SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,

CELEBRADA EL MARTES 29 DE MARZO DE 2016.

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: (11:49 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los Senadores.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado 88 ciudadanos Senadores.

 

En consecuencia, hay quórum señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Se abre la sesión del martes 29 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

 

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobada el acta, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Comisión de Desarrollo Rural su Informe de actividades correspondiente a la LXII Legislatura.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 30 de marzo al 2 de abril del 2016, con objeto de participar en la Cuarta Cumbre de Seguridad Nuclear, a celebrarse en Washington, D.C., el 31 de marzo al 1 de abril del año en curso.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: La Asamblea ha sido enterada.

 

Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el documento denominado Pronunciamiento sobre la Supervisión Penitenciaria.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública.

 

Pasamos al siguiente asunto.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

 

El Senador Óscar Román Rosas González: Muchas gracias, señor Presidente.

 

Con su permiso Senadoras, Senadores.

 

El etiquetado de alimentos juega un papel esencial en sus estándares de calidad, sanidad e inocuidad en el consumo de alimentos, pre envasados, que todos los mexicanos consumimos a través de la larga red de proveedores y supermercado disponibles.

 

El etiquetado de alimentos pre envasados forma parte del Codex Alimentarius, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, desde 1963.

 

La norma Codex plantea el etiquetado obligatorio de los alimentos en cuya etiqueta deberán aparecer criterios mínimos de información para el consumidor, el nombre del alimento, lista de ingredientes, coadyuvantes o aditivos complementarios, contenido neto y peso ocurrido, país de origen, lote de identificación, instrucciones de conservación, fecha máxima de consumo, contra indicaciones, forma de consumo e idiomas aceptados por el consumidor.

 

En México se ha adoptado el etiquetado de alimentos como un mecanismo de protección al consumidor, así al comprar alimentos y bebidas envasados, además de revisar la información relevante del producto alimenticio a consumirse, se puede dar cuenta de la fecha de consumo preferentemente y la fecha límite del consumo o de caducidad.

 

A pesar de contar con instrucciones especializadas y un amplio marco normativo para proteger los derechos de los consumidores, y en especial criterios normativos internacionales, adoptados a la legislación nacional que obligan a los comercializadores de alimentos y bebidas preenvasadas poner en la etiqueta la fecha de caducidad en los productos, hoy en día siguen presentándose casos donde la venta de alimentos caducos en tiendas y supermercados pone en peligro la salud de los consumidores.

 

El año pasado la Profeco inició proceso contra diversas tiendas de autoservicio por tener las ventas de productos caducados, el 24 de marzo del 2015, la delegación de la Profeco, en Veracruz, retiró varios productos caducos en las sucursales de Wal-Mart, entre los que se encuentran jugos, carne de res y pollo que contenían etiquetados con fecha de caducidad vencida.

 

En el mes de junio de 2015, la Profeco sancionó a una tienda Chedraui en Aguascalientes por vender productos que ya habían caducado, esto en ocasiones se verificaron diversos tipos de quesos y embutidos, los cuales comenzaban a presentar signos de descomposición como hongos y lama. Por esta razón, la delegación de dicha entidad procedió a la suspensión del área de venta de los productos que ya habían sido caducados, así como la imposición de una multa por 200 mil pesos, además de diversos procesos abiertos por la denuncias de los consumidores.

 

Si bien, la permanencia de productos vencidos en anaqueles en los diferentes centros de abastecimiento y servicio a la población en general se deben a diversos factores como la falta de capacidad del personal en tiendas, los deficientes controles internos de los comercializadores, o bien un inadecuado manejo de los productos en los supermercados; es necesario que los consumidores antes de comprar un alimento, no solo vean la marca y el precio, sino protejan su derecho a verificar con claridad en la etiqueta la fecha de caducidad de los alimentos que se pretenden consumir.

 

La mayoría de los productos alimenticios empaquetados o preenvasados tienen impresa la fecha de caducidad y consumo preferente; sin embargo, estos no son del todo visibles y entendibles para los consumidores. Por ejemplo, en bolsas y cajas de pan o galletas que pueden aparecer la fecha muchas veces se presenta abreviada, o bien impresa con puntos, situación que dificulta su comprensión.

 

De igual manera, el tamaño y color de las fechas impresas en las etiquetas y envases no son adecuadas para ser observadas e identificadas plenamente por el consumidor. Las fechas de caducidad y consumo preferente suelen estar en lugares poco visibles, como son en el margen del empaque, detrás de la etiqueta principal e inclusive por debajo del envase.

 

Bajo estas circunstancias, el consumidor necesita destinar más tiempo para la compra de sus productos y verificar su fecha adecuada de consumo. Asimismo, en muchos casos la verificación de la fecha de caducidad se omite por parte del consumidor, ya que es poco legible y no se encuentra de manera visible en la etiqueta frontal del producto.

 

Senadoras y Senadores: Es un tema que pareciera sencillo, pero, en lo particular, las veces que he tenido la oportunidad de visitar un centro comercial nos cuesta trabajo y dificultad poder verificar las fechas de caducidad de muchos productos que son perecederos, muchos se encuentran solamente impresos de manera puntuada en las tapas o en la parte inferior de los envases y eso genera, de alguna manera, que el consumidor no pueda observar de manera pronta, o en algunos casos ni siquiera aparece la fecha de caducidad de esos productos.

 

Por ello, con una medida de protección a la salud del consumidor, he propuesto de manera sucinta las siguientes adiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

 

Se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que la Secretaría de Economía, en apego a sus facultades, expida criterios sobre el tamaño, color, área de las fechas de caducidad y de consumo preferente que deban de llevar los alimentos envasados.

 

Se adiciona la fracción XIV Ter del artículo 24 de la misma ley, para que la Profeco vigile y verifique el cumplimiento de las disposiciones en materia del tamaño, color y área de que se deben ser plasmadas las fechas de consumo preferentemente y caducidad de los alimentos envasados.

 

Finalmente, se adiciona la fracción VI, corriéndose las subsecuentes del artículo 128 Ter, para establecer como caso particularmente grave las infracciones sobre tamaño, color y área de las fechas de caducidad y consumo preferente plasmadas en las etiquetas de los alimentos preenvasados.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

 

Senador, permítame.

 

¿Con qué objeto, Senador Pedraza?

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Para adherirme, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Rosas, ¿acepta la adhesión a su iniciativa por parte del Senador Isidro Pedraza, Juan Fernández, López Brito, Héctor Flores y un servidor, Luis Sánchez?

 

Gracias.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

 

Tiene ahora la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar a nombre propio y de la Senadora Gabriela Cuevas, del Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de Ley Reglamentaria de las fracciones II, del artículo 76, y VII del artículo 78 constitucional.

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señor Presidente.

 

El 29 de marzo de 2011 un grupo de Senadores integrantes de los tres partidos con mayor representación durante la LXI Legislatura, presentaron ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto de Ley Reglamentaria de las fracciones II, del artículo 76 y VII del artículo 78 constitucionales, en lo relativo a la ratificación de agentes diplomáticos y cónsules generales.

 

El 15 de noviembre de 2011, la iniciativa dictaminada a favor por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Estudios Legislativos, fue aprobada por el Pleno del Senado por unanimidad de votos y enviada a la Cámara de Diputados, donde fue desechada definitivamente el 3 de febrero de 2016.

 

La iniciativa tenía como propósito esencial dar respaldo procesal a la facultad constitucional del Senado para ratificar dichos nombramientos, robusteciendo y dando certidumbre jurídica a una serie de normas consuetudinarias que se observan tradicionalmente.

 

La iniciativa justificaba que quedaba de manifiesto que la costumbre parlamentaria para el proceso de aprobación de estos nombramientos no satisfacía las necesidades de un proceso de análisis y ratificación de los nombramientos riguroso, sistemático y con criterios objetivos, y que al contrario, dejaba abierta la posibilidad a grandes insuficiencias y a la necesidad de improvisar distintos aspectos del mismo ante la falta de un criterio formal y objetivo para celebrar, por ejemplo, las comparecencias.

 

Hoy día, distintos hechos alrededor del nombramiento y la ratificación de embajadores y cónsules, algunos de ellos con escasa o nula experiencia diplomática con una reputación cuestionada en relación con su desempeño previo en posiciones semejantes, o bien provenientes de otras actividades ajenas y distantes al terreno diplomático y consular, sin que queden claras sus capacidades en esta área, apuntan a favorecer la interpretación de que el esfuerzo regulatorio de estos procesos resulta impostergable.

 

Son varias las preocupaciones convergentes entre la iniciativa de 2011 y la situación actual. Desde entonces se señalaba la necesidad de que con fuerza de ley se contara con una guía específica y criterios definidos, públicos y transparentes, para dar cumplimiento a una de las más altas responsabilidades del Senado mexicano, y a fin de garantizar que las representaciones del Estado mexicano en el exterior fueran ocupadas por personas que por su formación, experiencia y capacidades resultaran idóneas.

 

Especialmente vigente resulta la preocupación en relación con los nombramientos políticos a cargos diplomáticos y consulares, la tendencia de las últimas administraciones federales del país ha sido la de reducir de manera consistente los nombramientos políticos de embajadores y cónsules que no pertenecen al Servicio Exterior Mexicano.

 

Mientras el gobierno de Carlos Salinas de Gortari presentó a la aprobación del Senado 54 nombramientos políticos, esto es el 43 por ciento durante su sexenio; Ernesto Zedillo solamente mandó 44, lo que significa un 39 por ciento de su gestión; Vicente Fox  Quesada, 31 nombramientos, el 25 por ciento durante su sexenio; y Felipe  Calderón Hinojosa, 24, esto es el 23 por ciento de su administración.

 

En lo que va de la administración del Presidente Peña Nieto ya van 23 y se pretende que con nombramientos de reciente ingreso al Senado se conviertan ya en 29, esto iría por supuesto en contra de la tendencia que vimos de anteriores sexenios.

 

Lo mismo ocurre con nombramientos de carácter político para ocupar consulados generales.  De ahí que en función de estas consideraciones proponemos recuperar buena parte de esta iniciativa, incorporando nuevos elementos a partir de las mejores prácticas en materia de apertura gubernamental y parlamentaria y bajo el contexto de obligaciones cada vez mayores para las instituciones del Estado mexicano, en términos de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública.

 

En específico, establece entre otros requisitos documentales, a presentar por la Secretaría de Relaciones Exteriores al Senado, un documento de motivación del nombramiento, a fin de que el Ejecutivo Federal explique las razones fundamentales para considerar al designado merecedor del cargo.

 

La declaración de intereses del designado, esencial para determinar de antemano potenciales áreas conflictivas, en donde deberá abstenerse de participar, votar o tomar decisiones, así como un informe relativo a la situación general en que se encuentre la Embajada, Consulado General o Representación Permanente que, eventualmente el designado deja de ocupar, a fin de obtener mayor información sobre su desempeño anterior en el caso de nombramientos del servicio exterior o designados con previas responsabilidades diplomáticas o consulares.

 

Igualmente, se establecen criterios y parámetros de evaluación del designado durante las comparecencias, a fin de valorar el grado de cumplimiento del designado con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

 

La evaluación de su desempeño en responsabilidades previas, vinculadas, asociadas o relacionadas con la tarea diplomática o consular.

 

La estimación de la compatibilidad entre el perfil profesional y académico, con los que se consideran los atributos y necesidades indispensables para la representación de que se trate, el conocimiento e interés específico sobre las materias, países, regiones, agendas o asuntos que entraña la relación de México con su eventual adscripción, entre otros.

 

También y bajo el principio de máxima publicidad, se abre la posibilidad de que a las mismas concurran a invitación de las comisiones legislativas, expertos, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y ex diplomáticos para acompañar los procesos de evaluación.

 

Se establecen además dos obligaciones adicionales de los designados merecedores de un dictamen aprobatorio, quienes al término de la comparecencias, deberán efectuar dos compromisos públicos, en el sentido de entregar informes anuales al Senado de la República, sobre la manera en que se ha dado cumplimiento al plan de trabajo presentado y a los criterios generales de política exterior establecidos por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo.

 

Lo mismo que el de mantener actualizadas las páginas  electrónicas de sus respectivas embajadas o consulados, con la información que se considera fundamental de acuerdo con las mejores prácticas en materia de gobierno abierto.

 

Finalmente, para asegurar el debido seguimiento del desempeño de los agentes diplomáticos y cónsules generales, ratificados por la Comisión Permanente durante los periodos de receso  de ambas Cámaras del Congreso. Esta deberá remitir una copia del expediente de cada caso al Senado de la República.

 

En consecuencia, nos permitimos los Senadores firmantes, la Senadora Gabriela Cuevas, la Senadora Mariana Gómez del Campo, el Senador Daniel Ávila y una servidora Laura Rojas, poner a su consideración de esta Asamblea.

 

Esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de las fracciones II del artículo 76 y VII del artículo 78 constitucionales, a fin de establecer lineamientos y criterios específicos para regular el proceso de ratificación de nombramientos de agentes diplomáticos y cónsules generales.

 

Un proceso que sin duda evoca una de las más altas responsabilidades del Senado mexicano y que en definitiva le permitirá dar estricto cumplimiento a esta importante facultad constitucional.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Si, permítame Senadora.

 

Senadora Dolores Padierna, ¿Con qué objeto?

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Preguntarle a la Senadora Laura Rojas, si me permite suscribir está iniciativa, que en efecto es muy importante.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muy bien.

 

Pido a quienes quieran sumarse a esta adhesión, levanten la mano para que la Secretaría tome nota por favor.

 

Muchas gracias.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.

 

Se concede el uso ahora el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Cultura.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

 

Señoras Senadores, señores Senadores: Estamos presentando para que sea turnada a las comisiones para su revisión y estudio y eventual dictaminación, una iniciativa ciudadana de Ley General de Cultura.

 

Tenemos que decir quienes signamos esta iniciativa que, no es de nuestro autoría, es una iniciativa eminentemente diseñada a partir de la experiencia del compromiso de años y años de trabajo por parte de un grupo de trabajadoras y trabajadores de la cultura, encabezados por Arturo Saucedo, que además de haber sido el coordinador de este importante proyecto, finalmente también fue el redactor de la propia iniciativa.

 

Tengo que mencionar de manera muy breve el apoyo de algunas personalidades que apoyan esta iniciativa, en Gaudencio Mejía, Angélica Lugo, Carlos Becerra, Mari Carmen Trejo, Daniel Velázquez, Miriam Morales, Enoc de Santiago, Evelio Álvarez, Jorge Guerrero, Alberto García, David Fernández, Lilia Millán, Lourdes Quijano, Guadalupe Moreno, entre otras personalidades.

 

¿Qué es lo que plantea esta iniciativa?

 

Desde el enfoque de estos especialistas, han, en primerísimo lugar, seguido esta dinámica de constitucionalidad a partir de que queda inscrito en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2009, la reforma al artículo 4º de nuestra Constitución, donde se establece que toda persona tiene derecho el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.

 

No fue sino hasta 2011, 11 de junio de 2011,  en donde ya la configuración de los derechos humanos queda inscrita en nuestra Constitución y tengo que decirlo de manera clara, los derechos culturales forman parte de este gran espectro construido universalmente de los derechos humanos, de tal manera que después de la reforma del 15 de diciembre de 2015, donde se define la Ley Orgánica de la Administración Pública a la configuración de la Secretaría de la Cultura,  tanto estos trabajadores, estos expertos en derechos humanos de la cultura, como nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué no el Congreso de la Unión tomaba ya en sus manos el mandato de la Constitución General en esta materia?

 

Empezamos por la definición de una Secretaría de la Cultura, pero seguía el espacio pendiente, este  quehacer necesario, indispensable que el Congreso de la Unión tiene que dictaminar para tener una Ley de la Cultura.

 

Desde el enfoque de estos diversos especialistas, quiero mencionar  que establecen en este marco jurídico en materia de cultura, en primer lugar las acciones para ejercer y defender los derechos culturales.

 

En segundo, desarrollar la investigación, el conocimiento  y, además, la defensa de nuestro patrimonio cultural.

 

También, establecen las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo General, la Ciudad de México y los estados de la República junto con los municipios.

 

Por supuesto, también establece de manera preponderante la participación de los sectores social y privado, además, define las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional en materia cultural, determina los mecanismos para el resguardo del patrimonio cultural, material, artístico, histórico y arqueológico.

 

También, promueve el ejercicio efectivo y respeto de los derechos culturales, así como el acceso a los mismos.

 

Tengo que mencionar que igualmente, establece que los bienes y servicios que presta el Estado, forma parte de este conglomerado de cometidos definidos en esta iniciativa.

 

Debo destacar, que se promueve el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades culturales creativas, algo que nosotros destacamos como una  cuestión fundamental para lograr la construcción de todo un conglomerado que garantice el ejercicio pleno de los derechos culturales de nuestro país, sin ningún tipo de discriminación, pero además desde un enfoque integral.

 

Es necesario también enfatizar que fomenta la participación de los sectores social y privado en el diseño, en la elaboración  e implementación de las políticas culturales, así como cualquier manifestación cultural.

 

Y, finalmente, eleva los alcances de la cultura como motor económico y, además, para lograr que se incremente el papel  del desarrollo social y económico de todas las y los mexicanos.

 

Por lo tanto, nos parece muy relevante que hoy en el Senado de la República le demos curso a esta iniciativa ciudadana de Ley General de Cultura para que junto con la Cámara de Diputados podamos concretar el mandato constitucional y pronto tenga materia la que ya prácticamente es una realidad funcionando, que es la Secretaría de la Cultura.

 

Quiero felicitar  a quienes están acompañándonos acá, representando a esos trabajadores y trabajadoras de la cultura y, por supuesto, muchas gracias por permitirnos a este grupo de Senadoras y Senadores de todos los grupos parlamentarios, presentar su iniciativa ciudadana.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

Gracias.

 

(Aplausos)

 

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora de la Peña.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Diva Gastélum Bajo, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se  adiciona el artículo 12 Bis a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo; Con su permiso, Presidente.

Compañeras y Compañeros Senadores de la República.

Presento hoy una iniciativa en que considero importante que revisemos el alcance que tiene la propuesta. Es una reforma a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Tenemos datos muy interesantes que reflejan el motivo por el cual estamos presentando esta iniciativa.

Alrededor de un millón de personas con educación media superior y superior se encuentran desempleadas. Esto representa el 41.86 por ciento. Son datos que el Inegi en su última encuesta menciona.

De cada 100 personas que ingresan a la escuela superior, solamente 22 terminan y 18 se titulan. Sólo dos en promedio logran la condición inmediata de joven talento.

Joven talento es un esquema que el Gobierno de la República ha venido impulsando para localizar a la gente que nos va a servir en la investigación, jóvenes que tienen iniciativas muy interesantes para el desarrollo del país y de manera global.

México produce uno de los llamados jóvenes talentos, porque tenemos jóvenes valiosos, estudiosos, que han aportado a la ciencia y a la tecnología grandes avances. Los inventos más novedosos, más desarrollados los tenemos en el talento de los jóvenes mexicanos.

Hay un problema que hemos detectado y es cómo le hacemos para lograr que las universidades tengan un conecte real con el gobierno, con la industria y la academia.

Me parece que en ocasiones las universidades generan carreras. Imagínense que en un estado como del que yo vengo, eminentemente agrícola, en donde la actividad primaria sigue siendo la gran apuesta por el desarrollo de este estado, hubiera alguna carrera que tuviera que ver con una cosa distinta al desarrollo del estado.

Lo que estamos buscando es cómo el Plan Nacional de Desarrollo puede concatenarse, vincularse con las universidades para poder tener perfiles más adecuados y que nuestros jóvenes, hombres y mujeres que se preparan en las universidades de este país, tengan un futuro.

Pero además, no solamente estamos hablando del empleo, estamos hablando del desarrollo en la investigación, que es lo que más interesa en este momento.

Estamos buscando con esta iniciativa que se puedan adoptar compromisos y que dentro de las atribuciones del IES se contribuya para que la educación superior abra una Comisión Nacional de Planeación Institucional e Interinstitucional.

No podemos seguir desvinculando la expectativa que tienen nuestros jóvenes en la preparación, su perfil, con carreras que no tienen que ver con el desarrollo de este país.

Por eso estamos proponiendo esta reforma a la Ley de Coordinación de Educación Superior, para quedar como sigue:

Artículo 12 Bis. Para crear vínculos interinstitucionales entre las instituciones de educación superior, habrá una Comisión Nacional de Planeación Institucional e Interinstitucional de Educación Superior, misma que será el órgano encargado de coordinar y encausar las actividades necesarias para la vinculación de las actividades académicas y de investigación de los institutos de educación superior con la planeación nacional de desarrollo y la planeación de las entidades federativas.

Su integración será determinada por la Secretaría de Educación Pública, misma que deberá procurar identificar las áreas de coordinación entre los institutos de educación superior, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades federativas.

Por el talento de nuestros jóvenes, hombres y  mujeres de este país por el desarrollo, por el conocimiento de más innovación nos pronunciamos a que esta iniciativa tenga el proceso legislativo correspondiente y, en su momento, sea aprobada.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias Senadora Diva.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal.

 

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Con su permiso, señor Presidente.

 

Muy buenos días compañeras y compañeros Senadores.

 

La corrupción es uno de los problemas más severos que enfrentamos como país.

 

De acuerdo con un informe del Organismo de Transparencia Internacional México se ubica en el lugar 95 de 168  países en el Índice de Percepción de la Corrupción.

 

Las estimaciones de los organismos como el Instituto Mexicano de la Competitividad es que en este tipo de conductas ilícitas nos cuestan 1.5 billones de pesos, lo que equivaldría al 9 por ciento del producto interno del país.

 

Un dato revelador del informe Latinobarómetro, estudio que investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto es que, la confianza de los ciudadanos en las instituciones no supera el 50 por ciento.

 

Es indudable que hay un déficit en la credibilidad de  los ciudadanos frente a las instituciones, y lo es más, cuando los principios de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública no se cumplen a cabalidad.

 

Lo anterior lo comento, porque son  públicos los casos que involucran a servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno que faltan a sus funciones de conducirse con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el uso de recursos públicos.

 

Ejemplo de estos casos son los llamados servidores públicos “aviadores” que generan un gasto excesivo para el presupuesto de la Federación al encontrarse en las diversas nóminas, cobrando del erario público por puestos que en realidad no desempeñan en perjuicio de la sociedad y del erario federal.

 

De acuerdo a los informes dados por el gobierno federal en el caso del sector educativo, por ejemplo, se hallaron 40  mil plazas de aviadores, a los que se pagaron indebidamente 3,600 millones de pesos anuales.

 

Ejemplos como el anterior existen seguramente en  muchas dependencias e instituciones en todos los niveles de gobierno.

 

La figura del aviador se ha implantado como un mecanismo de pago de favores políticos.

 

Por ello es necesario no sólo se contemplan en acciones administrativas que castiguen este tipo de corrupción, sino establecer una estricta regulación penal que permita su eficacia en el combate contra los servidores  públicos que abusan de su autoridad para desviar estos recursos.

 

Actualmente el Código Penal Federal contempla sanciones de este tipo de conductas, sin embargo, dadas las consecutivas noticias de aviadores en las nóminas gubernamentales todo indica que no ha sido suficiente para frenar este tipo de corrupción.

 

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, propongo a esta soberanía elevar las penas previstas en la legislación federal a efecto de tener una ley con un castigo más ejemplar contra quienes en uso de sus facultades le confieren el cargo público que ostentan y que comete un delito de abuso de autoridad contenido en el artículo 215 del Código Penal Federal.

 

Además, esta reforma busca que también se eleven las penas contra quienes reciben sueldo sin trabajar, pues son cómplices de quienes  los contratan e igual culpa comparten.

 

Amigas y amigos: Debemos de ser  más severos contra el abuso de autoridad en el tema de los aviadores; debemos evitar que se paguen favores políticos con este tipo de mecanismos ilegales de saqueo a los recursos de la nación.

 

En los últimos meses las finanzas públicas del país registran retos importantes ante circunstancias internas y externas.

 

Sigamos empujando para que los recursos públicos se ejerzan con total transparencia y eficacia.

 

Como diría el escritor peruano Javier Díez Canseco: “necesitamos una nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar”.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Fernández.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas…

 

Perdón, sí Senadora, dígame, ¿con qué objeto, Senadora Martínez Elizondo?

 

La Senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo (Desde su escaño): ¿Si me puedo suscribir a su iniciativa?

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muy bien, el Senador si acepta su adhesión. El Senador Héctor, también, gracias.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral y la Ley General de Partidos Políticos.

 

Adelante, Senadora.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, Presidente.

 

Compañeras y compañeros Senadores y Senadoras.

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó el pasado 10 de marzo un acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que se establecían criterios para garantizar la paridad de géneros, tanto vertical como horizontal en las elecciones.

 

Se intentaba, escúchese bien,  garantizar la paridad que aquí establecimos para todos los asuntos electorales. El acuerdo referido, establecían varias medidas para garantizar los derechos políticos de las mujeres, criterios para respetar la paridad en sus múltiples dimensiones.

 

Entre sus disposiciones, el mencionado acuerdo establecía otorgar el mayor número de candidaturas a las mujeres cuando el total de los puestos a elegirse fuera impar, el principio de paridad vertical y horizontal llevado, incluso, a las alcaldías y a los ayuntamientos, así como varios criterios que garantizaban que los partidos no asignaran a un solo género las candidaturas en los distritos en los que tienen menos votación. El espíritu era el correcto.

 

No es admisible, que para decirse progresistas, los partidos envíen a las mujeres a los lugares donde les es imposible ganar. El esfuerzo y la victoria corresponden por igual a unas y a otros en todos los casos.

 

Nosotras, nosotros estimamos que la decisión del tribunal favoreció una evaluación de minucias procedimentales en vez de ajustarse al enfoque garantista de nuestro artículo 1º constitucional.

 

Como sea, este asunto es demasiado importante y debe quedar a interpretaciones, no debe quedar a ver margen para alejarnos de la democracia paritaria, razón por la que presentamos esta iniciativa.

 

La desigualdad, por razón de género, es una realidad lacerante, y para muestras hay muchos botones: el rezago social, la vulnerabilidad alimentaria, la pobreza, muchos más.

 

Pero en materia política, pese a que las mujeres representamos poco más de la población mundial, en el año 2015 sólo existían en el mundo 11 Jefas de Estado, mientras que dentro de los congresos las mujeres continuaban tan sólo en el 22 por ciento de sus integrantes a nivel mundial.

 

En México, aunque ha habido avances, estos son insuficientes aún. Dentro del gabinete legal y ampliado de la Presidencia de la República, sólo hay 6 titulares de 30 dependencias federales que son ocupadas por mujeres; sólo hay una gobernadora, sólo hay 2 mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está conformada por 11 ministros.

 

Las mujeres representan el 42.4 por ciento en la composición actual de la Cámara de Diputados. Son 212 Diputadas de un total de 500.

 

Por su parte, el Senado de la República cuenta actualmente con la representación de 47 mujeres, de 128 espacios, lo que significa un 36.7 por ciento del total.

 

Por tratarse de una desigualdad originaria, si no se aplican acciones afirmativas, la desigualdad se perpetúa. Esa ha sido,  de hecho, la razón de las luchas de las acciones afirmativas, y en las últimas fechas, por la democracia paritaria. La razón es elemental para quien quiere entenderla.

 

Para alcanzar la igualdad hay que impulsar a quienes de origen se encuentran en desigualdad.

 

A lo largo del siglo pasado y lo que va de éste, las mujeres hemos ido conquistando poco a poco nuestros derechos políticos, remando contra corriente, y derrotando prejuicios, logrando el derecho al voto, la independencia en trámites administrativos, y cada vez ganamos más autonomía efectiva.

 

En esta lucha se enmarca el objetivo de la democracia paritaria. Aspiramos a que el país sea de todas y de todos por igual. Desde luego no se trata de una lucha nacional, sino mundial, pero la Declaración de Atenas, aprobada en la Primera Cumbre Europea: “Mujeres al Poder”, estableció en 1992, que dado que las mujeres somos más de la mitad de la población, una democracia para apreciarse de ser tal, deberá incorporar la paridad de representación política en las administraciones y en los congresos.

 

También en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, los gobiernos de 189  países, entre ellos México, aprobamos la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, en dicha Declaración se trazó la guía de acción rumbo al empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos para las mujeres y las niñas.

 

La Plataforma de Acción contiene compromisos en doce áreas, y una de ellas es la mujer en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones. Dentro de esta área quedó demostrado que el principal obstáculo para las mujeres en la vida pública es el diseño institucional bajo el cual los partidos políticos y las estructuras gubernamentales eligen a sus representantes.

 

Dentro de los acuerdos establecidos dentro de la Conferencia de Beijing, está la adopción de medidas que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y también en los no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que a los hombres; es decir, la democracia paritaria exige que las mujeres estemos representadas en igualdad de condiciones y en número, no sólo en los órganos legislativos, también en los órganos de gobierno de la administración pública federal y locales, y en el Poder Judicial, se trata de una condición que es necesaria para los intereses de las mujeres se tomen en cuenta.

 

La inclusión paritaria es solamente un acto de justicia mínima elemental, no se trata de una cuota o de una concesión, se trata de derechos y de Constitución; sin embargo, el principio de democracia paritaria de poco valdría si no hay mecanismos legales que garanticen su cumplimiento en todos estos nombramientos públicos, así como en el establecimientos de criterios transparentes en la selección de puestos directivos y de candidaturas.

 

En este espíritu que proponemos se lleve a la ley estos cambios propuestos en materia de paridad de género que pueden sintetizarse en dos puntos.

 

Uno.- Que se incorpore al artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la disposición de respetar la paridad vertical y horizontal, es decir, deberá haber paridad en las listas plurinominales, pero también en los distritos y en las entidades territoriales que estén sujetos a elección.

 

Además, se establece en el artículo 233 que cuando sea impar el número total de candidaturas postuladas por un partido político o coalición, el número mayoritario deberá corresponder al género femenino en la lógica de una acción afirmativa.

 

Estas disposiciones se llevarán también a la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 3°, se darán a las autoridades correspondientes los medios para hacer efectivas las disposiciones y, en su caso, ordenar la sustitución de candidatos.

 

Segundo.- Se incorpora, por otra parte, en el artículo 44 Bis de la Ley General de Partidos Políticos una disposición que instituye un mecanismo para revisar que no se asignen candidaturas solamente a mujeres en distritos de baja votación, para lo que habrá una revisión de los distritos y se dividirán en tres bloques: los distritos de baja votación, de media votación y de alta votación, después será paritario obligatoriamente la composición de candidaturas en cada uno de estos bloques.

 

Estimadas compañeras y compañeros.

 

Confío plenamente en que nadie se opondrá a este cambio, pues en pro de la igualdad entre los géneros, a diferencia de las razones que llevaron a diversos partidos a inconformarse con el acuerdo del INE al respecto, esta iniciativa favorecer la certeza jurídica para los procesos subsecuentes.

 

Si todos hacemos o hemos aprobado el principio de paridad, todos aprobaremos, sin duda, las disposiciones para llevarlo a la realidad, este compromiso debe ser de largo aliento, de alto alcance, y confío en ello.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Permítame Senadora.

 

Senadora Martha Tagle, ¿con qué objeto?

 

La Senadora Martha Angélica Tagle  Martínez: (Desde su escaño) Para solicitarle a la Senadora Dolores Padierna me permita sumarme a esta tan importante iniciativa.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: ¿Acepta Senadora? Hay otros solicitantes de adhesión, que les pido levanten la mano para que la Secretaría Técnica pueda tomar nota de todos y todas.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Ya estamos todos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, formidable. Qué bueno.

 

Gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios  Legislativos, Segunda.

 

Como última iniciativa del día de hoy, se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar a nombre propio y de los Senadores y Senadoras Dolores Padierna Luna, Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez, un proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

 

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señor Presidente.

 

Compañeras y compañeros legisladores: El trabajo coordinado entre el legislativo y la sociedad civil permite una mayor apertura para escuchar las voces ciudadanas, elemento fundamental para avanzar en la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía.

 

Convencidos de que el legislativo tiene la obligación de ser un canal de comunicación con la ciudadanía, a nombre propio y de las Senadoras Dolores Padierna, Layda Sansores y del Senador Alejandro Encinas, presentamos una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en materia de laicidad en la función pública.

 

Esta iniciativa nace como resultado de un proceso colectivo de diferentes organizaciones civiles entre ellas y que hoy se encuentran aquí, y además quiero agradecerle su presencia esta tarde a las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, el Foro Intereclesiástico Mexicano, Foro Cívico México Laico, Barra de Abogados, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y República Laica, además de la presencia de la Diputada federal, Karina Sánchez Ruiz, con quienes hemos venido trabajando este tema.

 

La concepción del Estado laico ha sido uno de los postulados fundamentales de nuestra organización política y norma de convivencia indispensable para la sociedad mexicana. La conformación de la República en nuestro país está profundamente ligada a la separación del Estado de los asuntos de la Iglesia y al principio de igualdad de todas las personas ante la ley, establecidas claramente en la Constitución de 1857, en las Leyes de Reforma y retomadas en la Constitución Política vigente.

 

El orden jurídico nacional, que ha evolucionado en un contexto global hacia la construcción de un régimen plenamente democrático, donde se reconozcan las libertades, exige una revisión minuciosa para establecer límites a la actuación de las autoridades y para dotar a la ciudadanía de instrumentos para disfrutar y ejercer sus derechos. El reto es un marco legal eficaz, que contribuya a una ética del servicio público que genere confianza de la ciudadanía hacia el Estado, mediante la participación, la inclusión, el diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda de la igualdad.

 

En un entorno democrático, de pluralidad política y de diversidad de opiniones y creencias, un elemento esencial del Estado laico consiste en el establecimiento de condiciones que aseguren un trato igualitario a todas las personas. La igualdad formal debe traducirse en una vigilancia constante por parte del Estado para que no se practique discriminación alguna en contra de las personas, particularmente en relación a sus derechos y a su identidad, cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una convicción filosófica, o independientemente de su orientación sexual, su etnia, sus características físicas o cualquier otro elemento.

 

En este sentido, cabe destacar la labor de las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, el Foro Intereclesiástico Mexicano y otras asociaciones religiosas, quienes han desarrollado la construcción de esta propuesta. Su tarea para fortalecer el Estado laico apunta a la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres y las personas jóvenes, sin imposiciones ni dogmas.

 

El Estado laico es fundamental para salvaguardar la libertad de conciencia, de pensamiento y de decisión, así como garantizar que tanto la administración pública como el diseño, elaboración e implementación de leyes, políticas y programas, respeten la diversidad y la pluralidad de convicciones religiosas, ateas, agnósticas y filosóficas.

 

En un Estado laico, no hay ni debe de haber privilegios ni jerarquías, todas las personas valen lo mismo, todas deben de tener el mismo derecho a decidir sobre su vida, con la única limitante de que no afecte los derechos de las demás personas.

 

La ética pública laica implica que las y los funcionarios públicos como representantes del Estado son responsables de garantizar postulados laicos consagrados en la Constitución: Igualdad, imparcialidad frente a cualquier doctrina o dogma; libertad de conciencia; de religión y convicciones éticas; la no discriminación; la protección a la diversidad y la pluralidad.

 

Las decisiones políticas o jurídicas no deben ser afectadas por las creencias religiosas de los servidores públicos.

 

Laico no es sinónimo de antirreligioso o ateo, ya que esto supondría exigir al funcionario público renunciar a todo tipo de creencia religiosa y actuar como si ésta no tuviera importancia y dotara de sentido o significado a su existencia, lo cual no ocurre, ni es lo que se espera de quienes laboran para el Estado.

 

En ese sentido, presentamos esta iniciativa para garantizar el principio de laicidad del Estado, con el concepto del respeto a la diversidad de concepciones morales y religiosas de la sociedad.  Lo que se busca es reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que con fines de armonización con el resto de nuestra legislación se concrete mediante modificaciones al artículo 7 para definir acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho.

 

Se adiciona una fracción en el sentido de sancionar violaciones sistemáticas o graves a los postulados constitucionales de la laicidad, que son la separación del Estado y las iglesias, a la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión de las personas, el carácter laico de los actos, ceremonias o documentos y comunicaciones oficiales, al carácter laico de la educación pública, de las leyes o reglamentos y de los programas públicos.

 

Por otro lado, se propone adicionar la Ley Federal de  Responsabilidades Administrativas de los funcionarios públicos, que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones y en ese sentido resulta técnicamente adecuado hacerlo como nuevas fracciones, ya que así se han creado las obligaciones derivadas.

 

Se integra la obligación positiva de cumplir con el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias, con la laicidad de la educación pública, con el carácter laico de la República, con el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley en materia de religión y libertad de conciencia.

 

Así pues, con esta iniciativa de reforma de ley que presentamos junto con las organizaciones de la sociedad civil, lo que estamos buscando es fortalecer el Estado de derecho y que todas las personas puedan tener garantías para gozar de los mismos derechos y oportunidades ante la ley.

 

Es cuánto.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Tagle.

 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida las y los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad  Tolteca del estado de Puebla, invitados por la Senadora María  Elena Barrera Tapia, y que asisten para atestiguar los trabajos de esta sesión.

 

Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

 

(Aplausos)

 

En el apartado de dictámenes pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de las Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 55 del Código Civil Federal, relativo a la misión gratuita de la primera acta de nacimiento.

 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

 

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

 

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García  Gómez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de nuestro Reglamento.

 

La Senadora Martha  Elena García Gómez: Con su venia señor Presidente.

 

El derecho a la identidad contemplado en diversos instrumentos internacionales, pactos, declaraciones, convenciones, representa para todo niño y niña, la posibilidad real de ser identificado  dentro de un grupo social, familiar, nacional, apellidos, nacionalidad, etcétera.

 

Como elementos básicos de aquella y que al ser inscrito en el Registro Civil y contar con la prueba documental del mismo, le facilita el ejercicio pleno de sus derechos que le corresponden como persona en desarrollo.

 

Nuestro Marco Jurídico Nacional, reconoce en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que toda persona tiene derecho a la identidad y hacer registrado de manera inmediata a su nacimiento. Por lo que el Estado deberá garantizar el cumplimiento de estos derechos y expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

 

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recoge básica y puntualmente lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño y en nuestra Carta Magna en su capítulo tercero del título segundo, correspondiente al derecho, a la identidad, el cual debe de ser observable por todas las autoridades involucradas, entre otras, contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como hacer inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a los que se les expide en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables.

 

Contar con nacionalidad de conformidad con los dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, conocer su filiación y su origen en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, por supuesto preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

 

Asimismo, se establece que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito, en sus respectivas competencias deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.

 

Por lo expuesto estás comisiones dictaminadoras bajo el marco de la armonización legislativa y las recomendaciones emitidas por los diversos mecanismos internacionales. En especial el Comité de los Derechos del Niño y acorde con lo que establece el Marco Jurídico Nacional, vengo a solicitar su voto a favor del presente dictamen que reforma el artículo 55 del Código Civil Federal, con la finalidad que se lleven a cabo campañas para el registro extemporáneo de nacimiento en donde se dé prioridad a personas en situación de desventaja social y habitantes de pueblos o comunidades indígenas.

 

Asimismo, que de conformidad con el Marco Jurídico Constitucional, los Tratados Internacionales y lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la emisión de la primer acta de registro de nacimiento, incluso extemporánea, observará el principio constitucional de gratuidad.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

(Aplausos)

 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA

ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA

 

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Martha Elena García.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Carmen Dorantes Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

 

La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Con su venía, señora Presidenta.

 

El objetivo de la reforma y adiciona el artículo 55 del Código Civil, es propiciar que todas y todos los mexicanos puedan obtener gratuitamente su primer acta de registro de nacimiento.

 

Asimismo, que las autoridades locales realicen campañas para el registro de nacimiento. Dando prioridad a personas en situación de desventaja social y en especial a habitantes  de pueblos y comunidades indígenas.

 

Todos sabemos de la importancia del acta de nacimiento que nos emite el Registro Civil, es una constancia de la existencia de una persona, le dota de identidad única y le proporciona reconocimiento legal.

 

De no contar con el registro de nacimiento, y todos hemos conocido casos de este tipo, la persona puede padecer discriminación y exclusión de muchos  trámites y beneficios que se realizan a lo largo de su vida, como es el acceso a la escuela, a los trabajos formales, el derecho a votar y ser votados, el obtener la cartilla militar, el pasaporte, un acta de nacimiento y el registro de los hijos, son algunos de los aspectos y trámites que hacen inaccesibles en caso de no contar con la misma.

 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, por sus siglas, el derecho a la identidad es un derecho fundamental para todas y todos los menores de edad y es uno de los instrumentos que les permiten desarrollar a lo largo de su vida.

 

Contar con un acta de registro de nacimiento, además de hacer de los pequeños sujetos tutelados por el Estado, les permite el acceso a la red de protección social del Estado. En México, el derecho a la identidad es un derecho humano, estipulado en el artículo 4º de la Constitución Política, que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento.

 

El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

 

La Ley General de los Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes en sus artículos 19, 20 y 21, recoge puntualmente lo que nuestra Ley Suprema y la Convención de los Derechos de los Niños, de la Organización de las Naciones Unidas, determina en relación al derecho de identidad.

 

Compañeras y compañeros legisladores. México siempre ha mostrado disposición a formar una política incluyente, comprometida y responsable, para que toda la población cuente con su registro de nacimiento y con ello, identidad y seguridad jurídica.

 

Además de las reformas y adiciones a nuestros ordenamientos legales, siempre hemos pugnado por generar conciencia y responsabilidad a las autoridades   de los tres órdenes de gobierno. La inscripción del nacimiento en el Registro Civil, reconoce a la persona ante la ley, lo más importante, le dota de una identidad y es uno de los medios a través de los cuales se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre y a la nacionalidad.

 

Los  Senadores del grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor del presente dictamen, porque un acta de nacimiento es la puerta de acceso a otros derechos fundamentales  que permiten el desarrollo de las personas.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Carmen Dorantes.

 

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Verónica González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

 

La Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia.

 

Compañeras y compañeros Senadores: Quiero dar la bienvenida  al presente dictamen, al tiempo que me permito felicita a mis compañeras y compañeros Senadores, integrantes de las comisiones dictaminadoras.

 

Muy particularmente, desde esta tribuna, quiero enviar una felicitación a mi paisana Lorena Cuéllar, quien es autora de la iniciativa, cuyo dictamen hoy  se nos pone a consideración.

 

El derecho a la identidad se encuentra estipulado en el artículo  4º de nuestra Constitución y puede definirse como el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, le otorga pertenencia y crea las condiciones necesarias para preservar la dignidad individual y colectiva.

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, le ha reconocido como un derecho fundamental para todos los menores de edad, pues se trata de un elemento que les facilitará su desarrollo a lo largo de su vida.

 

El registro de nacimiento es la constancia oficial de existencia de una persona, por lo tanto permite que la persona sea  reconocida ante la ley, dota de autoridad única y permite  establecer vínculos familiares, culturales y nacionales que lo distinguen del resto de los habitantes.

 

El derecho a la identidad nos faculta para ejercer el resto de los derechos que no son reconocidos por los diversos ordenamientos y hacerlos valer cuando son violados. Cuando una persona carece de este reconocimiento se cae en la discriminación, dando lugar a la llamada invisibilidad ante el Estado y la sociedad, situación que tiene como consecuencia  la exclusión casi permanente en la vida ciudadana.

 

El garantizar la expedición del registro de nacimiento es responsabilidad tanto de autoridades como de los ciudadanos, es una dicotomía de correspondencia para ambos. Por lo tanto, el Estado debe crear y proporcionar los mecanismos que faciliten su aplicación, y los ciudadanos deben registrar a la brevedad a los recién nacidos.

En su momento la Secretaría de Gobernación señaló que una de las barreras que impiden el goce de este derecho, es la falta de universalidad para le expedición del acta de nacimiento y el costo de la misma. Esto nos llevó a la reforma constitucional del 2014, para establecer la gratuidad de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

Sin embargo, como señala originalmente esta propuesta, la UNAM cuenta con un registro de que a finales del 2014 existían alrededor de catorce millones de mexicanos sin identidad, es decir, no contaban con su acta de nacimiento.

Se trata de una situación que está afectando principalmente a niñas y niños en situación de calle, pobreza extrema, indígenas, jornaleros y migrantes.

Por lo anterior quiero manifestar mi voto a favor del presente dictamen.

Como bien he señalado, la plena vigencia de este derecho previene de problemas de exclusión y discriminación. Por ende tenemos la obligación de trabajar para eliminar este tipo de barreras como un acto de justicia social.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.

Enseguida tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores.

Con el permiso de la Presidencia.

Sin duda el tema de la identidad en México ancestralmente está muy arraigado a lo que somos.

Allá en mi tierra, en Chiapas, en la Sierra Madre, la gente le da una importancia y un alto valor a su nombre propio. Sin él, dicen, no se puede existir porque no hay forma de nombrar ni lo propio, ni lo extraño; no hay forma de contarse una historia; no hay forma de ser sin un nombre.

Más allá de lo que plantea el artículo 7 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, sobre la obligación que tienen todos los niños y niñas del mundo, de ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento en un registro, que tengan derecho a un nombre, a una nacionalidad, a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos, creo que esto nos habla de otro tipo de debilidades institucionales que sin duda se deben atender.

Un mexicano sin nombre siempre va a ser más vulnerable a los abusos, va a ser más vulnerable a que le roben su propia identidad y usurpen sus derechos.

Esa es la importancia de lo que estamos discutiendo hoy aquí. No es solamente un aliciente económico, que también lo es, para que la primer acta de nacimiento, aunque sea extemporánea, no tenga costos, porque a pesar de que el costo para una clase política como la nuestra puede parecer menor, para alguien puede significar toda una semana de trabajo. Para alguien que trabaja y gana el salario mínimo, tener un acta de nacimiento puede significar seis jornadas laborales.

Por eso es que más allá de esa parte económica, debemos revisar qué está pasando con esos miles, quizás millones de mexicanos que no tienen identidad y que entonces podrían poner en duda incluso su mexicanidad.

La identidad como derecho indispensable para que se ejerzan otros derechos, debe ser entendida así, además como una garantía que de manera permanente permite una base mínima de oportunidades y de igualdad ante la ley.

Ya la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho de identidad y además exhorta para que se disponga lo necesario para que los padres registren a sus hijos.

Aun con este marco legal hay una cifra de subregistro de nacimientos, sobre todo en los casos de niñas y niños indígenas y de los que viven en zonas rurales aisladas.

Imagínense, compañeras y compañeras, para ver algunos datos. Según los datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 2014, entre el siete y el trece por ciento de los mexicanos vive sin acta de nacimiento, por lo cual no cuenta con un nombre ni se reconoce su nacionalidad.

Puede haber hasta catorce millones de mexicanos que son indocumentados en su propio país. Para que se den una idea, la elección de 1994 a la Presidencia de la República, se ganó con menos de catorce millones de votos. Bueno, catorce millones de mexicanos son indocumentados en territorio nacional.

La Fundación The Fundation se estima que 4 millones de niños no están registrados, y esa falta de identidad, repito, vuelve vulnerables a los vulnerables; ahí donde hay debilidades institucionales particularmente en el sur, la identidad afecta fundamentalmente a niños en situación de calle, en situación de pobreza extrema y, presenta, por desgracia un mayor número en comunidades indígenas.

 

Esto no les permite acceso a servicios de salud de calidad, a servicios de educación de calidad, y además les va a dificultar de manera muy obvia poder conseguir un empleo y acceder a servicios; es decir, esta idea de que la desigualdad no es solamente la concentración del ingreso, no es solamente es en la distribución de la riqueza, sino también en la calidad y la extensión y acceso a los servicios públicos, se vuelve todavía más problemática cuando no se tiene una identidad.

 

En mi estado, en Chiapas, según los datos de la Unicef y del propio Inegi se registró de forma oportuna solamente al 62 por ciento de los niños y las niñas, esto significa que 38 por ciento de los niños y las niñas nacidos en Chiapas no fueron registrados.

 

Para este año, para 2015, 72 de los 122 municipios de Chiapas tenían niveles bajos, es decir, menores al 50 por ciento; y muy bajos, menores al 25 por ciento de registro oportuno de  nacimientos.

 

Solamente 17 por ciento de los municipios presenta un registro arriba del 90 por ciento.

 

Sé que no es una cosa que les preocupe, sé que es algo que pareciera un mero trámite burocrático y de orden económico, pero el hecho de que haya cerca de 70 municipios en donde ni siquiera el 50 por ciento de la población está registrada, me parecería algo digno de la atención de los Senadores y las Senadoras.

 

Aquí la dificultad para el registro de las regiones donde predomina la población indígena, es que muchas veces el personal de las oficinas no es bilingüe, y hay que decirlo, en este dictamen no se resuelve esa falla.

 

Qué bueno que estamos planteando el costo cero para el registro, por primera vez, aunque sea extemporáneo.

 

Qué bueno que se planteé en  las campañas, qué se va a hacer en las poblaciones indígenas donde los funcionarios del registro civil no hablan la lengua que se habla ahí y entonces dificultan y obstaculizan la posibilidad del registro.

 

Adicionalmente creo que el dictamen es bueno, pone un tema en la mesa, un tema en la agenda para que vayamos y vaya el Estado mexicano a buscar a esos mexicanos indivisibles, a  los indocumentados que viven en México, es una labor que va a significar un esfuerzo, sin duda, extraordinario, encontrar a los que tienen, a los que no tienen nombre, va a ser más complicado por el simple hecho de que no lo tengan.

 

Por eso la labor no es esperar que los ciudadanos acudan a las instituciones, sino que las instituciones vayan hacia  los ciudadanos, hacia los nuevos ciudadanos para otorgarles al menos en un estado de cosas en donde los derechos son casi una ilusión, por lo menos el primero el primer derecho, que es tener un nombre, podamos aspirar a que todos y cada uno de los mexicanos puedan tener.

 

Finalizo Presidenta, simplemente recordándoles una cosa.

 

El año pasado que hubo elecciones en la población de Suchiate, se registró a 4,500  personas centroamericanas por una condición, porque como la candidata del Partido Verde era la esposa del director del Registro Civil de esa entidad, pues se les hizo fácil registrar a personas centroamericanas para que votaran para que votaran por el Verde.

 

 No lo estoy diciendo yo, es la FEPADE y ese funcionario está en la cárcel.

 

Así de débil  es una de las instituciones que debería de ser  más fuerte en nuestro  país; así de débil es el registro civil mexicano.

 

Y como se dice, 14 millones de mexicanos no tienen nombre, no tienen identidad; qué bueno que empezamos a tomar en cuenta esta situación, pero reitero, no podemos detenernos ahí, es una agenda mucho más amplia de lo que parece, y ojalá ésta sea solamente el primer paso en ese sentido correcto.

 

Empecemos ya,  muchas gracias.

 

Es cuanto.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

 

Informo a la Asamblea que la Senadora Graciela Ortiz González hizo llegar a la Mesa Directiva el texto de su intervención sobre este dictamen, el cual se integrará al Diario de los Debates.

 

Por no  haber  más intervenciones ni artículos reservados háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, informo que se han expresado 84 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretario.

 

Queda aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 55 del Código Civil Federal, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Pasamos a la segunda lectura.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Presidenta, si me permite dar cuenta del voto a favor de la Senadora Lisbeth.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¡Claro!

 

Gracias, secretario. Se toma en cuenta.

 

Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”.

 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

 

Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretario.

 

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Elena García Gómez para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

 

Tiene la palabra, Senadora.

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señora Presidenta.

 

Compañeras y compañeros Senadores: El dictamen de la minuta que hoy nos ocupa tiene por objeto declarar el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”.

 

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, por lo que alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país, de los cuales únicamente 2 por ciento de los casos que conocen en el momento que se presenta el delito.

 

Diversas fuentes estadísticas han mostrado la magnitud y la gravedad del crimen que se comete contra niñas, niños y adolescentes, dada su condición de personas en desarrollo que requieren la protección y los cuidados necesarios y denotan la insuficiencia de recursos para combatirlo, ya que de acuerdo con Unicef el Informe Anual 2014, aproximadamente 1 por ciento de los recursos identificados en el presupuesto para la infancia se dedican a la protección contra la violencia, el abuso y la explotación.

 

Esta comisión dictaminadora consideró que el asunto reviste importancia para el Poder Legislativo, ya que la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes abonó ampliamente a la protección de los derechos de la niñez, pues su enfoque garantista asegura el respeto de sus derechos, en su dictaminación fue prioridad de las y los legisladores considerar el garantizar la integridad personal de la niñez como un derecho irrestricto.

 

Es por ello que en el marco del orden jurídico nacional y los tratados internacionales, el combate del abuso sexual contra niñas y niños y adolescentes, no admite omisiones por parte de las autoridades facultadas para ello, ni la complacencia de la sociedad, puesto que se trata de una práctica de carácter delictiva que afecta física y psicológicamente a víctimas y familiares, y nos agravia a toda la ciudadanía, por ello las comisiones dictaminadoras coinciden con la Colegisladora cuando establece que los abusos y la explotación a los que son sujetos no distinguen país, cultura o condición social y considera viable pronunciarse al respecto.

 

Por esta razón vengo a solicitar su voto a favor del presente dictamen para conmemorar el día 19 de noviembre como “Día Mundial para la Prevención del Abuso del Niño”, declarado en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas, y a partir de una iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Martha Elena.

 

Está a discusión el dictamen.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señora Presidenta.

 

Estimados compañeros y compañeras.

 

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva a efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren, es un problema que ha transgredido las normas sociales e impacta negativamente en la vida y en el desarrollo de sus víctimas.

 

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.

 

La mayoría de los niños y niñas y sus familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades o en muchas ocasiones por tolerancia social.

 

Es de vital importancia reconocer que el abuso sexual ocurre en todos los ámbitos, por lo que nosotros como padres y madres tenemos la obligación de hablar con nuestros hijos e hijas y apoyarnos ya sea con nuestro médico de cabecera, con profesores o con especialistas, o con la propia familia por supuesto.

 

Como legisladoras y legisladores tenemos el compromiso de crear políticas públicas y programas de atención fomentando la cultural en contra del abuso infantil, por lo que es necesario que los padres y madres iniciemos esta labor en el hogar, así como concientizar a las escuelas para que incursionen en  programas para enseñarles a los niños, niñas y adolescentes acerca del abuso sexual y su prevención.

 

Las pruebas indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas y niños, sino también para sus familias y comunidades.

 

Ante tales circunstancias, compañeros legisladores y legisladoras, consideramos necesario declarar “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil” el 19 de noviembre de cada año, con la finalidad de sensibilizar, prevenir y proteger el abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes.

 

Esta problemática no tiene distinción de género, nivel educativo o socioeconómico, debemos, por tanto, genera conciencia, medidas de prevención y atención. Nuestras niñas y niños son lo más valioso que tiene México, protejámoslos, informémosle de los signos de alerta, abrámosles canales de comunicación.

 

Compañeras y compañeros, esta acción es un inicio, pero el esfuerzo debe de ser continuo tanto de nuestra parte como de la sociedad civil.

 

Por lo anterior, les invitamos a apoyar esta iniciativa que les ofrezca a las niñas y niños de México un mejor futuro.

 

Por su atención, pero especialmente por su apoyo muchísimas gracias.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Hilda Flores.

 

Enseguida, desde su escaño, tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar, igual, a favor del dictamen.

 

Sonido en su escaño.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidenta.

 

Me parece que el dictamen que tenemos a consideración es un dictamen de mucha trascendencia, porque estamos hablando de uno de los delitos más aberrantes y que está en crecimiento.

 

Las nuevas tecnologías han permitido que los tratantes, que los lenones, la gente que se dedica a promover la pornografía contra nuestras niñas y niños ha caminado de manera muy importante. Por eso, hoy nos pronunciamos a favor de que se establezca este “Día Nacional de la Lucha contra el Abuso Sexual”, porque servirá para levantar la voz a favor de estos 40 millones que representan a las niñas, niños y adolescentes de este país.

 

Además esta iniciativa tiene que ver con el desdoblamiento de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes que en breve nosotros aprobamos y que ha sido ejemplo en este continente.

 

Por esto y por todo lo que se ha expresado, vale la pena establecer que el “Día Nacional de la Lucha contra el Abuso Sexual”, como el 19 de noviembre de cada año.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Diva.

 

Informo a la Asamblea que la Senadora Graciela Ortiz González hizo llegar a la Mesa Directiva el texto de su intervención sobre este dictamen, el cual se integrará al Diario de los Debates.

 

Por no haber más intervenciones ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señora Presidenta, doy cuenta de la votación, 90 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana  Díaz Lizama: Gracias, Senador Octavio Pedroza.

 

Queda aprobado en lo general y en lo particular, el decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 19 de noviembre de cada año, “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”.

 

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Enseguida tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la  Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sobre la integración del Sistema de Protección de Derechos de la Niñez.

 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.

 

Quienes estén porque se omita, favor de expresarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana  Díaz Lizama: Gracias, Secretario.

 

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García  Gómez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

 

Tiene la palabra Senadora.

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia señora Presidenta.

 

Compañeras y compañeros Senadores: A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar este dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y también de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona a la fracción XLII, recorriéndose las subsecuentes al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

Esta Comisión Dictaminadora observó la importancia de este dictamen en el marco de la armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en diciembre del  2014.

 

Gracias a esta ley, por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

 

En ese sentido, la Ley General en su artículo primero menciona como objeto de la misma, crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.

 

Las atribuciones de este sistema se encuentran en el artículo 125 de la ley.

 

Ahora bien, dicha legislación establece en su artículo 127, la conformación del sistema, el cual será presidido por el Presidente de la República. La presencia del titular Ejecutivo Federal, resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tiene los derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

Por otro lado, la coordinación operativa del sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva que será un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el sistema.

 

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la ley, y destaca el coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la ley.

 

Al respecto es importante señalar que en el régimen transitorio de la ley en específico, en su artículo 2º, establece que el Congreso de la Unión realizará las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

 

En ese sentido es que diversas legisladoras y legisladores hemos presentado reformas a diversos ordenamientos con el objeto de iniciar con la armonización legislativa de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Es así que es de suma importancia que se visualice la figura de la Secretaría Ejecutiva, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en la Orgánica de la Administración Pública Federal. Toda vez que en la estructura orgánica de esta Secretaría, recaerá la función de la coordinación del Sistema de Protección Integral.

 

Por otro lado, esta Comisión Dictaminadora consideró que es oportuno que se señale que en los casos excepcionales será el Secretario de Gobernación, el que supla al Presidente de la República como presidente del sistema, tal y como lo menciona la Ley General.

 

Es imperante continuar con el proceso de armonización a la brevedad. Por lo que exhorto a este Senado de la República, a votar a favor de este dictamen.

 

Es cuanto, señora Presidenta.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Martha Elena.

 

Está a discusión el dictamen.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

 

La Senadora Angélica Araujo Lara: Muchas gracias.

 

Con su venia, señora Presidenta y paisana. Muchas gracias, es un honor.

 

Primero quiero felicitar, por supuesto, a las dos comisiones, la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia y la de Estudios Legislativos por la aprobación que estamos poniendo a consideración del presente dictamen.

 

Ya su presidenta hace un momento hizo la presentación aquí muy puntual, pero únicamente  como representante del grupo parlamentario del PRI, yo quisiera significar la importancia que tiene estas modificaciones.

 

Primero, haciendo referencia a este sector tan importante y al número sobre todo que representa a las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

 

Según cifras del Inegi, estamos hablando de que el 28 por ciento de la población, esto es más de 33 millones de personas. Estaríamos beneficiando con las modificaciones que este día estamos poniendo a su consideración.

 

Como todos ustedes saben, desde noviembre del 89, en nuestro país nos comprometimos, al igual que todo el mundo, a proteger, a promover los derechos de niños, niñas, a lograr la supervivencia, a que puedan ellos aprender y crecer, que puedan desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, y a lograr sobre todo que sus voces fueran escuchadas.

 

De igual manera, la Convención sobre los Derechos del Niño, todos sabemos que es el Tratado Internacional de Derechos Humanos que ha recibido el más amplio reconocimiento y que recibió el mayor número de votos.

 

Desde entonces, las  niñas, los niños y los adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos y no solamente como sujetos de protección.

 

Estamos comprometidos a garantizar el pleno desarrollo de los niños, de los adolescentes. Prueba de ello, como ya se ha dicho, es que en este recinto acabamos de votar dos dictámenes que están también a favor de los dictámenes previos, también hemos logrado elevar de 14 a 15 años, la edad mínima para trabajar, y creo que el mecanismo más importante que logramos fue la aprobación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se publicó en el Diario Oficial en diciembre del 2014.

 

Con esa legislación, se logró la integración del Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, organismo encabezado por el mismo Presidente de nuestro país y cuyo objetivo es articular los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad civil para trabajar en conjunto a favor de la niñez y de la juventud en nuestro país.

 

Hoy, lo que estamos poniendo a su consideración es que en este sistema le demos no solamente la trascendencia que hoy ya tiene, sino que podamos lograr  otorgarle un mayor dinamismo al trabajo de este sistema, al proponer que sea el Secretario de Gobernación, quien pueda presidirlos en casos excepcionales, con lo cual, estamos flexibilizando la operación y, sobre todo, estamos facilitando la realización de las sesiones en beneficio de este sector de la población.

 

Para este efecto es que estamos proponiendo las adiciones al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, otorgándole  de manera expresa al titular de la Secretaría de Gobernación, dicha facultad.

 

Esta modificación es consistente con lo establecido en la ley fundamental, en lo relativo a las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo y a las disposiciones secundarias en materia, reforzando así, lo dispuesto en la Ley General, que como dije, aprobamos en diciembre del 2014.

 

Esta reforma, sabemos que se traducirá en beneficios concretos para nuestras niñas, para nuestros niños y para nuestros adolescentes.

 

Por eso, nuestro grupo parlamentario, el grupo parlamentario del PRI, seguimos impulsando estas políticas públicas que benefician a las niñas, a los niños y adolescentes, siempre con el propósito de crear mejores condiciones para su desarrollo en el presente, pero sobre todo, para garantizarles a todos ellos, un mejor futuro.

 

 Muchas gracias y, por supuesto, invitamos a todos a votar a favor del presente decreto.

 

Gracias, Presidente.

 

Es cuanto.

 

(Aplausos)

 

La Presidenta Senadora Rosa  Adriana Díaz Lizama: Gracias Senadora, Angélica Araujo.

 

Ahora tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón, del Partido Acción Nacional.

 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias, Presidenta.

 

En el PAN también celebramos que haya esta atención especial, específica y en distintas áreas a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

 

Al principio ya hablábamos de los niños indocumentados que no están registrados, después hablamos del Día Nacional contra la Violencia Sexual y hoy de la integración de un sistema en la Secretaría de Gobernación.

 

La verdad que  cada día nos asombra más como las niñas, los niños y los adolescentes están siendo sujetos de  violencia u objetos de adultos en la trata, en la violencia, en la compra, en el asesinato de las niñas, los niños y los adolescentes. La ONU dice que los últimos 25 años, cada día mueren dos niños menores de 14 años, cada día mueren por asesinato dos niños de 14 años.

 

También dice la Unicef, que entre 55 y 65 por ciento de los niños han sufrido violencia física en algún trayecto de su vida, y que también hay violencia doméstica. Más o menos, el 47 por ciento de la violencia que sufren los menores es en sus casas y es a través de sus madres.

 

Nos parece que es verdaderamente importante cambiar este chip. 

 

Yo no sé qué está pasando, que perdemos el sentido de la vida, que utilizamos a los menores, que no les concedemos su capacidad, su individualidad y su integridad, así que el día de hoy que la Comisión de las Niñas, Niños y Adolescentes se ocupa en especial de hacer estos dictámenes. Creo que todos tenemos que celebrar.

 

Escuchaba yo a un juez el día de hoy sobre trata y sobre comercio sexual infantil en el puerto de Acapulco y hablaba verdaderamente con una ignorancia respecto de este problema grave en nuestro país. Creo que el sistema tendrá que ir a sensibilizar, que hacer una capacitación de largo aliento  a las autoridades que se ocupan de hacer estos juicios, de recibir las documentaciones  de los testimonios.

 

Hace una semana en mi ciudad, una madre asesinó a martillazos a tres de sus hijas y no había habido ningún antecedente que documentara que la madre tenía problemas.

 

Se encontró una chiquita de doce años violentada  sexualmente, acribillada, degollada. Y tampoco hay antecedentes, no hay una alerta de género, no hay la capacidad de las autoridades de admirarse, de impactarse, de indignarse frente a esta violencia cotidiana contra las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país.

Nos ocupamos de muchas cosas, de los procesos electorales, de la corrupción entre los adultos, que sí son importantes, pero más importantes son los menores que no están creciendo en el respeto, que no están siendo respetados y que las autoridades no han cuidado lo suficiente a las autoridades que reciben las denuncias, que están enteradas de que hay algo mal en las casas, en las familias, y que no hacen caso hasta que suceden estas tragedias. Dos niños mueren diariamente a causa de la violencia.

Así que celebro que haya entre los Senadores y las Senadoras, quién se esté ocupando de este tema y que finalmente Gobernación coja el toro por los cuernos y se pongan protocolos, cuidados, sensibilización, capacitación, especialmente en los Ministerios Públicos o las Fiscalías, para estar muy alertas de toda esta violencia que se anuncia con mucho tiempo de anterioridad y que sólo se hace caso cuando encontramos a los niños muertos, asesinados, violentados.

Felicito a la Presidenta de la Comisión, a las dos Comisiones, y vamos a trabaja en este tema.

Es cuanto, Presidenta.

 

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Luisa María Calderón.

Informo a la Asamblea que la Senadora Graciela Ortiz González hizo llegar a la Mesa Directiva el texto de su intervención sobre este dictamen, el cual se integrará al Diario de los Debates.

Por no haber más intervenciones, ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Doy cuenta, señor Presidente.

Se emitieron 89 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XLII, recorriéndose las subsecuentes al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

 

Informo a la Asamblea que entre los asuntos despachados el pasado jueves 17 de marzo, aprobamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos que propone un proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

El trámite de dicho asunto es remitirlo a la Cámara de Diputados para su fase de revisión. Al respecto, las comisiones dictaminadoras informaron que el  proyecto requiere de precisiones en los artículos 7 bis, 58-2; 68; segundo, tercero y quinto  transitorios.

 

Las adecuaciones se refieren a la actualización de la figura de la unidad de  medida que se utiliza para el cálculo de sanciones que en el texto aprobado mediante, mantiene todavía la referencia a días de salario mínimo; asimismo, en los artículos transitorios es importante que quede bien establecido el nombre del decreto que se está reformando y que erróneamente tiene mencionada a la Ley de Procedimiento Contencioso.

 

Las comisiones solicitan que las precisiones se apliquen a través de una fe de erratas.

 

Las precisiones requeridas no alteran de forma alguna el fondo de lo aprobado por esta Asamblea, y se justifican por la importancia de la pulcritud y claridad del texto del proyecto.

 

El texto de la fe de erratas está disponible en sus escaños, en consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si autoriza que la fe de erratas se incorpore a los asuntos de nuestra sesión.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se incorpore el asunto a la sesión para discusión y votación de la Asamblea.

 

Quienes estén porque se incorpore, sírvanse expresarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por que no se incorpore, favor de expresarlo, levantando la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se autoriza la incorporación del asunto a nuestra sesión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias Senador.

 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la fe de erratas.

 

El Secretario Senador  César Octavio Pedroza Gaitán: Doy lectura a la fe de erratas.

 

Artículo 7 bis. En referencia al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, debe de decir: “la unidad de medida y actualización”.

 

Respecto al artículo 58-2. Hace referencia al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado, al año, debe de decir: “la unidad de medida y actualización elevada al año”.

 

Respecto al artículo 68. Se hace referencia al salario mínimo general de la zona económica correspondiente al Distrito Federal elevado al mes, debe de decir: “a la unidad de medida y actualización elevada al mes”.

 

Respecto al transitorio segundo. Hace referencia a la presente ley, debe de decir: “el presente decreto”.

 

En referencia al transitorio tercero. Se hace referencia al penúltimo párrafo, debe de decir: “en el cuarto párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se adiciona con motivo del presente decreto”.

 

Finalmente respecto al transitorio quinto, dice: “la presente ley”.

 

Debe de decir: “la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo”.

 

Hace referencia en el mismo quinto transitorio de la presente ley, debe de decir: “la ley antes señalada”.

 

Y del mismo quinto transitorio.  Hace referencia a la ley reglamentaria debiendo decir: “de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero 2016, y la legislación reglamentaria que se expide en términos de dicho decreto.

 

Es todo, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

 

Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas presentada.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto, por instrucciones de la Presidencia, a la Asamblea si se admite a discusión la fe de erratas.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de expresarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

 

En consecuencia, está a discusión la solicitud de fe de erratas.

 

Al no haber oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Me permito dar cuenta del resultado de la votación, señor Presidente.

 

Se expresaron 83 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

 

En consecuencia, se aprueban las modificaciones a los artículos 7º bis, 58-2, 68; segundo, tercero y quinto transitorio del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo.

 

Remítase a la Cámara de Diputados.

 

Tenemos ahora la discusión de 10 dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar proyectos iniciados en el Senado.

 

Esos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy.

 

En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.

 

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos que se refieren a los dictámenes negativos.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura, señor Presidente.

 

Están a discusión los siguientes dictámenes:

 

Uno, de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para adicionar los artículos 38 y 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales.

 

Y uno, de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 4 y 43 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

 

Uno, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio y Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, en relación con los dos proyectos de decreto para reformar el artículo quinto transitorio del decreto de forma constitucional en materia de telecomunicaciones.

 

También tenemos tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos.

 

Uno, para reformar el artículo 73 constitucional y artículos 17 y 28 de la Ley General de Salud.

 

Y otro, para reformar el artículo 80 constitucional.

 

Y otro, para reformar el artículo 3° constitucional.

 

Asimismo, tenemos tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre los siguientes proyectos de decreto.

 

Uno, para reformar los artículos 3° y 73 constitucionales.

 

Y otro, para adicionar el artículo 3° constitucional.

 

Y otro, para reformar diversos artículos constitucionales en materia educativa.

 

Y por último, tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 116 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, están a discusión.

 

Al no haber reservas de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto iniciados en esta Cámara.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos que desechan proyectos de decreto.

 

Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se desechen, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobados los acuerdos, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los acuerdos.

 

Comuníquense.

 

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo que exhorta a impulsar campañas y actividades de educación y sensibilización con el fin de incrementar la participación de mujeres, niñas y adolescentes en la ciencia.

 

Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día para su conocimiento.

 

En consecuencia, está a discusión.

 

Para presentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez García.

 

El Senador Patricio Martínez García: Con su venia, señor Presidente.

 

Compañeras, compañeros, Senadoras, Senadores.

 

Acudo a esta tribuna para presentar dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a impulsar campañas y actividades de educación y sensibilización, con la finalidad de incrementar la participación de mujeres, niñas y adolescentes en la ciencia, el cual se desprende de una propuesta presentada por nuestro compañero Senador Miguel Romo Medina.

 

En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros Juan Carlos Romero Hicks, Francisco de Paula Búrquez, Oscar Román Rosas González y Mario Delgado, por su apoyo para aprobar favorablemente este dictamen.

 

Hoy día nadie puede negar el papel que para el desarrollo económico y bienestar social de las naciones representa el apoyo e impulso de actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

 

Las agendas públicas de los países más desarrollados y de las economías emergentes han situado a la ciencia, a la tecnología y a la innovación como base fundamental para elevar sus capacidades productivas y de competitividad.

 

Las preocupaciones sobre la importancia de la equidad de género en el desarrollo científico son, y han sido, materia de diversas publicaciones, documentos y estudios de los principales organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Banco Mundial, entre otros, quienes han percibido y reconocido la importancia de este tema para el óptimo desarrollo de las actividades científicos y tecnológicas.

 

En la actualidad resulta relevante continuar estimulando la participación de las mujeres en la ciencia. Si bien es cierto, se ha tenido un importante avance legislativo como el que este Senado aprobó mediante reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología.

 

En el año 2013, lo que sentó las bases para el impulso de la equidad de género en las actividades científicas y tecnológicas en el país, aún los retos son grandes.

Lamentablemente, la ciencia en nuestro país presenta rezagos en la participación de las mujeres. Como datos relevantes en el Sistema Nacional de Investigadores, de un total de 23 mil 316 miembros sólo 8 mil 345 son mujeres, es decir, el 36 por ciento.

 

Por otra parte, mil 578 hombres tienen el nivel 3 y sólo 425 mujeres tienen ese nivel; es decir, el 79 por ciento son hombres y 21 por ciento son mujeres en lo que son estas organizaciones científicas.

 

La Academia Mexicana de Ciencias cuenta en su membresía, en el 2016, con 2 mil 998 científicos, de los cuales sólo el 23 por ciento son mujeres.

 

Con estos antecedentes, desde la Comisión de Ciencia y Tecnología, consideramos adecuado dictaminar este punto de acuerdo, en sentido positivo, sobre la base de la iniciativa presentada por el Senador Romo Medina, esto a fin de que se refuercen y sigan impulsando acciones y programas en favor de la inclusión de las mujeres en la ciencia.

 

Estamos convencidos del papel trascendente de mujeres en la ciencia y de la importancia de continuar impulsando acciones que consoliden la participación del género femenino en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

Esperamos con su voto la aprobación para este dictamen, y aprovecho la circunstancia para informarles que en la Comisión de Ciencia y Tecnología estamos empeñados en terminar con todo lo que se nos ha mandado por el Pleno para su estudio y dictaminación.

 

En una semana hemos presentado dos dictámenes y esperamos concluir pronto las tareas que el Pleno nos ha asignado estando, pues, a la disposición de ustedes para todo lo que tengan a bien enviarnos para su estudio y dictaminación.

 

Muchísimas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Martínez.

 

Se concede el uso de la tribuna al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, compañero Presidente.

 

Compañeras Senadoras; compañeros Senadores: Hemos señalado con mucha puntualidad que el tema de la ciencia y la tecnología son elementos fundamentales claves para consolidar las fortalezas de un país en el desarrollo y la competitividad, ello lleva a que la potencialidad científico y tecnológica de un país debe incluir los siguientes factores:

 

Uno. Ciencia y tecnología que analiza el gasto total de la investigación y el desarrollo, el personal dedicado a la investigación y el desarrollo, la gestión de la tecnología, innovación, el ambiente científico y la propiedad intelectual.

 

Dos. La infraestructura en razón de que este factor involucra la infraestructura básica de una nación, su infraestructura tecnológica, su autosuficiencia energética y el medio ambiente.

 

Sin duda que las escuelas juegan un papel determinante, fundamental, total, en este tema, ¿pero qué sucede con respeto a la infraestructura?

 

Hemos platicado con el ciudadano ingeniero Rodolfo Tuirán, responsable de la Subsecretaría de Educación Media Superior, y es preocupante lo que se plantea desde la Secretaría de Educación Pública en esta materia, no se cuenta con los recursos económicos suficientes para que las escuelas de México puedan incorporarse a la era del conocimiento científico y tecnológico. No hay recursos económicos para equipar las instituciones educativas. 

 

Los  CETIS, los CBTIS, las CBTA, nuestras universidades tienen equipos muy obsoletos, equipos que datan de los años 70, cuando todo era manual, y hoy estamos en la era digital.

 

Por eso es muy importante y desde aquí hacemos un llamado al ciudadano Presidente de la  República, al ciudadano Secretario de Educación Pública, al ciudadano Subsecretario de Educación Media Superior, para que en el Presupuesto 2017 puedan incorporar partidas presupuestales para que las escuelas de nivel medio superior y superior puedan ingresar a la era digital en ciencia y tecnología.

 

Los datos, compañeros. En el 2015, se ejercieron 62 mil 242 millones de pesos; en el 2016 se presupuestaron 59 mil 279 millones de pesos, es decir, hubo una reducción de 3.66 por ciento con respecto al Presupuesto de 2015.

 

Con estas condiciones este punto de acuerdo es importante, pero se queda sin materia cuando no existen los elementos para que  los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres participen en la ciencia, es una escuela, pero si la escuela no cuenta con infraestructura, es prácticamente imposible.

 

En este asunto el número tres, la gestión donde se involucre la productividad, los costos laborales, la eficiencia de gestión, la gestión de calidad y el emprendimiento y la cultura corporativa.

 

Cuatro.  Gente que incluye las características de la población y de la fuerza laboral, el empleo y el desempleo, la estructura educacional, la calidad de vida de las actividades y los valores.

 

En suma, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, la ciencia y la tecnología, insistimos, son fortalezas de un país, pero mientras no se le invierta, el triste destino de nuestro amado México será ser un país dependiente en esta materia y en consecuencia estará condenado a ser un país manufacturero y subdesarrollado.

 

Por su atención, muchas gracias y aún en esa condición, a favor del punto de acuerdo.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Demédicis.

 

En virtud de no haber más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobado el acuerdo, Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el acuerdo. 

 

Comuníquese.

 

Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir un informe sobre cuántas averiguaciones previas se han iniciado por desaparición forzada.

 

Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día para su conocimiento.

 

En consecuencia, está a discusión.

 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor de este dictamen.

 

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.

 

La crisis que vive el Estado mexicano, día a día se hace más profunda con cada persona desaparecida, la confianza en las instituciones es vencida por la impunidad y la corrupción, la capacidad de actuación y reacción de las fuerzas policiacas y militares se debilita, y por el contrario se fortalece la estructura de las bandas criminales.

 

Con una de las 27 mil personas de las cuales se desconoce su paradero, el sufrimiento y el dolor de las familias, alienta el descontento con el Estado de derecho.

 

Es indudable y lamentable que con cada desaparecido, la capacidad de asombro se diluye, la dignidad humana se devaluar y la nación mexicana se fragmenta y el sentido de pertenencia se evapora.

 

Las cifras, tanto oficiales como extraoficiales son alarmantes. Se estima que pudieran ser 27 mil o más, las personas desaparecidas en este país.

 

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas, como lo señala el presente dictamen de 2007 a la fecha, hay 23 mil 605 casos de desaparición registrados. De estos el 40 por ciento ha sido denunciado durante la actual administración federal.

 

Tal como se desprende de las estadísticas de este registro, Tamaulipas es la entidad federativa donde más personas han desaparecido, con 5 mil 380 víctimas  registradas, tanto en el fuero común como en el federal. De ellas, 30 por ciento han sido desaparecidas durante la actual administración.

 

El segundo lugar, es el estado de Jalisco donde se tienen registrados 2 mil 150 casos de desaparición. De los cuales 49 por ciento se perpetraron en los últimos 3 años.

 

Y en tercer lugar, está el Estado de México, entidad en la que se tienen contabilizadas mil 745 desapariciones, que 51.6 por ciento de las cuales se cometieron durante la actual administración federal.

 

Zacatecas, por su parte, también presenta un estado crítico en la materia que, si bien no alcanza los niveles de estas entidades, debe ser un motivo de alarma para las autoridades del estado. Ya que entre 2014 y enero de este año, de acuerdo a la misma fuente de registro, más de 340 personas mantienen el status de desaparecidos.

 

Para hacer frente a esta enorme problemática, sin lugar a dudas, es necesario contar con información puntual, precisa de cuántas averiguaciones previas ha iniciado la Procuraduría General de la República por delito de desaparición forzada en los términos del Código Penal Federal.

 

Asimismo, es indispensable que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, contenga cifras que otorguen una radiografía de dónde y cómo se comete este tipo de delitos para que la estrategia de las autoridades sea focalizada y bien diseñada.

 

Mientras no existen acciones eficaces para combatir la desaparición forzada de personas, la deuda de las autoridades en los tres niveles de gobierno con la ciudadanía, seguirá creciendo y en la desconfianza en la de instituciones también.

 

Basta recordar que los resultados de Latinobarómetro del 2015, indican que entre la ciudadanía crece el descontento con la democracia, ya que sólo el 19 por ciento de las personas en México, se siente satisfechos de ésta, y menos de la mitad cree que sea la mejor  forma de gobierno.

 

Luego entonces el tema de desaparición, no sólo implica el atentado contra la vida, los derechos y la integridad de las personas y sus familias. Es un atentado contra todo el Estado en su conjunto, su forma de gobierno y la estabilidad social.

 

En este sentido, el exhorto que la Comisión de Justicia hace a la Procuraduría General de la República, debe ser aprobado porque es indispensable conocer cómo yo de qué manera se está atendiendo está problemática desde la Procuraduría.

 

Y, con ello, generar insumos para que en la discusión de la Ley en materia de Desaparición de Personas, se construya un instrumento que sirva en los hechos para abatir esta lamentable realidad que sufren miles de familias mexicanas.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Menchaca.

 

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor de este dictamen.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Presidente.

 

En nuestro país de acuerdo a las cifras difundidas por la propia Secretaría de Gobernación,  hay más de 27 mil personas desaparecidas tan sólo en el periodo comprendido entre 2006 y 2012.

 

Del 2012 al 2014, la cifra es de 16 mil de ellas y, según las cifras oficiales, se han encontrado 8 mil personas vivas y 385 muertas.

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que tiene un registro de 24 mil 800 personas desaparecidas, y señaló que en 2 mil 443 de esos casos, hay indicios posibles de desaparición a manos de los agentes del Estado en la desaparición de las personas.

 

Por ello, ha emitido hasta este momento diez recomendaciones sobre la desaparición forzada de 2006 a 2012, que involucran a 26 víctimas, refiriendo a la desaparición forzada de personas, cometida por elementos de la Sedena, de la Secretaría de Marina y de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como por algunos elementos de las policías estatales y municipales.

 

La historia de muchas de estas víctimas ha salido a relucir en las audiencias públicas realizadas por el Senado de la República, para discutir los elementos que deberá contener la Ley General sobre Desaparición Forzada en nuestro país. Las historias de estas desapariciones pueden ser distintas en el contexto en el que ocurrieron, según el sexo o la edad de las víctimas.

 

Sin embargo, todas  coinciden en la respuesta negligente y omisa por parte del Estado mexicano, cuyas autoridades se han negado a investigar y buscar a las personas reportadas como desaparecidas, delegando tal función a las familias de las propias víctimas.

 

De acuerdo a la información proporcionada durante las audiencias, las autoridades de procuración de justicia únicamente inician una acta circunstanciada o averiguación previa por cada 9 personas reportadas como desaparecidas en el país, lo que se traduce en que la autoridad no realiza una investigación formal para localizar a las personas, generando además, que no exista un registro administrativo que haga constar los datos y las circunstancias en que desaparecieron las personas, lo que genera una cifra negra sobre este fenómeno y una ausencia de medidas para prevenir hechos similares.

 

Otro aspecto  que fue evidenciado durante las audiencias es que cuando se acude a denunciar la desaparición de una persona, las autoridades se niegan a iniciar una investigación o búsqueda hasta que hayan transcurrido 72 horas. Este plazo no se encuentra estipulado en ningún instrumento normativo, pero forma parte de los grandes obstáculos que ponen las autoridades mexicanas para iniciar las acciones de búsqueda e investigación de personas desaparecidas.

 

Esta actuación resulta contraria a lo establecido en los estándares internacionales que establecen que en las primeras horas resultan decisivas para la localización de una persona y que pueden ser la diferencia entre localizarla con vida y sin vida.

 

En especial, vulnerabilidad se encuentran las miles de personas migrantes que desaparecen en su tránsito por México, ya que no existen familiares que puedan denunciar o presionar para que  sean localizadas. Esta situación se agrava cuando hay presencia de grupos de crimen organizado en las zonas y territorio por las que habitualmente se  trasladan los grupos de migrantes, ya que en más de una ocasión se ha constatado que grupos delictivos han sido los responsables de la desaparición masiva de migrantes y de las ejecuciones también masivas.

 

Durante las audiencias, Nadín Reyes Maldonado, del Comité de Familiares Hasta Encontrarlos, coincidió con prácticamente todas las personas que habían participado en las audiencias, e instó en que la búsqueda debe iniciarse en las primeras horas, poniendo en marcha todas las alertas existentes y realizando la búsqueda de campo.

 

Para ello demandó  la creación de fiscalías especializadas en cada una de las entidades federativas  y la adopción de protocolos que contemplen que la búsqueda deba realizarse a nivel nacional o transnacional, asegurando que se garantice en todo momento la seguridad e integridad física y psicológica de los familiares.

 

Otro de los testimonios que evidenció la tragedia que viven las familias de personas desaparecidas fue la de Manuel Ramírez Juárez, padre de Mónica Alejandrina Ramírez Álvarez, desaparecida  en 2004 en el Estado de México, quien denunció a agentes judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como  partícipes en la desaparición de su hija, sufriendo amenazas en su tránsito, tanto él como su familia, obligándolos a salir de Ecatepec y buscar una nueva residencia fuera de la entidad.

 

La desaparición de personas en México  es una tragedia a gran escala, que exige desde el Estado mexicano una respuesta integral y satisfactoria para atender y esclarecer los miles de casos de todas las personas desaparecidas.

El Estado mexicano debe cumplir con su obligación de garantizar a las familias de las personas desaparecidas y de la sociedad mexicana, su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, y desde luego tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias para desarrollar una búsqueda efectiva y una investigación exhaustiva que permita dar con el paradero de las personas desaparecidas, y la sanción de aquéllos que hayan privado de la libertad.

Por estos argumentos estamos reforzando a favor el punto de acuerdo en comento.

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Padierna.

Se ha agotado la lista de oradores y oradoras.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el acuerdo.

Comuníquese.

Tenemos ahora la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo. Todos están publicados en la Gaceta de hoy.

Solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy cuenta con las materias de los dictámenes:

Uno, que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a evaluar la necesidad de fortalecer entre sus integrantes la formación, capacitación, implementación, aplicación e instrumentación respecto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Otro, que exhorta a elaborar y actualizar los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, que les permitan mayores posibilidades de enfrentar situaciones de riesgo.

Y uno más, que exhorta a implementar las acciones que coadyuven a incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos.

Son todos los dictámenes, Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, están a discusión.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, para presentar los dictámenes.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores: El día de hoy sometemos a consideración de esta soberanía, tres dictámenes relacionados con niñas, niños y adolescentes.

Con la aprobación de la Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes que aprobamos en este Senado de la República, se les reconoce como sujetos de derechos, se promueve una política pública coordinada para atenderlos de manera integral, y se establece la implementación de medidas en favor de la inclusión de la niñez y la adolescencia con discapacidad.

Esta ley es una realidad. Sin embargo resulta imprescindible su correcta aplicación e instrumentación para alcanzar sus objetivos, sobre todo en el ámbito judicial.

En ese sentido queremos hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el absoluto respeto a la división de Poderes y con la independencia de fortalecer el Poder Judicial, para evaluar la necesidad de fortalecer entre sus integrantes la formación, capacitación, implementación, aplicación e instrumentación respecto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como de los instrumentos:

Un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Y protocolo iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso de la justicia de las personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas.

Por otro lado, y también hablando de la protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, resulta oportuno atender todas aquellas situaciones en donde las personas puedan presentar múltiples condiciones de vulnerabilidad como lo son las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Actualmente no contamos con criterios específicos y propios para atender a los sectores de la población que requieren de atenciones especiales como lo son niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas  mayores.

 

Ellos son mayormente vulnerables por su condición, a sufrir alguna consecuencia derivada de desastres  naturales, por lo que se necesitan protocolos de actuación que les permitan desde sus capacidades generales y específicas mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgos.

 

Es por ello que queremos hacer un llamado a las entidades para que a través de sus instancias correspondientes, y en coordinación con el Consejo Nacional de Protección Civil elaboren y actualicen los protocolos de actuación para la atención a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que les permitan mayores posibilidades para enfrentar estas situaciones de riesgos.

 

Finalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 24 que los Estados partes asegurarán un sistema educativo, inclusivo en todos  los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana.

 

Así como los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad y sus aptitudes.

 

Por otra parte, la Ley General de Educación recoge este principio y menciona en su artículo 41 el establecimiento de la denominada Educación Especial, la cual está destinada a personas con discapacidad transitoria o definitiva, así como aquellas con aptitudes sobresalientes.

 

Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

 

Sin embargo, aún existen datos que nos señalan que debemos continuar trabajando e impulsando las políticas pertinentes que permitan que la inclusión a la educación sea en todos los niveles en condiciones de igualdad.

 

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística  refiere que mientras el 56 por ciento de las personas en edad escolar sin discapacidad asisten a la escuela, sólo lo hace el 45 por ciento de la población con discapacidad.

 

En  el tema del nivel de escolaridad, 26.3 por ciento de la población con discapacidad no tiene instrucción alguna, cifra, 3.5 veces más alta que las personas sin discapacidad.

 

Es por ello que planteamos a este Pleno el exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus atribuciones implemente las acciones que coadyuven a incentivar la matriculación de personas con discapacidad en todos sus niveles educativos; así como  las medidas pertinentes para erradicar los niveles de analfabetismo en el sector de la población.

 

Compañeras y compañeros Senadores, los invito a aprobar estos dictámenes que nos permitirán seguir trabajando en beneficio de las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes para procurarles mejores condiciones y mayores oportunidades y empoderarlos para reducir esa brecha de vulnerabilidad, porque son ellos el futuro de México.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Merodio.

 

Recibimos  los textos de la intervención de la Senadora Itzel Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los cuales se insertarán de manera íntegra en el Diario de los Debates.

 

Se concede entonces el uso de la palabra a la Senadora Hilda Flores Escalera para hablar sobre el dictamen que exhorta a elaborar y actualizar los protocolos de actuación para la atención de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, y personas adultas mayores que les permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo.

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, Presidente.

 

Compañeras y compañeros Senadores: Quiero, por supuesto, sumarme en positivo a la serie de dictámenes que ha presentado la Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la Senadora Lilia Merodio, y muy particularmente quiero hacer énfasis en el dictamen que tiene que ver con los protocolos de actuación en  materia de protección civil para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con alguna discapacidad y personas adultas mayores.

 

Y quiero comentarles que se inscribió este punto de acuerdo en el marco de la conmemoración del 30 Aniversario del Sismo de 8.1 grados Richter que sacudió la Ciudad de México en el cual se estima fallecieron 10 mil personas; 30 mil estructuras fueron destruidas en su  totalidad, y 68 mil edificaciones resultaron con daños parciales.

 

A partir de este triste suceso, el Estado mexicano, de la mano de la sociedad se dio a la tarea de desarrollar mecanismos de prevención y actuación para hacer frente a los desastres naturales.

 

Y no es para menos, pues, nuestro país se encuentra expuesto a fenómenos que ocurren con mucha frecuencia, como son: sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, hundimientos y tormentas, por mencionar sólo algunos. Estas situaciones son, en la mayoría de los casos, inevitables e impredecibles, de ahí la importancia de contar con una clara estrategia de actuación a fin de que las pérdidas humanas y materiales se reduzcan tanto como sea posible.

 

Al respecto, recordemos que el 28 de mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto instaló el Consejo Nacional de Protección Civil, órgano de consulta y coordinación para fomentar la participación activa del gobierno y de todos los sectores de la sociedad.

 

Instruyó, además, al Sistema Nacional de Protección Civil a implementar diversas medidas de prevención, tales como crear y operar el Sistema Nacional de Alertas.

 

Iniciar la operación de la estrategia “México Seguro ante Desastres”.

 

Promover la cultura de la prevención y la protección civil con énfasis en los habitantes de las zonas más vulnerables, entre otras, acciones que revelan el compromiso y esfuerzo de las autoridades para la prevención y atención de catástrofes.

 

Sin embargo, consideramos oportuno que ante esta dinámica positiva de fortalecimiento a la protección civil, se ponga énfasis en la necesidad inaplazable de crear y difundir protocolos de actuación para la atención de los sectores de población vulnerable ante desastres y siniestros.

 

Las niñas, niños y adolescentes, personas con alguna discapacidad y personas adultas mayores requieren de atención particular en estos casos; merecen tener las mismas posibilidades para hacer frente a los riesgos impredecibles, y salir ilesos.

 

Es por ello, que este dictamen propone que las entidades federativas en coordinación con el Consejo Nacional de Protección Civil, elaboren y actualicen los protocolos de actuación para estos grupos de la población, la intención es que, tanto en espacios públicos como privados, las rutas de evacuación, las zonas de resguardo, las medidas de seguridad y demás mecanismos para la protección de la población, estén adaptados para quienes tienen requerimientos particulares, así también, como el hecho de que el personal encargado de la protección civil y la sociedad en general estemos capacitados y sepamos qué hacer ante un desastre o siniestro para ayudar a estas personas y proteger su integridad física e incluso su vida.

 

Por tanto, pues, celebro la discusión hoy de este dictamen en particular y, por supuesto, pues, estamos seguras y seguros, los que integramos esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de que habremos de tener el respaldo de todas y de todos ustedes, compañeros Senadores.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

Muchísimas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Flores Escalera.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, para referirse al dictamen que exhorta a implementar las acciones que coadyuven a incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos.

 

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, Senado Presidente.

 

Con su venia, señor Coordinador Emilio Gamboa.

 

Compañeras y compañeros legisladores: La educación es un instrumento fundamental para construir una sociedad más abierta, plural y menos desigualdad.

 

De ahí la importancia de que todos los sectores de la población tengan acceso a una educación de calidad. Justamente esta es la finalidad de este dictamen que hoy estamos discutiendo, y que no tengo duda, aprobaremos para beneficio de todos los mexicanos.

 

La propuesta que está a nuestra consideración tiene como objetivo que la Secretaría de Educación Pública fortalece, amplíe e incremente sus  acciones, estrategias para las personas con discapacidad puedan acceder al sistema educativo nacional de todos sus niveles y modalidades, sin que sea objeto de discriminación y sean tratados con equidad en igualdad de oportunidades.

 

De acuerdo al diagnóstico contenido en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, éstas se encuentran en severas desventajas en relación a la educación contra sus pares sin discapacidad.

 

Por ejemplo, en materia de educación escolar, las personas con discapacidad entre 3 y 29 años de edad presentan una tasa de asistencia escolar menor en un 16 por ciento que sus pares sin discapacidad.

 

En el tema de nivel de escolaridad, el 27 por ciento de  las personas con discapacidad no tiene estudios; el 45 por ciento terminó al menos un año de educación primaria; y el 13 por ciento terminó un año de educación secundaria, sólo el 7 por ciento; 1 de educación media superior, y tan sólo el 5 por ciento ha terminado un año de educación superior, pero de ellos, de las personas con discapacidad, el 29.1 por ciento de las personas con discapacidad física es analfabeta.

 

Y en materia de ocupación, el censo de 2010 nos reporta que la gran mayoría de las personas con discapacidad tiene un perfil ocupacional de baja cualificación.

 

En el PRI votaremos a favor de estas modificaciones para tener una verdadera educación inclusiva, que haga de este país uno más justo, igualitario y equitativo, con espacios adecuados, materiales didácticos pertinentes, especificación de metodologías, técnicas apropiadas y personal capacitado, actualizado y certificado para hacer de la educación un espacio común para todos.

 

Compañeras y compañeros legisladores.

 

Sin educación las niñas, los niños y los jóvenes con discapacidad no podrán tener trabajo o aspirar a trabajos mejor cualificados, y no serán adultos independientes, su destino será la marginación, la discriminación y la exclusión social.

 

Por su atención y apoyo, muchas gracias.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

 

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.

 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.

 

Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobado, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los acuerdos.

 

Comuníquense.

 

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

ROBERTO GIL ZUARTH

 

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Señoras y señores Senadores.

 

El pasado 26 de marzo falleció la señora Carmenchu Vilet de Torres, esposa de nuestro compañero Senador Teófilo Torres Corzo.

 

Ante este lamentable acontecimiento y haciendo patente nuestras condolencias a nuestro compañero Senador, a sus hijos y amigos, por la irreparable pérdida de doña Carmenchu, les pido a todos los presentes, que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria.

 

(Todos de pie. Se guarda un minuto de silencio)

 

Ruego a la Asamblea su atención.

 

El pasado miércoles 23 de los corrientes se suscitó el lamentable fallecimiento del señor Fernando Solana Morales, reconocemos en él a un destacado mexicano y a un servidor público ejemplar, comprometido en el desempeño de los cargos administrativos que se le encomendaron a lo largo de su fructífera carrera, también reconocemos su labor como Senador de la República en la LVI y LVII Legislatura en las que tuvo la responsabilidad de presidir la Comisión de Relaciones Exteriores, y presidir la Mesa Directiva de esta Cámara durante el mes de noviembre de 1997.

 

La Mesa Directiva acordó guardar un minuto de silencio en memoria del señor Fernando Solana, pero al mismo tiempo, a solicitud de grupos parlamentarios, habrá espacio para unas intervenciones.

 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse a la figura del doctor Solana Morales.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

 

Señoras Senadoras; señores Senadores: El día de hoy el Senado de la República rinde un merecido homenaje a uno de sus más notables integrantes.

 

Fernando Solana Morales, destacado egresado de la Facultad de Ciencias Política y Sociales y Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue uno de esos hombres cuyo talento y capacidad le permitieron desempeñarse en diversas áreas del servicio público.

 

Como político, como académico, como diplomático y también como legislador, Fernando Solana fue un constructor de instituciones y uno de los pocos funcionarios de Estado que entendía la dinámica y la interacción entre la realidad nacional y el contexto internacional.

 

De ahí que durante su paso por la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Educación Pública, la Cancillería y el propio Senado, haya sido un incansable promotor del desarrollo humano y de un mayor involucramiento de nuestro país en los grandes temas de la agenda global.

 

Para Fernando Solana, uno de esos mexicanos excepcionales que trascienden su tiempo y su circunstancia, era más que claro que la estabilidad macroeconómica por sí misma no aseguraría el crecimiento económico, que el mercado externo y la inversión extranjera no serían suficientes para garantizar el desarrollo del país, y que el libre comercio no sería la única política necesaria para incrementar la productividad y la competitividad.

 

Y además, rescato, no ocultó sus críticas y sus preocupaciones respecto al crecimiento del país y las dificultades que impedían este crecimiento. Planteaba con contundencia desde diversos foros que México debía lograr un crecimiento económico sostenido para lo cual era necesario las finanzas públicas, crear empleos productivos, mejorar los servicios públicos y, por supuesto, reforzar la posición internacional de México en el mundo y el desarrollo sustentable.

 

A la par de todo esto, don Fernando Solana planteaba que el desarrollo del país, pues, sólo sería posible si se invertía en educación y en infraestructura, si se fortalecía el mercado interno y se fomentaba una administración pública, honesta y eficiente. Reiteradamente enfatizaba lo que yo acabo de mencionar.

 

En el ámbito internacional, a don Fernando Solana le correspondió conducir la política exterior del Estado mexicano durante una de las épocas más complicadas del siglo anterior. Entre 1988 y 1993, el mundo sufrió severas transformaciones y México redefinió su manera particular de ver el escenario global.

 

En estos años la geopolítica fue un factor clave en el desarrollo de las relaciones internacionales y la capacidad de Fernando Solana. Sin duda, fue también valiosa, como determinante, para que nuestro país lograra aprovechar las ventanas de oportunidad en la complicada coyuntura que nos imponía la realidad internacional.

 

Como legislador el ex  Senador Fernando Solana reivindicó, como pocos, el ejercicio de las facultades constitucionales del Senado de la República en materia de política exterior y sentó precedentes fundamentales para entender y redefinir la relación de corresponsabilidad que, por mandato constitucional, debe existir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia internacional, de eso lo cuentan sus intervenciones en el Diario de los Debates.

 

En razón de todo lo anterior, como parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que en mi nombre, hoy expresamos este homenaje el día de hoy que el Senado de la República le rinde a don Fernando Solana Morales. 

 

Éste es un homenaje a su obra, a su legado de uno de los mexicanos más insignes de nuestros tiempos, sin duda le vamos  a extrañar en este nuestro México querido.

 

Muchas gracias por su atención.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Humberto Mayans Canabal.

 

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Con su permiso señor Presidente, amigo querido.

 

En primer lugar quisiera agradecer puntualmente al Senador Emilio Gamboa, el que me haya permitido participar en este homenaje póstumo que el Senado de la República realiza en favor de don Fernando Solana Morales, con quien coincidí como Senador de la República en las  LVI y LVII Legislaturas y quien fue un amigo entrañable a quien admiré y respeté profundamente.

 

Muchas gracias, Senador Gamboa.

 

Hablar de Fernando Solana es hablar de un hombre de Estado.  De un mexicano excepcional, de un estadista que manifestó su profundo amor a México, formó parte de la generación de los años 30, una generación de hombres y  mujeres brillantes que contribuyeron a la consolidación del México moderno y que incluyó a figuras destacadas en el ámbito nacional, tales como Miguel de la Madrid, Enrique González Pedrero, Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Flores Olea, Arnaldo Córdova, Ricardo Legorreta, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Sergio Pitol y Teodoro González de León, entre otros muchos.

 

El grupo parlamentario del PRI rinde hoy un sentido homenaje a este gran mexicano que desde distintos ámbitos de la academia, de la política y la Administración Pública contribuyó con ánimo democrático a la construcción de un país más justo, más próspero y más moderno.

 

Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual amo profundamente y de la cual nunca se distanció.  Ahí en su Alma Mater estudió ingeniería, filosofía y ciencias políticas.

 

Como universitario fue maestro de muchas generaciones, llegando a ser Secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo Rector el ingeniero Javier Barros Sierra, junto a él permaneció, solidaria e institucionalmente durante todo el aciago movimiento estudiantil de 1968, marchó junto al Rector, en la inolvidable Marcha del Silencio el 13 de septiembre de ese mismo año, jugando un papel central en la defensa de la autonomía y los intereses de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

Como reconocimiento a todo ello, la UNAM siendo Rector el doctor José Narro, creó en el año 2014 la Cátedra Fernando Solana, impartiéndose ésta en la Facultad de Ciencias Políticas y  Sociales, del cual era egresado.

 

Asimismo le otorgó el doctorado Honoris Causa por sus méritos como maestro universitario.

 

Como funcionario público fue Secretario de  Comercio, Secretario de Educación Pública y Secretario de Relaciones Exteriores y Director del Banco Nacional de México, entre otros muchos cargos.  Realizó siempre un trabajo profesional, generoso y honesto.

 

No podemos olvidar que fue promotor de muchas instituciones, tales como la Sociedad Mexicana de Planeación, la Fundación Jesús Barros Sierra, el Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo, además de que tuvo una constante y efectiva participación en el Instituto Nacional de Administración Pública, que tan útil ha sido a las entidades federativas de este país.

 

Como Secretario de Educación, sentó las bases para transformar la educación pública, fue sin duda un hombre adelantado a su época, convencido del poder transformador de la educación, como tal fue el creador del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, y del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, que a lo largo del tiempo han sido pilares fundamentales como alternativas educativas para millones de mexicanos.

 

Basta mencionar que el 6 de junio de 1980, elevó a rango constitucional la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, ya que consideraba que la discusión ideológica y la libertad de ideas, contrastaba diversas realidades fundamentales para marcar el nuevo rumbo por el que el país debería de transitar.

 

Como Secretario de Relaciones Exteriores desempeñó un papel relevante en la política exterior, particularmente con América del Norte, España y Europa y América Latina, en un momento histórico de profundos cambios en el contexto internacional, tales como la caída del Muro de Berlín, la Disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y el final de la Guerra Fría y, con ello, la reconfiguración de un nuevo orden mundial, jugando México un destacado papel bajo su dirección política en la Cancillería.

 

En el año de 1994, fue electo Senador de la República para la Legislatura LVI y LVII, representando al Distrito Federal. En donde presidio la Comisión de Relaciones Exteriores, encargo que ejerció con pulcritud y sabiduría.

 

Como Senador siempre tuvo la disposición al diálogo con toda las fuerzas políticas allí representadas.

 

Su vocación democrática y su visión de futuro, fueron fundamentales para acercar posiciones y lograr acuerdos sustanciales que, al día de hoy, se encuentran vigentes dentro de nuestro marco jurídico.

 

Fernando Solana personificó un ejemplo de diplomacia parlamentaria al más alto nivel en el Senado de la República.

 

Hoy el Senado y el grupo parlamentario del PRI, brindamos un merecido homenaje a don Fernando Solana Morales, al político, la servidor público, al mexicano excepcional y visionario que deja huella en México y un legado que debe ser fuente de inspiración para todos y cada uno de nosotros.

 

Descanse en paz, nuestro amigo Fernando Solana Morales.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra para los mismos propósitos el Senador Gerardo Flores Ramírez.

 

El Senador Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, Presidente.

 

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, nos unimos a este sentido homenaje póstumo a don Fernando Solana.

 

Un mexicano como ya dijo mi colega el Senador Humberto Mayans: Un mexicano excepcional, un hombre de Estado, un mexicano con una preparación muy amplia.

 

Ya nos comentado aquí en el uso de la tribuna quienes me antecedieron en el uso de ella, el hecho de que fue egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con tres carreras, como Ingeniero Civil, habiendo estudiado Filosofía también, Ciencias Políticas de Administración Pública, que más se puede decir de alguien que tuvo la decisión de seguirse preparando de estudiar tres distintas carreras.

 

Me parece que eso habla de inicio de la visión de este gran mexicano que lamentablemente acaba de fallecer.

 

Es un servidor público o fue un servidor público con una gran experiencia que cubrió distintas ramas de la administración pública, se ha hecho referencia ya aquí de su paso por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en su momento, por la Secretaría de Educación Pública y por la Cancillería, carteras en las que en todas, sin duda alguna, dejó una huella profunda.

 

Sabemos también que le correspondió un papel complicado en su momento por la época que vivía México al haber sido designado en aquel entonces, director general del Banco Nacional de México, un Banco en ese momento recién nacionalizado.

 

Es una época muy particular de nuestro país que a él le correspondió el privilegio en ese momento de dirigir uno de los grandes bancos de México.

 

Honramos también su memoria por haber sido un destacado legislador; un destacado Senador de la República, un integrante de esta soberanía en su momento.

 

Básicamente todos han hecho un amplio recuento de su gran experiencia, de su paso por distintas ramas de la administración pública en la parte de la administración central, como ya lo dije, siendo Secretario de Estado.

 

También habiendo sido funcionario de la entonces Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Me parece que ahí también puede señalarse que tuvo un gran papel.

 

En suma es un mexicano que ayudó a conducir los destinos de México en la segunda mitad del siglo XX, que preparó o que contribuyó a preparar a nuestra Nación para la entrada al siglo XXI, y debemos estar orgullosos de que un mexicano con estas características, con la seriedad con la que siempre se condujo, con la  seriedad que siempre impuso a los cargos que desempeñó, debemos estar orgullosos de que contribuyó al desarrollo de nuestro país, que contribuyó a la modernización también de la administración pública de nuestro país.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde se une desde luego a este sentido homenaje. 

 

Lamentamos desde luego su fallecimiento.

 

Enviamos desde esta tribuna un abrazo solidario a su familia.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

(Aplausos)

 

El  Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Alguna otra intervención?

 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, Senador Presidente.

 

A mí me gustaría recuperar las palabras del día de ayer, de nuestro Senador Presidente, el Senador Roberto Gil en el homenaje que se llevó a cabo en la sede de la Cancillería.

 

Nos compartía de Fernando Solana, nos hablaba del Fernando Solana como universitario universal.

 

“Desde  hace tiempo ambos adjetivos no son sinónimos, el universitario universal no se adhiere al dogma ni a la consigna, cuestiona, critica, debate consigo mismo y con los demás”.

 

Fernando solana tenía ideas firmes, pero no posiciones inflexibles, fue un hombre que defendía sus ideas y decisiones en cada espacio  que ocupaba, no se sonrojaba antes de aceptar la razón de sus adversarios.

 

Fue un hombre que perteneció a la Universidad, que nunca abandonó sus aulas, pero sobre todo fue un universitario que defendió la vocación universal de la educación superior.

 

La Universidad que es para todos la Universidad que libera de la ignorancia, porque abre los ojos al mundo, la Universidad que transforma la realidad social, porque dialoga con el sistema productivo de servicios y bienes social y nacionalmente necesarios.

 

Que haya sido el creador del INEA, nos queda claro y nos habla de su inspiración por la educación.

 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, es uno de los institutos más nobles que tenemos en este país, uno de los institutos que les permite a los adultos poder tener la oportunidad de estudiar, de aprender a leer y a escribir sin importar la edad.

 

Quiero compartir también que siendo nosotros Senadores de la Republica, este Senado, en su momento se benefició durante seis años del diplomático, del eficaz administrador y del universitario que fue.

 

Los parlamentos ganan cada vez más protagonismo como interlocutores y promotores activos para la realización de proyectos globales, de desarrollo económico, social y político. Esto argumentaba Fernando Solana.

 

Para Fernando Solana el rol del Senado no se limitaba a estampar un sello en un tratado o a aprobar nombramientos de la representación del Estado mexicano en el exterior.

 

Planteó, incluso, revisar las atribuciones constitucionales del Senado en la política exterior.

 

Su función, afirmaba, era concurrir con el Ejecutivo para ensanchar los horizontes de la presencia mexicana en el mundo, servir de palanca para impulsar la influencia de México en las coyunturas regionales y multilaterales, llegar ahí  donde la diplomacia institucional no alcanza por las restricciones naturales de las relaciones internacionales.

 

Fue uno de los más destacados promotores de la diplomacia parlamentaria, pero no de esa diplomacia del viaje gratis, sino la diplomacia que se fija metas, que despliega un campo amplísimo de acción, que complementa el esfuerzo del Estado en la sensibilización de las cuestiones internacionales.

 

Este homenaje que hacemos en estos momentos en el Senado de la República, es propio de un político ejemplar, es propio de un amante de nuestro país, es propio para recordar en estos momentos  a don Fernando Solana, que esperemos descanse en paz y pronta resignación para sus familiares.

 

Es cuanto, Presidente.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a todos que puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en honor a la memoria del Doctor Fernando Solana Morales.

 

(Todos de pie. Se guarda un minuto de silencio)

 

“Descanse en paz nuestro compañero Fernando Solana”.

Muchas gracias.

Compañeras y compañeros Senadores:

En el orden del día están inscritas diversas proposiciones sobre los atentados terroristas ocurridos recientemente en Bélgica y Pakistán.

La Mesa Directiva acordó presentar un punto de acuerdo que recoge los motivos de las proposiciones registradas.

Solicito a la Secretaría dé lectura del mismo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al punto de acuerdo, Presidente:

Primero.- El Senado de la República condena enérgicamente los atentados terroristas del aeropuerto y la estación del Metro en Bruselas, Bélgica, perpetrados el 22 de marzo del 2016.

Segundo.- El Senado de la República condena enérgicamente el atentado terrorista cometido contra un centro recreativo en la ciudad de Lahore, Pakistán, el 27 de marzo del 2016.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una política internacional que incentive la cooperación internacional para prevenir y hacer frente al terrorismo mundial.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a su consideración.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que suscribió la Mesa Directiva.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado el acuerdo.

Comuníquese.

Las proposiciones registradas sobre este tema se dan por atendidas con el acuerdo que acaba de aprobarse.

Está inscrita en el orden del día una proposición que suscriben Senadoras y Senadores de los diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo que solicita al gobernador del estado de Michoacán a informar sobre el estudio técnico y la documentación que respalde el cambio de sede del proyecto Ciudad Mujer, y solicita a la titular de la Sedatu a dar seguimiento al cumplimiento de la gestión original de la construcción del proyecto en el municipio de Múgica, Michoacán.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la parte resolutiva del punto de acuerdo.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura a la parte resolutiva del acuerdo:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal en el estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para que informe y haga público el estudio técnico, así como todo el procedimiento, fundamentación, justificación y documentación que respalde el cambio de sede del proyecto Ciudad Mujer.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal en el estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para que respete la gestión original para instalar el proyecto Ciudad Mujer en el municipio de Múgica, Michoacán, tal y como fue acordado en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Tercero.- En concordancia con las numerales anteriores, el Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Rosario Robles Berlanga, para que dé seguimiento al cumplimiento de la gestión original de esta construcción del proyecto Ciudad Mujer en el municipio de Múgica, Michoacán, tal y como fue acordado en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a su consideración.

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior punto de acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aprobado.

Comuníquese.

Compañeras y compañeros Senadores.

Hago de su conocimiento que las efemérides inscritas en nuestra agenda del día de hoy, se integrarán al Diario de los Debates.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Sólo para rogar la generosidad de la Mesa Directiva, para que en la siguiente sesión el punto de acuerdo que presentamos del grupo parlamentario sobre la campaña de Donald Trump, pueda ser atendida en tribuna.

Entiendo los momentos, los tiempos y las circunstancias.

Ahí está ya en el orden del día. Le ruego su generosidad, Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tomo nota de la solicitud y el día de mañana, en la reunión de la Mesa Directiva, acordaremos lo conducente.

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana, miércoles 30 de marzo, a las 11:00 horas.

 

Se levantó la sesión a las 15:27 horas.