Senado de la República

Versión Estenográfica de la exposición del Grupo 2, del primer día de las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia, a las que convocan las comisiones unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República.

(Segunda parte)

SENADOR ENROQUE BURGOS GARCÍA: Menciono solamente algunos rasgos muy generales de lo que aquí se ha expuesto, muy genérico, algunos rasgos solamente.

Mónica Oehler Toca, representante de Amnistía Internacional, comenta el deterioro de la seguridad pública que afecta la vigencia de los derechos humanos, el problema de disfuncionalidad institucional, la corrupción, que no se ubica sólo en los municipios ni en los policías; es más alto.

Para que la sociedad confíe en los policías, debe aspirarse a estándares internacionales, a niveles adecuados de remuneración y procedimientos de rendición de cuentas, todo evaluable.

Reconocimiento al diálogo con el Legislativo, pero la ley que se emita debe ir acompañada de elementos integrales, de una ejecución eficaz.

Don Ernesto López Portillo, en algunos trazos de su participación: El tema policial es sumamente complejo y los policías que cumplen merecen reconocimiento y atención porque es una deuda de mucho tiempo.

No vemos cómo organizar la policía sino cómo atendemos las necesidades de tener las policías que el país realmente necesita.

La seguridad pública es una responsabilidad política de las instituciones y de sus titulares.

Es necesario aprovechar la oportunidad para ir a una Reforma policial democrática.

Mejora de la policía por sí; adoptar sistemas de control externo con estándares internacionales. Mencionó Querétaro como uno de los ejemplos tangibles.

Propone introducir, en la Reforma Constitucional, esquemas de supervisión externa de policías y un balance entre atribuciones y control de policía, genérico, a reserva de ampliar en los comentarios.

Don Jorge Carlos Hurtado, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenta, entre otras cosas:

Las atribuciones del municipio en seguridad pública, se han visto afectadas por la dinámica actual de la delincuencia.

Los municipios en su mayoría no cuentan con elemento humano y materiales para formar y operar a los policías y ha sobrevivido el riesgo de la infiltración de la delincuencia organizada.

Una policía estatal única permitirá hacer frente con perspectiva de éxito a la delincuencia.

Se requiere la revisión en la coordinación presupuestal, la homologación de perfiles, depuración de la fuerza, ejecución dinámica con plazos ciertos y conviene valorar ejemplos internacionales útiles y sus características.

Don Álvaro Vizcaíno, Coordinador del Sistema de Desarrollo Policial de la Comisión Nacional de Seguridad, menciona una reforma policial, auténtica reforma y no solamente una reorganización.

Se propone una filosofía de desarrollo policial para que el eje de actuación para la seguridad pública, gire en torno a las capacidades del policía como persona.

La conformación de policías estatales únicas por cada estado, permitirá fortalecer las capacidades institucionales, con una propuesta y desde luego acciones de mediano y largo plazo.

Dos grandes retos: el capital humano, reclutar, formar, depurar y el equipamiento adecuado en un aliciente de transición.

Generar sistemas de homologación de estándares de control, con conocimiento de, citó en otros países.

Revalorar a la persona, al policía, a sus familias.

Un modelo con protocolos que identifique regiones, particularidades, características; que haya unidades de prevención, de reacción, que se privilegien organismos de inteligencia, entre otras cosas.

Previamente, los presidentes de las comisiones dictaminadoras habían enviado a nuestros ponentes, a nuestros invitados tres preguntas, que son las siguientes:

1. Considerando que se trata de la modificación operativa de las policías, ¿cuáles serían los retos, los plazos y los costos para una efectiva implementación del modelo de Policía Única?

2. La experiencia de los países que han implementado un modelo policial similar al propuesto en la iniciativa, como Brasil, han evolucionado hacia la conformación de mandos policiales locales, así sea con facultades limitadas; ¿cómo se explicaría este fenómeno?

3. ¿Cuál es el modelo policial adecuado para enfrentar la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, atendiendo las particularidades de cada orden de gobierno o de cada región?

Nuestra mecánica es preguntar a los señores senadores si quieren formular algún tema, si hay alguna pregunta; y agotadas las preguntas, indistintamente, solicitar a nuestros invitados pudiesen responder a la que mejor estimen.

Señor senador Ríos Piter. Adelante, senador.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, señor presidente. Bienvenidos a los ponentes.

La verdad es que, bueno, antes quiero hacer un comentario. Creo que una vez que ha habido un amplísimo recorrido de comentarios, planteamientos, inteligentes todos, como el de los actuales presentadores, creo que siempre van abriéndose dudas y preguntas frente a una iniciativa que, la impresión de este primer día de sesiones me queda, es muy insuficiente para el tamaño del reto que se tiene en términos de que es un reto mucho más amplio, que requiere una atención mucho más integral y que hoy solamente es una parte pequeña de la discusión que, si no lo vemos de manera integral va a terminar siendo equivocadas las decisiones que se tomen. Me queda la impresión de que es un modelo.

Hago este comentario, solamente para pedirle a Mónica, primero que no se presione tanto en el tiempo, no hay problema, la queremos escuchar; ¿cómo afecta la corrupción en la impunidad?

A mí sí me interesaría oír de parte de alguien que está fijando una posición más allá de la parte policial; sino que lo está viendo en términos de cómo afecta esto a los derechos humanos, porque obviamente esta iniciativa, en la crítica que planteabas en tu presentación, no considera esto: considera solamente un modelo de reorganización, pero no va a la parte toral, que me parece es cómo el esquema de corrupción-impunidad está presente.

Y sigue la duda, ahora cambiaríamos a un modelo con 32 responsables, ¿pero qué mecanismos, qué instrumentos para enfrentar esto?, que es un problema del corazón del sistema: se hacen leyes, no se implementan; creo que es lo que decía Miroslava y quisiera que Álvaro también comentara sobre eso.

Álvaro, cuando se pone esto a discusión con Miroslava, es o lo que yo entendí, Miroslava decía: “hay muchos requisitos que están planteados en la ley, pero que no se llevan a cabo”.

Entonces, por más que los apruebe el Secretariado, etcétera, pero si no tenemos un esquema de verificación, de evaluación que sea claro, nítido, transparente, contundente, podemos decir misa los funcionarios, los legisladores –también me cuento entre ellos–, pero para efectos prácticos, lo que está establecido en la ley no se va a estar cumpliendo.

Y ahí lo quiero conectar con la pregunta a Ernesto López Portillo: ¿cuál sería el mejor modelo que un esquema, como el que estamos discutiendo, pudiera tener para evaluación, para seguimiento, participación ciudadana, esquemas, digamos, que complementen y que le den sentido a saber si hay algo que está en la ley y que se tiene que cumplir como parte del Sistema Policiaco?, saber que se está cumpliendo y contar con elementos transparentes para la sociedad poder darle seguimiento.

Hago estas consideraciones solamente para hacerle una última pregunta a Jorge Carlos Hurtado. Entiendo la posición como secretario, digamos, como presentación de parte del gobierno, pero quisiera saber si las presentaciones que se han escuchado, por lo menos las que usted logró escuchar, a lo largo del día a mí me queda la sensación de que hay la necesidad de un planteamiento mixto, por lo mismo recupero el comentario de Eduardo Guerrero que decía: “Hay avances, ya hay esfuerzos que se han hecho” y tal vez igual, lo digo como guerrerense, soy de allá, representaría el escenario más precario, más limitado de lo que significa una policía, pero es el piso.

El comentario que hacía Eduardo Guerrero es: “Pero eso no es todas las policías del país”. Entonces, a la luz de estos criterios y sabiendo que la posición del Poder Ejecutivo es la iniciativa que está presentada, ¿cuál sería la posición –no se va a comprometer, señor Secretario– cuál sería la posición respecto a un modelo mucho más mixto que tenga esta lógica de aprendizajes?

Son las preguntas que les haría a ustedes.

Gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, senador Ríos Piter.

Tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.

Me parece que esta mesa de este segundo grupo de la jornada de la tarde nos va a permitir concretar una muy buena reflexión y yo quiero mencionarle respetuosamente que puedo entender que tanto don Jorge Carlos Hurtado como don Álvaro Vizcaíno Zamora defiendan la iniciativa del Presidente, puesto que son funcionarios del gobierno federal, y en ese aspecto me parece que rescataría la preocupación –que coincido con ellos– respecto de que ciertamente estamos enfrentando un problema grave de una descomposición que afecta en mayor o menor medida a muchos municipios, pero que ciertamente no se va a resolver si se excluye en el análisis puntual de cómo se encuentran las policías en todo el país, el Sistema Policial de todo el país.

De tal forma que la intervención de Mónica Oehler y de Ernesto López Portillo, lo tengo que decir con mucha puntualidad, me siento totalmente reflejada a satisfacción con sus exposiciones.

No solamente porque simpatizo totalmente con ellas. En el caso de Ernesto, es para mí uno de los especialistas que se ha constituido de facto en un maestro mío en lo que debo entender lo que es la seguridad desde hace muchos años y lo que son las policías.

Por eso me encanta escuchar la vindicación que ambos, tanto Mónica como Ernesto hacen de las policías. Son las primeras intervenciones en la jornada de hoy que vindican a las policías, y me parece que es importantísimo –algo que no encontramos en la iniciativa– entender que las policías efectivamente tienen derechos humanos, que deben aspirar a tener en el trabajo de policías un trabajo digno y decente, lo que significa no solamente estar inscritos en la legalidad sino también en un profesionalismo que les permita tener la remuneración a la que merecen como responsables de la seguridad en cualquier orden de gobierno. Yo creo que ese es el problema.

Cuando se habla de los controles, yo quisiera que ambos y de manera particular Ernesto nos hablase, hay un proyecto que tenemos que desempolvar de esto: el auditor. El auditor de las policías que ciertamente lo que tú mencionas ahora del caso de la ciudad de Querétaro, ciudad del señor senador Burgos, donde fue el gobernador de ese estado, buen gobernador por cierto, y en el municipio de Querétaro ciertamente hay una experiencia que es como un oasis en el PRI, que no podemos concretar que ya es la panacea, pero está en una ruta totalmente distinta y creo que esa es la ruta, ese es el camino que tenemos que seguir y que debiéramos pensar, yo simpatizo mucho con la idea de que en la discusión de las comisiones dictaminadoras se visibilice en esta propuesta de integralidad, dar soluciones donde también se toque a los ministerios públicos y también al Poder Judicial.

Y por supuesto se piense en una policía democrática, para que ciertamente la seguridad pública esté en manos de las policías que regresan al origen de la policía política, policía y política, que no vemos al paso de los años, al contrario, sino que hemos observado una cuestión más bien de descomposición, que ha llevado a que solamente se observe a los policías desde el aspecto punitivo y no desde el aspecto de lo que debe ser, como yo decía en la mañana, el ejercicio de la gobernanza para lograr el bien común, para garantizar el bien común.

Por lo tanto mi pregunta concreta a Mónica y Ernesto es que nos hablen, que nos ayuden a reflexionar, a quienes vamos a trabajar en el dictamen, cómo tenemos que fortalecer la discusión para ponerle, en ese dictamen lo que nos hace falta y que no está tocado en la propuesta del presidente.

Que esos controles democráticos, por supuesto internos, pero también externos, que nos permitan garantizar la rendición de cuentas, pero también una evaluación docta, inteligente y científica para reencauzar, insisto, al motivo fundamental de la constitución de las políticas desde que la humanidad existe.

Por sus respuestas, muchas gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña.

Tiene la palabra la senadora Arely Gómez.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Pues efectivamente han sido muy interesantes las comparecencias que hemos tenido en la tarde, ya que realmente hemos escuchado posiciones diversas.

Hago particular énfasis en la posición del licenciado Ernesto López Portillo, relacionado con el tema de una auditoría, una vigilancia externa a las policías. Creo que es algo que será útil valorar.

Mis preguntas irían dirigidas a la autoridad, relacionadas con la iniciativa.

¿Qué vamos a hacer con los policías estatales que no aprueben las evaluaciones de control de confianza, qué van a hacer estas personas en el momento en que ya no puedan continuar?

Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer, para que se puedan desarrollar o desempeñar adecuadamente, algunos integrantes que, por el contrario, hayan aprobado el control de confianza, pero no tengan capacidades policiales?

Porque puede haber los dos temas, o sea, aprueban pero les faltan las capacidades policiales. Me gustaría profundizar un poco en estos temas.

Gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias senadora Arely Gómez.

Tiene la palabra el señor senador Javier Corral.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, presidente.

Quisiera retomar el tema que a lo largo de este día el senador Ríos Piter, como un servidor, hemos estado planteando como uno de los asuntos de fondo para la solución del problema de seguridad y justicia en el país.

Decía hace un momento Ríos Piter que a lo largo de las intervenciones de este día nos ha quedado claro que las iniciativas, por lo menos frente al problema resultan insuficientes.

Realmente aquí se ha planteado un problema mayúsculo al que supone la solución de las reformas, sobre todo al 21 y al 115 Constitucional.

Porque hay que recordar el contexto de esta Iniciativa, que es algo que no ha estado presente en las exposiciones.

Estas Iniciativas llegan al Senado tras el anuncio por cierto lanzado con bombo y platillo por el Gobierno, de que la Presidencia de la República saldría a atajar el grave problema de seguridad de infiltración del crimen organizado en las autoridades.

Entonces el Presidente de la República ubica la magnitud de ese problema, un poco reflejado en Ayotzinapa, y no en Tlatlaya por cierto.

O sea, estas Iniciativas tienen una respuesta frente a Ayotzinapa, pero no a Tlatlaya, que es un asunto delicado.

Entonces ubican el problema en un asunto de infiltración del narcotráfico en las policías municipales, como si el narcotráfico no infiltrara a los gobiernos estatales y al propio Gobierno de la República, al propio Gobierno Federal.

Digo, yo no dudo que en los escándalos de corrupción, que ahora están presentes en la vida del país a nivel federal, estén incluso vínculos con crimen organizado, con formas de lavado de dinero, digo, son cantidades multimillonarias como para descartarlo.

Entonces todo se centra en decir: “son los ayuntamientos, son los municipios” los que están mal, pues hay que concentrar una policía estatal única y luego plantear una solución en segundo paso.

Y si algún ayuntamiento anda por ahí con indicios de infiltración del narcotráfico, el Procurador, o el Fiscal, puede iniciar el procedimiento que el Secretario de Gobernación plantea para desaparecer al ayuntamiento.

El municipio como centro, como sujeto, como destinatario del problema de infiltración del narcotráfico.

¿Es válido reducir la infiltración del narcotráfico al ámbito municipal como si en los estados y en la Federación esto no sucediera?

Yo he estado insistiendo sobre el tema de que el asunto trasciende y la corrupción policiaca incluso.

O sea, mientras no se ataje la corrupción política, mientras no caiga un gobernador, un senador, un diputado, un Presidente de la República, un Secretario de Estado esto va a seguir igual.

O en serio el problema lo soluciona el mando único de policía estatal.

Está ahí la solución frente a lo que estamos viviendo en el país.

Son estas las iniciativas o qué cosas requieren estas iniciativas complementarias, o qué otras reformas requiere el país en la Constitución y en otras leyes para, por ejemplo, complementar, fortalecer estas Iniciativas.

Porque luego resulta que con esto ya vamos a salir del problema y aquí todo está vinculado a eso y entonces estamos entrando en un proceso como que de auto engaño.

O sea, aquí ya vamos a tener la solución: el mando estatal; los gobernadores ya van a tener el problema.

Hoy se decía que las policías municipales diluyen el efecto corruptor y entonces es más fácil identificarlo.

Yo digo, bueno, pues en un estado el mando único concentra la corrupción y es más fácil corromper a uno, o a pocos que a muchos, según se quiera ver.

La idea es preguntar: ¿estamos llegando realmente al fondo de la cuestión cuando hablamos de solución al problema de inseguridad, de injusticia, de infiltración del crimen organizado en las policías con estas Iniciativas?

Muchas gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias senador Javier Corral.

Don Alejandro Encinas; senador Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias.

Senador Burgos: buenas noches. Muchas gracias por sus intervenciones.

Yo quisiera retomar lo que ya han planteado mis compañeros senadores y la senadora De la Peña respecto a las intervenciones tanto de Mónica como de Ernesto López Portillo.

Mónica nos ha señalado que nuestro país vive una de las peores crisis en materia de derechos humanos y tanto Amnistía Internacional como distintos organismos internacionales han señalado que en los últimos años se han incrementado de manera significativa las violaciones a los derechos humanos; particularmente la tortura en la ejecución judicial y la desaparición forzada.

Y puso como ejemplo el caso de Ayotzinapa, que entre otros aspectos ha puesto el dedo en la llaga respecto a la fiscalización y el control de los cuerpos policiacos, que plantea López Portillo y que no viene contemplado en ninguno de los puntos del decálogo que envió el Ejecutivo Federal y que dará lugar no solamente a distintas reformas constitucionales respecto al sistema policial y las facultades y competencias de los municipios; sino incluso a leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada.

Sin embargo, en este incremento de las violaciones a los derechos humanos, las denuncias son diversificadas, no se concentran en las policías municipales: está en todos los órdenes de gobierno. En el caso de Ayotzinapa, aquí lo han señalado, efectivamente hay una clara participación de la policía municipal, de la autoridad municipal y, por lo menos omisiones de autoridades federales y locales en ese hecho.

En el caso de Tlatlaya, ya hay un reconocimiento de una ejecución extrajudicial por parte de elementos del Ejército Mexicano y elementos que acreditan tortura por parte de la autoridad de procuración de justicia del Estado de México sobre las mujeres que fueron detenidas, supuestamente para liberarlas de su secuestro, que acabaron en un penal de alta seguridad.

Entonces, aquí yo quisiera compartir con ustedes dos preguntas:

El modelo de mando único y policía única, ¿genera condiciones para superar este problema de violación de derechos humanos?

Porque, como plantea López Portillo, no hay ningún mecanismo de control externo.

Y, ¿cuánta viabilidad ven para poder establecer estos mecanismos de control?, si aquí mismo hemos tenido debates para establecer mecanismos de control político y parlamentario, que el Ejecutivo Federal controvirtió cuando discutimos desde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hasta las facultades y competencias del Senado de la República para convocar al Secretario de Gobernación, el procurador de justicia, que perdimos en la Corte.

Fueron controvertidas e incluso muchos de los temas en materia, ya no solamente de seguridad pública, sino de seguridad nacional, son temas que se mantienen en sigilo en donde no hay mecanismos reales de control parlamentario político del Congreso sobre los cuerpos policiales o de inteligencia en el país.

Yo creo que una reflexión sobre esos temas de lo que son los controles externos, nos ayudaría mucho.

Y respecto a la intervención del licenciado Álvaro Vizcaíno, coordinador del Sistema Nacional de Desarrollo Policial. Me llamó mucho la atención cuando nos dijo que la ley iba a fortalecer a los municipios; aunque todos los argumentos que dio se refirieron a los gobiernos de los estados.

Porque dice: “se mejorará el esquema de operación de las policías porque le permitirá al gobernador distribuir capacidades policiacas, equilibrar el estado de fuerza, incrementar el número de elementos, los protocolos, etcétera”.

A mí en la escuela me enseñaron que en el ejercicio de la autoridad y del poder público, la autoridad se sustenta en dos pilares: en el monopolio, en el ejercicio de la aplicación de la ley y en el monopolio del uso legítimo de la fuerza pública. Si se le quita a los municipios esta parte, este instrumento para poder aplicar el pando, por lo menos de buen gobierno, ya que le van a quitar lo de la policía; ¿con qué mecanismos puede estimarse se va a fortalecer el municipio, cuando va a depender de la voluntad del gobernador?

Porque qué atribución se le da al municipio para requerir la intervención de la fuerza pública, ante el gobierno del estado, ante el mando único, y si éste se niega a atender el requerimiento de la autoridad municipal, simplemente no va a ser atendido. Y en esto, el riesgo de uso político en la concentración del mando, va a generar más problemas que los que se pretende resolver.

Yo creo que son asuntos que hay que tomar en cuenta antes de discutir los alcances de un mando con policía única plenamente centralizada.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, senador Alejandro Encinas.

Tiene la palabra el señor senador Zoé Robledo.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, senador Burgos. Simplemente y tiene un poco que ver con el comentario del senador Encinas y en particular a Ernesto López Portillo, me gustaría conocer su opinión y también de Mónica de Amnistía Internacional, porque no se presentó en esta ocasión la oportunidad de abrir una mesa particular sobre derechos humanos y particularmente sobre la expedición de nuevas leyes en materia de tortura y de desaparición forzada. Sin embargo, hay un planteamiento expreso para facultar al congreso para expedir leyes generales en materia de tortura y de desaparición forzada.

Y siendo muy puntual, ¿cuáles serían para ustedes los tres, cuatro, cinco elementos mínimos para estas dos leyes generales que se han planteado?

Muchas gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, senador Zoé Robledo.

Si no tienen inconveniente nuestros invitados, seguiríamos el mismo orden, dado que hay preguntas para los cuatro.

Le pediríamos a Mónica Oehler, si fuera tan amable de dar sus comentarios.

MÓNICA OHELER TOCA: Sí, muchas gracias.

Primero, con lo que respecta a la corrupción, cómo afecta la corrupción en las violaciones a derechos humanos, empezaría por algo muy simple, como son las violaciones al tránsito, que es donde más ubicamos la corrupción en las policías. Incluso en la encuesta el 77.3 por ciento tiene la percepción de que son las autoridades más corruptas las policías municipales.

¿Y por qué es grave la corrupción? Porque ofrece una salida distinta a la que viene en la ley. Esto quiere decir, no sé, cometí una infracción administrativa porque iba manejando y me pasé un alto y eso me implicaría ir al corralón, entonces la corrupción me ofrece la posibilidad de dar una cantidad de dinero e incumplir con la ley. Esto es en el nivel más sencillo.

Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto ocurre, por ejemplo con una persona que tiene una orden de aprensión y que está en un juicio y que lo están acusando de alguna cosa que implique que va a estar en la cárcel? Que igual y si no puede pagar esa cifra que pone la corrupción, que además va en contra de lo que dice la ley, probablemente vamos a tener a personas en la cárcel que no deberían estar ahí o vamos a tener personas fuera que sí deberían estar.

La corrupción ofrece esta posibilidad de ir en contra de lo que dice la ley y por supuesto que afecta terriblemente en la seguridad que los ciudadanos tienen de que se va a cumplir lo que dicen las leyes en un estado normal de derecho.

Definitivamente es un tema bastante grave. Se da cada vez peor en violaciones graves a derechos humanos porque empieza con cosas muy sencillas, pero si uno deja que esto crezca y se dé tanto poder a las autoridades y tanta posibilidad de corrupción y de hacer cosas que no están establecidas en las leyes, podemos llevar a casos tan graves como lo que pasó en Ayotzinapa.

La corrupción permite que grupos, como el crimen organizado, se infiltren, porque da igual quién sea quien está ofreciendo el pago. El punto es: “Podemos saltarnos la ley si tú me das cierta cantidad de dinero”, y esta respuesta puede ser para cualquier persona.

La corrupción impide que se cumpla con la ley y por supuesto que ocasiona violaciones graves a derechos humanos y que además no todas las personas están en las mismas posibilidades de cumplir estos requisitos extras que impone la corrupción.

Yo diría que ese es el problema más serio en el día al día que implica la corrupción y los niveles que se han ido alcanzando.

En cuanto a las leyes generales de desaparición forzada y de tortura, no es algo que hayamos analizado para este momento, pero de lo que estamos seguros es que tienen que cumplir con estándares internacionales. Ahora tenemos muchísimas convenciones sobre tortura, sobre desaparición forzada. Tenemos el caso Radilla, específicamente en el caso de desaparición. Lo principal es que tomen en cuenta todos estos estándares internacionales.

Un tema importantísimo, la imprescriptibilidad de los delitos. Ese es un tema que nos preocupa y que debe ponerse en la mesa cuándo prescriben, si no prescriben; que nosotros somos la idea de que no, porque son crímenes bastantes serios, entre otras cuestiones que ya están establecidas en distintas leyes internacionales.

Entonces creemos que eso es lo que tendrían que tener y ese debería ser el contenido principal.

En cuanto a los controles, es un tema interesantísimo, porque definitivamente lograr que la policía funciones de manera adecuada, la base está en la confianza a la ciudadanía.

Entonces ahí nosotros creemos que un control muy importante es el control mismo de la ciudadanía, que pueda uno recibir la información sobre los retos, sobre las implicaciones de lo que se está haciendo, tener como informes periódicos y que la misma ciudadanía pueda retroalimentar la actuación policial.

Eso es algo que vemos que podría ser muy útil, porque justo en los países en donde ha habido experiencias positivas, más que exista un mando púnico policial o si son varias policías, lo que ha hecho que funcionen es que la ciudadanía confíe en estas policías.

Este es un elemento como bastante interesante, un ejemplo bueno es lo que está pasando en Brasil, que se cambie un poco la estrategia de que vengan los policías muy agresivamente como con armas y que entonces la gente los ve y tienen un miedo terrible, a la construcción de cuestiones sociales, por ejemplo, que llegan y preguntan cuáles son las necesidades de este lugar, empiezan a generar confianza en la ciudadanía y así es como se empiezan a aceptar y las personas empiezan a denunciar violaciones a derechos humanos o a problemas normales, porque empieza a haber mayor confianza.

Entonces, el éxito radica en eso, en que exista confianza de la ciudadanía y obviamente controles externos en donde seguramente podrán ahondar más los expertos de INSYDE.

Básicamente la pregunta como principal si el mando único genera condiciones para superar los problemas en materia de derechos humanos, desde Amnistía Internacional y por como viene la reforma, consideramos que se queda corta, porque ni siquiera aborda de manera adecuada el tema de derechos humanos, se menciona una vez y en el artículo constitucional, pero no es un eje importante para la capacitación, para la evaluación, para todo esto que debe ser como lo más importante cuando se está hablando de ciudadanía y de temas de seguridad.

Entonces, creemos que se queda corta en este sentido y que tiene que girar hacia que los derechos humanos sean la base y como decían, los derechos humanos parejos, tanto para la policía y la dignificación de la policía, como para los ciudadanos.

Entonces, creemos que ese tiene que ser como el eje fundamental y que es lo que no refleja la iniciativa de reforma. Incluso en la exposición de motivos se menciona mucho la percepción que tiene la ciudadanía sobre la corrupción y sobre la confianza, pero no sobre violaciones a derechos humanos, que era un comentario interesante.

Si bien la percepción hacia el Ejército es alta, el 80 por ciento de las personas confían en el ejército, eso no quiere decir que el Ejército o viole derechos humanos.

Entonces, un análisis importante que se tendría que incluir es ese, las autoridades que violan derechos humanos, la grave crisis que tenemos y cómo logramos solucionarla de manera integral.

Creo que respondo todo, si no…

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias Mónica.

Don Ernesto López Portillo, por favor.

ERNESTO LÓPEZ PORTILLO: Senador, gracias.

Me temo que el mejor ejercicio legislativo, el mejor pudiera ser, no va a resolver el aspecto fundamental de la reforma policial. Aún generando ustedes el mejor acuerdo, le mejor texto posible, no van a resolver ustedes el problema.

El problema, lo voy a reducir así: la policía sabe trabajar con la gente o no sabe trabajar con la gente y la tecnología que está atrás de una policía que sabe trabajar por la gente, es bien complicado.

Entiéndase tecnología como un conjunto de instrumentos de gestión que agregan controles, modelos de profesionalización, evaluación, transparencia, etcétera, etcétera.

Es muy compleja la gestión policial para garantizar un resultado con la gente en la calle; es complejo.

Esa es la muy mala noticia; es muy sofisticado el diseño para lograr que un policía que está en la calle trabaje con la gente.

Hay mandos únicos que no logran trabajar con la gente sino que trabajan contra la gente. Y voy a poner un ejemplo especialmente grave, que es Guatemala; Guatemala.

Y hay mandos fragmentados, enormes, con 18 mil instituciones policiales, en Estados Unidos, donde nadie se queja por el número de policías que tiene, o cuando menos no frente a mí; yo no he oído esa queja.

Policías únicas, policías fragmentadas, ambas pueden darnos lo mejor y lo peor. Y eso tiene que ver con la capacidad de trabajar o no con la gente.

Los esfuerzos del Estado Mexicano hoy en materia de seguridad pública, los esfuerzos más sofisticados son en verdad en algunos aspectos muy avanzados.

El discurso que los doctores del Gobierno Federal nos presentan hoy tiene componentes que hablan de un proceso de maduración de muchos años en México, que nos colocan en donde algunos dicen que los Estados Unidos estaba en los 70, que es un proceso de disociación entre las experiencias, y los discursos, y la tecnología más avanzada en algunos espacios de un país, frente a otros que se colocan años luz atrás.

México hoy enfrenta esa pulverización profunda entre experiencias que recogen recursos, discursos, tecnología y propuestas muy avanzados, ciertamente aún a prueba; aún a prueba frente a una precariedad que nos coloca frente a los países, a la par de los países más atrasados institucionalmente del mundo, en donde nosotros hemos convivido muchas veces con policías que están esperando en qué momento regresan a manejar el taxi, o regresan a trabajar de albañiles.

Entonces nos enfrentamos a un caleidoscopio casi inmanejable, en términos de política de Estado, en donde si queremos responder con una palabra, como un mecanismo de solución es estándares; estándares con o sin mandos unificados, estándares.

Todo miembro de las instituciones policiales debería tener estándares similares. Eso se puede lograr con mandos unificados o con mandos fragmentados, porque la experiencia internacional nos muestra que se puede lograr en ambos casos.

Ahora, respecto a los comentarios del senador Corral: la fractura policial es hija de la fractura política. Eso nosotros lo hemos reconocido así desde hace mucho y creo que tiene que ver con lo que usted está denotando en términos de un contexto político.

A su vez la fractura política está fundamentalmente soportada en la reproducción de la impunidad. Estamos de acuerdo.

Y el corolario de esto es tremendamente difícil de procesar, que es: no habrá saneamiento y profesionalización policial, sin o hay saneamiento y profesionalización política; no lo va a haber.

Las instituciones policiales no pueden sanearse trabajando contra una clase política que no madure una decisión contundente en contra de la impunidad; no puede ser, es un contrasentido.

El modelo policial adecuado para enfrentar la crisis e inseguridad, que es una de las preguntas que se nos hace, desde nuestro punto de vista es un modelo que tiene como eje la capacidad de construir una agenda de problemas y una agenda de soluciones, calle por calle, la policía con la gente; calle por calle.

Es la proximidad de la que se ha hablado, el modelo comunitario del que se ha hablado tanto y que es tan difícil.

Reitero: la tecnología de control de un sujeto uniformado y armado en la calle es complejísima, porque son personas que están en la calle y ni siquiera la visibilidad de la propia autoridad que lo supervisa, se puede garantizar. Un autor muy reconocido en estos temas, dice que la capacidad de los mandos para saber lo que hacen los subalternos es muy, muy limitada.

Entonces, las instituciones policiales están todo el tiempo luchando para ver cómo supervisan a su gente. Es uno de los grandes dolores de cabeza en el mundo: la supervisión en el despliegue operativo.

Ahora, ese despliegue operativo –y aquí nuestra gran pregunta– tiene que entregar responsabilidad a la policía en la calle para tomar decisiones con la gente, y ahí es donde nosotros hemos levantado la gran pregunta: ¿Cómo equilibrar la concentración el mando con la distribución de responsabilidades en la calle?

La distribución de responsabilidades en la calle es un eje, es un componente fundamental de lo que se hace en Asia, en África, en donde se está buscando aproximar a la Policía con la gente.

Si el policía que está cerca de la gente tiene que ir a preguntarle al mando lo que tiene que hacer, ya no es una policía comunitaria, ya no es una policía de proximidad; es una policía convencional que no tiene la capacidad de responder y de resolver a la gente en la calle.

Entonces, “atendiendo las particularidades de cada región”, dice la pregunta: exactamente. Nosotros hemos estado en colonias populares difíciles, donde jamás habían hablado la Policía y los líderes comunitarios, y los hemos sentado juntos a hablar. En ese momento empiezan a cambiar las cosas.

De veras que no hay ciencia, ¿eh?, lo que hay es un esfuerzo tremendamente complejo, con voluntad política atrás, primero que nada, para sentarlos a hablar y desarticular todas las distorsiones con los mercados criminales que están en la comunidad y en la Policía y en la política, desmontar esas distorsiones que impiden el diálogo. Y ese es un trabajo dificilísimo, es el trabajo de construcción de policía comunitaria.

Nosotros estamos de acuerdo en un modelo que puede ser mixto, en donde las policías que no pueden funcionar, municipales, no funcionan; sobre esquemas de evaluación institucional, que desde nuestra lectura, hace mucho tiempo el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha venido a crear.

Hay que mirar aunque sea un minuto hacia atrás: hay más de 30 reuniones en 20 años del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y nos estamos hoy haciendo las preguntas básicas sobre la Policía todavía, para buena parte del país.

¿Por qué el Sistema Nacional de Seguridad Pública no construye un modelo de evaluación, con estándares, públicos, transparentes, con rendición de cuentas, que nos diga qué policías pueden funcionar y cuáles no?

Ese es otro camino, ese es otro camino. Es un camino que sería capaz de distinguir las diferencias en la maduración institucional de las policías.

No puedo imaginar lo que sería desmontar la Policía Municipal de Querétaro; en donde hicimos una encuesta y es una Policía que especialmente expresó una identidad institucional asociada al trabajo con la gente, como no lo hemos encontrado en otra, en nuestra experiencia. Probablemente hay muchas otras, pero nosotros no hemos estado ahí.

Entonces, ¿cómo desmontar eso? ¿Cómo desmontar esfuerzos municipales, que en algunos casos tienen años de maduración? ¿Cómo hacemos eso sin correr con esa responsabilidad de posible reversión de trabajo, incluso con la gente, de trabajo cercano con la gente?

En toda esta tecnología que escuchábamos de la posibilidad de un mando único, la pregunta es: ¿Y cómo nos hacemos cargo de mantener una relación con la gente en la calle, que fortalezca la capacidad de la Policía para resolverle la necesidad de la gente en la calle?

Y no suceda como la joven estudiante que se nos acercó a una conferencia, la acababan de asaltar en el metro, fue a decirle al policía, y el policía le dijo: “¿Y por qué no lo persiguió?”.

Es una concepción, “¿por qué no lo persiguió?”; se lo dijo desde lo más profundo de sus incentivos. El más profundo de sus incentivos es no moverse de donde está, porque el mando no se lo permite.

Entonces –ya casi termino– es por ahí, es un proceso de filtrado de un servicio a través de la construcción de confianza con la gente.

La Policía inglesa nos dijo hace mucho: “yo probablemente no le puedo conseguir el bolso a la mujer que viene a pedírmelo; pero voy a darle el mejor servicio posible y lo voy a intentar”.

En México, las encuestas han mostrado también que cuando ya hay contacto con la Policía mejora la relación, en encuestas tenemos eso. Cuando no hay contacto, hay una profunda desconfianza; cuando inicia el contacto empieza el cambio de la relación.

Termino solamente con un comentario respecto al tema de la ley de tortura. El instituto a mi cargo, junto con Amnistía y otras organizaciones, trabaja una campaña nacional contra la tortura. La mala noticia es que en México hay torturados y no hay torturadores. El Sistema Penal no reconoce la existencia de torturadores y las denuncias se producen –ustedes lo saben– y se reproducen y se reproducen, y la ONU lo dijo y no es posible no reconocerlo.

Nosotros apoyamos la idea de una ley general contra la tortura. Es una idea que está aquí, que sabemos que está aquí y que está en proceso de maduración, con los mejores estándares internacionales, pero sin una reforma penal funcional ni esa ley ni ninguna que tenga que ver con el Sistema Penal, porque se atora y más se atora cuando el ministerio público tiene que investigarse a sí mismo o tiene que investigar a las policías que trabajan con él, porque estamos hablando con policías, con peritos y con ministerios públicos y nos dicen que investigar tortura es muy complicado.

Gracias por su atención, por sus preguntas y por el espacio.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias a usted, don Ernesto López Portillo. Muchas gracias y muy amable.

Tiene la palabra don Jorge Carlos Hurtado, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si nos hace favor.

JORGE CARLOS HURTADO: Muchas gracias, senador.

Se comenta aquí si esta iniciativa del gobierno, específicamente del señor Presidente, va a acabar con la corrupción, va a enfrentar todos los problemas que tenemos en el país y creo que hay que poner los pies sobre la tierra y ver las cosas con mucha objetividad y claridad.

Lo que se está pretendiendo con la consolidación de 32 policías estatales fuertes y el establecimiento de un mando único estatal no es la panacea, por supuesto, para todos los problemas que vivimos en el país y que tienen que ver con corrupción.

El planteamiento y la iniciativa del señor Presidente es apenas uno de diez que hizo en noviembre y que tienen que ver precisamente con la impartición de justicia, con el fortalecimiento de leyes que tengan que ver con justicia cotidiana, con el desarrollo económico en las partes más dañadas del país socialmente, porque precisamente de esa insuficiencia social, de esa carencia social, se derivan los problemas de la infiltración y de la corrupción entre las policías municipales que es el primer peldaño que tiene la delincuencia para acceder a ellos.

Tiene que ver también, y así está en los planteamientos que hizo, el fortalecimiento de los derechos humanos y la iniciativa de ley contra la tortura y las desapariciones forzadas.

¿Por qué insistir en un mando único y no un modelo mixto, como señalaba el senador Ríos Piter?

Se ha analizado mucho esto. Se estuvieron analizando todas las variables y las propuestas; incluso relación directa con el doctor González Aréchiga, que participó antes, exponiendo los modelos desde ese punto de vista académico se consideraban viables. Pero teneos que reconocer una cosa también: la delincuencia no admite límites entre municipios; no admite límites entre estados, ni siquiera entre fronteras entre países.

Cuando hay que operar no se puede operar atendiendo a demarcaciones municipales o estatales o incluso nacionales. Los problemas de inseguridad y de delincuencia que vivimos exigen operaciones no solamente de inteligencia inicial, de investigación, sino también de reacción, y la reacción no puede operarse con demarcaciones municipales ni estatales.

No se puede operar estando sujeto a que un presidente municipal pueda acceder a poner a disposición de la autoridad estatal la fuerza que tiene en el municipio.

No es fácil de entenderse, es prácticamente imposible entenderse con mil 8012 directores de policía, con municipios que tienen un policía; hay 66 municipios que solamente tienen un policía, hay cincuenta y tantos más que tienen menos de 10 policías.

Esos policías municipales, con salarios ínfimos, que no están entrenados ni capacitados ni equipados, son fácil presa de la corrupción.

En un municipio que nada más tiene tres o cinco policías, pues es muy fácil que llegue la delincuencia a un policía y le ofrezca a un policía que gana menos de 4 mil 500 pesos, como es el 25 por ciento de los policías municipales, el 50 por ciento gana menos de 6 mil pesos y le ofrezca 10, 15, 20 mil pesos para dejar hacer.

Por eso decíamos en nuestra intervención que las policías municipales pasaron de ser simplemente cómplices pasivos, en la pasividad del dejar hacer, a estar rindiendo información y participar activamente en la delincuencia.

¿Cómo responsabilizamos a los gobernadores de lo que sucede en su estado? Cuando se encuentra uno con un problema en un municipio, como el de Iguala o como tantos otros que han ocurrido, para poder responsabilizarlo de lo que ocurre en su estado.

No es que se exima a las corporaciones estatales de corrupción, no es que se diga que solamente las policías municipales y las autoridades municipales son corruptas y que no existan las corporaciones y autoridades estatales.

Lo que pasa es que no es lo mismo responsabilizar a 32 personas de lo que pasa en su estado, a tener que responsabilizarse con mil 812.

No consideramos de ninguna manera que todos los problemas de la inseguridad en México y de la corrupción se van a acabar con el mando único y las policías estatales, por supuesto que no, pero es más fácil entonces consolidar 32 policías que estén bien pagadas, bien entrenadas, bien equipadas, y que se les pueda seguir la pista y responsabilidad a los gobernadores con las evaluaciones, no solamente internas y externas.

Se plantea, dentro de todo el esquema del desarrollo policial, el también fortalecer y dejar perfectamente consolidadas todas las unidades de procesos internos, para que se pueda vigilar más de cerca al elemento, pero también la supervisión externa, para que entonces evaluemos no solamente las capacidades individuales de los policías, sino evaluemos la capacidad, la honestidad y el desempeño de las corporaciones e instituciones.

¿Qué es lo que ha pasado en los meses anteriores?

Efectivamente tenemos los acuerdos que datan del Consejo del 26 de noviembre del 2009, donde se mandata analizar la posibilidad de un cambio en la estructura policial.

Luego tenemos el Consejo de Seguridad, el 3 de junio del 2010, donde particularmente se dice que se acuerda, en el seno del Consejo, el establecimiento del Mando Único Policial.

Pero no se llegó a concretar por todas estas diferencias de si es conveniente o no.

Los últimos acontecimientos y todo lo que ha vivido el país, a pesar de los esfuerzos que se han hecho a nivel gobierno, en 20 años que tiene de existir el Sistema Nacional de Seguridad, que hay avances sumamente importantes, nos regresan al punto en que para poder establecer verdaderos operativos que combatan frontalmente la delincuencia, tiene que ejercerse un mando inmediato en las operaciones de reacción y no estar sujetos a si se aprueba o no por una autoridad municipal, el poner a disposición la fuerza de ese municipio.

Existe desde luego, y así se nos informó cuando se nos dio la instrucción de trabajar sobre esto, lo fundamental, el punto der partida, como señalaba el señor López Portillo: la voluntad política.

Porque no estamos hablando de una Reforma que tenga que ver únicamente con papeles y distribución de elementos.

Se está tocando el punto que la sociedad, las organizaciones ciudadanas han reclamado de tiempo atrás: el desarrollo policial.

Pero un desarrollo policial integral, como el que señalaba la senadora De la Peña, que le indique a los policías. Y eso es lo que estamos tratando.

En los puntos que expusimos de cómo se está visualizando el nuevo mando, la estructura policial, tiene que ver fundamentalmente –y es el punto de arranque- con la de indicación de los policías.

Un policía que tenga un salario digno, que le garantice suficiencia económica para mantener a su familia, que le garantices que sus hijos van a poder estudiar porque tenga becas, que garantice la seguridad de su familia teniendo un hogar digno en dónde vivir y que tenga un seguro en caso de los problemas a que se enfrenta en su trabajo y que pueda también garantizar la seguridad de su familia en caso de ser abatido.

Por eso se está planteando todo esto como una manera integral. No es únicamente la transferencia del mando.

La transferencia del mando, tenemos los antecedentes de lo que está pasando en el país.

A raíz de esos acuerdos del Consejo de Seguridad Pública se trabajó en ese sentido.

En acuerdos posteriores se formó una comisión con gobernadores de CONAGO y todavía en diciembre del 2012, que se promoviera el establecimiento de mandos únicos, de mando único en los estados.

Qué ha pasado: se ha avanzado. Tenemos 16 de las 32 entidades en que tienen mando único en todos sus municipios.

Y tenemos el 68 por ciento de los municipios totales del país, que están incorporados a un convenio de mando único.

Cada estado lo pudo hacer a su manera, pero tienen de alguna forma firmados convenios, excepto un estado, que es precisamente el de Baja California, Baja Sur, que ninguno de los municipios aceptó incorporar un mando único.

Y escuchábamos en las intervenciones del grupo anterior cómo el doctor Eduardo Guerrero manifestaba eso, que ahora el municipio de Los Cabos solicita el que se solucione el problema.

Pero cuando se planteó la posibilidad de acogerse a un mando único, al cual asistió personalmente el Comisionado Rubido, no se aceptó. Ahora el problema ya los rebasó.

Por eso es que con todas estas consideraciones se optó por establecer el mando único y no un mando mixto, porque es la posibilidad de poder enfrentar de una mejor manera, con inteligencia, con investigación, con capacidad de reacción, los problemas que implica la delincuencia.

¿Qué va a pasar con los policías que no aprueben el control de confianza?

Está, por ley, y es también la decisión y así lo ha manifestado claramente, sin tapujos, el Secretario de Gobernación: quien no pasó el control de confianza no puede estar en la calle.

Empezamos con los problemas, desde luego, que implican las indemnizaciones de todos estos policías y la gran cantidad que todavía representan; pero se está trabajando en ello y es la insistencia a los gobernadores. Todavía anoche firmé otro oficio a los gobernadores, insistiendo en que es obligación dar de baja a todos los elementos que no aprobaron el control de confianza.

En ese sentido no hay marcha atrás y algunos estados lo están enfrentando de una manera, y otros de otra; pero la decisión es tajante y sin marcha atrás.

Lo que señala el senador Javier Corral, que por qué como si fuera sólo la infiltración en las policías municipales. Totalmente de acuerdo con él que no es así; el problema de la corrupción lo vivimos en todas las esferas del país y tiene que manejarse de una manera integral.

El Mando Único no va a resolver el problema de corrupción que hay en el país, en todo caso con las disposiciones que se establezcan, con el fortalecimiento de las comisiones de Honor y Justicia y de Asuntos Internos, y las supervisiones internas y externas que se realicen, será al interior de las policías.

Pero el problema de la corrupción en el país va mucho más allá; por eso las otras disposiciones y las otras iniciativas que presentó el Presidente para poder alcanzar la paz, la unidad y la justicia, como tituló a esas diez iniciativas. Y es un problema de todos, tiene que combatirse la corrupción con el nuevo sistema anticorrupción que está aquí en el Senado su aprobación, con leyes más severas en todos los ámbitos del país:

Esfera municipal, estatal, federal, y no dejemos también en la iniciativa privada. Porque recordemos que para que exista corrupción en el Gobierno, tiene que haber uno adentro y uno afuera; para que exista un funcionario corrupto, tiene que haber alguien afuera que motive y propicie y promueva esta corrupción.

Entonces tendremos que combatir la corrupción en todos los ámbitos de la vida nacional. El establecer, el consolidar 32 policías y un mando único estatal no es la panacea para los problemas de corrupción del país.

Buscamos con esto el tener policías más sanas. No existe una receta a nivel mundial que nos diga exactamente cómo se combate la corrupción, porque existe corrupción de mil maneras y ninguna institución de este país está exenta de la corrupción.

Encontramos ejemplos internacionales y ejemplos nacionales de la corrupción que se genera también en tantas y tantas instancias privadas; no es privativo de los gobiernos. La corrupción por eso tiene que combatirse en todos sentidos.

En lo que a nosotros nos corresponde establecer y analizar la posibilidad de que el Congreso, ustedes, analicen y decidan en función de lo que consideren el establecimiento o no del Mando Único, es lo que a nosotros nos corresponde.

Nosotros, con este modelo policial que estamos planteando aquí, buscamos el combate a la corrupción dentro de las corporaciones policiales; y nada nos garantiza que al tener el Mando Único y 32 policías estatales no va a haber corrupción. Eso no lo puede garantizar nadie.

Esto, tenemos que partir desde la niñez; es cosa de educación, de concientización de nuestros niños, de nuestros jóvenes el combatir la corrupción y sólo unidos todo el país en un combate frontal a la corrupción, no solamente con las leyes y las disposiciones, será como podremos salir adelante.

El asunto de las atribuciones que preocupan al senador Encinas. El riesgo de un uso político en la concentración del mando; por supuesto que lo existe y de ahí la importancia de la participación de las organizaciones ciudadanas que vigilen cuál es la participación de las policías y hacer las auditorías y evaluaciones que se requieran.

Por eso nosotros acudimos aquí con estos planteamientos y estamos con una visión integral de lo que debe de ser el desarrollo policial, que ha sido uno de los puntos focales en que las organizaciones ciudadanas han fincado en que puede mejorarse la actuación de las policías y en eso estamos, en un planteamiento integral del desarrollo policial, no en medidas únicamente el llevar y operar a las policías. El compromiso y la instrucción recibida del señor Presidente, del señor Secretario de Gobernación es una visión integral del problema con voluntad política para resolverlo y la corrupción es un problema de todos que tenemos que combatir entre todos.

Muchas gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, don Jorge Carlos Hurtado.

Tiene la palabra don Álvaro Vizcaíno Zamora, si fuera tan amable.

ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, senador Burgos.

Bueno, me referiré primero al comentario del senador Ríos Piter, relacionado con el tema de la corrupción, a efecto, como ya señaló el Secretario Hurtado, hay muchas formas de abordarlo, pero quisiera referirme especialmente al tema de la educación de los policías como un mecanismo de combate a la corrupción y que está previsto tanto en los acuerdos del Consejo Nacional como en esta iniciativa de ley, y me refiero a los programas de nivelación académica.

A mí me parece especialmente preocupante que el 67 por ciento del estado de fuerza del país tiene estudios inferiores al de secundaria.

Estamos hablando de que antes de enseñarles a las policías la reacción en cadena de la polimerasa para identificar muestras genéricas o identificarles georreferenciación o enseñarles mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero, tendríamos que fortalecer en nuestros policías sus conocimientos básicos como cualquier ciudadano.

Esto es, tendrían que saber civismo, historia; tendrían que saber un poco de arte, un poco de cultura general; tendrían que conocer la historia de nuestro país. Seguramente tendríamos mejores ciudadanos y, en consecuencia, lograríamos mejores policías y un menor nivel de corrupción. Esa es una preocupación fundamental.

También, y del de los diagnósticos que establece la iniciativa de reforma, seguramente se determinará, podremos encontrar que existe un buen número de policías; en nuestras estimaciones es cerca de la cuarta parte del estado de fuerza de la policía del país que nunca pasó por una academia en un programa de formación inicial.

Estamos hablando de policías que tal vez recibieron cursos posteriormente, de actualización, de especialización, pero que no tienen una formación básica inicial.

Es necesario también fortalecer esas capacidades, enseñarles los temas elementales y es que en muchas ocasiones no entraron por un servicio de carrera, ingresaron a una institución a cumplir funciones administrativas pero se visten de policías y son policías y usan un arma.

Ciertamente las leyes y los acuerdos publicados no nos van a ayudar por sí mismos a resolver los problemas. Si bien contamos con un marco legal que se ha ido construyendo y que hasta hace algunos años no existía, estos hay que llevarlos a la práctica.

Concretamente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la nueva ley general, se publicó el dos de enero del año 2009. Esta nueva ley general motivó que los congresos estatales alinearan sus legislaciones en materia de seguridad a esa ley general, proceso que llevó casi dos años.

Ese proceso que habrá concluido hacia el 2010, 2011, implicó que en muchas entidades apenas iniciaran los procesos homologados de reclutamiento, selección, profesionalización, de los que hoy estamos platicando, procesos que han avanzado con diferentes niveles de interés, de profundidad, en las entidades federativas o en los municipios. Algunos estados han avanzado con más rapidez que otros.

Entonces, creo que en efecto, hay que implementar estos marcos legales, pero también hay que pensar en estas propuestas que contiene la iniciativa de reforma constitucional, que redondean los temas que ya tienen aquellas leyes, como la ley general.

Respecto a lo que señala la senadora Angélica de la Peña, me parece que en la mesa encontramos más coincidencias que diferencias. Creo que todos los que estamos aquí presentes estamos preocupados por tener una mejor policía, por vivir en un país más seguro, por tener instituciones más sólidas, por construir procesos de mayor alcance y ene se sentido creo que, con independencia de nuestra diferente procedencia, de nuestro origen institucional, al final todos somos, los aquí presentes, académicos y además preocupados por este tema.

A la pregunta de la senadora Arely Gómez y en adición a lo que ya ha señalado el Secretario Hurtado, en efecto, hace falta depurar las instituciones policiales, las municipales, las estatales, respecto de aquellos integrantes que no cumplen el control de confianza, esto implica por supuesto un gran esfuerzo financiero que no puede hacerse en un corto plazo.

Por ello se habla en el Plan Estratégico de implementación que señalan los transitorios de la reforma, en una gradualidad y de que cada entidad federativa presupueste, calcule, estime cómo se llevará a cabo esta depuración.

Por lo pronto la reforma plantea cuatro primeros estados en los próximos dos años, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, y Jalisco. Entonces me parece que es el primer reto y con aquellos que sí tienen control de confianza con resultado positivo, pero que no tienen capacidades policiales, bueno, por supuesto habrá que actualizarlos, pero además certificarlos.

Creo que podemos, estamos en condiciones en México, de hablar de una policía certificada en sus competencias profesionales y tenemos las herramientas para hacerlo.

Hoy lo hacemos en Policía Federal, tenemos más de 24 competencias profesionales certificadas, tenemos certificadores acreditados por la Secretaría de Educación Pública y procesos estandarizados para hacerlo.

Respecto de lo que señala el senador Javier Corral de si se está reduciendo el problema del narcotráfico a nivel municipal, bueno, coincido con el planteamiento desde el siguiente punto de vista:

Como ya se ha expresado aquí, tenemos mil 110 municipios con menos de 12 policías por municipio.

El Secretario Hurtado de hecho mencionó algunos municipios que tienen un solo policía y hay 600 municipios que no tienen ninguno.

Bueno, en esos municipios, senador Corral, me parece que no sólo no pueden combatir el narcomenudeo, o menos el narcotráfico, sino ni siquiera cualquier tipo de infracción o de falta menor.

No habrá un policía que detenga un grafitero, a un policía que detenga un ciudadano que se pase un alto, que golpee a otro ciudadano.

Ni siquiera esas cuestiones de delitos menores pueden ser atendidas en la gran mayoría de estos mil 710 municipios.

Por ello, en ese sentido esta propuesta permitiría redistribuir esta fuerza y posiblemente permitiría atender de algún modo todos estos municipios que hoy no cuentan con estas capacidades.

Por supuesto el problema, o más bien la solución al problema, no es exclusivamente el mando único.

Mucho abona el nuevo sistema penal acusatorio, impulsado en la Reforma del 2008.

La revisión y en su caso redistribución de fondos y subsidios federales: el FASP, el SPA, el Subsemun.

Pero creo que lo mejor es considerar que, bueno, la mejor política contra el delito es una buena política de desarrollo social, no es una política de represión, es una política de desarrollo social.

Y la Reforma precisamente incorpora, incluye entre sus apartados, el fortalecer las capacidades no policiales de prevención a cargo de los municipios.

El senador Alejandro Encinas mencionó si la Reforma incluye mecanismos de control a violaciones de derechos humanos.

En este sentido a mí me parece que si bien no los contiene expresamente, el fortalecimiento del servicio de carrera sin duda contribuye a que los integrantes de una institución policial asuman su misión con una visión de largo plazo y con una visión que les haga desear, mantener su estatus laboral en condiciones de legalidad.

En Policía Federal, en los últimos dos años, 3 mil 90 integrantes de Policía Federal ascendieron por concurso, concurso en que se evalúa su actitud física, su desempeño, sus conocimientos, el agente se pone a estudiar antes del concurso de ascenso de grados.

Yo quisiera ver de los diagnósticos que resulten, en cuantos municipios se hacen este tipo de concursos y en cuantos municipios hoy en día hay realmente un servicio de carrera policial transparente, legítimo, abierto.

Hay municipios del país –no quisiera mencionar los nombres- pero si revisamos los casos que más nos preocupan en los periódicos recientemente, igual ya mencioné uno y el que sigue es Acapulco, si revisamos las prestaciones que tenían estos policías en los últimos 5 ó 10 años, nos vamos a encontrar con el dato de que ninguna.

Yo sé de policías, más bien de esposas de policías caídos en cumplimiento del deber, que es la fecha que no han cobrado una pensión o una ayuda económica, en otras entidades también del país.

Entonces en la medida en que cuenten con seguro de vida, seguro médico, becas para los hijos, apoyos para los caídos y sus familias, bueno, en ese momento podemos realmente pensar en un mecanismo sólido.

Preguntaba usted, senador: cómo la Iniciativa va a fortalecer los municipios, que parecía quizá un contrasentido.

Bueno, a mí me preocupa, y recuerdo algunos estudios de desarrollo municipal en que los municipios no sólo tienen debilidades en materia de seguridad, y ustedes lo saben muy bien.

Algún análisis en cuanto al número de computadoras que hay en algunos municipios indican, o que no las tienen o que de tenerlas no se pueden conectar a Internet.

A veces se les pide que rindan informes o participaciones, y no tienen forma de comunicarse; quienes están a cargo del municipio, no tienen mayor nivel de estudios o no tienen suficientes capacidades administrativas para poder desempeñar la gestión municipal.

Es una realidad que vivimos en un buen número de municipios de nuestro país y que tenemos que combatir a través de programas de fortalecimiento al desarrollo municipal. Y en ese sentido, me parece que precisamente el tema de la seguridad pública municipal se inscribe en el marco de las debilidades institucionales de muchos municipios; y que dada la urgencia de atender y solucionar precisamente el tema de la seguridad pública municipal, es una alternativa que ha sido probada en otros países, el que sea adscrito esto a un mando estatal.

Bueno, con esto concluiría mi participación. Simplemente celebro que en el Senado de la República este tema se esté discutiendo de esta forma plural, amplia, con representación de todas las instituciones y partidos; porque el tema del Mando Único tiene ya muchos años en la mesa, y parece que es oportuno llegar ya a algún tipo de decisión final.

Muchas gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Al contrario, don Álvaro, muchísimas gracias.

¿Perdón?

Senador Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: ¿Le puedo hacer una solicitud a alguno de los ponentes?

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Adelante.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Se ha usado mucho este dato de los mil 810 municipios, la cifra está en la que hay un solo policía, etcétera; ¿hay alguna tabla que tenga una identificación de los 2 mil 500 municipios? Y entonces, a ver, sí en efecto tenemos mil 810 que tienen esta condición, pero hay otros tantos que no la tienen.

Porque me da la impresión que es un tema en el que el ejemplo ayuda al asunto de mando único, pero siguen estando 700 fuera, en los que tal vez hay que pensar de manera diferente el problema, si es que existe, y asumo que lo tiene el sistema, a mí me sería y creo que nos sería muy productivo.

Gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Adelante.

JORGE CARLOS HURTADO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: Tenemos una escala que nos dice que hay 892 municipios, que solamente tienen de uno a 20 elementos.

Hay 418 que tienen de 21 a 50; 235 que tienen de 51 a 100; 211 que tienen de 101 a 500; 29 nada más que tienen de 501 a mil policías; y 27 que tienen de más de mil policías, hasta 3 mil 280, que es el máximo.

Entonces, eso nos da mil 800 municipios que tienen, cuando menos, un elemento. Y hay 645 municipios que no lo tienen, porque tenemos los casos de las comunidades, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas, que se rigen por usos y costumbres y que quedan fuera.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias.

JORGE CARLOS HURTADO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: Por nada, para servirle, senador.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias.

Pues a nombre de mis compañeras y compañeros senadores, a nombre de las comisiones dictaminadoras queremos expresar muy cumplido agradecimiento a Mónica Oehler, representante de Amnistía Internacional; a Ernesto López Portillo, representante de INSYDE; a don Jorge Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; a don Álvaro Vizcaíno Zamora, coordinador del Sistema de Desarrollo Policial.

Realmente estas participaciones auténticamente lo digo, sin cumplidos, sí enriquecen, abren nuestra perspectiva, nos permitirán contar con mayores elementos de juicio a la hora de entrar al proceso de dictaminación de esta iniciativa.

Ojalá nos den la oportunidad de que, independientemente de esta visita, de esta audiencia que hoy amablemente nos concedieron, nos dejaran abierta la oportunidad de intercambiar información, comunicación, que siempre será para un tema de este alcance y de esta naturaleza, siempre será sumamente útil.

El día de mañana tendremos nuestra tercera mesa de trabajo. El tema es “Intervención Federal por filtración o infiltración del crimen organizado en municipios”. Están cordialmente invitados todos los asistentes. Iniciaremos a partir de las 10 de la mañana del día de mañana.

Muchas gracias a todos los asistentes por su presencia. Muy amables, muy reconocidos.

Enhorabuena. Muchas gracias.

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