Versión Estenográfica de la séptima reunión ordinaria de la comisión especial para la atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía del Senado de la República.
SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Buenos días.
Agradecemos la presencia del licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública.
Asimismo agradezco la asistencia del contador público Raúl Sánchez Kobashi, subsecretario de Control y Auditoría de Gestión Pública; la licenciada Blanca Alicia Mendoza Vera, coordinadora general de Órganos de Vigilancia y Control; licenciado Antonio Cárdenas Arroyo, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; licenciado Juan José Vela Martínez, coordinador de logística de la oficina del Secretario, y de la licenciada María del Carmen Toscano Sánchez, titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, a quienes doy la más cordial bienvenida a nombre propio y de los integrantes de esta comisión especial.
Agradeciéndoles su disposición para darnos a conocer las acciones que en su ejercicio de sus funciones y facultades al frente de la secretaría de la Función Pública, han llevado a cabo con motivo de las irregularidades detectadas en el caso de la empresa Oceanografía S. A. de C. V.
Para dar inicio a la reunión, he de comentar que se encuentran presentes la senadora Dolores Padierna Luna, el senador Mario Delgado Carrillo, el senador Jesús Casillas Romero y la de la voz, senadora Lisbeth Hernández Lecona.
Señor subsecretario, hemos de comentarle e informarle que de acuerdo a la Junta Directiva, se determinó que para el desahogo de esta reunión, el licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, tendrá una primera intervención hasta por 15 minutos, para que manifieste las acciones que en el ejercicio de sus facultades al frente de la Secretaría de la Función Pública ha llevado a cabo con motivo de dichas irregularidades detectadas en el caso de la empresa Oceanografía S. A. de C. V.
Concluida la exposición, licenciado, los senadores miembros de la Comisión Especial podrán realizar dos rondas de preguntas de manera individual, para lo cual tendrán hasta tres minutos cada una. Las preguntas de los senadores se desahogarán por grupo parlamentario, de acuerdo con el siguiente orden:
Partido Verde Ecologista, Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Grupo Parlamentario del revolucionario Institucional.
La elección de los cuestionamientos de cada grupo parlamentario representado en la comisión especial, el encargado de la Función Pública procederá a responder los mismos, hasta por 15 minutos en cada una de las rondas.
En ese sentido, licenciado Julián Olivas, le concedo el uso de la palabra hasta por 15 minutos.
LICENCIADO JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE: Muy buenos días a todos.
Presidenta de esta Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la Empresa Oceanografía, Sociedad Anónima de Capital Variable, senadora Lisbeth Hernández; senadora Dolores Padierna; senador Jesús Casillas y el senador Mario Delgado, que estaba hace un momento.
En cumplimiento a la invitación que esta comisión especial me envió para acudir a esta reunión de trabajo para abordar el tema referente al caso de la empresa Oceanografía, me permito poner a su consideración los siguientes aspectos.
Como es de su conocimiento, el titular del Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos, acudió a esta instancia para celebrar una reunión de trabajo con los integrantes de esta comisión.
Como ustedes saben, el titular del Órgano Interno de Control, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, depende funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, por lo que la mayoría de lo que expondré a continuación ya fue comentado por el contador público Daniel Ramírez.
La mayoría de las actuaciones, por tanto, de la Secretaría de la Función Pública han sido a través de su Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos.
Es así que el 24 de junio de 2013 se inició una visita de inspección orientada a la evaluación y seguimiento y a la contratación del arrendamiento sin opción a compra de plataformas, incluyendo su mantenimiento integral.
El 29 de agosto se da a conocer a la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, el hallazgo de la visita de inspección que detalla las irregularidades detectadas en nueve contratos a cargo de Oceanografía, en las cuales se identificó que contenían fianzas inferiores a las que correspondían, de acuerdo a lo pactado en los contratos.
El 10 de noviembre, del análisis de la información proporcionada por PEP, el área de auditoría interna del Órgano Interno de Control en esa subsidiaria, determinó que la empresa Oceanografía, en los nueve contratos sustituyó, en diciembre de 2012, las fianzas originales por otras que no garantizaban el 10 por cientos de los montos pendientes por ejercer, al cierre del ejercicio del año de 2012, faltando garantías por el importe total de 5 millones 419 mil.
Como estos contratos son plurianuales, se tiene que ir ajustando cada año el monto de la garantía, por lo que falta de devengar del contrato. Es por eso que se tiene que hacer una revisión cada año, para sustituir las fianzas que van a estar en vigor en el ejercicio.
El 11 de noviembre de 2013 el área de auditoría interna del Órgano Interno de Control dio vista al área de responsabilidades de los hallazgos obtenidos en dicha revisión que, entre otras cosas, evadió los requisitos señalados en la cláusula 31 de nueve contratos, como se ha mencionado anteriormente.
El dos de diciembre de 2013 se dictó acuerdo de inicio de procedimiento disciplinario a la empresa y se generó el oficio respectivo.
El 23 de diciembre de 2013 la empresa presenta su defensa, hace sus alegatos correspondientes y el día 7 de febrero de 2013 se cierra la instrucción correspondiente.
El 10 de febrero de 2014 se dicta resolución en la que se impuso una inhabilitación por el plazo de un año, nueve meses, 12 días y una multa de 24 millones de pesos, notificándose este hecho de inmediato a la empresa.
Cabe mencionar que tanto el Órgano Interno de Control como su servidor, recibimos visitas de directivos de la empresa pidiendo que no se le sancionara. Lo que se les ofreció es que se aplicaría el derecho y se aplicaría la Ley Anticorrupción de contrataciones públicas.
El 11 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sanción que se impuso a esta empresa, misma que surtió efectos al día siguiente de su publicación. Por lo tanto la inhabilitación vence el 24 de noviembre del año de 2015.
Asimismo, ese día se le da conocimiento a la Secretaría de la Función Pública, a fin de que también se registre en el sistema de procedimiento administrativo de sanción a proveedores, a la empresa mencionada, lo cual hicimos dentro de la dependencia.
El mismo 11 de febrero de 2014 se hizo de conocimiento al SAT, a fin de que iniciara el procedimiento económico coactivo de ejecución y procediera a fincar la multa impuesta por 24 millones 31 mil pesos. Como ustedes saben, tanto las sanciones a empresas como a servidores públicos, de acuerdo a la legislación, corresponde al SAT.
Ante esta situación, Oceanografía presentó tres juicios de amparo, en donde uno se sobreseyó, otro no se ha notificado la sentencia que ponga fin a ese juicio de garantía y el tercero impugnó la constitucionalidad de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, misma que se encuentra aún pendiente de la sentencia respectiva.
Derivado de la inhabilitación, se generaron situaciones de tipo legal entre Banamex y Oceanografía, en donde Pemex no tuvo ninguna intervención. Sin embargo, fue relacionado al encontrar documentación apócrifa que supuestamente había sido generada por Pemex, comprobándose posteriormente que no era realidad dicha aseveración.
Como ustedes han tenido conocimiento, peritos de la Procuraduría General de la República han determinado que las estimaciones firmadas aparentemente por servidores públicos de Petróleos Mexicanos, no concuerdan con las firmas de ellos.
¿Cuál era el procedimiento que seguía Oceanografía para allegarse de recursos?
De acuerdo a la normatividad establecida en Petróleos Mexicanos, después de un periodo determinado que ha realizado trabajos la empresa, presenta estimaciones por los trabajos efectuados. Pasa a las áreas administrativas de Petróleos Mexicanos, revisan si esos trabajos enlistados en las estimaciones corresponden con las bitácoras registradas por Petróleos Mexicanos, y se corrigen o se autorizan esos pagos.
Entonces, ya pasa esa estimación para que proceda su pago, dentro de la normativa, dentro de los plazos establecidos.
¿Qué ocurría?
Oceanografía realizaba ese procedimiento normal ante Petróleos Mexicanos y por otro lado se volteaba ante Banamex y tenía un contrato de cesión de derechos. Un contrato de cesión de derechos muy parecido al factoraje; era casi similar, nada más que es una figura que tienen algunos bancos, a parte del factoraje.
Como todos ustedes saben, en los contratos de factoraje lo que se busca es darle liquidez a las empresas derivado de las facturas o contrarecibos que reciben de las empresas.
¿Entonces qué ocurre?
Las empresas, por ejemplo, en el ámbito privado, presentan una factura a Liverpool, a Palacio de Hierro, a cualquier empresa privada y normalmente les pagan en un determinado plazo, 60, 90, 120 días. Entonces el pago está asegurado con la factura, se voltean con una institución de crédito o con una empresa de factoraje, que son las que están legalmente autorizadas a hacer esta operación y les dan recursos y se quedan con la factura y posteriormente la empresa puede acudir a la empresa que tiene que pagar y recibir el dinero.
¿Qué es lo que ocurre aquí?
Se busca dar liquidez a las empresas para que sigan produciendo, para que sigan prestando los servicios que tienen dentro de su objeto social.
Entonces ¿qué ocurría?
Por un lado venían las estimaciones reales de acuerdo a lo que había realizado Oceanografía; y por otro, según la información que tenemos, eran estimaciones donde las firmas no coincidían con los funcionarios de Petróleos Mexicanos.
Estaban a la vista, según la revisión que hizo el Órgano Interno de Control y que hace pocos días se confirma con los peritajes de la Procuraduría General de la República, eran firmas falsas y obtenían recursos del banco.
Aparte había un fideicomiso donde se depositaba una parte de estos recursos y de ahí se iba cobrando el banco.
¿Qué es lo que sucede normalmente en el factoraje?
Tal vez fue una falta de cuidado y por eso se han venido todas estas investigaciones. Normalmente hay una comunicación entre la empresa de factoraje o la institución de crédito y las empresas que son deudoras de estas facturas.
Entonces, hay una comunicación en línea muy directa, lo cual le da certidumbre a la empresa que da el crédito, que da recursos con esta garantía de las facturas.
Normalmente es una operación muy segura, porque si yo tengo una factura por un cien por ciento, yo voy a dar recursos tal vez, dependiendo como esté, en un 80 por ciento, un 90 por ciento de esa factura, y puedo asegurar el pago con una institución crediticia como empresa de factoraje.
Aquí yo creo que no hubo el cuidado debido.
Derivado de la situación señalada con antelación, en relación a las demandas de amparo interpuestas, se generaron 18 juicios de amparo, promovidos por diversas instituciones bancarias y personas morales, en los cuales PEP fue señalada como tercera perjudicada, además de dos juicios de amparo promovidos por PEP en contra de las medidas cautelares dictadas por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que conoce del concurso mercantil.
Además existen 19 juicios civiles y mercantiles interpuestos por Oceanografía y por el SAE en contra de PEP. De estos, en algunos demandan el cumplimiento de contrato y en otro la devolución de penas. Asimismo existen cinco juicios administrativos promovidos por Oceanografía en contra de PEP.
Cabe destacar que el 28 de febrero de 2014 se tenían 39 contratos vigentes con la empresa, de los cuales 31 contaban con cesión de derechos, que es la figura que yo les mencionaba.
Asimismo, en el periodo del primero de marzo al 24 de octubre de 2014, se rescindieron administrativamente 20 contratos y se decidió el término de vigencia de otros 11, por lo que a esta fecha se cuenta con ocho contratos vigentes.
De los ocho contratos vigentes, todos cuentan con cesión de derechos de cobreo, a favor de diversas instituciones bancarias, tres Banamex, uno Invex, tres Banco Autofin y uno el Banco Santander.
Por lo que hace al concurso mercantil en que entró la empresa Oceanografía el nueve de abril de 2014 y la gente del Ministerio Público Federal demandó la declaración del concurso mercantil respecto de esta empresa.
El 14 de abril, el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal autorizó expresamente al SAE como administrador de la empresa en concurso.
El ocho de julio de 2014 el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil dictó sentencia en la cual, a partir de esa fecha, se declaró en concurso mercantil a la empresa oceanografía.
Asimismo, dentro del resolutivo décimo tercero, se determinaron las siguientes medidas cautelares:
Se ordenó a PEP el reintegro de los importes deducidos por penas convencionales, impuestos a Oceanografía del 28 de febrero al 18 de julio de 2014.
Se ordenó a PEP la suspensión en la aplicación de descuentos por dichas penas convencionales, a partir del día 28 de febrero de 2014, con motivo de la ejecución de los contratos pactados.
Se ordenó a PEP abstenerse de iniciar, tramitar y concluir los procedimientos de cobro en contra de la empresa, por aquellas penas convencionales que hubiesen sido impuestas o se encuentren pendientes de aplicar a la concursal.
Asimismo, se ordena a PEP suspenda temporalmente la ejecución del resolutivo 5º de la Resolución dictada el 10 de febrero de 2014, mediante el cual el Órgano Interno de Control resolvió el procedimiento de sanción y administrativa a la empresa, en tanto se tramita el concurso mercantil.
Suspenda temporalmente la aplicación de los artículos 53, inciso d) de la Ley de Pemex; y el artículo 12, fracción IV y V de las Disposiciones Administrativas de Contratación de Pemex, ya cumplida en que Oceanografía pueda participar en licitaciones públicas, asignaciones directas; así como celebrar nuevos contratos, lo que agrava la situación jurídica y financiera de la empresa.
Permita a Oceanografía participar en contrataciones y celebrar contratos con las dependencias, mientras se tramita el procedimiento de concurso mercantil.
Por lo tanto, gírese oficio a PEP, a su Órgano Interno de Control y a la Secretaría de la Función Pública, para que dé cumplimiento a lo antes ordenado y requiérase para que a la brevedad posible, haga del conocimiento de ese órgano jurisdiccional el cumplimiento de las mismas determinaciones.
En atención a lo antes expuesto, el 18 de junio de 2014 se generó comunicación al Director del Diario Oficial de la Federación para dar cumplimiento a la determinación.
De igual forma, se pidió conocimiento a esta Secretaría de la Función Pública para que levante la prohibición en el Sistema de Procedimiento Administrativo de Sanción a Proveedores.
El 21 de junio de este año, el titular del Órgano Interno en PEP generó comunicación al juez tercero de distrito en materia civil, en donde se le participa haber cumplido con la instrucción. No tuvo respuesta hasta la fecha el Órgano Interno, porque ahí también se hizo valer una inconformidad por la generación de dichos acuerdos.
Derivado de lo anterior y con el propósito de salvaguardar los intereses de urbanismo, se promovió demanda de amparo indirecto en contra de la sentencia dictada en el juicio de concurso mercantil. La demanda en cita, se radicó en el Juzgado Decimotercero en materia civil, en esta Ciudad de México.
Con fecha 31 de julio del año en curso, el amparo fue admitido y se concedió la suspensión provisional con relación a los conceptos de violación invocados, los cuales circunscriben a la medida cautelar número 1 del Resolutivo Decimotercero de la Sentencia cuestionada, relativos al reintegro de los importes deducidos por penas convencionales impuestos a la empresa.
La Audiencia Constitucional ya se celebró, se quedó para el 2 de septiembre y ha sido pospuesta.
El 18 de agosto de 2014 se notificó a PEP el acuerdo del 15 de agosto de ese año, mediante el cual el juez tercero de distrito determinó nuevas medidas cautelares en relación con la empresa. Se refirió a PEP para que prorrogue por el plazo contemplado en cada uno de ellos, los plazos de ejecución previstos en los contratos que tenía vigentes la empresa.
El 5 de septiembre de 2014 se promovió nueva demanda de amparo en contra de la medida cautelar, en la que se ordenó a PEP prorrogar los plazos en los nueve contratos.
El 9 de septiembre de este año, en el amparo interpuesto por el organismo, se dictó resolución en la que se concedió la suspensión definitiva a PEP; para el efecto de que no se reintegren las penas convencionales deducidas del 28 de febrero al 8 de julio de este año, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
El 29 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la audiencia incidental, en la que se concedió suspensión definitiva para el efecto de que no se prorrogue por el plazo contemplado en cada uno de los contratos señalados, las medidas precautorias dictadas el 15 de agosto de 2014; así como iniciar-continuar la tramitación y determinar y emitir resoluciones de los procedimientos de recisión administrativa de los contratos y/o convenios; así como de los reclamos y requerimientos de pago derivados de las garantías y/o fianzas otorgadas por la empresa en su carácter de fiador y obligado solidario en la ejecución de contratos y convenios.
En relación a las fianzas presentadas por Oceanografía en montos menores, se procedió a aplicarles procedimiento disciplinario a los servidores públicos encargados de verificar que las fianzas cumplieran con lo pactado; y así, Joel Bermúdez Castro, gerente de Suministros y Servicios Administrativos para Perforación y Servicios a Proyectos, fue destituido e inhabilitado por un año.
Al igual que Luis Ignacio García Mendoza, subgerente de Seguimiento y Control de Contratos, destitución e inhabilitación también por un año.
José Juan Félix Arenas Muñoz, coordinador de Contratos, destitución e inhabilitación por seis meses.
Erick Cabañas Ramírez, coordinador especialista A, destitución e inhabilitación por seis meses.
También se han aplicado penas convencionales, de las cuales se obtuvo la suspensión –como se comentó– por alrededor de 525 millones de pesos.
De 2006 a 2014, se han celebrado con Oceanografía 82 contratos y 94 convenios, por un total de 44 mil 977.26 millones de pesos.
Cabe destacar algo que se ha mencionado mucho en la opinión pública, de la participación que ha tenido esta empresa en Petróleos Mexicanos, desde el año de 2006 hasta la fecha, ha participado en adjudicaciones directas, licitaciones públicas nacionales, licitaciones públicas internacionales, licitaciones públicas internacionales bajo tratados, en 406 ocasiones; de las cuales se han signado contratos en un número de 82. O sea, que de lo que ha participado esta empresa, el 20 por ciento ha logrado una asignación.
Quedaría a las órdenes de ustedes, señoras senadores y señores senadores, para cualquier ampliación o aclaración que estimen conveniente. Y les agradezco mucho su atención.
SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Agradecemos al licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, la intervención y la información que nos ha traído a esta Comisión.
Ahora continuaremos con una ronda de preguntas, y le pediría entonces que haga uso de la voz a la senadora Dolores Padierna.
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bueno, yo había preparado un orden, pero dada la intervención; contador Julián Alfonso Olivas Ugalde, señor contador, la Secretaría a su cargo está en un trance difícil, ya que está en extinción:
La Comisión Anticorrupción no ha nacido, la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades muy limitadas; el Presidente de la República presentó una iniciativa de desaparecer su Secretaría y estamos en el limbo.
El actual Gobierno se ve, ¿verdad?, vamos para dos años, no le interesa atender ni solucionar el grave problema de una corrupción galopante, que ha indignado a la sociedad y que se encuentra allá afuera haciendo marchas, formando ríos de gente, que solicitan un alto a la impunidad.
Una encuesta reciente publicada por el periódico Reforma ayer, ubicó a la Secretaría de la Función Pública, a usted, en el último lugar de calificaciones del Gabinete, con una calificación de 3.6, o sea reprobado. El año pasado obtuvo una calificación también negativa, de 4.2. Está reprobado ante la opinión pública.
La empresa Oceanografía estuvo a punto de la quiebra antes de recibir numerosos contratos de Pemex, durante el sexenio de Vicente Fox. En ese sexenio le llovieron contratos con Pemex por las influencias de los hijos y el hermano de Martha Sahagún.
Tan sólo en 2002, firmó 32 contratos con la paraestatal. Pero para resumir, entre 2002 y 2013, Oceanografía se convirtió en un verdadero emporio, gracias a los contratos de Pemex: era su único cliente.
Pero Pemex maneja recursos públicos, pudiéramos decir que Amado Yáñez se hizo multimillonario con recursos públicos.
Recientemente se han hecho críticas sustentadas al Presidente de la República, por darle más de 50 contratos al Grupo Higa, cuando era gobernador y en los dos años que lleva de Presidente, le ha asignado los mayores contratos multimillonarios, y siguen apareciendo más.
Pues a Oceanografía le dieron centenares de contratos y aunque el titular del Órgano Interno de Control de Pemex diga que en 2013 esa empresa sólo recibió siete contratos; pero ya llevaba centenares, y que solamente le han dado 3 mil millones de pesos en esta Gobierno, y que son un insignificante porcentaje de apenas el 0.02 por ciento.
No sé si 3 mil millones, yo le decía al titular del Órgano Interno de Control que 3 mil millones tal vez a él le parezcan una propina, pero siendo recursos públicos, así fuera 1 peso debiera tener un tratamiento muy diferente.
La Secretaría de la Función Pública, a usted le corresponde prevenir, detectar, evitar y sancionar la corrupción; independientemente de su cuantía, porque son recursos del pueblo de México. Le quiero hacer cuatro preguntas:
Primero, ¿el caso de Oceanografía es sólo importante por su cuantía o por el grado de corrupción que priva en Pemex?, que tiene una maraña de transacciones en donde el beneficio privado se enreda con las decisiones públicas, donde se otorgan contratos a amigos privilegiados, a cambio de gratificaciones a funcionarios.
¿Qué hace la Función Pública para evitar esta corrupción que daña al patrimonio público?
Segundo, el Órgano Interno de Control de Pemex informó haber practicado –fíjese usted– cuatro auditorías a Oceanografía, en ocho años. O sea, aquí mismo se reconoció la ineficiencia y, como bien usted lo dice, el Órgano Interno de Control depende de usted, usted es el jefe de ellos.
Esta ineficiencia de sólo cuatro auditorías a una empresa con un negro historial, en ocho años; bueno, aquí vino a decir que sólo pudo revisar 43 contratos, pero a pesar de ser poquitos, fíjese lo que encontró: detectó pagos en exceso por trabajos no ejecutados; obra no ejecutada; inconsistencias en la presentación de garantías de cumplimiento; montos de garantías inferiores a lo que establece la ley, etcétera.
La Auditoría Superior de la Federación, también por su parte ineficiente, auditó 14 contratos y detectó convenios modificatorios en forma extemporánea; convenios modificatorios sin justificación; falta de aplicación de penalidades; fianzas de cumplimiento no entregadas; pagos realizados sin que se hayan entregado los trabajos o las obras entregadas a la empresa; variaciones en los precios unitarios –por no decir sobreprecios–, etcétera.
¿Cómo pudo mantenerse esta situación por ocho años consecutivos, sin que la Secretaría de la Función Pública hubiera actuado para proteger a Pemex, para evitar el saqueo del erario público?
¿Por qué no actuó oportunamente, si esa es la razón de la Secretaría de la Función Pública?
Usted, contador, estuvo en la Auditoría Superior de la Federación como titular del Departamento Jurídico, conoce muy bien la historia de Oceanografía, la conoce desde Vicente Fox a la fecha y esta historia de decadencia suicidad al interior de Pemex.
Entonces yo le pregunto, ¿por qué no ha podido o no ha querido la Secretaría de la Función Pública combatir la corrupción, este cáncer que aniquila a las instituciones públicas?, y que fue la justificación para la privatización en la Reforma Energética, y producen los peores estragos en la moral pública y en el progreso general de la nación.
Los órganos fiscalizadores de todos tipos y tamaños, resultan inútiles para extirpar la corrupción.
Entrando en materia en lo que usted está mencionando, tres cosas:
Primero, fue la Secretaría de la Función Pública la que en enero de 2014 detonó por enésima vez el fraude o descubrió el fraude descomunal de Oceanografía. Usted sabe muy bien que en 2005 estuvo en idéntica situación que ahora, y fue salvada por las influencias de la familia Fox Sahagún.
Luego, por la corrupción y los incumplimientos, se volvió a hundir esta empresa hasta llegar a este patético cuadro que se dio en las propias narices de los órganos de fiscalización; tanto del Órgano Interno de Control de Pemex como de la Secretaría a su cargo, y la propia Auditoría Superior de la Federación.
En su decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación –que usted está comentando–, donde usted inhabilitó a la empresa por un año, nueve meses, doce días; y le impuso una multa de millones, de 24 millones.
La inhabilitación fue buena, fue buena noticia, pero luego se dejó el expediente a la mitad, a medias; ¿por qué no abrió expedientes en contra de los directamente vinculados en este cuadro que el propio Órgano Interno de Control detectó al menos 50 irregularidades entregados a Oceanografía?
Pero lo principal, a casi un año de la inhabilitación, ¿qué fuerza jurídica tuvo?, porque –como hoy nos está diciendo con la mano en la cintura– la empresa en manos del SAE ya fue borrada del registro de empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública. Y que el juez Consuelo Soto y otros, han ordenado que Oceanografía pueda seguir recibiendo más licitaciones.
Yo esto lo justificaría en una empresa de un historial honesto; de una empresa sana que ha evolucionado con su propio esfuerzo, como hay centenares en México. Que fue un error, fue una conducta excepcional, fue un acto, un fraude único, pero si desde 2002 a la fecha tiene un historial negro, ¿cómo es posible que ahora –de nueva cuenta– se le permita –y ahora peor– con recursos públicos?, porque el SAE es un órgano público del Estado y ahora es el administrador de Oceanografía y todo lo que gasta, los salarios de los funcionarios, todo lo que se está gastando para poder administrar a Oceanografía son recursos públicos.
¿Cómo es que se permiten estas cosas?
Bueno, usted como autor de la mínima sanción, a mí me parece, ¿qué ha hecho para oponerse a esta liberación, a este nuevo saqueo por Oceanografía ahora en manos del SAE?
¿Por qué no defendió a PEMEX para evitar que Oceanografía fuera rehabilitada como si nada hubiera ocurrido?
¿Qué hizo ante los juzgados para evitar que los jueces hagan esto como si nada hubiera pasado?
El propio director de PEP, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, dijo que la pérdida de Oceanografía equivalía a 80 mil barriles diarios. Una pérdida gigantesca. Es evidente que hubo una colusión entre los anteriores directivos de PEMEX para mantener oculto este caso de saqueo patrimonial.
Ahora, yo no creo que solito Yáñez haya falsificado las firmas de 24 ejecutivos bancarios y que el banco, así de buena fe, le dio casi seis mil millones de pesos nuevos con documentos falsificados. Bueno, esas historias, de verdad, que una persona solita lo hizo y que el banco no tuvo nada qué ver y PEMEX ni por enterado se dio, realmente no se puede creer. Insisto, si fuera el único caso sí, pero conociendo el historial de Oceanografía, no.
Termino diciendo, la secretaría que usted encabeza atraviesa por una profunda crisis de percepción y de reprobada calificación frente a la opinión pública. Pero esta opinión es ganada a pulso, esa consideración, porque en lugar de combatir la corrupción, se pacta la impunidad para casos como Oceanografía y muchos más.
Pues, por sus respuestas, gracias.
SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Vamos a agotar la ronda de preguntas. Tiene el uso de la voz el senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI.
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias. Muy buenos días, licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde. Bienvenido a este Senado de la República.
Prácticamente yo tenía aquí previstas cinco preguntas, de las cuales con su intervención prácticamente han contestado cuatro de ellas.
Yo solamente me quisiera referir a algunos señalamientos que hace mi compañera senadora Dolores Padierna, en el sentido de lo que habla, que no es el caso. Se habló aquí de la empresa IGA y de la intervención del tráfico de influencias del presidente y que, aunque no es el caso, yo le quisiera preguntar si el Presidente de la República tiene facultad para celebrar contratos; si el Presidente de la República tiene facultades para asignar obras; si el Presidente de la República tiene la capacidad de definir a quién o a qué empresa o a cuál no se le da un contrato. Digo, porque hay que ser claros.
Tengo entendido –salvo información que usted nos pueda proporcionar en este momento– existen Comités de Asignación de Obra Pública, en el que participa la Secretaría del Ramo, que participa la dependencia a su cargo y organismos de la sociedad civil.
Hay que dejar claro y no tratar de engañar a la sociedad diciendo que el Presidente asigna contratos o hay tráfico de influencias. Si hay algún tipo de acción en la que incurra el Presidente, hay que aportar las pruebas.
Dice la senadora que el día de ayer ríos de gentes se manifestaron en contra de la corrupción del Presidente. Yo tuve la oportunidad de estar presente aquí y según las autoridades marcharon el día de ayer siete mil personas, válido el número, si eso es un río de gente, siete mil personas que –según pude observar yo– demandaban el esclarecimiento del asunto de Ayotzinapa; esclarecer el caso de los 43 desaparecidos. Eso, por lo que pude percibir.
Y también lo que pude percibir fue, en algunos casos, actos violentos que se agredieron a negocios, a personas que no tenían nada que ver, y lo que vimos ayer, por un grupo muy desordenado y con una enorme impunidad, violentaron la marcha que ayer se efectuó aquí en la Ciudad de México.
Por lo anterior, nada más sería, en el caso específico de Oceanografía, preguntarle ¿qué acciones realizó la Secretaría de la Función Pública como consecuencia de las recomendaciones y observaciones respecto de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación antes que detonara el caso Oceanografía y se sancionara a la empresa con la conocida inhabilitación y, por supuesto, con la multa?
Por sus respuestas, muchas gracias, licenciado Olivares.
SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Gracias al senador Jesús Casillas por su participación, y yo solamente quisiera formular tres cuestionamientos.
¿Hay más funcionarios públicos que deban ser sancionados?
La otra es: ¿Considera que hay daño patrimonial para PEMEX?
Y, por último: ¿Qué recursos de impugnación se han presentado en contra de las resoluciones que ha emitido el juez que conoce de este asunto para volver a habilitar a la empresa?
Por sus respuestas, muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el licenciado Julián Alfonso Olivares.
LICENCIADO JULIÁN ALFONSO OLIVARES UGALDE: Muchas gracias. Me referiré, en primer lugar, a lo mencionado por la senadora Padierna.
Senadora, coincido con usted totalmente de que debemos de combatir la corrupción con los elementos que el derecho, las leyes, nos permitan.
En ocasiones, es insuficiente lo que tenemos de facultades para poder perseguir la corrupción como quisiéramos. Yo ya lo he manifestado en la Cámara de Diputados y el día de hoy –si me lo permiten– a la pregunta de la senadora Padierna, le digo que no tenemos todas las facultades en la Secretaría de la Función Pública.
Ojalá, cuando aborden el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, se le otorgue a la dependencia facultades para poder obtener información en materia bursátil, en materia de Sistemas de Ahorro para el Retiro y en materia de sociedades de ahorro y cooperativas, porque actualmente no tenemos esa facultad.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos nos dan facultades en materia bancaria, en materia fiscal, en materia fiduciaria, en materia de seguros, pero nos faltan para poder redondear nuestras investigaciones.
Creo que es una tarea que ustedes podrían analizar y fortalecer a la dependencia, a la instancia, que se determine por ustedes dentro del Control Interno de la Administración Pública Federal para que tenga esas facultades. Creo que así todos podremos cumplir nuestro objetivo de combatir a la corrupción con mejores herramientas.
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Pero Oceanografía era un tema bancario, entonces sí tiene facultades.
LICENCIADO JULIÁN ALFONSO OLIVARES UGALDE: No, de bancario sí, pero es insuficiente para revisar a los servidores públicos. A las empresas no las puedo revisar, senadora; esa no tengo facultad. Yo me refiero a los servidores públicos, por lo que hace a su pregunta de que si no habría gente más involucrada.
Sí, yo creo que pudiera haber gente más involucrada y que se hubiera beneficiado con actos de corrupción; estamos investigando y daremos, en su momento, el resultado de nuestras investigaciones, con esas limitantes que yo apuntaba.
Creo que podremos tener los elementos después de hacer el gran recorrido que tenemos que hacer de todas las instituciones de crédito a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para obtener si hubo movimiento de recursos y también tener las declaraciones de carácter fiscal, a ver si coinciden con lo que nos declararon patrimonialmente.
Otro problema que tenemos, y creo que ahí ya hay una reforma por parte de ustedes como legisladores, y creo que no sería el caso de esta cámara, es el caso de la colegisladora de ustedes, deberían de dar más recursos a los estados para que los registros públicos de la propiedad y del comercio quedaran totalmente digitalizados.
¿Por qué? Porque cada quién tiene su registro y, en muchos casos, todavía el registro es manual.
Lo ideal sería que, nosotros como investigadores y cualquier ciudadano, pudiera en una computadora dar el nombre de cualquier servidor público o de cualquier persona y aparecieran todas sus propiedades en el país. Pero tenemos que ir a cada registro público de la propiedad, buscando más o menos por los antecedentes del servidor público para pedir esa información. Lo ideal sería que todo estuviera digitalizado y eso facilitaría la labor de nosotros.
Por lo que se refiere al Órgano Interno de Control, senadora Padierna, que señala usted que Daniel Ramírez mencionó que hubo cuatro auditorías a Oceanografía, de las cuales se revisaron 43 contratos. Si comparamos como se tiene registrado en Petróleos Mexicanos que hubo 82 contratos, hubo una revisión de más del 50 por ciento de los contratos. O sea, no fue una revisión limitada; finalmente, los temas de auditoría –usted lo sabe bien, porque ha sido miembro de la Comisión de la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados– es por muestreo; no se puede agotar totalmente al 100 por ciento, porque no nos alcanzarían los recursos que tenemos asignados, tanto en la Auditoría Superior como en la Secretaría de la Función pública, como en los Órganos Internos de Control.
Por lo que hace a su pregunta de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación y que también el señor senador hizo referencia a lo mismo, sí se revisaron los 14 contratos –como usted dice– y hubo varias observaciones, varias recomendaciones y un pliego de observaciones por presunto daño patrimonial.
Todas las recomendaciones, todas las observaciones y el pliego de observaciones mismo emitido por la Auditoría Superior de la Federación, fue solventado por este Órgano de Fiscalización, con toda la documentación que le proporcionó Petróleos Mexicanos.
No hay nada pendiente en la Auditoría Superior ni la Auditoría caminó el pliego hacia un procedimiento resarcitorio o hacia una denuncia penal, que son las vías de salida del pliego cuando no se solventa, pero quedó totalmente solventado por esta entidad de fiscalización superior.
Por lo que hace a cómo actuamos. Inmediatamente reaccionamos e instruí al Contralor Interno de PEMEX para que verificáramos las personas que debieron revisar que las fianzas se ajustaran a lo pactado en los contratos que tenía vigentes Oceanografía.
Y así como lo mencioné en la parte final de mi participación del día de hoy ante ustedes, se sancionaron a cuatro servidores públicos y estamos investigando –como le decía yo– el aspecto patrimonial y también algunas intervenciones de los funcionarios que participaron en su relación de Pemex con Oceanografía.
Respecto a la relación que había con el banco Banamex y Petróleos Mexicanos, como yo les comentaba en mi exposición, fueron dos operaciones independientes impulsadas por gente de Oceanografía. Creo que la Procuraduría General de la República está determinando quiénes participaron.
Hay ubicados por parte de Banamex funcionarios que, aparentemente, se coludieron con directivos de Oceanografía y ahí está la situación, hasta el momento, porque hubo falsificación de firmas, no hubo participación de funcionarios de Petróleos Mexicanos.
Cuando el problema nace a partir de la revisión que hicimos a las fianzas, tuvimos el cuidado, y yo les pedí a los funcionarios tanto del Órgano Interno de Control del Corporativo como de PEP, que revisáramos escrupulosamente si había funcionarios coludidos de Pemex para actuar inmediatamente, y el reporte que se nos dio de la revisión que hicimos, es que era una burda falsificación de firmas de los funcionarios de Petróleos Mexicanos. Circunstancia –como lo señalaba– se ha venido a confirmar con los peritajes de la Procuraduría General de la República.
Señalaba usted que la Secretaría quedó en una situación difícil por el transitorio que ustedes aprobaron de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sí es una situación jurídica que se nos presentó, pero desde el inicio de esta administración, el titular del Ejecutivo nos conminó a que siguiéramos ejerciendo todas las facultades que teníamos a nuestro cargo.
Y como ya lo hemos hecho en otros lugares, senadora, quisiera mencionarle que, por lo que hace a este año, al mes de octubre de este año hemos sancionado a 11 mil servidores públicos de la Administración Pública Federal, y llevamos recaudados a través de nuestras acciones de fiscalización, como estas que usted mencionaba; que encontramos que se le pagó de más a un contratista en un momento dado, tiene que reintegrar el dinero; que se le está pagando un precio unitario superior a lo que estaba pagando, tiene que reintegrar el dinero.
Y, entonces, con esos actos de fiscalización que hemos hecho a la Administración Pública Federal y también a los que hacemos a los estados y al Distrito Federal, hemos obtenido 6 mil millones de pesos de recuperación ingresados a la Tesorería de la Federación, que han sido verificados por nuestro Órgano Interno de Control.
Él nos verifica que los recibos, que los descuentos que a veces se la hace a un servidor público porque se le pagó de más, reintegren, se haga el reintegro respectivo.
Entonces, hemos recuperado 6 mil millones y esperamos que al final del año logremos recuperar, en lo que va de la administración actual del Poder Ejecutivo, 7 mil millones de pesos.
Siempre hago una aclaración, que me permitiría comentarla con usted:
Esto no se refiere a las sanciones que se aplican a los servidores públicos. Ese es otro tema que no está involucrado.
Las sanciones a los servidores públicos corresponden al SAT cobrarlas.
Estas que nosotros hacemos, derivados de los actos de fiscalización, nos corresponde verificar que se ingresen a la Tesorería de la Federación, o a las tesorerías de las entidades que tienen patrimonio propio y que el recurso no entra a la Tesorería, solamente las dependencias y órganos desconcentrados, el recurso sí va a la Tesorería de la Federación.
Entonces, creo que la Secretaría está cumpliendo con sus objetivos, a pesar de la limitante del Artículo Transitorio y esa es la responsabilidad a la que nos hemos avocado.
Ojala en un futuro la Secretaría tenga mayores facultades, como mencionaba yo.
Respecto al señor senador Jesús Casillas. Se refería él a las acciones de la Auditoría Superior.
Creo que con lo que comenté de la intervención de la senadora Padierna, creo que ha quedado atendido.
Y por lo que hace al Titular del Ejecutivo Federal, asigna contratos. No; no asigna contratos, no está dentro de sus facultades asignar contratos toda vez que la Presidencia de la República tiene un Oficial Mayor, que es el encargado de llevar toda la contratación de los bienes y servicios, o de la obra pública que requiere la dependencia para su funcionamiento.
Me preguntaba la senadora Lisbeth Hernández si habría más sancionados.
Por el momento no hay más sancionados. En su momento lo daremos a conocer, de las investigaciones que continuamos haciendo y que me refería yo hace un momento.
Me hacía otra pregunta: ¿Hubo daño patrimonial?
Pues sí, sí hubo daño patrimonial, indudablemente; claro que hubo daño patrimonial.
Tan hubo daño patrimonial por el incumplimiento de los contratos que se aplicaron las cláusulas penales por alrededor de más de 500 millones de pesos.
Como todos lo sabemos, perdón, nada más una observación a los senadores: con todo respeto, no soy contador, soy abogado. Hay unos que nos colamos a otras actividades.
Por lo que hace a los contratos, cuando hay un incumplimiento se producen daños y perjuicios al que se le incumple y éstos se pactan previamente en las cláusulas penales para no tenerlos que acreditar en juicio y es lo que se han aplicado las cláusulas penales.
Sí hubo daños y perjuicios obviamente a Petróleos Mexicanos y por eso se le cobraron los 525 millones y por eso el Órgano Interno de Control, yo no emití la resolución, fue el Órgano Interno de Control, y es el que ha interpuesto los recursos, o los amparos contra las resoluciones del Juez Consuelo, que usted mencionaba en su intervención. Y yo coincido con usted:
Nosotros tenemos que defender nuestros actos de autoridad y tenemos que defenderlos con argumentos jurídicos. Y eso es lo que estamos haciendo.
Finalmente, como en todo Estado de Derecho, tendremos que atender la resolución del juez. Pero que hemos dado argumentos jurídicos, creo que sí los hemos dado y los vamos a mantener en nuestros alegatos con las autoridades judiciales del Poder Judicial de la Federación.
Esa es nuestra obligación porque estamos convencidos que las inhabilitaciones y la sanción económica que se le puso a Oceanografía, están apegadas a derecho y lo vamos a defender en los Tribunales. Coincido plenamente con usted.
SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Agradecemos las respuestas al licenciado Julián Alfonso Olivas, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública.
Como segunda ronda, tiene el uso de la palabra el senador Mario Delgado, para que agotemos la reunión.
Gracias.
SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. Bienvenido al Senado.
Cómo quisiera decirle un poco la historia, que las autoridades nos han contado de este tema, las distintas autoridades que han participado en esta Comisión.
En primer término, tuvimos a la Procuraduría General de la República, donde toda su narrativa fue que estábamos ante un asunto entre particulares.
Es decir, un fraude que había cometido una empresa proveedora de PEMEX, en contra de una institución bancaria, a través de la falsificación de documentos.
Y por lo tanto era un asunto que tendría que resolverse entre particulares:
La acción por parte del SAE, por parte de la Procuraduría también, tenía como objetivo resguardar o salvaguardar los empleos que generaba la empresa Oceanografía.
Una atribución pues un tanto polémica respecto de la función del SAE con este objetivo de resguardar los empleos.
Posteriormente vino el SAE y nos señaló que había habido algunos incumplimientos por parte de Oceanografía y había contratos que habían sido incluso cancelados.
Así lo comprobó el Órgano de Control Interno de Parte de Pemex que vino y efectivamente nos dijo que había habido alguna rescisión de contratos por incumplimiento de parte de Oceanografía hacia Pemex.
Por lo tanto, estábamos en un supuesto completamente distinto a tener una historia simplemente de conflicto entre particulares, en el momento en que hubo rescisión de contratos, o incumplimiento por parte de Oceanografía con Pemex, bueno, estamos hablando de que hay un daño patrimonial.
Usted nos acaba de decir aquí que por supuesto que hubo daño patrimonial y por eso se están reclamando 525 millones de pesos. Pero el Contralor Interno de Pemex lo niega.
Aquí tengo la Versión Estenográfica del Contralor Interno de Pemex, donde dice, textualmente: No existe daño patrimonial.
Y que no existiera daño patrimonial pues es una línea de argumentación fundamental para el Gobierno para mantener este caso como un tema entre particulares.
Preguntamos también si Pemex había solicitado ante el Juez que está llevando el caso de Oceanografía, si había hecho algún reclamo Pemex para ser parte de la lista de acreedores que finalmente convalidó el Juez.
Sin embargo, no tenemos información si está o no Pemex en la lista de acreedores y creemos que parte de la responsabilidad de las distintas instancias del gobierno que están participando en esto, pues no es en primear instancia salvar empleos, sino resguardar los recursos públicos.
Entonces no sabemos si hay el reclamo para que en la lista de acreedores, en primer lugar, quien tenga que liquidarse sea algún posible daño o adeudo que haya generado Oceanografía con Pemex y se está reclamando en este juicio, en primera instancia, que se recuperen los recursos públicos.
Sí sabemos, por ejemplo, que el IMSS está registrado dentro de la lista de acreedores, pero no sabemos si está Pemex o no.
Y si es el caso de que existe un daño patrimonial, como usted lo ha señalado, pues entonces tendría que haber responsabilidades de funcionarios públicos, como usted aquí lo ha venido a verificar, pero pues también requeriría de una investigación hacia dentro de Pemex para ver dónde se originan estas ilegalidades que dan origen, o que tienen como resultado un daño patrimonial.
Esto por la argumentación que se ha tenido de tratar de manejar esto como un asunto simplemente entre particulares y que no haya daño patrimonial y por lo tanto no tiene que haber otro tipo de tratamiento a este caso de Oceanografía.
Entonces, pues quisiéramos saber qué otras acciones va a tomar su dependencia, junto con el Órgano de Control Interno y por qué difieren en el punto de vista del daño patrimonial el Órgano de Control Interno y la versión que usted nos dice aquí el día de hoy.
Hay incluso declaraciones del Director de Exploración y Producción, donde señala que el regreso de los contratos de Oceanografía generó una buena cantidad de recursos, de pérdidas, retrasos en producción por parte de Pemex.
Y eso, bueno, debería detonar algún tipo de responsabilidad y debería detonar que el gobierno esté reclamando ante el Juez que en caso de que lo que se vaya a resolver con esta empresa, pues se puedan recuperar esos recursos públicos.
SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Gracias senador Mario Delgado.
Le solicito al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, haga el favor de contestar a sus preguntas.
LICENCIADO JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE: Muy amable por su pregunta, señor senador Delgado.
Señala usted que hay una contradicción entre lo que yo acabo de aseverar y lo que en el pasado hizo el Órgano Interno de Control en Pemex.
Por lo que yo tengo entendido, yo no estuve presente, él se refería al asunto con Banamex, que ahí no había un daño patrimonial para Petróleos Mexicanos, lo cual yo coincido con el Titular del Órgano Interno de Control.
Ahí no hay ningún daño patrimonial para Petróleos Mexicanos porque coincido con lo que han dicho otros servidores públicos, es una relación entre particulares.
Lo que sí, y lo reitero en mi calidad de abogado, como le aclaraba a la senadora Dolores Padierna, en todo contrato donde hay un incumplimiento, sí hay un daño patrimonial, y no sólo un daño, puede haber un perjuicio también.
Y eso ya está pactado en los contratos que se celebran en los formatos que se tienen en Pemex y en toda la Administración Pública Federal.
Por lo tanto, no hay en este momento determinada alguna responsabilidad, porque se aplicaron las penas convencionales que nosotros estamos queriendo mantener y de la que se han presentado amparos respectivos.
Si las penas convencionales no se hubieran aplicado por parte de la administración de PEP, sí podríamos fincar responsabilidades.
Pero toda vez que hay más de 500 millones de penas convencionales aplicadas a Oceanografía, no nos ubicamos aún en ese supuesto por lo que hace a esos contratos.
Pudieran, de nuestras revisiones que tenemos en los planes anuales de auditoría en los programas anuales, podemos encontrar una responsabilidad y la daremos a conocer sin duda, sin duda alguna.
Entonces, creo que Pemex ha hecho los reclamos correspondientes porque el Juez Consuelo determinó que lo que se había sancionado de penas convencionales que ya lo retuvo Petróleos Mexicanos de los pagos que podría hacer en un momento dado, eso que se le regrese a Oceanografía y es a lo que nos estamos oponiendo.
Aquí finalmente las autoridades judiciales tendrán que determinar qué es más importante, si un acto de autoridad como el que emitimos nosotros o el principio de tratar de rehabilitar a una empresa que está quebrada.
Aquí hay dos valores jurídicos muy importantes que se tendrán que determinar por el Juez.
Pero nosotros, reitero, estamos por la legalidad de nuestras actuaciones.
Y si la empresa en cuestión se ubicó en los supuestos de sanción previstos en la Ley Anticorrupción de Contrataciones Públicas, hemos actuado conforme a derecho y lo defenderemos a través de los juicios y los recursos que tengamos a la mano.
Por lo que hace a la lista de acreedores, no es un tema que a mí me corresponda; es un tema de PEP directamente.
Pero senador, le ofrezco investigarlo porque tengo la noticia, no tengo el documento en este momento, por eso no me atrevería, de que sí están inscritas algunas cantidades como acreedores dentro de la Junta de Acreedores que se va a requerir en este procedimiento de concurso mercantil para que sean tomados en cuenta, y de los activos que resulten de la empresa en concurso, se pueda resarcir esas cantidades a PEMEX Exploración y Producción.
Le agradezco mucho nuevamente su intervención.
Y a la Presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía.
Muy amable Presidenta.
SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: Licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y encargado del Despacho:
Agradecemos su presencia y la información compartida a esta Comisión Especial, invitándolo a trabajar coordinadamente con los integrantes de este Órgano Legislativo, a favor de la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Así que no habiendo otro asunto que tratar, queda ya clausurada esta reunión y, siendo las 11 horas con 15 minutos del día 2 de diciembre del año 2014.
Muchas gracias.
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