Intersecretariales, y de manera particular en la figura del ordenamiento territorial,  una herramienta extraordinaria para contribuir al desarrollo y aprovechamiento ordenado del territorio nacional, ahí está el instrumento legal en la mesa, ya  lo tiene el gobierno, ojalá se ponga en marcha y ojalá no se desperdicie.

 

Muchas gracias Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: No habiendo más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere…

 

Senadora Angélica Araujo.

 

Sonido en el escaño de la Senadora, por favor.

 

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: (Desde su escaño) Gracias, Presidenta.

 

Solamente para solicitarle, atentamente, entregué a servicios parlamentarios mi posicionamiento referente a este tema, al igual que lo hice en el tema del día de ayer, entonces, solamente para dejar sentado, y si permitiera, por favor, que se integrara el texto íntegro al Diario de los Debates.

 

Muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Claro que sí, Senadora.

 

Pido a la Secretaría registre la intervención de la Senadora Angélica Araujo, en el Diario de los Debates, de forma íntegra.

 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señora Presidenta, de acuerdo al conteo electrónico, se tiene un total de 94 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretaria.

 

Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Vivienda.

 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

 

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

 

Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Yunes Márquez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de  Justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

 

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, Presidenta.

 

Compañeras y compañeros: La riqueza más grande de México se encuentra en sus niñas, niños y adolescentes, garantizar sus derechos y el acceso a la justicia es un deber ético y un compromiso permanente del Estado mexicano, tanto la sociedad como las autoridades tenemos la responsabilidad de crear las condiciones propicias para que cada niña, niño y adolescente se desarrolle en un ambiente adecuado que le permita realizarse plenamente.

 

La actuación de las instituciones, tribunales y autoridades encargadas de la aplicación del Sistema Penal para Niñas, Niños  y Adolescentes debe orientarse siempre a proteger el interior superior del menor hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades.

 

Si bien la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen que tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia, lo cierto es que al día de hoy se requiere de un marco normativo que resuelva los asuntos en que se encuentran implicados los adolescentes señalados como posibles responsables a través del proceso acusatorio y oral.

 

Por ello, resulta de gran trascendencia el dictamen que el día de hoy someto a su consideración por el cual se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se trata de una ley nacional que representa un cambio de paradigma que deja atrás la concepción tutelar, instituyendo un sistema garantista de protección integral de los derechos.

 

Ahora bien, para entender el fenómeno de los adolescentes que cometen delitos es preciso tener en cuenta los problemas sociales a los que se enfrentan, en México las situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad debilitan los mecanismos de protección de los núcleos familiares, de las sociedades y de las instituciones, motivando que los adolescentes no cuenten con oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas, que hagan el consumo de drogas o cometan conductas violentas.

 

Ante esta problemática se debe de destacar que se han logrado algunos avances.

 

En el año 2005 se implementó una reforma que creó un sistema de justicia penal juvenil garantista de acuerdo con los derechos del niño denominado Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, sin embargo, años después de su aprobación existen numerosos retos para la adecuada y efectiva implementación de un sistema penal de justicia para los adolescentes.

 

Por ello, el 3 de junio del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a los artículos 18 y 73 que facultan al Congreso para expedir una Ley Nacional sobre Justicia para Adolescentes, tomando en cuenta que no se trata sólo de establecer un proceso con todas las garantías, sino también desarrollar un sistema que ofrezca a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de hechos tipificados como delito, y desde mi punto de vista, lo más importante encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y de esta forma lograr una verdadera reinserción social.

 

El dictamen que hoy presento ante ustedes, compañeras y compañeros Senadores, consta de 266 artículos divididos en cinco libros.

 

El libro primero establece las reglas generales y principios que norman el sistema integral de justicia para adolescentes, así como los derechos que son propios de ese sector poblacional en el ámbito de la justicia penal.

 

De igual forma se regulan las facultades de las autoridades especializadas en materia de justicia penal para adolescentes y que en su esencia conforman el sistema integral de justicia establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución Política.

 

En cuanto a los principios rectores el dictamen atiende al principio de oralidad en tanto eje rector de los nuevos procesos penales, al principio de publicidad con apego a las limitaciones sobre protección de la identidad e integridad psíquica del menor de edad, a fin de salvaguardar el derecho del menor de edad a la privacidad, al principio de contradicción con base en el equilibrio ante el derecho de quien esté en la posibilidad jurídica de contradecir al menor de edad y la necesidad de protegerlo de situaciones que le generen condiciones de apremio por sus eventuales repeticiones innecesarias.

 

Atiende también al principio de concentración o realización de todos los actores necesarios para concluir el juicio con la finalidad de proteger los derechos del adolescente evitando propiciar situaciones de angustia para éste.

 

El libro segundo prevé los mecanismos y soluciones alternas para las controversias que puedan derivar en un acuerdo reparatorio.

 

Por su parte en el libro tercero se establecen los procedimientos para adolescentes, los supuestos bajo los cuales se considera que se comete un hecho tipificado como delito, así como los criterios para determinar los grados de responsabilidad.

 

Se trata de disposiciones que regulan la organización y competencia, el proceso especial para adolescentes, la naturaleza de sus plazos, normas de actuación y de procedimiento que delimitan la duración del proceso para los adolescentes y sus etapas, el sentido y alcance que se concede al órgano jurisdiccional para imponer a la persona adolescente  medidas cautelares como instrumentos para conservar la materia del proceso o evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad misma.

 

El libro cuarto, intitulado “Ejecución de medidas”, que prevé todas las acciones destinadas a asegurar el cumplimiento y lograr el fin que se persigue, así como lo relativo al trámite y resolución de los incidentes.

 

El libro quinto, denominado “Prevención social de la violencia”, que precisa el conjunto de políticas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como combatir las causas que lo propicien.

 

Compañeras Senadoras y Senadores: La aprobación de esta ley aportará un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la comisión de participación en un delito que tengan entre 12 y 18 años de edad.

 

Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que les son reconocidos a los menores de edad.

 

No quiero dejar de agradecer a la Senadora Martha Elena García Gómez por su participación en la elaboración de este dictamen, a la Senadora Angélica de la Peña y a la Senadora Graciela Ortiz, así como a todas las Senadoras y Senadores que participaron activamente en la construcción del presente dictamen.

 

Es por ello, compañeras y compañeros Senadores, que les pido acompañen el presente dictamen en materia de justicia para adolescentes con su voto a favor para que dotemos a nuestras autoridades de las herramientas necesarias para impartir justicia bajo los más altos estándares internacionales y para que cada niña, niño y adolescente de México alcance su pleno potencial.

 

Es cuanto, Presidenta.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Solicito a la Secretaría registre el voto a favor del Senador Luis Fernando Salazar, en el dictamen por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda, a favor.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta.

 

Señoras Senadoras; señores Senadores: Estamos prácticamente a unos pasos ya de concretar un proceso largo de una determinación que desde el 2005 queda inscrito en el Diario Oficial de la Federación para transitar de un sistema tutelar, doctrina tutelar, a un sistema garantista inscrita en el debido proceso legal que define en el artículo 18 de nuestra Constitución todos los parámetros dogmáticos de un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes.

 

La definición de adolescencia es muy importante porque deja y sigue considerando como inimputables a quienes son menores, niñas y niños menores de 12 años de edad, y de entre 12 y 14, ya como adolescentes, no van privados de su libertad, quedan al amparo de la Asistencia Social en la eventualidad de que se vean involucrados en alguna comisión de delito para que puedan recibir un tratamiento en externamiento, para que puedan seguir su reintegración a partir de lo que se determine desde la autoridad de la asistencia social.

 

Falta trabajar esa parte, es muy importante la coadyuvancia en todas las autoridades, y lo que tiene esta ley es que va de la mano con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene un preámbulo importante que nos permite lograr que tengamos una visión integral del ejercicio de los derechos de niñas y niños y de las y los adolescentes para que podamos prevenir las situaciones de involucramiento en delitos, pero también lograr un resarcimiento, una restitución de sus derechos.

 

La presente ley tiene por objeto establecer un sistema integral de justicia penal para las y los adolescentes en todo el país, garantizar sus derechos humanos cuando se impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delito, establece los principios rectores del sistema integral de justicia penal para adolescentes, además de las bases y los requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias que caracterizan a este sistema.

 

Determina las medidas de sanción correspondiente a quienes se les compruebe la comisión de un delito señalado por las leyes penales siempre estando inscrito en la franja de edad de entre 12 cumplidos y la privación de libertad a partir de los 14 cumplidos y menos de 18 años de edad.

 

Se establece también que las instituciones, órganos, autoridades, deben ser especializados, así como delimita y distribuye sus atribuciones y funciones para aplicar cada una de las normas que están inscritas en este sistema.

 

Establece los procedimientos de ejecución, medidas de sanción y los relativos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las medidas y además determina los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas sancionadoras.

Yo quiero enunciar la importancia de lo que hemos decidido en esta ley para que pueda garantizarse que tenemos todo un sistema de autoridades, instituciones, tribunales encargados de la procuración y la impartición de justicia, y que contemplan dos aspectos que nos parece relevante señalar.

El primero que tiene que ver con que operadores, es decir, Ministerios Públicos, policías, guías, juzgadores, defensores, personal de los centros de detención, entre otros, tengan capacitación especial en la materia.

Y segundo, que en espacios físicos que estos y estas ocupan y lo tengan para su destino de modo exclusivo, haya la atención desde este enfoque de justicia.

Por ello resulta muy importante señalar que desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los adolescentes, el Estado mexicano tiene la obligación de contar con una estructura no sólo física sino también humana, que se encuentre diseñada para atender los asuntos propios de esta materia.

En la actualidad esta especialización en términos ideales conlleva contar con instituciones exclusivas ciertamente, que sean excluyentes tanto en sus instalaciones como en el personal que labora en ellas, y comprende desde la primera intervención de la autoridad y los sitios de detención de las y los adolescentes, hasta la solución de la controversia.

Quiero destacar cuáles son los principios rectores de este nuevo sistema:

Por supuesto el interés superior de la niñez.

La protección integral de los derechos de la persona adolescente.

La integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes.

La prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

No discriminación e igualdad sustantiva.

La aplicación favorable que tiene que ver con que no se podrán imponer a las personas adolescentes medidas graves, ni de mayor duración a las que corresponderían por los mismos hechos de un adulto.

Hemos decidido poner como última sanción de cinco años para la franja entre 16 y menos de 18.

Además tenemos que olvidar la mínima intervención subsidiariedad, así como la responsabilidad, la justicia restaurativa y por supuesto los principios generales del procedimiento.

La especialización como una de las características fundamentales del sistema, la legalidad, aplicar la ley más favorable, presunción de inocencia, reintegración social y familiar de la persona adolescente, reinserción social como el principio fundamental que está inscrito en el 18 constitucional, medidas de privación de la libertad como una medida extrema y por el menor tiempo posible.

Estas medidas de privación de libertad se utilizarán de manera excepcional y sólo se podrán imponer a adolescentes mayores de catorce años por los hechos constitutivos de delito que esta misma ley está señalando en un catálogo que se pone a consideración de ustedes por un tiempo determinado y por supuesto con la duración más breve que proceda.

La celeridad procesal, así como la protección de la intimidad de la y el adolescente, confidencialidad y privacidad.

En los tribunales donde se lleve el proceso oral, estos deben ser claramente privados y no podrán tener acceso al público.

Registro de procesos, la garantía de la detención, como garantías que la ley tiene que otorgar a todas estas personas menores de 18 años de edad.

Prohibición de incomunicación, información a la persona adolescente respecto de la situación de su detención que refiere a la acusación, el juzgamiento y por supuesto a lo que tiene que ver con la imposición de la medida.

En la defensa técnica especializada igualmente es preponderante la presencia y acompañamiento de una persona responsable o una persona en la que confíe.

Estamos tomando todas las previsiones para que en la eventualidad de cualquier situación siempre haya una persona cerca del adolescente que le permita tener confianza y enfrentar las situaciones que le está imputando la autoridad.

Derecho a ser escuchado y por supuesto quiero destacar ajustes razonables al procedimiento, que tiene que ver con que en todo caso en que el adolescente tenga alguna discapacidad, podrá solicitar para sí o por medio de su defensor, un ajuste razonable al procedimiento para asegurar su efectiva y plena participación.

Y finalmente otro de los principios importantes tiene que ver con abstención de declarar.

En fin, todos estos derechos que derivan de estos principios rectores, de este nuevo Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, nos permite asegurar -sobre todo a partir de que haya los recursos disponibles para que los centros de privación de libertad que se encuentran en las 32 entidades federativas sean revisados de manera puntual-, que tengan todas las condiciones acordes para que los adolescentes no solamente ejerciten sus derechos y puedan tener una verdadera reinserción, sino sobre todo se tenga presente que el Estado es responsable porque son personas menores de edad.

 

Lo que nos importa con la reinserción social es que no sigan el camino de la delincuencia.

 

Lo que nos importa es que el Estado restituya los derechos que les  han sido negados y cualquiera que sea la situación personal o familiar del adolescente, siempre, siempre la autoridad tiene que tomar en cuenta todos estos principios para lograr que puedan ser reinsertados y tengan posibilidades de un proyecto de vida y, por supuesto, el desarrollo de todas sus potencialidades.

 

Felicito de manera puntual a la Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, con quien también trabajamos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su compromiso con el tema.

 

Por supuesto también a la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, que nos acompañó en toda la discusión del dictamen.

 

Y claro también al Presidente de la Comisión de Justica, que junto con la Comisión de Derechos Humanos.

 

Hoy estamos presentando.

 

Hoy estamos finalmente presentando después de años de ausencia de una ley que integre a las 32. Este mosaico que tenemos de 32 proyectos distintos legislativos en cada una de las entidades.

 

Tengamos finalmente un solo sistema nacional que integre también el de la Federación.

 

Es cuanto.

 

Muchas gracias a ustedes por toda su atención.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Pido por favor a la Secretaría registre el voto del Senador Isidro Pedraza, aquí presente en el salón de sesiones, en el dictamen anterior en el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Vivienda y en el que reforma el artículo 24 Ter, a la Ley General de Educación.

 

Pido se registre, por favor.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señora Presidenta.

 

Senadoras, Senadores: A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

 

En primera instancia, quiero reconocer el trabajo de las Comisiones de Justicia; Derechos Humanos; y Estudios Legislativos.

 

Por supuesto, al Senador Fernando Yunes, a la Senadora Angélica de la Peña y a la Senadora Graciela Ortiz, en el proceso de dictaminación de la legislación en materia de Justicia para Adolescentes, así como a todos los actores involucrados en el mismo.

 

La necesidad de que exista una ley nacional sobre este sistema de justicia, ha sido uno de los grandes retos, considerando que en la actualidad, no existe unificación en los criterios que aplican los diferentes sistemas en las entidades federativas.

 

Este sistema que requiere de especialización tiene que ser capaz de brindar a los adolescentes la oportunidad de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un hecho señalado como delito; además de buscar opciones que le permitan desarrollar sus capacidades de una materia positiva.

 

Un tema a destacar es el cambio de concepción como sujetos de derechos a niñas, niños y adolescentes.

 

Este cambio de paradigma de un proteccionista a garantista, fue de los grandes logros de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por el Congreso de la Unión.

 

Esta Ley General obliga al Congreso a armonizar la legislación secundaria. Por lo que es necesario observar el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.

 

Al respecto, es de su conocimiento la reciente reforma constitucional, la cual mandata a la Federación y a las entidades federativas para que establezcan en el ámbito de sus competencias, un Sistema Integral de Justicia para los Adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

 

Además se establece que este proceso de justicia para adolescentes será acusatorio y oral y, finalmente, se faculta al Congreso para expedir la legislación única en materia Procedimental Penal de mecanismos alternativos, de solución de controversias, de  ejecución de penas, y de justicia penal para adolescentes que regirán en la República en el orden federal y en el fuero común.

 

En ese sentido es que las comisiones dictaminadoras nos dimos a la tarea de analizar las propuestas presentadas al respecto, una de ellas inscrita por una servidora observando los principios rectores del interés superior de la niñez y de la especialización, previo a ello se llevaron a cabo diversos foros y audiencias en las que participaron las autoridades, los especialistas y académicos, y las organizaciones de la sociedad civil quienes aportaron elementos para la elaboración del dictamen.

 

En primera instancia dentro de las aportaciones de dichos foros en la visualización de que éste, un sistema integral que requiera de una atención multidisciplinaria al tratarse de personas adolescentes.

 

Otras aportaciones que se tomaron en consideración fueron la sistematización del modelo de justicia para adolescentes en las entidades federativas, favorecer la concurrencia entre los niveles de gobierno, así como la reinserción efectiva del adolescente a su núcleo familiar y respetar los derechos especiales que tienen los adolescentes.

 

Cabe mencionar que un punto constante en el análisis es el énfasis en las medidas de sanción  no privativas de libertad de acuerdo al principio de mínima intervención que debe regir para las personas adolescentes, así como las disposiciones relativas a las autoridades especializadas del sistema tales como ministerios públicos, juez de control, juez de juicio oral, juez de ejecución, magistrados, defensores  públicos, facilitadores de mecanismos alternativos y el de la autoridad administrativa de ejecución de medidas.

 

El resultado del análisis y discusión es una legislación integrada por disposiciones generales, las reglas activas al ámbito de la aplicación y objeto, los principios y  derechos en el procedimiento para adolescentes, así como un capítulo encargado de regular competencias de las autoridades, instituciones y órganos encargados de la aplicación del instrumento.

 

No puedo dejar de mencionar que para la implementación de este sistema integral de justicia penal para adolescentes en las entidades federativas se deberá tener muy presente el tema presupuestal, es decir, los recursos económicos y humanos necesarios para su efectiva operación.

 

Esperemos la voluntad política para la asignación del presupuesto suficiente para la implementación de esta ley, para evitar que sucedan, como en la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, la cual obliga expresamente a los diferentes órdenes de gobierno a asignar recursos para cumplir con su objeto, sin embargo, el día de hoy, uno de los grandes retos es la asignación presupuestaria.

 

Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a  los equipos técnicos de las Comisiones de Justicia; Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia; y de Estudios Legislativos por su arduo trabajo para que esta ley sea posible.

 

Asimismo, también agradecer a las organizaciones de la sociedad civil por su apoyo constante como Institución Renace, Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra, A. C., el Instituto de Justicia Procesal Penal, la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Centro de Colaboración Cívica, a expertos en la materia como el maestro Carlos Ríos Espinoza, el doctor Daniel González, el doctor Carlos Piter, la maestra María Malto Rodríguez, la Maestra Susana Camacho, y la licenciada Cristina Reyes, y por supuesto a la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, y a UNICEF  México.

 

En el Senado de la República tenemos el compromiso de analizar y discutir este dictamen con la mayor responsabilidad y considerando las opiniones de todos los involucrados.

 

Es importante mencionar que el tema de justicia para adolescentes es una asignatura pendiente, es por ello que será de suma relevancia la aprobación de la legislación en la materia cumpliendo aquí también con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Reforma Constitucional al respecto.

 

Muchas gracias por su atención.

 

Es cuanto señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Martha Elena.

 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos.

 

Sonido en el escaño de la Senadora Graciela, por favor.

 

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidenta.

 

Solamente para declinar mi participación y hacer un reconocimiento, a través de este medio a los presidentes de las comisiones, a las presidentas de las Comisiones que estuvieron trabajando con  un gran compromiso y con una gran intensidad para que llegásemos a este momento.

 

Le haremos entrega del documento para que quede inserto en el Diario de los Debates y agradecer profundamente a quienes participaron, a las Senadoras y Senadores, para que pudiéramos presentar hoy un cuerpo normativo de avanzada.

 

Muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Pido a la Secretaría inserte el texto íntegro de la intervención de la Senadora Graciela en el Diario de los Debates.

 

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras, entregaron un paquete de propuestas de modificación, mismas que someteremos a su consideración.

 

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños  y propone modificaciones a los artículos 2, 15, 23, 46, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 77, 81, 124, la adición de un Título Cuarto con un Capítulo Único denominado “Del Reconocimiento de la Función Preventiva de la Comunidad”, que incluye el artículo 264.

 

También propone modificaciones a los transitorios Primero y Décimo tercero, y a la adición de un Décimo sexto.

 

Si la Asamblea acepta las modificaciones propuestas, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

 

El texto correspondiente está disponible en el monitor de sus escaños.

 

En consecuencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre el texto del dictamen.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

En consecuencia, se autoriza por el Pleno de los Senadores.

 

En consecuencia, la discusión del dictamen será  con las modificaciones a los artículos que fueron autorizados  por la Asamblea.

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente.

 

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna  la Senadora…

 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, nos hizo llegar su intervención, el cual pido a la Secretaría, se inserte en el Diario de los Debates, de forma íntegra.

 

Ahora tiene la palabra la Senadora Verónica González Rodríguez, para posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 

La Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez: Gracias, Presidenta.

 

Compañeras y compañeras: El dictamen que se presenta a nuestra consideración, es resultado del trabajo de muchas personas que durante muchos meses estuvieron dando forma a esta ley, logrando integrar una perspectiva de derechos humanos y de justicia restaurativa.

 

Estos dos enfoques representan un importante avance en la construcción de legislaciones y políticas públicas para las y los adolescentes que incurren en la Comisión de algún delito.

 

En este sentido, mi voto es a favor del presente dictamen, por las siguientes razones:

 

En primer lugar, porque integra la visión de la justicia restaurativa y esto representa una forma de entender y afrontar los conflictos, la violencia y los delitos, que busca atender, principalmente sus consecuencias, procurando la reparación emocional, material, simbólica del daño y el restablecimiento de las relaciones humanas y sociales afectadas.

 

La justicia restaurativa, promueve la responsabilidad y participación activa de todos los involucrados y afecta, de algún modo la persona infractora a la víctima, sus familias, funcionarios públicos y miembros  de la comunidad.

 

En un sentido más estricto, la justicia restaurativa para adolescentes es una manera de tratar con niños y adolescentes en conflicto con la ley, con la finalidad de reparar el daño individual y social causado por el delito cometido.

 

Para ello, se requiere la participación activa del adolescente, la víctima y, de ser el caso, otros individuos y miembros de la comunidad. 

 

Las prácticas restaurativas como la mediación, las conferencias, los círculos, etcétera, que están contenidos en este dictamen, representan la concreción de esta visión armónica con los derechos humanos, visión que debe adaptarse a los contextos culturales, jurídicos e institucionales  de cada lugar.

 

Se puede utilizar en forma preventiva en la escuela o comunidad, evitando que los conflictos deriven en violencia o en delitos y también cuando estos sucedan.

 

La justicia restaurativa para adolescentes trabaja sobre la responsabilidad del infractor, tomando en cuenta la necesidad de atender las consecuencias de su comportamiento, realizando actos reparadores en favor de la víctima y la comunidad.

 

A comprender las causas y efectos de este comportamiento en los demás; a disculparse con la víctima y ofrecer acciones de reparación, y a comprometerse con un programa que ayude a reintegrarse en la comunidad y evitar futuras infracciones; buscar que el infractor se haga responsable de las consecuencias de su acto, procurando que en el encuentro con la víctima haya una reconciliación basada en la restitución del daño y el perdón, y busca también que se restituya el vínculo social, procurando la reintegración del infractor en la comunidad, fortaleciendo así el sentimiento de seguridad quebrantado.

 

De acuerdo a cifras de instancias internacionales, como la OCDE y de instancias nacionales como el Inegi, el 23% de los adolescentes entre 15 y 17 años no tienen acceso a los servicios educativos, mientras que un 35% de jóvenes cuyas edades van de los 17 a los 24 años, no alcanzan a obtener un empleo que les reditúe más de dos salarios mínimos al mes, y dadas las condiciones de violencia social de captación de las y los jóvenes, por parte de los grupos de la delincuencia organizada y de la marginación que viven los jóvenes en nuestro país, el Estado mexicano tiene la obligación de establecer un sistema de atención integral para las y los jóvenes que por cualquier circunstancia se encuentren en la comisión de algún ilícito o algún delito que adicionalmente se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad.

 

El problema en nuestro país es que cada vez más y más jóvenes optan por inclinarse a llevar a cabo actividades ilícitas.

 

De acuerdo con datos el Banco Mundial, en nuestro país el 60.5 de los delitos son cometidos por jóvenes, además de que el homicidio se convirtió en una principal causa de muerte.

 

Por ello, resulta fundamental que esta nueva legislación mantenga esa visión restaurativa y de promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las y los jóvenes de nuestro país, pues mantener la visión de castigo y  olvido que has hoy se mantiene en muchos esquemas de atención para los infractores juveniles, sólo ha producido un aumento exponencial en la comisión de delitos juveniles.

 

La procuración e impartición de justicia en nuestro país tiene que cambiar y pronto, y en este dictamen representa una buena medida inicial para lograr rediseñar todo el esquema notablemente punitivo que se mantiene hasta nuestros días.

 

Muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Verónica.

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega Martínez, del Partido Acción Nacional, para el posicionamiento del grupo.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidenta.

 

Señoras y señores Legisladores: Debo hacer primero que nada un reconocimiento a los Presidentes y Presidentas de las Comisiones Dictaminadoras que hoy hacen posible, con un trabajo de mucho tiempo, que finalmente presentemos ante ustedes este proyecto de dictamen para su votación en el Pleno y que representa un avance fundamental en la construcción de un sistema de justicia democrático y garantista, me refiero por supuesto al Presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes; a la Senadora Martha Elena  García, Presidenta de la Comisión de Atención a Niños, Niñas; a la Senadora Graciela Ortiz, de la Comisión de Estudios Legislativos, y a la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos.

 

Es muy importante el instrumento legislativo que hoy ponemos a su consideración.

 

Y entre los antecedentes inmediatos a este proyecto, se encuentra  principalmente la reforma constitucional, primero la de 2005 por cual se elimina el anterior modelo tutelar que permeaba respecto de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, para pasar a un modelo garantista con jueces especializados en justicia para adolescentes, lo que permite tener una defensa adecuada y ser juzgados por autoridad distinta a los que los acusan por la realización de un hecho que la ley señala como delito.

 

Posteriormente, en 2008, la reforma constitucional que hace transitar a la justicia penal de un modelo mixto al modelo acusatorio, predominantemente oral, deja de lado incluir de forma expresa a la justicia para personas adolescentes, aprobándose apenas hace unos meses el régimen constitucional, el sistema acusatorio con la técnica predominantemente oral para la justicia para adolescentes.

 

Hoy daremos un paso más con la aprobación de este proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en un contexto complicado, porque de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2014 estados como Jalisco, Puebla o San Luis Potosí, el porcentaje de agencias del ministerio público especializadas en adolescentes, era apenas del 1%.

 

En otros estados como Tabasco, Querétaro, Ciudad de México, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Durango Chiapas y Yucatán, apenas del 1.1 y 3% contaban con estas agencias del ministerio público especializadas.

 

En Nuevo León, es el estado que contaba con más de 9% de agencias del ministerio público especializadas en adolescentes.

 

Y también, de acuerdo con el Inegi, durante 2014, las agencias del ministerio público locales especializadas en adolescentes conocieron asuntos relacionados con 49 mil 51 menores de edad que fueron imputados por algún delito.

 

En este momento, el mayor porcentaje correspondía a los delitos de lesiones, daño a la propiedad, diferentes modalidades de robo y narcomenudeo.

 

En relación con los órganos jurisdiccionales, el mismo Instituto Nacional mencionó que sólo el 2% de los 4 mil 861 órganos jurisdiccionales que existen en el país, se encuentran especializados en adolescentes.

 

En la Ciudad de México, hasta 2014 se contaba con 15 juzgados de esta naturaleza.

 

El Inegi reportó también que al 2014, a nivel constitucional, había 978 funcionarios adscritos a los 96 órganos jurisdiccionales especializados en justicia para adolescentes del fuero común. Esta cifra representa el 2.18% del total de funcionarios judiciales.

 

De ahí, entre otros dados, vemos la necesidad de transformar a la justicia para adolescentes a través del establecimiento de mecanismos que cumplan con los estándares previstos en nuestra constitución, instrumentos internacionales y las leyes generales relacionadas con la impartición de justicia.

 

Es preciso hacer notar que esta ley, este proyecto que se pone a su consideración es un proyecto integral del Sistema de Justicia para Adolescentes, pues, incorpora, no sólo aspectos procedimentales, procesales o de medidas para los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también establece el andamiaje necesario para concretar un régimen exhaustivo y complejo basado en un proceso acusatorio y oral con los principios propios del sistema, como son la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad e inmediación con las adecuaciones y excepciones propias del Sistema Especializado en Justicia para Adolescentes.

 

Este sistema estará compuesto por ministerios públicos, órganos jurisdiccionales, defensores públicos, facilitadores de mecanismos alternativos, autoridades administrativas y policías de investigación cuyos integrantes deberán tener perfiles especializados e idóneos sobre el conocimiento y habilidades en la materia.

 

Si bien la presente ley refiere que el procedimiento para adolescentes tendrá las etapas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, las que se refieren a la investigación, a la etapa intermedia y la de juicio, lo cierto es que plantea procedimientos adicionales, así como salidas alternas que permiten concluir el procedimiento a través de capítulos que contienen las formas de terminación anticipada y los mecanismos alternativos de solución de controversias, con el objeto de iniciar a la brevedad la reinserción y la reintegración social del adolescente que haya entrado en conflicto con la ley penal. Es muy destacable la prevalencia de este principio de reinserción social a lo largo de esta ley.

 

Con este propósito es necesario subrayar que la ley concentra instituciones como los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, la mediación o los procedimientos y ejecución de sanciones, que en la justicia para personas mayores de 18 años están dispersas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales u otros ordenamientos.

 

Lo anterior tiene como objeto, tanto, que estas instituciones como sus operadores tengan un mismo enfoque de atención y de conocimientos especializados en la justicia para adolescentes, aspectos propios de un verdadero sistema integral que dirija sus esfuerzos en el mismo sentido constitucional de la reinserción y reintegración social de los adolescentes que entren en conflicto con la ley penal.

 

La ley hace énfasis en las formas de terminación anticipadas de una solución al conflicto antes de la sentencia, pues, precisamente estas son un medio para lograr minimizar los efectos negativos que la imposición de una medida pudiera tener en la vida futura de la persona adolescente.

 

Esta ley busca que a través de aspectos como garantizar sus derechos, posibilitar su desarrollo personal, escuchar y tomar en cuenta su opinión, involucrar a la persona adolescente en la elaboración de su plan individualizado de actividades y el fomento de los vínculos familiares y sociales, se potencialice su desarrollo personal, y se evite, en la medida de lo posible, que el proceso al que se ha sometido la persona adolescente genere un efecto negativo en ella, y que por el contrario, el sistema logre que la persona adolescente tenga un proyecto de vida que le permita desarrollarse personalmente.

 

Este Sistema de Justicia para Adolescentes establece un régimen especializado, cuya finalidad es que los adolescentes puedan reencauzar su propósito en el establecimiento de un proyecto de vida, no obstante, dicho sistema debe tener elementos que le permitan evaluar los avances y aciertos del sistema, así como las necesidades a través de los mecanismos ciertos de información sobre su funcionamiento y resultado.

 

Quiero señalar que en la confección de este instrumento hubo muchas horas de debate, que el debate no fue fácil, pero que sí hubo generosidad por las Senadoras y Senadores que conformaron esas comisiones dictaminadoras para que al final pudiéramos generar un instrumento que nos satisface porque contiene los elementos fundamentales para lograr la adecuada reinserción social de los adolescentes que por diversas causas han entrado en conflicto con la ley, y por eso estamos muy satisfechos de este producto legislativo que hoy se pone a consideración del Pleno.

 

En su momento haremos un planteamiento de algunas adecuaciones a la propuesta que esperamos sean votadas y que tienen que ver solamente con cuestiones de forma, pero en términos generales este proyecto legislativo tiene grandes alcances y seguramente será una pieza fundamental en la confección del nuevo sistema penal que México requiere y que el país nos demanda, y para lograr la plena justicia en México.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Pilar Ortega.

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo, para posicionar a nombre del Partido Revolucionario Institucional.

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Presidenta.

 

Honorable Asamblea: La reforma al artículo 18 constitucional en México es el resultado de un proceso complejo que impacta la realidad nacional, la cual permitió trascender el concepto de readaptación social, pero también facultar al Congreso de la Unión para homologar los sistemas en materia de justicia penal para adolescentes a nivel nacional con el sistema de justicia penal acusatorio, existen diversas posturas respecto a si se debe considerar la justicia para adolescentes como parte de un sistema penal.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sentencia de la acción de inconstitucionalidad 37/2006, resolvió que se debe de considerar como un sistema de responsabilidad penal especial.

 

La Reforma Constitucional de abril del 2015, en los artículos 18, 7, 3, otorgó el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes los mismos principios básicos del sistema penal acusatorio.

 

El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley bajo la óptica de su condición de personas en desarrollo, es decir, la protección debe de ser más amplia y garantista a diferencia de las personas mayores de edad.

 

La reciente Reforma Constitucional mandata a la Federación y a las entidades federativas a establecer en el ámbito de sus competencias un Sistema Integral de Justicia para los y las Adolescentes, aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito y que tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

 

Por su parte la implementación del sistema procesal penal acusatorio es una profunda reforma del sistema de justicia en el que nuestro país es una política de estado transversal que requiere el concurso y compromiso no sólo de los tres Poderes de la Unión y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sino también de todos los actores relevantes de  la sociedad mexicana.

 

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación el carácter sistemático de la justicia juvenil deriva de  la comprensión de diversas facetas como la prevención, la procuración de justicia, la impartición de justicia, el tratamiento o ejecución de la medida, la investigación, planificación, formulación y evaluación de las políticas que incidan en la materia.

 

Así la justicia para los adolescentes en nuestro país debe de atender necesariamente un sistema integral congruente con este artículo 18 constitucional, con medidas que respeten el debido proceso y que promueva la justicia alternativa y restaurativa y que disponga del internamiento como medida extrema, es decir, los adolescentes no deben de ir a la cárcel salvo una medida, un delito grave cometido.

 

Así de igual forma en los procedimientos seguidos contra los adolescentes debe de atenderse el principio de interés superior del menor, esto implica que las instituciones, los tribunales y las autoridades encargadas de aplicar el sistema penal para adolescentes deben de maximizar su esfera de derechos, en este orden México ha signado sendos instrumentos internacionales que ya los nombraron aquí algunas Senadoras.

 

Sin duda, esta nueva legislación integra mecanismos que nos permiten seguir avanzando en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, para que cada niño o niña alcance su pleno potencial, pero destacadamente en materia de justicia penal para adolescentes se uniforman los criterios que permiten responder de una forma adecuada cuando un adolescente ha cometido un delito.

 

En ese sentido, el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece como una garantía el debido proceso legal, en el que se contemple tanto la reinserción social como la familiar del adolescente. También mecanismos especializados para atender la justicia penal para adolescentes y determinar instancias especializadas de procuración de justicia.

 

Ya la oradora que me antecedió en el uso de la palabra las ha enumerado, están en la página, bueno, viene muy claramente en el dictamen, y el proyecto de ley pone énfasis en las medias y sanciones no privativas de la libertad de acuerdo al principio de mínima intervención que debe de regir para los adolescentes, observando nuestra Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

 

Se incorporan enunciados normativos que garantizan el respeto de los derechos humanos de la persona adolescente e implican la imposición de límites a los actos de autoridad al señalar lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer y lo que deben también hacer. Enunciados que prohíben el arraigo como medida precautoria en el caso de las personas adolescentes, determina su protección especial cuando esté detenida y sea menor a los 12 años.

 

Asimismo, se establecen normas que comprenden las formas de terminación de la investigación, del no ejercicio de la acción penal, del archivo temporal o de la aplicación de los criterios de oportunidad conforme a los cuales cuando se trate de conductas atribuidas a adolescentes que no lesionen o pongan gravemente en riesgo el bien jurídico tutelado y que se consideran como parte del proceso de su desarrollo y formación, el Ministerio Público podrá prescindir de la acción penal.

 

En ese sentido, y como lo he dicho antes, en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que hoy aprobaremos, impera el debido proceso, así como la intervención mínima de la subsidiariedad, de la aplicación de sanciones, pero consideramos también que es importante el equilibrio y que debe de existir en un sistema entre  la justicia para adolescentes y los derechos de las víctimas.

 

El desafío, entonces, compañeras y compañeros, será que el Estado deberá de capacitar a los operadores de la justicia. Estamos frente a un gran ley, que hoy vamos a aprobar, pero, repito, el desafío será el de la capacitación de estos operadores, y para ello debemos, no nosotros sino los Diputados, destinar presupuestos directos para esa capacitación de los operadores de justicia, porque no tengo duda que estamos ante un cuerpo normativo que será una herramienta importante para el gobierno y para nuestras sociedades.

 

Muchas gracias.

 

El PRI, por supuesto, estará a favor de este dictamen.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Marcela Guerra.

 

Pasamos a la discusión en lo general.

 

La Senadora Cristina Díaz hizo llegar a esta Mesa Directiva el texto de su intervención, por lo que solicito a la Secretaría lo inserte en el Diario de los Debates.

 

Tiene ahora la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para hablar a favor del dictamen hasta por cinco minutos.

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señora Presidenta.

 

Sin duda es muy importante reconocer el gran trabajo que nos ha llevado a que el día de hoy estemos presentando el dictamen de la Ley de Justicia para Adolescentes.

 

Requirió, sin duda, de un trabajo arduo desde hace mucho tiempo, pero también hubo una voluntad expresa por parte de las comisiones a quienes se les encargó el dictamen para que pudiera salir en tiempo y forma.

 

Por eso agradecer y reconocer, sin duda, a la Presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, la Senadora Martha Elena García, por su trabajo y voluntad para sacar este dictamen. Del Senador Yunes, Presidente de la Comisión de Justicia; de la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y de la Senadora Graciela Ortiz, de Estudios Legislativos, por la voluntad para que saliera este dictamen.

 

También hay que reconocer el trabajo y visión en todo momento de las diferentes instituciones y dependencias de gobierno, particularmente de Setec, del Secretario Ejecutivo de Niñas, Niños y Adolescentes y de la PGR, así como del Poder Judicial.

 

Pero también no podríamos dejar de reconocer el gran trabajo que la sociedad civil organizada hizo. Desde hace mucho tiempo en foros estuvieron participando con propuestas, y muy particularmente varios Senadores servidos de conducto para presentar una iniciativa de la Ley de Justicia para Adolescentes, pero en realidad era una iniciativa de la sociedad civil organizada que se tomó como base para poder tener este dictamen.

 

Por eso mi reconocimiento y agradecimiento a las organizaciones Renace, Reintegra, Instituto de Justicia Procesal Penal, la Redim, el Centro de Colaboración Cívica; y a expertos como el maestro Carlos Ríos Espinosa, doctor Daniel González, la licenciada Alma Meneses Bernal, la maestra Paula Ramírez, la maestra Violeta Maltos, la maestra Susana Camacho y la licenciada Cristina Reyes Ortiz.

 

Hoy nos encontramos en el dictamen de justicia penal para adolescentes.

Es importante decir que desde que se aprobó la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, nos encontramos en el Estado mexicano ante el gran reto de cambiar no solamente la ley sino, en la percepción cultural que existe, la visión tutelarista con respecto a niñas, niños y adolescentes, esta visión tutelarista que circunscribía solamente a las personas más jóvenes dentro del ámbito de su familia, y no se les concedían derechos y no se les consideraba sujetos de derechos específicamente a ellos.

Cambiar esta visión por una visión garantista, donde se reconozca a niñas, niños y adolescentes, y a las personas jóvenes como sujetos de derechos, sin duda requiere de un gran trabajo y de un esfuerzo que no solamente se verá reflejado con las leyes que estamos aprobando, sino requiere sin duda de la implementación de muchas políticas públicas y sobre todo de un gran cambio de conciencia y de percepciones por parte de la ciudadanía.

Hoy nos encontramos ante una propuesta de dictamen de justicia para adolescentes que nos permitirá contar con medidas sancionatorias alternativas, que vean a los adolescentes como seres humanos y que permitan realmente reintegrarlos y restituir sus derechos.

Hay que decirlo abiertamente: los jóvenes, las personas adolescentes que han caído en infracción de una ley, entre otras cosas se debe a que el Estado, y nosotros como parte del Estado, no hemos generado las condiciones para que los niños tengan igualdad de oportunidades y de desarrollo.

Estamos fallando como Estado. Desde hace mucho tiempo no hemos garantizado los derechos de las personas más jóvenes, y cuando se encuentran ante una infracción de la ley, lo menos que nos corresponde es poder generar un sistema de justicia que garantice sus derechos, que los reintegre a la sociedad y que les restituya los derechos que les han sido arrebatados. Hoy nos encontramos ante esa propuesta.

Sin embargo me parece que hay que poner hincapié en que se requiere una verdadera especialización en materia de ejecución penal, que esté enfocada en medidas sancionatorias no privativas de la libertad.

Todavía quedan en el código medidas privativas de la libertad que deben ser utilizadas sólo como medidas extremas y siempre privilegiar las medidas no privativas de la libertad.

También es muy importante cuidar de no mezclar políticas de prevención social primaria y de justicia penal, porque esto nos lleva nuevamente a considerar a las personas adolescentes en parte del sistema tutelar y no como sujetos de derecho.

Estas serían las únicas observaciones, no sin antes volver a reconocer que ha sido un gran trabajo y esfuerzo por encontrarnos hoy en tiempo y forma con la presentación y aprobación de este dictamen.

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias.

Con su permiso, compañeros de la Asamblea.

En materia de adolescentes el principal reto consiste en que todo lo que se logró de la educación, el deporte y las sesiones con los psicólogos, no se derrumbe cuando finalmente el adolescente salga de la condición de internamiento.

Cuando regresan a su barrio, de inmediato son absorbidos de nuevo por las bandas o pandillas juveniles, malas influencias que en escasas horas los convocan a la esquina, al tendajo, y en cuestión de un día o dos vuelven a delinquir, y son muchas veces remitidos nuevamente ante la justicia.

Por ello quiero reconocer y felicitar a las comisiones por la preceptiva relativa a las medidas cautelares, en particular lo dispuesto en el artículo 119.

En mi opinión, con las fracciones de la III a la VI del artículo 119 ya referido, se da sustento a la totalidad de la ley.

Por otra parte, con ánimo constructivo de enriquecer los enunciados normativos de esta valiosa ley, me permito hacer las siguientes propuestas que adelantan, anticipan reservar tres artículos que presentaré, y pido a la Mesa Directiva las considere ya presentadas de manera formal en esta exposición.

Me parece que es mucho mejor lo dispuesto en la Ley de Amparo, ya que en esta es el propio Órgano Jurisdiccional el que nombra un representante especial para que intervenga en el juicio. Lo cual permite mucha mayor celeridad y confiabilidad.

 

Además, la Ley de Amparo establece que el adolescente de 14 años, podrá ser por sí mismo la designación de su representante.

 

Por tanto, propongo que se modifique el artículo 11 para incorporar el modelo mucho más garantista de la Ley de Amparo.

 

Por otra parte, si bien es cierto, en el artículo 47 se establece que las personas adolescentes tendrán derecho a ser alojados en unidades de acuerdo con su género.

 

Considero que se debe ir mucho más allá y establecer con todas sus letras, con absoluta precisión que tratándose de adolescentes, éstas, género femenino, deberán encontrarse en instalaciones separadas de los hombres.

 

Pido lo anterior, ya que sin excepción, cuando se han encontrado o mezclados hombres o mujeres en condición de internamiento. Por lo general se producen abusos por parte del más fuerte, en detrimento del más débil.

 

Por ello propongo un segundo párrafo para el artículo 47, donde específicamente se establezca el derecho de las mujeres adolescentes a estar separadas de los varones.

 

Finalmente, quiero hacer referencia al artículo 73, donde se establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será un órgano auxiliar de la justicia de adolescentes.

 

Creo que no resulta adecuado este precepto. En razón que de conformidad con el artículo 6 fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, corresponde a dicho organismo, supervisar el respeto de los derechos humanos en el Sistema de Reinserción Social del país.

 

De modo que me parece una contradicción que el mismo ente tenga, al mismo tiempo, el carácter de supervisor y de auxiliar del Sistema de Justicia para Adolescentes.

 

No pasa desapercibido que la fracción XVI del mismo artículo 6 invocado, establece que la Comisión Nacional tendrá las atribuciones que se establezcan en otros ordenamientos legales.

 

Sin embargo, por tratarse de un organismo constitucional autónomo. Me parece que no debemos subordinarlo a otras dependencias.

 

En consecuencia, me permito proponer que se suprima el primer párrafo del artículo 73 mencionado.

 

Es la cuenta, agradezco su atención.

 

Muchas gracias, señora Presidenta.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, Senador Presidente.

 

Compañeras y compañeros: El día de  hoy, estamos ante un hecho histórico, porque derivado de un amplio debate y vaya que requirió horas y horas de trabajo y de análisis.

 

Llegamos por fin a consensos o a los consensos necesarios para contar con una ley que brinde certeza jurídica a las personas adolescentes, a las que se les impute o compruebe la comisión de una conducta tipificada como delitos en las leyes de nuestro país.

 

Y por ello, por ese amplio debate, pero especialmente por la capacidad de construir consensos y acuerdos en favor de lo que sí le importa a la nación.

 

Yo quiero felicitar al Presidente y a las presidentas de las Comisiones Dictaminadoras, y en especial quiero felicitar a la Senadora Angélica de la Peña, a la Senadora Diva Gastélum, a Cristina Díaz, a Fernando Yunes, a María Elena García, nuestra Presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, a Martha Tagle y a María del Pilar Ortega, entre otros y otras Senadoras por el gran trabajo realizado.

 

Y quiero resaltar que esta iniciativa es importante no sólo por el alcance y la naturaleza de su contenido, especialmente me parece que es importante, primero porque está armonizada con el artículo 1º constitucional, derivado de aquella gran reforma de julio de 2011 de derechos humanos y que cambió el paradigma de este país respecto a la visión que tenemos sobre los derechos humanos, y me parece que esta ley es un gran reflejo.

 

Segundo, porque considera como eje articulador, como eje conductor de este dictamen el interés superior de la niñez, que está en  nuestro artículo 4 constitucional y  que viene a cambiar todo el paradigma que en México tuvimos hasta antes de esta reforma del 10 de octubre de 2011 sobre  las niñas y los niños y los adolescentes del país.

 

Tercero, porque está armonizada por la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, esta ley que esta legislatura, que este Senado le dio al país, derivado de la iniciativa preferente del Presidente Enrique Peña Nieto para los niños y las niñas, puesto que participaron organizaciones de la sociedad civil, expertos, académicos, operadores de justicia, jueces, magistrados; porque aquí en este dictamen está la visión de la sociedad civil, porque aquí está reflejado lo que la sociedad civil y los operadores de la ley manifestaron a esta soberanía.

 

Por eso es muy importante, pero también quiero compartirles una posición personal, cuando estábamos revisando esta iniciativa en el proceso, yo recuerdo muy bien las posiciones de Diva Gastélum, de Angélica, de Martha Tagle, cuando hablábamos de la importancia de la perspectiva de derechos humanos, yo recordé y siempre estuvo en mi un tema que seguramente ustedes recordarán, hace unos años, cuando un niño, de los primeros que conocimos, denominados sicarios, que le denominaron Ponchis, en un estado cercano, a los 12 años había hecho su primera acción de sicario, cortó el cuello a una persona, fue terrible.

 

Yo recuerdo cómo la gente comentaba en los cafés, yo era legisladora federal, en la LXI Legislatura, y la gente te comentaba, y la gente decía, qué barbaridad, qué terrible, cómo es posible, tienen que mandarlo a un Cereso, a esa edad,  pobre sociedad, y había muchos comentarios de todos.

 

Pero dentro de mí, yo reflexionaba, y me preguntaba, qué hubiera pasado si este niño denominado el Ponchis que hoy está en todos los medios nacionales, y que es terrible, que duele, que lastima a la sociedad, esta circunstancia, qué hubiera pasado si el Ponchis  hubiera ido a la escuela, si hubiera tenido educación, acceso a la salud, a la recreación, a la cultura, al deporte, que hubiera tenido derecho a jugar, y no a trabajar.

 

Qué hubiera pasado si el Ponchis no lo hubiera levantado el crimen organizado, y no  lo hubiera enganchado, porque nadie se dio cuenta, ni sus padres, ni su mamá porque trabajando en la frontera; el papá porque  los había abandonado, el Ponchis porque tenía que mantener a su hermana, por lo menos eso dijo, lo levantaron, y nadie se dio cuenta.

 

Nadie en la sociedad recriminó que ese niño no tenía acceso a sus derechos.

 

Yo tengo la certeza que si ese niño sicario y muchos más tuvieran ejercicio pleno de sus derechos, esta ley no hubiera sido necesaria en este país.

 

Porque un niño que ejerce plenamente sus derechos, nunca, nunca va a  delinquir. Ese es otro tema.

 

Y otra responsabilidad que tenemos las y los legisladores, garantizar que las niñas y los niños de este país ejerzan plenamente sus derechos, que jueguen, que vivan su niñez, que se desarrollen; que sus padres sean responsables, pero también que la sociedad seamos responsables de ellos.

 

Tenía otro discurso, pero preferí compartirles esto, porque me parece que estas son las cosas que sí trascienden en este Senado.

 

Muchas gracias, por su apoyo.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias Senadora Yolanda.

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias Presidenta, con su permiso.

 

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Primero, felicitar a las Comisiones Unidas de Justicia; Derechos Humanos; Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y Estudios Legislativos.

 

Se ha dado un paso muy importante en materia de justicia para adolescentes con esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

 

Voy a dar mi visión como educador, y la voy a relacionar con esta Ley. Cuando discutimos la reforma educativa,  fuimos muy insistentes en que esa reforma que aprobó la mayoría de los Senadores, sólo iba llevar al país a una situación de complicación en materia de delincuencia de adolescentes y de infantes.

 

Y señalamos eso, y aquí se hizo oídos sordos, porque la reforma educativa careció de lo elemental, un diagnóstico que nos dijera cómo estaba el Sistema Educativo Nacional.

 

Se tenía o se tiene hasta la fecha una preocupación enorme por ese concepto que ya galopa y aceptado por todos, la violencia escolar, que a muchos que hablan como “pochos”, les gusta decirle “bullying”, el “bullying”.

 

¿Saben por qué se da el bullying?

 

Y, ¿por qué hay niños como los que mencionó mi Senadora, un niño de Jiutepec, Morelos, un asesino que ni siquiera adolescente era, un niño asesino?

 

Precisamente, cuando discutimos ese tema en la Cámara de Diputados de  Morelos, señalamos que “El Ponchis” era el ejemplo más claro del fracaso pedagógico del Sistema Educativo Nacional, y que había “Ponchis” por todo el país, producto de que no se ha revisado la curricula. Solamente es la reforma educativa, pero nunca se quiso discutir el perfil del educando.

 

¿Acaso el educando que surge del Sistema Educativo Nacional ama entrañablemente a su patria?

 

¿Respeta los derechos humanos?

 

¿Respeta el medio ambiente?

 

¿Tiene un respeto irrestricto por las cosas de los demás?

 

Son casos dramáticos los que han pasado en el Sistema Educativo de este país, compañeros que asesinan a sus compañeros, compañeros que asesinan a sus maestros o que los agreden con armas de fuego o con armas blancas.

 

Nosotros hemos sostenido, y lo discutimos con Chuayffet en una ocasión que estuvo aquí en el Senado.

 

No podemos hablar de educación de calidad si la escuela no cumple con su trabajo en el entorno social, en donde se ubica.

 

¿La Escuela para qué sirve? Pues es la receptora de los posibles delincuentes y los maestros con toda su vocación, con todo su profesionalismo, con todo su amor por los niños, hacen un esfuerzo, a pesar de las condiciones en que están las escuelas, hacen un esfuerzo por redimir a esos niños a través del proceso educativo.

 

Entonces, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, no esperemos, como educador se los digo, no esperemos que al modificar, al generar este nuevo paradigma de justicia penal para adolescentes las cosas cambien como por arte de magia.

 

No, porque no nos hemos atrevido a meterle mano a lo esencial. No hemos revisado, no hemos querido revisar la curricula. Ya ha habido por ahí una intención, nos lo ha platicado el Secretario de Educación, a los que somos de la Comisión de Educación del Senado que quiere revisar el modelo educativo, quiere revisar el modelo educativo, pero lo quiere hacer sin que participe la Junta de Sabios, es decir, sin que participen los maestros.

 

¿A quién se le ocurre?

 

Pues solamente a alguien que no conoce de fondo cómo se genera el proceso educativo y cuáles son las bases que lo sustentan. Solamente a alguien así no se le ocurre llamar a la Junta de Sabios. 

 

Lo quiero decir con todas sus palabras, la delincuencia  infantil y la delincuencia juvenil es producto del fracaso pedagógico  de este país. No le busquemos.

 

Y felicito a las comisiones cuando en la ley plantean situaciones tan importantes en el tema de las sanciones que se tienen que realizar a partir de una situación socioeducativa.

 

Qué bueno que se reconoce que la educación es el medio idóneo para corregir conductas y formar lo que Torres Bodet llamada “el ciudadano del porvenir”.

 

Qué bueno, qué bueno que se reconoce en esta ley, qué bueno que se reconoce la presunción de  inocencia.

 

¿A cuántos niños? Revisen cómo está el sistema de justicia en esta parte. ¿A cuántos niños no se les violenta su presunción de inocencia? ¿A cuántos niños no se les garantiza absolutamente ninguno de sus derechos?

 

Aquí se dice: “se van a respetar sus derechos”. Y yo quiero creer que sí, porque también en esta ley, aunque sea de manera muy tímida, pero se enuncia que sean las legislaturas locales las que asignen presupuesto. 

 

Yo digo de manera muy tímida, porque está comprobado en este país que de lo que menos caso se hace, es de lo que se plasma en la ley como cumplimiento, como una exigencia.

 

En este Senado de la República hace unos días votamos un punto de acuerdo para exigirle al gobernador de Morelos que no viole la ley, para erradicar la obligatoriedad de las cuotas escolares, porque no ha pagado 2013, no ha pagado 2014, no ha pagado 2015, y 2016 ya lo sacó del presupuesto. 

 

¿Y quién sanciona esas conductas?  Nadie.  Por eso en México la impunidad cabalga, cabalga sin ningún control.

 

Qué interesante compañeros, qué interesante que el interés superior de la niñez sea principio y norma del procedimiento del Sistema de Justicia para Adolescentes, qué bueno, yo sinceramente por eso voy a votar, porque estoy convencido de que así tiene que ser, qué bueno que se concatena mi Presidenta, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con este Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, qué bueno. 

 

Porque la base para que este sistema pueda caminar, es el respeto a esa ley, qué bueno, la felicito, se lo digo de corazón, que tuvieron ese cuidado, y decir: “Esta ley  no va a caminar si no camina ésta”.

 

Compañeros Senadores: Qué bueno que los derechos son indivisibles; qué bueno que se protege la integralidad de los derechos; qué bueno que se prohíben tratos crueles e inhumanos. Qué bueno que no hay discriminación, ya voy a concluir Presidenta, qué bueno. 

 

Es mucho lo que hay que hablar de esta ley, mucho, porque es una ley interesantísima y una ley garantista, como aquí se ha dicho.

 

Creo que el Senado de la República está haciendo su trabajo; qué bueno que lo estamos haciendo, lo hemos dicho, hoy una vez, qué bueno que se repite en el mismo día, dense cuenta, el Senado de la  República, cuando nos ponemos de acuerdo podemos hacer leyes que favorezcan al país.

 

Pero vienen algunas, como la de anticorrupción, que ya se están frotando las manos más de uno, para que el gatopardismo se dé, es decir, que sea la misma gata, nada más que revolcada en materia de anticorrupción.

 

Ojalá y así como pudimos ponernos de acuerdo en esta ley, podamos ponernos en otras tan importantes como ésta.

 

Decirles por último, que se reconoce el fracaso del Sistema Educativo en estos casos y se hace uso de él, para la reintegración de las personas adolescentes, qué bueno compañeros. 

 

A favor de esta ley, por el bien de la niñez y de los adolescentes de nuestro país.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, por favor.

 

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para hacer un comentario que a mí me preocupa.

 

Creo que México debería de tender a ajustarse a las normas internacionales, y la Convención de la Niñez de la ONU consagra el derecho de proteger a las personas menores de 18 años, para que se desarrollen, dice: “En medios seguros y participen activamente en la sociedad, no para que estén recluidos o estén en cárceles”.

 

Yo por eso tengo mis serias dudas y la voy a votar en contra, porque me veo, poco tiempo después, defendiendo a niños acusados de terrorismo, acusados de portación de armas y que finalmente yo creo que estos casos son el fruto de una sociedad desigual, y el fracaso de un Estado que no tiene control sobre su Sistema Educativo, sobre el narco, sobre sus funcionarios; un Presidente que no tiene ni control sobre sí mismo. 

 

Entonces creo que esto hay que pensarlo.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora, tomaremos nota de su postura.

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Silvia Garza Galván, del Partido Acción Nacional…

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias.

 

Con su permiso, Senadora Presidenta.

 

Muy buenas tardes, compañeros, compañeras Senadoras.

 

Me da muchísimo gusto estar aquí. Por supuesto, mi voto a favor, y felicitar a los presidentes y a los integrantes de estas comisiones, en especial a la Senadora Martha Elena García. Amiga, de verdad, muchísimas felicidades; de tantas horas y horas de trabajo, al igual que la Senadora Angélica de la Peña, del Senador Yunes, muchas felicidades por esto.

 

Una vez más, nuestro país está reafirmando y concretando los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, y en especial, sobre los derechos de los niños y jóvenes.

 

En el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, se establecen las obligaciones para que los Estados reconozcan los derechos de los niños que hayan infringido leyes penales, y el presente dictamen contiene las garantías ahí establecidas.

 

Nuestro país asume con responsabilidad los compromisos que todo estado debe establecer en su legislación interna. Por ello, me siento congratulada por pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía, ya que se ha garantizado en todo momento la presunción de inocencia del adolescente.

 

Con el presente dictamen se garantiza que los adolescente sujetos a proceso sean en todo momento informado de los cargos que se les imputan, que tengan una asistencia adecuada, que tengan un proceso sin demora, que se garantice su derecho a no ser obligados a declarar o a ser interrogados, a tener un proceso imparcial de que cuenten con el intérprete para los casos de que pertenezca a una comunidad o pueblo indígena o no hable nuestro idioma, que se respete su vida privada, en general, que se garantice su interés superior.

 

Todos estos derechos están plasmados como principios en el Proyecto de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

 

Este dictamen está dirigido para los adolescentes que realicen conductas o hechos tipificados como delitos o que están descritas o contenidas en las leyes penales, tanto del ámbito federal como las leyes locales.

 

Es importante recordar que los adolescentes son aquellas personas que tienen 12 años cumplidos y hasta menos de 18 años.

 

La ley establece sanciones privativas de la libertad y no privativas o restrictivas de libertad. Las primeras son restricciones y prohibiciones a derechos; lo segundo, son medidas como la estancia domiciliaria, el internamiento y semi-internamiento.

 

Para los adolescentes que infrinjan las leyes penales, se establece como finalidad la reinserción social y familiar, como parte del proceso que debe de desarrollarse durante la ejecución de la medida de sanción.

 

Esta reintegración debe ser efectiva para ello. Se desarrollarán diversos programas socioeducativos para que incidan, tanto factores internos como externos, tales como los ámbitos propios de la familia, de las instituciones escolares, desde el ámbito laboral y comunitario. Los valores deben ser parte de la reintegración, y estas acciones deben ser prioritarias.

 

Si bien es cierto que estamos a favor de esta ley, compañeros, compañeras, necesitamos también apoyar, desde un punto de vista integral otras acciones. Y son grandes acciones y también pequeña acciones, como por ejemplo, necesitamos regular los horarios de todos los servidores públicos, al menos los que estén en el ámbito federal y local, porque necesitamos propiciar, tener horarios que pueda la familia convivir; necesitamos regresar y tejer bienes y lazos familiares.

 

Cuando hablamos de valores, cuando señalamos, bueno, se olvida que también muchos pequeñitos que están ahí, es producto de una familia que ya no está integrada, o bien, que no se tiene la atención adecuada. Necesitamos trabajar. 

 

Si estos jóvenes cayeron ya en desagracia de estar ahí en prisión, sentenciados, etcétera, pues tenemos que garantizar que estos lugares sean una escuela de bien, sea una escuela que privilegie las atenciones y privilegie también los valores con los que van a ser atendidos para que esa reinserción social se pueda garantizar.

 

De manera general, esta ley representa el gran esfuerzo de múltiples mesas de trabajo, y que hoy puedo afirmar que se garantizan los derechos de los adolescentes, para que con pleno respeto a ellos, el nuevo Sistema de Justicia sea un instrumento eficaz y eficiente. Y para lograr esa eficacia, es importante expresar que el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contará con personal especializado, es decir, todas las autoridades que participen en él deberán estar formados, capacitados y deberán contar con los conocimientos suficientes en materia de justicia para adolescentes, desde una óptica integral.

 

Para concluir mi intervención, quiero señalar que el Proyecto de Ley que se encuentra a discusión, contiene los principios constitucionales en materia de justicia para adolescentes, publicados el 2 de julio del 2015.

 

De manera sistematizada y coordinada, también se garantiza la oralidad de los juicios conforme a lo establecido por mandato de la misma Constitución que entrará en vigor el 18 de junio del presente año.

 

Senadora Presidenta, por economía parlamentaria solicito sea inscrito en el Diario de los Debates el presente posicionamiento de forma completa.

 

Es cuanto.

 

Por su atención, muchas gracias compañeros y compañeras.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Silvia.

 

Pido a la Secretaría inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de la intervención de la señora Senadora.

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, Presidenta.

 

Muchas gracias, Presidenta.

 

Espero usar la mitad del tiempo que nos dan solamente para hacer un público agradecimiento a muchas organizaciones de la sociedad civil y legislaturas que se pronunciaron por la omisión más grande en el tema de derechos humanos a un grupo poblacional que nunca quisimos ver.

 

Primero lo manejamos como un tema asistencialista, vivieron, perdón por la expresión, de la caridad prácticamente este grupo poblacional, se les puso hasta un apodo de “ninis” porque es una etapa en donde no se había puesto realmente la atención debida.

 

Esta  ley, además de estar muy cuidada, muy trabajada, bien hecha, porque está bien hecha, yo les doy la seguridad que es una ley bien hecha, cubre una omisión de  las más grandes que hemos tenido, la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes dio un paso muy importante, pero este Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es grande, es de gran aliento, de alcance, tiene muchos datos muy interesantes, no solamente salimos de un sistema tutelar ofensivo para pasar al respeto real de los derechos humanos de esta edad tan importante de los 12 a los 28 años, tiene un sinnúmero de bondades esta ley, maneja edades claras, maneja procedimientos, trata como seres humanos que son las y los adolescentes.

 

Por eso yo estoy muy contenta después de una lucha muy grande no solamente a partir de la Reforma Constitucional hoy se logra, hay gente que  ha luchado por mucho tiempo, y tengo que decirlo aquí desde la LIX Legislatura trabajamos con Angélica de la Peña, con Malú Micher, trabajamos también con Yolanda de la Torre, de manera muy importante, y la ley no pasaba, en ese momento se creía que era una aberración hablar de lo que se debe de hablar de delitos, de infracciones, trabajamos con un doble lenguaje, pero le pegamos fuertemente al tema de los derechos humanos de esta población.

 

Por eso yo felicito mucho a las comisiones que integraron, que llevan el nombre de esta ley por el trabajo que realizaron, lo que sigue tendrá que ser también muy interesante, cómo aterriza y cómo se desdobla, porque a la Ley de la Niñez mucha gente dijo que no aterrizaría y hoy está caminando exactamente en esta generación tan importante, pero esta es sumamente importante.

 

Yo me felicito por formar parte por mucho tiempo de esta lucha y que hoy logramos concretar.

 

Felicidades presidentas, presidente.

 

Felicidades a muchas mujeres y hombres que lucharon por alcanzar este Sistema Integral de Justicia Penal para los y las Adolescentes.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Esta Presidencia da la bienvenida a yucatecos distinguidos que visitan esta tarde el Senado de la República, en especial al alcalde Freddy Ruz de la ciudad de Umán, Yucatán.

 

Bienvenidos.

 

(Aplausos)

 

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Suficiente y abundantemente discutido, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretario.

 

Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

 

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos.

 

Por parte del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, los artículos 11,47 y 73.

 

Por parte del Senador Manuel Cárdenas, el artículo 60.

 

Y por parte de la Senadora Martha Tagle Martínez, el artículo 164, y propone eliminar el libro quinto del proyecto que involucra a los artículos del 250 al 266.

 

Por parte de la Senadora Andrea García García los artículos 4 y Décimo sexto transitorios para asignarles una denominación.

 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.

 

Informo a la Asamblea que la Senadora Laura Rojas solicitó registrar su voto a favor del dictamen, a favor.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 97 votos a favor; 3 en contra y cero abstenciones.

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

ROBERTO GIL ZUARTH

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

 

Se concede la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para referirse a los artículos 11, 47 y 73 del proyecto de decreto.

 

Sonido en el escaño del Senador Blásquez.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Señor Presidente, durante mi presentación hice la exposición de los tres artículos que estoy reservando, y quiero suplicarle a la Asamblea que tenga la sensibilidad de considerar la reserva a estos tres artículos debido a que se trata de la salvaguarda de los derechos de las personas sujetas a la ley, del alojamiento adecuado que pasa por el género de los jóvenes que son alojados en estos centros y por las autoridades auxiliares, porque encontramos una contradicción de atribuciones hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 

Entonces sí le pido a los compañeros de la  Asamblea, a la maquinaria que ya conocemos, que así como mostramos sensibilidad desde este lado de la Asamblea a temas que nos presentan, tengan esta vez el comedimiento de por lo menos aceptar el debate, la discusión de estos artículos.

Es la cuenta, señor Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que las reservas han sido expuestas por el promovente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas del Senador Blásquez.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea  asiente)

No se admiten a discusión, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 11, 47 y 73 se reservan para su votación conjuntamente con los demás artículos reservados en los términos del dictamen.

Se concede ahora la palabra al Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para referirse al artículo 60 del proyecto de decreto.

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

Valorando la importancia del presente dictamen y con el reconocimiento de las comisiones dictaminadoras, y haciendo eco del planteamiento que hacía el Senador, de que muy probablemente no quieran debatir, pero tiempo tenemos para hacerlo, y no son asuntos menores.

De suyo, de una iniciativa que llevó tanto tiempo lograr tantos acuerdos, pues tal vez pudiéramos escuchar con más detenimiento las reservas que nos planteaban. Tal vez el error fue leerlas aprisa y advertirlas.

Yo me quiero referir al artículo 60 específicamente y que se refiere a su vez a la reparación del daño a la víctima causado por un adolescente.

No trasladar la responsabilidad del menor a quien tiene la tutela, custodia, patria potestad o representación legal -no se confundan-, sino a la obligación solidaria de aquél que es sujeto de obligaciones a la reparación del daño.

En plática con compañeros de aquí del Senado, me decían que lo que se pretendía con el texto del artículo 60 al agregar:

“Sin que provoque un traslado de responsabilidad hacia su padre, madre o representante legal o algún tercero”.

Ojo, esta reacción no cabe porque el artículo 60 se refiere a la reparación del daño, no a la responsabilidad del acto cometido.

De ahí que el planteamiento es suprimir la parte que dice:

“sin que provoque un traslado de responsabilidad hacia su padre, madre, representante legal o algún tercero”

Para incluir, sí, la responsabilidad que ya está fuera de discusión, pero la reparación del daño que es la parte que planteó, y pudiera decir:

“Que el bien jurídico relacionado provenga primordialmente del esfuerzo propio de la persona adolescente”.

Habrá ocasiones en que del esfuerzo propio de la persona adolescente se resarza el daño, pero habrá otras ocasiones en que no.

De ahí que el planteamiento es:

“El padre, la madre o el responsable legal del adolescente, serán responsables subsidiarios de la reparación del daño a la víctima”.

Cuando ustedes andan en la vida cotidiana, ¿se han preguntado cuántos delitos o cuántas infracciones cometen los menores?

En las últimas cifras, al menos en el estado de Sinaloa, se decía que del 100%, el 87% eran cometidos por menores infractores. Inclusive se hablaba de la forma en que quienes tienen la tutela o la representación legal, hasta lo rentan para que vayan y cometan las infracciones.

Y ya no se diga aquellos que viven de la renta que provocan estas actitudes de los menores.

 

De ahí que eximir de la responsabilidad solidaria, a quien tiene la representación legal, sea por adopción, o sea por ser padres biológicos o lo que ustedes quieran.

 

Está abriendo una gran puerta a que abonemos en la responsabilidad de formar personas de bien.

 

De ahí pues que también se plantea, agregar una fracción IV para que después de la III que dice: pago en dinero con cargo a los ingresos laborales o de trabajo del adolescente. Agregar una IV para hacerla concomitante y correspondiente a la obligación solidaria para que diga fracción IV, pago en dinero o especie mediante los bienes, dinero, patrimonio, o ingresos laborales, o del trabajo del o los responsables subsidiarios.

 

Compañeros, ya lo hemos comentado aquí, hay un sinfín de programas asistenciales para las madres adolescentes, pero también hay un sinfín de adolescentes y que ellos no son los culpables finalmente de su procreación para que quienes tuvieron la irresponsabilidad o la responsabilidad, pero consumado al hecho de haber adquirido la representación legal.

 

No se quieran asumir responsables solidarios y nosotros los queramos eximir de esa responsabilidad.

 

Y culminaría advirtiendo que el último párrafo que le plantean a este artículo 60 y que se refiere: el pago a la víctima ofendido podrá aplicarse con cargo al Fondo de Ayuda a Asistencia Social y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o su similar en las entidades federativas conforme a los establecido por la Ley General de Víctimas y Leyes correspondientes en las entidades federativas. Se refiere a que son delitos graves.

 

Y lo que estamos planteando acá, no son delitos graves. De ahí a  que este último párrafo es innecesario plantearlo.

 

Por su respuesta y por no eximir a quienes tienen la representación legal de los menores y abonar a la irresponsabilidad de ellos en sus conductas.

 

Ojalá y pudieran acompañar esta enmienda que propongo.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La reserva presentada por el Senador Cárdenas Fonseca, está disponible en el monitor de sus escaños.

 

En consecuencia, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, si se admite a discusión la propuesta del Senador Cárdenas.

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

No se admite a discusión, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El texto del artículo 60, se discutirá y aprobará en los términos del dictamen.

 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle, para referirse al artículo 164 y para proponer la supresión del libro quinto y con ello eliminar los artículos 250 y 266 del proyecto de ley.

 

La Senadora Martha Tagle Martínez: Gracias, Presidente.

 

Para obviar tiempo, los argumentos que están en ambas reservas, le pediría que los escriba en Diario de los Debates de manera íntegra y sólo explicaré de manera muy breve las reservas, pero también le quiero solicitar que ambas reservas se voten por separado.

 

Por una, a la reserva que estoy haciendo al 164 y por otra al libro quinto.

 

La reserva al artículo 164 tiene que ver con un tema que me parece muy sensible para que sea considerado por este Pleno.

 

En el artículo 18 constitucional, se estableció cuando precisamente se trabajó en el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes que solamente como medidas extremas se pueden usar medidas de internamiento; medidas realmente extremas las que pueden llevar a los adolescentes a purgar medidas sancionadoras en internamiento.

 

Sin embargo, a la hora de definir precisamente las causales por las cuales se puede considerar por parte del juez estas medidas de internamiento, se establecen algunas que, a mi parecer, y sobre todo por los argumentos que algunas organizaciones han esgrimido, fue, quedan abiertas sin duda a juicio de la interpretación de una persona y no necesariamente son medidas extremas de internamiento.

 

Se establece como medidas para determinar internamiento de las jóvenes, por ejemplo, el terrorismo.

 

El terrorismo  pensado como aquello que tiene que ver con las Torres Gemelas o las situaciones de terrorismo que se han visto en otros países, sin duda pueden alarmarnos, desafortunadamente en México y en  otros países de América Latina la figura de terrorismo se ha utilizado para criminalizar a los jóvenes que protestan y que exigen sus derechos.

 

De manera particular quiero atraer el caso precisamente de los jóvenes que se manifestaron por los desaparecidos de Ayotzinapa, en el Zócalo.

 

Ellos fueron consignados por la PGR por terrorismo. Es una figura que se puede usar para criminalizar a los jóvenes.

 

También se establece como medida la posesión, portación y fabricación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

 

Por la sola posesión de las armas estamos facultando a los jueces que dicten medida de internamiento, cuando sabemos perfectamente que los jóvenes víctimas de delincuencia organizada, y son utilizados por la delincuencia organizada, y no podemos dictar medidas privativas de la libertad por la sola posesión de armas.

 

Y además, se establece también como medida privativa de la libertad el robo cometido con violencia.

 

Las estadísticas indican que precisamente los delitos de mayor incidencia es el robo con violencia, entonces contradecimos  lo que dice el artículo 18 constitucional, que sólo debe ser como una medida extrema, por eso es que pongo a consideración de ustedes eliminar estas tres causales establecidas como una medida de internamiento.

 

Y por otra parte, la reserva para suprimir el libro quinto, que tiene que ver con la prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes.

 

En ninguno de los objetivos establecidos en la ley de justicia penal para adolescentes se establece la prevención.

 

Cuando llegamos a aplicar la  ley de justicia para adolescentes nos encontramos en otro momento, nos encontramos en el momento en el que un adolescente hizo alguna infracción en la ley, y ya no nos encontramos en el momento de prevenir el delito.

 

La prevención del delito, porque además, hay que decirlo, se encuentra, hay una ley específica que la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia donde este capítulo debería de ir donde esta ley general debería de contener medidas específicas para el tratamiento de la prevención del delito en personas adolescentes, no en la ley de justicia, porque además, entre otras cosas revictimiza precisamente a los adolescentes, y como les decía hace un momento, caemos nuevamente en el error de tener una visión tutelarista de los adolescentes, cuando lo que se está buscando es tener una visión garantista y ver a las personas adolescentes como sujetos de derecho.

 

Por eso es que pongo también a consideración de este Pleno suprimir el libro quinto de la prevención social de violencia y la delincuencia para personas adolescentes.

 

Es cuanto,  muchas gracias.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que la Senadora Tagle ha expuesto las reservas y se encuentran disponibles en el monitor de sus escaños, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse.

 

La Secretaria Senadora Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Martha Tagle al artículo 164.

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa sírvanse levantar la mano.

 

(La Asamblea  asiente)

 

No se admiten, Presidente, las reservas al artículo 164.

 

Ahora consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de la Senadora Martha Tagle en su versión al libro quinto.

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

 

(La Asamblea  asiente)

 

No se admite, son pocas votaciones.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se mantienen los artículos en los términos del dictamen.

 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Andrea García García, para presentar propuestas de denominaciones a los artículos cuarto y décimo sexto transitorio.

 

Sonido en el escaso de la Senadora García García.

 

La Senadora Andrea García García (Desde su escaño): Es una cuestión de técnica legislativa con la particularidad de que los transitorios cuarto y sexto tengan la denominación siguiente.

 

El artículo cuarto. Mecanismo de la revisión de las medidas de privación y libertad.

 

Asimismo el artículo décimo sexto. Coordinación de programas para prevención de delito, lo anterior no modifica de fondo el dictamen, el contenido del dictamen propuesto.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias.

 

En virtud de que han sido expuestas las reservas presentadas por la Senadora García García, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse dichas propuestas de denominaciones a los artículos cuarto y décimo sexto transitorios.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora García.

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se admiten, Presidente, a discusión.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

 

Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban las propuestas.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se aceptan las propuestas, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos cuarto y décimo sexto transitorios del proyecto de decreto se modifican para incorporar las siguientes denominaciones:

 

Artículo cuarto transitorio. Mecanismo de la revisión  de las medidas de privación de libertad.

 

Artículo décimo sexto  transitorio. Coordinación de  programas  para la prevención del delito.

 

Se han agotado las reservas.

 

En consecuencia, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 11, 47, 60, 73,164, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 y 266 en los términos del dictamen y los artículos cuarto  y décimo sexto transitorios con las modificaciones  aprobadas.

 

Recuerdo a la Asamblea, que el voto en sentido afirmativo es en los términos del dictamen con las dos modificaciones a los artículos transitorios.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidente, le informo de la votación, se emitieron 83 votos a favor; 9 en contra y cero abstenciones.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 11, 47, 60, 73, 164, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 y cuarto y décimo sexto transitorios del proyecto de decreto.

 

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Compañeros Senadores: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva, oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Tratado de Asociación Transpacífico.

 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la comunicación recibida.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura a la comunicación recibida, Presidente.

 

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 3.0493/2006, signado por el ciudadano Michael Leonel Granados Hernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el ciudadano Presidente de la  República, licenciado Enrique Peña Nieto somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, el Tratado de Asociación Transpacífico, hecho en Auckland, Nueva Zelanda, el 4 de febrero de 2016, así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del Tratado.

 

En consecuencia, adjunto al presente original del comunicado suscrito por el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, copia certificada del Tratado de Asociación Transpacífico y memorándum de antecedentes del mismo.

 

Es cuánto, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se tiene por recibido el Tratado de Asociación Transpacífico, suscrito en Auckland, Nueva Zelanda el 4 de febrero de 2016, así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del Tratado.

 

Conforme a lo dispuesto en el resolutivo quinto del acuerdo que esta Asamblea aprobó el 10 de diciembre de 2015, así como de la ampliación acordada por esta  Mes Directiva, se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Comercio y Fomento Industrial; Relaciones Exteriores, América del Norte; Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Desarrollo Rural; Hacienda y Crédito Público; Autosuficiencia Alimentaria y Agricultura, para su análisis y dictamen correspondiente.

 

El turno dictado cumple con lo dispuesto en los acuerdos y en la ampliación que esta Mesa Directiva ha acordado.

 

Ha quedado turnado el acuerdo.

 

Les informo  que el día de ayer se dio primera lectura a tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

Esta mañana les fueron devueltas a las comisiones para que se les aplicaran diversos ajustes y adecuaciones para su correcta elaboración.

 

La Comisión de Desarrollo Rural, entregó hace unos momentos los dictámenes debidamente corregidos, por lo que los presentaremos nuevamente a primera lectura.

 

Están a su disposición en el monitor de sus escaños. Dé cuenta la Secretaría con ellos.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta, Presidente, con ellos.

 

Los dictámenes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, son los siguientes:

 

Uno, por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150; un segundo párrafo al artículo 151 y un artículo transitorio a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de participación de mujeres en asambleas.

 

Otro, por el que se reforma el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de Cambio Climático.

 

Y uno más, por el que se reforman los artículos 5, 6 y 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de la figura del ejido.

 

Son todos, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, quedan de primera lectura.

 

Compañeros Senadores: Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, el dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, Presidente.

 

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia.

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se autoriza, Presidente, su incorporación.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, por tal motivo, se hace de su conocimiento.

 

En  consecuencia, consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen referido.

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se autoriza, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda de primera lectura.

 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el acuerdo que nos remite la Junta de Coordinación Política relativo a modificaciones en su integración.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al resolutivo del acuerdo.

 

Único.- En los términos del párrafo quinto del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, son integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Senadores, al Primer Año del Ejercicio de la LXIII Legislatura, los siguientes Senadores:

 

Senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

 

Senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

 

Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 

Senador Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

 

Senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

 

Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

 

Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

 

Senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

 

Es cuanto, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

 

Compañeros Senadores: Les informo que la efeméride inscrita en la agenda del día, se integrará al Diario de los Debates.

 

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana jueves 28 de abril, a las once horas.

 

 

Se levantó la sesión a las 20:56 horas.