SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, presidente.

Bienvenido presidente Jesús Zambrano. Señores diputados, sean bienvenidos al Senado de la República.
Saludo al coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, al senador Fernando Herrera.
Por supuesto al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, al senador Emilio Gamboa.
Felicito y le deseo el mejor de los éxitos en la gestión de este año al senador Ismael Hernández Deras, así como a los diputados y senadores que van a integrar esta importantísima instancia parlamentaria.
Este espacio, esta expresión de dos características que tiene el régimen de Seguridad Nacional en nuestro país:
Primero, un cambio importante en el paradigma. La Ley de Seguridad Nacional reformula en buen medida los riesgos y las amenazas a la seguridad nacional. Pasamos del viejo modelo del Siglo XIX y la mitad del Siglo XX en el cual la amenaza eran fundamentalmente los conflictos entre naciones, los conflictos de carácter bélico entre naciones.
Y asumimos y plasmamos en la ley ahora que los riesgos y las amenazas tienen que ver con cualquier hecho que afecte la estabilidad, la integridad, la permanencia del Estado mexicano, el orden constitucional y el funcionamiento de las instituciones democráticas de nuestro país.
En consecuencia, este modelo de seguridad nacional reconoce que proteger a la democracia es una cuestión no solamente de Estado sino también de seguridad nacional.
Y precisamente esa ley creó una instancia de control parlamentario para evaluar, monitorear, dar seguimiento a las políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad nacional, que tiene una característica peculiar esta Comisión Bicamaral: funciona en secreto, con las máximas obligaciones de secrecía de sus integrantes y también con potentes instrumentos de acceso a información sensible que está bajo condición de seguridad nacional.
Esta es quizá uno de los instrumentos más poderosos que tiene el Estado mexicano para que el Congreso contribuya, participe, colabore con el Ejecutivo Federal en una dimensión de Estado, que es justamente garantizar la permanencia del Estado mexicano, el orden constitucional y las instituciones democráticas de nuestro país.
En efecto, también esta ley reconoce que los viejos riesgos y amenazas ya no son los mismos. Ahora amenaza a la estabilidad del Estado mexicano, al fortalecimiento de sus instituciones, el terrorismo internacional sin lugar a dudas, pero también el poder corruptor de la delincuencia organizada, del crimen organizado.
Un fenómeno criminal que está bien armado, que está bien financiado, que tiene un alto poder de fuego, y sobre todo un altísimo, altísimo poder corruptor.
Y debemos empezar a ver como una cuestión de seguridad nacional las posibilidades corruptoras del crimen organizado de las instituciones.
Otras naciones han entrado en una evidente fragilidad cuando a la política, a las instituciones de la política ha penetrado y se ha infiltrado el crimen organizado; y a México no le debe pasar eso.
Y precisamente a este problema lo debemos ver con la mayor de las seriedades, desde una perspectiva institucional.
Las sospechas, los indicios, las especulaciones de infiltración del crimen organizado con actores políticos o electorales no debe ser espectáculo público ni tampoco linchamiento de campaña.
Debe tener la mayor de las seriedades institucionales y sobre todo una respuesta pronta, eficaz, y sobre todo enérgica cuando una situación así se presente.
México no debe regresar bajo ninguna circunstancia a los tiempos del Comité de Actividades Antiamericanas que se encargaba de hacer señalamientos públicos con respecto a la colaboración de ciertas personas al comunismo.
Y lo traigo a referencia justamente por lo que esos fenómenos significaban. No solamente significaban señalamientos, no solamente significaban escarnios; no solamente significó el desgarramiento de una sociedad que sospechaba hasta de sí misma; no solamente se rompieron comunidades, se debilitó la política y muchas de las instituciones, sino que también se cometieron muchas injusticias.
Y para evitar injusticias, pero al mismo tiempo para garantizar la estabilidad del Estado mexicano y de sus instituciones, este tema, el poder corruptor del crimen organizado debe tener una respuesta institucional.
Y una reflexión que nos tenemos que hacer como Congreso pero también como país, es: ¿cuáles son las instituciones que tenemos para prevenir y reaccionar ante el riesgo de la infiltración del crimen organizado en nuestras instituciones?
¿Cuáles son?
Por supuesto, y lo que está recientemente a discusión, los partidos políticos tienen un deber de cuidar las candidaturas que postulan.
Pero habría que preguntarnos si los partidos políticos como tales tienen, por ejemplo, información suficiente para tomar una decisión de esta naturaleza, o bien para no cometer malas decisiones, no tomar malas decisiones en términos de nominar a quien no puede ser nominado por las características de su actividad, o bien por sus relaciones.
¿Qué pasa, y hay que pensarlo y decirlo con toda claridad, qué pasa con el principio de presunción de inocencia, no aplica para la política?
¿Basta un señalamiento en algún medio de comunicación para que simplemente a un ciudadano en ejercicio de sus derechos sea desplazado del ejercicio de sus derechos y la posibilidad de participar en política? ¿Basta con ese señalamiento?
¿O requerimos mayores elementos, mayores bases, un pronunciamiento institucional o algún mecanismo que nos permita que cuando tengamos una duda o una sospecha, la decisión que finalmente se tome, sea apegada a la verdad, tenga indicio y base probatoria mínima?
¿Tiene el INE, por ejemplo, los suficientes instrumentos, potestades para negar o cancelar una candidatura, cuando exista alguna evidencia de vínculos, ya sea en el financiamiento o bien por una actividad previa?
¿Tiene el congreso instrumentos para identificar si ya en el ejercicio de la función legislativa alguien se ha acercado indebidamente al poder corruptor del crimen organizado?
¿Es ésta, la Comisión, el espacio institucional que pueda asumir esa función, dada sus características de secrecía, su capacidad de acceso a información sensible y, sobre todo, la dimensión de Estado que esta Comisión tiene?
Estas son las reflexiones que están abiertas en nuestro país a partir, ciertamente de casos recientes, pero sobre todo de la evidencia de que el poder corruptor de la delincuencia organizada está detrás de la puerta y amenaza no solamente a la integridad de la política, sino también amenaza a la identidad, permanencia, estabilidad, como dice la ley, del Estado Mexicano y del pueblo de los mexicanos.
Y aquí es donde debe empezar la reflexión. Me parece, como lo ha dicho el diputado Zambrano, esta Comisión debe ser el primer paso, el punto de partida de esa reflexión de Estado.

Los animo, señores diputados, señores senadores, a que en su agenda puedan abordar esta crucial cuestión para México, que puedan nutrir con buen sentido de política, con creatividad institucional, con el sentido del deber que los caracteriza, que puedan atender esta cuestión.
México no puede llegar al momento en el cual todos sospechemos de todos o basta levantar el dedo índice para destruir una institución o a una persona.

Por su atención, muchas gracias.

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