SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,

CELEBRADA EL JUEVES 31 DE MARZO DE 2016.

 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: (11:28 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 74 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores.

 

En consecuencia, hay quórum señor Presidente.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se abre la sesión del jueves 31 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

 

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Quienes estén porque se apruebe, sírvanse expresarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, por favor expresarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobada el acta, señor Presidente.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Pasamos al siguiente asunto.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se recibió de la Comisión de Desarrollo Social su Plan de Trabajo 2016-2018.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de febrero de 2016; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero del 2016.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

En el apartado de iniciativas, tiene la palabra el Senador Humberto Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de Aeropuertos.

 

Tiene la palabra, Senador.

 

El Senador Humberto Mayans Canabal: Gracias, señora Presidenta.

 

Compañeras y compañeros Senadores.

 

México ha impulsado diversas reformas económicas y estructurales para acompasar su desarrollo al ritmo del entorno internacional.

 

Una de esas reformas estratégicas para el país es la de telecomunicaciones; su instrumentación ha generado diversos beneficios ya a la sociedad mexicana y, en particular, a los usuarios de los distintos medios de comunicación.

 

A la luz de esta reforma, en otra vertiente, el gobierno federal ha planteado la modernización de la infraestructura física del país que favorezca la movilidad humana: carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, son modernizados para ponerlos a tiempo con los tiempos que corren en el mundo.

 

Por ello, es de amplio reconocimiento el acierto del Presidente Enrique Peña Nieto para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se emprenda la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, diseñado por el reconocido arquitecto inglés Norman Foster y su socio mexicano Fernando Romero, cuya primera etapa será concluida en octubre de 2020.

 

Asimismo, está por ratificarse por esta Honorable Cámara un importante acuerdo sobre Transporte Aéreo con los Estados Unidos de Norteamérica que tendrá repercusiones en el futuro inmediato tanto en la operación del actual Aeropuerto de la Ciudad de México como en el resto de los aeropuertos del país, incrementando sustancialmente la conectividad del país.

 

La globalización y la liberación del transporte aéreo han incrementado la competencia entre los aeropuertos y compañías aéreas del mundo, y el auge de las relaciones comerciales internacionales ha determinado un uso cada vez más intenso del transporte aéreo.

 

Por ello, crece la necesidad de consolidar el transporte aéreo mexicano y su marco regulatorio en un entorno más competitivo que sea clave para el desarrollo económica y que a su vez ofrezca un buen servicio y, sobre todo, un trato digno y respetuoso para los usuarios frecuentes y para los turistas que visitan nuestro país.

 

La aviación en México se ha convertido en una herramienta indispensable para la integración nacional, el fomento al turismo, la creación de negocios y el comercio nacional e internacional de mercancías con alto valor económico, pieza clave en la movilidad nacional es el crecimiento de negocio y, particular, en el  desarrollo de la industria turística es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

 

Por su importancia debemos prestar atención a lo que ahí sucede y las autoridades deberán tomar decisiones inmediatas para mejorar el desempeño y funcionamiento de este espacio vital de nuestro país y no esperar a que esté concluido el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

 

Permítaseme, compañeras y compañeros Senadores, aportar algunos datos para entender mejor la problemática que presenta el Aeropuerto Benito Juárez.

 

Por primera vez en una década el tráfico de pasajeros en 2015 del aeropuerto creció a doble dígito, 12.2 por ciento al comparar año con año y alcanzó 38 millones 433 mil personas, 14 millones más que en el 2015; siendo 11 millones viajeros internacionales y 22 millones 753 mil viajeros nacionales.

 

El aeropuerto es el más concurrido de México, tanto por la movilización de personas como de aeronaves, y es el segundo de Latinoamérica.

 

La terminal aérea opera al límite de su capacidad, en 2015 se realizaron 426 mil operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves tanto nacionales como extranjeras; es decir, 4.1 por ciento más que en las registradas en 2014.

 

En cuanto al manejo de carga durante el 2015 se movilizaron 446 mil toneladas de mercancías y desde el Aeropuerto Benito Juárez representando un incremento del 12.3 por ciento en relación al 2014.

 

Como puede observarse, las autoridades del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México han manejado al límite las condiciones de operación tanto en el tránsito de pasajeros como de carga con todos los riesgos e inconvenientes que ello implicas, así como, y esto sea tal vez lo más importante, los prejuicios y molestias y atentando a los derechos de los usuarios, es decir, de los pasajeros.

 

Si bien, las autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, presumen que en esas condiciones, con dos pistas y las limitaciones de infraestructura, esto es verdaderamente una hazaña. Lo que no dicen, lo que no reconocen, es que toda esta saturación va en perjuicio de los usuarios, de los pasajeros, de los turistas que se ha convertido en un verdadero suplicio el viajar por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

 

El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reconoció públicamente el pasado 10 de marzo que el problema de saturación e insuficiencia de los slots, horarios de aterrizaje y despegue del aeropuerto, es un obstáculo para la industria.

 

Recientemente, en febrero pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Cofece, como autoridad investigadora del mercado de los servicios de transporte aéreo que utilizan el aeropuerto para aterrizaje y despegue reportó que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cito: “no existen condiciones de competitividad y que las aerolíneas suben unilateralmente el precio de sus boletos para aterrizar y despegar en él, que el procedimiento de acceso a la infraestructura del aeropuerto genera aspectos anticompetitivos en el transporte aéreo de pasajeros y que los horarios se han concentrado en pocas aerolíneas”.

 

En 2014 dos aerolíneas controlaban el 65 por ciento de los horarios y la saturación y distribución ineficiente de horarios limita la competencia entre aerolíneas y ocasiona retrasos y cancelaciones que afectan los derechos de los pasajeros y usuarios. Además, la investigación de la Cofece encontró que en promedio al 37 por ciento de los horarios no asignados no fueron operados por las aerolíneas que generalmente lo solicitaron y que la existencia de rutas donde pocas aerolíneas ofrecen sus servicios suelen tener tarifas mucho más altas.

 

También afirma, y cito: que las aerolíneas han disminuido la calidad del servicio en 2014, más de 115 mil vuelos no operaron conforme a los tiempos asignados, es decir, más de 300 vuelos diarios en promedio operaron fuera de su horario.

 

En suma, esta investigación de la Cofece concluye que se considera la existencia de condiciones que generan alta concentración en pocas aerolíneas, baja disponibilidad de horarios que inhiben la entrada de más empresas, estableciendo a precios elevados y la escasa innovación en rutas.

 

El Aeropuerto de la Ciudad de México tiene la más alta densidad del tráfico aéreo en el país, dos terceras partes de los pasajeros en vuelos nacionales y una tercera parte en vuelos internacionales regulares tienen como origen o destino este aeropuerto. Está considerado el noveno aeropuerto en el mundo con mayor proporción de posibles conexiones programadas por el número de destinos que ofrece.

 

Por el destino de la Cofece y nuestras experiencias cotidianas, estoy seguro que las señoras Senadores y Senadores que vuelan todas las semanas a sus estados de origen, sufrirán lo mismo que hemos sufrido nosotros en las agonías ante las cancelaciones y las reprogramaciones de los vuelos, el costo excesivo por los cambios que se dan ahí, y  nos muestran que en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se presenta desde hace varios años, una amplia y recurrente serie de irregularidades en su operación, funcionamiento y atención a los usuarios, situación que podemos calificar de un verdadero caos en muchas ocasiones.

Enuncio aquí algunas de las irregularidades que se registran con mayor frecuencia:

En el aeropuerto Benito Juárez confluyen diversas autoridades del ámbito federal, no existiendo una línea de mando clara que coordine con eficiencia y orden dichas instancias.

La saturación de todas las áreas de infraestructura y operaciones, entre ellas la organización de los horarios para el control del tráfico aéreo, pistas de aterrizaje, calles de rodaje, posiciones de aeronaves, procesamiento y distribución de equipaje, control de seguridad, aduanas, zona de embarque y tiempo de conexiones.

Recurrentes y cotidianos retrasos y cancelaciones de vuelos.

Las pantallas de información no contribuyen con la información oportuna y actualizada con el pasajero.

Cobro de derechos injustificados por cancelaciones o cambios de boleto, cuya responsabilidad es del aeropuerto o de las aerolíneas, pero que van en perjuicio del pasajero.

Grave y delicado manejo por las autoridades respectivas en el tránsito de pasajeros, pues no existen y éste es de los aeropuertos en el mundo… áreas específicas para separar pasajeros nacionales e internacionales tanto en llegadas como en salidas.

El tráfico de drogas es situación recurrente, en muchas ocasiones con la complicidad y participación del personal que ahí trabaja, o bien, de las propias aerolíneas, como ha quedado demostrado una y otra vez durante los últimos años públicamente.

El tráfico de personas es también un tema recurrente, el servicio deficiente, en donde hay la complicidad del personal y de otras autoridades que laboran en el aeropuerto internacional.

Las aerolíneas nacionales usuarias del aeropuerto no proporcionan el servicio eficiente, atento y responsable a que todo pasajero tiene derecho.

El riesgo para los pasajeros del aeropuerto es muy alto tanto por la saturación en el espacio aéreo, que no hay información al respecto.

Qué está pasando arriba con la saturación que tiene el aeropuerto internacional y qué está sucediendo en el espacio aéreo, es información que nos tiene que proporcionar la Secretaría.

Y los sobrevuelos, como también la carga de combustible cuando los pasajeros están a bordo de los aviones, que es una práctica prohibida en otras naciones y que en México primero suben a los pasajeros o durante el ascenso de los pasajeros se carga el combustible.

En suma, los derechos humanos de los pasajeros se ven continuamente violentados por la falta de una adecuada administración aeroportuaria y también por la carencia de una correcta y moderna reglamentación al respecto.

Por todo ello es indispensable y urgente que las autoridades revisen el desempeño de las autoridades del aeropuerto de la Ciudad de México encabezadas por el señor Alejandro Argudín, así como por las diversas autoridades que se desempañan en el mismo.

La situación descrita de desorden general en la operación y administración del aeropuerto, demandan, insisto, atención inmediata.

Tenemos cinco años de plazo para que inicien operaciones de la primera fase del nuevo aeropuerto internacional, y la situación de la actual terminal aérea de la Ciudad de México tenderá cada día a agravarse más, máxime ante tantas deficiencias en la administración del mismo.

Por ello, como paliativo temporal, se debe insistir en reactivar, además de revisar la estructura de mando y la operación del actual aeropuerto, el aeropuerto de Toluca para aliviar el intenso tráfico al que está sometido el Benito Juárez no sólo de pasajeros, sino también de carga.

Hay que recordar que al aeropuerto de Toluca se le hicieron importantes inversiones y fue habilitado en el pasado reciente como una opción precisamente para descongestionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Compañeras y compañeros Senadores: Para contribuir a la solución de esta situación de caos en el aeropuerto de la Ciudad de México, y para evitar que se reproduzca en el resto del país, hoy propongo reformas al cuerpo jurídico y normativo que regula la administración y operación de los aeropuertos del país, buscando también compensar estos ordenamientos con el escenario futuro de nuestra nación.

 

Se trata de que cada aeropuerto y cada línea aérea tengan claro qué necesidades requieren para brindar un servicio eficiente, responsable y oportuno a los usuarios y pasajeros.

 

Ello se hará claro para encontrar nuevas oportunidades de negocio y hacer más competitiva la instalación y al servicio que se presta en el país.

 

Por ello pongo a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas leyes a la Ley de Aviación Civil, a la Ley Federal de Protección del Consumidor y a la Ley de Aeropuertos, y que de aprobarse incorporará en primer lugar, un apartado específico y esto es lo más importante estableciendo los derechos del pasajero en la Ley de Aviación Civil.

 

Es necesario que los pasajeros y los usuarios de los aeropuertos en México tengan un catálogo de derechos muy bien establecidos y protegidos legalmente para poder defender sus derechos en torno al aeropuerto y a las líneas aéreas que han estado avasallando a los usuarios de dichos aeropuertos.

 

Los derechos de los pasajeros estarán protegidos por la ley de la misma manera que están los de los concesionarios y permisionarios.

 

Segundo.- Creará la defensa del consumidor en el transporte aéreo que, de manera especializada, gratuita y profesional, llevará la defensa de los pasajeros frente a los abusos de las aerolíneas y de las autoridades aeroportuarias.

 

Tercero.- Establecerá que ninguna aerolínea podrá negar el servicio a personas con discapacidad y deberá brindar sin excepción, ayuda para la movilización de las personas especiales que no siempre pasa en los aeropuertos de este país.

 

Cuarto.- Aumentará la ascensión prevista en la ley, de un rango desde 1000 hasta 2000 mil salarios mínimos para los concesionarios o permisionarios de servicio al público que, no se sujeten a los itinerarios, frecuencia de vuelos y horarios autorizados.

 

Hoy esto es un verdadero caos, la excepción es: que haya un vuelo que sale a tiempo. Esa es la excepción.

 

Quinto.- Por retraso injustificado se deberá reembolsar al pasajero el 15 por ciento del precio boleto o del tramo que falte si se reanuda el vuelo dentro de las dos horas siguientes y el 20 por ciento si ocurre después de ese tiempo.

 

Sexto.- Por retrasos o cancelaciones arbitrarias, el pasajero tendrá derecho a reclamar los daños y perjuicios que le causen en su reservaciones y conexiones, pérdida de día de vacaciones, conexiones con otros vuelos o días laborales.

 

Ya concluyo muy pronto.

 

Séptimo.-  El pasajero sin excepción podrá cancelar el viaje y tendrá derecho al reembolso del precio del boleto, porque hoy hay aerolíneas que conforme al  pasajero por causas de fuerza mayor, cancela su viaje, no le reintegran un solo centavo de su boleto.

 

Esto es totalmente injustificado y este catálogo de derecho del pasajero prevé que les sea reintegrado al pasajero el precio de su boleto, previo pago de la penalización aun cuando haya adquirido el boleto vía internet.

 

Octavo.-  En todas las terminales aéreas del país, existirá un representante de la Defensoría del Consumidor del Transporte Aéreo, para defender los derechos del pasajero.

 

Noveno.- La autoridad aeronáutica sin excusa, difundirá campañas de orientación sobre los derechos de los pasajeros y por todos los medios disponibles y a su alcance.

 

Y por último.

 

Décimo.-  Las autoridades adscritas a las terminales aeroportuarias, deberán acatar protocolos de seguridad y anticorrupción para que sus actos se sujeten a derecho.

 

En los próximos años, compañeros Senadores y Senadoras, México contará con un nuevo y moderno Aeropuerto en la Ciudad de México.

 

Es indispensable que los ordenamientos jurídicos que regulan las actuales y nuevas instalaciones, así como las operaciones en ellas, sean también modernas, con visión de futuro y consideren al usuario y al pasajero como sujeto de pleno derecho en todos los aspectos.

 

Al que tenemos que proteger es al pasajero, al turista, al usuario y no a las aerolíneas como hoy sucede.

 

Con estas adecuaciones al marco regulatorio, pondremos a la vanguardia al país y lo pondremos a tiempo por los años de porvenir.

 

La apertura de los cielos del país al tránsito aéreo, con los convenios internacionales que ha suscrito y está por suscribir México, nos obliga a tomar medidas que vayan a la par de los avances con otras regulaciones en la construcción de los  nuevos aeropuertos en el ámbito internacional.

 

Hoy estamos ante la oportunidad, compañeras Senadoras y Senadores, de avanzar en paralelo los ordenamientos jurídicos con las obras físicas y las disposiciones de carácter administrativo que mejoren los servicios para las aerolíneas. Por sobre todo, por los derechos de sus clientes.

 

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

¿Senador Neyra?

 

El Senador  Armando Neyra Chávez: (Desde su escaño) Si le pregunta al Senador Mayans, si me permite sumarme a tan importante iniciativa.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senador Mayans.

 

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: ¡Cómo no!  Con mucho gusto, por favor, adelante, por supuesto.

 

Muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Todos van en el mismo sentido?

 

Pido a la Secretaría tome nota de todos los Senadores que quieran adherirse a la iniciativa, dando el consentimiento el Senador Mayans.

 

El Senador Humberto Domingo  Mayans Canabal: Señora Presidenta, si me permite un comentario.

 

Yo quisiera ver si el turno que se le da a esta iniciativa pueda ser dictaminada en las comisiones respectivas, junto con las que ha presentado en noviembre de 2013, el Senador Miguel Romo, que presentó una propuesta para atender los derechos de los consumidores de servicios de transporte,  y también presentó otra en 2014 el Senador Romo y Jesús Casillas, en donde se reforma el artículo 54 de la Ley de Aviación Civil, para que el prestador de servicios reembolsara  parte del costo del boleto por retrasos o cancelaciones.

 

Estos son antecedentes que tomamos en cuenta en nuestra iniciativa y hay otras iniciativas de otros Senadores que sería prudente tomar en cuenta en comisiones para dictaminarlo.

 

Por todo esto, muchas gracias.

 

Senadores que se sumaron, muy agradecido.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Tomamos nota,  Senador.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Pilar Ortega Martínez, a nombre de las Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fiscalía General de la República.

 

Tiene la palabra, Senadora.

 

La Senadora Pilar Ortega Martínez: Gracias, Presidenta.

 

Con su permiso, compañeras y compañeros Senadores.

 

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, venimos a presentar esta propuesta para crear la Ley de la Fiscalía General de la República.

 

Sin duda, la reforma al Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, derivado de la reforma de junio de 2008  y la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, constituyen hitos en la historia constitucional de nuestro país que apuntara la necesidad de transitar  hacia un Estado democrático de derecho, con instituciones sólidas, con instituciones firmes.

 

Y en ese sentido, la autonomía del Ministerio Público era un reclamo de nuestro país,  de muchísimo tiempo y que, incluso, fue impulsado en muchas décadas por el Partido Acción Nacional.

 

Y ello, estamos seguros, tendrá como consecuencia avanzar de manera más rápida hacia la construcción de este Estado democrático de derecho que anhelamos.

 

La reforma integral de nuestro Sistema de Justicia Penal, la autonomía de los órganos de procuración de justicia, constituye un aspecto fundamental a partir de las nuevas funciones que a esta institución le otorga el propio Sistema de Justicia, donde el Fiscal, se erige como un verdadero órgano de acusación y de conducción jurídica de la investigación del delito, bajo el principio  de objetividad, eficacia y autonomía  técnica que le impone el propio modelo acusatorio que nuestro país ha adoptado.

 

Es así, que con la reciente reforma política  aprobada en 2014, se establecieron nuevas disposiciones constitucionales, entre ellas, la transformación de la Procuraduría General de la República, en una Fiscalía General de la República, como un órgano público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, de la que como órganos secundarios  constitucionales se desprenden al menos las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y la  de combate a la corrupción.

 

Dentro de las disposiciones constitucionales de la reforma política, encontramos las relativas justamente a esta transformación.

 

Concibiendo a la Procuraduría General de la República como un órgano público autónomo  dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, estableciendo como condición de su formación el establecimiento de las dos fiscalías, a las que me referí anteriormente.

 

En un momento tan importante como el que vivimos justamente en este periodo de sesiones, en donde construimos un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, derivado de la reforma constitucional aprobada ya con anterioridad, uno de los mandatos constitucionales que tenemos que cumplir en este periodo de sesiones es justamente la construcción del paquete de reformas secundarias para que este sistema cobre vida.

 

Y es así que  el establecimiento de uno de los pilares fundamentales de este sistema, lo constituye justamente el fiscal anticorrupción.

 

Por ello, es de la mayor importancia que para que esta Fiscalía nazca como pretende la reforma constitucional política, que fue la que estableció la conformación de este fiscal y la reforma constitucional que lo convierte en parte fundamental del sistema, es que  el dotarle de las herramientas necesarias para que pueda realizar su función, se convierte en una condición necesaria para que el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción funcione como debe funcionar, y demos una respuesta a los mexicanos a quienes urge que esta situación en que México se encuentra en materia de corrupción empiece realmente a cambiar, y que el Sistema Nacional Anticorrupción sea eficaz.

 

Es por ello que una parte fundamental de esta propuesta visibiliza y, sobre todo, establece la competencia de dicha fiscalía le da vida a su estructura orgánica, se establecen sus principios rectores para efecto de que se constituya en una fiscalía que responda a las demandas de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Por otro lado, es una exigencia constitucional y ciudadana que también, derivado de la Reforma Político-Electoral tengamos órganos fuertes, capaces de enfrentar  los procesos, de tal manera que la otra fiscalía especializada previene la Reforma Política es justamente la de combate a los delitos electorales que se establece también con claridad su visibilización y su establecimiento en cuanto a sus funciones y atribuciones dentro de esta propuesta que estamos presentando.

 

Es por ello, que el día de hoy venimos a presentar esta propuesta.  Y creo que es oportuno señalar que sabemos, y estamos conscientes de que hay una minuta que viene de la Cámara de Diputados que se está analizando en comisiones y que contiene un proyecto de decreto para crear  una ley orgánica de la fiscalía.

 

Para nosotros es fundamental el nacimiento de esta Fiscalía General de la República, pero queremos que su nacimiento sea en medio de lo que demandó la Reforma Constitucional, un órgano constitucional autónomo, dotado de las herramientas necesarias para procurar justicia en nuestro país que es el anhelo de todos los mexicanos.

 

Y es por ello que la propuesta que hoy presentamos difiere de la minuta que se está… que llegó de la Cámara de Diputados, y difiere porque, por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales para nosotros, es que la fiscalía, es que se le dé vida a estas dos fiscalías, que es la minuta que viene de Diputados no se mencionan en lo absoluto.

 

También para nosotros es fundamental, a diferencia de la minuta que viene de la Cámara de Diputados, que se establezca con claridad la naturaleza del Ministerio Público, y no se diga, como se sigue diciendo en la misma, que la acción  penal es exclusiva del Ministerio Público cuando las propias reformas constitucionales le han dado también posibilidades a las víctimas del delito de ejercer esta acción penal.

 

Otro tema que abordamos en nuestra iniciativa es, las hipótesis de causas graves para la remoción del fiscal general, que en la minuta  que conocemos pues se abordan de manera muy general, y por ello esto puede dar lugar a amplio margen de discrecionalidad que ocasionaría la falta de certeza jurídica del fiscal general, lo que puede afectar su autonomía.

 

También para nosotros es muy importante, a diferencia de la minuta que viene de los Diputados, establecer  un apartado  muy claro y específico respecto de las causas graves para que opere esta remoción.

 

Otro aspecto fundamental que no se aborda a detalle, es el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, y este tema es fundamental porque partimos de la premisa de fortalecer  los procesos internos de profesionalización y garantizar la conservación del capital humano en una institución que debe garantizarse por un alto grado técnico y de especialización de sus operadores.

 

Es una institución en donde se requieren: mediadores, criminólogos, policías, investigadores, psicólogos, expertos en diferentes pericias, y es importantísimo y es fundamental desarrollar  los perfiles de puesto altamente detallados para seleccionar adecuadamente al personal; pero además se deben establecer las bases fundamentales de este servicio de procuración de justicia, y por ello esto también marca una diferencia importante con la minuta que conocemos y que se está estudiando en el Senado.

 

También es fundamental que la previsión que el fiscal general a través de disposiciones administrativas regule derechos y obligaciones del personal de la fiscalía, esto nos parece cuestionable, y por ello, también hacemos algunas precisiones dentro de la propia propuesta que estamos hoy presentando.

 

Desarrollamos la existencia de un consejo ciudadano, no solamente de manera enunciativa como en la minuta, sino de manera detallada; creo que el apostar por estos órganos es fundamental en un momento de gran importancia para la transparencia y para la revisión de cuentas.

 

Otro tema fundamental que parece que no atiende la minuta es que estamos hablando de una fiscalía en un entorno de un sistema penal acusatorio que el próximo mes de junio será obligatorio en todo el territorio nacional.

 

Es por ello que no se observa que esta regulación tienda a propiciar una investigación científica del delito, y esto está superado en la propuesta que nosotros estamos presentando el día de hoy.

 

Es importantísimo también, otro apartado fundamental, el establecer las disposiciones claras y precisas en materia de transparencia y rendición de cuentas para este nuevo órgano constitucional autónomo.

 

Y otro tema de vital importancia es el de los derechos humanos, pues desde la reforma de 2008 en la que se transformaba el Sistema Procesal Penal en México y la reforma de Derechos Humanos de 2011, se estableció que todos los operadores del nuevo sistema deben actuar conforme a derecho y bajo los estándares que se esperan del nuevo Sistema de Justicia Penal.

 

En el caso de la Fiscalía General de la República, estará en sus  manos vigilar que desde que conoce un delito hasta su solución, se respeten estrictamente los derechos humanos, tanto de las víctimas, como de los imputados, y este es un tema que también atiende la propuesta que hoy presentamos.

 

En términos generales nuestra propuesta establece el objeto de esta ley, de la fiscalía, el proceso de nombramiento,  el establecimiento de la estructura, determinando en cada caso cada una de las atribuciones de las fiscalías y de las vice-fiscalías. 

 

Se establece de manera precisa un capítulo relativo a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y otra en materia de la Fiscalía en Materia de  Delitos Electorales, y por supuesto se desarrollan también el resto de las fiscalías especializadas que ya operan al día de hoy, y se establece la posibilidad de crear nuevas. Pero se hace un énfasis especial en estas dos, puesto que tienen una relevancia constitucional y se establece también la obligación de las mismas para que rindan informes ante el Congreso de la Unión.

 

Por ejemplo, en materia de la Fiscalía Anticorrupción, estamos estableciendo con toda precisión la independencia técnica y operativa con la que puede actuar en la investigación, prevención y persecución de los delitos de actos de corrupción en el ámbito de su competencia.

 

Estamos estableciendo también que ambas, estas dos fiscalías especializadas cuenten con consejos consultivos, que tengan toda la posibilidad de realizar su trabajo de una manera expedita para que no haya ningún obstáculo material o de recursos humanos para poder realizar sus funciones.

 

Se establece la obligatoriedad que tanto la Fiscalía General tenga por lo menos destinado un presupuesto establecido y también las otras fiscalías especializadas, para efecto de que no sea la asignación de presupuesto una causa para que tengan una dependencia ajena.

 

También se establece un capítulo de responsabilidades de los servidores públicos, que es muy claro, es muy preciso. Y también se establece un apartado en donde se señala que dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía General de la República se atenderá justamente a áreas especializadas en materia del nuevo Sistema de Justicia Acusatorio.

 

Yo los invito a que lean esta propuesta que hoy está haciendo el grupo parlamentario de Acción Nacional, que no solamente está encaminada a fortalecer las Fiscalías Especializadas en materia de Combate a la Corrupción y en Materia de Delitos Electorales, sino que fortalece de suyo la llegada de esta Fiscalía General de la República, que será un órgano constitucional autónomo de la mayor importancia para lograr una justicia real en nuestro país.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana  Díaz Lizama: Gracias, Senadora Pilar.

 

Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de  Estudios Legislativos, Segunda.

 

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de las carreras de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad de Durango, Durango. Campus Zacatecas, invitados por el Senador Carlos Alberto Puente Salas.

 

Agradecemos su visita y presencia en este Senado de la República, sean ustedes bienvenidos.

 

(Aplausos)

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia señora Presidenta.

 

Señoras Senadoras, señores Senadores.

 

A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo a presentar una iniciativa fundamental para los derechos y las libertades ciudadanas en nuestro país, y que tiene que ver con romper el paradigma prohibicionista y una postura estatal que transita del paternalismo a la criminalización en materia de consumo de drogas, particularmente el de cannabis.

 

Desde la perspectiva progresista de un estado social y democrático de derecho, y en ese sentido quiero recordar a Rodolfo Vázquez, que dice textual: “No sólo no es posible argumentar con consistencia a favor de penalizar la posesión de drogas para consumo personal, sino que por una mínima  coherencia, el Estado debe regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mismas”. Fin de la cita.

 

También desde una perspectiva liberal, no es objetivo legítimo de un sistema normativo promover planes de vida virtuosos, porque ello entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente los proyectos de vida que mejor le convengan de acuerdo a sus preferencias.

 

Sin embargo, de que en México se desató la llamada “Guerra Contra las Drogas”. La lucha contra el narcotráfico ha generado más de 70 mil homicidios, así como importante afectaciones a la integridad, a la libertad y a la seguridad de millones de personas.

 

Como todos sabemos, desde finales del 2006, se reforzó el empleo de la fuerza letal y se incrementó de manera significativa la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad con resultados absolutamente cuestionables.

 

Pero también, 50 años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y 40 años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas y al mundo, es necesario reconocer que se necesitan urgentes reformas en las políticas de drogas nacionales e internacionales que permitan cambiar el paradigma al respecto.

 

Es en ese sentido, la Iniciativa que hoy presentamos a su consideración para que sea turnada a comisiones para su revisión, las y los integrantes del grupo parlamentario del PRD.

 

En primerísimo lugar, proponemos reformas para erradicar la criminalización de las y los consumidores, dado que el paradigma prohibicionista actual los coloca en dos opciones: “O son delincuentes, o son enfermos”.

 

Tal estigmatización se ve agravada cuando las y los consumidores pertenecen a las clases sociales con menos recursos económicos, ya que debido a su situación de vulnerabilidad se transforma en un obstáculo mayor para el acceso a los sistemas de salud y a la educación e información sobre el consumo de sustancias psicoactivas.

 

De ahí la importancia de establecer un catálogo mínimo de derechos de las personas consumidoras, que no existe en la legislación nacional, como tampoco lo hay para aquellas que tienen un consumo problemático y que requieren de los servicios en centros de atención públicos o privados respecto a este asunto.

 

Por tanto, el reconocimiento a las personas usuarias de drogas como sujetos plenos de derechos es imprescindible en esta propuesta que hoy presentamos.

 

Parte importante de este proyecto es hacer compatible la Ley General de Salud con la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver el amparo en revisión: 237/2014, declaró inconstitucional el último párrafo de cada uno de los artículos 235 y 247 en el entendido de que ahí se establece una acotación, sólo fines médicos y científicos, que ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación al grado mínimo de protección a la salud y al orden pública que se alcanza con dicha medida.

 

Cabe señalar que en su resolución, la Corte no encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta al consumo de cannabis.

 

En ese sentido, proponemos que respecto al cultivo, procesamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo de cannabis, sea la autoridad federal quien emita la normatividad correspondiente y defina las zonas donde se permitirá el consumo de la misma.

 

En ese sentido, el Estado asume el control del proceso completo de producción, distribución y puntos de venta y modalidades de consumo. Por tanto, deberá adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario, y por ende le corresponde al Estado almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivados del cannabis.

 

Establecemos también la creación de los clubes de consumo recreativo. Se trata de que estos clubes se les permitan operar bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias que incluyen restricciones de edad para el exceso, el número de socios, la prohibición de la venta a otras sustancias y coactivas, y prohibiciones en la publicidad.

 

También es importante contar con instituciones para atender a aquellas personas que cometieron delito para mantener y financiar su dependencia a las drogas o bajo la influencia de las mismas, pero que no necesariamente hayan cometido delitos denominados “graves”, y que en los últimos años y como parte de la búsqueda de soluciones eficaces, los sistemas de seguridad de algunos países están teniendo éxito con un nuevo enfoque que centra su atención en la rehabilitación de dependientes de drogas mediante mecanismos alternos de justicia terapéutica.

 

Estos mecanismos, también conocidos como “cortes de drogas y tribunales para el tratamiento” son un modelo que sigue implementándose y que es necesario seguir estudiando, siempre buscando alternativas que den opciones y cambio a una realidad.

 

Un asunto que no es menor. Es que partiendo del principio del interés superior de la niñez, proponemos establecer un programa especializado de prevención para que adolescentes, en el que las autoridades tanto federales como en los estatales se involucren en el mismo, en dicho programa proponemos establecer primero una cobertura universal de prevención sobre el consumo y un acceso universal de prevención de servicios de tratamiento.

 

Al respecto, diversos especialistas han señalado los efectos negativos que pueden tener mayor relevancia, afectan el desarrollo en la infancia y la adolescencia, por lo que debe regularse cuidadosamente en estas edades el acceso a cualquier droga.

 

Lo anterior, en congruencia con la Convención sobre Derechos de la Niñez, que en su artículo 33 dice, cito: “los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para proteger a niñas y niños contra el uso ilícito de los estupefacientes, sustancias psicotrópicas enumeradas en los Estados internacionales pertinentes, para impedir que se utilice a niños en la producción y en el tráfico de ilícitos de estas sustancias”.

 

Finalmente, en tratándose de cannabis y cocaína proponemos modificar la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, establecidos en el artículo 479 de la Ley General de Salud para que en estas dos sustancias se establezcan criterios antropométricos con la finalidad de evitar la discreción que se da en las dosis que están establecidas como mínimas. Esto permitirá, como actualmente sucede, que por encima de estas cantidades, así sea un miligramo, se tenga por acreditado, sin más elementos, el delito de narcomenudeo; y si no revisemos los centros de privación de libertad como tenemos una gran cantidad de personas que están privadas de su libertad, mujeres es verdaderamente patético, verdaderamente inadmisible que eso haya acontecido precisamente por esta situación.

 

En este momento los consumidores que rebasan un mínimo más de la cantidad prevista en esta tabla se les somete a un proceso penal y a un sistema carcelario injusto e impune, ya que para policías, ministerios públicos y jueces, no es necesario evaluar las circunstancias de la posesión ni las evidencias concretas, aunque estas existan, y además que sugieran que esa posesión que tenían en el momento de su detención era para fines de consumo, es decir, directito a la criminalización, al chantaje.

 

Señoras y señores: Esta es, en apretada síntesis, la propuesta que el grupo parlamentario del PRD propone y somete al escrutinio de la sociedad, convencidos de que el actual modelo constituye una restricción a los derechos humanos.

 

También es consecuencia de los foros que el Senado de la República realizó con expertas y expertos, que junto con la Cámara de Diputados acabamos hace apenas algunos días de concretar, entonces, hay que actuar en el Congreso de la Unión a partir de lo que está resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de estos foros, a partir de distintas exigencias y dar solución y tomar la revisión de las leyes, como es nuestra obligación, porque la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un Estado democrático, y tratándose de drogas, el mundo tiene que empezar a cambiar, porque no hay manera de ganar con el prohibicionismo.

 

Es cuanto.

 

Muchas gracias por su atención.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Túrnese a las comisiones unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; de Seguridad Pública; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, para presentar a nombre propio y de las Senadoras Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, Ivonne Álvarez García y Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley sobre el Contrato del Seguro.

 

Tiene la palabra.

 

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Gracias, Señora Presidenta, con su permiso.

 

Compañeros y compañeras Senadores.

 

A nombre de las legisladoras que suscribimos la presente iniciativa vengo a esta tribuna a presentar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley de Contrato del Seguro.

 

El objetivo principal de esta propuesta es establecer mecanismos legales preventivos e informativos que eviten que los usuarios de los servicios financieros, particularmente los contratantes de seguros y fianzas, sean defraudados por empresas piratas o no registradas, empresas extranjeras que operan en nuestro país en la totalidad ilegalidad.

 

De manera sucinta daré una explicación de los motivos que fundamentan este proyecto y la relevancia del tema.

 

Debemos considerar que a nivel mundial, la actividad aseguradora ocupa un lugar destacado en la producción de servicios por el volumen de recursos que mueve y la función que ejerce en los sistemas económicos.

 

Dado el impacto en el desarrollo económico y social, esta actividad se ha vuelto un instrumento dinamizador que fomenta a la inversión y genera certidumbre sobre la solidez económica y financiera de los países.

 

De acuerdo al análisis de Observatorio de Seguros México, el mercado mexicano, en términos activos y privados, es el segundo más grande de América Latina después del mercado brasileño, y a pesar de su baja penetración el sector representa el 2.1 del Producto Interno Bruto de nuestro país.

 

Cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros destacan que el sector ha tenido un importante crecimiento. Para el tercer trimestre del 2015 tuvo un incremento del 6 por ciento en términos reales respecto al periodo anterior.

 

La mayoría de los ramos de este sector tuvieron importantes incrementos como: el seguro de vida, el seguro de accidentes, el seguro de gastos médicos, los seguros de automóviles y los seguros que operan sin daño.

 

De manera conjunta, la participación por ramo fue en su mayoría de las primas de seguros personales que equivalen al 63.1 por ciento del total y representan aproximadamente 176 mil millones de pesos.

 

Lo anterior nos muestra un escenario favorable para el sector, que concuerda con las expectativas de diversas calificadoras internacionales que visualizan crecimiento y estabilidad, buenos niveles de rentabilidad y apalancamiento y fortaleza financiera; sin embargo, contrario a estas favorables prospectivas, en nuestro país ha incrementado durante los últimos años un grave problema que tiene que ver con los fraudes por aseguradoras extranjeras o sin ningún registro que venden diversos tipos de seguros sin restricción alguna ocasionando innumerables pérdidas económicas y afectaciones en el patrimonio de familias mexicanas.

 

Desafortunadamente, no existen cifras que nos puedan dar con claridad sobre la magnitud de este fenómeno; pero la propia Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas ha reconocido públicamente haber detectado a aseguradoras piratas que han realizado un sinnúmero de fraudes a nivel nacional ofreciendo pólizas de seguros de vida, seguros de gastos médicos y seguros de responsabilidad civil a precios mucho menores a los del mercado con mayores coberturas y facilidades de pago muy atractivos para los demandantes de estos servicios.

 

Adicionalmente existe otra modalidad de fraude de empresas que operan bajo el nombre de consultoras o despachos especializados en protección jurídica médica que ofrecen seguros de responsabilidad profesional, principalmente al sector privado, por lo que médicos, enfermeras, anestesiólogos, cirujanos y de más profesionistas dedicados a la medicina han sido víctimas de estas supuestas empresas aseguradoras que operan fuera de todo marco legal.

 

En razón de lo anterior, consideramos que es necesario que exista un registro de estas instituciones para tener una lista actualizada sobre las empresas que realizan de manera legal estas actividades ya descritas.

 

Se propone, también, que dentro de las pólizas que entreguen las empresas aseguradoras exista la obligatoriedad de estar inscritas en el Registro General y que de manera conjunta estas reformas y adiciones que buscan dar certeza jurídica a esta importante actividad, y mediante mecanismos de información y mecanismos preventivos, desinhiban la competencia desleal, prevengan el fraude, y en general coadyuven con los esfuerzos que hace el gobierno federal y el sector privado para consolidar a nuestro sistema financiero y sus buenas prácticas.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.

Senadora Verónica González Rodríguez: Con su permiso, Presidenta.

Compañeras y compañeros Senadores: La iniciativa que vengo a poner a su consideración, reforma la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación, con el objetivo de fortalecer el derecho de acceso a la información de nuestras y nuestros estudiantes por medio de las nuevas tecnologías de la información, señalando el compromiso ineludible de las autoridades educativas para poner a disposición los medios para el ejercicio de este derecho.

De acuerdo con la UNESCO, la educación es un instrumento poderoso que permite a las personas de escasos recursos salir de la pobreza de manera autónoma y participar activamente con su comunidad, generando posibilidades de detonar el desarrollo de cada país.

Con el paso del tiempo la concepción de este derecho se ha ido transformando y evolucionando con el momento histórico y las condiciones o necesidades de cada etapa.

El desarrollo de nuevas tecnologías, la globalización y la facilidad para acceder a esos recursos, han permitido que la información se masifique y pasemos de modelos educativos tradicionales en los que sólo se requerían profesores, libros y pizarrones, a la implementación de modernos recursos como el Internet, tabletas y una gran interacción de equipos informáticos que facilitan y enriquecen la tarea del aprendizaje.

Ya no basta con tener aulas equipadas con la indumentaria tradicional, ni siquiera es suficiente conseguir que se matricule cada vez a más estudiantes.

Si en verdad queremos garantizar que este derecho se cumpla y que las personas obtengan la información necesaria para ser competitivas y disfrutar de una vida plena, necesitamos crear la infraestructura adecuada en cada centro educativo y articular las políticas públicas que generen el escenario para que esto suceda.

No sólo es el entorno físico lo que debe cambiar, sino también las reglas en la materia, debido a que no sólo se modificó la tecnología disponible y cambió para siempre el concepto mismo del acceso a la información.

Debemos vigilar una evaluación integral de nuestra educación que garantice que todas y todos puedan obtener el conocimiento por igual, sin que estas herramientas sean la causa de una nueva brecha digital en donde sólo unos cuantos tengan la facilidad para conectarse a Internet, usar una computadora u obtener el libre acceso a la información.

En todo el mundo miles de estudiantes y profesores usan Internet en su formación. Pese a ello, en las naciones más pobres aún es difícil poder aprovechar esta herramienta, situación que produce desigualdad a pesar de ser una gran oportunidad de mejorar el procedimiento de aprendizaje y preparar a los estudiantes para el futuro.

Es elemental hacer notar que el acceso a la educación va ligado al acceso a la información, es decir, son procesos conjuntos que deben acompañarse para conseguir resultados óptimos y permitir el pleno goce de estos derechos.

Hoy en día la mayoría de los países han reconocido que es indispensable buscar mecanismos que faciliten la transparencia y la obtención de datos de cualquier índole, atendiendo a diversos tratados internacionales y buenas prácticas en la gestión pública.

El derecho de acceso a la información está considerado dentro del derecho fundamental a la libertad de expresión reconocido por la resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde además se considera el derecho de investigar y recibir información por cualquier medio de expresión.

La legislación en esta materia sostiene que toda la información en poder de los gobiernos e instituciones gubernamentales, es en principio pública y su protección se encuentra plasmada en distintos instrumentos internacionales.

En el caso de nuestro país, a pesar de estar plasmado este derecho en el artículo 6 de nuestra Constitución, fue hasta junio del 2003 con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se pudo materializar el esfuerzo conjunto de la sociedad civil y la voluntad política para llevar a cabo esta ley. Sin embargo, aún faltan enormes esfuerzos de armonización legislativa para garantizar que esto sea una realidad.

El índice del derecho de acceso a la información en México formulado por el Centro de Investigación Fundar que mide la calidad de las leyes de transparencia con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia, señala que la calificación promedio nacional es de 5.1, siendo el 10 la mayor calificación posible, es decir, estamos reprobados en dicho tema

Siendo el Internet un elemento esencial para acceder a la información en estos tiempos, es claro que a pesar de que existen más mexicanos conectados cada año, la cifra de quienes no cuentan con el servicio es enorme.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2015, señala que alrededor de 46.3 millones de personas no tienen forma de usar la herramienta, siendo los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las entidades más rezagadas.

 

Por lo tanto, aunque ha venido aumentando el número de cibernautas en el país. Este proceso no es producido de manera homogénea, generándose una nueva desigualdad social del siglo XXI, en donde el Estado es participe si no toma las medidas necesarias para frenar esta situación.

 

Esta realidad no sólo está presente en los hogares, sino en cientos de escuelas de todo el territorio nacional, como lo reveló el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial del 2013. Donde los resultados arrojaron que sólo una década, tres escuelas cuentan con acceso a Internet y uno de cada dos equipos disponibles en las escuelas se encuentran estos mismos en funcionamiento violentando una serie de derechos fundamentales para nuestros estudiantes.

 

Debemos profundizar en los esfuerzos que se han llevado a cabo para atender las necesidades tecnológicas de nuestras escuelas garantizando el pleno respeto a los derechos y las condiciones para hacerlos valer.

 

Hay que aprovechar el enorme potencial de instrumentos como el Internet que contribuyen a apoyar la educación y el aprendizaje de las personas en una sociedad donde los contrastes y la pobreza están generando enormes brechas.

 

Hoy, la educación va acompañada de múltiples  elementos que de utilizarse adecuadamente gestarán un futuro incluyente con más oportunidades.

 

El uso de Internet y maximizar su impacto en la población, favorece el ejercicio de derechos fundamentales en amplios sectores de la población. Tal como lo propone está iniciativa.

 

Tenemos una gran responsabilidad tecnológica en nuestro país y con el diseño de un nuevo modelo educativo que responda a las necesidades de nuestra sociedad.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora González.

 

Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Enseguida tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, para presentar a nombre propio y del Senador Carlos Romero Deschamps, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que reforma el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo.

 

Adelante, Senador.

 

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Senadora Presidenta.

 

Compañeras y compañeros Senadores: Según algunos tratadistas, el trabajo se ha configurado como el gran ordenador de la vida social, comunitaria y familiar, a través de la cual las personas acceden a un ingreso económico que debe concederles cierto nivel de bienestar, al permitir el acceso a satisfactores necesarios para la subsistencia propia y familiar.

 

Pero está cualidad, la de ordenador, obedece a que más allá de la obtención del ingreso económico necesario para la manutención, constituye un derecho precursor o facilitador para el ejercicio de otros derechos, como la salud a través de los regímenes de prevención y seguridad social que incluyen derechos de jubilación, vacaciones, coberturas de enfermedades, acceso a servicios educativos y de capacitación, servicios crediticios en general y de vivienda, entre otros.

 

Este último, el de la vivienda, constitutivo a su vez del derecho fundamental por sí mismo, de conformidad al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Mientras que los instrumentos y apoyos para lograr el objetivo de vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas. Están contempladas en la legislación secundaria para el caso de los trabajadores, el mecanismo público lo constituye el Fondo Nacional para la Vivienda, administrado por el Infonavit.

 

El esquema básico, consiste en la obligación de los patrones para realizar aportaciones a dicho fondo, a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad las habitaciones a que tienen derecho.

 

Sin embargo, existe un trabajo por el cual la ley exime al patrón, a efectuar dichas aportaciones, de acuerdo al numeral 146 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores domésticos. Esto es a las trabajadoras del  hogar.

 

Históricamente, el trabajo en el hogar se ha destacado por ser uno de los empleos más vulnerables. En el que los derechos y libertades de quienes nos los realizan, llegan a ser violentados con bajos salarios, malos tratos y hasta discriminación.

 

En México, alrededor de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar. La inmensa mayoría son mujeres.

 

Personas que al igual que todas merecen lograr sus aspiraciones a través de su vida laboral, con un empleo productivo que genere un ingreso justo, con seguridad y protección para sí y para sus familias.

 

Sin embargo, el actual contenido en el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, no parece ser la mejor forma para lograrlo, pues les restringe para acceder a los beneficios como derechohabiente del Infonavit, como lo es el financiamiento para la adquisición de vivienda.

 

Las personas dedicadas al trabajo del hogar, desempeñan una labor como cualquier otro trabajador que se esfuerza día a día para salir adelante.

 

Por lo tanto, como trabajadores que son, deben encontrar en su trabajo un medio para  lograr satisfacer sus necesidades básicas en las que  la ilusión de un hogar propio, seguramente está incluida.

 

Por ello, consideramos oportuna la modificación del artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo  como un débito necesario para contribuir a la reivindicación de los derechos de los trabajadores del hogar.

 

Hablamos de las personas a las que las labores propias de una casa en las que se incluyen las actividades como jardinero, nana, cocinera y cualquier otra de asistencia en el hogar, evidentemente cuando sus servicios no sean esporádicos u ocasionales.

 

Cabe decir que para tratar de solventar de alguna manera esta situación, el Infonavit  había puesto en marcha un programa para los trabajadores en labores domésticas que ofrecía una modalidad de crédito especial para ellos.

 

El programa que en el pasado estuvo funcionando se denominó “Infonavit para todos”, y permitía brindarles un apoyo sobre vivienda a los trabajadores domésticos, asalariados para que pudieran tener un ahorro destinado a un crédito de vivienda.

 

A través del programa,  el patrón podría aportar una cuota mensual que le permitía al trabajador obtener un crédito para vivienda, o bien a formar un ahorro para su retiro.

 

De acuerdo con el  Infonavit, el patrón incluía al trabajador con un salario aproximado de los 3 mil y hasta cuatro salarios  mínimos mensuales, equivalente en 2013 a un salario que iba entre los 5 mil 900 y hasta los 7 mil 800 pesos. Por lo que cada mes, tenía que depositar entre 295 y 395 pesos.

 

No obstante, desde julio del año pasado, este programa fue suspendido, por lo que a la fecha, las personas trabajadoras del hogar, continúan sin acceso a los beneficios del Infonavit, para poder adquirir su vivienda  propia.

 

Lo anterior, no obstante que la diferencia para lograrlo no implica el patrón más allá de 400 pesos mensuales.

 

Por ello, a fin de reivindicar y reconocer el esfuerzo de quienes se dedican a esta labor, se hace necesario incorporarlas al régimen del Infonavit. Eso, con la reforma, insisto, al artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo y que la propuesta es que quede de la siguiente manera:

 

Artículo 146. Los patrones deberán pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores domésticos, salvo que la prestación de sus servicios sea de manera esporádica u ocasional.

 

Este artículo, que actualmente está vigente en la Ley Federal del Trabajo, no solamente es discriminatorio, no reconoce un trabajo que ya se ha ido avanzando en cuanto al reconocimiento a quienes realizan de manera permanente y que ha habido casos de 10, de 15, hasta de 20 años de trabajar en una vivienda como en las actividades domésticas, en las actividades del hogar y que se ha ido avanzando, porque se han ido incorporando a sus prestaciones como el Seguro Social o el Fondo para el Retiro.

 

Pero este artículo que es excluyente, no le permite a quien realiza una labor, que si bien es cierto, es en el hogar, también es remunerada, también tiene su esfuerzo, también requiere de una responsabilidad importante para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

 

Por eso pues el reconocimiento a este gran sector de la población, estamos hablando además de 2 millones 200 mil personas que se dedican a las labores del hogar es que estamos proponiendo que tengan la posibilidad de  acceder a los créditos del Infonavit.

 

¿Por qué otros trabajadores sí, y estos que trabajan en el hogar no pueden tener acceso a una vivienda?

 

¿Por qué no pueden tener el derecho de que el Infonavit los apoye en la adquisición de una vivienda?

 

Una aspiración de cualquier ser humano de vida, después de la salud, la seguridad, la educación, sin duda, una de las grandes aspiraciones de todo ser humano es tener su vivienda  propia. Y con esto, estaríamos haciendo justicia a las trabajadoras y a los trabajadores domésticos.

 

Por eso, compañeras y compañeros, solicito su apoyo, se turne a comisiones y en su oportunidad  se dictamine de manera favorable.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

Gracias, señora Presidenta.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

 

Túrnese la iniciativa a la Cámara de Diputados.

 

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos  69 y 93 constitucionales.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, compañera Presidenta.

 

Compañeras  y compañeros Senadores: La iniciativa que presentamos propone cambios que modifican las  formas de control que como Poder Legislativo tenemos sobre las dependencias del Poder Ejecutivo, de los organismos autónomos, las empresas productivas del Estado y los órganos reguladores coordinados en materia energética.

 

Además, las facultades propuestas para el Congreso alcanzan también la relación con privados relacionados con recursos y asuntos públicos.

 

En primer lugar, nuestra propuesta modifica los alcances de las comparecencias correspondientes al informe que anualmente presenta el Poder Ejecutivo, así se incluye, en el artículo 69 de nuestra Constitución la facultad de citar al Fiscal General de la República y a los titulares de las empresas productivas del Estado, a los consejeros, tanto públicos como los independientes de estas empresas, así como a los responsables de los órganos reguladores coordinados en materia energética.

 

En este aspecto la Constitución quedaría actualizada y armonizada con las disposiciones emanadas de la Reforma Política  que creó la Fiscalía General de la República y la Reforma Energética que dio lugar a la creación de las llamadas empresas productivas del Estado, CFE y Pemex, así como a los órganos reguladores, ya mencionados.

 

Esta reforma es muy necesaria y pertinente, ya que han estado entregando los recursos energéticos a privados, que responden más a intereses particulares que al interés público; un gesto de mínima responsabilidad política sería sujetar a los nuevos organismos al control de quienes representamos a la Nación y al Pacto Federal.

 

En segundo lugar se propone ampliar, en el artículo 93, el número de servidores públicos que deben presentarse a comparecer en las Cámaras del Congreso de la Unión cuando se discuta una ley o se estudie un tema concerniente a sus ramos, algún asunto de interés público o para que las y los legisladores les inquieran sobre sus labores de las que son responsables.

 

De aprobarse el cambio que proponemos se podrá convocar ya no solo a los secretarios de Estado, titulares y administradores de las entidades paraestatales y órganos autónomos, sino, como ya se mencionó, también a los titulares de los organismos derivados de la Reforma Energética, a los embajadores y cónsules que son ratificados por esta soberanía.

 

En el Senado, por ejemplo, después de que ratificamos los nombramientos de embajadores y cónsules que propone el Ejecutivo Federal, estos quedan casi a la deriva en el desempeño de sus funciones, puesto que no responden a controles democráticos por parte del Poder Legislativo.

 

En tercer lugar, y uno de los aspectos más relevantes de la misma, en la reforma que proponemos incluye también, en el artículo 93 la capacidad del Congreso para llamar a comparecer a particulares, que en el ejercicio de sus actividades tengan relación con asuntos públicos o que hayan recibido recursos públicos, lo mínimo que se puede hacer en un régimen  que ha pervertido el sentido de lo público entregando su manejo a privados, es controlar la actuación de estos por parte de los poderes emanados del voto popular.

 

No podemos esperar a que llegue otra nueva trama de corrupción como el caso Oceanografía, sólo por citar un ejemplo, entre centenares que hay, para tomar cartas en el asunto.

 

En cuarto lugar, dentro de la misma reforma al artículo 93, se reduce el número de legisladores que se necesitan para solicitar la creación de una comisión de investigación, y se amplía el catálogo de los supuestos, según los cuales, el Congreso puede investigar asuntos, se incluyen desde el funcionamiento de la administración pública federal pasando por el de los órganos autónomos y en general cualquier asunto de interés público; además, se permitirá a las Cámaras del Congreso requieran información y documentación adicional para las investigaciones correspondientes.

 

Las ideas aquí planteadas responden a la intención de dar mayor control democrático al Congreso de la Unión, ir disminuyendo el presidencialismo y dar más peso al parlamento.

 

Además de ello, ya lo verán ustedes, la redacción es muy cuidadosa con no dejar a discrecionalidad los motivos por los que se puede dar lugar a comparecencias o a investigaciones.

 

Sin embargo, el valor principal de lo que proponemos es mucho más profundo de lo que parece, no es exagerado decir que esta iniciativa pretende actualizar la validez de la República, que en ningún caso debiera ser más débil que el poder de la elite económica, por ejemplo.

 

La idea republicana es una de las que más acuerdo encuentra en el pensamiento político. En este Pleno, por ejemplo, seamos de izquierda o de derecha o estemos de acuerdo con una visión amplia o estrecha de la democracia, prácticamente todos nos reconocemos como republicanos.

 

Podemos entonces decir que todos estamos por el respeto a la división de poderes, por el imperio de la ley y por la protección de la sociedad ante los abusos de autoridades. Todas éstas son garantías de la primicia o de la, más bien de la primacía de lo público o prevalencia de lo público. Esto siempre ha sido lo que distingue al poder político de otros poderes.

 

Esta iniciativa asume esa identidad compartida en el entendido de que es necesario fortalecer a nuestra cada vez más débil estructura republicana para revertir el lamentable estado de nuestra vida pública.

 

Estamos convenidas, convencidos, de que la República debe ser el freno a la barbarie. Aquí quiero parafrasear al pensador alemán Walter Benjamin: “Ya no tenemos la convicción optimista de la que la República llevará a buen puerto el tren de la historia de nuestro país. Ahora lo vemos de una manera más modesta, pero también más urgente, probablemente el fortalecimiento de la República sea el único acto que nos permita activar los frenos de emergencia que impidan que el tren de la historia mexicana se dirija al vacío, a donde lo han conducido los gobiernos de este siglo con sus políticas privatizadoras”.

 

Ése es el sentido de esta iniciativa republicana, favorecer el interés público, dotando al Legislativo de mayores  herramientas que incrementen la transparencia, faciliten la rendición de cuentas y el equilibrio y el control democrático entre poderes.  Confío que ustedes estarán conscientes de ello y que apoyarán esta iniciativa.

 

Es cuánto.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Padierna.

 

Túrnese la  iniciativa a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió una iniciativa del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 30 y 37 constitucionales.

 

Que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de  Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Cultura, Reglamentaria del párrafo décimo segundo del artículo 4 constitucional.

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Gracias, Presidenta.

 

Con el permiso de la mesa.

 

“La Cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, del modo de pensar y de vivir”. Milan Kundera, novelista y ensayista.

 

Es una realidad que a partir de la aprobación a finales del año pasado, del decreto por el que se crea la Secretaría de Cultura, que las distintas fuerzas políticas con representación en el  Congreso de la Unión hemos integrado con mayor intensidad en nuestras agendas el tema de la política cultural.

 

Para la izquierda, la realización de políticas y acciones de impulso a la cultura forma parte de nuestro código genético, no solamente porque en nuestras filas han participado destacados intelectuales, académicos, creadores, intérpretes y promotores culturales, sino porque concebimos a la cultura como un verdadero elemento que libera conciencias, que abona al pensamiento progresista y con ello a un pleno desarrollo del ser humano, tanto en su ámbito individual, como en la colectividad.

 

La actividad cultura es intrínseca a la libertad social.  Por ende, desde la izquierda encontramos justamente en este momento un ambiente propicio para su desarrollo pleno, son las ideas de progreso, de cambio de estructura y de revolución de las ideas, las que enarbolamos, tanto políticos, como académicos en un ámbito que nos es común, la cultura.

 

En su momento, acompañamos con optimismo la creación de la Secretaría de Cultura, pues consideramos que con ello se dota de la relevancia que siempre tuvo en la vida de la nación. Asimismo afirmamos que el derecho a la cultura debe ser salvaguardado, no sólo en el texto constitucional, donde se encuentra mencionado en el artículo 4, párrafo  doce, sino con acciones e instituciones y al amparo de un marco legal que reglamente políticas, programas y acciones, tanto de la autoridad, como de la sociedad civil.

 

La protección de los derechos culturales debe ser entendida desde su dimensión más amplia, son para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección.

 

Son derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación.  Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y artística, el patrimonio cultural y los derechos de autor, entre otros.

 

En ese sentido la propuesta que hoy se presenta busca la emisión de una Ley General de Cultura en la que se establezcan definiciones, marcos de coordinación de la política cultura de los tres órdenes de gobierno, una correcta y definitiva separación entre la educación y la cultura, dejando claro que la primera es el vehículo de transmisión de la segunda y que por ende esta última no puede estar supeditada a la primera y armonizando sus contenidos con la nueva Secretaría de Cultura.

 

A continuación mencionaré sus principales características:

 

Número 1.- Proponemos un Sistema Nacional de Cultura, mismo que estará a cargo de las dependencias y entidades del sector público entre sí, de los tres órdenes de gobierno, y de estos con integrantes de los sectores social y privado tendientes al cumplimiento de los fines de la cultura, fortaleciendo la acción del Estado para hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura.

 

2.- De igual manera, proponemos un Consejo Nacional, mismo que fungirá como la instancia superior de coordinación del sistema nacional, cuyas atribuciones principales serán de coordinar el sistema, formular programas para el programa nacional, determinar lineamientos para el establecimiento de políticas generales en la materia, así como determinar medidas para vincular al sistema nacional con las entidades federativas y municipios, buscando con ello el impulsar acuerdos entre los entes del sistema para promover nuestra diversa gama cultural.

 

3.- Es importante señalar que la iniciativa prevé fondos para la cultura, en las cuales la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México establecerán en los respectivos presupuestos de egresos recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos señalados en la presente ley.

 

4.- En concordancia con lo anterior, se propone crear el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes con mecanismo para financiar la creación artística y la actividad cultural.

 

5.- No menos importante es la creación del Padrón Nacional de Creadores y Promotores de Cultura, mismo que será un instrumento a cargo de la Secretaría de Cultura, que tendrá un registro de hombres y mujeres cuya actividad preponderante sea la de ser promotor, creador, artista, intérprete de alguna actividad cultural.

 

6.- Por último, se propone la entrega anual del Premio Nacional de Cultura, mismo que será el galardón, que de manera anual se entregará al mexicano o mexicana cuya actividad sea trascedente para la promoción, difusión y consolidación de la cultura de nuestro país.

 

Señoras y señores Senadores.

 

Con una ley general de esta naturaleza quedarán debidamente establecidas las funciones que de manera general y abstracta fueron otorgadas a la secretaría del ramo y cuya aprobación será determinante no sólo para el correcto desempeño de sus atribuciones, sino también para la consolidación de los esfuerzos por dotar a la cultura a nuestro país del espacio, que por su importancia y envergadura siempre debió tener en la administración pública, y con esta norma en el orden jurídico nacional.

 

Esta iniciativa es complementaria de la diversidad de ideas y propuestas ya existentes, pues en sus contenidos se proponen instrumentos, registros, procedimientos y órganos que enriquecen la posibilidad de contar con una ley completa e integral.

 

Celebramos que sea desde la izquierda donde han surgido la mayor cantidad de propuestas de esta naturaleza y, sobre todo, que en un marco de institucionalidad sea en este Senado de la República donde se establezcan los instrumentos parlamentarios con la oportunidad y prontitud a fin de que en el corto plazo se cuente con la tan necesaria Ley General de Cultura.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

Debo agregar que la iniciativa ha sido suscrita también por mi compañera la Senadora Angélica de la Peña.

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Rabindranath.

 

Túrnese a las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto (Desde su escaño): Pido la palabra, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sonido en el escaño del Senador Zoé, por favor.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidenta.

 

Para solicitarle a la Mesa Directiva una rectificación del turno que acaba de hacer. Déjeme intentar explicarle por qué.

 

Con fundamento en el artículo 181, desde el día de ayer solicité una ampliación de turno sobre otra Ley General de Cultura, presentada por la Senadora Angélica de la Peña.

 

Ambas iniciativas, la del Senador Rabindranath y la de la Senadora Angélica de la Peña, contienen disposiciones relacionadas con la cinematografía, con la televisión y las radios culturales. Para eso hay una comisión específica del Senado de la República llamada Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

 

Segundo. Porque en el caso de las leyes generales de Cultura y la creación de la Secretaría de Cultura, la Colegisladora en la Cámara de Diputados se cuenta con una Comisión de Cultura y Cinematografía, y otra Comisión de Radio y de Televisión, es distinto nuestro diseño y orden de comisiones.

 

Pero no sólo eso. Quiero recordar a esta Asamblea que cuando creamos la Secretaría de Cultura, que hoy ya está en funciones, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dictaminó esta creación.

 

Déjenme decirles, con mucho respeto y preocupación, que no es la primera vez que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en temas específicos que tienen que ver con la cinematografía, la radio, la televisión, es excluida del turno. Creo que es un vicio que se está empezando a arraigar y que es inadecuado.

 

Le solicitaría una ampliación de turno, no para dar opinión, para la dictaminación. O de otra manera, pues, modifiquemos el orden de las comisiones respecto a los temas que le competen a cada quien, pero la exclusión y marginación de una comisión, cada vez pareciera producto de cuestiones extralegislativas, extrajurídicas que a mí me están empezando a preocupar.

 

Por lo tanto, y de manera muy respetuosa, además de felicitar al promovente la iniciativa, le solicitaría, más allá de cualquier argumento jurídico, que se amplíe el turno a la comisión respectiva que tiene que ver con este tema, y de otra manera si no solicitarle, si esto va a ser rechazado, solicitarle una opinión, como lo establece el propio Reglamento, de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que ellos emitan, como es su facultad, una opinión a la Mesa Directiva, si se debe de turnar o no.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senador Zoé, esta Mesa Directiva concede el turno a la comisión que usted preside.

 

Por lo tanto, rectificamos el turno.

 

Túrnese a las comisiones unidas de Cultura; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Senador Morón.

 

El Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Presidenta, preguntarle por su conducto al Senador Rabindranath, si permite que  nos adhiramos a esta iniciativa, que a juicio de los servidores es muy interesante, muy importante.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Senador, Rabindranath.

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con todo gusto, compañero Senador, claro que sí.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Pido a la Secretaría tome nota de los Senadores que quieran adherirse a la siguiente iniciativa.

 

Gracias, Senador.

 

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Panamericana, invitados por el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de esta Mesa Directiva.

 

Agradecemos su visita en este Senado de la República, sean ustedes bienvenidos.

 

(Aplausos)

 

Honorable Asamblea: A partir de la aprobación del día de ayer del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se designó como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la ciudadana María Olga Noriega Sáenz y al ciudadano David Kershenobich Stalnikowitz, hoy procederemos a tomarles la protesta de ley correspondiente.

 

En consecuencia, solicito a las Senadoras y Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Angélica de la Peña Gómez, Jorge Aréchiga Ávila y Ana Gabriela Guevara, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.

 

(La comisión cumple)

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Solicito respetuosamente a la Asamblea ponerse de pie.

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

ROBERTO GIL ZUARTH

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea ponerse de pie.

 

(Todos de pie)

 

Ciudadanos María Olga Noriega Sáenz y David Kershenobich Stalnikowitz:

 

“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?”.

 

Los CC. María Olga Noriega Sáenz y David Kershenobich Stalnikowitz: “¡Sí, protesto!”

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: “Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande”.

 

¡Muchas felicidades, señores consejeros!

 

(Aplausos)

 

Solicito a la comisión designada acompañe a nuestros consejeros a retirarse de este salón cuando así lo consideren.

 

(La comisión cumple)

 

Compañeros Senadores: Les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un acuerdo por el que se recibe con beneplácito la visita oficial que realizará a México la Presidenta de la República de Corea.

 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos de hoy, el acuerdo referido por la Presidencia.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de expresarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Dé cuenta la Secretaría de los puntos resolutivos del acuerdo.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy cuenta de los puntos resolutivos del acuerdo:

Primero.- El Senado de la República recibe con beneplácito la visita oficial que realizará a México la Presidenta de la República de Corea del Sur, señora Park Geun-hye.

Segundo.- Se hacen votos para que se profundicen las relaciones entre ambas naciones, para el beneficio de sus ciudadanos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a su consideración.

En virtud de no haber oradores inscritos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que ha sido leído.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el acuerdo por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por la visita de la Presidenta de la República de Corea del Sur.

Comuníquese.

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 35, y se adiciona el artículo 30 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en materia de reforzamiento de facultades para sancionar actos discriminatorios.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

Quienes estén porque se omita, sírvanse expresarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente.

El 20 de marzo del 2014 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, una serie de reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que tuvieron principal origen en el enfoque de los derechos humanos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el mes de junio de 2011, y se basaron en los instrumentos, resoluciones y recomendaciones de carácter internacional en materia de igualdad y no discriminación.

A más de un año de observar la operación de las modificaciones realizadas a la ley, hemos percibido la necesidad de realizar una serie de modificaciones con la finalidad de perfeccionar su contenido y potenciar su alcance.

En ese sentido, las comisiones dictaminadoras coincidimos en perfeccionar el funcionamiento del organismo encargado de promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, y avanzar así en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Por lo antes expuesto, hoy sometemos a consideración de esta soberanía, un proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación, plasmada la facultad expresa en la persona que ocupa la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para emitir y suscribir resoluciones por disposiciones e informes especiales y, en su caso, establecer medidas administrativas y de reparación, derivadas de las quejas que por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere la ley, resulten atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como personas servidoras públicas federales y a los poderes públicos federales.

También la facultad de delegar dichas atribuciones a la persona titular de la dirección general Adjunta de Quejas.

Y para permitir la renovación máxima de hasta seis asambleístas del Consejo, para efectos de dar continuidad a la labor que realiza la Asamblea Constitutiva, así como en las aportaciones que cada  persona integrante de la misma tienen relación a los proyectos y programas que desarrolla el Conapred.

 

Compañeras y compañeros Senadores: La discriminación es una situación que desafortunadamente existe en nuestro país y que repercute finalmente en la desigualdad de trato social a los grupos más vulnerables y, por ende,  en la restricción o violación de sus derechos en la negación de oportunidades de desarrollo.

 

La discriminación mantiene a nuestra sociedad sumida en viejos atavismos autoritarios, porque constituye en sí misma una negación de derechos y una ruptura del principio de igualdad formal de todos en un Estado de derecho.

 

Por ello los invito a probar este dictamen que se suma a las acciones que hemos emprendido para erradicar la discriminación.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

 PRESIDENCIA DE LA SENADORA

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Merodio.

 

Está a discusión en lo general el dictamen.

 

Y ha solicitado hacer uso de la palabra la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor.

 

La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Con su venia, señora Presidenta.

 

El dictamen que votaremos a continuación, es de suma importancia para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Ya que creemos que todos los temas que cobijan a los sectores más desprotegidos de México deben de ser prioritarios.

 

En el Partido Acción Nacional siempre hemos apostado por la participación de todas las partes de la población sin distingo alguno.

 

Por ello, desde 2003 por medio de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que creo el Conapred, en tiempos de gobierno panista, comenzó a trabajarse para tener una institución que vele por los intereses de todas y todos los mexicanos, y promover la construcción de una sociedad incluyente que rechace todas las formas de discriminación, exclusión o cualquier tipo de segregación.

 

Los peores males en el mundo y las peores guerras entre los pueblos, se han debido históricamente a la discriminación entre la gente.

 

No podemos permitir que aún en estos tiempos existan problemas por distinción racial.

 

Que unos subestimen a otros a razón de discapacidades físicas o mentales.

 

Por condiciones económicas o sociales.

 

Por ideologías diferentes.

 

Religión o preferencias sexuales.

 

Cualquier tipo de discriminación es absolutamente condenable.

 

Sabemos bien que los niveles más altos de la democracia, sólo se alcanzan cuando una comunidad se equilibra en todos los aspectos y que el respeto a los derechos humanos de todos por igual. Es básico para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades.

 

Como el dictamen prevé, es necesario afinar a las instituciones y enriquecer sus capacidades con el fin de mejorar el alcance de sus objetivos.

 

En este caso, lo que buscamos es dotar de facultades al presidente del Conapred, para que pueda emitir y suscribir las resoluciones con el propósito de que las personas  hayan sido víctimas  de algún tipo de discriminación, no queden desamparadas ante algún vacío legal.

 

Ahora, con la reforma propuesta, se le faculta para establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas que los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta ley. Sin importar que sean atribuidas a  particulares o servidores públicos federales.

 

Con lo anterior, el Consejo obtendrá mayor autonomía técnica y de gestión y su titular podrá delegar facultades que permitirán a la institución ejercer sus atribuciones con eficacia en favor de las víctimas  de algunas prácticas discriminatorias.

 

Para el Partido Acción Nacional, la justicia social es necesario para poder edificar una patria ordenada y fraternal, ya que el bien común es eso, un empeño por abarcar a todas y todos en las mejores condiciones de vida.

 

Los derechos humanos no son para unos cuantos en este país. Deben estar protegidos para la totalidad de los mexicanos.

 

Como dijo Efraín González Morfín: “La justicia social debe de ser fundamental una virtud del ser humano, un hábito bueno, una voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo suyo, así la justicia social, a la que también se llama justicia del bien común, es la voluntad constante de cumplir con las exigencias  del bien común nacional”.

 

Por ello, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, acompañará con su voto a este dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

Muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Martínez Elizondo.

 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

 

La Senadora Margarita Flores Sánchez: Con su venia, Senadora Presidenta.

 

Honorable Asamblea: Acudo a esta tribuna en representación del grupo parlamentario del PRI para pronunciarnos a favor del dictamen  de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 

Los cambios armonizan la legislación en materia presupuestal, fortalecen las atribuciones de la Presidencia del Consejo e incrementa el número de integrantes de la Asamblea consultiva que pueden renovarse al año, a través de la modificación se propone  que el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, pueda emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales.

 

Asimismo que pueda establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas que por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias resulten o sean imputadas a particulares, personas físicas o morales, a personas  servidoras públicas federales y a los poderes  públicos federales.

 

Cabe recordar que dicho ordenamiento legal fue reformado en marzo de 2014 con la finalidad de armonizar su contenido al nuevo enfoque de derechos humanos de la Constitución Política.

 

Sin embargo, algunos artículos limitaban las praxis del titular y sus consejeros. De ahí es esta iniciativa.

 

Con esta acción legislativa, se fortalece la Conapred, que es la instancia responsable de proteger a ciudadanas y ciudadanos de  toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción  u omisión, con intención o sin ella, tenga como resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el ejercicio de los derechos humanos y las libertades.

 

Compañeras y compañeros Senadores: En todo el mundo la discriminación continúa lacerando a diversos grupos sociales, generando violencia de género y debilitando nuestra integración como sociedad.

 

Prevenir y eliminar la discriminación es una condición imprescindible para  construir un México próspero, igualitario y con oportunidades de desarrollo para todos.

 

El grupo parlamentario del PRI reitera su compromiso  y convicción con el respeto de los derechos humanos, erradicar las prácticas discriminatorias es una tarea conjunta que requiere acciones concretas.

 

Los invitamos a votar a favor de esta iniciativa, pues permitirá que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, continúe siendo el instrumento cúspide para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la igualdad y a la discriminación.

 

Es cuanto, Senadora Presidente, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Margarita.

 

Enseguida se concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Compañeras y compañeros.

 

Honorable Asamblea: Este dictamen resuelve una iniciativa presentada en octubre del 2015 por Senadores integrantes de mi partido el PRI y del Verde Ecologista,  como ya se dijo aquí por varios oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, porque se proponen reformas y adiciones a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que se considera de gran importancia. Es un tema vital.

 

Quiero hacer hincapié en que esta reforma  contribuye al cumplimiento de los objetivos del Milenio para la Agenda 2030 que se estableció en la ONU, en la Asamblea General y que además de la cual, México ya lo signó a favor, igual  que otros países, y que uno de ellos, el principal motivo de discriminación, el número uno de los objetivos es la pobreza.

 

En el objetivo número diez, es la de eliminar cualquier tipo de obstáculo para poder o sea para no segregar a las personas.

 

Y el objetivo dieciséis es el de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, y facilitar el acceso a la justicia con instituciones eficaces en todos los niveles.

 

Y esta iniciativa precisamente fomenta el cumplir con el objetivo dieciséis para la agenda 20-30, por eso saludamos, desde el PRI aplaudimos el que todos los miembros de la Comisión  la hayan votado a favor y que hoy, pues, hoy esté este dictamen aquí en nuestras manos, y yo espero que también sea votado en pro.

 

La Conapred, como ustedes saben, es el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, y esta iniciativa prevé que haya un dinamismo para poder, no cambiar, sino acelerar o dinamizar a sus miembros, los miembros del consejo, y que puedan así tener una rotación de por lo menos cada año para que puedan nutrir a la propia Conapred con experiencia y con positivismo en cuanto a las áreas en las que se desempeñan como pueden ser las ONG, como pueden ser las universidades, como pueden ser también funcionarios que hayan estado y establecido todo  lo que tenga que ver en  materia de derechos humanos.

 

Creo que esta es una iniciativa muy importante porque esta renovación anual va a permitir de poderse permear de nuevas ideas y de  poder renovar constantemente estos integrantes.

 

También se prevé la autonomía técnica y de gestión del Consejo Para Prevenir la Discriminación, y sobre todo contribuir a algo muy importante de los OCDE de la Agenda 20-30 que es el desarrollo con inclusión social.

 

Nadie puede quedarse fuera de gozar de todos los derechos para todas las personas.

 

Asimismo, en el Sistema Interamericano integrado por la Organización de los Estados Americanos de la OEA ha hecho hincapié precisamente en este tipo de temas,  por eso, es hoy más que nunca importante el de poder fortalecer las instituciones como es la Conapred y sus miembros, incluyendo la presidencia, facultándolo de más atribuciones para cambiar una realidad, que, desgraciadamente impera en nuestro país y que es permanente, y no solamente en nuestro país, sino en nuestro continente americano, que es, la discriminación, la segregación  basado en el sexo, en la religión, en la parte económica, como tiene que ver el de nacer o ser pobre, y precisamente este tipo de iniciativas vienen a enriquecer la vida nacional.

 

Es cuanto, y votemos todos a favor.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Marcela Guerra.

 

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.

 

Sean ustedes bienvenidos.

 

(Aplausos)

 

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, me permito dar cuenta de la votación.

 

Se emitieron 85 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones, Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretario.

 

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que reforman los artículos 3 y 35 y se adiciona una fracción XI-Bis al artículo 30, todos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 constitucional en materia de derechos de las víctimas.

 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, me permito dar cuenta del voto a favor en la votación anterior, del Senador Daniel Ávila.

 

Consulto a la Asamblea, por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

 

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque no se omita, sírvanse expresarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Si se omite la lectura, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretario.

 

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos  Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, y hasta por 10 minutos.

 

El Senador Enrique Burgos García: Con su anuencia señora Presidenta.

 

Honorable Asamblea: En cumplimiento de nuestro orden interno tengo el gusto de presentar a ustedes el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera, que propone adicionar la fracción XXIX-X del artículo 73 constitucional, a fin de que el Poder Legislativo de la Unión asuma la facultad de expedir la Ley General para establecer la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de los derechos de las víctimas de los delitos.

 

Al hacerlo, deseo dejar constancia del reconocimiento al trabajo de los integrantes de dichas comisiones y particularmente a la Senadora Angélica de la Peña y al Senador Raúl Gracia Guzmán.

 

En primer término deseo referir a ustedes que este dictamen tiene dos antecedentes, uno en la LXI Legislatura y otro de carácter próximo. 

 

El primero es el proceso del órgano revisor de la Constitución, derivado de la iniciativa que en abril de 2012 presentó el entonces Senador José González Morfín.

 

Lo resuelto entonces por este Senado y las modificaciones de la  Cámara de Diputados y que remitió de nueva cuenta a este Senado para los efectos del párrafo e) del artículo 72 constitucional el 23 de abril de 2013, ya  en pleno ejercicio de la LXII Legislatura.

 

El segundo es la presentación de una nueva iniciativa en materia de atención a víctimas de los delitos por parte de su servidor, por las razones que ahora explico.

 

Al reflexionarse sobre el procedimiento legislativo del órgano revisor de la Constitución, al haberse realizado el 23 de abril del año pasado la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos  Constitucionales y de Estudios Legislativos, que implicaba cambios a lo ya aprobado hasta ese momento por ambas Cámaras, en funciones de origen y de revisora, en razón del paso del tiempo y la aprobación de otros decretos de reformas constitucionales, particularmente el relativo a la reforma de las instituciones políticas y de gobierno de la Ciudad de México, se estimó que ya no procedía introducir nuevas modificaciones, así fueran sólo de nomenclatura, sin el riesgo de vulnerar lo previsto por el artículo 72  constitucional.

 

¿En qué consiste el planteamiento de esta reforma?

 

Aunque en apariencia se trate de una cuestión relativamente sencilla, cabe enfatizar, de manera particular, cuál es su objeto.

 

Se trata de otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación general en materia de derechos de las víctimas de los delitos, y ello tiene una doble implicación, por un lado, establecer con nitidez el sustento para expedir normas generales que se apliquen de manera concurrente por los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, y por la otra, de limitar la libertad de configuración legislativa de las entidades federativas en esta materia con base en las previsiones de la legislación emitida por el propio Congreso de la Unión.

 

¿Por qué es relevante la modificación?

 

En las comisiones dictaminadoras hemos estimado la relevancia de esta propuesta por su estrecha vinculación con la previsión de los derechos de las víctimas de los delitos que se contempla en el Apartado C del artículo 20 constitucional, de acuerdo con la reforma de que fue objeto en 2008 con motivo del establecimiento del sistema acusatorio para la persecución y enjuiciamiento de los delitos.

 

Si nuestro país se ha movido hacia una revisión integral de su Sistema de Justicia Penal donde resultan pilares los códigos o las leyes nacionales en materia de procedimientos penales, mecanismos alternativos de solución de las controversias, ejecución de penas y justicia penal para adolescentes, resulta acorde a esa sistemática que la legislación para atender las obligaciones del Estado mexicano con las víctimas de los delitos, tenga carácter general, o en otras palabras, previsiones homólogas para todos los órdenes de gobierno.

 

Por otro lado, desde la perspectiva estrictamente técnica, el dictamen que se somete a su consideración sólo considera un artículo transitorio para establecer la entrada en vigor de la adición al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Ello obedece a que encontrándose expedida la Ley General de Víctimas y la legislación correspondiente de las entidades federativas, el Poder Legislativo Federal pueda ejercer la facultad legislativa en cuestión en cualquier momento que lo estime pertinente y que a través de ese ejercicio se dispongan los plazos para la actuación subsecuente de las legislaturas de los  estados.

 

Estimadas integrantes de esta Asamblea senatorial.

 

Esta propuesta de adición constitucional aborda un asunto muy sensible para la sociedad mexicana y para todos nosotros. El delito constituye una grave ruptura de nuestras normas de convivencia y de armonía social.

 

Se diseñan, y aquí hay muchas Senadoras y muchos Senadores que han contribuido a ese esfuerzo, las normas que contienen los delitos o los tipos penales con la más firme intención de disuadir a toda persona de incurrir en esa conducta, la aspiración legítima del legislar, es que la connotación de reproche social grave a cierto comportamiento y el señalamiento de la pena correspondiente, disuadan a incurrir en él.

 

Nuestro Estado, el Estado mexicano ha afirmado no sólo sus deberes de investigación en los delitos y de procuración, de impartición de justicia en el ámbito penal, sino en el reconocimiento de quienes han sido víctimas de un delito, puedan ejercer sus derechos a ser asesorados en el procedimiento penal, a coadyuvar con el Ministerio Público y a actuar el expediente, a recibir la atención médica y psicológica que requiera, a que se le repare el daño causado, a que se proteja su identidad cuando por su condición de menor el delito de que se trate o la posibilidad de riesgo a su integridad física, así se requiera, y a que se tomen todas las medidas para protegerlo y restituirle en el uso de sus derechos.

 

Con el propósito de avanzar en el fortalecimiento del orden jurídico para la protección de los derechos de las víctimas de cualquier ilícito penal, solicito atentamente a esta Asamblea su voto favorable al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos. 

 

Muchas gracias, estimada Presidenta.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Senador.

 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta.

 

Señoras Senadoras, señores Senadores.

 

El proyecto de dictamen que está a discusión para dotar de base constitucional a la normativa secundaria en materia de atención a víctimas, coincidimos en que tiene el propósito de propiciar la viabilidad técnica de la incorporación a nuestra ley suprema la facultad del Poder Legislativo de la Unión para expedir la legislación general en materia de derechos de las víctimas de una conducta delictiva o de víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos a la luz de los antecedentes para alcanzar este objetivo en nuestro orden supremo jurídico.

 

Se coincide también en que pese a los esfuerzos del Congreso de la Unión para dotar de esa base constitucional a la normativa de la Ley General de Víctimas, no había sido posible efectuarlo, pues, en los considerandos del dictamen se establece que no se había concretado por la  misma dinámica de los procesos legislativos, el paso, el tiempo y la misma expedición de la Ley General de Víctimas, hoy vigente.

 

Adicionalmente se coincide con el dictamen en cuestión que en el espectro nacional hay un amplio consenso en nuestro país para que se cuente con normas homólogas en los ámbitos federal y local de gobierno en materia de atención y  protección de los derechos de  las víctimas por la comisión de un ilícito penal, pero también agregaríamos de manera enfática por violaciones a los derechos humanos, por lo que es necesario dotar al Congreso de la Unión de la facultad que se plantea en el dictamen en debate por este Pleno en el Senado de la República.

 

En efecto, de acuerdo con los informes y reportes de los representantes de los organismos de Naciones Unidas, así como de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su Informe del 2015 sobre nuestro país ha requerido que existe una crisis en materia de derechos humanos y que desde luego la protección de los derechos fundamentales de las víctimas es una de las partes medulares para la construcción de un auténtico Estado de derecho y una democracia vigorosa con plenas garantías constitucionales para los derechos humanos de las víctimas.

 

A mayor abundamiento, tanto la Reforma de Justicia Penal de junio de 2008, próxima a entrar en vigor en todo el país, en particular la que tiene que ver con el artículo 20, Apartado C en armonía y conjugación progresiva con el artículo primero de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos del 11 de junio del 2011, permite afirmar que todas nuestras autoridades, y en particular los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas tienen un ineludible imperativo que los obliga, pues ahora cuentan con un poderoso bloque constitucional de derecho para la protección de las víctimas, sobre todo por la amplia y vigorosa riqueza de la normativa de fuente internacional tanto de la Organización de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

 

En ese tenor, el dictamen que ponemos a su consideración, señoras y señores, contienen su núcleo esencial, el sustento constitucional de la facultad para que el Congreso de la Unión emita la legislación general en materia de derechos de las víctimas y al hacerlo establezca las normas aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia por los órdenes de gobierno federal, local y del ámbito municipal, lo cual tiene la finalidad explícita de establecer la base normativa constitucional que permita solventar técnica y legislativamente la base jurídica de la Ley General de Víctimas que requieren con urgencia las víctimas de delitos y las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

 

Como se establece en la consideración sexta,  el dictamen que examinamos. Hoy nuestra Constitución reconoce los derechos de las personas y las obligaciones del poder público para:

 

a)     Brindar asesoría jurídica a la víctima.

b)    Significar su participación al proceso penal como coadyuvante del Ministerio Público.

c)     Precisar su acceso a la atención médica y psicológica que demande su condición.

d)    Actuar a favor de la reparación del daño.

e)     Resguardar su identidad en los casos donde necesario.

f)     Acceder a las medidas cautelares y providencias para su protección y restitución de sus derechos.

g)    Reconocer su derecho a impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones de la autoridad de procuración de justicia.

 

Entre todos estos derechos que acabo de anunciar, que son fundamentales para las víctimas, de conformidad con el dispositivo primero constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte.

 

En ese sentido, y como reconoce el proyecto de dictamen, se trata de derechos indeclinables que requieren un desarrollo legislativo basado en una normatividad homóloga para la República, lo que estamos ciertos puede lograrse a través de la emisión de la legislación general correspondiente que tenga aplicabilidad en todo el país y resolver el grave problema que tenemos hoy respecto de las faltas que tienen muchos de los congresos de los estados donde no han legislado una ley en la materia o donde lo han hecho, simplemente sigue siendo una ley muerta, las víctimas nos exigen respuestas.

 

Por todo lo anterior, estamos de acuerdo y votaremos a favor, y les pedimos a ustedes que voten a favor de este dictamen que hoy ponemos a consideración que reforma el artículo 73, fracción      XXIX-X para expedir la Ley General que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

 

Es cuanto, muchas gracias por su atención.

 

La Comisión de Derechos Humanos les pide su voto a favor del presente dictamen.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una propuesta de modificación sobre ese dictamen, misma que someteremos a consideración.

 

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños.

 

Si la Asamblea la acepta, la discusión del articulado será con las modificaciones incorporadas.

 

Solicito a la Secretaría les dé lectura.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia doy lectura:

 

Propuesta de modificación al dictamen:

 

Artículo 73, fracción XXIX-X, dice a la letra: Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.

 

Es todo, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre al texto del dictamen.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que las modificaciones se integren al dictamen.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Sí se autorizan, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas en este momento por las Asamblea.

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral primero, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos cada uno.

 

Tiene la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Partido Verde Ecologista de México, para posicionar por el grupo.

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, Senadora Presidenta.

 

Compañeras, compañeros Senadores, buenas tardes.

 

El presente dictamen tiene como finalidad precisar la facultad del Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de derechos de las víctimas donde se determina la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

 

En alcance de dicha aprobación es brindar mayor soporte y certidumbre en la potestad de legislar en materia de los derechos de las víctimas, protección con ampliación de las sanciones de los servidores públicos a los tres órdenes de gobierno en las que tendrán que ser homologadas y apegadas en una atención a las víctimas en forma oportuna, rápida, equitativa, efectiva, bajo el esquema del esquema acusatorio.

 

Es de mencionar que desde el Congreso de la Unión hemos avanzado en materia de defensa a las víctimas siempre en torno al debido proceso y acceso a la justicia, garantizando el respeto a la dignidad humana y brindando un trato justo que permita lograr la reparación del daño.

 

Debemos recordar que con la reforma constitucional del 2011 se obligó al Estado a: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, lo cual permitió la expedición de la Ley General de Víctimas, ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 y fundamentada en los artículos 1, 17 y 20 de la Carta Magna dando cumplimiento a los tratados internacionales de los que México es parte.

 

Este ordenamiento reconoce y garantiza las necesidades de las víctimas y protege sus derechos fundamentales a través de una justicia restaurativa que permite reparar en forma integral la lesión causada.

 

Por otra parte, con la reforma del 2008, se reestructuró el artículo 20 constitucional brindando y ampliando mayores prerrogativas en materia de reparación del daño otorgando un sistema de justicia más atento y humano hacia los individuos que han sido afectados por algún delito.

 

Parte de lo que refrenda con este dictamen es que el Estado mexicano está a favor de las víctimas bajo criterios de atención y reparación del daño causado, bajo un adecuado sistema de justicia en nuestro país.

Es por ello que con la aprobación de esta reforma ratificamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos humanos, así como de los principios para la protección de las víctimas, facultando en forma específica al Congreso de la Unión para legislar en esta materia.

Es cuanto, Senadora Presidenta.

Gracias, compañeros.

 

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Presidenta.

Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

México vive desde hace varios años circunstancias adversas para la protección de la dignidad de las personas que para todas y todos parecían una realidad insólita.

Nunca, ni en nuestras pesadillas, nos imaginamos que cada día conoceríamos de actos de violencia de tanta irracionalidad y barbarie.

Desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, desapariciones cometidas por particulares, se han convertido en un fenómeno sistemático en muchas regiones del país. Ejecuciones sumarias y homicidios dolosos son una noticia constante.

La tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, son la práctica generalizada no sólo como mecanismos para obtener confesiones de intimidación y ejercicio del poder, sino como desplazamiento forzado de miles de personas.

Todo ello es información que hoy llena las páginas de los medios impresos y electrónicos que llenan los informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Y como respuesta tenemos la negación, una negación también sistemática de esta terrible realidad por parte de las autoridades federales en primer nivel y de las autoridades estatales o municipales.

En marzo del 2011 recién se cumplió el quinto aniversario del asesinato de un grupo de jóvenes del estado de Morelos. Esto fue el detonante para el surgimiento de un importante movimiento de víctimas que rompió el silencio e irrumpió la voz de las víctimas olvidadas, las que no han tenido relación con grupos de poder político o económico o legislativo, las que no eran atendidas, ni escuchadas, ni respetadas en su dignidad.

Eran sólo cifras, eran criminalizadas, eran personas no identificadas, eran daños colaterales y eran víctimas de la violencia derivada de una errada estrategia de militarización de la seguridad pública impuesta desde el año 2006, y la que hasta la fecha de hoy se continúa.

En este Movimiento por la Paz con Justicia Social que surgió en el 2010 como confluencia de familiares de personas desaparecidas y de personas ejecutadas, de personas torturadas y de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones que demandaban la paz, el fin de la violencia y la guerra intestina, participó un asesor de una servidora y de este Senado de la República.

En memoria de él, de Ignacio Suárez Guape, es que hoy celebramos que se esté firmando por fin y dando paso a la aprobación de esta iniciativa.

Se reunieron con el Presidente en turno en dos ocasiones, con las y los legisladores, con las y los candidatos a la Presidencia de la República.

El único logro legal reconocido de este movimiento fue la Ley General de Víctimas publicada por el actual Ejecutivo Federal el 9 de enero de 2013.

Pocas leyes han pasado por un veto presidencial, una controversia constitucional y tantos ataques de entonces y de ahora, sobre todo por su contenido profundamente garantista que concede y reconoce a las víctimas los derechos humanos y a las víctimas del delito.

Hoy estamos aprobando una reforma constitucional que consolida la base legal que desde el 2011 estaba fundamentada en el tercer párrafo del artículo 1 y en el segundo transitorio, ambos de la reforma constitucional en derechos humanos, así como el artículo 17, el párrafo c) del artículo 20 y el segundo transitorio, todos ellos de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal que señalan la obligación del Congreso de la Unión de legislar en materia de reparación a víctimas de la violencia, a derechos  humanos, víctimas del delito.

Y esa legislación es precisamente la Ley General de Víctimas, producto del consenso de ese gran movimiento que levantó la voz de este Congreso.

Esta reforma, sin lugar a dudas, fortalece los derechos de las víctimas, abre el espacio para profundizar la justicia restaurativa que representa en nuestro país la propia ley.

 

En un momento en el que se carece de un número de personas cuyos derechos son anulados y menoscabados, ya sea por autoridades o por grupos delincuenciales.

 

Se requiere apostar con mayor decisión por el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y por las garantías de la  no repetición.

 

Ello significa que deberíamos reformar la ley actual, preservando todos los principios garantistas que le dieron origen y modificación a profundidad a la estructura burocrática que ha surgido del reglamento y de la inadecuada interpretación que hacen las personas que nosotros como Senado elegimos para operar la ley, y el Sistema Nacional de Víctimas.

 

El Movimiento Nacional de Víctimas  que se ha organizado para trabajar con este sentido. En este Senado de las leyes generales de desaparición de personas y de tortura, así como las víctimas de otros hechos violatorios de la dignidad y de la vida y de la libertad, quieren acompañar la reforma de esta ley; quieren preservar su carácter garantista y de justicia restaurativa y van a defender los alcances de las primeras leyes surgidas del movimiento social.

 

Bienvenida por ello está reforma constitucional que coloca nuevamente a las víctimas de este país en el eje central de la política de derechos humanos y de la gobernanza democrática.

 

Es por eso que en memoria de algunos de muchos, de miles, de millones, como José Luis Torres Castañeda, Rafael Sánchez Moreno. Es que celebramos que se dé este paso tan importante y esperando obviamente la aparición de los desaparecidos, entre ellos de María Mariscal Magaña, ex regidora.

 

Muchísimas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Iris Vianey.

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Héctor Flores Ávalos, del Partido Acción Nacional.

 

El Senador Héctor Flores Ávalos: Gracias, Presidenta.

 

Compañeros y compañeras Senadoras: Vengo a hacer un posicionamiento a favor por parte del grupo parlamentario del PAN, en relación con esta modificación al texto constitucional en el artículo 73, relativo a la Facultad del Congreso de la Unión, para expedir esta Ley General en materia de Derechos de las Víctimas que, desde luego, compromete no solamente a la Federación, sino a los estados, a los municipios y ahora con la reciente reforma constitucional, al gobierno de la Ciudad de México y de sus demarcaciones territoriales.

 

Lo primero que habría que decir en este tenor y que, me parece importante resaltar, es que esto, desde luego, cobra un mayor sentido, a partir de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos que, efectivamente, marca un nuevo paradigma constitucional en ese tema.

 

Me parece que estamos dando paso en el sentido correcto de reforzar de reforzar la tendencia del Estado mexicano, a la protección de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas.

 

Eso me parece que, desde luego, significa congruencia en el quehacer público y político.

 

El otro tema que me parece importante resaltar es que con esta modificación se despejan algunas dudas como las que en algún momento se vertieron sobre la propuesta del Presidente Felipe Calderón para que pudiera legislarse en esta materia y en esos términos.

 

La pregunta que me gustaría plantear y que quisiera apuntar algunas ideas para responder es ¿Por qué una Ley General?

 

¿Por qué una Ley General en materia de Derechos y de Protección de Derechos de las Víctimas?

 

Creo que este es un tema sustantivo, indudablemente, es un asunto que compromete o debe de comprometer una política de Estado; una política de Estado considerada desde luego en todos sus órdenes de gobierno y en todas las organizaciones públicas que conforman el concepto de Estado. Ese es el sentido de la Ley General.

 

Ha habido otras materias en las cuales, como ustedes conocen, en equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, en deporte, en seguridad, en asentamientos humanos, en salud, en fin.

 

En las cuales el Estado mexicano reconoce la importancia de avanzar en un mismo sentido, respetando desde luego la soberanía de los estados y de la Ciudad de México, pero avanzar en un mismo sentido.

 

Por eso el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se pronuncia a favor de este dictamen y nos parece, como lo decía hace un momento, que es un paso más en el sentido correcto.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Héctor Flores.

 

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum, en nombre del Partido Revolucionario Institucional.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, Presidenta.

 

El grupo parlamentario refrenda el compromiso que siempre ha tenido con la materia de los derechos humanos, con el impulso, la defensa y la promoción de los derechos humanos.

 

Como ustedes saben, ha sido un proceso largo, pero importante de construir una base constitucional de la defensa de los derechos humanos, y tengo el gusto de haber participado en el 2011 en esta defensa que se dio para establecer un marco normativo tan importante, que lo era en ese momento, pero hoy cada día lo es más.

 

Y producto de esta reforma, se han venido desdoblando una y otras acciones  importantes que  tienen que ver con la defensa de los derechos humanos.

 

Yo quiero felicitar a uno de los iniciadores, debe de haber muchas iniciativas, pero especialmente al Senador Enrique Burgos, por esta propuesta que hizo y que increíblemente en la Comisión de Puntos Constitucionales, sin mayor pasó y se aprobó en comisión la posibilidad  de esta legislación en favor de las víctimas, producto de los delitos que se cometen en contra de ellas, y que el gobierno, el Estado mexicano debe no solamente brindar la atención a las víctimas, sino reparar, resarcir, estar pendiente con una atención de calidad, que es lo que estamos buscando, pero la propuesta que tenemos a la vista, habla de cómo esta proposición que tiene que ver con la participación de los tres órdenes de gobierno.

 

No basta la intención del gobierno de la República si no está armonizado con los estados y los municipios. Los casos que hemos visto es cómo ha habido una desarticulación en esta parte, y esta legislación propone exactamente la armonización, el acuerdo, la coordinación que tiene que ver en los tres niveles de gobierno.

 

No queremos una legislación que deje dudas acerca de la atención que tiene que tener  las víctimas, producto de los delitos, no queremos contradicciones ni lagunas, precisamente por eso, esta reforma que hoy presentamos, este dictamen que hoy se presenta, tiene que ver con subsanar toda aquella parte de normatividad que todavía no habíamos abordado y que no tiene otro propósito que el de atender a las víctimas de los delitos.

 

Por eso mi grupo parlamentario está a favor de la observancia, el respeto y el pleno  cumplimiento de los derechos humanos en favor de todas y todos los mexicanos, incluidos las víctimas de delito, pero también  porque terminemos con esta doble afectación que tradicionalmente han sufrido las víctimas dentro del proceso penal mexicano.

 

Por su atención, por su apoyo a favor de este dictamen, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

 

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

 

Y para ello tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, a favor del dictamen.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, Presidenta.

 

Justo el día 28 de marzo, se conmemoró el quinto  aniversario del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Ese día, Javier Sicilia recordaba aquel momento y levantaba la voz diciendo: “Hace cinco años salimos más de un millón de personas a reclamar nuestros derechos, a reclamar que cambiaran las cosas”. Y efectivamente cambiaron. Hoy están peor  que hace un lustro.

 

Ese gran movimiento de víctimas que inundó las calles de todo México,  y que hizo valer su voz de distintas maneras, hoy sigue exigiendo que las cosas cambien; que las políticas sobre seguridad y prevención del delito sean efectivas y adecuadas, que el Ejército y la Marina regresen a sus cuarteles, que se limpien de corrupción las instituciones policiales, y sobre todo, que aparezcan los más de 27 mil desaparecidos, que se sancione a los funcionarios  públicos que han permitido esta debacle institucional y que se repare el daño a los otros miles de víctimas de esta absurda guerra.

 

Como resultado de ese movimiento se obtuvo la Ley General de Víctimas, un instrumento  legal, importante que al día de  hoy tiene que ser adecuada y actualizada a la realidad, que día a día siguen viviendo miles de víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en todo el país, ya que se ha convertido en una legislación compleja que inserta a las víctimas en complicados procesos burocráticos que terminan por agotarlos y hartarlos.

 

El dictamen que se presenta para reformar el artículo 73 de la Constitución facultando al Congreso de la Unión para legislar sobre este tema, adiciona un componente que no es menor, señalando que es obligación de este órgano colegiado el establecer las concurrencias de los tres órdenes de gobierno en esta materia.

 

Y señala esta adición como relevante precisamente porque el respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas le corresponden al Estado mexicano en su conjunto, y no sólo a un área, a una instancia como equivocadamente se ha pretendido exponer ante la opinión pública.

 

Los derechos de las víctimas atañen el acceso a la justicia, a la verdad, la memoria, la sanción de los responsables, la reparación integral del daño, la creación de medidas de no repetición, medidas de satisfacción y de indemnización proporcionales al daño sufrido, atención psicosocial y atención médica, son todas responsabilidad no sólo de los tres órdenes de gobierno, sino de toda la estructura administrativa, de la administración pública en su conjunto.

 

Por ello, el establecimiento de una nueva legislación en la materia que establezca claramente las competencias y obligaciones a cada autoridad resultará muy importante.

 

La crisis humanitaria en México es muy grave.

 

A los casos emblemáticos de desapariciones forzadas, de torturas, de feminicidios, de agravios a la población civil,  ahora se suma el intento de algunas autoridades estatales para criminalizar la protesta social y criminalizar a las víctimas.

 

Estamos de acuerdo en darle mayor certeza jurídica a una Ley General de Víctimas, nos preocupa ciertamente que esta modificación constitucional sea un pretexto para no atender a las víctimas o para postergar la concreción de una nueva Ley de Derechos de las Víctimas.

 

Las víctimas son una emergencia nacional, justo, por eso esta reforma constitucional es demasiado importante, y debemos ponernos también objetivos concretos de plazos precisos para concretar este mismo cambio constitucional, porque corresponde al Constituyente Permanente e implica al menos a 17 congresos locales más, así como ponernos plazos para hacer una nueva ley de víctimas.

 

Por ello, en aras de seguir avanzando hacia la construcción y los consensos que nos permitan arribar a esa nueva ley de víctimas, el día de hoy votaremos a favor este dictamen, asumiendo el compromiso de que en las próximas semanas deberemos alcanzar hacia una nueva legislación que la sociedad, y sobre todo las víctimas nos están demandando.

 

Es cuanto, muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

 

Ahora tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Garza Galván, para hablar a favor del dictamen.

 

La Senadora Silvia Garza Galván: Gracias señora Presidente.

 

Y con su  permiso, hay que ponerle nombre cuando venimos aquí a decir el por qué una nueva Ley General de Víctimas.

 

Y porque el tiempo le dio la razón al ex Presidente Calderón, cuando presenta la controversia constitucional para decir que no estábamos facultados para legislar en esta materia.

 

Y que  llega el  Presidente Peña Nieto y se desiste. 

 

Pues hoy, hoy este día vamos a autorizar esta reforma a la Constitución, al 73 constitucional, para tener facultades.

 

Así es que yo los invito, compañeras y compañeros de todas las fuerzas políticas, a tomar esta nueva oportunidad de hacer una nueva ley de  víctimas acorde a la realidad.  Una nueva ley de víctimas que le sirva a estas personas, moderna, pero una nueva ley de víctimas, donde la víctima sea el centro de la justicia, porque al parecer hay muchas acciones que estamos favoreciendo al victimario, y eso es lo que tenemos que hacer, que la víctima sea primero, y luego siga la víctima y termine siendo la víctima, haciéndole el favor, y que el Fondo de Víctimas de más de mil millones de pesos les sirva a todas estas personas.

 

Así es que felicidades, Presidente Calderón, el tiempo le dio la razón. Gracias por ser una persona tan culta y bien preparada.

 

Es cuánto, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Silvia Garza Galván.

 

Ahora tiene el uso de la palabra la Senadora Lucero Saldaña Pérez, para hablar al favor del dictamen.

 

Por no encontrarse en el Pleno la Senadora, damos turno al Senador Armando Ríos Piter, para hablar a favor. Tampoco se encuentra.

 

Tiene la palabra la Senadora Yolanda de la Torre, para hablar a favor del dictamen.

 

Por no encontrarse la Senadora y habiéndose agotado la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

 (Se recoge la votación)

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez (Desde su escaño): Pido la palabra, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sonido en el escaño de la Senadora Yolanda de la Torre, por favor.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez (Desde su escaño): Muchas gracias.

 

Senadora Presidenta, sólo solicitarle que mi intervención quede registrada en el Diario de los Debates.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Claro que sí, Senadora, quedará debidamente integrado en el Diario de los Debates.

 

Asimismo, hago del conocimiento del Pleno que se recibió igual el posicionamiento de la Senadora Lucero Saldaña, a favor del dictamen, mismo que también se integrará al Diario de los Debates.

 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 87 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretario.

 

Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Compañeros Senadores.

 

Recibimos en la Mesa Directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican las comisiones del Senado.

 

Consulte la secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren los asuntos del acuerdo referido por la Presidencia.

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, señor Secretario.

 

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé cuenta con sus puntos resolutivos.

 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo.

 

Primero.- Que la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores,  América del Norte, y deja de pertenecer a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Segundo.- Que el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como Secretario de la Comisión de Asuntos Legislativos, Segunda, y deja de pertenecer a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Tercero.- Que la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como Secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana.

 

Cuarto.- Que la Senadora Erika Ayala Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de la Comisión de Educación.

 

Quinto.- Que la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo deja de pertenecer a la Comisión de Desarrollo Social.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión el acuerdo.

 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.

 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de manifestarlo.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobado el acuerdo, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

 

Comuníquese.

 

Hago de su conocimiento que la Mesa Directiva acordó emitir un pronunciamiento en conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que tendrá ocasión el próximo 2 de abril.

 

El autismo afecta la forma en que una persona interpreta todo su entorno, lo que ve, oye y toca, dificulta su comprensión, el uso del lenguaje, las relaciones sociales, la imaginación y el juego.

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como el “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, con el fin de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños  y adultos que sufren este trastorno.

 

En solidaridad con esta importa fecha, la Mesa Directiva autorizó que las torres de comisiones se iluminen de color azul en la fecha de la conmemoración.

 

Compañeros Senadores.

 

Hago de su conocimiento que las efemérides inscritas en la agenda del día se integrarán al Diario de los Debates.

 

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 5 de abril, a las 11:00 horas)

 

Se levantó la sesión a las 14:40 horas.