RAÚL ARTURO CHÁVEZ ESPINOZA: Muchas gracias.
Previo a esta responsabilidad, tuve el honor de ser rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, inclusive una parte final con el hoy senador Patricio Martínez; y todavía con esa mentalidad, mi presentación versa un tanto, y resalto el tema educativo como factor importante, primordial para la impunidad y combate a la corrupción.
En ese sentido, y por supuesto que reconozco la vocación y el compromiso de esta Cámara para afrontar a través de una legislación secundaria no uno, sino el mayor problema que tenemos en México, que es la corrupción y la impunidad.
Agradezco la invitación que amablemente nos realizó el Senado de la República a través de estas comisiones, para acudir y ser escuchados en este Foro trascendental.
Quiero cifrar mi intervención opinando en dos vías: correcciones y acciones correctivas.
Consideramos correcciones las iniciativas de ley en materia de anticorrupción, que analiza este órgano colegiado; pues convertidas en leyes vendrán a sancionar a los servidores públicos por sus acciones ilícitas, corrigiendo así el rumbo del quehacer gubernamental.
Y las acciones correctivas, que son estrategias paralelas a las anteriores, que consideramos necesario sean desarrolladas por el gobierno y la sociedad, para educar en los valores y en la ética pública a las futuras generaciones.
Actuar con honestidad es el primero y más grande compromiso de quienes tenemos la responsabilidad del servicio público. En nuestro régimen legal de facultades expresas, las iniciativas que se encuentran en comisiones promueven que exista un andamiaje legal que permitirá coordinar los esfuerzos de los órganos del Estado en materia de combate a la corrupción.
El Estado mexicano tiene de suyo el mantenimiento de la seguridad pública, el libre mercado, el respeto de los derechos humanos, la preservación del Estado de Derecho y la democracia; rubros que se ven amenazados cuando la corrupción alcanza las entidades públicas.
Consideramos que la nueva legislación tutelará estos valores públicos adecuadamente.
Como órgano de control estatal, hemos prestado atención a las reformas constitucionales en materia de anticorrupción, que sirven de sustento a la legislación secundaria que aquí se está proponiendo.
Observamos que ahora en esta etapa de leyes reglamentarias de la Constitución, las iniciativas presentadas serán instrumento adecuado y efectivo para sancionar los actos de los servidores públicos que se aparten del proceder legal y ético, que su función pública les exige.
Las iniciativas que el Senado analiza en comisiones, promueven diferentes caminos y mecanismos que van enfocados a minimizar los actos de corrupción. Es menester que los procedimientos sean fundamentados estrictamente en la ley y con apego a las formalidades del debido proceso, pues el fin último de la normatividad anticorrupción debe de ser procurar el funcionamiento eficaz, eficiente y transparente del gobierno, y no promover la utilización de los medios de información o de procedimientos legales como armas políticas puestas al servicio de intereses particulares o partidistas en momento electorales.
Para abordar el problema de la corrupción, es necesario el esfuerzo de autoridades, estatales y municipales, así como de los ciudadanos. Es decir, el esfuerzo de todas las partes que integran el Estado mexicano.
El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe, por ahí dijeron. Pero quizá no sea el poder el factor que daña o deforma.
Un ciudadano que está corrompido antes de llegar a un puesto público sólo ha sido colocado en el escaparate de la opinión pública con los actos que ha realizado siempre, alejados de la ética y del recto proceder.
De ciudadanos corruptos obtendremos servidores públicos corrompidos, por eso la opción correctiva que propongo es la educación.
Si educamos a los niños y a los adolescentes no tendremos que castigar a los hombres.
Las leyes que dictaminará esta Soberanía, los valores que ellas protegen y los fines que persiguen deben de ser materia de estudio desde las primeras etapas escolares de nuestro sistema educativo.
Es bueno egresar profesionales de nuestras universidades. Será mejor formar seres humanos conscientes de valores y principios.
Es bueno tener habitantes en un país. Será mejor educar ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones para ejercerlos y cumplirlos, ya sea como particulares o como servidores públicos.
La corrupción es un mal que aqueja a todos los países, pero aquellos que han aportado a la educación como solución duradera, aquellos que han sembrado en el terreno fértil de las nuevas generaciones, han logrado cosechar respeto al Estado de derecho, democracia y desarrollo.
La mejor ley será letra muerta en manos de un servidor público corrompido. Por eso proponemos las dos vías:
La corrección en forma de ley, para sancionar los casos presentes; y la acción correctiva en forma de educación para inhibir los casos futuros.
Es cierto que no basta un gobierno democrático para terminar con la corrupción, pero estamos siendo escuchados hoy por las instituciones y eso es un buen comienzo, pues gobernar democráticamente es cambiar costumbres.
Esta sería mi participación.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor contralor. Es usted muy amable.
Licenciado Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas del gobierno del estado de Coahuila.
LICENCIADO JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO: Gracias, senador presidente. Muy buenas tardes.
Agradezco al Senado de la República este espacio para compartir reflexiones, aportaciones y comentarios respecto de la perspectiva que como órganos estatales de control tenemos respecto de las leyes secundarias en materia de anticorrupción.
El gobierno del estado de Coahuila ha generado en los últimos cuatro años innovaciones jurídicas y tecnológicas, mediante los cuales se han desarrollado la aplicación de distintos métodos que compaginan con cabalidad el Plan Anticorrupción que a nivel nacional se ha concretado hasta ahora.
Ejemplo de ello son los siguientes:
La nueva Ley de Transparencia diseñada por FUNDAR, especialistas en el tema, y que hoy dicha ley es un referente nacional.
La nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, diseñada por el IMCO y la Universidad de Guadalajara propuesta como ley modelo.
La iniciativa de ley relativa al conflicto de interés presentada recientemente al Congreso del Estado.
El Portal Coahuila Todo Transparente con la información, participación y colaboración que exigen las normas de gobierno abierto y con mecanismos de participación ciudadana.
El Portal de Escuela Transparente y el Consejo Promotor por la Transparencia en la Educación, único en México, donde universidades públicas y privadas imparten la cátedra de transparencia en los últimos semestres de las carreras profesionales.
El reciente convenio de colaboración firmado con la OCDE en materia de compras públicas, conflictos de interés, códigos de conducta e integridad.
Los observatorios ciudadanos en las juntas de conciliación y arbitraje, los hospitales generales del estado y los observatorios ciudadanos infantiles, tratando de sembrar la semilla, como decía Raúl hace un momento.
Las licitaciones en vivo en el estado de Coahuila es pionero en la transparencia de sus procesos como estado, en licitaciones de obra pública, que se llevan a cabo como parte de las obligaciones de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
La transmisión en video que desde el año 2012 se lleva a cabo en tiempo real de las licitaciones y su proceso, ha bridando certeza, legalidad y transparencia de las mismas, evitando cualquier tipo de práctica irregular que pudiera haberse ejecutado en el pasado.
De igual forma, este tipo de licitaciones ha generado confianza, libre competencia entre los proveedores y las demás empresas que participan de las mismas, resultando la totalidad de los sujetos que forman parte beneficiados, así como la transparencia y la legalidad de los procesos, disminuyendo los costos y las prácticas viciadas.
El Sistema de Información y Transparencia de Obras para el Desarrollo Metropolitano, CITODEM, es una herramienta de transparencia que pone al alcance de cualquier ciudadano que tenga internet la información inherente a las acciones y todas las obras ejecutadas por las dependencias del gobierno del estado de Coahuila, que ya han sido verificadas por esta secretaría, como terminadas y operando.
Esto contribuye eficaz y eficientemente sobre los contextos de transparencia que el gobierno del estado ha querido ejecutar para brindar un objetivo de aplicación de los recursos y vigilancia ciudadana.
La entrega de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos vía internet, facilita el actuar del órgano fiscalizador, ya que permite la recepción de la información de forma sistematizada y hace más fácil la verificación de la misma.
La tecnología y el factor humano son conjuntamente la principal herramienta con la que el estado en materia de investigación y apoyo, cuenta para prevenir de manera más eficaz y directa los rubros coordinantes de las fallas al sistema por causa de la corrupción.
Es por ello que el generar sistemas de procesamientos que sean adecuados a las circunstancias legislativas, es sin duda una prioridad de las autoridades que la utilizan y desarrollan, pues además de optimizar tiempos de manera exponencial, las investigaciones y registros brindan certeza en los resultados, proponiendo proceder sin mayores demoras en las denuncias de actos de corrupción, cohecho, desvío de recursos, enriquecimiento, conflicto de interés, etcétera, que resulten de la aplicación de esas tecnologías y su reglamentación.
Y así aplicar y ejecutar de las sanciones que de ésta se deriven, ya sean administrativas, civiles o penales.
Las acciones antes señaladas tienen en común el uso de herramientas de última tecnología en la aplicación de las normas generadas en particular aplicación del sistema anticorrupción, por lo que conlleva a una muy responsable actuación por parte de las autoridades, pues si bien es cierto que se contará con elementos de apoyo que permiten tener una inmensa información de los posibles casos de corrupción, el uso de tales medidas debe igualmente estar regulado.
No debe pasar desapercibido que junto a ello se debe pensar en la protección de los datos que se lleguen a generar y que será obligación del ente que combata la corrupción vigilar su estricto cumplimiento, para llevar a cabo un eficiente trabajo de las entidades investigadoras y entes de ataque a los actos de corrupción es importante que las legislaturas locales en las entidades y el Congreso de la Unión urjan el establecimiento legal de generar y establecer procedimientos prácticos y expeditos para ejecutar particularmente la facultad constitucional de investigar los depósitos y cuentas bancarias de los servidores públicos que sean sujetos a algún procedimiento.
De igual forma es importante que existan acuerdos de colaboración entre el Estado con las distintas entidades bancarias para los mismos fines, esto conforme al Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala:
“En el cumplimiento de sus atribuciones a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, no le serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.
“La ley establecerá los procedimientos para que le sea entregada dicha información”. Hasta aquí la cita.
El cumplimiento a los plazos y términos legales para la presentación de los dictámenes de auditoría, su justificación y su completa investigación, es igualmente un factor importante a considerar por parte de las autoridades fiscalizadoras administrativas. para seguir a paso firme contra los actos de corrupción, puesto que tener un dictamen en tiempo para su análisis y prosecución, evita igualmente su prescripción, así como el presentar los elementos necesarios para justificar legítimamente la aplicación de una sanción, mantiene el estricto apego a las leyes y su cumplimiento por parte de los servidores públicos, pues en la mayoría de los casos que no existen sanciones de cualquier tipo, son a causa de las omisiones realizadas al momento de generarse los hallazgos dentro del desarrollo de alguna auditoría, siendo esto causa de una imposibilidad legal para imponer sanción como lo es, de igual forma, el hecho de no presentar en tiempo los resultados de lo auditado, propiciando la prescripción de la facultad de la autoridad administrativa para sancionar los actos de corrupción encontrados en las auditorías.
De igual manera es apremiante la ejecución por parte de las entidades federativas para establecer sistemas locales anticorrupción, a fin de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, la detección y la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, tal como lo requieren las actuales reformas realizadas ex profeso a nuestra Constitución.
El Estado de Coahuila ha innovado recurrentemente en estos rubros de actualización de normativa que sea proactiva y vigente en el campo de la lucha contra la corrupción.
Actualmente, la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza instruye al Titular del Poder Ejecutivo a asistir a informar al Congreso cada año de su gestión, sobre el estado general que guarda la Administración Pública Estatal, a la vez que el Congreso del Estado puede tener un debate con él y podrá solicitar del Gobernador la comparecencia de sus secretarios del ramo, o quienes dirijan entidades paraestatales para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades, pues es el caso que en Coahuila se encuentra en proceso una Iniciativa que obliga ya no sólo a los poderes públicos del Estado sino que hace extensiva la obligación a las entidades autónomas, como el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, a que tengan las mismas responsabilidades de transparentar e informar de sus actos.
Parafraseando algunos sentidos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, misma que fue el primer instrumento jurídico internacional en su tipo, redacta:
“La corrupción no podrá ser solucionada únicamente con acciones represivas, sino que es necesario que los estados adopten medidas preventivas, orientadas a modernizar las instituciones de gobierno y a eliminar las causas de la corrupción o las condiciones que la propicien.
“De igual manera, se concibe la lucha contra la corrupción como un proceso y no como el resultado de acciones puntuales.
“Por lo tanto, el esfuerzo debe ser permanente y de desarrollo progresivo”. Hasta aquí la cita.
El día de ayer y hoy he visto la disposición, el interés y el conocimiento por lograr acuerdos referentes al Sistema Nacional de Anticorrupción más allá de las ideologías.
Concluyo: que sí es posible unirse en la diversidad de pensamiento que sea por el bien de México.
Muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor secretario.
Secretario de Contraloría del estado de Durango, licenciado Jasón Eleazar Canales García.
JASÓN ELEAZAR CANALES GARCÍA: Gracias. Con su permiso, senador Pablo Escudero.
Senadores, diputados, secretarios de Contraloría que nos acompañan, reciban todos un afectuoso saludo de nuestro gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera.
Primero que nada, decirles que como estado de Durango celebramos que se lleven a cabo estos foros, estas reuniones, que sin lugar a dudas van a ser un hoy un después de nuestro país.
Nosotros como primer punto o primera vertiente, consideramos que la corrupción se debe abatir a corto, a mediano y largo plazo. Y siendo uno muy importante, que sería tal vez un mediano o un largo plazo, a través de la educación, en los niños y en los jóvenes, porque al final de cuentas ellos serán quienes en un futuro tomen las riendas de nuestro municipio, tomen las riendas de nuestro estado, tomen las riendas de nuestro país.
Es en ese sentido que para nosotros es muy importante la educación y que se establezcan en los planes educativos y en las distintas instancias fiscalizadoras, acciones que tengan por objetivo promover en la población infantil así como en los jóvenes, valores y principios que los formarán para ser los ciudadanos del mañana.
Ya existen grandes prácticas, grandes estudios en donde si se realizan esas acciones, vamos a coadyuvar precisamente a forjar ciudadanos con el deseo de que se cumpla la honestidad.
Decirles que nosotros derivado de las reformas constitucionales y las diferentes iniciativas que se encuentran aquí presentadas, realizamos un estudio a las mismas. Ya existen propuestas, ya existe materia, sin embargo quisiéramos abordar los siguientes puntos:
Dentro del análisis que realizamos a las iniciativas, vemos que conjuntándolas o el contenido de lo que ya contienen, sí reúnen algunos de los requisitos que establece la reforma constitucional; sin embargo es necesario precisar ciertos detalles que en la experiencia cotidiana se necesitan y sobre todo, en un tema fundamental que es el tema correctivo; porque si no funciona el tema correctivo, los funcionarios públicos siguen sin entender que la ley no solamente se hace para tenerla, sino para aplicarse.
Nosotros identificamos que es necesario en estas leyes generales o leyes reglamentarias que se vayan a emitir en torno a la reforma constitucional, primero: exista una adecuada delimitación de las facultades, tanto por parte de las instancias federativas, los órganos de control, Secretaría de la Función Pública y el Tribunal de Justicia Fiscal, ya sea el Federal o el estatal.
Dentro de este estudio que realizamos, nos encontramos que las distintas iniciativas o proyectos falta aún claridad en establecer la distribución de las competencias, precisamente para aplicar las sanciones.
Es en ese sentido, que primero necesitamos tener bien en claro una determinación de un catálogo de conductas y tener en claro qué sanciones va a aplicar el Tribunal; qué sanciones van a aplicar las secretarías de Contraloría de los estados, es fundamental, porque cuando nos encontramos dentro de un proceso y no está bien delimitada esa situación, es cuando nos enfrentamos a las impugnaciones. Y al no tener elementos adecuados en un marco normativo, generaríamos la impunidad.
Es en ese sentido que, derivado del análisis que realizamos consideramos que faltan algunos aspectos fundamentales de considerar, como son: grados; como son: cuantías.
Pongo un ejemplo. Un servidor público que le solicita una dádiva a un funcionario, sean 20 pesos, o como pueden ser millones de pesos, son situaciones que no hemos visto consideradas en ninguna de las iniciativas que se tienen actualmente presentadas.
Para nosotros es fundamental que se establezca de manera clara las situaciones que estoy comentando.
Otro aspecto fundamental, es la materia procedimental: el procedimiento.
Si bien es cierto, en algunas de las iniciativas, o inclusive en la ley vigente de responsabilidades, en las federales o en las estatales, derivado del estudio que realizamos o los proyectos de iniciativa que están, existe un procedimiento pero aún falta meterle más estudio y más desarrollo al procedimiento.
¿Por qué? Porque en algunas de las iniciativas únicamente se establece el procedimiento de sanción que realizará el Tribunal; sin embargo, no se establece el procedimiento que realizarán las entidades federativas.
Creemos que es indispensable un estudio con conocedores de la materia, para que dentro de estas iniciativas esté desarrollado de manera adecuada dicho procedimiento. Porque todos sabemos que si el procedimiento falla, van a ser muchas las impugnaciones y va a haber impunidad.
Necesitamos determinar cuál va a ser el procedimiento que va a seguir el Tribunal; cuál es el procedimiento que van a seguir las entidades federativas, la Secretaría de la Función Pública en el proceso sancionador.
O, si es el mismo, establecer de manera clara cómo será cada uno de ellos.
Otra situación que consideramos de carácter indispensable, es que conforme está la reforma constitucional, y derivado de los diversos debates que ha habido y las iniciativas, se establece que las diversas instancias serán quienes promuevan las denuncias ante el tribunal; llámese la Secretaría de la Función Pública, llámese la Secretarías de Contraloría del Estado, llámese la Auditoría Superior de la Federación.
Turnaremos nosotros aquellas causas que sean consideradas, o conductas que sean consideradas como graves. Sin embargo, no encontramos todavía una clara definición de cuáles son esas conductas que serán consideradas como graves.
Por eso, dentro de nuestro estudio, nosotros vemos esa parte que se debe de analizar y separar.
¿Cuáles son las conductas que verdaderamente van a ser consideradas como graves y por qué? ¿Y cuáles no?
Es en ese sentido que una vez que los órganos de control identifican una conducta que se considera como grave, deberá de turnarla; sin embargo, no vemos un documento o dentro de las iniciativas que se establezca el cómo.
Es importante establecer el cómo se van a turnar y qué deben de contener esos expedientes que se van a turnar, porque de nada sirve que se turne un expediente al Tribunal que va mal formulado, que no contiene los requisitos, los medios probatorios mínimos indispensables, porque legalmente no tendría el Tribunal los elementos necesarios para poder determinar las posibles sanciones.
Es en ese sentido que también consideramos nosotros que en estas leyes exista una determinación de cómo se deberán de turnar y qué elementos deberán de contener esos expedientes que se turnen, en este caso al Tribunal que, conforme a la Constitución, ya sería a quien le correspondería sancionar a aquellas causales que sean consideradas como graves.
Dentro de este análisis que también realizamos observamos un área de oportunidad enorme, tanto para las secretarías de contraloría de los estados y en este caso ya una vez que esté el tribunal, sí existe la figura que a continuación voy a comentar, cuando determinamos la existencia de una sanción de carácter económica, cuando se van a ejecutar dichas sanciones, se ejecuta, como este caso, quien ejecuta las sanciones es a través de cada uno de los códigos fiscales de los estados.
Sin embargo, desafortunadamente y es un tema muy importante para la reforma, no existe, a diferencia por ejemplo cuando es un tema de tribunales, que exista la coordinación entre los tribunales o la cooperación para poder realizar los actos, en esta materia no.
Por ejemplo, si nosotros aplicamos una sanción económica y ese servidor público ya se encuentra en otro estado o sus bienes se encuentran en otro estado, al no existir esa regulación o esa relación de colaboración, las autoridades que se hacen cargo de realizar el cobro, a través de las procuradurías fiscales o sus similares o las otras instancias, pues legalmente se encuentran impedidas.
Entonces es en ese sentido, porque no están dentro del territorio. Es importante que se tome nota de esto, porque debemos ampliar el esquema de colaboración y cooperación entre las distintas entidades federativas.
Y por supuesto, al momento que el tribunal llegase a ordenar una determinada sanción económica, debe estas muy clara la norma de cómo se va a realizar y cómo se va a ejecutar. De lo contrario corremos el riesgo de que esas sanciones económicas sean declaradas como incobrables.
Otra de las situaciones que consideramos de gran importancia, dentro del estudios que realizamos a las iniciativas que ya se encuentran, observamos que es indispensable y atendiendo los preceptos constitucionales, que se haga una revisión al procedimiento de carácter resarcitor.
Y actualmente, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, pues corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y dicho procedimiento se encuentra contenido en el título quinto de esa Ley. Sin embargo, con las reformas constitucionales se debe hacer nuevamente un análisis de ese procedimiento y de plasmar en la norma correspondiente y haciendo la derogación del título correspondiente, porque el tribunal de justicia sería al que le correspondería.
Es importante también mencionar que todas estas apreciaciones que se realizan y también por respeto a los tiempos, no sé cómo andemos, es en lo que se refiere al aspecto sancionatorio, en lo que se refiere al aspecto correctivo; de no considerarse dentro de los procesos, ténganlo por seguro que vamos a tener impugnaciones y que como está diseñado el nuevo proceso constitucional, si no se detallan todas estas situaciones que estamos comentando, pues la mayoría de las sanciones serían impugnables y por supuesto declaradas como improcedentes.
Ahora bien, en lo que se refiere al aspecto preventivo, consideramos necesario que tanto el Sistema Nacional Anticorrupción, como el Sistema Nacional de Fiscalización, tenga comunicación y tenga concordancia.
Porque como nosotros siempre lo hemos dicho en distintos foros, la corrupción, las faltas administrativas, son como el delito.
De nada nos sirve tener las cárceles llenas, de nada nos sirve tener cada día que estar creando más instituciones para que guarden a las personas que cometen ilícitos.
Necesitamos, al igual que como el delito, prevenir. Realizar acciones de carácter preventivo que eviten precisamente que los servidores públicos realice actos contrarios a la ley.
Creemos que dentro de las diversas disposiciones que se encuentran en las iniciativas ya previstas, así como el Sistema Nacional de Fiscalización, buscando un adecuado compaginamiento de todo ello porque existen muchas contradicciones entre ellas, existen muchas ideas, existen muchos proyectos.
Pero buscando un adecuado término creemos que con ese tema que ya está vertido, que ya existe de manera preventiva se van a tener los elementos necesarios precisamente para tratar de coadyuvar a evitar actos de corrupción.
Y termino diciendo lo que en un inicio comenté:
Para verdaderamente abatir y terminar la corrupción, tiene que ser un plan a corto, mediano y largo plazo.
Eduquemos a nuestros niños, eduquemos a nuestros jóvenes y tratemos de cambiar la visión del ciudadano mayor.
Por mi parte sería todo.
Muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias.
Y quédese tranquilo. La verdad de las cosas es que estamos trabajando en el documento, en el Dictamen que vamos a elaborar.
Nadie estamos pensando que está en los términos, todos hemos observado de manera rápida los temas de constitucionalidad que ustedes han visto, las iniciativas que nosotros vamos a presentar la próxima sesión y el PRD está presentando otro grupo y los abogados, las senadoras del PAN, también evidentemente estamos trabajando en ese tema, estamos muy consciente de lo que le falta muchos conceptos
Muchas gracias.
Y le damos el uso de la palabra a la licenciada María Isabel Tinoco Torres.
LICENCIADA MARÍA ISABEL TINOCO TORRES: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Señor senador.
Senadores presentes.
Compañeros:
Muy buenas tardes.
Para Guanajuato es un gusto, y agradecemos de manera permanente siempre esta clase de invitaciones a poder participar en los foros de discusión y poder aportar algo con lo que ya estamos trabajando en el Estado, como lo que nosotros creemos que pudiésemos también opinar para que esto sea una realidad.
Uniéndome al comentario del diputado, hace un momento: creo que tenemos una gran oportunidad de oro en este momento, en este siglo y en este año, de poder realmente dar una respuesta clara a la sociedad de lo que está solicitando la misma.
Lo que nosotros vemos, y de manera particular su servidora, puede apreciar un divorcio actualmente entre la sociedad y el gobierno.
Hay una desconfianza total entre lo que hace la sociedad para el gobierno y el gobierno para la sociedad.
Nada menos el día de ayer estuvimos participando con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en unas ponencias y por ahí se comentaba y hacían ellos mismos el comentario de la necesidad de recobrar la confianza por parte de la autoridad hacia ellos, en el sentido de haber desparecido el dictamen fiscal, lo cual me llama la atención con relación precisamente a este tema de los contadores públicos registrados, ya que si se tomó esta decisión en un momento dado fue precisamente por algo que la autoridad pudo haber detectado, sin meterme en algunos detalles.
En ese sentido, lo que nosotros vemos dentro de ese divorcio es al revés, nosotros vemos cuando nos paramos ante un foro de ciudadanos, el enojo y la molestia de los mismos en razón de que no se le ve fin, dicho por los mismos ciudadanos a este tema.
Creo que, y sin tratar de repetir lo que ya escuché de mis compañeros, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, ya que a través de la Comisión Permanente de Contralores, Estados, Federaciones, estos temas los comentamos mucho tanto en las plenarias como en lo corto; creo que uno de los temas básicos de este momento, como ya lo decían mis compañeros, es el tema de la educación, pero una educación realmente que sea de calidad, tanto en las escuelas como para los propios servidores públicos que estamos en funciones.
Atendiendo un poco la parte de los exámenes que de manera general se les hacen de conocimientos a los jueces y en ciertos sectores de la autoridad, consideraría necesario que dentro de estas iniciativas se pudiesen presentar, se añadiera un tema que tuviera que ver con esto: la capacitación permanente, pero también exámenes en los que nos diéramos todos cuenta inclusive o que fueran públicos atendiendo a la transparencia, del grado de preparación que se tiene por parte de las personas que ocupan cargos a los que nos dedicamos a la Contraloría.
Por ahí escuchaba del auditor general, Juan Manuel Portal, hace tiempo, él decía lo mismo, estamos empezando con el tema de la corrupción o uno de sus orígenes es precisamente porque las personas que nos pudiéramos estar haciendo cargo del tema, no somos las competentes, no tenemos los conocimientos ni las capacidades necesarias.
Entonces de ahí que viene un tema que nosotros consideramos en Guanajuato de vital importancia, y que se refiere al Servicio Civil de Carrera; pero un servicio civil con bases sólidas en las que realmente se tome en cuenta al servidor público que se prepara, se le incentive con temas de poder escalar a puestos de responsabilidad, lo cual uno como profesionista aspira y tiene muchas ganas de hacerlo, pero por alguna situación a veces no se logra.
En ese sentido, lo que nosotros apostamos es a un sólido Servicio Civil de Carrera para que realmente se le dé la oportunidad a jóvenes que van ingresando y a las personas que ya están en el servicio público, para efecto de poder escalar y poder hacer un mejor trabajo.
Dentro de esta parte de la educación sí quiero resaltar el tema de la ética, pero el cual se refiere a que no cualquier persona es apta para desempeñar un cargo de servidor público. Esto no se trata de un trabajo como que el que me encontré, no tenía dinero, no tenía oportunidad, pero aquí me la encontré, como servidor público.
Porque muchas de las veces lo que sucede, y en la mayoría de los casos y si no es que en todos, cuando no se tiene esa vocación de origen, de servicio, de ayuda como seres humanos que somos y de seguirme preparando con esa responsabilidad que tiene el propio cargo; creo que ahí caemos en una situación en la que por cualquier situación puedo caer en una tentación como ya lo decían mis compañeros, de poder.
En ese sentido, creo que es muy importante el hecho de que se trabaje con niños, sí, yo estoy enamorada de la Contraloría Social, con los jóvenes, sí; con mucha participación ciudadana también; pero hay que trabajar mucho con los que ya estamos ahora ocupando un cargo.
Aparte de los temas, como ahora lo comentaba mi compañero Jasón, de ser muy vigilantes en estos temas de las iniciativas, de ser muy claros en cuestión de competencias y en cuestión del ataque a la impunidad, como bien lo señalaba senador, que se está trabajando en ello; me agrada mucho esto, pero también me gustaría abonarle esa parte: el tema de que realmente quien ocupe un cargo público, se haga de alguna manera una selección de que realmente esa persona tiene amor al servicio público.
Porque muchas de las veces, dentro de la sociedad se critica: “ustedes entran a tal horario y salen a tal horario”; y a veces no, a veces son horarios extenuantes de los servidores públicos que con amor al trabajo están sacando el mismo.
Otro de los temas que nosotros podemos ver en el estado y creo que es de manera general, y si me lo permite como una opinión también de su servidora, creo que en todos los temas hay que atacar el origen, porque también como se mencionaba ahora, traemos cuestiones muy dispersas, yo lo veo también así.
Ahora se hablaba de un Sistema Nacional de Fiscalización, un Sistema Nacional Anticorrupción, pero traemos también un Sistema Nacional de Transparencia, la implementación de un sistema de rendición de cuentas, que nos hace falta en la parte sistémica.
Entonces, muchas de las veces se ve esto, lo vuelvo a decir, como un divorcio. Son entes o se tratan como islas estos temas y no hay una unión real, que puede haber contradicciones o puede haber esas áreas de oportunidad donde podríamos estar uniendo todos los temas para efecto de que realmente obtuviéramos no nada más un documento en el que plasmemos todo esto sino que esto se haga realidad.
Dicen los que saben que vamos a tardar 10-15 años. Yo diría que si le trabajamos muy duro a esto realmente va a ser en menor tiempo.
A esto le sumamos los temas de transparencia en esta parte sistémica. Creemos que en esa parte de transparencia para poder determinar si hubo una conducta irregular y que tiene que ser vigilada y tal vez tiene que ser castigada de una manera diferente, precisamente por eso es de vital importancia el tema de archivos.
Lo primero que tendríamos que tener, creo yo, junto con este Sistema Nacional Anticorrupción, es una verdadera ley de archivos y que se baje a los estados para poder tener la seguridad de, con la creación de la documentación, de los expedientes, de toda la historia de un estado a través de esta parte documental, electrónica o como lo llevemos, pero que realmente le demos certeza a todas las personas de que se está trabajando porque tenemos una base.
Y de ahí va a venir todo lo demás automáticamente. La parte de la información pública, que ahora ya no podríamos trabajar de transparencia proactiva porque ya tenemos una ley general que nos obliga y que en los estados ya tendríamos que estar trabajando en su armonización porque los tiempos están por vencerse. De ahí viene esa parte de la información pública; de ahí viene la parte de la eficiencia en el trabajo que realizamos como estado, en las compras, sobre todo en la obra pública.
Como ahora lo comentó mi compañera Carmen, el tema de la obra pública en la cual desde que nosotros llegamos a la contraloría se me hacía la reflexión de que por qué no trabajábamos en una petición de un foro como este en el tema de la bajada de los recursos, o sea, los momentos de bajar el recurso, pero creo que es un tema conjunto.
O sea, si a nosotros nos hacen caso, como en este caso, escuchándonos y dándonos la retroalimentación, porque muchas de las veces podríamos estar fallando nosotros.
“Oye, te faltó presentar el proyecto ejecutivo. No hiciste las modificaciones necesarias. El proyecto se modificó y tú no hiciste lo correcto”, ¿entonces cómo quieres que yo también tenga la responsabilidad?
No sé, se trata de compartir esa información para eficientar el tema de las compras.
Creo que ahí tenemos un área de oportunidad muy grande y la podríamos contrarrestar si pudiésemos tener esas vías de acceso a la capacitación conjunta y la retroalimentación que, también lo digo así, creo que entre todos los contralores, con el Senado, con los diputados, es decir, ambos poderes, el Poder Judicial, uniendo esfuerzos a través de los Órganos Internos de Control de cada uno de nosotros, nosotros que estamos en el día con día nos podríamos estar autocapacitando nosotros y ahí, creo, tenemos un área muy grande de oportunidad en el tema del uso del recurso para la capacitación.
Una capacitación cruzada nos vendría muy bien. Siempre hay expertos, pero entre nosotros mismos, de un tema, para que realmente como equipo, como nación, como México estuviésemos todos muy bien preparados.
Aunado a esto, a lo que ahora se comentaba con el tema de la 3 de 3; a mí me encanta.
Desde el momento en que esta iniciativa se empezó a trabajar a mí me encantó, nada más que a mí me gustaría que dentro del fondo de esta 3 de 3 se tomaran en cuenta ciertas cuestiones que no nada más quedaran en convenios de colaboración, porque esos convenios creo yo que en su momento sí funcionaron, pero creo que esto debe quedar ya más fijo y más firme en una ley.
Pongo un ejemplo. Al momento de estar trabajando en la declaración patrimonial de los servidores públicos requerimos información para el seguimiento, no nada más en el repositorio cumplió todo el estado, presentaron todos los servidores públicos obligados y ahí quedó el tema, sino aquí obviamente hay que darle un seguimiento para comprobar la veracidad de los datos que están incluidos en esta declaración.
Si no tenemos nosotros el apoyo de las demás dependencias, por ejemplo, ahora que comentaba Carmen, para mí también es importante la presencia de la Secretaría de Hacienda como en las contralorías municipales la parte de las tesorerías, que al final trabajamos lo mismo, una administra y el otro revisa y tenemos que estar trabajando con mucha retroalimentación, creo que esa parte es muy importante, pero ya que se estableciera en un documento firme, legal, que nos diera certeza a todos de que realmente el tema del secreto bancario, ahora en la iniciativa donde se establece la parte bursátil también; y, en su caso, el tema del congelamiento de los bienes para los servidores públicos a los cuales se les compruebe un acto irregular, yo creo que eso estuvo muy bien, lo vemos muy bien.
Sin embargo, creo que en ese sentido todos debemos crearnos un compromiso, todas las autoridades que tenemos que ver con el tema para que realmente esto pudiera funcionar.
Y una última consideración en el tema de una de las iniciativas que se está trabajando, que precisamente tiene que ver con la Ley de Responsabilidades y la que trabaja el combate a la corrupción, se establece, yo lo vi así dentro de la parte de conflicto de interés, el hecho de cuidar que los servidores públicos no se dediquen dentro de su trabajo, aunque sea fuera del horario de trabajo como servidor público, a una actividad que le genere un conflicto de interés.
Y creo que esa parte es muy importante si se va a tomar en cuenta esa disposición creo que es el artículo 23 de esta iniciativa, si se va a tomar en cuenta de esta manera, yo apelaría para que se reglamentara de una manera muy a conciencia, porque creo que esa parte que no ha sido tomada en cuenta tan en serio y donde se dice, bueno, se te permite la docencia y nada más hasta ahí, pero donde vemos servidores públicos que se están dedicando a actividades de su mismo ramos en otros horarios, eso nos está creando mucho conflicto precisamente porque luego, lo vuelvo a decir, cuando no hay una norma o una situación que reglamente y homologadamente nos establezca un camino, por ahí existe la tentación de que no pasa nada y si se dan cuenta, bueno, pero si no se dan cuenta pues aquí le sigo.
Entonces, yo pediría mucha atención y lo que pudiéramos colaborar en este caso, para esta disposición, que para mí es muy importante, de veras, me sumo a esto que estamos haciendo, yo agradezco mucho que nos hayan invitado, porque los ciudadanos, yo soy ciudadana, todos somos ciudadanos y creo que nos merecemos realmente que este tema de la corrupción se trate desde el origen.
Porque si lo tratamos nada más como entes aislado o una mejora a una ley y creamos más leyes de las necesarias, yo creo que puede ser contraproducente y también estoy segura que si esto funciona, van a salir actos de corrupción ´por lo mismo, porque tal vez no habíamos tenido la precaución de haberlo trabajado.
En el momento en que se trabaje de una manera correcta, yo diría a lo mejor nos vamos a asustar, porque vamos a decir nos salió la corrupción, pero precisamente yo creo que va a salir porque se está trabajando en ella.
Así es que muchas felicidades y estamos a sus órdenes y muchísimas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias secretaria María Isabel Tinoco Torres.
Licenciado Mario Ramos del Carmen, contralor general del estado de Guerrero.
LICENCIADO MARIO RAMOS DEL CARMEN: Agradezco a los senadores por darme la oportunidad de participar en estos foros de discusión con motivo del proceso de dictaminación de las leyes reglamentarias en materia de combate a la corrupción.
En México se ha venido diseñando y está en proceso de gestación una política de rendición de cuentas, la cual debe desarrollarse desde una perspectiva integral, lo contrario implicaría crear una política de rendición de cuentas desarticulada, que podría llevar al sistema político y constitucional directamente al fracaso.
La política pública de rendición de cuentas se yergue como el instrumento básico y fundamental de combate a la corrupción. Un diseño deficiente de esta política podría incrementarla y una buena arquitectura alejaría y evitaría las malas prácticas por parte de los servidores públicos.
A partir del 5 de mayo del 2015, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, México transforma su sistema. De ahí en adelante el Estado Mexicano cuenta con un nuevo modelo.
Ello representa una oportunidad para liderar desde nuestra entidad, un esfuerzo integral y responsable para retomar en el servicio público la transparencia y el combate a la corrupción, como eje central del funcionamiento de nuestro gobierno.
El estado de Guerrero asume con responsabilidad los retos legislativos para responder a los cambios constitucionales y legales, promovidos desde la Federación.
Sabemos que en el estado de Guerrero las dificultades por la inseguridad pública y la bastante influencia de las organizaciones delincuenciales, implican un motivo muy fuerte para que la transparencia y la rendición de cuentas puedan darse a plenitud.
Sin embargo, la llegada del licenciado Héctor Astudillo Flores, como Gobernador Constitucional del Estado, trae en el ánimo que vayamos de frente a combatir la corrupción.
El derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, se instauró en el año 2009.
Vino a representar un derecho distinto pero a la vez complementario de transparencia y acceso a la información pública.
Considero que el proyecto de iniciativa de Ley General de Protección de Datos Personales, vendrá a dar identidad al nuevo modelo, a representar y complementar la política en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Yo creo que la situación de los datos personales deben tener un tratamiento muy especial y veo dificultades en cuanto a la publicación de las declaraciones porque pues si no se toma el cuidado correspondiente, obviamente iremos más allá y afectaremos los derechos de las personas.
Por eso hoy que se va a legislar en esta materia, sería importante que hubiera un análisis muy minucioso a efecto de que podamos encontrar una fórmula de no afectar también ese importante sector de derecho humano de las personas.
Antes de la Reforma del 27 de mayo de 2015, México contaba con una política anticorrupción con instituciones aisladas.
Los artículos 26, 73 Fracción 28, y 134 constitucionales, no eran suficientes para consolidar un sistema anticorrupción.
Esta Reforma adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Federal, a través de las cuales se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que ha llevado a distintos actores a presentar iniciativas con proyecto de Decreto, cuyas observaciones son las siguientes:
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la nueva Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Esta Iniciativa regula la obligación de los servidores públicos de rendir periódica y verazmente su declaración patrimonial y de intereses, la cual consideramos un gran avance, misma que no pugna con el derecho a la protección de datos personales.
El gobierno de Guerrero está convencido que uno de los pilares de nuestra rendición de cuentas y el combate a la corrupción es la presentación de la declaración de situación patrimonial.
Sin embargo, este ejercicio de transparencia estaría incompleto sin la presentación de la declaración de intereses que es una obligación que fija nuestra Constitución Mexicana pero que todavía no se encuentra en nuestras leyes locales del estado de Guerrero.
Por ello, a petición del ciudadano gobernador del Estado, los secretarios, subsecretarios, directores generales del sector central y sus equivalentes en el sector paraestatal, han presentado su declaración de intereses, su declaración fiscal y obviamente su declaración de situación patrimonial.
Para que no haya dudas del fuete compromiso de este gobierno con la rendición de cuentas y combate a la corrupción, y para que la presentación de la declaración de intereses y la fiscal sea una obligación legal, el gobernador presentará las iniciativas de reformas constitucionales y legales correspondientes, en el Congreso del estado.
Obviamente, no obstante que ya estamos haciendo en los hechos las declaraciones, creo yo que una vez que tengamos la ley de datos personales y todas las demás reglamentaciones que ustedes van a hacer, nosotros tomaremos la decisión para poder hacerlas públicas o armonizar nuestras leyes locales a las federales que ustedes legislen.
En materia de combate a la corrupción, el papel del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es determinante, ya que se amplía su competencia para combatir actos de corrupción, específicamente para conocer actos y procedimientos derivados de licitaciones y contratos públicos, de la imposición de sanciones a servidores públicos federales y a particulares; de la imposición de sanciones a servidores públicos por irregularidades en el manejo de recursos federales; de indemnizaciones y sanciones resarcitorias pecuniarias que deriven de daños y perjuicios que afecten la hacienda federal o al patrimonio de los entes públicos federales; y de las sanciones administrativas no graves impuestas a servidores públicos.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta iniciativa regula la figura del sistema devolución patrimonial y de declaración de intereses, que consideramos correcto.
También nos parece un acierto que se haya enviado el paquete de iniciativas de forma integral, el cual incluye reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esencialmente para ratificar y fortalecer las funciones de las tareas de la Secretaría de la Función Pública.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de los denunciantes e informantes de actos de corrupción. La iniciativa nos parece conveniente y vendría a complementar a la ley que regula el Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas.
En lo que corresponde a nuestro estado, el titular del poder ejecutivo ha señalado que no de los principales ejes de la acción de su gobierno es el combate a la corrupción para garantizar el Estado de Derecho; ha precisado además, que el combate a la corrupción no sólo es una urgencia, sino también un instrumento que permite solventar otros problemas como la pobreza, el rezago social, la criminalidad, la impunidad que permean en nuestra entidad.
Es un mecanismo que reconstruye el tejido social bajo una visión democrática, horizontal y participativa.
En alcance al Sistema Nacional Anticorrupción, el estado de Guerrero implementará el sistema estatal anticorrupción a través del Programa estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. Este programa lo echaremos a andar en la primera del próximo mes de marzo.
Este programa es un compromiso político y ético del poder ejecutivo estatal para combatir la corrupción, así como para instaurar plenamente una cultura de legalidad y para reorientar y transparentar la administración pública.
Con la instauración del Sistema estatal Anticorrupción, se busca homologar la legislación estatal con la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de rendición de cuentas, responsabilidad de los servidores públicos, administración de los recursos materiales, transparencia y acceso a la información pública, así como otras leyes complementarias.
Sabemos que la situación de la corrupción, como se ha hablado aquí bastante, no implica nada más ni podemos nosotros también terminarla con las puras sanciones. Es imposible eso.
Tenemos que manejar y mucho trabajo el caso de la contraloría social. Por eso en el estado de Guerrero hemos estado manejando y dando seguimiento al Programa de Contraloría Social que nos ha estado enviando la Secretaría de la Función Pública.
Y hoy ya tenemos algunos avales ciudadanos. Hemos iniciado en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de Acapulco.
Tenemos también la formación de contralores infantiles.
Hemos hecho una reorganización orgánica de la administración pública con la finalidad de que el recurso presupuestado para recursos humanos sea exclusivamente en aquello que esté especificado en sus organigramas.
Total, pues, que aparte de lo que es la situación de castigo por irregularidades en la administración de justicia, nosotros pensamos que un estado tan difícil, como es el estado de Guerrero, debemos darle prioridad a situaciones de formación de valores para la niñez del estado de Guerrero.
Señoras y señores:
El combate a la corrupción representa un compromiso de tiempo completo con la transparencia y la rendición de cuentas. Necesitamos gobiernos de elevada convicción democrática que instrumenten políticas para estar integrados a la práctica de la buena gobernanza.
Un gobierno sensible, cercano a la gente, que ejerza con pulcritud sus recursos, responda con altitud de miras un gobierno eficaz, moderno, y sobre todo honesto y transparente.
Hoy más que nunca se impone categóricamente la necesidad de seguir construyendo el país que todos anhelamos, con la participación reflexiva, crítica y propositiva de una sociedad que exige transparencia, rendición de cuentas de los servidores públicos.
Muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor contralor general del estado de Guerrero.
No me queda más que agradecerles el haber estado aquí y comentarles que sin duda (falla de origen) …comentarios que han vertido son los comentarios que llevamos tres años platicando con compañeros senadores; la senadora Pilar Ortega, la senadora Laura Rojas y la senadora Pineda Gochi.
Si no tenemos una de las piezas del rompecabezas es que no tenemos nada. Justamente por eso desde hace tres años diseñamos y pensamos en estas dos grandes reformas constitucionales de la reforma constitucional en materia de transparencia y la de anticorrupción con el desdoble, y sin duda desde ahí veníamos viendo el Sistema de Fiscalización que como todos ustedes saben fue imposible, los que fuimos diputados en esa legislatura, tener una normatividad o que pudiera pasar por lo menos por el Congreso.
El Sistema de Fiscalización es una idea planteada por el auditor superior Juan Manuel Portal en la desesperación de no poder tener una legislación más ágil para poder tener estas medidas de coordinación.
Sin duda cuando empezamos a diseñar las reformas constitucionales, la reforma en transparencia, pensamos también en el desdoble de las otras leyes generales que tenemos: la Ley General de Transparencia que salió adelante; la Ley Federal en Transparencia, que la sacó el Senado de la República que estamos esperando.
Y se está trabajando en este momento dos leyes importantísimas, por supuesto: la Ley General de Archivos y la de Protección de Datos, donde la senadora Laura Rojas ha estado presente. Sin duda estos tienen que ser parte de todos estos sistemas.
Nosotros estamos viendo y estamos pensando respecto al Sistema de Fiscalización que debe de quedar dentro de este Sistema Anticorrupción; de hecho ahí lo hemos redactado para que tenga ya un agarre legal dentro de todo este andamiaje que deben tener los diferentes sistemas.
Estamos trabajando sobre ello; estamos revisando los procedimientos; estamos siendo cuidadosos en todas las etapas de cómo deberán integrarse los expedientes.
Estamos preocupados por la clasificación o preclasificación que deberán de tener los órganos internos de control respecto a las conductas, a las faltas administrativas, si podría tener un vicio de constitucional o la calificación propia de la gravedad o no, si tendría que darle vista al servidor público que se está realizando esa clasificación o preclasificación o no, si el servidor público debiera tener desde ese momento una garantía de audiencia o no.
Es decir, estamos revisando a detalle cada uno de los procedimientos que deben de seguirse en todo el tema administrativo de violaciones administrativas normales, por decirlo así, de graves, cuál es el paso que tiene que darse, cómo deben integrase justamente los expedientes, el tribunal, las nuevas salas, la capacitación de los magistrados en este tema, los recursos que deben de tener, en qué instancias y así, pues es lo que hemos estado desarrollando y también por eso los hemos querido escuchar ´para saber cuáles son sus inquietudes, en qué están pensando, cuáles son las fallas que ven.
Sin duda hemos detectado las mimas fallas que ustedes en algunos de los instrumentos que se han presentado, y seguiremos trabajando en tener muy buenos documentos que hagan toda una pieza completa con todos los sistemas de transparencia y de fiscalización.
Les agradecemos el haber estado aquí con nosotros, son muy valiosos para nosotros sus concepciones, sus ideas, sus preocupaciones, desde la educación, desde los sistemas, desde lo que hace falta, desde los archivos.
Sin duda la reflexión que habrá que hacer, porque pareciera muy fácil que por complacer a la Cámara y al ciudadano, pues todas las declaraciones públicas, las declaraciones patrimoniales y la pregunta es un análisis serio de constitucionalidad, de fondo.
Hemos estado legislando aquí, en este Senado de la República por la presunción de inocencia. Las declaraciones patrimoniales son pruebas en juicio, tienen valor probatorio, ¿podemos pedirle a un servidor público que no esté en juicio que pruebe su inocencia? ¿Podemos hacerlo?
Estamos revisando las jurisprudencias, estamos revisando los debates de la corte, estamos revisa do los engroses que existen, los incito a revisar la ponencia de la exministra Olga Sánchez Cordero, donde justamente ella nos advierte de este problema, donde nos dice estas declaraciones patrimoniales son pruebas en el juicio, cómo vamos a pedir que estas se haga públicas, por qué, si estamos justamente del lado de la otra parte, legislando la presunción de inocencia y en el debido proceso.
Tienen implicaciones constitucionales y legales diferentes a la de la cámara fácil y a la del aplauso fácil, que la ciudadanía pide y quiere, sin duda esas revisiones las haremos.
Nos preocupa, tenemos que establecer los mínimos y los máximos. Todo mundo quisiera que el primer servidor que se llevara un lápiz pues lo metiéramos a la cárcel 10 años y lo inhabilitáramos 20, pues eso no es posible, hay que decírselos, hay parámetros legales, constitucionales que hay que estar revisando.
Pues en esa tarea estamos, les agradecemos nuevamente su presencia y si mis compañeras senadoras no tienen nada más que decir, muy buenas noches, gracias.
Sí señor secretario.
LICENCIADO JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO: Agregar un punto.
Qué bueno que o están viendo con esa óptica de la constitucionalidad, porque no solamente es peligroso, la declaración patrimonial olvídate en Coahuila tenemos una ficha pública donde dice si tienes terrenos, cuentas, dónde, en el extranjero, etcétera, conflictos de interés, pero es un intermedio, no es hacerlo todo público.
Nada más que recuerdo y lo comentaba en la mañana con el licenciado Jacobo García de la OCDE, en su oficina, que aquí está presente, que al declaración pública que hacemos todos los funcionarios públicos tiene el nombre de nuestros hijos y la dirección donde viven y entonces yo creo que tenemos que cuidar eso, porque ellos no tienen la culpa que tengan padres que son funcionarios públicos.
Y como lo decía Isabel: que le meten 14, 15 y hasta a veces 16 horas diarias por tener un México mejor y ya por el hecho de ser funcionario público te señalaron.
Entonces yo creo que sí se tiene que cuidar mucho ese tipo de cosas en aras precisamente no solamente de la tranquilidad de uno sino de los hijos nuestros. Están allí, están trabajando por México también.
Muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias secretario.
Sin duda en las ponencias que ustedes podrán revisar y nosotros con mucho gusto se las haremos llegar, sin duda una de las grandes discusiones que se da en la Suprema Corte de Justicia pues es el umbral que debe tener un servidor público respecto a un particular, si debe ser mayor o debe ser menor.
Hay muchas discusiones ya al respecto en eso y de ahí justamente estamos haciendo estas revisiones.
Sin duda los criterios que hemos encontrado en su gran mayoría es que esta protección de datos protege a los servidores públicos igual que a las personas en lo particular, o que a las personas morales.
Pero bueno, pues esos son los engroses y las grandes discusiones que están.
LICENCIADO JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO: La otra que quisiera añadir también:
Yo trabajé en el sector privado 32 años y fui líder en mi Estado del área del Sureste de mi Estado, de CANACINTRA y de COPARMEX. También hay muchos conflictos de interés como líder empresarial.
Qué bueno que esta ley está contemplando a los particulares. Pero digo, cuando se pide una 3 de 3 pues vamos todos, ¿no? Por qué no los líderes empresariales, las cámaras, pueden acceder.
Por qué no los representantes o presidentes de organizaciones de la sociedad civil que reciben recursos preponderantes del gobierno para su trabajo, por qué no, 3 de 3, ahí tenemos un caso ahorita en este momento, o presunción de inocencia. Entonces o todos coludos, o todos rabones.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí. Sin duda el análisis y la revisión dan para mucho. Yo diría más aún, si pudiéramos considerar que un servidor público tiene el derecho de usar los datos de su esposa, de su familia para hacerlos públicos, o si su propia esposa pudiera tener un recurso en contra del servidor público por hacer del dominio público sus bienes patrimoniales que ha trabajado, que ha conseguido o que ha heredado.
Sin duda estas son las discusiones que están en la Corte, que hay que analizarlas desde el punto de vista jurídico.
Señor contralor.
LICENCIADO MARIO RAMOS DEL CARMEN: Yo quiero hacer dos comentarios:
Uno, en relación a la situación patrimonial.
Bueno, efectivamente hacerlo público en un estado como Guerrero es totalmente mucho más complicado que en otras entidades.
Pero nosotros tenemos la obligación de hacer declaraciones también de los menores que dependen de uno.
Tenemos que hacer la declaración de nuestra esposa y sin importar que estén las parejas casadas por separación de bienes, o en bien común, porque son situaciones totalmente diferentes y entonces la esposa, o el esposo puede decir: “bueno, y a mí por qué me metes si yo tengo mis bienes por separado”. Esa es una parte.
La otra situación es la declaración fiscal.
No todos tenemos la obligación de hacer declaración fiscal. La ley me está estableciendo que solamente los que obtengan más de 400 mil pesos anuales.
Entonces por ese lado ya no todos los funcionarios tenemos la obligación de presentarla.
Segundo: Para mí es una duplicidad. Y se los aclaro porque nosotros, les decía, ya hicimos esa declaración.
Sin embargo, pues para efecto de legislar sobre la materia, pues debemos nosotros analizar bien.
Es, la declaración fiscal, es, tenemos que hacerla ante una autoridad federal. Es de materia federal para empezar.
Y si no lo hacemos, bueno, pueden venir sanciones muy fuertes. Se establece en la ley.
Entonces si nosotros obligamos nuevamente a los funcionarios públicos a que hagan una declaración fiscal, bueno, pues creo que se va a duplicar si se ve el asunto en ese sentido.
Pero también
Pero también pudiera ser que en algunos casos, por situaciones que se le escapen al declarante, a lo mejor no puedan coincidir entre lo que se declara ante la Federación y lo que se declara ante la Contraloría; porque la Contraloría es ante quien deben declarar.
Por eso, lo que comentaba hace rato del análisis muy minucioso en el caso de los datos personales, también sería conveniente que en estos dos casos, el que comenta el señor contralor y lo que estoy comentando de la declaración fiscal, también requiera de un análisis muy profundo.
Muchas gracias.
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.
Muy buenas noches tengan todos ustedes.