Versión Estenográfica de la exposición del Grupo 2, de la Mesa 2 Mando Único Policial Estatal, del primer día de las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia, a las que convocan las comisiones unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República.

(Primera parte)

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Vamos a dar inicio a esta segunda parte de nuestra reunión vespertina.
Simplemente para puntualizar, primero agradecer a nuestros invitados el que hayan aceptado compartir con nosotros esta tarde sus comentarios, sus puntos de vista.
Como ustedes lo saben perfectamente bien, estas audiencias han sido motivadas o a raíz de una iniciativa que envío el presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, el pasado día 1 de diciembre, en temas relacionados con seguridad pública y con justicia penal.
La iniciativa contempla la reforma o adición a siete artículos constitucionales: el 21, el 73, 104, 105, 115, 116 y 123; y nueve artículos transitorios.
Es de toda obviedad que el tema de seguridad pública y justicia son un compromiso esencial, fundamental del Estado contemporáneo y, por supuesto, lo es del Estado Mexicano; que es una de las tareas que en primerísimo lugar nos convocan a todos, independientemente de los niveles o ámbitos de responsabilidad.
Un tema que a todos nos alcanza por su significación, por lo delicado, por los alcances; y justamente porque la naturaleza de lo que aquí se ha propuesto a través de esta iniciativa debe ser enriquecido, ajustado, apuntalado –diría yo– con puntos de vista distintos; hemos tenido puntos de vista de la sociedad civil, de la academia, de servidores públicos.
Les comento, hoy en la mañana estuvieron gobernadores de los estados, estuvo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, estuvieron presidentes municipales; hace un momento concluimos otra reunión también con investigadores, asesores, académicos, representantes de la sociedad civil. Y creo que todo ello nos ha permitido ir encontrando nuevas luces, enfoques, matices que sin duda alguna van a enriquecer el ejercicio de las comisiones dictaminadores y, si es el caso, en su momento, del Pleno senatorial.
Agradecemos muy cumplidamente a don Ernesto López Portillo su presencia, representante de INSYDE.
A Mónica Oehler Toca, representante de Amnistía Internacional, muchísimas gracias.
A don Jorge Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias, don Carlos.
Y a don Álvaro Vizcaíno Zamora, coordinador del Sistema de Desarrollo Municipal.
El esquema de participación sugerido es una participación por parte de ustedes, entre 10, 12 minutos o el tiempo que estimen adecuado. Una vez que se agoten las cuatro participaciones, damos lectura a tres preguntas que fueron formuladas con anticipación y que seguramente ustedes ya han conocido; y después las preguntas que quieran formular las senadoras y senadores.
Formulada esta etapa de preguntas, indistintamente, nuestros distinguidos invitados nos darán la respuesta que estimen más prudente.
Empezaríamos solicitando, bueno, primero las damas. Le rogaríamos a Mónica Oehler Toca, representante de Amnistía Internacional, nos hiciera favor de darnos su punto de vista. Puede hacerlo en su lugar o puede hacerlo en tribuna, donde la parezca mejor.
MÓNICA OEHLER TOCA, REPRESENTANTE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, discutiendo un punto tan importante en materia de derechos humanos, como es la seguridad.
Desde Amnistía Internacional creemos que es muy importante empezar recordando que México tiene una crisis en materia de derechos humanos; en donde seguimos recibiendo reportes sobre desapariciones forzadas, sobre tortura, sobre detenciones arbitrarias y donde la impunidad parece ser la regla en todas estas violaciones a derechos humanos.
Ante esta situación tenemos que recordar que Ayotzinapa no se da de manera aislada, sino que se da en todo un contexto de impunidad en donde otro tipo de violaciones a derechos humanos también han permanecido impunes, como son San Fernando, como son Atenco, entre otras.
Ante esta situación es que se propone esta iniciativa de reforma constitucional en donde se propone crear este Mando Único Policial Estatal. Desde el análisis que hacemos en Amnistía Internacional, encontramos ciertas preocupaciones:
La primera tiene que ver con el diagnóstico que se hace en la exposición de motivos de la reforma y que tiene que ver que parte de la premisa que la corrupción se encuentra permeada a nivel municipal, pero no menciona nada de lo que sucede a nivel estatal o a nivel federal.
Esta es nuestra primera preocupación, porque los datos en los que se basa es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2013 que realiza el INEGI. En esa misma encuesta también hay una pregunta sobre el nivel de percepción de corrupción que tienen las autoridades.
Acá lo que vemos es que la Policía Preventiva Municipal tiene un 66.3 por ciento y la estatal un 61.9; en realidad la diferencia es mínima.
Otro tema muy importante aquí es que en México la corrupción no está únicamente a nivel de policías, sino que va más allá y va a un nivel de instituciones más fuerte, como lo son ministerios públicos, jueces y demás.
Hacer un diagnóstico en una base en donde la corrupción está básicamente en los municipios, nos da un panorama equivocado de la realidad que tiene México, y si no tenemos un diagnóstico adecuado de la situación, difícilmente la solución que se propone va a ser la adecuada. Esa es nuestra principal preocupación en cuanto al diagnóstico.
Otra cosa que también nos parece interesante es que se mencionan experiencias de otros países como Alemania, pero no se explica por qué la situación de Alemania es parecida a la situación de México o fue, en su momento.
Digamos que aquí es muy claro que la corrupción no está únicamente a nivel municipal. Pensar en eliminarla y crear una policía única estatal no se ve por qué sea la medida adecuada.
El segundo problema o segunda situación que creemos importante, es que el éxito de esta reforma o de este Mando único Policial Estatal va a depender de la confianza ciudadana.
¿Y cómo logramos que haya una confianza ciudadana en las policías?
Lo primero es que nos parece importantísimo la educación y la capacitación en materia de derechos humanos. En la reforma y en la exposición de motivos casi no se menciona este tema que creemos que debe ser transversal.
Cuando se habla de seguridad ciudadana el tema de derechos humanos debe ser fundamental y parece como que es el gran ausente aquí.
Lo primero es que si queremos homologar procedimientos, protocolos, criterios de selección, salarios, tenemos que pensar que tiene que haber una armonización en base con estándares internacionales.
Y acá otro punto fundamental para lograr la confianza ciudadana, es que los policías tengan dignas condiciones de empleo. Esto lo menciona la iniciativa y creemos también que es fundamental. Necesita salarios dignos, necesita tener pocos incentivos para no estar coludidos con el crimen organizado. Si esto no se logra, es muy difícil que logremos tener un éxito en la confianza ciudadana.
Otro punto importante que pensamos es que tiene que haber una rendición de cuentas y una participación ciudadana.
Si queremos que la ciudadanía confíe en la policía es fundamental que la ciudadanía reciba información sobre los retos, sobre las dificultades de los avances que hay en esta materia, que puedan opinar y que puedan decir qué es lo que creen que pueda funcionar en materia de seguridad pública.
Creemos también que es necesaria la evaluación, pero que tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos la evaluación para también no caer en violaciones a derechos humanos de los mismos policías; si se hacen exámenes de confianza, si se crean mecanismos, estos tienen que ser acordes con estándares internacionales y con el cumplimiento total siempre a lo que vienen siendo los derechos humanos.
La preocupación fundamental que vemos desde Amnistía Internacional, es el que el Mando único Policial en lugar de centralizar la seguridad ciudadana de la manera en que queremos, pueda terminar siendo una centralización de corrupción.
Es muy importante, primero esto, partir de un diagnóstico adecuado y segundo, ver qué beneficios son los que verdaderamente aportaría esta policía estatal única.
Finalmente, decir que desde Amnistía apoyamos y creemos que son muy importantes los procesos legislativos transparentes que se enfocan a resolver problemas sociales relevantes, pero que en México las causas estructurales que agravan o agudizan los problemas requieren soluciones integrales, más allá de otras respuestas legislativas.
En México no podemos olvidar que en los tratados sobre impunidad, el 98 por ciento, casi el 98 por ciento, si no acompañamos estas reformas legislativas con la implementación, que es o que siempre se nos atora en el país, pues es prácticamente imposible creer que la situación va a mejorar.
Entonces necesitamos soluciones más estructurales en el sistema de impartición de justicia en todos los niveles.
Y acá también mencionar en esta misma encuesta que utilizan como base para el diagnóstico, es impresionante, porque en realidad los jueces y el Ministerio Público sacan un porcentaje mayor a las policías estatales y a las policías municipales.
Entonces tenemos que pensar que el problema de seguridad es esto, hay un todo un conjunto que ha hecho que la impunidad sea lo que hoy prevalece desde el país.
Y finalmente creemos que, como ya lo habían mencionado en la mesa anterior, ya había habido unas propuestas parecidas del presidente Felipe Calderón y desde ahí se hicieron muchísimos análisis de muchísimos expertos, que expresaron su preocupación.
Creemos que estos espacios son muy importantes porque permiten justamente que podamos analizar las diferentes posturas y que ojalá sea un ejercicio que sea tomado en cuenta a la hora de realizar el análisis más allá de la iniciativa.
Eso sería todo.
Gracias.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias a Mónica Oehler de Amnistía Internacional, muy gentil.
Tiene el uso de la voz don Ernesto López Portillo.
ERNESTO LÓPEZ PORTILLO, REPRESENTANTE DEL INSYDE: Buenas tardes a todas y a todos.
Es un privilegio estar aquí y a nombre del Instituto para la Seguridad y la Democracia quiero expresar el agradecimiento de tener este espacio, en la más alta tribuna legislativa de este país.
Espero realmente en estos breves minutos poder aportar algunos elementos de análisis que complementen lo que han dicho muchos otros colegas, personas con mucha experiencia en la operación policial, personas que vienen estudiando desde hace mucho tiempo.
Reconozco el trabajo de todas y todos y espero complementar algunos ángulos de análisis.
La verdad es que el tema policial es de una complejidad excepcional. Cuando hablo de este tema, cuando voy a intervenir en algún foro, el que sea, hago un ejercicio consciente de recordar la última conversación que haya yo tenido con un policía en la calle.
No puedo dejar de pensar en eso, porque a veces se nos revira, estamos hablando de instituciones, en donde hay mujeres y hombres que muchas veces incluso entregan ahí la vida.
Vaya el reconocimiento de INSYDE a las y los policías que en este país, a veces sin recursos incluso, ponen todo para poder protegernos y servir a la sociedad.
Hemos dicho por muchos años que hay una deuda histórica del Estado Mexicano con las y los buenos policías. Hoy lo recuerdo, lo reitero en este foro: México tiene una deuda histórica con sus policías.
Las instituciones policiales nos regresan lo que les damos, les hemos pedido alguna suerte de servicio residual.
Lo hemos dicho por muchos años, esta idea de estar disponible como muchas veces incluso se dice en el servicio policial, estar disponible, estar a las órdenes; llega a un punto que afecta incluso la condición humana de las y los policías
Como una antropóloga ha dicho, la experiencia policial es una experiencia de sobrevivencia, es una experiencia de abandono institucional y aislamiento social.
La pregunta que hoy se hace tiene que ver con una decisión política extraordinariamente relevante para la condición del estado de derecho en este país.
¿No es una pregunta en el fondo que tiene que ver con cómo organizamos a la policía? Desde mi punto de vista es una pregunta fundamentalmente política.
Lo dijo Eduardo Guerrero y comparto con él esa visión.
Desde mi perspectiva, esta reforma crea una oportunidad, una vez más, para que el régimen político mexicano se pregunte si es capaz de controlarse a sí mismo.
No tenemos las policías que queremos y la inmensa mayoría de las y los policías no están en las condiciones que quisieran.
Y sin embargo hay una oferta que se pierde en la historia, una oferta política de profesionalización policial.
Según nuestras indagaciones, no hay un solo presidente en la historia de este país que haya dejado de prometer policías profesionales.
Por lo tanto, primero y antes que nada la falla es política.
Hablamos todo el tiempo de despliegue operativo, patrullas, uniformes, tecnología, infraestructura, y hablamos muy poco de la responsabilidad política de la policía.
La responsabilidad política de las y los funcionarios electos que ofrecen seguridad a la gente y al mismo tiempo utilizan a la policía fundamentalmente como un brazo armado de control político.
En la experiencia de quien les habla y en la experiencia de INSYDE, son muy, muy escasos los casos en donde hemos podido verificar procesos de profesionalización policial y todavía más escasos los eventos en donde actores políticos responsables de la policía han decidido reformar a la policía en coordenadas democráticas.
Invito pues a no confundirnos. La policía es un producto político. Primero, en nadie.
Y la oferta política que se pierde en la historia de una policía profesional es una oferta política fallida.
Hoy estamos discutiendo cómo organizamos a la policía; nosotros creemos que hoy debemos discutir cómo logramos la reforma policial democrática.
Tengo escasos minutos. Suscribo todas aquellas expresiones que se postulen por mejorar las condiciones de trabajo de la policía; todas. No entro a ninguna de ellas; las suscribo todas.
Si México, de este momento, de este acuerdo, de esta reforma desprende una mejora en las condiciones de vida de la policía y garantías para la policía, habremos dado un paso muy importante; garantías de prestaciones iguales a la policía en todo el país. Sin embargo, para nosotros el punto fundamental no está ahí.
Llama mucho la atención la manera como las y los políticos, las y los policías, los mandos fundamentalmente hablan de la policía sin hablar de los enormes avances que hay en los sistemas de control externo de la policía en el mundo.
Es una omisión demasiado fuerte e importante como para evaluarla como una omisión menor; es una omisión mayor.
Lo que está pasando en Europa Central, Estados Unidos, Canadá, Australia, en algunas partes de África y algunas partes de América Latina, muy pocas, es que se está generando un equilibrio, un contrapeso a través de controles externos para la policía. Controles externos especializados que se entienden a nivel mundial como “supervisión externa”.
En mi comentario, en mi opinión de El Universal el día de hoy relato el caso del nuevo inspector de la Policía de Nueva York; ¿por qué no estamos discutiendo los mecanismos de control externo de la Policía en México? ¿Por qué no está conectada la Academia, el Senado, San Lázaro y sobre todo la propia Policía y los mandos policiales, por qué no están conectados al creciente Foro Internacional de la Supervisión Externa de la Policía?
Es para mí una señal de una resistencia también política, en donde el modelo policial que se ha creado en nuestra historia, es un modelo que tiende a la opacidad, tiene a la endogamia y que reduce a espacios fuera del alcance del ciudadano común, la toma de decisiones de la Policía y de los responsables políticos de la Policía.
La supervisión externa de la Policía no es una reflexión académica, no es un artilugio discursivo: es un modelo de equilibrios. Llama la atención especialmente que hoy, que se está hablando de un sistema nacional anticorrupción y que se habla tanto de rendición de cuentas, como nunca, no se hable de rendición de cuentas de la Policía.
¿Por qué no podemos abrazar ideas evolucionadas en materia de rendición de cuentas?
Con las ideas evolucionadas de rendición de cuentas para la Policía, están de vanguardia en el mundo; ¿por qué no?
Nuestra propuesta es muy precisa: sugerimos que sea cual sea la organización del mando policial, se introduzca en la reforma propuesta por el Presidente, la obligación desde la propia Constitución de generar esquemas de supervisión externa de la Policía.
Tenemos un pequeño ejemplo operando ya en el país, en el municipio de Querétaro, donde funciona de unos meses para acá la Dirección General de Auditoría Externa de la Policía.
Ya tenemos evidencias de la manera como un auditor externo de la Policía evalúa regularmente los proceso de trabajo de la Policía, concluye en su evaluación que hay que hacer ajustes; regresa las recomendaciones a la Policía, los ajustes; y la Policía aplica esos ajustes. Ya lo estamos probando.
Es un esquema de contrapeso extraordinariamente potente, porque no está investigando las responsabilidades personales: está investigando patrones de conducta. Es un control de calidad institucional que está evolucionando, insisto, en las más avanzadas democracias y en algunas democracias en desarrollo del mundo.
Concluyo con lo siguiente:
La deuda histórica que el Estado Mexicano tiene con las y los buenos policías, debiera derivar en reformas que se ocupen de un balance entre las atribuciones y los poderes de la Policía y los sistemas de control de la Policía.
Nosotros no podemos leer una sola atribución de la Policía, sin que ésta tenga sistemas de evaluación y control profesionales especializados.
Convocamos, pues, a que el Senado abra los ojos a la más moderna tecnología de supervisión externa de la Policía y le dé al país la oportunidad de un control democrático nuevo, inspirado en las mejores prácticas.
Por su atención, muchas gracias.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, don Ernesto López Portillo, muy reconocidos con su aportación.
Tiene el uso de la voz don Jorge Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Donde guste, don Carlos.
JORGE CARLOS HURTADO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: Muy buenas tardes a todos; señoras y señores senadores de la República; compañeros participantes.
Agradezco esta extraordinaria oportunidad con esta invitación que nos hacen de participar en este foro. Verdaderamente es un honor poder estar en la tribuna del Senado de la República.
La historia legislativa del artículo 115 constitucional en materia de seguridad pública, ha puesto de manifiesto que la intención el constituyente ha sido facultar a los municipios, cada vez en mayor medida, para ejercer de manera directa y exclusiva la prestación del servicio público de seguridad a través de una policía municipal.
Esta creciente facultad apenas se limitó cuando se presentaran situaciones de fuerza mayor o alteración grave del orden público para que el Estado asumiera temporalmente el mando.
Sin embargo, se ha hecho cada vez más evidente que, salvo contadas excepciones, los municipios del país se han visto rebasados por la inseguridad y la violencia que deban enfrentar y que además cada vez lo hacen con recursos más limitados.
La heterogeneidad de las corporaciones policiales municipales presenta en recursos humanos, técnicos, tácticos, de equipamiento e infraestructura, ha mostrado la inconveniencia de conferirles la responsabilidad de la seguridad pública.
En efecto, de 86 por ciento de las corporaciones municipales cuentan con menos de 100 elementos. Sólo 14 de las 31 entidades federativas del país tienen cuerpos policiales en todos sus municipios, y cerca de la mitad de esos municipios promedian con sólo 12 elementos.
La penetración de la delincuencia en las fuerzas policiales municipales es desgraciadamente cada día mayor.
Su descomposición ya no se limita a una apacibilidad cómplice; se convirtieron en una red de información y operación al servicio del crimen organizado.
Así, lejos de contribuir a la solución del problema de inseguridad, pasaron en muchos casos a ser parte del mismo.
Su desaparición no es un acto contra la integridad municipal ni mucho menos una maniobra que busque debilitar al municipio. Lo que realmente debilita al municipio y atenta contra su autonomía, es la infiltración de la delincuencia en sus corporaciones de seguridad.
La integración de 32 policías estatales bajo un Mando Único Policial Estatal permitirá llevar las tareas de seguridad incluso a aquellos municipios que hoy carecen de una corporación propia y permitirá enfrentar al crimen organizado con elementos mejor remunerados, mejor entrenados y capacitados y mejor equipados; que si bien, hay que reconocerlo, no estarán exentos de las acometidas de violencia, amenazas o corrupción, sí estarán en mejores condiciones para enfrentarlo con éxito.
La implementación del Mando Único Policial, es un tema esencialmente de seguridad pública y su principal análisis debe abordarse desde esta perspectiva.
Que es un reto, por supuesto que sí. La implementación del Mando Único Policial implica muchos y diversos retos. La homologación legislativa en las entidades federativas y en los municipios; los congresos locales que deberán realizar adecuaciones en sus constituciones y legislación secundaria; los cabildos, cada cabildo deberá revisar y actualizar sus reglamentos, circulares y normas internas; el reordenamiento presupuestal del fondo y los subsidios federales destinados a la seguridad pública.
La homologación de perfiles, salarios y prestaciones en las policías preventivas de los estados; delimitar acciones, tiempos, funcionarios responsables, como el objetivo de que se lleve a cabo bajo un esquema claro y eficiente de la transición.
Depurar y fortalecer el estado de fuerza, tanto municipal como estatal: generar políticas de transparencia, de rendición de cuentas, de evaluación de eficiencia y desempeño, de control interno y externo de la actuación policial y el establecimiento de protocolos y lineamientos de operación homologados.
¿En qué tiempo hacerlo?
Para su ejecución, la iniciativa dispone que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del decreto correspondiente, en su caso, emita el modelo con base al cual se establecieron cuatro estados con prioridad: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, por su propia problemática.
Estos estados deberán presentar su propuesta inicial de transición, misma que deberá llevarse a cabo por estas entidades, entre los 90 días posteriores y concluir su implementación en un plazo de dos años.
Para el resto de los estados, el secretario contará con 30 días posteriores a la entrada en vigor de las leyes a que se refiere la fracción 23 del artículo 73, para la emisión del modelo de transición.
Transcurrido ese lapso, las entidades federativas cuentan con 90 días para presentar su plan estratégico de transición, que deberá ser analizado por el secretariado, para definir de forma conjunta, con cada entidad, cómo se llevará a cabo la implementación del mismo.
Asimismo, propone un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la publicación del decreto, para que el Honorable Congreso de la Unión expida las leyes secundarias necesarias, homologue las ya existentes y se expida la ley reglamentaria del último párrafo de la fracción primera del artículo 115 de la Constitución.

Los gobernadores mantendrán la potestad constitucional de asumir el mando de las fuerzas municipales para garantizar la seguridad del municipio, hasta en tanto no se concrete la transferencia de los elementos municipales a la fuerza estatal.
En diversos países se han reestructurado los modelos policiales conforme los que actúan sus corporaciones, para enfrentar el fenómeno de la inseguridad.
Tenemos los ejemplos de la Policía Federal Australiana como un mando único; la Policía Municipal de Holanda en donde las policías municipales y la policía nacional se fusionaron en un solo servicio con 26 fuerzas.
Los casos de la policía nacional colombiana, única, que tiene el mando policial en el país.
Los carabineros, en Chile, y la policía nacional de Nicaragua, han acreditado en la práctica resultados positivos en la disminución de la incidencia delictiva, en el incremento de la credibilidad ante la sociedad.
En Brasil existen 5 instituciones policiales: 3 del orden federal y 2 del estatal.
La policía militar es la institución estatal que lleva a cabo las funciones de seguridad pública, mientras que los municipios tienen la facultad de creación de guardias municipales. En caso que se considere necesario, para la protección de bienes, servicios e instalaciones.
Los casos mencionados reflejan que no existe un modelo policial único a nivel internacional, ni una tendencia predominante hacia la conformación de mandos policiales locales, ya que cada país ha respondido en el diseño de sus policías de acuerdo a las características y necesidades específicas.
Cuál es el modelo policial que se propone; qué incluye, qué considera:
El modelo policial que propone la Iniciativa Presidencial, considera:
La consolidación de 32 instituciones de seguridad estatales.
La creación de un mando único policial estatal, bajo la responsabilidad del gobernador y, en su caso, de la Federación en casos de emergencia.
Dejar a cargo de los municipios las funciones derivadas de los bandos de buen gobierno, sin intervenir en funciones propias de seguridad pública.
Un aspecto importante que se ha manejado aquí:
Un desarrollo policial sustentado en la homologación de los niveles de selección, ingreso, formación, permanencia y régimen disciplinario, así como el fortalecimiento de las competencias, el sentido de pertenencia, la dignificación del policía, el apego a la legalidad y el reconocimiento social a los elementos, con el fin de consolidar su trayectoria profesional y personal.
El establecimiento de un salario mínimo policial y de prestaciones básicas, que cuenten con seguro de vida, seguro de gastos médicos, becas para hijos, programa de vivienda, programa de retiro y apoyo para familias de policías caídos en cumplimiento del deber.
El desarrollo de mecanismos claros y transparentes para el ascenso y la promoción de los elementos.
La consolidación y funcionamiento efectivo de un régimen disciplinario.
La elaboración de un programa de nivelación académica y de capacitación de mandos policiales, tanto de mandos medios como de mandos superiores.
La capacitación de todos los elementos policiales en materia de sistema penal acusatorio y el respeto a los derechos humanos.
El fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento en las academias estatales de seguridad pública.
La evaluación y certificación de competencias y desempeños de los policías en lo individual.
Y la evaluación y certificación de las instituciones.
La homologación de protocolos de actuación, operación y equipamiento.
La capacidad de investigación, prevención y reacción para fortalecerla.
La prevalencia del uso de la inteligencia sobre la fuerza.
La eficiencia operativa y el despliegue geográfico de las policías, para centrar los esfuerzos donde se requieran.
Evitar la dispersión y la rotación de los mandos, así como la improvisación que deriva de los cambios de los presidentes municipales cada 3 años.
Esta es la propuesta que hace el Gobierno: que defina e implemente el nuevo modelo policiaco, que busca dar respuesta a uno de los principales reclamos de la sociedad mexicana, la seguridad pública.
Muchas gracias.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias a don Jorge Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tiene el uso de la voz don Álvaro Vizcaíno Zamora, coordinador del Sistema de Desarrollo Policial.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA, COORDINADOR DEL SISTEMA DE DESARROLLO POLICIAL: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos.
Saludo con respeto a las señoras senadoras, a los señores senadores, a mis compañeros de mesa, y agradezco esta oportunidad para poder compartir con ustedes desde la visión que hemos tenido en los últimos años en la Policía Federal, impulsando el Sistema de Desarrollo de esta institución; cómo podemos fortalecer, impulsar, visualizar, concebir, aterrizar esta iniciativa de reforma.
Quisiera partir de dos postulados, dos principios básicos, primero: Estamos hablando realmente de una reforma policial, no estamos hablando de una reorganización de las policías en función geográfica o en función de simplemente la manera en que se articulan sus mandos, estamos hablando de una reforma de fondo.
Y esto es así porque –y este es el segundo postulado que quiero sostener– no se trata nada más del tema de mando único, sino que el tema de mando único está de la mano, se debe articular necesariamente con el tema de desarrollo policial.
El capital humano, el factor humano es fundamental; impulsar y mejorar las capacidades de las y los policías es indispensable para poder realmente tener los niveles de confianza y de tranquilidad que los ciudadanos esperan de sus policías.
Así pues, esta reforma nos parece que dignifica a las policías, fortalece a los municipios y también permite construir instituciones de seguridad pública con una visión de mediano y largo plazo.
Dignifica a las policías porque, en primer término, establece una remuneración mínima nacional. Esto es indispensable. Hoy en día sabemos que hay policías que ganan tres veces menos que en otras entidades federativas, es básico que cuenten con ese piso mínimo.
También hacer a los policías ciudadanos mejor preparados. Los policías son ciudadanos y, como ciudadanos, tienen derecho a acceder a mayores oportunidades, a mejores condiciones de seguridad social; tienen derecho también a tener la posibilidad de elevar su nivel de estudios.
Esto resulta fundamental y está plasmado en los programas de nivelación académica que se han propuesto; están contenidos en los acuerdos recientes del Consejo Nacional de Seguridad Pública y también está previsto como parte de los mecanismos que impulsaría esta reforma constitucional.
Decimos que fortalece a los municipios, porque permite mejorar el despliegue operativo de los policías. Más allá de tener un determinado número de policías en cada municipio, sin que esto tenga una relación directa o no con la incidencia delictiva, permitiría al gobernador de la entidad federativa distribuir las capacidades policiales de acuerdo a las necesidades de cada entidad.
Esto permitiría equilibrar, tener un estado de fuerza más equitativo, beneficiando especialmente a los mil 110 municipios que hoy promedian 12 o menos policías; y también beneficiando a esos 600 municipios que hoy en día no cuentan con policía.
Permitiría combatir –como ya lo señaló el secretario Hurtado– los problemas que implica el hecho de que cada tres años exista un relevo en el mando de los municipios; y generalmente esto motiva un relevo en el mando de la policía municipal con una interminable sucesión de cambios y con una imposible construcción de un verdadero servicio de carrera policial.
También permitiría generar protocolos unificados para poder impulsar una operación común.
Se nos preguntó cuáles serían los retos, los plazos, para una efectiva implementación de este modelo de policía estatal única. Bueno, pues advertimos que existen dos grandes temas: el primero es el capital humano.
Y para referirnos a este tema, tendríamos que plantear cómo lograr contar con policías honestos, profesionales, especializados y esto necesariamente nos lleva a plantear la construcción de un sistema nacional de reclutamiento; unificar las convocatorias, unificar los perfiles de ingreso unificar las capacidades de reclutamiento de los policías a nivel nacional para garantizar que se cuenta con los mejores; ejecutar los criterios definidos en el Programa Rector de Profesionalización, que difiero respetuosamente de quien me antecedió, de Miroslava, porque el programa rector sí contiene, detalla los contenidos, las cargas horarias, los niveles de formación y fue aprobado por todos los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 22 de agosto del año pasado.
También es posible certificar las competencias profesionales mínimas que debe tener todo policía. Todo policía tiene siete cosas mínimas básicas que debe saber hacer. Saber hacer significa precisamente certificar, significa validar si una persona tiene ese estándar mínimo de competencias profesionales; por ejemplo, usar un arma, conducir una patrulla, saber comunicarse, saber usar legítimamente la fuerza, saber los principios básicos de actuación policial respecto de derechos humanos,
Y yo me permitiría sumar a lo que dijo Mónica, no sólo como eje transversal los derechos humanos, sino como sucede actualmente en policía federal, la equidad de género, el Sistema Penal Acusatorio y la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad como formación sustancial, como una herramienta para combatir la corrupción.
Estas competencias profesionales se pueden certificar, por ejemplo, entre otras alternativas, a través del programa SEP-Conocer, que tiene ya estándares muy definidos para poder realizar este ejercicio con los y las policías.
Por otro lado tenemos que analizar qué hacer con los policías que no podrían migrar de las policías municipales y estatales. Esto significa la generación de un programa de depuración y fortalecimiento; depurar por una parte, fortalecer por otra, los estados de fuerza de las policías estatales.
Esto motiva una estrategia necesaria para indemnizar por supuesto al personal de las instituciones que no pueda migrar a un nuevo modelo de mando policial estatal, y aumentar las capacidades de aquellas entidades federativas que lo requieran, de acuerdo a los estándares internacionales para que tengan el número de policías suficientes para atender y para responder a las necesidades de la sociedad.
Por supuesto, también la reforma plantea y se han considerado y se han estudiado diferentes retos en materia de infraestructura, equipamiento, tecnología, recursos financieros y operación.
Los planes estratégicos de transición que prevé la propia reforma dan un plazo para construir los documentos, los diagnósticos que permitan presupuestar, que permitan planear con la debida gradualidad, con la debida certeza cómo realizar la transición de recursos, inventarios, de herramientas de inteligencia, planes de operación de manera ordenada, eficiente, de tal suerte que no interrumpa la operación.

Por supuesto será necesario homologar políticas, inclusive hasta la imagen institucional de las policías. Esto permitirá tener incluso una mejor comunicación en cuanto a los sistemas que utilizan para interconectarse o para atender simplemente y fundamentalmente a la sociedad.
No menos importante, ya lo ha señalado Ernesto López Portillo, es generar sistemas que permitan realizar un control interno y externo de las policías, así como fortalecer las políticas de transparencia, de rendición de cuentas, de evaluación de eficacia y desempeño de las instituciones policiales.
Debemos mirar cuáles han sido también las mejores experiencias internacionales, ver cómo se evaluaron y también detectar por qué en su caso tuvieron éxito.
Y las mejores experiencias internacionales o algunas de las más cercanas al menos en Latinoamérica, medidas en términos de la eficacia, sobre todo de la confianza ciudadana depositada en esas instituciones policiales y de la reducción de índices de incidencia delictiva, permiten identificar a Colombia, a Nicaragua, a Chile, como tres de las más importantes y más destacadas experiencias de reforma policial.
¿Cuál fue el éxito?
El éxito fue voltear a ver a las personas, revalorizar al ser humano; basarse en la construcción de mejores policías, partiendo de la base de hacer mejores personas, dotándoles de las herramientas para que puedan satisfacer las necesidades de desarrollo personal y profesional y también las de su familia y de las personas más requeridas para ello.
Siendo mejores ciudadanos serán, sin duda, mejores servidores públicos, mejores policías y podrán fortalecer la confianza que la ciudadanía ha depositado en ellos.
Y por último se nos preguntó cuál es el modelo policial más adecuado. Sería muy aventurado pretender dar una receta sobre un modelo policial más afortunado.
No obstante, las experiencias internacionales nos advierten algunos puntos en común: hay que privilegiar la inteligencia sobre la reacción, hay que basarse en la coordinación y en la distribución de competencias; hay que fortalecer la doctrina policial, homologar procedimientos y protocolos, basarnos en esquemas de organización, funcionamiento y operación, que en un esquema de mando único atiendan a las particularidades de cada región, de cada rincón de una entidad federativa.

Probablemente ese es el secreto y está en la forma de operar, para poder llevar adecuadamente esta iniciativa.
Y, por último, los estados de fuerza en las entidades federativas podrían simplemente distribuirse en las tres principales funciones policiales que señala la Ley General: prevención, investigación, reacción, una unidad de reacción lo suficientemente sólida, capaz de desplazarse a cualquier punto de la entidad federativa y unidades de prevención con cercanía y proximidad hacia la sociedad, y unidades de investigación que tengan los conocimientos necesarios en materia de sistema penal acusatorio para responder a los nuevos retos que impone el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por mi parte sería todo en esta primera intervención.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias don Álvaro Vizcaíno, Coordinador del sistema der Desarrollo Policial.
Los comentarios, las participaciones de cada uno de nuestros invitados, por supuesto que será transcrita en la Versión Estenográfica que se está tomando, al igual que en la videograbación, y será distribuida íntegramente a cada uno de los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras y de los senadores y senadoras que deseen tenerlos.
***** (Sigue segunda parte) *****

Versión Estenográfica de la exposición del Grupo 2, del primer día de las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia, a las que convocan las comisiones unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República.

(Segunda parte)

SENADOR ENROQUE BURGOS GARCÍA: Menciono solamente algunos rasgos muy generales de lo que aquí se ha expuesto, muy genérico, algunos rasgos solamente.

Mónica Oehler Toca, representante de Amnistía Internacional, comenta el deterioro de la seguridad pública que afecta la vigencia de los derechos humanos, el problema de disfuncionalidad institucional, la corrupción, que no se ubica sólo en los municipios ni en los policías; es más alto.

Para que la sociedad confíe en los policías, debe aspirarse a estándares internacionales, a niveles adecuados de remuneración y procedimientos de rendición de cuentas, todo evaluable.

Reconocimiento al diálogo con el Legislativo, pero la ley que se emita debe ir acompañada de elementos integrales, de una ejecución eficaz.

Don Ernesto López Portillo, en algunos trazos de su participación: El tema policial es sumamente complejo y los policías que cumplen merecen reconocimiento y atención porque es una deuda de mucho tiempo.

No vemos cómo organizar la policía sino cómo atendemos las necesidades de tener las policías que el país realmente necesita.

La seguridad pública es una responsabilidad política de las instituciones y de sus titulares.

Es necesario aprovechar la oportunidad para ir a una Reforma policial democrática.

Mejora de la policía por sí; adoptar sistemas de control externo con estándares internacionales. Mencionó Querétaro como uno de los ejemplos tangibles.

Propone introducir, en la Reforma Constitucional, esquemas de supervisión externa de policías y un balance entre atribuciones y control de policía, genérico, a reserva de ampliar en los comentarios.

Don Jorge Carlos Hurtado, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenta, entre otras cosas:

Las atribuciones del municipio en seguridad pública, se han visto afectadas por la dinámica actual de la delincuencia.

Los municipios en su mayoría no cuentan con elemento humano y materiales para formar y operar a los policías y ha sobrevivido el riesgo de la infiltración de la delincuencia organizada.

Una policía estatal única permitirá hacer frente con perspectiva de éxito a la delincuencia.

Se requiere la revisión en la coordinación presupuestal, la homologación de perfiles, depuración de la fuerza, ejecución dinámica con plazos ciertos y conviene valorar ejemplos internacionales útiles y sus características.

Don Álvaro Vizcaíno, Coordinador del Sistema de Desarrollo Policial de la Comisión Nacional de Seguridad, menciona una reforma policial, auténtica reforma y no solamente una reorganización.

Se propone una filosofía de desarrollo policial para que el eje de actuación para la seguridad pública, gire en torno a las capacidades del policía como persona.

La conformación de policías estatales únicas por cada estado, permitirá fortalecer las capacidades institucionales, con una propuesta y desde luego acciones de mediano y largo plazo.

Dos grandes retos: el capital humano, reclutar, formar, depurar y el equipamiento adecuado en un aliciente de transición.

Generar sistemas de homologación de estándares de control, con conocimiento de, citó en otros países.

Revalorar a la persona, al policía, a sus familias.

Un modelo con protocolos que identifique regiones, particularidades, características; que haya unidades de prevención, de reacción, que se privilegien organismos de inteligencia, entre otras cosas.

Previamente, los presidentes de las comisiones dictaminadoras habían enviado a nuestros ponentes, a nuestros invitados tres preguntas, que son las siguientes:

1. Considerando que se trata de la modificación operativa de las policías, ¿cuáles serían los retos, los plazos y los costos para una efectiva implementación del modelo de Policía Única?

2. La experiencia de los países que han implementado un modelo policial similar al propuesto en la iniciativa, como Brasil, han evolucionado hacia la conformación de mandos policiales locales, así sea con facultades limitadas; ¿cómo se explicaría este fenómeno?

3. ¿Cuál es el modelo policial adecuado para enfrentar la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, atendiendo las particularidades de cada orden de gobierno o de cada región?

Nuestra mecánica es preguntar a los señores senadores si quieren formular algún tema, si hay alguna pregunta; y agotadas las preguntas, indistintamente, solicitar a nuestros invitados pudiesen responder a la que mejor estimen.

Señor senador Ríos Piter. Adelante, senador.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, señor presidente. Bienvenidos a los ponentes.

La verdad es que, bueno, antes quiero hacer un comentario. Creo que una vez que ha habido un amplísimo recorrido de comentarios, planteamientos, inteligentes todos, como el de los actuales presentadores, creo que siempre van abriéndose dudas y preguntas frente a una iniciativa que, la impresión de este primer día de sesiones me queda, es muy insuficiente para el tamaño del reto que se tiene en términos de que es un reto mucho más amplio, que requiere una atención mucho más integral y que hoy solamente es una parte pequeña de la discusión que, si no lo vemos de manera integral va a terminar siendo equivocadas las decisiones que se tomen. Me queda la impresión de que es un modelo.

Hago este comentario, solamente para pedirle a Mónica, primero que no se presione tanto en el tiempo, no hay problema, la queremos escuchar; ¿cómo afecta la corrupción en la impunidad?

A mí sí me interesaría oír de parte de alguien que está fijando una posición más allá de la parte policial; sino que lo está viendo en términos de cómo afecta esto a los derechos humanos, porque obviamente esta iniciativa, en la crítica que planteabas en tu presentación, no considera esto: considera solamente un modelo de reorganización, pero no va a la parte toral, que me parece es cómo el esquema de corrupción-impunidad está presente.

Y sigue la duda, ahora cambiaríamos a un modelo con 32 responsables, ¿pero qué mecanismos, qué instrumentos para enfrentar esto?, que es un problema del corazón del sistema: se hacen leyes, no se implementan; creo que es lo que decía Miroslava y quisiera que Álvaro también comentara sobre eso.

Álvaro, cuando se pone esto a discusión con Miroslava, es o lo que yo entendí, Miroslava decía: “hay muchos requisitos que están planteados en la ley, pero que no se llevan a cabo”.

Entonces, por más que los apruebe el Secretariado, etcétera, pero si no tenemos un esquema de verificación, de evaluación que sea claro, nítido, transparente, contundente, podemos decir misa los funcionarios, los legisladores –también me cuento entre ellos–, pero para efectos prácticos, lo que está establecido en la ley no se va a estar cumpliendo.

Y ahí lo quiero conectar con la pregunta a Ernesto López Portillo: ¿cuál sería el mejor modelo que un esquema, como el que estamos discutiendo, pudiera tener para evaluación, para seguimiento, participación ciudadana, esquemas, digamos, que complementen y que le den sentido a saber si hay algo que está en la ley y que se tiene que cumplir como parte del Sistema Policiaco?, saber que se está cumpliendo y contar con elementos transparentes para la sociedad poder darle seguimiento.

Hago estas consideraciones solamente para hacerle una última pregunta a Jorge Carlos Hurtado. Entiendo la posición como secretario, digamos, como presentación de parte del gobierno, pero quisiera saber si las presentaciones que se han escuchado, por lo menos las que usted logró escuchar, a lo largo del día a mí me queda la sensación de que hay la necesidad de un planteamiento mixto, por lo mismo recupero el comentario de Eduardo Guerrero que decía: “Hay avances, ya hay esfuerzos que se han hecho” y tal vez igual, lo digo como guerrerense, soy de allá, representaría el escenario más precario, más limitado de lo que significa una policía, pero es el piso.

El comentario que hacía Eduardo Guerrero es: “Pero eso no es todas las policías del país”. Entonces, a la luz de estos criterios y sabiendo que la posición del Poder Ejecutivo es la iniciativa que está presentada, ¿cuál sería la posición –no se va a comprometer, señor Secretario– cuál sería la posición respecto a un modelo mucho más mixto que tenga esta lógica de aprendizajes?

Son las preguntas que les haría a ustedes.

Gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, senador Ríos Piter.

Tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.

Me parece que esta mesa de este segundo grupo de la jornada de la tarde nos va a permitir concretar una muy buena reflexión y yo quiero mencionarle respetuosamente que puedo entender que tanto don Jorge Carlos Hurtado como don Álvaro Vizcaíno Zamora defiendan la iniciativa del Presidente, puesto que son funcionarios del gobierno federal, y en ese aspecto me parece que rescataría la preocupación –que coincido con ellos– respecto de que ciertamente estamos enfrentando un problema grave de una descomposición que afecta en mayor o menor medida a muchos municipios, pero que ciertamente no se va a resolver si se excluye en el análisis puntual de cómo se encuentran las policías en todo el país, el Sistema Policial de todo el país.

De tal forma que la intervención de Mónica Oehler y de Ernesto López Portillo, lo tengo que decir con mucha puntualidad, me siento totalmente reflejada a satisfacción con sus exposiciones.

No solamente porque simpatizo totalmente con ellas. En el caso de Ernesto, es para mí uno de los especialistas que se ha constituido de facto en un maestro mío en lo que debo entender lo que es la seguridad desde hace muchos años y lo que son las policías.

Por eso me encanta escuchar la vindicación que ambos, tanto Mónica como Ernesto hacen de las policías. Son las primeras intervenciones en la jornada de hoy que vindican a las policías, y me parece que es importantísimo –algo que no encontramos en la iniciativa– entender que las policías efectivamente tienen derechos humanos, que deben aspirar a tener en el trabajo de policías un trabajo digno y decente, lo que significa no solamente estar inscritos en la legalidad sino también en un profesionalismo que les permita tener la remuneración a la que merecen como responsables de la seguridad en cualquier orden de gobierno. Yo creo que ese es el problema.

Cuando se habla de los controles, yo quisiera que ambos y de manera particular Ernesto nos hablase, hay un proyecto que tenemos que desempolvar de esto: el auditor. El auditor de las policías que ciertamente lo que tú mencionas ahora del caso de la ciudad de Querétaro, ciudad del señor senador Burgos, donde fue el gobernador de ese estado, buen gobernador por cierto, y en el municipio de Querétaro ciertamente hay una experiencia que es como un oasis en el PRI, que no podemos concretar que ya es la panacea, pero está en una ruta totalmente distinta y creo que esa es la ruta, ese es el camino que tenemos que seguir y que debiéramos pensar, yo simpatizo mucho con la idea de que en la discusión de las comisiones dictaminadoras se visibilice en esta propuesta de integralidad, dar soluciones donde también se toque a los ministerios públicos y también al Poder Judicial.

Y por supuesto se piense en una policía democrática, para que ciertamente la seguridad pública esté en manos de las policías que regresan al origen de la policía política, policía y política, que no vemos al paso de los años, al contrario, sino que hemos observado una cuestión más bien de descomposición, que ha llevado a que solamente se observe a los policías desde el aspecto punitivo y no desde el aspecto de lo que debe ser, como yo decía en la mañana, el ejercicio de la gobernanza para lograr el bien común, para garantizar el bien común.

Por lo tanto mi pregunta concreta a Mónica y Ernesto es que nos hablen, que nos ayuden a reflexionar, a quienes vamos a trabajar en el dictamen, cómo tenemos que fortalecer la discusión para ponerle, en ese dictamen lo que nos hace falta y que no está tocado en la propuesta del presidente.

Que esos controles democráticos, por supuesto internos, pero también externos, que nos permitan garantizar la rendición de cuentas, pero también una evaluación docta, inteligente y científica para reencauzar, insisto, al motivo fundamental de la constitución de las políticas desde que la humanidad existe.

Por sus respuestas, muchas gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña.

Tiene la palabra la senadora Arely Gómez.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Pues efectivamente han sido muy interesantes las comparecencias que hemos tenido en la tarde, ya que realmente hemos escuchado posiciones diversas.

Hago particular énfasis en la posición del licenciado Ernesto López Portillo, relacionado con el tema de una auditoría, una vigilancia externa a las policías. Creo que es algo que será útil valorar.

Mis preguntas irían dirigidas a la autoridad, relacionadas con la iniciativa.

¿Qué vamos a hacer con los policías estatales que no aprueben las evaluaciones de control de confianza, qué van a hacer estas personas en el momento en que ya no puedan continuar?

Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer, para que se puedan desarrollar o desempeñar adecuadamente, algunos integrantes que, por el contrario, hayan aprobado el control de confianza, pero no tengan capacidades policiales?

Porque puede haber los dos temas, o sea, aprueban pero les faltan las capacidades policiales. Me gustaría profundizar un poco en estos temas.

Gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias senadora Arely Gómez.

Tiene la palabra el señor senador Javier Corral.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, presidente.

Quisiera retomar el tema que a lo largo de este día el senador Ríos Piter, como un servidor, hemos estado planteando como uno de los asuntos de fondo para la solución del problema de seguridad y justicia en el país.

Decía hace un momento Ríos Piter que a lo largo de las intervenciones de este día nos ha quedado claro que las iniciativas, por lo menos frente al problema resultan insuficientes.

Realmente aquí se ha planteado un problema mayúsculo al que supone la solución de las reformas, sobre todo al 21 y al 115 Constitucional.

Porque hay que recordar el contexto de esta Iniciativa, que es algo que no ha estado presente en las exposiciones.

Estas Iniciativas llegan al Senado tras el anuncio por cierto lanzado con bombo y platillo por el Gobierno, de que la Presidencia de la República saldría a atajar el grave problema de seguridad de infiltración del crimen organizado en las autoridades.

Entonces el Presidente de la República ubica la magnitud de ese problema, un poco reflejado en Ayotzinapa, y no en Tlatlaya por cierto.

O sea, estas Iniciativas tienen una respuesta frente a Ayotzinapa, pero no a Tlatlaya, que es un asunto delicado.

Entonces ubican el problema en un asunto de infiltración del narcotráfico en las policías municipales, como si el narcotráfico no infiltrara a los gobiernos estatales y al propio Gobierno de la República, al propio Gobierno Federal.

Digo, yo no dudo que en los escándalos de corrupción, que ahora están presentes en la vida del país a nivel federal, estén incluso vínculos con crimen organizado, con formas de lavado de dinero, digo, son cantidades multimillonarias como para descartarlo.

Entonces todo se centra en decir: “son los ayuntamientos, son los municipios” los que están mal, pues hay que concentrar una policía estatal única y luego plantear una solución en segundo paso.

Y si algún ayuntamiento anda por ahí con indicios de infiltración del narcotráfico, el Procurador, o el Fiscal, puede iniciar el procedimiento que el Secretario de Gobernación plantea para desaparecer al ayuntamiento.

El municipio como centro, como sujeto, como destinatario del problema de infiltración del narcotráfico.

¿Es válido reducir la infiltración del narcotráfico al ámbito municipal como si en los estados y en la Federación esto no sucediera?

Yo he estado insistiendo sobre el tema de que el asunto trasciende y la corrupción policiaca incluso.

O sea, mientras no se ataje la corrupción política, mientras no caiga un gobernador, un senador, un diputado, un Presidente de la República, un Secretario de Estado esto va a seguir igual.

O en serio el problema lo soluciona el mando único de policía estatal.

Está ahí la solución frente a lo que estamos viviendo en el país.

Son estas las iniciativas o qué cosas requieren estas iniciativas complementarias, o qué otras reformas requiere el país en la Constitución y en otras leyes para, por ejemplo, complementar, fortalecer estas Iniciativas.

Porque luego resulta que con esto ya vamos a salir del problema y aquí todo está vinculado a eso y entonces estamos entrando en un proceso como que de auto engaño.

O sea, aquí ya vamos a tener la solución: el mando estatal; los gobernadores ya van a tener el problema.

Hoy se decía que las policías municipales diluyen el efecto corruptor y entonces es más fácil identificarlo.

Yo digo, bueno, pues en un estado el mando único concentra la corrupción y es más fácil corromper a uno, o a pocos que a muchos, según se quiera ver.

La idea es preguntar: ¿estamos llegando realmente al fondo de la cuestión cuando hablamos de solución al problema de inseguridad, de injusticia, de infiltración del crimen organizado en las policías con estas Iniciativas?

Muchas gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias senador Javier Corral.

Don Alejandro Encinas; senador Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias.

Senador Burgos: buenas noches. Muchas gracias por sus intervenciones.

Yo quisiera retomar lo que ya han planteado mis compañeros senadores y la senadora De la Peña respecto a las intervenciones tanto de Mónica como de Ernesto López Portillo.

Mónica nos ha señalado que nuestro país vive una de las peores crisis en materia de derechos humanos y tanto Amnistía Internacional como distintos organismos internacionales han señalado que en los últimos años se han incrementado de manera significativa las violaciones a los derechos humanos; particularmente la tortura en la ejecución judicial y la desaparición forzada.

Y puso como ejemplo el caso de Ayotzinapa, que entre otros aspectos ha puesto el dedo en la llaga respecto a la fiscalización y el control de los cuerpos policiacos, que plantea López Portillo y que no viene contemplado en ninguno de los puntos del decálogo que envió el Ejecutivo Federal y que dará lugar no solamente a distintas reformas constitucionales respecto al sistema policial y las facultades y competencias de los municipios; sino incluso a leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada.

Sin embargo, en este incremento de las violaciones a los derechos humanos, las denuncias son diversificadas, no se concentran en las policías municipales: está en todos los órdenes de gobierno. En el caso de Ayotzinapa, aquí lo han señalado, efectivamente hay una clara participación de la policía municipal, de la autoridad municipal y, por lo menos omisiones de autoridades federales y locales en ese hecho.

En el caso de Tlatlaya, ya hay un reconocimiento de una ejecución extrajudicial por parte de elementos del Ejército Mexicano y elementos que acreditan tortura por parte de la autoridad de procuración de justicia del Estado de México sobre las mujeres que fueron detenidas, supuestamente para liberarlas de su secuestro, que acabaron en un penal de alta seguridad.

Entonces, aquí yo quisiera compartir con ustedes dos preguntas:

El modelo de mando único y policía única, ¿genera condiciones para superar este problema de violación de derechos humanos?

Porque, como plantea López Portillo, no hay ningún mecanismo de control externo.

Y, ¿cuánta viabilidad ven para poder establecer estos mecanismos de control?, si aquí mismo hemos tenido debates para establecer mecanismos de control político y parlamentario, que el Ejecutivo Federal controvirtió cuando discutimos desde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, hasta las facultades y competencias del Senado de la República para convocar al Secretario de Gobernación, el procurador de justicia, que perdimos en la Corte.

Fueron controvertidas e incluso muchos de los temas en materia, ya no solamente de seguridad pública, sino de seguridad nacional, son temas que se mantienen en sigilo en donde no hay mecanismos reales de control parlamentario político del Congreso sobre los cuerpos policiales o de inteligencia en el país.

Yo creo que una reflexión sobre esos temas de lo que son los controles externos, nos ayudaría mucho.

Y respecto a la intervención del licenciado Álvaro Vizcaíno, coordinador del Sistema Nacional de Desarrollo Policial. Me llamó mucho la atención cuando nos dijo que la ley iba a fortalecer a los municipios; aunque todos los argumentos que dio se refirieron a los gobiernos de los estados.

Porque dice: “se mejorará el esquema de operación de las policías porque le permitirá al gobernador distribuir capacidades policiacas, equilibrar el estado de fuerza, incrementar el número de elementos, los protocolos, etcétera”.

A mí en la escuela me enseñaron que en el ejercicio de la autoridad y del poder público, la autoridad se sustenta en dos pilares: en el monopolio, en el ejercicio de la aplicación de la ley y en el monopolio del uso legítimo de la fuerza pública. Si se le quita a los municipios esta parte, este instrumento para poder aplicar el pando, por lo menos de buen gobierno, ya que le van a quitar lo de la policía; ¿con qué mecanismos puede estimarse se va a fortalecer el municipio, cuando va a depender de la voluntad del gobernador?

Porque qué atribución se le da al municipio para requerir la intervención de la fuerza pública, ante el gobierno del estado, ante el mando único, y si éste se niega a atender el requerimiento de la autoridad municipal, simplemente no va a ser atendido. Y en esto, el riesgo de uso político en la concentración del mando, va a generar más problemas que los que se pretende resolver.

Yo creo que son asuntos que hay que tomar en cuenta antes de discutir los alcances de un mando con policía única plenamente centralizada.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, senador Alejandro Encinas.

Tiene la palabra el señor senador Zoé Robledo.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, senador Burgos. Simplemente y tiene un poco que ver con el comentario del senador Encinas y en particular a Ernesto López Portillo, me gustaría conocer su opinión y también de Mónica de Amnistía Internacional, porque no se presentó en esta ocasión la oportunidad de abrir una mesa particular sobre derechos humanos y particularmente sobre la expedición de nuevas leyes en materia de tortura y de desaparición forzada. Sin embargo, hay un planteamiento expreso para facultar al congreso para expedir leyes generales en materia de tortura y de desaparición forzada.

Y siendo muy puntual, ¿cuáles serían para ustedes los tres, cuatro, cinco elementos mínimos para estas dos leyes generales que se han planteado?

Muchas gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, senador Zoé Robledo.

Si no tienen inconveniente nuestros invitados, seguiríamos el mismo orden, dado que hay preguntas para los cuatro.

Le pediríamos a Mónica Oehler, si fuera tan amable de dar sus comentarios.

MÓNICA OHELER TOCA: Sí, muchas gracias.

Primero, con lo que respecta a la corrupción, cómo afecta la corrupción en las violaciones a derechos humanos, empezaría por algo muy simple, como son las violaciones al tránsito, que es donde más ubicamos la corrupción en las policías. Incluso en la encuesta el 77.3 por ciento tiene la percepción de que son las autoridades más corruptas las policías municipales.

¿Y por qué es grave la corrupción? Porque ofrece una salida distinta a la que viene en la ley. Esto quiere decir, no sé, cometí una infracción administrativa porque iba manejando y me pasé un alto y eso me implicaría ir al corralón, entonces la corrupción me ofrece la posibilidad de dar una cantidad de dinero e incumplir con la ley. Esto es en el nivel más sencillo.

Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto ocurre, por ejemplo con una persona que tiene una orden de aprensión y que está en un juicio y que lo están acusando de alguna cosa que implique que va a estar en la cárcel? Que igual y si no puede pagar esa cifra que pone la corrupción, que además va en contra de lo que dice la ley, probablemente vamos a tener a personas en la cárcel que no deberían estar ahí o vamos a tener personas fuera que sí deberían estar.

La corrupción ofrece esta posibilidad de ir en contra de lo que dice la ley y por supuesto que afecta terriblemente en la seguridad que los ciudadanos tienen de que se va a cumplir lo que dicen las leyes en un estado normal de derecho.

Definitivamente es un tema bastante grave. Se da cada vez peor en violaciones graves a derechos humanos porque empieza con cosas muy sencillas, pero si uno deja que esto crezca y se dé tanto poder a las autoridades y tanta posibilidad de corrupción y de hacer cosas que no están establecidas en las leyes, podemos llevar a casos tan graves como lo que pasó en Ayotzinapa.

La corrupción permite que grupos, como el crimen organizado, se infiltren, porque da igual quién sea quien está ofreciendo el pago. El punto es: “Podemos saltarnos la ley si tú me das cierta cantidad de dinero”, y esta respuesta puede ser para cualquier persona.

La corrupción impide que se cumpla con la ley y por supuesto que ocasiona violaciones graves a derechos humanos y que además no todas las personas están en las mismas posibilidades de cumplir estos requisitos extras que impone la corrupción.

Yo diría que ese es el problema más serio en el día al día que implica la corrupción y los niveles que se han ido alcanzando.

En cuanto a las leyes generales de desaparición forzada y de tortura, no es algo que hayamos analizado para este momento, pero de lo que estamos seguros es que tienen que cumplir con estándares internacionales. Ahora tenemos muchísimas convenciones sobre tortura, sobre desaparición forzada. Tenemos el caso Radilla, específicamente en el caso de desaparición. Lo principal es que tomen en cuenta todos estos estándares internacionales.

Un tema importantísimo, la imprescriptibilidad de los delitos. Ese es un tema que nos preocupa y que debe ponerse en la mesa cuándo prescriben, si no prescriben; que nosotros somos la idea de que no, porque son crímenes bastantes serios, entre otras cuestiones que ya están establecidas en distintas leyes internacionales.

Entonces creemos que eso es lo que tendrían que tener y ese debería ser el contenido principal.

En cuanto a los controles, es un tema interesantísimo, porque definitivamente lograr que la policía funciones de manera adecuada, la base está en la confianza a la ciudadanía.

Entonces ahí nosotros creemos que un control muy importante es el control mismo de la ciudadanía, que pueda uno recibir la información sobre los retos, sobre las implicaciones de lo que se está haciendo, tener como informes periódicos y que la misma ciudadanía pueda retroalimentar la actuación policial.

Eso es algo que vemos que podría ser muy útil, porque justo en los países en donde ha habido experiencias positivas, más que exista un mando púnico policial o si son varias policías, lo que ha hecho que funcionen es que la ciudadanía confíe en estas policías.

Este es un elemento como bastante interesante, un ejemplo bueno es lo que está pasando en Brasil, que se cambie un poco la estrategia de que vengan los policías muy agresivamente como con armas y que entonces la gente los ve y tienen un miedo terrible, a la construcción de cuestiones sociales, por ejemplo, que llegan y preguntan cuáles son las necesidades de este lugar, empiezan a generar confianza en la ciudadanía y así es como se empiezan a aceptar y las personas empiezan a denunciar violaciones a derechos humanos o a problemas normales, porque empieza a haber mayor confianza.

Entonces, el éxito radica en eso, en que exista confianza de la ciudadanía y obviamente controles externos en donde seguramente podrán ahondar más los expertos de INSYDE.

Básicamente la pregunta como principal si el mando único genera condiciones para superar los problemas en materia de derechos humanos, desde Amnistía Internacional y por como viene la reforma, consideramos que se queda corta, porque ni siquiera aborda de manera adecuada el tema de derechos humanos, se menciona una vez y en el artículo constitucional, pero no es un eje importante para la capacitación, para la evaluación, para todo esto que debe ser como lo más importante cuando se está hablando de ciudadanía y de temas de seguridad.

Entonces, creemos que se queda corta en este sentido y que tiene que girar hacia que los derechos humanos sean la base y como decían, los derechos humanos parejos, tanto para la policía y la dignificación de la policía, como para los ciudadanos.

Entonces, creemos que ese tiene que ser como el eje fundamental y que es lo que no refleja la iniciativa de reforma. Incluso en la exposición de motivos se menciona mucho la percepción que tiene la ciudadanía sobre la corrupción y sobre la confianza, pero no sobre violaciones a derechos humanos, que era un comentario interesante.

Si bien la percepción hacia el Ejército es alta, el 80 por ciento de las personas confían en el ejército, eso no quiere decir que el Ejército o viole derechos humanos.

Entonces, un análisis importante que se tendría que incluir es ese, las autoridades que violan derechos humanos, la grave crisis que tenemos y cómo logramos solucionarla de manera integral.

Creo que respondo todo, si no…

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias Mónica.

Don Ernesto López Portillo, por favor.

ERNESTO LÓPEZ PORTILLO: Senador, gracias.

Me temo que el mejor ejercicio legislativo, el mejor pudiera ser, no va a resolver el aspecto fundamental de la reforma policial. Aún generando ustedes el mejor acuerdo, le mejor texto posible, no van a resolver ustedes el problema.

El problema, lo voy a reducir así: la policía sabe trabajar con la gente o no sabe trabajar con la gente y la tecnología que está atrás de una policía que sabe trabajar por la gente, es bien complicado.

Entiéndase tecnología como un conjunto de instrumentos de gestión que agregan controles, modelos de profesionalización, evaluación, transparencia, etcétera, etcétera.

Es muy compleja la gestión policial para garantizar un resultado con la gente en la calle; es complejo.

Esa es la muy mala noticia; es muy sofisticado el diseño para lograr que un policía que está en la calle trabaje con la gente.

Hay mandos únicos que no logran trabajar con la gente sino que trabajan contra la gente. Y voy a poner un ejemplo especialmente grave, que es Guatemala; Guatemala.

Y hay mandos fragmentados, enormes, con 18 mil instituciones policiales, en Estados Unidos, donde nadie se queja por el número de policías que tiene, o cuando menos no frente a mí; yo no he oído esa queja.

Policías únicas, policías fragmentadas, ambas pueden darnos lo mejor y lo peor. Y eso tiene que ver con la capacidad de trabajar o no con la gente.

Los esfuerzos del Estado Mexicano hoy en materia de seguridad pública, los esfuerzos más sofisticados son en verdad en algunos aspectos muy avanzados.

El discurso que los doctores del Gobierno Federal nos presentan hoy tiene componentes que hablan de un proceso de maduración de muchos años en México, que nos colocan en donde algunos dicen que los Estados Unidos estaba en los 70, que es un proceso de disociación entre las experiencias, y los discursos, y la tecnología más avanzada en algunos espacios de un país, frente a otros que se colocan años luz atrás.

México hoy enfrenta esa pulverización profunda entre experiencias que recogen recursos, discursos, tecnología y propuestas muy avanzados, ciertamente aún a prueba; aún a prueba frente a una precariedad que nos coloca frente a los países, a la par de los países más atrasados institucionalmente del mundo, en donde nosotros hemos convivido muchas veces con policías que están esperando en qué momento regresan a manejar el taxi, o regresan a trabajar de albañiles.

Entonces nos enfrentamos a un caleidoscopio casi inmanejable, en términos de política de Estado, en donde si queremos responder con una palabra, como un mecanismo de solución es estándares; estándares con o sin mandos unificados, estándares.

Todo miembro de las instituciones policiales debería tener estándares similares. Eso se puede lograr con mandos unificados o con mandos fragmentados, porque la experiencia internacional nos muestra que se puede lograr en ambos casos.

Ahora, respecto a los comentarios del senador Corral: la fractura policial es hija de la fractura política. Eso nosotros lo hemos reconocido así desde hace mucho y creo que tiene que ver con lo que usted está denotando en términos de un contexto político.

A su vez la fractura política está fundamentalmente soportada en la reproducción de la impunidad. Estamos de acuerdo.

Y el corolario de esto es tremendamente difícil de procesar, que es: no habrá saneamiento y profesionalización policial, sin o hay saneamiento y profesionalización política; no lo va a haber.

Las instituciones policiales no pueden sanearse trabajando contra una clase política que no madure una decisión contundente en contra de la impunidad; no puede ser, es un contrasentido.

El modelo policial adecuado para enfrentar la crisis e inseguridad, que es una de las preguntas que se nos hace, desde nuestro punto de vista es un modelo que tiene como eje la capacidad de construir una agenda de problemas y una agenda de soluciones, calle por calle, la policía con la gente; calle por calle.

Es la proximidad de la que se ha hablado, el modelo comunitario del que se ha hablado tanto y que es tan difícil.

Reitero: la tecnología de control de un sujeto uniformado y armado en la calle es complejísima, porque son personas que están en la calle y ni siquiera la visibilidad de la propia autoridad que lo supervisa, se puede garantizar. Un autor muy reconocido en estos temas, dice que la capacidad de los mandos para saber lo que hacen los subalternos es muy, muy limitada.

Entonces, las instituciones policiales están todo el tiempo luchando para ver cómo supervisan a su gente. Es uno de los grandes dolores de cabeza en el mundo: la supervisión en el despliegue operativo.

Ahora, ese despliegue operativo –y aquí nuestra gran pregunta– tiene que entregar responsabilidad a la policía en la calle para tomar decisiones con la gente, y ahí es donde nosotros hemos levantado la gran pregunta: ¿Cómo equilibrar la concentración el mando con la distribución de responsabilidades en la calle?

La distribución de responsabilidades en la calle es un eje, es un componente fundamental de lo que se hace en Asia, en África, en donde se está buscando aproximar a la Policía con la gente.

Si el policía que está cerca de la gente tiene que ir a preguntarle al mando lo que tiene que hacer, ya no es una policía comunitaria, ya no es una policía de proximidad; es una policía convencional que no tiene la capacidad de responder y de resolver a la gente en la calle.

Entonces, “atendiendo las particularidades de cada región”, dice la pregunta: exactamente. Nosotros hemos estado en colonias populares difíciles, donde jamás habían hablado la Policía y los líderes comunitarios, y los hemos sentado juntos a hablar. En ese momento empiezan a cambiar las cosas.

De veras que no hay ciencia, ¿eh?, lo que hay es un esfuerzo tremendamente complejo, con voluntad política atrás, primero que nada, para sentarlos a hablar y desarticular todas las distorsiones con los mercados criminales que están en la comunidad y en la Policía y en la política, desmontar esas distorsiones que impiden el diálogo. Y ese es un trabajo dificilísimo, es el trabajo de construcción de policía comunitaria.

Nosotros estamos de acuerdo en un modelo que puede ser mixto, en donde las policías que no pueden funcionar, municipales, no funcionan; sobre esquemas de evaluación institucional, que desde nuestra lectura, hace mucho tiempo el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha venido a crear.

Hay que mirar aunque sea un minuto hacia atrás: hay más de 30 reuniones en 20 años del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y nos estamos hoy haciendo las preguntas básicas sobre la Policía todavía, para buena parte del país.

¿Por qué el Sistema Nacional de Seguridad Pública no construye un modelo de evaluación, con estándares, públicos, transparentes, con rendición de cuentas, que nos diga qué policías pueden funcionar y cuáles no?

Ese es otro camino, ese es otro camino. Es un camino que sería capaz de distinguir las diferencias en la maduración institucional de las policías.

No puedo imaginar lo que sería desmontar la Policía Municipal de Querétaro; en donde hicimos una encuesta y es una Policía que especialmente expresó una identidad institucional asociada al trabajo con la gente, como no lo hemos encontrado en otra, en nuestra experiencia. Probablemente hay muchas otras, pero nosotros no hemos estado ahí.

Entonces, ¿cómo desmontar eso? ¿Cómo desmontar esfuerzos municipales, que en algunos casos tienen años de maduración? ¿Cómo hacemos eso sin correr con esa responsabilidad de posible reversión de trabajo, incluso con la gente, de trabajo cercano con la gente?

En toda esta tecnología que escuchábamos de la posibilidad de un mando único, la pregunta es: ¿Y cómo nos hacemos cargo de mantener una relación con la gente en la calle, que fortalezca la capacidad de la Policía para resolverle la necesidad de la gente en la calle?

Y no suceda como la joven estudiante que se nos acercó a una conferencia, la acababan de asaltar en el metro, fue a decirle al policía, y el policía le dijo: “¿Y por qué no lo persiguió?”.

Es una concepción, “¿por qué no lo persiguió?”; se lo dijo desde lo más profundo de sus incentivos. El más profundo de sus incentivos es no moverse de donde está, porque el mando no se lo permite.

Entonces –ya casi termino– es por ahí, es un proceso de filtrado de un servicio a través de la construcción de confianza con la gente.

La Policía inglesa nos dijo hace mucho: “yo probablemente no le puedo conseguir el bolso a la mujer que viene a pedírmelo; pero voy a darle el mejor servicio posible y lo voy a intentar”.

En México, las encuestas han mostrado también que cuando ya hay contacto con la Policía mejora la relación, en encuestas tenemos eso. Cuando no hay contacto, hay una profunda desconfianza; cuando inicia el contacto empieza el cambio de la relación.

Termino solamente con un comentario respecto al tema de la ley de tortura. El instituto a mi cargo, junto con Amnistía y otras organizaciones, trabaja una campaña nacional contra la tortura. La mala noticia es que en México hay torturados y no hay torturadores. El Sistema Penal no reconoce la existencia de torturadores y las denuncias se producen –ustedes lo saben– y se reproducen y se reproducen, y la ONU lo dijo y no es posible no reconocerlo.

Nosotros apoyamos la idea de una ley general contra la tortura. Es una idea que está aquí, que sabemos que está aquí y que está en proceso de maduración, con los mejores estándares internacionales, pero sin una reforma penal funcional ni esa ley ni ninguna que tenga que ver con el Sistema Penal, porque se atora y más se atora cuando el ministerio público tiene que investigarse a sí mismo o tiene que investigar a las policías que trabajan con él, porque estamos hablando con policías, con peritos y con ministerios públicos y nos dicen que investigar tortura es muy complicado.

Gracias por su atención, por sus preguntas y por el espacio.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias a usted, don Ernesto López Portillo. Muchas gracias y muy amable.

Tiene la palabra don Jorge Carlos Hurtado, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si nos hace favor.

JORGE CARLOS HURTADO: Muchas gracias, senador.

Se comenta aquí si esta iniciativa del gobierno, específicamente del señor Presidente, va a acabar con la corrupción, va a enfrentar todos los problemas que tenemos en el país y creo que hay que poner los pies sobre la tierra y ver las cosas con mucha objetividad y claridad.

Lo que se está pretendiendo con la consolidación de 32 policías estatales fuertes y el establecimiento de un mando único estatal no es la panacea, por supuesto, para todos los problemas que vivimos en el país y que tienen que ver con corrupción.

El planteamiento y la iniciativa del señor Presidente es apenas uno de diez que hizo en noviembre y que tienen que ver precisamente con la impartición de justicia, con el fortalecimiento de leyes que tengan que ver con justicia cotidiana, con el desarrollo económico en las partes más dañadas del país socialmente, porque precisamente de esa insuficiencia social, de esa carencia social, se derivan los problemas de la infiltración y de la corrupción entre las policías municipales que es el primer peldaño que tiene la delincuencia para acceder a ellos.

Tiene que ver también, y así está en los planteamientos que hizo, el fortalecimiento de los derechos humanos y la iniciativa de ley contra la tortura y las desapariciones forzadas.

¿Por qué insistir en un mando único y no un modelo mixto, como señalaba el senador Ríos Piter?

Se ha analizado mucho esto. Se estuvieron analizando todas las variables y las propuestas; incluso relación directa con el doctor González Aréchiga, que participó antes, exponiendo los modelos desde ese punto de vista académico se consideraban viables. Pero teneos que reconocer una cosa también: la delincuencia no admite límites entre municipios; no admite límites entre estados, ni siquiera entre fronteras entre países.

Cuando hay que operar no se puede operar atendiendo a demarcaciones municipales o estatales o incluso nacionales. Los problemas de inseguridad y de delincuencia que vivimos exigen operaciones no solamente de inteligencia inicial, de investigación, sino también de reacción, y la reacción no puede operarse con demarcaciones municipales ni estatales.

No se puede operar estando sujeto a que un presidente municipal pueda acceder a poner a disposición de la autoridad estatal la fuerza que tiene en el municipio.

No es fácil de entenderse, es prácticamente imposible entenderse con mil 8012 directores de policía, con municipios que tienen un policía; hay 66 municipios que solamente tienen un policía, hay cincuenta y tantos más que tienen menos de 10 policías.

Esos policías municipales, con salarios ínfimos, que no están entrenados ni capacitados ni equipados, son fácil presa de la corrupción.

En un municipio que nada más tiene tres o cinco policías, pues es muy fácil que llegue la delincuencia a un policía y le ofrezca a un policía que gana menos de 4 mil 500 pesos, como es el 25 por ciento de los policías municipales, el 50 por ciento gana menos de 6 mil pesos y le ofrezca 10, 15, 20 mil pesos para dejar hacer.

Por eso decíamos en nuestra intervención que las policías municipales pasaron de ser simplemente cómplices pasivos, en la pasividad del dejar hacer, a estar rindiendo información y participar activamente en la delincuencia.

¿Cómo responsabilizamos a los gobernadores de lo que sucede en su estado? Cuando se encuentra uno con un problema en un municipio, como el de Iguala o como tantos otros que han ocurrido, para poder responsabilizarlo de lo que ocurre en su estado.

No es que se exima a las corporaciones estatales de corrupción, no es que se diga que solamente las policías municipales y las autoridades municipales son corruptas y que no existan las corporaciones y autoridades estatales.

Lo que pasa es que no es lo mismo responsabilizar a 32 personas de lo que pasa en su estado, a tener que responsabilizarse con mil 812.

No consideramos de ninguna manera que todos los problemas de la inseguridad en México y de la corrupción se van a acabar con el mando único y las policías estatales, por supuesto que no, pero es más fácil entonces consolidar 32 policías que estén bien pagadas, bien entrenadas, bien equipadas, y que se les pueda seguir la pista y responsabilidad a los gobernadores con las evaluaciones, no solamente internas y externas.

Se plantea, dentro de todo el esquema del desarrollo policial, el también fortalecer y dejar perfectamente consolidadas todas las unidades de procesos internos, para que se pueda vigilar más de cerca al elemento, pero también la supervisión externa, para que entonces evaluemos no solamente las capacidades individuales de los policías, sino evaluemos la capacidad, la honestidad y el desempeño de las corporaciones e instituciones.

¿Qué es lo que ha pasado en los meses anteriores?

Efectivamente tenemos los acuerdos que datan del Consejo del 26 de noviembre del 2009, donde se mandata analizar la posibilidad de un cambio en la estructura policial.

Luego tenemos el Consejo de Seguridad, el 3 de junio del 2010, donde particularmente se dice que se acuerda, en el seno del Consejo, el establecimiento del Mando Único Policial.

Pero no se llegó a concretar por todas estas diferencias de si es conveniente o no.

Los últimos acontecimientos y todo lo que ha vivido el país, a pesar de los esfuerzos que se han hecho a nivel gobierno, en 20 años que tiene de existir el Sistema Nacional de Seguridad, que hay avances sumamente importantes, nos regresan al punto en que para poder establecer verdaderos operativos que combatan frontalmente la delincuencia, tiene que ejercerse un mando inmediato en las operaciones de reacción y no estar sujetos a si se aprueba o no por una autoridad municipal, el poner a disposición la fuerza de ese municipio.

Existe desde luego, y así se nos informó cuando se nos dio la instrucción de trabajar sobre esto, lo fundamental, el punto der partida, como señalaba el señor López Portillo: la voluntad política.

Porque no estamos hablando de una Reforma que tenga que ver únicamente con papeles y distribución de elementos.

Se está tocando el punto que la sociedad, las organizaciones ciudadanas han reclamado de tiempo atrás: el desarrollo policial.

Pero un desarrollo policial integral, como el que señalaba la senadora De la Peña, que le indique a los policías. Y eso es lo que estamos tratando.

En los puntos que expusimos de cómo se está visualizando el nuevo mando, la estructura policial, tiene que ver fundamentalmente –y es el punto de arranque- con la de indicación de los policías.

Un policía que tenga un salario digno, que le garantice suficiencia económica para mantener a su familia, que le garantices que sus hijos van a poder estudiar porque tenga becas, que garantice la seguridad de su familia teniendo un hogar digno en dónde vivir y que tenga un seguro en caso de los problemas a que se enfrenta en su trabajo y que pueda también garantizar la seguridad de su familia en caso de ser abatido.

Por eso se está planteando todo esto como una manera integral. No es únicamente la transferencia del mando.

La transferencia del mando, tenemos los antecedentes de lo que está pasando en el país.

A raíz de esos acuerdos del Consejo de Seguridad Pública se trabajó en ese sentido.

En acuerdos posteriores se formó una comisión con gobernadores de CONAGO y todavía en diciembre del 2012, que se promoviera el establecimiento de mandos únicos, de mando único en los estados.

Qué ha pasado: se ha avanzado. Tenemos 16 de las 32 entidades en que tienen mando único en todos sus municipios.

Y tenemos el 68 por ciento de los municipios totales del país, que están incorporados a un convenio de mando único.

Cada estado lo pudo hacer a su manera, pero tienen de alguna forma firmados convenios, excepto un estado, que es precisamente el de Baja California, Baja Sur, que ninguno de los municipios aceptó incorporar un mando único.

Y escuchábamos en las intervenciones del grupo anterior cómo el doctor Eduardo Guerrero manifestaba eso, que ahora el municipio de Los Cabos solicita el que se solucione el problema.

Pero cuando se planteó la posibilidad de acogerse a un mando único, al cual asistió personalmente el Comisionado Rubido, no se aceptó. Ahora el problema ya los rebasó.

Por eso es que con todas estas consideraciones se optó por establecer el mando único y no un mando mixto, porque es la posibilidad de poder enfrentar de una mejor manera, con inteligencia, con investigación, con capacidad de reacción, los problemas que implica la delincuencia.

¿Qué va a pasar con los policías que no aprueben el control de confianza?

Está, por ley, y es también la decisión y así lo ha manifestado claramente, sin tapujos, el Secretario de Gobernación: quien no pasó el control de confianza no puede estar en la calle.

Empezamos con los problemas, desde luego, que implican las indemnizaciones de todos estos policías y la gran cantidad que todavía representan; pero se está trabajando en ello y es la insistencia a los gobernadores. Todavía anoche firmé otro oficio a los gobernadores, insistiendo en que es obligación dar de baja a todos los elementos que no aprobaron el control de confianza.

En ese sentido no hay marcha atrás y algunos estados lo están enfrentando de una manera, y otros de otra; pero la decisión es tajante y sin marcha atrás.

Lo que señala el senador Javier Corral, que por qué como si fuera sólo la infiltración en las policías municipales. Totalmente de acuerdo con él que no es así; el problema de la corrupción lo vivimos en todas las esferas del país y tiene que manejarse de una manera integral.

El Mando Único no va a resolver el problema de corrupción que hay en el país, en todo caso con las disposiciones que se establezcan, con el fortalecimiento de las comisiones de Honor y Justicia y de Asuntos Internos, y las supervisiones internas y externas que se realicen, será al interior de las policías.

Pero el problema de la corrupción en el país va mucho más allá; por eso las otras disposiciones y las otras iniciativas que presentó el Presidente para poder alcanzar la paz, la unidad y la justicia, como tituló a esas diez iniciativas. Y es un problema de todos, tiene que combatirse la corrupción con el nuevo sistema anticorrupción que está aquí en el Senado su aprobación, con leyes más severas en todos los ámbitos del país:

Esfera municipal, estatal, federal, y no dejemos también en la iniciativa privada. Porque recordemos que para que exista corrupción en el Gobierno, tiene que haber uno adentro y uno afuera; para que exista un funcionario corrupto, tiene que haber alguien afuera que motive y propicie y promueva esta corrupción.

Entonces tendremos que combatir la corrupción en todos los ámbitos de la vida nacional. El establecer, el consolidar 32 policías y un mando único estatal no es la panacea para los problemas de corrupción del país.

Buscamos con esto el tener policías más sanas. No existe una receta a nivel mundial que nos diga exactamente cómo se combate la corrupción, porque existe corrupción de mil maneras y ninguna institución de este país está exenta de la corrupción.

Encontramos ejemplos internacionales y ejemplos nacionales de la corrupción que se genera también en tantas y tantas instancias privadas; no es privativo de los gobiernos. La corrupción por eso tiene que combatirse en todos sentidos.

En lo que a nosotros nos corresponde establecer y analizar la posibilidad de que el Congreso, ustedes, analicen y decidan en función de lo que consideren el establecimiento o no del Mando Único, es lo que a nosotros nos corresponde.

Nosotros, con este modelo policial que estamos planteando aquí, buscamos el combate a la corrupción dentro de las corporaciones policiales; y nada nos garantiza que al tener el Mando Único y 32 policías estatales no va a haber corrupción. Eso no lo puede garantizar nadie.

Esto, tenemos que partir desde la niñez; es cosa de educación, de concientización de nuestros niños, de nuestros jóvenes el combatir la corrupción y sólo unidos todo el país en un combate frontal a la corrupción, no solamente con las leyes y las disposiciones, será como podremos salir adelante.

El asunto de las atribuciones que preocupan al senador Encinas. El riesgo de un uso político en la concentración del mando; por supuesto que lo existe y de ahí la importancia de la participación de las organizaciones ciudadanas que vigilen cuál es la participación de las policías y hacer las auditorías y evaluaciones que se requieran.

Por eso nosotros acudimos aquí con estos planteamientos y estamos con una visión integral de lo que debe de ser el desarrollo policial, que ha sido uno de los puntos focales en que las organizaciones ciudadanas han fincado en que puede mejorarse la actuación de las policías y en eso estamos, en un planteamiento integral del desarrollo policial, no en medidas únicamente el llevar y operar a las policías. El compromiso y la instrucción recibida del señor Presidente, del señor Secretario de Gobernación es una visión integral del problema con voluntad política para resolverlo y la corrupción es un problema de todos que tenemos que combatir entre todos.

Muchas gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, don Jorge Carlos Hurtado.

Tiene la palabra don Álvaro Vizcaíno Zamora, si fuera tan amable.

ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, senador Burgos.

Bueno, me referiré primero al comentario del senador Ríos Piter, relacionado con el tema de la corrupción, a efecto, como ya señaló el Secretario Hurtado, hay muchas formas de abordarlo, pero quisiera referirme especialmente al tema de la educación de los policías como un mecanismo de combate a la corrupción y que está previsto tanto en los acuerdos del Consejo Nacional como en esta iniciativa de ley, y me refiero a los programas de nivelación académica.

A mí me parece especialmente preocupante que el 67 por ciento del estado de fuerza del país tiene estudios inferiores al de secundaria.

Estamos hablando de que antes de enseñarles a las policías la reacción en cadena de la polimerasa para identificar muestras genéricas o identificarles georreferenciación o enseñarles mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero, tendríamos que fortalecer en nuestros policías sus conocimientos básicos como cualquier ciudadano.

Esto es, tendrían que saber civismo, historia; tendrían que saber un poco de arte, un poco de cultura general; tendrían que conocer la historia de nuestro país. Seguramente tendríamos mejores ciudadanos y, en consecuencia, lograríamos mejores policías y un menor nivel de corrupción. Esa es una preocupación fundamental.

También, y del de los diagnósticos que establece la iniciativa de reforma, seguramente se determinará, podremos encontrar que existe un buen número de policías; en nuestras estimaciones es cerca de la cuarta parte del estado de fuerza de la policía del país que nunca pasó por una academia en un programa de formación inicial.

Estamos hablando de policías que tal vez recibieron cursos posteriormente, de actualización, de especialización, pero que no tienen una formación básica inicial.

Es necesario también fortalecer esas capacidades, enseñarles los temas elementales y es que en muchas ocasiones no entraron por un servicio de carrera, ingresaron a una institución a cumplir funciones administrativas pero se visten de policías y son policías y usan un arma.

Ciertamente las leyes y los acuerdos publicados no nos van a ayudar por sí mismos a resolver los problemas. Si bien contamos con un marco legal que se ha ido construyendo y que hasta hace algunos años no existía, estos hay que llevarlos a la práctica.

Concretamente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la nueva ley general, se publicó el dos de enero del año 2009. Esta nueva ley general motivó que los congresos estatales alinearan sus legislaciones en materia de seguridad a esa ley general, proceso que llevó casi dos años.

Ese proceso que habrá concluido hacia el 2010, 2011, implicó que en muchas entidades apenas iniciaran los procesos homologados de reclutamiento, selección, profesionalización, de los que hoy estamos platicando, procesos que han avanzado con diferentes niveles de interés, de profundidad, en las entidades federativas o en los municipios. Algunos estados han avanzado con más rapidez que otros.

Entonces, creo que en efecto, hay que implementar estos marcos legales, pero también hay que pensar en estas propuestas que contiene la iniciativa de reforma constitucional, que redondean los temas que ya tienen aquellas leyes, como la ley general.

Respecto a lo que señala la senadora Angélica de la Peña, me parece que en la mesa encontramos más coincidencias que diferencias. Creo que todos los que estamos aquí presentes estamos preocupados por tener una mejor policía, por vivir en un país más seguro, por tener instituciones más sólidas, por construir procesos de mayor alcance y ene se sentido creo que, con independencia de nuestra diferente procedencia, de nuestro origen institucional, al final todos somos, los aquí presentes, académicos y además preocupados por este tema.

A la pregunta de la senadora Arely Gómez y en adición a lo que ya ha señalado el Secretario Hurtado, en efecto, hace falta depurar las instituciones policiales, las municipales, las estatales, respecto de aquellos integrantes que no cumplen el control de confianza, esto implica por supuesto un gran esfuerzo financiero que no puede hacerse en un corto plazo.

Por ello se habla en el Plan Estratégico de implementación que señalan los transitorios de la reforma, en una gradualidad y de que cada entidad federativa presupueste, calcule, estime cómo se llevará a cabo esta depuración.

Por lo pronto la reforma plantea cuatro primeros estados en los próximos dos años, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, y Jalisco. Entonces me parece que es el primer reto y con aquellos que sí tienen control de confianza con resultado positivo, pero que no tienen capacidades policiales, bueno, por supuesto habrá que actualizarlos, pero además certificarlos.

Creo que podemos, estamos en condiciones en México, de hablar de una policía certificada en sus competencias profesionales y tenemos las herramientas para hacerlo.

Hoy lo hacemos en Policía Federal, tenemos más de 24 competencias profesionales certificadas, tenemos certificadores acreditados por la Secretaría de Educación Pública y procesos estandarizados para hacerlo.

Respecto de lo que señala el senador Javier Corral de si se está reduciendo el problema del narcotráfico a nivel municipal, bueno, coincido con el planteamiento desde el siguiente punto de vista:

Como ya se ha expresado aquí, tenemos mil 110 municipios con menos de 12 policías por municipio.

El Secretario Hurtado de hecho mencionó algunos municipios que tienen un solo policía y hay 600 municipios que no tienen ninguno.

Bueno, en esos municipios, senador Corral, me parece que no sólo no pueden combatir el narcomenudeo, o menos el narcotráfico, sino ni siquiera cualquier tipo de infracción o de falta menor.

No habrá un policía que detenga un grafitero, a un policía que detenga un ciudadano que se pase un alto, que golpee a otro ciudadano.

Ni siquiera esas cuestiones de delitos menores pueden ser atendidas en la gran mayoría de estos mil 710 municipios.

Por ello, en ese sentido esta propuesta permitiría redistribuir esta fuerza y posiblemente permitiría atender de algún modo todos estos municipios que hoy no cuentan con estas capacidades.

Por supuesto el problema, o más bien la solución al problema, no es exclusivamente el mando único.

Mucho abona el nuevo sistema penal acusatorio, impulsado en la Reforma del 2008.

La revisión y en su caso redistribución de fondos y subsidios federales: el FASP, el SPA, el Subsemun.

Pero creo que lo mejor es considerar que, bueno, la mejor política contra el delito es una buena política de desarrollo social, no es una política de represión, es una política de desarrollo social.

Y la Reforma precisamente incorpora, incluye entre sus apartados, el fortalecer las capacidades no policiales de prevención a cargo de los municipios.

El senador Alejandro Encinas mencionó si la Reforma incluye mecanismos de control a violaciones de derechos humanos.

En este sentido a mí me parece que si bien no los contiene expresamente, el fortalecimiento del servicio de carrera sin duda contribuye a que los integrantes de una institución policial asuman su misión con una visión de largo plazo y con una visión que les haga desear, mantener su estatus laboral en condiciones de legalidad.

En Policía Federal, en los últimos dos años, 3 mil 90 integrantes de Policía Federal ascendieron por concurso, concurso en que se evalúa su actitud física, su desempeño, sus conocimientos, el agente se pone a estudiar antes del concurso de ascenso de grados.

Yo quisiera ver de los diagnósticos que resulten, en cuantos municipios se hacen este tipo de concursos y en cuantos municipios hoy en día hay realmente un servicio de carrera policial transparente, legítimo, abierto.

Hay municipios del país –no quisiera mencionar los nombres- pero si revisamos los casos que más nos preocupan en los periódicos recientemente, igual ya mencioné uno y el que sigue es Acapulco, si revisamos las prestaciones que tenían estos policías en los últimos 5 ó 10 años, nos vamos a encontrar con el dato de que ninguna.

Yo sé de policías, más bien de esposas de policías caídos en cumplimiento del deber, que es la fecha que no han cobrado una pensión o una ayuda económica, en otras entidades también del país.

Entonces en la medida en que cuenten con seguro de vida, seguro médico, becas para los hijos, apoyos para los caídos y sus familias, bueno, en ese momento podemos realmente pensar en un mecanismo sólido.

Preguntaba usted, senador: cómo la Iniciativa va a fortalecer los municipios, que parecía quizá un contrasentido.

Bueno, a mí me preocupa, y recuerdo algunos estudios de desarrollo municipal en que los municipios no sólo tienen debilidades en materia de seguridad, y ustedes lo saben muy bien.

Algún análisis en cuanto al número de computadoras que hay en algunos municipios indican, o que no las tienen o que de tenerlas no se pueden conectar a Internet.

A veces se les pide que rindan informes o participaciones, y no tienen forma de comunicarse; quienes están a cargo del municipio, no tienen mayor nivel de estudios o no tienen suficientes capacidades administrativas para poder desempeñar la gestión municipal.

Es una realidad que vivimos en un buen número de municipios de nuestro país y que tenemos que combatir a través de programas de fortalecimiento al desarrollo municipal. Y en ese sentido, me parece que precisamente el tema de la seguridad pública municipal se inscribe en el marco de las debilidades institucionales de muchos municipios; y que dada la urgencia de atender y solucionar precisamente el tema de la seguridad pública municipal, es una alternativa que ha sido probada en otros países, el que sea adscrito esto a un mando estatal.

Bueno, con esto concluiría mi participación. Simplemente celebro que en el Senado de la República este tema se esté discutiendo de esta forma plural, amplia, con representación de todas las instituciones y partidos; porque el tema del Mando Único tiene ya muchos años en la mesa, y parece que es oportuno llegar ya a algún tipo de decisión final.

Muchas gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Al contrario, don Álvaro, muchísimas gracias.

¿Perdón?

Senador Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: ¿Le puedo hacer una solicitud a alguno de los ponentes?

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Adelante.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Se ha usado mucho este dato de los mil 810 municipios, la cifra está en la que hay un solo policía, etcétera; ¿hay alguna tabla que tenga una identificación de los 2 mil 500 municipios? Y entonces, a ver, sí en efecto tenemos mil 810 que tienen esta condición, pero hay otros tantos que no la tienen.

Porque me da la impresión que es un tema en el que el ejemplo ayuda al asunto de mando único, pero siguen estando 700 fuera, en los que tal vez hay que pensar de manera diferente el problema, si es que existe, y asumo que lo tiene el sistema, a mí me sería y creo que nos sería muy productivo.

Gracias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Adelante.

JORGE CARLOS HURTADO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: Tenemos una escala que nos dice que hay 892 municipios, que solamente tienen de uno a 20 elementos.

Hay 418 que tienen de 21 a 50; 235 que tienen de 51 a 100; 211 que tienen de 101 a 500; 29 nada más que tienen de 501 a mil policías; y 27 que tienen de más de mil policías, hasta 3 mil 280, que es el máximo.

Entonces, eso nos da mil 800 municipios que tienen, cuando menos, un elemento. Y hay 645 municipios que no lo tienen, porque tenemos los casos de las comunidades, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas, que se rigen por usos y costumbres y que quedan fuera.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias.

JORGE CARLOS HURTADO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: Por nada, para servirle, senador.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias.

Pues a nombre de mis compañeras y compañeros senadores, a nombre de las comisiones dictaminadoras queremos expresar muy cumplido agradecimiento a Mónica Oehler, representante de Amnistía Internacional; a Ernesto López Portillo, representante de INSYDE; a don Jorge Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; a don Álvaro Vizcaíno Zamora, coordinador del Sistema de Desarrollo Policial.

Realmente estas participaciones auténticamente lo digo, sin cumplidos, sí enriquecen, abren nuestra perspectiva, nos permitirán contar con mayores elementos de juicio a la hora de entrar al proceso de dictaminación de esta iniciativa.

Ojalá nos den la oportunidad de que, independientemente de esta visita, de esta audiencia que hoy amablemente nos concedieron, nos dejaran abierta la oportunidad de intercambiar información, comunicación, que siempre será para un tema de este alcance y de esta naturaleza, siempre será sumamente útil.

El día de mañana tendremos nuestra tercera mesa de trabajo. El tema es “Intervención Federal por filtración o infiltración del crimen organizado en municipios”. Están cordialmente invitados todos los asistentes. Iniciaremos a partir de las 10 de la mañana del día de mañana.

Muchas gracias a todos los asistentes por su presencia. Muy amables, muy reconocidos.

Enhorabuena. Muchas gracias.

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