Versión Estenográfica de la exposición del Grupo 2, de la Mesa 2 Mando Único Policial Estatal, del primer día de las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia, a las que convocan las comisiones unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República.

(Primera parte)

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Vamos a dar inicio a esta segunda parte de nuestra reunión vespertina.
Simplemente para puntualizar, primero agradecer a nuestros invitados el que hayan aceptado compartir con nosotros esta tarde sus comentarios, sus puntos de vista.
Como ustedes lo saben perfectamente bien, estas audiencias han sido motivadas o a raíz de una iniciativa que envío el presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, el pasado día 1 de diciembre, en temas relacionados con seguridad pública y con justicia penal.
La iniciativa contempla la reforma o adición a siete artículos constitucionales: el 21, el 73, 104, 105, 115, 116 y 123; y nueve artículos transitorios.
Es de toda obviedad que el tema de seguridad pública y justicia son un compromiso esencial, fundamental del Estado contemporáneo y, por supuesto, lo es del Estado Mexicano; que es una de las tareas que en primerísimo lugar nos convocan a todos, independientemente de los niveles o ámbitos de responsabilidad.
Un tema que a todos nos alcanza por su significación, por lo delicado, por los alcances; y justamente porque la naturaleza de lo que aquí se ha propuesto a través de esta iniciativa debe ser enriquecido, ajustado, apuntalado –diría yo– con puntos de vista distintos; hemos tenido puntos de vista de la sociedad civil, de la academia, de servidores públicos.
Les comento, hoy en la mañana estuvieron gobernadores de los estados, estuvo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, estuvieron presidentes municipales; hace un momento concluimos otra reunión también con investigadores, asesores, académicos, representantes de la sociedad civil. Y creo que todo ello nos ha permitido ir encontrando nuevas luces, enfoques, matices que sin duda alguna van a enriquecer el ejercicio de las comisiones dictaminadores y, si es el caso, en su momento, del Pleno senatorial.
Agradecemos muy cumplidamente a don Ernesto López Portillo su presencia, representante de INSYDE.
A Mónica Oehler Toca, representante de Amnistía Internacional, muchísimas gracias.
A don Jorge Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias, don Carlos.
Y a don Álvaro Vizcaíno Zamora, coordinador del Sistema de Desarrollo Municipal.
El esquema de participación sugerido es una participación por parte de ustedes, entre 10, 12 minutos o el tiempo que estimen adecuado. Una vez que se agoten las cuatro participaciones, damos lectura a tres preguntas que fueron formuladas con anticipación y que seguramente ustedes ya han conocido; y después las preguntas que quieran formular las senadoras y senadores.
Formulada esta etapa de preguntas, indistintamente, nuestros distinguidos invitados nos darán la respuesta que estimen más prudente.
Empezaríamos solicitando, bueno, primero las damas. Le rogaríamos a Mónica Oehler Toca, representante de Amnistía Internacional, nos hiciera favor de darnos su punto de vista. Puede hacerlo en su lugar o puede hacerlo en tribuna, donde la parezca mejor.
MÓNICA OEHLER TOCA, REPRESENTANTE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, discutiendo un punto tan importante en materia de derechos humanos, como es la seguridad.
Desde Amnistía Internacional creemos que es muy importante empezar recordando que México tiene una crisis en materia de derechos humanos; en donde seguimos recibiendo reportes sobre desapariciones forzadas, sobre tortura, sobre detenciones arbitrarias y donde la impunidad parece ser la regla en todas estas violaciones a derechos humanos.
Ante esta situación tenemos que recordar que Ayotzinapa no se da de manera aislada, sino que se da en todo un contexto de impunidad en donde otro tipo de violaciones a derechos humanos también han permanecido impunes, como son San Fernando, como son Atenco, entre otras.
Ante esta situación es que se propone esta iniciativa de reforma constitucional en donde se propone crear este Mando Único Policial Estatal. Desde el análisis que hacemos en Amnistía Internacional, encontramos ciertas preocupaciones:
La primera tiene que ver con el diagnóstico que se hace en la exposición de motivos de la reforma y que tiene que ver que parte de la premisa que la corrupción se encuentra permeada a nivel municipal, pero no menciona nada de lo que sucede a nivel estatal o a nivel federal.
Esta es nuestra primera preocupación, porque los datos en los que se basa es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2013 que realiza el INEGI. En esa misma encuesta también hay una pregunta sobre el nivel de percepción de corrupción que tienen las autoridades.
Acá lo que vemos es que la Policía Preventiva Municipal tiene un 66.3 por ciento y la estatal un 61.9; en realidad la diferencia es mínima.
Otro tema muy importante aquí es que en México la corrupción no está únicamente a nivel de policías, sino que va más allá y va a un nivel de instituciones más fuerte, como lo son ministerios públicos, jueces y demás.
Hacer un diagnóstico en una base en donde la corrupción está básicamente en los municipios, nos da un panorama equivocado de la realidad que tiene México, y si no tenemos un diagnóstico adecuado de la situación, difícilmente la solución que se propone va a ser la adecuada. Esa es nuestra principal preocupación en cuanto al diagnóstico.
Otra cosa que también nos parece interesante es que se mencionan experiencias de otros países como Alemania, pero no se explica por qué la situación de Alemania es parecida a la situación de México o fue, en su momento.
Digamos que aquí es muy claro que la corrupción no está únicamente a nivel municipal. Pensar en eliminarla y crear una policía única estatal no se ve por qué sea la medida adecuada.
El segundo problema o segunda situación que creemos importante, es que el éxito de esta reforma o de este Mando único Policial Estatal va a depender de la confianza ciudadana.
¿Y cómo logramos que haya una confianza ciudadana en las policías?
Lo primero es que nos parece importantísimo la educación y la capacitación en materia de derechos humanos. En la reforma y en la exposición de motivos casi no se menciona este tema que creemos que debe ser transversal.
Cuando se habla de seguridad ciudadana el tema de derechos humanos debe ser fundamental y parece como que es el gran ausente aquí.
Lo primero es que si queremos homologar procedimientos, protocolos, criterios de selección, salarios, tenemos que pensar que tiene que haber una armonización en base con estándares internacionales.
Y acá otro punto fundamental para lograr la confianza ciudadana, es que los policías tengan dignas condiciones de empleo. Esto lo menciona la iniciativa y creemos también que es fundamental. Necesita salarios dignos, necesita tener pocos incentivos para no estar coludidos con el crimen organizado. Si esto no se logra, es muy difícil que logremos tener un éxito en la confianza ciudadana.
Otro punto importante que pensamos es que tiene que haber una rendición de cuentas y una participación ciudadana.
Si queremos que la ciudadanía confíe en la policía es fundamental que la ciudadanía reciba información sobre los retos, sobre las dificultades de los avances que hay en esta materia, que puedan opinar y que puedan decir qué es lo que creen que pueda funcionar en materia de seguridad pública.
Creemos también que es necesaria la evaluación, pero que tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos la evaluación para también no caer en violaciones a derechos humanos de los mismos policías; si se hacen exámenes de confianza, si se crean mecanismos, estos tienen que ser acordes con estándares internacionales y con el cumplimiento total siempre a lo que vienen siendo los derechos humanos.
La preocupación fundamental que vemos desde Amnistía Internacional, es el que el Mando único Policial en lugar de centralizar la seguridad ciudadana de la manera en que queremos, pueda terminar siendo una centralización de corrupción.
Es muy importante, primero esto, partir de un diagnóstico adecuado y segundo, ver qué beneficios son los que verdaderamente aportaría esta policía estatal única.
Finalmente, decir que desde Amnistía apoyamos y creemos que son muy importantes los procesos legislativos transparentes que se enfocan a resolver problemas sociales relevantes, pero que en México las causas estructurales que agravan o agudizan los problemas requieren soluciones integrales, más allá de otras respuestas legislativas.
En México no podemos olvidar que en los tratados sobre impunidad, el 98 por ciento, casi el 98 por ciento, si no acompañamos estas reformas legislativas con la implementación, que es o que siempre se nos atora en el país, pues es prácticamente imposible creer que la situación va a mejorar.
Entonces necesitamos soluciones más estructurales en el sistema de impartición de justicia en todos los niveles.
Y acá también mencionar en esta misma encuesta que utilizan como base para el diagnóstico, es impresionante, porque en realidad los jueces y el Ministerio Público sacan un porcentaje mayor a las policías estatales y a las policías municipales.
Entonces tenemos que pensar que el problema de seguridad es esto, hay un todo un conjunto que ha hecho que la impunidad sea lo que hoy prevalece desde el país.
Y finalmente creemos que, como ya lo habían mencionado en la mesa anterior, ya había habido unas propuestas parecidas del presidente Felipe Calderón y desde ahí se hicieron muchísimos análisis de muchísimos expertos, que expresaron su preocupación.
Creemos que estos espacios son muy importantes porque permiten justamente que podamos analizar las diferentes posturas y que ojalá sea un ejercicio que sea tomado en cuenta a la hora de realizar el análisis más allá de la iniciativa.
Eso sería todo.
Gracias.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias a Mónica Oehler de Amnistía Internacional, muy gentil.
Tiene el uso de la voz don Ernesto López Portillo.
ERNESTO LÓPEZ PORTILLO, REPRESENTANTE DEL INSYDE: Buenas tardes a todas y a todos.
Es un privilegio estar aquí y a nombre del Instituto para la Seguridad y la Democracia quiero expresar el agradecimiento de tener este espacio, en la más alta tribuna legislativa de este país.
Espero realmente en estos breves minutos poder aportar algunos elementos de análisis que complementen lo que han dicho muchos otros colegas, personas con mucha experiencia en la operación policial, personas que vienen estudiando desde hace mucho tiempo.
Reconozco el trabajo de todas y todos y espero complementar algunos ángulos de análisis.
La verdad es que el tema policial es de una complejidad excepcional. Cuando hablo de este tema, cuando voy a intervenir en algún foro, el que sea, hago un ejercicio consciente de recordar la última conversación que haya yo tenido con un policía en la calle.
No puedo dejar de pensar en eso, porque a veces se nos revira, estamos hablando de instituciones, en donde hay mujeres y hombres que muchas veces incluso entregan ahí la vida.
Vaya el reconocimiento de INSYDE a las y los policías que en este país, a veces sin recursos incluso, ponen todo para poder protegernos y servir a la sociedad.
Hemos dicho por muchos años que hay una deuda histórica del Estado Mexicano con las y los buenos policías. Hoy lo recuerdo, lo reitero en este foro: México tiene una deuda histórica con sus policías.
Las instituciones policiales nos regresan lo que les damos, les hemos pedido alguna suerte de servicio residual.
Lo hemos dicho por muchos años, esta idea de estar disponible como muchas veces incluso se dice en el servicio policial, estar disponible, estar a las órdenes; llega a un punto que afecta incluso la condición humana de las y los policías
Como una antropóloga ha dicho, la experiencia policial es una experiencia de sobrevivencia, es una experiencia de abandono institucional y aislamiento social.
La pregunta que hoy se hace tiene que ver con una decisión política extraordinariamente relevante para la condición del estado de derecho en este país.
¿No es una pregunta en el fondo que tiene que ver con cómo organizamos a la policía? Desde mi punto de vista es una pregunta fundamentalmente política.
Lo dijo Eduardo Guerrero y comparto con él esa visión.
Desde mi perspectiva, esta reforma crea una oportunidad, una vez más, para que el régimen político mexicano se pregunte si es capaz de controlarse a sí mismo.
No tenemos las policías que queremos y la inmensa mayoría de las y los policías no están en las condiciones que quisieran.
Y sin embargo hay una oferta que se pierde en la historia, una oferta política de profesionalización policial.
Según nuestras indagaciones, no hay un solo presidente en la historia de este país que haya dejado de prometer policías profesionales.
Por lo tanto, primero y antes que nada la falla es política.
Hablamos todo el tiempo de despliegue operativo, patrullas, uniformes, tecnología, infraestructura, y hablamos muy poco de la responsabilidad política de la policía.
La responsabilidad política de las y los funcionarios electos que ofrecen seguridad a la gente y al mismo tiempo utilizan a la policía fundamentalmente como un brazo armado de control político.
En la experiencia de quien les habla y en la experiencia de INSYDE, son muy, muy escasos los casos en donde hemos podido verificar procesos de profesionalización policial y todavía más escasos los eventos en donde actores políticos responsables de la policía han decidido reformar a la policía en coordenadas democráticas.
Invito pues a no confundirnos. La policía es un producto político. Primero, en nadie.
Y la oferta política que se pierde en la historia de una policía profesional es una oferta política fallida.
Hoy estamos discutiendo cómo organizamos a la policía; nosotros creemos que hoy debemos discutir cómo logramos la reforma policial democrática.
Tengo escasos minutos. Suscribo todas aquellas expresiones que se postulen por mejorar las condiciones de trabajo de la policía; todas. No entro a ninguna de ellas; las suscribo todas.
Si México, de este momento, de este acuerdo, de esta reforma desprende una mejora en las condiciones de vida de la policía y garantías para la policía, habremos dado un paso muy importante; garantías de prestaciones iguales a la policía en todo el país. Sin embargo, para nosotros el punto fundamental no está ahí.
Llama mucho la atención la manera como las y los políticos, las y los policías, los mandos fundamentalmente hablan de la policía sin hablar de los enormes avances que hay en los sistemas de control externo de la policía en el mundo.
Es una omisión demasiado fuerte e importante como para evaluarla como una omisión menor; es una omisión mayor.
Lo que está pasando en Europa Central, Estados Unidos, Canadá, Australia, en algunas partes de África y algunas partes de América Latina, muy pocas, es que se está generando un equilibrio, un contrapeso a través de controles externos para la policía. Controles externos especializados que se entienden a nivel mundial como “supervisión externa”.
En mi comentario, en mi opinión de El Universal el día de hoy relato el caso del nuevo inspector de la Policía de Nueva York; ¿por qué no estamos discutiendo los mecanismos de control externo de la Policía en México? ¿Por qué no está conectada la Academia, el Senado, San Lázaro y sobre todo la propia Policía y los mandos policiales, por qué no están conectados al creciente Foro Internacional de la Supervisión Externa de la Policía?
Es para mí una señal de una resistencia también política, en donde el modelo policial que se ha creado en nuestra historia, es un modelo que tiende a la opacidad, tiene a la endogamia y que reduce a espacios fuera del alcance del ciudadano común, la toma de decisiones de la Policía y de los responsables políticos de la Policía.
La supervisión externa de la Policía no es una reflexión académica, no es un artilugio discursivo: es un modelo de equilibrios. Llama la atención especialmente que hoy, que se está hablando de un sistema nacional anticorrupción y que se habla tanto de rendición de cuentas, como nunca, no se hable de rendición de cuentas de la Policía.
¿Por qué no podemos abrazar ideas evolucionadas en materia de rendición de cuentas?
Con las ideas evolucionadas de rendición de cuentas para la Policía, están de vanguardia en el mundo; ¿por qué no?
Nuestra propuesta es muy precisa: sugerimos que sea cual sea la organización del mando policial, se introduzca en la reforma propuesta por el Presidente, la obligación desde la propia Constitución de generar esquemas de supervisión externa de la Policía.
Tenemos un pequeño ejemplo operando ya en el país, en el municipio de Querétaro, donde funciona de unos meses para acá la Dirección General de Auditoría Externa de la Policía.
Ya tenemos evidencias de la manera como un auditor externo de la Policía evalúa regularmente los proceso de trabajo de la Policía, concluye en su evaluación que hay que hacer ajustes; regresa las recomendaciones a la Policía, los ajustes; y la Policía aplica esos ajustes. Ya lo estamos probando.
Es un esquema de contrapeso extraordinariamente potente, porque no está investigando las responsabilidades personales: está investigando patrones de conducta. Es un control de calidad institucional que está evolucionando, insisto, en las más avanzadas democracias y en algunas democracias en desarrollo del mundo.
Concluyo con lo siguiente:
La deuda histórica que el Estado Mexicano tiene con las y los buenos policías, debiera derivar en reformas que se ocupen de un balance entre las atribuciones y los poderes de la Policía y los sistemas de control de la Policía.
Nosotros no podemos leer una sola atribución de la Policía, sin que ésta tenga sistemas de evaluación y control profesionales especializados.
Convocamos, pues, a que el Senado abra los ojos a la más moderna tecnología de supervisión externa de la Policía y le dé al país la oportunidad de un control democrático nuevo, inspirado en las mejores prácticas.
Por su atención, muchas gracias.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, don Ernesto López Portillo, muy reconocidos con su aportación.
Tiene el uso de la voz don Jorge Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Donde guste, don Carlos.
JORGE CARLOS HURTADO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: Muy buenas tardes a todos; señoras y señores senadores de la República; compañeros participantes.
Agradezco esta extraordinaria oportunidad con esta invitación que nos hacen de participar en este foro. Verdaderamente es un honor poder estar en la tribuna del Senado de la República.
La historia legislativa del artículo 115 constitucional en materia de seguridad pública, ha puesto de manifiesto que la intención el constituyente ha sido facultar a los municipios, cada vez en mayor medida, para ejercer de manera directa y exclusiva la prestación del servicio público de seguridad a través de una policía municipal.
Esta creciente facultad apenas se limitó cuando se presentaran situaciones de fuerza mayor o alteración grave del orden público para que el Estado asumiera temporalmente el mando.
Sin embargo, se ha hecho cada vez más evidente que, salvo contadas excepciones, los municipios del país se han visto rebasados por la inseguridad y la violencia que deban enfrentar y que además cada vez lo hacen con recursos más limitados.
La heterogeneidad de las corporaciones policiales municipales presenta en recursos humanos, técnicos, tácticos, de equipamiento e infraestructura, ha mostrado la inconveniencia de conferirles la responsabilidad de la seguridad pública.
En efecto, de 86 por ciento de las corporaciones municipales cuentan con menos de 100 elementos. Sólo 14 de las 31 entidades federativas del país tienen cuerpos policiales en todos sus municipios, y cerca de la mitad de esos municipios promedian con sólo 12 elementos.
La penetración de la delincuencia en las fuerzas policiales municipales es desgraciadamente cada día mayor.
Su descomposición ya no se limita a una apacibilidad cómplice; se convirtieron en una red de información y operación al servicio del crimen organizado.
Así, lejos de contribuir a la solución del problema de inseguridad, pasaron en muchos casos a ser parte del mismo.
Su desaparición no es un acto contra la integridad municipal ni mucho menos una maniobra que busque debilitar al municipio. Lo que realmente debilita al municipio y atenta contra su autonomía, es la infiltración de la delincuencia en sus corporaciones de seguridad.
La integración de 32 policías estatales bajo un Mando Único Policial Estatal permitirá llevar las tareas de seguridad incluso a aquellos municipios que hoy carecen de una corporación propia y permitirá enfrentar al crimen organizado con elementos mejor remunerados, mejor entrenados y capacitados y mejor equipados; que si bien, hay que reconocerlo, no estarán exentos de las acometidas de violencia, amenazas o corrupción, sí estarán en mejores condiciones para enfrentarlo con éxito.
La implementación del Mando Único Policial, es un tema esencialmente de seguridad pública y su principal análisis debe abordarse desde esta perspectiva.
Que es un reto, por supuesto que sí. La implementación del Mando Único Policial implica muchos y diversos retos. La homologación legislativa en las entidades federativas y en los municipios; los congresos locales que deberán realizar adecuaciones en sus constituciones y legislación secundaria; los cabildos, cada cabildo deberá revisar y actualizar sus reglamentos, circulares y normas internas; el reordenamiento presupuestal del fondo y los subsidios federales destinados a la seguridad pública.
La homologación de perfiles, salarios y prestaciones en las policías preventivas de los estados; delimitar acciones, tiempos, funcionarios responsables, como el objetivo de que se lleve a cabo bajo un esquema claro y eficiente de la transición.
Depurar y fortalecer el estado de fuerza, tanto municipal como estatal: generar políticas de transparencia, de rendición de cuentas, de evaluación de eficiencia y desempeño, de control interno y externo de la actuación policial y el establecimiento de protocolos y lineamientos de operación homologados.
¿En qué tiempo hacerlo?
Para su ejecución, la iniciativa dispone que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del decreto correspondiente, en su caso, emita el modelo con base al cual se establecieron cuatro estados con prioridad: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, por su propia problemática.
Estos estados deberán presentar su propuesta inicial de transición, misma que deberá llevarse a cabo por estas entidades, entre los 90 días posteriores y concluir su implementación en un plazo de dos años.
Para el resto de los estados, el secretario contará con 30 días posteriores a la entrada en vigor de las leyes a que se refiere la fracción 23 del artículo 73, para la emisión del modelo de transición.
Transcurrido ese lapso, las entidades federativas cuentan con 90 días para presentar su plan estratégico de transición, que deberá ser analizado por el secretariado, para definir de forma conjunta, con cada entidad, cómo se llevará a cabo la implementación del mismo.
Asimismo, propone un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la publicación del decreto, para que el Honorable Congreso de la Unión expida las leyes secundarias necesarias, homologue las ya existentes y se expida la ley reglamentaria del último párrafo de la fracción primera del artículo 115 de la Constitución.

Los gobernadores mantendrán la potestad constitucional de asumir el mando de las fuerzas municipales para garantizar la seguridad del municipio, hasta en tanto no se concrete la transferencia de los elementos municipales a la fuerza estatal.
En diversos países se han reestructurado los modelos policiales conforme los que actúan sus corporaciones, para enfrentar el fenómeno de la inseguridad.
Tenemos los ejemplos de la Policía Federal Australiana como un mando único; la Policía Municipal de Holanda en donde las policías municipales y la policía nacional se fusionaron en un solo servicio con 26 fuerzas.
Los casos de la policía nacional colombiana, única, que tiene el mando policial en el país.
Los carabineros, en Chile, y la policía nacional de Nicaragua, han acreditado en la práctica resultados positivos en la disminución de la incidencia delictiva, en el incremento de la credibilidad ante la sociedad.
En Brasil existen 5 instituciones policiales: 3 del orden federal y 2 del estatal.
La policía militar es la institución estatal que lleva a cabo las funciones de seguridad pública, mientras que los municipios tienen la facultad de creación de guardias municipales. En caso que se considere necesario, para la protección de bienes, servicios e instalaciones.
Los casos mencionados reflejan que no existe un modelo policial único a nivel internacional, ni una tendencia predominante hacia la conformación de mandos policiales locales, ya que cada país ha respondido en el diseño de sus policías de acuerdo a las características y necesidades específicas.
Cuál es el modelo policial que se propone; qué incluye, qué considera:
El modelo policial que propone la Iniciativa Presidencial, considera:
La consolidación de 32 instituciones de seguridad estatales.
La creación de un mando único policial estatal, bajo la responsabilidad del gobernador y, en su caso, de la Federación en casos de emergencia.
Dejar a cargo de los municipios las funciones derivadas de los bandos de buen gobierno, sin intervenir en funciones propias de seguridad pública.
Un aspecto importante que se ha manejado aquí:
Un desarrollo policial sustentado en la homologación de los niveles de selección, ingreso, formación, permanencia y régimen disciplinario, así como el fortalecimiento de las competencias, el sentido de pertenencia, la dignificación del policía, el apego a la legalidad y el reconocimiento social a los elementos, con el fin de consolidar su trayectoria profesional y personal.
El establecimiento de un salario mínimo policial y de prestaciones básicas, que cuenten con seguro de vida, seguro de gastos médicos, becas para hijos, programa de vivienda, programa de retiro y apoyo para familias de policías caídos en cumplimiento del deber.
El desarrollo de mecanismos claros y transparentes para el ascenso y la promoción de los elementos.
La consolidación y funcionamiento efectivo de un régimen disciplinario.
La elaboración de un programa de nivelación académica y de capacitación de mandos policiales, tanto de mandos medios como de mandos superiores.
La capacitación de todos los elementos policiales en materia de sistema penal acusatorio y el respeto a los derechos humanos.
El fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento en las academias estatales de seguridad pública.
La evaluación y certificación de competencias y desempeños de los policías en lo individual.
Y la evaluación y certificación de las instituciones.
La homologación de protocolos de actuación, operación y equipamiento.
La capacidad de investigación, prevención y reacción para fortalecerla.
La prevalencia del uso de la inteligencia sobre la fuerza.
La eficiencia operativa y el despliegue geográfico de las policías, para centrar los esfuerzos donde se requieran.
Evitar la dispersión y la rotación de los mandos, así como la improvisación que deriva de los cambios de los presidentes municipales cada 3 años.
Esta es la propuesta que hace el Gobierno: que defina e implemente el nuevo modelo policiaco, que busca dar respuesta a uno de los principales reclamos de la sociedad mexicana, la seguridad pública.
Muchas gracias.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias a don Jorge Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tiene el uso de la voz don Álvaro Vizcaíno Zamora, coordinador del Sistema de Desarrollo Policial.
ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA, COORDINADOR DEL SISTEMA DE DESARROLLO POLICIAL: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos.
Saludo con respeto a las señoras senadoras, a los señores senadores, a mis compañeros de mesa, y agradezco esta oportunidad para poder compartir con ustedes desde la visión que hemos tenido en los últimos años en la Policía Federal, impulsando el Sistema de Desarrollo de esta institución; cómo podemos fortalecer, impulsar, visualizar, concebir, aterrizar esta iniciativa de reforma.
Quisiera partir de dos postulados, dos principios básicos, primero: Estamos hablando realmente de una reforma policial, no estamos hablando de una reorganización de las policías en función geográfica o en función de simplemente la manera en que se articulan sus mandos, estamos hablando de una reforma de fondo.
Y esto es así porque –y este es el segundo postulado que quiero sostener– no se trata nada más del tema de mando único, sino que el tema de mando único está de la mano, se debe articular necesariamente con el tema de desarrollo policial.
El capital humano, el factor humano es fundamental; impulsar y mejorar las capacidades de las y los policías es indispensable para poder realmente tener los niveles de confianza y de tranquilidad que los ciudadanos esperan de sus policías.
Así pues, esta reforma nos parece que dignifica a las policías, fortalece a los municipios y también permite construir instituciones de seguridad pública con una visión de mediano y largo plazo.
Dignifica a las policías porque, en primer término, establece una remuneración mínima nacional. Esto es indispensable. Hoy en día sabemos que hay policías que ganan tres veces menos que en otras entidades federativas, es básico que cuenten con ese piso mínimo.
También hacer a los policías ciudadanos mejor preparados. Los policías son ciudadanos y, como ciudadanos, tienen derecho a acceder a mayores oportunidades, a mejores condiciones de seguridad social; tienen derecho también a tener la posibilidad de elevar su nivel de estudios.
Esto resulta fundamental y está plasmado en los programas de nivelación académica que se han propuesto; están contenidos en los acuerdos recientes del Consejo Nacional de Seguridad Pública y también está previsto como parte de los mecanismos que impulsaría esta reforma constitucional.
Decimos que fortalece a los municipios, porque permite mejorar el despliegue operativo de los policías. Más allá de tener un determinado número de policías en cada municipio, sin que esto tenga una relación directa o no con la incidencia delictiva, permitiría al gobernador de la entidad federativa distribuir las capacidades policiales de acuerdo a las necesidades de cada entidad.
Esto permitiría equilibrar, tener un estado de fuerza más equitativo, beneficiando especialmente a los mil 110 municipios que hoy promedian 12 o menos policías; y también beneficiando a esos 600 municipios que hoy en día no cuentan con policía.
Permitiría combatir –como ya lo señaló el secretario Hurtado– los problemas que implica el hecho de que cada tres años exista un relevo en el mando de los municipios; y generalmente esto motiva un relevo en el mando de la policía municipal con una interminable sucesión de cambios y con una imposible construcción de un verdadero servicio de carrera policial.
También permitiría generar protocolos unificados para poder impulsar una operación común.
Se nos preguntó cuáles serían los retos, los plazos, para una efectiva implementación de este modelo de policía estatal única. Bueno, pues advertimos que existen dos grandes temas: el primero es el capital humano.
Y para referirnos a este tema, tendríamos que plantear cómo lograr contar con policías honestos, profesionales, especializados y esto necesariamente nos lleva a plantear la construcción de un sistema nacional de reclutamiento; unificar las convocatorias, unificar los perfiles de ingreso unificar las capacidades de reclutamiento de los policías a nivel nacional para garantizar que se cuenta con los mejores; ejecutar los criterios definidos en el Programa Rector de Profesionalización, que difiero respetuosamente de quien me antecedió, de Miroslava, porque el programa rector sí contiene, detalla los contenidos, las cargas horarias, los niveles de formación y fue aprobado por todos los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 22 de agosto del año pasado.
También es posible certificar las competencias profesionales mínimas que debe tener todo policía. Todo policía tiene siete cosas mínimas básicas que debe saber hacer. Saber hacer significa precisamente certificar, significa validar si una persona tiene ese estándar mínimo de competencias profesionales; por ejemplo, usar un arma, conducir una patrulla, saber comunicarse, saber usar legítimamente la fuerza, saber los principios básicos de actuación policial respecto de derechos humanos,
Y yo me permitiría sumar a lo que dijo Mónica, no sólo como eje transversal los derechos humanos, sino como sucede actualmente en policía federal, la equidad de género, el Sistema Penal Acusatorio y la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad como formación sustancial, como una herramienta para combatir la corrupción.
Estas competencias profesionales se pueden certificar, por ejemplo, entre otras alternativas, a través del programa SEP-Conocer, que tiene ya estándares muy definidos para poder realizar este ejercicio con los y las policías.
Por otro lado tenemos que analizar qué hacer con los policías que no podrían migrar de las policías municipales y estatales. Esto significa la generación de un programa de depuración y fortalecimiento; depurar por una parte, fortalecer por otra, los estados de fuerza de las policías estatales.
Esto motiva una estrategia necesaria para indemnizar por supuesto al personal de las instituciones que no pueda migrar a un nuevo modelo de mando policial estatal, y aumentar las capacidades de aquellas entidades federativas que lo requieran, de acuerdo a los estándares internacionales para que tengan el número de policías suficientes para atender y para responder a las necesidades de la sociedad.
Por supuesto, también la reforma plantea y se han considerado y se han estudiado diferentes retos en materia de infraestructura, equipamiento, tecnología, recursos financieros y operación.
Los planes estratégicos de transición que prevé la propia reforma dan un plazo para construir los documentos, los diagnósticos que permitan presupuestar, que permitan planear con la debida gradualidad, con la debida certeza cómo realizar la transición de recursos, inventarios, de herramientas de inteligencia, planes de operación de manera ordenada, eficiente, de tal suerte que no interrumpa la operación.

Por supuesto será necesario homologar políticas, inclusive hasta la imagen institucional de las policías. Esto permitirá tener incluso una mejor comunicación en cuanto a los sistemas que utilizan para interconectarse o para atender simplemente y fundamentalmente a la sociedad.
No menos importante, ya lo ha señalado Ernesto López Portillo, es generar sistemas que permitan realizar un control interno y externo de las policías, así como fortalecer las políticas de transparencia, de rendición de cuentas, de evaluación de eficacia y desempeño de las instituciones policiales.
Debemos mirar cuáles han sido también las mejores experiencias internacionales, ver cómo se evaluaron y también detectar por qué en su caso tuvieron éxito.
Y las mejores experiencias internacionales o algunas de las más cercanas al menos en Latinoamérica, medidas en términos de la eficacia, sobre todo de la confianza ciudadana depositada en esas instituciones policiales y de la reducción de índices de incidencia delictiva, permiten identificar a Colombia, a Nicaragua, a Chile, como tres de las más importantes y más destacadas experiencias de reforma policial.
¿Cuál fue el éxito?
El éxito fue voltear a ver a las personas, revalorizar al ser humano; basarse en la construcción de mejores policías, partiendo de la base de hacer mejores personas, dotándoles de las herramientas para que puedan satisfacer las necesidades de desarrollo personal y profesional y también las de su familia y de las personas más requeridas para ello.
Siendo mejores ciudadanos serán, sin duda, mejores servidores públicos, mejores policías y podrán fortalecer la confianza que la ciudadanía ha depositado en ellos.
Y por último se nos preguntó cuál es el modelo policial más adecuado. Sería muy aventurado pretender dar una receta sobre un modelo policial más afortunado.
No obstante, las experiencias internacionales nos advierten algunos puntos en común: hay que privilegiar la inteligencia sobre la reacción, hay que basarse en la coordinación y en la distribución de competencias; hay que fortalecer la doctrina policial, homologar procedimientos y protocolos, basarnos en esquemas de organización, funcionamiento y operación, que en un esquema de mando único atiendan a las particularidades de cada región, de cada rincón de una entidad federativa.

Probablemente ese es el secreto y está en la forma de operar, para poder llevar adecuadamente esta iniciativa.
Y, por último, los estados de fuerza en las entidades federativas podrían simplemente distribuirse en las tres principales funciones policiales que señala la Ley General: prevención, investigación, reacción, una unidad de reacción lo suficientemente sólida, capaz de desplazarse a cualquier punto de la entidad federativa y unidades de prevención con cercanía y proximidad hacia la sociedad, y unidades de investigación que tengan los conocimientos necesarios en materia de sistema penal acusatorio para responder a los nuevos retos que impone el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por mi parte sería todo en esta primera intervención.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias don Álvaro Vizcaíno, Coordinador del sistema der Desarrollo Policial.
Los comentarios, las participaciones de cada uno de nuestros invitados, por supuesto que será transcrita en la Versión Estenográfica que se está tomando, al igual que en la videograbación, y será distribuida íntegramente a cada uno de los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras y de los senadores y senadoras que deseen tenerlos.
***** (Sigue segunda parte) *****