PARTICIPACIÓN DE LAS SENADORAS ARELY GÓMEZ Y LAURA ANGÉLICA ROJAS, EN EL Panel 1 DE LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA: “HACIA LA APROBACIÓN DE LAS LEYES GENERALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS”.
MAGISTRADO SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR, MODERADOR: Hoy, 12 años después, casi 13, estamos en el seno del Senado de la República, con importantes senadoras para discutir lo que antes era tan sólo una ilusión y estaba tan lejano hace 13 años.
La evolución del Estado Mexicano me parece que es vigorosa, por decir lo menos, respecto a este tema. En derecho comparado, no he encontrado un país que tenga la regulación constitucional de acceso a la información y transparencia, y esa vocación como la tiene el Estado Mexicano.
Tengo el honor de estar entre la señora presidenta de un órgano constitucional autónomo, que tiene la última palabra y que regula y que vigila el cumplimiento de la ley, a todos los poderes y a todos los órganos públicos y de interés público, como son los partidos políticos en la materia en este país.
Y con dos senadoras, que fueron un impulso determinante para la última oleada de esta reforma y para el nombramiento de los propios comisionados.
Hacemos, además, un acto de Federalismo, porque está también el señor presidente que agrupa a los organismos de transparencia de todas las entidades federativas.
Un verdadero honor y un privilegio, estar moderando una Mesa que tiene que ver sobre la aprobación de las leyes generales que desarrollarán, en el plano normativo, la adecuación del mandato constitucional en el que afortunadamente hoy todos estamos.
Honramos además, la propia colaboración informal de poderes, al permitir a un integrante del Poder Judicial de la Federación, con mucho entusiasmo en esta ocasión, tener la oportunidad de moderar a la señora presidenta, a las señoras senadoras y al señor presidente de estos órganos de transparencia.
Me piden que explique la dinámica de la mesa: Tendrán 12 minutos para intervenir cada uno de los ponentes; y me parece que…
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: ¿Dos minutos?
MAGISTRADO SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR, MODERADOR: Sobre ello.
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: ¿Diez o doce?
MAGISTRADO SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR, MODERADOR: Doce minutos. Y me piden, no traje ningún secretario de estudio y cuenta para que dé fe de mi actuar; pero tengo aquí en las tarjetas el hecho de que les pase amablemente una tarjeta a los tres minutos, antes de participar.
Tengo, primero, a la senadora Arely Gómez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac. Maestra en Políticas Comparadas, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Fiscal de la Federación. Fue miembro de la Comisión de la Consultoría Jurídica y Formulación del Programa Educativo. Ejerció como secretaria particular adscrita a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue secretaria particular del señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura.
Trabajó como secretaria general de la Presidencia y Oficial Mayor también de la Corte. Fue titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. Fungió como Jefa de Unidad y Asuntos Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde pudimos disfrutarla muy poco tiempo, pero con mucha intensidad, porque de ahí se fue como senadora de la República, en donde actualmente integra la Junta de Coordinación Política, preside el Comité de Acceso a la Información del propio Senado y es secretaria de las Comisiones de Justicia, de Anticorrupción y de Participación Ciudadana; además de integrar las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.
Doña Arely, un verdadero honor estar con usted. Por favor.
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Magistrado.
Agradezco al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y a su presidenta Ximena Puente, por la invitación a esta Panel, que nos permitirá comunicar los esfuerzos que en el Senado de la República hemos estado haciendo para contar con un marco jurídico que cumpla las expectativas de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia.
Es para mí un gusto también, estar acompañada aquí en este Panel por el doctor Javier Rascado Peña, presidente de la COMAIP; y por la senadora Laura Angélica Rojas, compañera de batalla en el tema de transparencia en el Senado de la República, así como por la doctora Ximena Puente.
Qué mejor que estar moderados por Salvador Nava Gomar, el Magistrado Electoral con, no sólo amplios conocimientos en materia electoral, sino uno de los impulsores de la transparencia en México al integrar el Grupo Oaxaca, como él lo señaló antes.
Eso tiene un significado muy especial el día de hoy, estar aquí con uno de los promotores del Grupo Oaxaca y junto a la imagen de Belisario Domínguez, El senador de la verdad.
Creo que las cosas se presentan el día de hoy para poder hacer un trabajo sólido que consolide el régimen de transparencia a nivel federal y donde se creó el Sistema Nacional de Transparencia.
¿Qué voy a hacer yo el día de hoy? Les voy a comentar la manera que hemos trabajado la redacción de las leyes secundarias y notar algunos temas que considero de mayor relevancia en esta compleja tarea de armonización en normativa, pero primero se debe de señalar que estamos ante un reto sin precedentes.
La reforma constitucional tiene un espíritu reformista ambicioso, que nos ha hecho revalorar temas de fondo, como la función y la naturaleza de las leyes generales como normas jurídicamente relevantes para establecer y distribuir competencias entre las autoridades federales, estatales e incluso municipales, así como la permanencia de las leyes federales que seguirán siendo la norma especial para las autoridades a nivel federal y marco de las funciones del organismo garante en ese ámbito.
Adicionalmente, no sólo tenemos el reto de hacer operativas y congruentes normas relacionadas con el acceso a la información, sino también –y no menos importante– la protección de datos personales, la gestión archivística, que es indispensable para contar con la información, así como temas paralelos, como la rendición de cuentas a través de indicadores de gestión y políticas de apertura gubernamental.
El modelo que estamos diseñando involucra como nunca antes al aparato gubernamental en su conjunto. Los tres poderes de la unión, organismos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, sindicatos que reciben recursos públicos y decomisos públicos, tanto a nivel federal, como local y municipal, serán sujetos obligados y eso implica un rediseño institucional que representará –estoy segura– una revolución de la información y de la gestión gubernamental al servicio del ciudadano.
Insisto, el reto es muy grande y por eso en el Senado de la República nos hemos tomado esta tarea muy en serio. La transparencia y la apertura gubernamental no deben de ser vistas como una concesión del gobierno en turno o del servidor público que actúa con probidad; estamos dotando de contenido al derecho a la información, el derecho a la intimidad, derecho a la libertad de expresión, de prensa, derecho de audiencia, entre muchos otros, que tienen como objetivo el desarrollo del ser humano en su calidad de ciudadano integrante de un grupo social; un grupo social que ha decidido vivir bajo el modelo de un Estado Democrático de Derecho. No olvidemos que estamos ante derechos humanos y obligaciones jurídicamente exigibles.
El objetivo es proporcionar a todos los que habitamos en este país de las herramientas que garanticen el respeto de los derechos humanos, conformando a las instituciones garantes que lo hagan posible.
Pero, entremos en materia. Una vez aprobada la reforma constitucional que haya sido analizada y diseccionada por académicos, especialistas y al interior del Senado, y como lo ha señalado el Magistrado Salvador Nava Gomar, en derecho comparado estamos a la vanguardia como mexicanos.
Pero es evidente que existe una gran cantidad de preguntas respecto de la manera en que se van a ir aterrizando estos temas de los dispositivos constitucionales en la legislación secundaria.
Es por ello que mis amigos, Laura Angélica Rojas y Alejandro Encinas, quien estará con ustedes en la tarde, nos dimos a la tarea de generar un problemario, que es un documento en el que sintetizamos todas estas dudas, que implican la toma de decisiones respecto de modelos, consideraciones y detalles jurídicos que debemos contemplar para que las iniciativas sean de tal manera congruentes, que no den pie a conflictos normativos que limiten el alcance y ejercicio de los derechos que estamos reglamentando.
En total nosotros identificamos 120 cuestiones trascendentes que debíamos resolver antes de entrar de lleno a la redacción de las iniciativas.
Ahora bien, creo que salió una nota donde decía que en el Senado de la República nosotros llevábamos un avance del 80 por ciento. Lo que llevamos es un avance en el 80 por ciento que estamos ya totalmente de acuerdo y nos quedan estos temas que identificamos sobre cuestiones que debemos aterrizar antes de entrar de lleno a la redacción de la iniciativa.
Celebro que el día de hoy nos haya entregado el IFAI, así como con el aval de la COMAIP, sus iniciativas en cuanto a la Ley General de Transparencia y a la Ley General de Protección, ya que serán iniciativas que serán analizadas en su conjunto, junto con todas las demás iniciativas que ya hemos recibido inclusive por el Comisionado Guerra Ford, por el Comisionado Peña Monterrey, por la COMAIP, en fin, por varios otros actores, inclusive varios de los aspirantes a ser comisionados del IFAI nos hicieron llegar.
Todo eso se ha vertido en una matriz donde se incorporará esta iniciativa y en la cual estaremos trabajando.
Voy a exponer cinco de los temas que considero más relevantes para el objetivo de que podemos ir generando un debate que nos permita contraponer todas las alternativas y decidir por el mejor modelo.
El primer tema es el relacionado con las leyes que debemos crear y las que debemos reformar.
Lo primero que hicimos es la reforma constitucional es clara y faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales, así como en materia de archivos, pero actualmente a nivel federal contamos con tres leyes relacionadas con los mismos temas.
Es importante señalar que también la reforma constitucional establece la permanencia de las leyes federales, como normas especiales en el ámbito federal, por lo que por técnica legislativa deberemos contemplar al mismo tiempo la creación de las leyes generales y la reforma de las federales, para que tengan congruencia jerárquica.
Adicionalmente el texto constitucional señala de separar las competencias en materia de datos personales en otro organismo, lo cual, por el momento, pensamos que no debería ocurrir para darle solidez y continuidad al trabajo que ha ido desarrollando el IFAI en la materia.
Es así que hemos empezado a trabajar en la expedición de leyes generales en las materias antes señaladas y contemplaremos todas las reformas para lograr la armonización en las leyes federales, incluso aquellas relacionadas con los otros poderes, que serán los sujetos obligados, como son Ley Orgánica del Tribunal del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión
El segundo tema es el tema relacionado con los sujetos obligados. Durante la dictaminación de la reforma constitucional fue uno de los grandes debates al interior de las comisiones.
La pregunta que nos hacíamos en aquél entonces era si deberíamos enlistar a cada uno de los sujetos o por el contrario, únicamente señalar una fórmula genérica que permitiera identificar, sin lugar a interpretaciones, quién estaría obligado a cumplir con las normas en materia de transparencia.
Decidimos usar una fórmula mixta, artículo sexto, inciso a), fracción primera, que por un lado enlista a los sujetos obligados, que estarán obligados a cumplir estas leyes y por otro, se dejó una última parte para aquellos sujetos que sólo en la medida en que reciben recursos públicos estarán, estarán obligados a transparentar su información al público en general.
En este último caso, se encuentran los sindicatos, así como las personas físicas o morales que reciban recursos públicos.
Este será un tema en el que pondremos especial cuidado al momento de la redacción de los alcances y responsabilidades que deberán cumplir estos sujetos, pues de no hacerlo podríamos estar invadiendo derechos de los particulares, o imponiendo reglas que en la práctica no serían operativas.
Para nosotros, es de suma importancia dejar claro que el ejercicio de un derecho no puede hacer uso usado para afectar o violar la garantía de otro, y en ese sentido deberemos salvaguardar, en todo momento, el derecho de los particulares de acudir ante las instancias administrativas y judiciales necesarias, para defender sus derechos.
Establecer obligaciones generales para todos los sujetos obligados y especiales para aquellos que por su naturaleza lo requieran, será una tarea que haremos, escuchando a todos los involucrados en el ámbito federal, pero también a nivel local.
Sólo así garantizaremos la operatividad de la ley y no quede en letra muerta.
El tercer tema, es sobre el sistema INFOMEX y portales de Transparencia:
Uno de los grandes éxitos del IFAI y de los organismos garantes locales, ha sido la implementación del sistema electrónico que facilita al ciudadano la tarea de preguntar al Gobierno y acceder a la información pública.
Adicionalmente a este sistema, los portales de obligación de transparencia a nivel federal denominados POT, han sido especialmente útiles para presentar la información que los ciudadanos generalmente requieren al Gobierno de manera proactiva, ahorrando tiempos, así como recursos materiales y humanos.
Es por ello que atendiendo a este antecedente, señalaremos claramente en las leyes generales la distribución de atribuciones y competencias que permitan homologar los sistemas de solicitudes de información en todo el país y establecer plataformas homogéneas que presenten las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados.
Una sola cuenta y un solo clic de distancia, deberán permitir al ciudadano acceder a la información gubernamental de todos y cada uno de los sujetos obligados.
Se está acotando mi tiempo, así que nada más les menciono que el cuarto tema tiene que ver con la facultad de atracción y recurso de última instancia.
Y, también, el quinto tema, es que lo considero de suma importancia y espero pueda ser tratado, es comentar sobre el papel sancionador de los organismos garantes.
Con estos cinco temas que me he permitido enunciar y desarrollar tres de ellos, me parece que es clara la complejidad normativa a la que nos enfrentamos, pero también y más importante, contar con un marco jurídico que sea congruente, funcional y jurídicamente aplicable.
No me queda más que felicitar de nueva cuenta al IFAI por esta Semana Nacional de Transparencia, y poner en el centro del debate la labor legislativa hacia la aprobación de este marco jurídico.
Lo que estamos haciendo es generar el marco para fortalecer los principios de una democracia participativa, en la que el ciudadano sea el actor principal en la toma de decisiones.
Así, todas y todos los mexicanos, somos parte de la transformación del país.
Muchas gracias.
PRESENTADOR: Muchísimas gracias senadora Gómez, querida Arely.
Bien. Dices que están frente a un reto sin precedentes; que ya hay todos los insumos para aterrizar ese proyecto que arranca, muy bien, me parece con un problemario de 20 cuestiones que suma del propio proyecto, que sumará el propio proyecto del IFAI y de la COMAIP y que reduce muy bien en cinco temas la señora senadora.
Habla de involucrar a todo el aparato gubernamental y estatal. Esa es la tarea y el tamaño del reto y el objetivo, me parece muy importante, es tener al ciudadano como centro en tanto ser humano, a partir del respeto a los propios derechos humanos.
Cierra muy bien diciendo y recalcando la complejidad normativa del reto que tienen por delante, y del desarrollo legislativo o normativo que harán del propio mandato constitucional para expandir la propia fuerza normativa de la Constitución, como sucede en un Estado Constitucional.
Muchísimas gracias.
Tengo el placer de presentar a la señora senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, e integra las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en el Senado de la República.
La señora senadora estudió Ciencias Políticas y Administración Pública, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM; y es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, por la misma Universidad.
Es articulista –como sabemos– del diario Excélsior, y autora del libro “Pensar a México”, editado por la Fundación Rafael Preciado Hernández, en 2012.
En 2003 fue regidora del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz y en 2006, diputada federal.
Actualmente, como decía, preside la Comisión de Relaciones Exteriores, y es delegada ante la Unión Interparlamentaria, la Organización Mundial de Legisladores contra la Corrupción y la Organización Mundial de Legisladores por un Medio Ambiente Equilibrado.
Señora senadora, muchísimas gracias. Muy bienvenida.
SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias. Muy buenos días a todos y a todas.
En primer lugar, agradecer al IFAI, a su presidenta, Ximena Puente, por la invitación a participar en este importante panel sobre la Legislación Secundaria en materia de Transparencia, en la que estamos trabajando en el Senado. Muchas gracias, Ximena.
Yo quisiera también saludar a todos los demás miembros de este panel y agradecer la moderación de Salvador Nava. Muchas gracias.
En primer lugar, quisiera resaltar la importancia que tiene que esta Semana Nacional de la Transparencia esté siendo llevada a cabo aquí en el Senado de la República. Es de verdad muy significativo.
Como senadora, me siento honrada de que se haya elegido la sede del Senado para llevar a cabo esta Semana; porque es una expresión del trabajo conjunto que hemos estado llevando a cabo desde hace dos años, prácticamente, que empezamos esta Legislatura, el IFAI, los órganos garantes de acceso a la información pública en los estados representados por la COMAI.
Y también una serie de organizaciones de la sociedad civil y de académicos, que realmente nos hemos constituido como una comunidad, ya hasta amigos somos; y que hemos podido hacer juntos, junto con la Cámara de Diputados también, que aquí saludo a mi compañera diputada Betsy Yáñez, del PAN.
Por supuesto, entre todos hemos podido crear lo que es, sin duda –como ya lo ha comentado la senadora Gómez– esta reforma sin precedentes en materia de transparencia; y que nos ha puesto a la vanguardia.
Hace apenas una semana, tuvimos la oportunidad de ser invitadas por la Comisión Europea la senadora Arely y yo, a un viaje de estudios, en el que pudimos comparar específicamente en la legislación española en materia de transparencia y acceso a la información pública; y también lo relativo al Parlamento Europeo en esa materia, y pudimos constatar con enrome orgullo que México está a la vanguardia en esta materia.
Y por supuesto, ahora el enorme reto que tenemos, después de haber aprobado la Reforma Constitucional, es concretar en las Leyes Secundarias, en efecto, esta ampliación y fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, de protección de datos personales y de archivos en nuestro país.
Quisiera, brevemente, hacer una remembranza de lo que significaron las dos anteriores reformas. La del 2002 y la reforma constitucional de 2007, constituyeron un parteaguas en el ejercicio de este derecho.
Sin embargo, a pesar de esta normativa, persistieron enclaves de opacidad en distintos poderes y ámbitos; espacios para libre interpretación de algunas normas que aplicaban de forma restrictiva el derecho de acceso a la información; además de una diversidad legislativa en el ámbito local, que generó muchas diferencias en el ejercicio del derecho, por ejemplo en los plazos, en los procedimientos de acceso y medios de impugnación; en las causas de clasificación o de reserva de la información, y en los portales de transparencia de los sujetos obligados.
El mismo derecho se garantizaba de distinta forma, en los distintos territorios de nuestro país.
La reforma de 2014 homologó instituciones y criterios, promueve la transparencia en todas las instituciones y en todos los ámbitos donde se ejercen recursos públicos y da plenas garantías a los ciudadanos para el ejercicio del derecho a la información.
Y, por supuesto, aquí cabe resaltar, como siempre se hace, el hecho inédito sin precedentes de que pudimos incluir como sujetos obligados directos a los sindicatos, a los partidos políticos y, por supuesto también, al Poder Legislativo y al Poder Judicial.
Sin embargo, la reforma constitucional de 2014 no es un punto de llegada, no cierra las transformaciones legales en la materia sino que abre nuevas perspectivas, nuevos desafíos y también nuevas incertidumbres.
Si bien México ha pasado de ser uno de los países más opacos a uno de los más transparentes, al menos en el marco legislativo que aún, insisto, falta por concretarse en la legislación, y en ello ha habido un gran aprendizaje.
También es cierto que hay nuevas formas de simulación y barreras que impiden un avance mayor. Por ejemplo, la creciente declaratoria de inexistencia de información o sus reservas sin motivos fundados. Ello demuestra que falta aún mucho camino por recorrer para que realmente este derecho se haga cultura, tanto en los ciudadanos como en los servidores públicos.
Y bueno, ahora tenemos el desafío de desarrollar en las leyes generales los principios, bases generales y procedimientos establecidos en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Yo me voy a permitir hablar específicamente sobre cada una de las tres leyes, principalmente la de Derecho y Acceso a la Información Pública y la de Datos, sobre algunas cuestiones puntuales que tendremos que desarrollar en cada una de ellas.
En primer lugar, en la ley de acceso se deberá prever el principio de publicidad, por el cual toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismo autónomo, partido político, fideicomiso y fondos públicos, así como de persona moral, física o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, será accesible de manera permanente a cualquier persona y sólo podrá ser reservada por excepción y de manera temporal por razones de interés público, así como en los casos de información confidencial en los términos y condiciones que establezca cada ley.
Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, se considerará un bien de dominio público accesible a cualquier persona.
En segundo lugar, las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información, de conformidad con los principios de máxima publicidad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Algo muy importante es que los sujetos obligados deberán documentar todos los actos que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
Los sujetos obligados de la federación, de los estados y del Distrito Federal, a fin de transparentar su actuación, deberán poner a disposición del público a través de Internet, sin que medie solicitud, con excepción de la información reservada o confidencial como mínimo la información básica fundamental o de relevancia institucional. Ello con el fin de promover la transparencia proactiva.
Eso, realmente me quiero detener aquí porque va a ser un reto enorme, porque tendremos que identificar esta información básica que tendrá que ser publicitada por cada uno de los sujetos obligados y tiene que ser tratado de manera diferenciada. No va a ser lo mismo un sindicato que un fideicomiso, que una ONG, etcétera. Cada uno de los sujetos obligados tendrá que tener un tratamiento distinto en esta base mínima.
Y por supuesto, sobre el Poder Legislativo, algo que hemos reflexionado mucho es que si bien el acceso a la información sobre los recursos públicos es un asunto que llama mucho la atención y que es muy relevante, es aún más relevante –desde mi punto de vista– que se transparente la información sobre los procesos de toma de decisiones que se llevan a cabo en las cámaras y también en el Poder Judicial, porque esa información es fundamental para entender por qué y cómo se toman estas decisiones que afectan a millones de mexicanos. Ese es solamente un ejemplo sobre el reto que tenemos.
En el Poder Legislativo, por ejemplo, el que estén en tiempo real prácticamente los dictámenes que se van a estar discutiendo en las comisiones, por lo menos tendrían que estar siendo publicados al mismo tiempo que nos son entregados por las mesas directivas de las comisiones a los legisladores esos dictámenes, por poner un ejemplo.
La información pública de oficio se deberá sujetar a determinados criterios, entre los que se encuentran accesibilidad, actualización, consulta, datos abiertos, difusión, especificidad, oportunidad, sencillez y claridad, uniformidad y verificación
Se deberán establecer obligaciones de transparencia comunes para todos los sujetos obligados, así como específicas para determinados sujetos obligados, como es el caso de obligaciones específicas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las autoridades electorales, obligaciones de transparencia a cargo de los partidos políticos, de las comisiones de derechos humanos, de las universidades públicas, instituciones de educación superior, obligaciones específicas de los órganos garantes de transparencia, de los municipios, de los estados y de los órganos político-administrativos del Distrito Federal, así como la de fideicomisos y fondos públicos.
Se deberá regular la denuncia por incumplimiento a las obligaciones sobre la información pública de oficio, que deberán establecer disposiciones específicas que regulen la vigilancia y verificación de la información pública de oficio y también se deberá prever la regulación para la clasificación y desclasificación de la información reservada y confidencial que prevea la prueba de daño y la prueba de interés público, la regulación de la información.
Un breve comentario sobre la Ley de Datos, porque ya también se me está acabando el tiempo.
En esta materia, desde mi punto de vista, debemos diseñar una Ley General de Protección de Datos Personales que establecerá las bases de coordinación entre la federación, los estados y los municipios, lo que permitirá la armonización de los principios en el ejercicio del derecho en la protección de datos personales en el país, así como la estandarización sobre los alcances de los derechos arco dentro de la protección de datos personales.
También se tiene que prever la creación del Sistema Nacional de Protección de Datos Personal, que se encargaría de generar una política pública integra.
La heterogeneidad en el tratamiento de los datos será un tema también muy importante.
Finalmente, en materia de archivos la ley deberá establecer nuevamente los mecanismos para que los sujetos obligados generen y conserven la información que en un momento dado les pueda ser requerida.
Quiero terminar, por supuesto, concluyendo, reiterando el compromiso del Grupo Parlamentario del PAN, como lo hemos hecho siempre, para tener un diálogo abierto y construir junto con académicos, organizaciones de la sociedad civil y el propio IFAI, la redacción de estas leyes que en conjunto con la senadora Arely Gómez y el senador Alejandro Encinas y otros senadores que se puedan ir incluyendo en el camino, pues estaremos trabajando en este grupo redactor que ya se ha comentado bastante que hemos recientemente creado.
Así es que ahí está la disposición, el compromiso de seguir caminando de la mano Poder Legislativo, senadores, diputados, IFAI, órganos garantes, académicos, jueces, en general esta comunidad que hemos conformado.
Muchísimas gracias.
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