Senado de la República

Para qué es la Reforma Energética. Reforma Energética para qué. Ha quedado claro que no es para abaratar las tarifas de la luz, ni abaratar las tarifas del gas, ni mucho menos el precio de la gasolina.

Pero es claro también que no es esta Reforma, una Reforma para combatir la pobreza. Que no es esta Reforma, una Reforma para utilizar el patrimonio energético de los mexicanos para superar la brecha de desigualdad que día con día crece más en nuestro país.

No es para generar empleos. Esta Reforma, lo está dejando muy claro, no es para favorecer ni a los mexicanos, ni a la economía de nuestra Nación. Entonces para qué es esta Reforma. Y esa es la pregunta fundamental que no se ha logrado responder.

Están por aprobar, en los próximos días, los legisladores del PAN, del PRI, del Partido Verde, una apertura total, que como lo dijera hace unos días el ex Presidente Ernesto Zedillo, un promotor del liberalismo económico por donde se le quiera ver, ni en sus más salvajes sueños había imaginado.

Lo que en el PRD hemos analizado de esta Reforma y de este primer Dictamen, es que en primer término no garantiza la seguridad energética nacional para las próximas generaciones de mexicanos y lo que se está privilegiando es la entrega de los hidrocarburos a la iniciativa privada nacional y extranjera, lo que se confirma claramente con este pre Dictamen de la Ley de Hidrocarburos y también con el pre Dictamen de la Ley de Inversión Extranjera.

No se asegura un suministro oportuno y suficiente de energéticos, ni mucho menos se asegura la disminución de precios de la electricidad, gas y las gasolinas, como ha querido insistir la publicidad oficial.

Por el contrario, se pretende mantener el esquema de los gasolinazos hasta el año 2019, no obstante que ya nuestra gasolina es más cara en poco más del seis por ciento que la gasolina en los Estados Unidos.

Y asimismo elimina los subsidios del consumo eléctrico, lo que inevitablemente hará subir las tarifas en los próximos años. Si creen lo contrario, por favor explíquenos cómo al eliminar los subsidios se van a lograr unas tarifas más bajas o, si se tiene una plena confianza de que la CFE al momento de ir a competir, va a lograr realmente tener una oferta diferenciada que no vaya en contra de la lógica de poner precios más bajos que sus costos.

El modelo energético que propone el gobierno federal tiene como objetivo central una mayor captura de recursos fiscales, manteniendo la petrolización de las finanzas públicas, pero ha quedado demostrado que gastamos mal, gastamos sin crecer y entonces aparece nuevamente la pregunta: ¿reforma energética, para qué?

Petróleos Mexicanos y la Comisión nacional de Electricidad se reducen a empresas del sector con una mínima expresión que facilita el usufructo de los recursos energéticos a las compañías extranjeras. No hay alivio fiscal para PEMEX y tampoco s ele otorga autonomía presupuestal.

En suma, lo que es, es la reforma de la apertura a los capitales extranjeros y a los capitales privados y la reforma de la claudicación y de la entrega de nuestros recursos, bajo un esquema y bajo una esperanza de que así se va a generar mayor riqueza y que de manera mágica se va a distribuir de manera eficiente.

Es una esperanza tan gastada como inútil y eso está en evidencia en muchos modelos similares de apertura.

Quienes promueven y seguramente terminarán aprobando esta reforma esperan que, producto de esta legislación, venga la inversión extranjera, que se exploten intensivamente nuestros recursos, sin importar que no exista una política energéticamente sustentable, y que producto de esta explotación indiscriminada, pues algo quede para el Estado Mexicano y para que el gobierno pueda después administrarlo de manera eficiente y poder impulsar lo que ha quedado dicho nada más como bienestar o como prosperidad para los mexicanos, sin explicar cómo esta reforma transforma la lógicas rentistas del gobierno de la República, para generar una eficiente redistribución del ingreso.

Yo no lo he encontrado en ninguno de los dictámenes, ojalá alguno de los senadores pueda explicármelos.

Están esperanzados totalmente en la regla de que las leyes de mercado nos harán progresar y ese es el problema de fondo de este paquete de leyes secundarias.

Me parece que en este debate hay que dejar claro que esa lógica va  al fracaso, La apertura al capital, al capitalismo patrimonial, es un modelo económico que lo único que impulsa es la  desigualdad y déjenme decírselos: no lo estoy diciendo yo, es una discusión que en este momento está instalada en absolutamente todos los foros económicos del mundo.

Déjenme recomendarles esta publicación del autor economista francés Thomas Dicketi, que seguramente muchos de ustedes revisan los periódicos internacionales el New York Times, el Economist el Washington Post, y en todos ellos se está hablando de esta publicación.

Y esa publicación llamada “El Capital en el Siglo XXI” demuestra que no hay una tendencia natural hacia la disminución de la desigualdad en el capitalismo y descubre que el factor decisivo que impulsa esta desigualdad no es tanto la acumulación del capital, como lo quiere hacer ver esta reforma, sino el masivo crecimiento de los patrimonios heredados y los elevadísimos niveles de ingreso que reciben los cuadros dirigentes de las grandes empresas.

Luego de la crisis del 2008, hay una lógica en todo el mundo, salvo en México, de retorno al Estado social, un estado social que aparece como garante de la redistribución en una lógica de derechos para los ciudadanos y sobre todo de principios y acceso equitativo a los bienes mínimos.

¿Cuáles son uno de esos bienes?, el acceso a energías baratas.

Hace unos días, el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en noviembre del 2013 pero también en mayo pasado, criticó justamente las altas compensaciones económicas que paga Repsol a su dirección, aun cuando sus accionistas no perciben ganancia alguna. Y eso es lo que se viene a hacer a México, con la llegada no regulada de estos capitales extranjeros y el surgimiento de empresas petroleras privadas, que traerán consigo esos y muchos otros males.

Si me permite un minuto más, y termino mi alocución.

La regla de que con más capital y con más inversión extranjera en México, en la industria petrolera, nuestros problemas van a terminar, es un espejismo, pues mucho antes de que los beneficios lleguen a los bolsillos de los mexicanos, van a tener que haber garantizado las ganancias de los capitales extranjeros.

Y además, tendríamos que pensar que esto va a ocurrir, siempre y cuando no haya corrupción, no hayan malas decisiones, no hayan malos manejos, no hayan desastres naturales, no hayan contingencias y, por supuesto, que no hayan fluctuaciones del precio del crudo.

Si esto ocurre, y después de pagar las garantías a los capitales extranjeros, entonces ya va a haber beneficios para los mexicanos.

Es una mala decisión. Inversión podrá haber, pero disminución de la desigualdad y de la pobreza en México bajo este esquema, ténganlo ustedes por seguro que no habrá.

Y afortunadamente, espero que nos podamos reunir en 10 años los senadores que votemos el día de hoy, y pongamos a prueba qué es lo que ha pasado después de lo que ustedes están a punto de aprobar.

Entonces, yo sólo les quiero repetir: ¿Reforma Energética para qué?, compañeras y compañeros, aquí vamos a poner en primer lugar nosotros, desde la bancada del PRD; y seguramente los senadores de la izquierda, en primer lugar los intereses de los mexicanos, al combate a la pobreza y al combate a la superación de la desigualdad. Para eso debería estarse discutiendo una Reforma Energética en nuestro país.

Estamos haciendo todo lo contrario. Es hora de los argumentos y de las explicaciones; la pregunta queda de su lado, ¿Reforma Energética para qué?

Muchas gracias.

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, senador.

El senador Fernando Mayans, en contra, hasta por 10 minutos, si es tan amable.

SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Yo por eso me voy a dirigir al pueblo de México, a mis representados, porque aquí estoy seguro que no vamos a lograr convencer a nadie ni cambiarle una coma a los dictámenes, elaborados en el extranjero, y más que los empleados de los gobiernos extranjeros no van a permitir que hagamos algunos cambios.

La idea era construir este documento que les quiero compartir a todos los que nos están viendo en la televisión, en la radio, y a ver si los medios de comunicación pueden extender y poderle dar difusión a lo que estamos diciendo el día de hoy aquí.

Le pido al Presidente, que el pueblo de Tabasco sigue esperando la disculpa por su actitud con un léxico prosaico en el estado de Tabasco. Como representante de mi pueblo, se lo he solicitado, es la cuarta ocasión que se lo pido. Y le pido tolerancia con el tiempo, dado que voy a tratar en la primera ronda, de explicarle al pueblo que merece todo nuestro respeto y nuestra admiración, el pueblo mexicano inteligente y valiente, que me honra mucho ser parte de él; y no pertenecer ni servirle a los extranjeros.

El dictamen que ponen a nuestra consideración las Juntas Directivas de estas Comisiones unidas en matrimonio, de Energía y de Estudios Legislativos, constituye el entramado fino del desmantelamiento de nuestra industria energética nacional y de la entrega y despojo de nuestros recursos energéticos, que engañosamente se sigue presentando como “estratégicos”.

La pregunta inicial es: ¿para quién son estratégicos?; ¿para la nación que cederá su explotación, usufructo y comercialización o para los interese hegemónicos de empresas trasnacionales siempre ávidas de la expansión de su poderío económico y financiero, impacientes por disfrutar de las jugosas ganancias que obtendrán con contratos, permisos y autorizaciones en complejidad con grupo de mexicanos que ya deben de tener el bolsillo lleno de dinero? La lana antes que otra cosa.

Aquí el himno y la bandera nacional no existen.

El proyecto de ley de hidrocarburos que pretende aprobarse apresuradamente –ya ven que el relojito ese camina rápido, hay prisa por los negocios– conforman el marco jurídico a través del cual el Estado Mexicano renuncia a ejercer su rectoría y control exclusivo sobre los recursos energéticos de la nación en detrimento de la soberanía y del pacto federal.

El proyecto involucra múltiples y complejos temas ordenados en disposiciones cuyo estudio riguroso confirma que van más allá del orden constitucional y del marco jurídico internacional en sus alcances e implicaciones.

A veces para el pueblo de México es difícil comprender esto; solamente los genios que existen aquí, que en tres minutos por osmosis ya leyeron y aprobaron todo; sin embargo, esto es como el caballo del aguador.  Así quieren tener al pueblo de México, como el caballo del aguador: cargado de agua y muerto de sed. Así van a ver que nos van a estar teniendo.

Por lo que, de aprobarse, generará grandes conflictos en el orden económico y social y causará una severa afectación al régimen de garantías que protege y salvaguarda los derechos fundamentales y humanos de la población.

El proyecto de dictamen concibe la industria de hidrocarburos bajo una visión puramente mercantilista, con lo que abandona en definitiva el carácter de responsabilidad social al que están obligados constitucionalmente los sectores públicos y privados para contribuir al desarrollo económico nacional.

Lejos de que este proyecto establezca los mecanismos para propiciar y facilitar la organización y la expansión de la actividad económica de los sectores sociales, los ejidos, las organizaciones cooperativas y comunidades desalienta y desiste en todas y cada una de sus partes a la implementación de una verdadera política nacional de desarrollo industrial sustentable en materia energética.

Presidente, el reloj, es que no puedo leer así ni explicarme porque nadie presta atención. Yo sé que no les interesa lo que yo diga, pero estamos hablando con el pueblo de México que merece todo el respeto de esta “disque” Cámara de Senadores.

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Permítame, senador. Les ruego a los presentes poner atención al orador.

SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Sí, senador Penchyna, deje un poco el celular a un lado, tanto mensajito, eso también distrae.

Decía –sí tomó en cuenta el cronómetro, por eso se lastimó el cuello– desalienta y desisten todas y cada una de sus partes a la implementación de una verdadera política nacional de desarrollo industrial sustentable en materia energética que garantice la explotación y un uso de nuestros hidrocarburos y otros recursos, como el agua, en beneficio general de comunidades, pueblos y de la conservación y protección del medio ambiente.

En pocas palabras, que contribuya a los fines del proyecto nacional soberano y sustentable que el país urgentemente reclama.

En contraste con las expectativas de que se generarán más empleos y que bajarán… Pues otra vez, mira, parece aquí un mercado público Presidente, tanta gente que entra, no hay orden. Así no se puede ni menos discutir, no se puede ni leer, hombre. Es un verdadero chiquero esto.

SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS: No estamos de acuerdo senador.

SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL: Estamos de acuerdo y dígaselo al Pueblo de México, senador Orihuela, que no está usted de acuerdo, que el Pueblo vale lo que ustedes piensan.

SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS: No estamos de acuerdo.

SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL: Pues no se puede leer. En contraste con las expectativas de que se generarán más empleos y que bajarán los precios de las tarifas del gas y la electricidad para alentar el desarrollo y crecimientos económicos, se propician las condiciones para el desmantelamiento de las últimas y más grandes empresas públicas de nuestro país como es PEMEX y CFE.

Nos encontramos ante el preámbulo de un proceso inusitado y altamente riesgoso de innumerables afectaciones económicas, sociales y ambientales.

Punto número uno. El desmantelamiento de PEMEX y derechos laborales. Ojo trabajadores de PEMEX.

En el llamado rubro de incentivos para mantener capital humano en PEMEX, se argumenta que la Reforma Energética flexibilice el marco jurídico de PEMEX con la finalidad de que pueda competir con otras empresas, concretamente a través de la eliminación de restricciones de derechos administrativos y de que esta forma pueda ofrecer incentivos y retribuciones competitivas a sus empleados, con el fin de retener su talento actual y atraer al nuevo.

¿De qué forma; de qué forma, Pueblo de México, va a generar dichos incentivos y al mismo tiempo respetar los derechos laborales en sus trabajadores?

¿Otra pregunta: ¿Cómo se va a fortalecer a PEMEX para mantener o retener a sus trabajadores sin conculcar sus derechos?

¿En qué parte del cuerpo del Dictamen está prevista la estrategia o esquema que garantice y brinde certeza jurídica a los trabajadores?

Porque lo que encontramos en el Dictamen es efectivamente la flexibilización de todo el marco jurídico, que más que consolidar a PEMEX como agente central de la industria petrolera, propiciará su desmantelamiento gradual, junto con la Comisión Federal de Electricidad, al ser transformadas en empresas productivas del Estado.

Esta conversión prevista en el Dictamen, no trae aparejada una propuesta de regulación precisa, concreta, relativa a garantizar el respeto de los derechos humanos laborales, de seguridad social y del pago efectivo y cierto de pensiones y jubilaciones de los trabajadores de ambas empresas estatales. Y parece que los trabajadores de PEMEX están con los brazos cruzados, durmiendo en la hamaca.

Basta recordar otras reformas emprendidas y enmarcadas en estas políticas privatizadoras de áreas estratégicas que han entrañado grandes violaciones y conculcación de los derechos laborales más elementales, entre ellos el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.

Segundo párrafo. Afectación y despojo de tierras. Óiganlo campesinos mexicanos, trabajadores, dueños de ejidos, de ranchos en todo el país; mucho ojo.

El Dictamen a consideración, no sólo trastoca el principio de la rectoría en el Estado que constitucionalmente debe ejercer sobre los hidrocarburos, sino también se limita y conculca de manera grave los derechos más elementales, individuales y sociales, al otorgarse el carácter de utilidad pública a la industria de hidrocarburos, a efecto de establecer figuras como la servidumbre, ocupación o afectación superficial y expropiación de terrenos de particulares, ejidales y comunales.

Pueblo de México: vean la película de Ignacio López Tarso, “La Rosa Blanca”. Lo mismo, nada más que en el Siglo XXI y después no digan que no se los dije, los que me están viendo.

Y ya saben quiénes son los cómplices de todo esto: la introducción de estas figuras representan el tránsito de un régimen de propiedad nacional y social a otro de carácter privado.

Los capítulos tercero, cuarto y quinto, del título cuarto del proyecto de ley de hidrocarburos, contenido en el dictamen, constituye el régimen a través de la cual se despojarán de sus tierras a los trabajadores del campo, a los pueblos y a las comunidades indígenas.

De norte a sur y de este a oeste, todo ello, en contravención no sólo a las normas de derecho interno, sino también al marco jurídico internacional, en materia de derechos humanos, concretamente del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyos artículos 13 y 15 establecen, respectivamente, y cito:

“La obligación de los gobiernos de respetar la importancia especial que para las culturas y valor espirituales de los pueblos interesados, reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos, según los casos que ocupan, utilizan de alguna u otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación y los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras, deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprende el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración, conservación de dichos recursos.”

Los artículos que conforman los capítulos citados del proyecto de Ley de Hidrocarburos, contraviene estas disposiciones que son ley suprema, en virtud de que los procedimientos provistos como la servidumbre legal de hidrocarburos, la mediación ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y la propia consulta a la comunidad, que es atole con el dedo, no otorgan garantías suficientes para la protección y salvaguarda de sus derechos.

Así que se tiene que para los asignatarios o contratistas, opera a s favor la servidumbre, la expropiación y la medicación y para los propietarios y poseedores ningún mecanismo jurídico para salvaguardar sus legítimos intereses frente a posibles e inminentes riesgos, abusos, afectaciones a sus derechos reales. Así vivan en Ciudad del Carmen, allá en el guanal, ahí le van a ir a quitar sus predios, al tiempo.

En el caso de los pueblos originarios sólo se prevé la consulta pero sin efectos vinculantes. De esta manera el régimen propuesto en el dictamen, de aprobarse en sus términos, dejará en estado de indefensión dichos sujetos.

Yacimientos fronterizos.

En materia de estos yacimientos fronterizos, el dictamen no asegura para el Estado Mexicano que su exploración y extracción de hidrocarburos se realice con base de acuerdos de cooperación, basados en los principios de unificación para promover la exploración eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los mismos.

Si realmente se prevén como estratégicas las actividades de explotación y extracción en estos yacimientos, es necesario, por razones de protección y salvaguarda de los derechos soberanos y jurisdiccionales de nuestro país, conforme el derecho internacional que se precise explícitamente que dichas actividades se realizarán en términos de los instrumentos jurídicos internacionales, celebrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado de la República.

Ilustre senador de Nuevo león, con la venia de la sala, me interrumpieron dos veces y nunca paró el señor porque no puede con el cuello torcido el cronómetro.

SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Le queda un minuto, senador, por favor concluya.

SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: A mí no me queda ningún minuto, senador, ahí está el Reglamento y quiero basarme en lo del acuerdo de ustedes, pero me estoy dirigiendo al pueblo de México, no a usted, porque usted es cómplice de los gobiernos extranjeros.

Debe ponerse especial atención en os compromisos establecidos en instrumentos, como la Convención sobre Derechos del Mar de las Naciones Unidas; tema que usted ni conoce ni sabe, así que ilústrese; el Tratado sobre la Plataforma Continental del 2000, y el acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México 2012.
Pueblo de México, fractura hidráulica que ahora le llaman fracking, ya ven que está de moda eso del fracking o “vamos a darnos un break”, que no está en el diccionarios de americanismos ni en la Real Academia; pero bueno, es la moda que al rato todo va a ser hotdog, hotcakes, hamburger.
Como en el 2008, con la propuesta de Felipe Calderón, la Reforma Energética del Gobierno de Peña Nieto, que el Partido Acción Nacional reclama como suya –y entiendo lo de Oceanografía muy bien–, tiene entre sus objetivos principales intensificar la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Los hidrocarburos no convencionales, para el pueblo que nos escucha y nos hace el favor de vernos, y el gas atrapado en formaciones de lutita y arcillas, a profundidades entre mil y cinco mil metros, por eso se le llama petróleo de lutita o gas de lutita; en inglés –ya de moda– el shale gas.
Debido a las características geológicas de esos yacimientos, son rocas de alta porosidad y baja permeabilidad; la extracción de petróleo y de gas de lutita, requiere la aplicación de una técnica altamente compleja, devastadora para el medio ambiente y la salud de todos ustedes, y nosotros también; e irracionalmente intensiva en uso de agua destinada al consumo humano, conocida como la fracturación hidráulica.
Esta técnica implica inyectar miles de litros de agua, y se lo digo al pueblo de Nuevo León, de Chihuahua, de Durango, principalmente del norte, Tabasco todavía tiene mucha agua y nos podemos dar ese lujo; pero en el norte se están muriendo de sed. Entonces, esta técnica implica inyectar, lo que quiere el senador de Nuevo León, miles de litros de agua a altísima presión, mezclada con arena o ácidos, que son agentes apuntalantes y químicos que permiten fracturar la roca para fluidificar el petróleo o el gas, y con ello su extracción.
La fracturación hidráulica se hace muchas veces, lo que conlleva a un gran gasto de agua que se contamina al entrar en contacto con todos los químicos involucrados en el proceso; que –y no es un secreto– se han detectado tóxicos en la mayoría de ellos.
Investigaciones señalan –y termino la primera parte– que entre los químicos utilizados se encuentran bencenos, cianuro, o sea, puro veneno, pues, para que se entienda; hay hasta 519 sustancias químicas entre las que se encuentran elementos, además de venenos, cancerígenos, mutágenos y todo lo que pueda llevar al mal de la salud, lo que junto con los metales contenidos en las rocas de lutita, como el mercurio, plomo, uranio, radio, que son radioactivos; conforman una mezcla –o un cocktail– altamente riesgoso, una verdadera amenaza para la vida y para los derechos humanos.
En relación al uso intensivo del agua que supone esta técnica, baste citar que pueden emplearse –lo decía yo hoy en la mañana– entre 9 a 29 millones de litros por pozo. Existen registros –mexicanos, mexicanas– de que un solo pozo en Michigan, Estados Unidos, llegó a consumir hasta 80 millones de litros de agua.
Por ejemplo, si en México se abrieran 20 mil pozos, como han sugerido algunas voces como el senador Gracia, del PAN, se requeriría el agua necesaria para uso doméstico y personal anual, para entre 4.9 y 15 millones de personas. O sea, toda el agua que se consume en la ciudad de México, para un pozo.
El petróleo y el gas de lutita se han explotado casi exclusivamente en los Estados Unidos; donde se han perforado 70 mil pozos mediante la llamada técnica de la fractura.
En Estados Unidos y países como Inglaterra y España, que permiten la explotación de gas de lutita con esta técnica no se escapan a importantes y crecientes protestas ciudadanas en contra de su uso por sus riesgos medioambientales, sociales, económicos, el trabajo y la salud.
Se tienen noticias de que Francia e Irlanda han prohibido la fracturación hidráulica, mientras que en otros países europeos se cuestionan sus efectos en la salud y al medio ambiente.
Aunado –y en breve acabo– a los peligros y los riesgos ambientales y humanos, la explotación de petróleo y de gas de lutita mediante el método de fracturación hidráulica muestra tendencias de baja rentabilidad, productividad y viabilidad comercial.
Desde 2008 y en nuestro país los proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales en aguas profundas y el proyecto conocido como “Aceite terciario del Golfo” han mostrado bajos rendimientos de acuerdo a información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el 2012, de Pemex en el 2010 y la Auditoría Superior de la Federación en el 2011.
En particular, los proyectos de gas shale muestran baja rentabilidad y productividad. Pemex calculó que entre el 2012 y 2016 debía invertir un total de 30 mil millones de pesos sólo para evaluar el grado de prosperidad de los yacimientos, cuando el pueblo se está muriendo de hambre y tenemos tuberculosis y niños de la calle como arroz.
De acuerdo con una investigación sobre los pozos perforados en México hasta el momento, de los seis pozos con los que se cuenta con información, tres han resultado no comerciales: Emergente 1, Montañez 1, Nómada 1; dos no comerciales por no producir condensados: el Percutor 1 y Arbolero 1; y uno, aunque comercial, presenta baja productividad de gas y condensados como el Abano1.
Estas mismas investigaciones apuntan que la baja viabilidad comercial de estos pozos se debe a varios factores. Ya lo vamos a seguir comentando, no quiero extenderme más en estos momentos, pero gracias pueblo de México por prestarme atención y escucharme. A ustedes me debo, a ustedes me dirijo y por eso México se defiende, la patria se defiende, no se vende.
Gracias.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Me ha pedido la palabra para alusiones personales, el senador Raúl Gracia.
SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Yo seré respetuoso del tiempo, no utilizaré casi tres veces el que el reglamento y el acuerdo me otorgan.
Parece que hay senadores que tienen una obsesión, no sé si con un servidor o con Nuevo León. Lo puedo entender, porque aunque ya dejé claro que defenderé el medio ambiente y el agua de Nuevo León lo siguen reflejando y, efectivamente, Nuevo León es un estado que tiene muy poca agua, que con muy pocos recursos naturales contrarios a algunos estados como Tabasco hace mucho más.
Creo que la versión del doctor Simi y del Peje nos deja claro por qué Nuevo León con tan poquito hace mucho más que Tabasco.
No lo aludí.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Me permiten, por favor. En el registro de oradores que di cuenta con toda antelación, tiene el uso de la palabra en contra el senador Luis Sánchez.
SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Presidente, para alusiones personales.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: No fue aludido, señor senador.
SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: ¿Ah no? ¿Y no pone sobrenombres aquí, que le llaman apodos?
¿Esa es la cultura que demuestran? ¿Para eso fueron a la escuela y a la universidad?
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador, en ningún momento escuché su nombre. Tiene usted la palabra, senador Luis Sánchez.
SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Pobre del doctor Simi, aquí lo vino a refrescar el senador de Nuevo León.
Yo lo que digo es que hablo por Nuevo León porque me da pena ajena, vergüenza, de que habiendo gente y no representen a su pueblo o a su gente. Eso es lo que me da pena, vergüenza y hasta coraje. Así se lo digo.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador Luis Sánchez, por favor, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos.
SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros senadores, la Iniciativa de Ley de Hidrocarburos tiene el propósito –se supone– de reglamentar las actividades de exploración y extracción de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo y que son propiedad de la Nación, para lo cual debiera atender cuatro condiciones superiores que emanan del texto constitucional vigente.
La primera de ellas: Que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales incluidos el petróleo y todos los carburos de hidrógeno. Esto lo dice el párrafo cuarto del Artículo 27 Constitucional.
Segunda. Que no se otorgarán concesiones y el Estado dará asignaciones a empresas productivas del Estado y a contratos a empresas productivas del Estado y a particulares. Lo dice así el párrafo séptimo del Artículo 27 Constitucional.
Tercera. Que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en ellas, dado que se consideran áreas estratégicas del desarrollo nacional. Esto es lo que nos establece el párrafo cuarto, Artículo 28 Constitucional.
Cuarta. Que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control de los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Párrafo cuarto, Artículo 25 Constitucional.
La Iniciativa del Ejecutivo Federal, el Dictamen que presentan, ¿cumple con estas condiciones superiores constitucionales? ¡No! No las cumple.
En este sentido, presento las siguientes seis observaciones con las que se exhibe lo inconstitucional, el dolo y la traición al Pueblo Mexicano en esta Iniciativa:
Uno. La Iniciativa objeto de Dictamen es totalmente omisa de la naturaleza jurídica vigente, explícitamente del párrafo cuarto del Artículo 27 Constitucional que atribuye a la Nación, como lo escuchamos, el dominio directo sobre todos los recursos naturales y específicamente sobre los hidrocarburos.
A diferencia de otras materias, incluso también consideradas estratégicas en los recursos naturales, la Nación ha querido preservar su intervención directa para garantizar que los aprovechamientos de estas substancias sean para beneficio general de los mexicanos.
La Iniciativa en comento, al anunciar que es reglamentaria sólo del párrafo séptimo Constitucional, busca, sin sustento constitucional, negar la intervención del Estado y ampliar innecesariamente el espacio de los particulares y el mercado.
No es, pues, un olvido del párrafo cuarto del Artículo 27 Constitucional. Es una acción deliberada que violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dos. Hablemos ahora de otra grave inconsistencia de este Dictamen. La elevada discrecionalidad del Ejecutivo Federal para definir y escoger el contrato de cada caso.
La Iniciativa presenta un esquema indefinido de contratos –indefinido de contratos—que se coloca por fuera del Artículo Transitorio cuarto de la Reforma Constitucional en materia energética, que establece que el Estado definirá los modelos de contratación y es evidente que el Estado no sólo es representado por el Ejecutivo Federal, ¿o sí?
De hecho, será la Secretaría de Hacienda, al fijar las condiciones económicas de cada contrato, la que por esa vía determinará, en cada caso, el tipo de contrato a utilizar que puede ser de utilidad o producción compartida, de licencia, una combinación de ellos o cualquier otro.
¿Más discrecionalidad, señoras y señores legisladores del PRI y del PAN?
Tampoco se establece la duración que pudieran tener los contratos, en el artículo 29 y que bien la hubiera podido fijar el Congreso en rangos para cada tipo de contrato, esta es otra más de las aberraciones de esta iniciativa, la anulación del Legislativo en materia energética.
Es de observar que distintas leyes mexicanas muestran mayor claridad al respecto. Por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales establece una vigencia de cinco a 30 años para las concesiones, en su artículo 24; la ley  minera 50 años en su artículo 15, la Ley de Telecomunicaciones, 20 años en su artículo 19.
Por otra parte, es también conocido que los contratos que otorga PEMEX tienen duración de 25 años, en este caso no hay señalamiento alguno. Total discrecionalidad.
Definir y colocar en la ley la duración de los contratos hubiera abonado a una mayor transparencia para evitar discrecionalidad que sobre todo en esta materia es fuente de corrupción.
Me queda perfectamente claro que hay una actitud deliberada de fomentar la corrupción mediante la omisión de normas.
Mención especial merece el que se recurra a particulares para comercializar el petróleo de los mexicanos, el artículo 28, destacando que se permitirá a los contratistas de licencia exportar los hidrocarburos que extraigan, por lo que el país dejará de recibir parte de las divisas que obtiene por ese concepto.
Tres, la actividad petrolera dejará de ser una palanca para el desarrollo industrial del país. De acuerdo al artículo 46 de esta iniciativa, se buscará que el contenido nacional de la actividad llegue al 35 por ciento, eso es lo que dice, bajo una contabilidad global y no individual.
Lo que llevaría, en todo caso, a que PEMEX cargue con la mayor parte del contenido nacional en todo caso. Pero sobre todo, porque desafortunadamente la reforma constitucional en materia energética levantó las reservas de operación del Tratado de Libre Comercio para este tipo de inversiones.
Por tanto no se puede obligar a las petroleras extranjeras al contenido nacional, tal como lo establece el artículo mil 106 del TLC, no simulen, señoras y señores legisladores, no simulen.
Por otra parte, no se tomó ninguna medida para estimular las coinversiones en el sector petrolero, en la reforma a la Ley de Inversión Extranjera no se buscó dar preferencia a los empresarios mexicanos.
Por lo tanto la inversión que fluirá será cien por ciento extranjera. ¿Esto es nacionalismo? Pues habrá que ver a qué país representan los senadores y senadoras del PAN, del PRI y del Verde Ecologista.
¿Nacionalismo para México? No.
Cuatro, la nueva Ley de Hidrocarburos se propone disminuir y marginar a Petróleos Mexicanos, prácticamente en todas las áreas se colocaron dispositivos para no permitir que PEMEX pueda desarrollarse.
En los casos de proyectos de exploración y extracción que favorezcan la transferencia de conocimiento y tecnología, lo dice el artículo 16, la participación de PEMEX no podrá exceder del 30 por ciento de la inversión del proyecto.
En otros casos de proyectos estratégicos, como pueden ser los de explotación de yacimientos transfronterizos, se acota una participación con límites inferiores muy bajos para PEMEX.
Dice que deberá tener una participación obligatoria de al menos el 20 por ciento, cuando debería ser mayoritaria en la fracción mexicana, por ejemplo, no inferior al 50 por ciento en estos yacimientos transfronterizos. Así lo establece el artículo 17 de esta iniciativa.
El dictamen introduce a la iniciativa en el artículo 46, más que una disposición, una amenaza, dice así: “La Comisión Nacional de Hidrocarburos solicitará a la Secretaría de Energía, instruya a las empresas productivas del Estado, Pemex, sus subsidiarias y filiales, que garanticen las acciones necesarias para garantizar –así lo dice– que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política pública en materia energética”. Que Pemex no obstaculice a las empresas extranjeras.
No es todo: con el mismo fraseo se inserta en el artículo 75, cuando se habla en relación con la ampliación de las capacidades de transporte, lo mismo dice: “que Pemex no obstaculice la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados”.
Cabe señalar que en el caso de las actividades de exploración y extracción, está intacta la disposición constitucional en términos que las actividades en las áreas estratégicas que lleva adelante Pemex, no constituyen un monopolio. En otro sentido, que no existe mercado, pues son exclusivas del Estado y las empresas contratistas, lo son a cuenta también de la Nación.
Por lo que esas menciones deben salir del dictamen, pues son contrarias al artículo 28 constitucional.
Por otra parte, Pemex será reducido por ley en las actividades de transformación industrial, comercialización y transporte. Los transitorios 14 y 15, establecen lo siguiente: “Que a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, la Secretaría de Energía, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía, establecerá las disposiciones y mecanismos necesarios para que la participación en el mercado nacional de comercialización de gas natural, por parte de una empresa productiva del Estado, no sea superior al 50 por ciento, en un periodo de cinco años, y no sea superior del 20 por ciento en el transcurrir de 10 años, contados a partir de que entre en vigor esta ley”.
¿Esta es su forma de fortalecer a Pemex y a la nación, señoras y señores legisladores del PRI y del PAN?
5. –De la mayor traición al pueblo mexicano– La iniciativa de ley en cuestión, deja en condiciones de indefensión a los habitantes de las zonas donde se llevan a cabo las actividades de explotación de hidrocarburos.
En dos estados de la República están en riesgo ejidatarios, comuneros y pequeños, medianos o grandes propietarios, como lo señaló el senador Mayans hace un rato; 260 municipios están en riesgo de ser despojados de sus tierras, para entregarlas a empresas extranjeras; y dicen ustedes, señores senadores del PRI y del PAN, que todo esto es por el bien de México.
Sólo recuerden que los convenios internacionales de protección de derechos de los pueblos originarios, que México ha suscrito, establece que esas comunidades deben ser consultadas sobre aquellos proyectos que modifiquen sus condiciones de vida e incorporados a los beneficios que generen la explotación de los recursos donde ellos se encuentran asentados.
Convenios internacionales firmados por México. Pero no sólo de ser consultados, como lo considera el artículo 113 de esta iniciativa; sino de respetar su decisión, eso es lo que contienen estos convenios internacionales.
Y finalmente el punto 6. No se observa que los plazos de entrada en vigor de los distintos dispositivos que considera esta iniciativa tengan consistencia; como tampoco la tiene la programación sobre precios y tarifas de bienes energéticos, y lo que el Gobierno ofreció en sus campañas publicitarias a la población para engañarlos.
En primer lugar, los gasolinazos se mantendrán hasta el 2019. Se dice que los precios subirán de acuerdo a la inflación; pero no nos dicen cuándo bajarán, como tampoco es verdad que bajarán las tarifas eléctricas, porque la gasolina y luz se convirtieron en instrumentos de recaudación fiscal, y más rápido que tarde se ha demostrado que la publicidad gubernamental miente.
Mi última pregunta, señoras y señores legisladores del PRI, del PAN y del Verde. ¿Qué les hizo el pueblo mexicano para que actúen con tanto desprecio hacia él?
Muchas gracias.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, senador Luis Sánchez.
Tiene el uso de la palabra para hablar a favor en lo general del proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos, el senador Oscar Román Rosas González.
SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: Muchas gracias, senador Presidente. Se he mencionado aquí que la sanción de emitir información falsa solamente sería sancionable cuando ocurra por segunda ocasión en función de los artículos 10 y 20 de la Ley de Hidrocarburos.
La lectura de la propuesta de dictamen de la Ley de Hidrocarburos es parcial por parte del senador quien hizo la referencia. Permítame explicar por qué.
El proporcionar información falsa siempre es sancionable, para lo cual se establece un monto significativo que va de tres millones 750 veces el salario mínimo a siete millones 500 mil veces el importe del salario mínimo. Esto en el artículo 86, fracción III, inciso c).
Para precisar, los artículos 10 y 20 son los que se refieren a la revocación de la asignación o la recisión de un contacto para la exploración y extracción de petróleo. Es en este caso que se considera como una causa grave el remitir información falsa por segunda vez a la autoridad, como causa grave para retirar dichos instrumentos sin derecho alguno.
Quiero dejar testimonio de mi entidad de todo lo que ha aportado a esta gran nación. El estado de Campeche en los años 2004 fue la entidad que aportó aproximadamente el 85 por ciento de la producción nacional; esto representaba una participación en la contribución de Pemex al gasto público del 41.10 por ciento, esto significa dos terceras partes de esta contribución de Pemex provenía de las costas de Campeche.
Esto lo hago como referencia, ya que en próximos días abordaremos el Fondo Mexicano del Petróleo, donde seguramente esperemos que todos los campechanos nos veamos beneficiados para hacerle justicia no sólo a Campeche; en este caso, por desgracia, la producción de nuestra entidad ha disminuido significativamente.
Actualmente la producción de hidrocarburos en nuestra nación va en el orden de 2.4 millones de barriles diarios y la producción del 50 por ciento la da el estado de Campeche. Esto significa que el yacimiento más grande en algún momento, era el quinto más grande del mundo, que es Cantarell, cuando en su momento llegó a producir 2.1 millones de barriles diarios que es aproximadamente la producción actual, solamente en esos momentos produce menos de 500 mil barriles diarios.
Esto lo menciono para tomar referencias que la industria petrolera seguramente se va a ir desplazando hacia otras regiones, y para ello tenemos que empezar a tomar conciencia de tener un registro claro de los beneficios que deben de tener las entidades petroleras donde se asiente este sector.
Seguramente en tiempos no muy lejanos vamos a ver a Tamaulipas extrayendo petróleo en aguas profundas, a Coahuila con el gas shale y seguramente van a ser entidades que van a ser impactadas por la llegada de la industria, como ocurrió en el municipio del cual yo provengo, Ciudad del Carmen; donde, efectivamente, también quiero pronunciarme que en el Fondo Mexicano del Petróleo que así se ha discutido, sean consideradas también partidas donde se obligue a las empresas público y privada de hacer aportaciones al municipio, a las localidades donde esté operando esta industria petrolera.
Y referente al contenido nacional: hace algunos días terminamos un foro muy rico de ideas del poder tener contacto directo en diferentes regiones del país, donde pudimos recibir inquietudes por muchos mexicanos de las diferentes regiones y unas de las más reiteradas solicitudes era cuál era el beneficio que iban a tener los empresarios, los pequeños productores de servicios en función de esta nueva Reforma Energética.
Y por eso me refiero al contenido nacional: cuáles son los beneficios que va a arrojar en este caso como municipios como el Carmen, o municipios de Tabasco, de Veracruz, de Tamaulipas, de Coahuila y de otras partes que seguramente va a llegar esa actividad petrolera.
De conformidad con lo establecido en el séptimo transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, que tiene como directriz estratégica el impulso de las cadenas productivas nacionales y locales, la iniciativa de ley de hidrocarburos establece las bases y los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos.
En este tenor, a fin de establecer los mecanismos que conformen la industria nacional, una previsión de relevancia es la relativa al cumplimiento de un porcentaje mínimo de contenido nacional, establecido en las asignaciones y contratos correspondientes.
En ese sentido, la iniciativa prevé que dichos instrumentos deberán incluir un programa de cumplimiento de porcentajes mínimos, incluyendo los plazos y las etapas aplicables.
En este caso, de los contratos para la exploración y extracción, se dispone que el porcentaje mínimo del contenido nacional deba ser incluido en las bases de licitación correspondiente.
Esto es muy importante porque se ha escuchado el pronunciamiento de empresarios de esta industria y el poder establecer en las bases de licitaciones con claridad la participación de empresas mexicanas.
Se señala asimismo que todas las actividades de exploración y extracción que se realicen en el país, deberán alcanzar al menos un promedio mínimo del 35 por ciento del contenido nacional en su conjunto, cifra muy superior al 25 por ciento que habría propuesto originalmente el Ejecutivo.
Asimismo, se faculta a la Secretaría de Economía para establecer la metodología para medir el contenido nacional en asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos y verificar el cumplimiento de estas metas conforme al programa que se establezca.
Se especifica que en caso de que se determine a algún asignatario o contratista ya incumplido con la meta correspondiente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos impondrá las penalizaciones que así correspondan.
En adición a las acciones en materia de exploración y extracción complementadas en la Iniciativa, se establecen dos estrategias: uno de fomento industrial y la otra para promover la inversión directa.
Se propone que la Secretaría de Economía, con la opinión de la Secretaría de Energía, definirá las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria de los hidrocarburos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
Corresponde a la Secretaría de Economía de dar seguimiento al avance de dichas estrategias, así como elaborar y publicar de forma anual un informe sobre los avances en su implementación, el cual deberá ser presentado al Congreso de la Unión a más tardar el 30 de junio de cada año.
Se crea por su parte el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, que será creado en una institución de la banca de desarrollo, con el objeto de promover el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales.
Dicho fideicomiso instrumentará esquemas de financiamiento y de programas de apoyo para capacitación, investigación y certificación, con el fin de cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, dando especial atención a las pequeñas y a las medianas empresas.
En resumen, la iniciativa crea los mecanismos para que la mayor actividad e inversión que surgirá con motivo de la reforma energética, se traduzca en verdaderos beneficios claros para el desarrollo nacional y regional.
Es cuanto, senador Presidente.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias senador.
Me permite preguntarle si le admite la pregunta.
No admite la pregunta el senador, por eso, él no admite la pregunta.
SENADOR: Para hechos, ¿me podrían dar la palabra?
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Creo que en el formato ha quedado claro que usted no ha sido aludido, hay una inscripción.
Ahorita le damos su micrófono, senador.
A ver senador, ¿para hechos?
SENADOR: Era para hacerle una pregunta, no quería interrumpirlo en su alocución, porque mencionó algo sobre el artículo décimo, muy al inicio, incluso con eso arrancó.
Y mencionaba usted, senador Oscar Rosas, que lo que no venía incluido en el artículo décimo, como una de las causales de revocación de las asignaciones y de las áreas de asignación, era la presentación de información falsa o reportes incompletos o de plano en el caso de presentación, ocultamiento de informes.
Y decía que esto ya estaba considerado en el artículo 83, fracción ¿86 dijo? Sobre sanciones, que estaba considerado como sanciones. Aquí quisiera conocer su opinión, ya que una de las prácticas más comunes de las petroleras internacionales es continuamente están además reportadas, es justamente ocultar reportes de diferente índole, sobre sus gastos, sobre sus afectaciones, en fin.
El planteamiento es sobre si usted está de acuerdo que esto esté en un capítulo de sanciones, con sanciones que a pesar de que suenan muy voluminosas, son  honestamente fraccionarias. Si se ponen en comparación con el usufructo que hacen las empresas, o si debería de estar esto como una causal de la revocación de la asignación.
Me parece que es un tema, porque usted lo mencionó, de fondo y creo que valdría la pena conocer su opinión.
La pregunta concreta es si la causal de presentación de reportes falsos, de reportes incompletos o el oculta miento de reportes, respecto a los gastos, la producción, los costos o cualquier otro aspecto relevante a la asignación, debe o no ser una causal de re vocación de la asignación y no solamente una sanción que seguramente las empresas van a estar felices de poderla pagar y continuar con su operación.
Lo digo a partir de la experiencia internacional que hay sobre este tema particular, y porque usted mencionó y se ha mencionado mucho aquí, que parte del objetivo de esta iniciativa es tener un órgano regulador que no solamente sea quien asigne las áreas y las autorizaciones; sino que la Comisión Nacional de Hidrocarburos realmente logre regular.
Muchas gracias por su respuesta, senador Oscar.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, senador.
Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Encinas, en contra, en lo general, del proyecto de Ley de Hidrocarburos.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senador Penchyna.
Creo que en medio de este debate atropellado que hemos tenido a lo largo de casi dos días, se ha ido perdiendo la perspectiva del alcance y la dimensión histórica que representa lo que estamos discutiendo. Aquí estamos en un proceso de rediseño y redefinición de lo que será nuestro país en el futuro inmediato y más allá.
Desde la Reforma en materia Constitucional, se hicieron modificaciones sustanciales al pacto social y al concepto fundamental erigido en la Constitución, de que la nación era la propietaria originaria de los recursos del subsuelo. Ese principio se ha vulnerado y hoy, en este conjunto de dictámenes que estamos abordando en las Comisiones Unidas, se concreta prácticamente la subasta y el remate de los recursos naturales, particularmente los hidrocarburos del país.
Hemos escuchado muchas intervenciones a favor, que no son más que un conjunto de buenas intenciones; que en realidad ocultan en la simulación, en la demagogia y en la mentira, los grandes negocios que acompañan esta Reforma.
No es un asunto nuevo, a lo largo de décadas el Gobierno mexicano, tanto los gobiernos del PRI como del PAN, impulsaron una política deliberada de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad; y junto con ello, impulsaron una campaña de comunicación con tres objetivos muy puntuales:
Desacreditar a Pemex y a la CFE, con el eje fundamental de la corrupción, que efectivamente, hay mucha corrupción, corrupción en el Sindicato que, lamentablemente no está aquí el senador Romero Deschamps, pero corrupción; no sólo en los funcionarios de Petróleos Mexicanos, sino desde el propio Ejecutivo Federal, quien en todo momento ha sido el presidente del Comité de Administración de la empresa.
Y así pasamos desde los mil millones de pesos del Pemexgate, que el Sindicato transfirió al PRI; al caso de Oceanografía o a la entrega, prácticamente al regalo de Mexichem a uno de los grupos empresariales que apoyaron la campaña del actual Presidente.
Y eso es lo que ha llevado, senadora Salinas, a que no solamente la petroquímica básica o la explotación de hidrocarburos, la secundaria, se ha ido abajo. Este país era autosuficiente en la producción de amoniaco y de fertilizantes, hasta que el gobierno de Salinas de Gortari privatizó Fertimex y perdimos la autosuficiencia, no solamente en la producción de amoniaco como instrumento básico para fertilizantes; sino que ahora importamos la absoluta mayoría de los fertilizantes que requiere el sector agropecuario en nuestro país.
Otra de las grandes mentiras, fue la idea esta, de la necesidad de modernizar Pemex porque no contaba con la tecnología necesaria para garantizar plenamente la producción, la buena explotación de los recursos y garantizar los servicios. Y la remataban señalando que no se tenían los recursos suficientes para garantizar la misión de la que era objeto.
Hoy fue el centro del discurso del senador Orihuela, que qué bueno que ya regresó, para que me escuche; dice textualmente que la reforma es resultado de reconocer la incapacidad del gobierno, de Pemex, de la CFE para garantizarla seguridad energética del país.
Que esta reforma es para modernizar a Pemex y que va a haber con ello más empleo, más inversión y tarifas más bajas. Y nos acusa, a quienes nos hemos opuesto desde la reforma constitucional de oponernos a la modernización cuando en realidad nuestra resistencia es a evitar el despojo y la venta de los recursos que corresponden a la nación.
¿Cuál fue la zanahoria –y es parte del discurso del senador Orihuela– con la que vendieron esta reforma constitucional y estas leyes secundarias?
Que íbamos a tener seguridad energética para los próximos 30 años; que habría suministro oportuno y suficiente de energéticos; que disminuirían los precios de la electricidad y del gas natural y la gran zanahoria, íbamos a aprovechar los grandes potenciales que, en materia del gas shale puede tener este país. En momentos en donde los Estados Unidos se estaba asegurando su seguridad energética al futuro y era tal el nivel de explotación de gas shale en Estados Unidos que iba a dejar de comprar petróleo a México, por lo cual habría que rematarlo de inmediato.
Pero muy rápidamente se reventó la burbuja del gas shale; ni es negocio, como lo ha señalado bien el senador Mayans, ha provocado profundos y muy graves daños ambientales y ha afectado a la población civil, pero también prácticamente hoy todos los proyectos de gas shale en el sur de los Estados Unidos no son rentables y están siendo cerrados.
Pongo un ejemplo que conoce bien la senadora Salinas. La caída, por ejemplo, en la venta de bonos de carbono por tonelada cayó de 30 dólares el pago del bono de carbono a sólo 50 centavos la tonelada, que es el mejor reflejo de la caída de la producción de gas shale.
Estas reformas no garantizan la seguridad energética nacional para los próximos 30 años. No aseguran el suministro oportuno y suficiente de energéticos. No van a disminuir los precios de la electricidad y de las gasolinas; ya anunciaron que el gasolinazo se mantendrá hasta el 2019, por eso la prisa en este dictamen de anticipar la apertura de la llegada de las gasolineras extranjeras y también ya se anunció que no se van a eliminar los subsidios en el consumo eléctricos, subsidios que, por cierto, van a canalizarse hoy a cumplir con los compromisos que se adquirieron durante el gobierno de Felipe Calderón con las empresas españolas para generar electricidad manteniendo capacidad instalada de generación de energía eléctrica inutilizada en nuestro país.
No se fortalece Pemex y la CFE y, por el contrario, se reducen a su mínima expresión, ya que no solamente no hay alivio fiscal para Pemex ni se le otorga autonomía presupuestal, sino que ahora con un reforma que se reduce a un programa de simplificación administrativa, se convierten en empresas productivas del Estado perdiendo su carácter de organismos públicos, con lo cual en el momento en que se asocien con capital privado, por ejemplo, ya no van a ser objeto de fiscalización por parte del Congreso de la Unión y además vendrá una enorme cantidad de despidos y contratación de personal del extranjero.
Qué vergüenza que el senador Romero Deschamps no esté aquí defendiendo a los trabajadores de Pemex.
La extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales le permitirán a los particulares apropiarse de la mayor parte de la renta petrolera. Hay que ver solamente cuál es el resultado de la Ronda Cero.
¿Qué perdió Pemex en esta Ronda Cero?
En primer lugar, en lo que se refiere a las reservas prospectivas, aquellas que se infiere existen en el país, entregó al capital privado el 85 por ciento de los recursos prospectivos de lutitas, el 72 por ciento de los de aguas profundas, el 69 por ciento del conjunto de recursos prospectivos, el 60 por ciento de las áreas exploratorias, el 41 por ciento de recursos en materia de aguas someras, y el 17 por ciento de recursos prospectivos en áreas terrestres.
Me van a decir, se trata de las famosas tres P, que son prospectivas, pero también entregaron las dos P, que son las reservas posibles y entregaron también las uno P, que son las reservas probadas en donde al final, en la contabilidad final, PEMEX se queda con el 42 por ciento de los yacimientos que se agotarán en menos de 10 años, mientras el sector privado se queda con el 58 por ciento de los pozos de mayor rentabilidad.
Además, estos cambios van más allá incluso de lo que establece la Constitución. Se introduce la afirmativa ficta para actividades de reconocimiento y exploración superficial.
Se establece un permiso para la gestión de sistemas integrados, para el transporte por ducto y de almacenamiento interconectados que no estaban en la Reforma Constitucional.
Se establece el permiso para comercializar hidrocarburos. Comercializar hidrocarburos: gas LP, petrolíferos y petroquímicos, lo que implica que también ahora el sector privado va a poder no solamente comerciar, realizar en el país como mayorista, sino que también podrá hacer exportaciones.
Y es falso que vayan a caer las tarifas. Las tarifas que establecerá la Comisión Reguladora de Energía se fijarán considerando el costo eficiente y una rentabilidad resanable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado del financiamiento y los riesgos inherentes al proyecto.
Es decir, le están garantizando las tarifas y el traslado de subsidio a las empresas privadas nacionales y extranjeras que ahora van a incorporarse al mercado de electricidad.
Por eso, y encontramos figuras contractuales más allá de la Reforma Constitucional, en donde prevén que el Estado reembolse la totalidad de los costos a las empresas sin mecanismos que permitan supervisándoles y entregándoles un cheque en blanco a costa de los mexicanos.
Las fórmulas de contraprestación se basan en la utilidad operativa e incluyen la recuperación de los costos de las empresas y prevén que la extracción del petróleo por empresas privadas, bajo fórmulas contractuales, les permitirá llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos, ya que tanto en la licencia como los contratos de utilidad compartida y producción compartida, el contratista le paga al Estado bonos y regalías, y una vez que el contratista deduce sus costos, los cuales son reintegrados por el Estado, éste, el Estado y el contratista se reparten la utilidad, o la producción, sin que se conozcan al momento los porcentajes de distribución.
Yo creo que hay temas sumamente graves, al establecer como que de carácter preferente en la Ley de Hidrocarburos la actividad de la exploración de estos recursos, establece un proceso para la adquisición de terrenos en la explotación y exploración para que las empresas negocien libremente, con particulares, con ejidatarios, o con comuneros, ofreciendo como prestación, por ejemplo, que el propietario de la tierra pasa a ser empleado de la empresa transnacional, brillante avante avance, o de la propia empresa privada mexicana.
Aquí hay una afectación grave a la propiedad privada y social, porque se rompe el principio de la causal de expropiación por utilidad pública, para permitir la expropiación para la utilidad privada y simple y sencillamente bastaría leer lo que plantean tres artículos de su dictamen: el artículo 96, la industria de hidrocarburos es de utilidad pública, procederá la constitución de servidumbres, la ocupación afectación superficial o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos.
Continúa: las actividades de exploración y extracción se considerarán de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados a aquellas y se llega al extremo de que en el caso de que no exista acuerdo entre la empresa concesionaria, el particular o el usufructuario de la propiedad social, transcurrido 180 días naturales, contadas a partir de la fecha, el asignatario o contratista podrá promover ante un juez de distrito del Tribunal Agrario Competente la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos.
Pero si no hubiera acuerdo, el artículo 112 establece que si dentro de los 10 días naturales, contados a partir de la sugerencia de contraprestación, las partes no alcanzan un acuerdo, el Instituto –es el INDAVI, notificará a la Secretaría de Energía, quien propondrá al Ejecutivo Federal la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos por vía administrativa o la expropiación en términos de las disposiciones aplicables.
Te aclimatas o te amuelas. O sea, cuando Jalisco no pierde y cuando pierde arrebata y esta es una violación flagrante en nuestra Constitución y al principio fundamental, no solamente de preservación de la propiedad social, sino que la expropiación es un instrumento de Estado en beneficio de la utilidad pública y no en beneficio del interés particular.
Esta es una de las más profundas regresiones. Hay más, nos iremos refiriendo una a una por parte de nuestros compañeros del Grupo parlamentario del PRD y del PT y estoy seguro que muchos mexicanos irán tomando conciencia de lo que ello significa.
Por lo pronto se está legalizando el despojo a las tierras comunales, de ejidos y de los pueblos indígenas del país e incluso de particulares, para que pase por sus terrenos con un derecho de servidumbre los ductos o puedan instalarse ahí los nuevos pozos de explotación o los nuevos yacimientos de minerales a quienes se les otorga con pase automático una concesión única para hacer la explotación mineral y la explotación de gas, en el lugar que ya tienen concesionado, que casualmente es la tercer aparte del territorio nacional-
Esto es una vergüenza y por eso consideramos que se trata de una traición a México.
Muchas gracias.
SENADOR: Gracias, se le concede el uso de la palabra al senador para alusiones.
SENADOR: Gracias senador, solamente para ratificar que lo que yo plantee no tiene que ver con la interpretación que aquí se ha establecido.
Quiero ratificar que el Presidente Peña hizo el compromiso con el pueblo de México para transformar a México; y que esa transformación tiene que ver con las reformas que ya hemos discutido y que hoy estamos a punto de concluir con la Reforma Energética, en su parte de Ley Reglamentaria.
Quiero ratificar que con esta iniciativa se logrará incrementar la seguridad energética; que aumentaremos la producción de petróleo y de gas natural; que habremos de alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y gas; que tenemos como objetivo detonar el dinamismo de la industria y la transformación de los hidrocarburos; que habremos de fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos; y que la Reforma tiene como objetivo cumplir con el compromiso de disminuir las tarifas de la energía eléctrica, de gas, que tanto demanda el pueblo de México… en cuanto permitan aprobar las reformas.
Y decirles que las reformas tienen solamente una razón y un propósito: mejorar las condiciones de vida del pueblo de México. El compromiso es tener mayor crecimiento económico, mayores empleos y de más calidad, y que México logre, y los mexicanos por supuesto, sus aspiraciones de mejor nivel de vida.
Gracias, señor Presidente.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Pues por más que le corrija, está en la versión estenográfica y usted dijo que el Estado no tenía capacidad de garantizar la seguridad energética.
SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Gracias, pero no, senador Encinas, le cedo la palabra al senador Benjamín Robles, en contra.
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias.
Ahora que escuchaba yo a mi amigo, el senador Ascención Orihuela, recuerdo lo que escuché de un grupo de jóvenes, perdón que lo exprese como lo escuché, no se me vaya a tomar a mal, pero decían: “Alguien debiese decirle a esos del PRI que hablan mucho de reformas, de sus grandes reformas, que la única reforma que existe en este país es el Paseo de la Reforma”; para que vayan poniendo los pies en la tierra.
Compañeras y compañeros senadores, el proyecto de dictamen de esta Ley de Hidrocarburos, así como de diversas disposiciones a la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas, que hoy someten a nuestra consideración las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, debe ser rechazada.
Debe ser rechazado, ya que adolece de elementos clave que hacen que esta ley represente importantes riesgos para el desarrollo del país. El contenido actual del proyecto lo hace inviable, tanto para su aprobación en esas Comisiones, como para su presentación en el Pleno. El proyecto no incluye elementos básicos que toda ley que busca el desarrollo nacional debe tener.
El proyecto, compañeras y compañeros, viola en muchas formas el artículo 25 constitucional. Las primeras y más obvias violaciones a este artículo 25 constitucional, las encontramos en el campo de la sustentabilidad.
Por mencionar unos ejemplos, diremos en este sentido, que el proyecto olvida prohibir específicamente que no se podrán realizar asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos, dentro de las áreas naturales protegidas.
De igual forma, el proyecto omite el hecho de que tanto la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; pueden exigir reportes a los distintos actores involucrados en hidrocarburos; y el hecho de que estos contratistas deben tener la obligación de cumplir con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
Otra manera en que se deja de cumplir en el presente dictamen los principios de desarrollo nacional plasmados en el artículo 25 de la Constitución, tiene que ver también con una potencial violación al pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
Ya que el proyecto omite señalar que deben realizarse consultas previas, libres e informadas a los propietarios y poseedores de los predios o de las tierras en las que se pretenda desarrollar actividades de explotación, explotación o conducción de hidrocarburos.
El proyecto tampoco reconoce que en caso de que un propietario o poseedor de dichos predios o persona que detente cualquier tipo de derecho real sobre dichos bienes inmuebles, manifieste su negativa para que se empleen sus predios, tierras o bienes inmuebles para estas actividades. Estos sitios deberán quedar fuera de las áreas de asignación que proponga la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Y, de igual forma, el proyecto debiese establecer que no se podrá coaccionar por ninguna vía a dichos propietarios poseedores o personas que detenten cualquier tipo de derecho real sobre las tierras que se pretenden asignar para emplear sus tierras en actividades del sector.
Sin embargo, compañeras y compañeros, quiero señalar también que la forma más grave en que este proyecto de dictamen viola el artículo 25 constitucional, tiene que ver con el hecho de que el desarrollo nacional debe fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático. Lo retomo del texto constitucional.
Y es justamente, compañeras y compañeros, lo contrario a estos principios, lo que ocurriría si entra en vigor la Ley de Hidrocarburos tal y como se propone hoy en día.
Debemos poner topes, compañeras y compañeros, a un intento abierto de desmantelar Petróleos Mexicanos, ya que con ello ponemos en riesgo precisamente la soberanía de la nación y nuestra democracia quedaría completamente sujeta a los intereses de los particulares extranjeros que están buscando ser los beneficiarios, tanto de los hidrocarburos como de la infraestructura de Petróleos Mexicanos.
Los principales cambios que tenemos que hacer, entre otros, pero estos son los principales desde mi punto de vista, son:
Número uno. Establecer límites a los contratos petroleros. Los puntos principales de estos límites serían, por ejemplo, vigencia máxima de 15 años, un límite máximo del 30 por ciento del valor de la producción a los ingresos que serían del contratista y una participación de Pemex de por lo menos el 25 por ciento en todos los contratos.
También –lo quiero señalar– es fundamental otorgar a Pemex autonomía en la determinación de los contratos. Es decir, eliminar la pretensión de que sea la Comisión Nacional de Hidrocarburos la que mediante licitación determine con qué particulares establecería Pemex sus contratos de servicios. Esta responsabilidad debe recaer en el propio Pemex.
Otro planteamiento que quiero hacer ante todos ustedes es que me parece que individualizar el porcentaje del contenido nacional, es decir, la propuesta actual del contenido nacional se debe modificar para que sea por contrato y no por conjunto de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y, al mismo tiempo, debemos aumentar el porcentaje de un contenido a un 40 por ciento.
Y un reclamo mayoritario del a población: frenar la política de los gasolinazos.
Otro aspecto que debemos cambiar es el que tiene que ver con el artículo XVI transitorio, mismo que señala en el inciso b) del numeral uno –donde, por cierto, no existe el inciso a) para dicho numeral– que en relación con el expendio al público de gasolina y diesel en materia de precios propone se observe lo siguiente:
Dice el proyecto de dictamen que a partir de la entrada en vigor de la presente ley y en lo que resta del 2014, la determinación de los precios al público se realizará conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.
Compañeras y compañeras y compañeros:
Lo que el párrafo anterior nos está diciendo es que la política de gasolinazos continuará a lo largo de este año.
Sin embargo, en el inciso C, del numeral 1, del mismo artículo décimo sexto transitorio, se señala:
A partir del 1° de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2029, los precios máximos al público se ajustarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de forma congruente con la inflación esperada de la economía.
Es decir, para justificar los futuros gasolinazos, lo que el proyecto de dictamen que se nos presenta propone que la política de precios establecido en este inciso, se mantendrá siempre que los precios internacionales de los combustibles permanezcan estables o disminuyan y que en caso contrario la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisará el alza a los incrementos de estos precios públicos de manera consistente con el incremento de precios en el mercado internacional.
En otras palabras, aunque se había dicho que los gasolinazos acabarían en el 2014, en los hechos reales se nos dice: se está proyectando que los gasolinazos continuarán hasta el año 2019 y que solamente cambiará la forma en que se aplicaría ya que los incrementos se ajustarían mensualmente conforme a la inflación esperada del año en curso.
Con esta acción, sin duda, lo que debe entenderse es que el Gobierno Federal seguiría de facto en una espiral inflacionaria que actuaría como un dique permanente al crecimiento económico y terminaría depauperando aún más las condiciones de vida del Pueblo Mexicano.
Me parece, compañeras y compañeros, que debemos actuar en el marco del acuerdo de certidumbre tributaria, anunciado por el propio Gobierno Federal, para congelar los impuestos hasta el 2018, estableciendo que a partir del 1° de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2018, los precios máximos al público de gas licuado, del petróleo, de las gasolinas y del diesel no sufran ya incremento alguno.
Compañeras y compañeros:
En el PRD, como lo han escuchado, reconocemos el riesgo que implica al país que el actual gobierno pretenda deslindarse de la productividad que generan los recursos energéticos, so pretexto de la renovación de la empresa que es Petróleos Mexicanos y la CFE.
Por ello, para concluir mi posicionamiento, me permitiré enunciar brevemente 10 puntos que considero muy importantes para evitar la trásfuga que se pretende hacer a nuestra riqueza nacional.
Primero. Reforzar una industria energética nacional. Está bien, como lo he leído en muchos documentos de los compañeros del PRI, nos asumimos, dicen, y estoy de acuerdo, como ciudadanos del mundo, pero nuestra primera responsabilidad, compañeras y compañeros, es con las mujeres y con los hombres de México, con los de aquí.
Yo digo que actuemos como patriotas y recordemos que nuestro único deber es con el país. Y me explico:
El grado de participación nacional en la industria energética debe ser mayoritaria siempre para nosotros.
Así debe establecerse, por ejemplo, en el Artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos, expresamente, y no permitir que sea la Secretaría de Economía quien lo fije posteriormente pues para un servidor y para muchos de los mexicanos. Ello violenta el poder soberano para determinar el porcentaje.
Otro ejemplo de lo que quiero establecer es lo siguiente: el que la Secretaría de Energía pueda instruir a las empresas productivas del Estado que las mismas realicen acciones para el desarrollo eficiente de los mercados, es tanto como asegurar la potestad de la Secretaría sobre dichas empresas.
Por eso hay que cambiar el sentido de la fracción tercera del Artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos.
Un segundo planteamiento, aquí ya se explicó, garantizar la seguridad laboral, es decir, establecer mejores condiciones laborales y salarios a los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras instituciones.
La prioridad, compañeras y compañeros, deben ser los trabajadores y sus familias. Por ello propongo que en esta ley se incluya expresamente una disposición  que garantice este beneficio para los trabajadores activos y en retoro de PEMEX y de la CFE.
Tercer planteamiento.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador, le rogamos, sólo avisarle que estamos ya muy adelante del tiempo concedido.
SENADOR: Voy a concluir, senador Presidente.
Tercer planteamiento: asegurar la salud de las personas afectadas en la aplicación de la reforma energética, es decir, para todos es sabido que la técnica de fractura hidráulica o fracking, es altamente nocivo para la flora y la fauna y aunado a ello a las implicaciones de salud de los humanos
Por ello rechazamos la práctica de esta medida y solicitamos la dictaminación que lo prohíba en la ley que se regularía en esta materia.
Cuarto, fortalecer a las campesinas y campesinos de México porque, compañeros, la reforma energética no se trata sólo de petróleo, también se trata de territorio y aquí quiero detallar, aunque sea brevemente, lo siguiente:
La contraprestación con templada en el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, como resultado de la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos a campesinos de México, no establezca como opción que se contemplen compromisos para formar parte de proyectos y desarrollo en la comunidad, sino que sean obligatorios para todos los inversionistas.
Y también que no se elimine el artículo 96 de la misma ley, la asesoría de la Procuraduría Agraria para las campesinas y los campesinos a los cuales se les pretenda adquirir sus tierras.
Cinco, abonar a la paz social, asegurarnos que las acciones enmarcadas en la reforma deban propiciar  la igualdad y la justicia entre las mujeres y los hombres de México, es un compromiso sin duda con la paz social y con la seguridad nacional.
De esta forma, compañeras y compañeros, la seguridad en las actividades económicas del país debe establecerse como requisito, es decir, para la realización de las actividades de comercialización de hidrocarburos, gas licuado, petrolíferos y petroquímicos, deberá registrarse ante la Comisión Reguladora de Energía, tal y como se contemplaba en el artículo 49 de la propuesta original del Ejecutivo.
Seis, y estoy concluyendo, senador Presidente de esta Comisión de Energía, estimular la inversión nacional. Que quede claro que el Grupo Parlamentario del PRD no obstaculiza ni bloquea el desarrollo del país.
Inversión sí, pero sobre todo inversión mexicana, a favor siempre del talento, el trabajo y la visión de nuestras empresarias y nuestros empresarios.
Abundo en mi exposición, en el capítulo dos de los contratos para la exploración y extracción, debe contemplar un estimulo específico para las empresas mexicanas, por ejemplo, que en igualdad de circunstancias o de cumplimiento de requisitos en un proceso de licitación, deberá preferirse a las empresas mexicanas o bien a algún porcentaje accionario de esta nacionalidad, para la toma de las determinaciones financieras.
Séptimo, elevar la voz de los gobiernos estatales y locales en la toma de decisiones que afectan a sus estados y municipios. Sabemos que la energética es materia federal, pero las que asumen las consecuencias son las demarcaciones locales.
De esta forma señalo que en el capítulo tres de la Ley de Hidrocarburos se debe contemplar una participación activa y determinante de las autoridades locales en todo lo relacionado con la industria de hidrocarburos y es que así como se encuentra en el presente proyecto de dictamen sobre la acción, parece tibia o deliberada hacia la centralización.
Octavo. Honestidad es la única regla de conducta para la industria energética de México; por eso es urgente la transparencia en licitaciones, en los órganos de dirección y en toda la estructura de Petróleos Mexicanos y el resto de las empresas nacionales y extranjeras que participarían en esta industria.
Así tenemos, por ejemplo, que en el artículo 85 de la Ley de Hidrocarburos, se incluya el quehacer público, el registro de permisionarios con nombre y apellido; no basta con el número de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, para propiciar transparencia y máxima publicidad.
Lo anterior lo propongo como un inciso sexto, porque la Ley también debe propiciar la certeza y la transparencia de los artículos 48 y relativos de la Ley de Hidrocarburos, no debe contemplarse la afirmativa “ficta” en materia de permisos. En otras palabras, no se pueden dar permisos con la afirmativa “ficta”.
La adjudicación, compañeras y compañeros, de los contratos, regulada en el artículo 23, también queda completamente abierta y ambigua con la redacción propuesta en Comisiones. Hay que propiciar desde ahora generalidades, sí, pero que generen certidumbre para todos los procesos.
Nueve. Firmar que los compromisos difundidos se cumplan efectivamente; es decir, que se detengan los gasolinazos, que bajen los precios al público de la luz. De no ser así, que se fijen desde ahora los pasos a seguir con sanciones de por medio, que cada quien asuma su responsabilidad.
Y en este punto en particular, me refiero en el artículo 16, fracción I, que deben incluirse una serie de medidas sancionatorias para las autoridades responsables del cabal cumplimiento del cese de gasolinazos y del resto de los supuestos beneficios sociales.
Finalmente, senador Presidente, señalo, diez: que me pregunten, que me pregunten si estoy a favor o en contra de la Reforma Energética, es más necesario que nunca.
Estoy, como muchos mexicanos, en contra de las decisiones al capricho. Insisto en que debemos respetar la Constitución vigente, no estamos en contra del debate de la riqueza energética; lo que me parece ilógico, compañeras y compañeros, es no preguntarle a la sociedad lo que piensa acerca de lo que es suyo originalmente.
Pero está claro, por lo que se ve, que la prioridad es que la consulta popular tenga que esperar hasta el 2015, pues insisto en que le pregunten a todos los mexicanos.
Gracias, senador Presidente.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias.
El senador Isidro Pedraza. Le rogaríamos nos ajustemos al tiempo.
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ: Gracias, Presidente.
Creo que el inicio de estos trabajos ha estado marcado por una desconfianza en la práctica política que se ha utilizado, para poder entrar al contraste de las posiciones políticas que tenemos en torno a lo que concebimos como la Reforma Energética.
Se ha partido de un diagnóstico en donde hay coincidencia. En el PRD siempre planteamos que había que modernizar a Pemex, que había que transformar; pero no que había que privatizar.
Y ahora que hemos encontrado el espacio para que en las Comisiones se pueda discutir con toda amplitud este tema, se ha buscado poner obstáculos a la reflexión y se ha buscado limitar el derecho de los senadores a hacer uso de la palabra.
Y nosotros tenemos esa desconfianza, en función del antecedente que vivimos en diciembre pasado, cuando habiendo establecido un mecanismo de discusión para la Reforma Constitucional, en un albazo y una práctica nada pulcra nos cancelaron la discusión y se sometió a un proceso de aprobación en el Pleno de la Cámara de Senadores. Y más atroz se dio en la Cámara de Diputados, y sobre todo con el precedente que es la primera vez que en ocho días se logra que los congresos de los estados firmen en respaldo de esta Reforma Constitucional.
La prisa sigue manifestándose en el ánimo de quien pretende desde hoy consumar estas reformas secundarias.
Nosotros hemos estado planteando desde hace tiempo una discusión en este tema, y muchos dicen que hay una discusión de 15 años. Compañeros, hay un intento de traición desde que la Constitución en nuestro país estableció el artículo 27 y declaró para la nación la propiedad del suelo.
Esto ha sido parte dela gran disputa en la que nos hemos debatido los mexicanos. México ha peleado por ser una nación independiente, su historia lo refleja y muchos la conocen y muchos usufructuaron de la historia de nuestro país en las siglas el poder usufructuar hasta el poder de manera muy deformada en beneficio de los mexicanos.
Se ha concedido la posibilidad de la representación y se hace un abuso en esa representación, y se consuman atracos jurídicos a nuestro orden constitucional.
Nuestro crecimiento, que lo hemos buscado nosotros, ha estado siempre dependiente de la economía más grande de este mundo, que es la de Norte América y esa dependencia nos ha ido haciendo que vayamos tomando como modelos de desarrollo diversos lineamientos que desde el extranjero se han impuesto, como el consenso de Washington.
Este consenso se ha planteado varios objetivos. Les ha pedido a sus súbditos la realización de una reforma fiscal, el reordenamiento de las prioridades del gasto público, la realización de una reforma en positiva, la realización de las tasas de interés, la creación de una tasa de cambio impositiva, la liberación de comercio internacional, el permiso para la entrada de inversores extranjeros indirectos, la privatización de los activos del Estado, incluyendo las empresas energéticas; la desregulación de la economía, la promoción del respeto por el derecho a la propiedad.
Esto, compañeros, se logró cristalizar en esta reforma retrógrada que se ha dado en perjuicio del pueblo mexicano. Nadie en esta mesa está dispuesto a pensar que si hay una reforma que propone desarrollo, que propone impulso a la economía y que teniendo al petróleo como la herramienta para herramienta para desarrollar la economía, estemos considerando que queremos hundir a nuestro país. Todos estamos en la idea de empujarla.
¿Cuál es la trampa? La trampa es que se dice una cosa y se hace otra.
Esta propuesta de conjunto de leyes que hemos llamado en su conjunto “la reforma energética” se han planteado salidas en las que se han cansado de decirnos que no hay privatización alguna. Y es cierto que no van a vender los tornillos de Pemex y ni de CFE, porque eso sería la privatización de Pemex; se está privatizando a la industria petrolera.
¿Por qué estamos diciendo que se da esto? Porque es el caso de que la actividad de una empresa petrolera el activo más importante es el derecho sobre las reservas petroleras y su participación en los mercados de productos petroleros y derivados. Y, en el caso de la CFE, su activo más importante es su participación en el propio mercado eléctrico.
Esto, compañeros, en la ambigüedad que se ha planteado en la ley cuando se dice una cosa y se hace otra se está abriendo la puerta a esta privatización.
Es importante que tengamos este espacio de confrontación, porque ha sido una de las búsquedas que hemos querido dar, el debate que contraste los horizontes que vemos desde cada perspectiva y desde cada posición política.
En el PRD estamos convencidos del retroceso que significa el que se avance en esa ruta. Y la preocupación es que se están privatizando estas industrias tan importantes. Pero fíjense lo que implica que si se aprueban estas iniciativas en sus términos, estas privatizaciones se están llevando a cabo de manera inadecuada para el país y sobre todo desde un punto de vista contrario a la legalidad y desde el punto de vista económico y estratégico.
Estamos mal planteados en lo que se ha propuesto en esta Reforma. Se ha estado insistiendo que no se privatiza nada, que solamente se está recurriendo a la inversión extranjera para empujar el desarrollo nacional.
La Reforma Energética es un engaño al Pueblo de México. No hay tal certeza en lo que se está diciendo.
Miren: la Reforma estableció, porque ya lo saben, en el Artículo 27, la posibilidad de que se dejara para el Estado, en el Artículo 27, dice:
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable, imprescriptible y no se otorgarán concesiones, con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación.
Ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos, con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria.
Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones en cualquier caso, o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.
¿Y qué es lo que implica que no se darán concesiones? Esto que se ha estado insistiendo son concesiones. Entonces hay que entender qué pueden y qué no pueden hacer los privados en materia de explotación y extracción.
Hay que entender qué constituye una concesión, y esa concesión generalmente está definida como un acto administrativo a través del cual la administración pública concede, otorga a los particulares concesionarios, el derecho de explotar un bien propiedad del Estado, o para explotar un servicio público.
Por su parte explotar significa extraer de las minas riqueza que contienen. También significa sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio.
En esta segunda acepción, en la que se utiliza el término el derecho administrativo, de lo contrario no tendría sentido hablar de la explotación de un servicio público, por lo que en materia petrolera una concesión es el acto administrativo a través del cual la administración pública concede y otorga a los particulares concesionarios el derecho de sacar la utilidad del petróleo en provecho propio.
Eso es lo que se ha debatido y eso es lo que han estado negando. Por eso la farsa que se está convirtiendo esta propuesta que hay que darle posteriormente una explicación profunda al Pueblo de México.
Prometí al Presidente de la Comisión que iba ajustarme al tiempo. Estoy en la parte introductoria. Y en respeto, porque además le reclamé la oportunidad de poder hablar, yo estaba inscrito, andaba en otra comisión, y tuvo la gentileza de apuntarme y hablar en ese turno.
Yo voy a cumplir mi palabra y ajustarme al tiempo sin antes decirles que hay muchas maneras de pasar a la historia.
Lázaro Cárdenas lo hizo en un acto heroico para el país y ahora hay otros que van a pasar a la historia por haber traicionado los valores más importantes de esta Patria al entregar la riqueza de los mexicanos a manos privadas.
Gracias compañeras y compañeros.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias senador. Y qué bueno que me da la oportunidad de hacer una aclaración, antes de darle por último la palabra al senador Jorge Lavalle, para terminar un bloque de a favor y en contra.
Previamente y con el testimonio de todos y todas ustedes, di cuenta de la lista de registro en contra y a favor.
Hay varios senadores que en esta primera ronda me han pedido participar, pese a que se había cerrado el registro y es la voluntad de la mesa que así se haga y aquí están registrados, senador Demédicis, a nadie se le cancelará esa oportunidad, como es debido.
Sin embargo, estamos más allá de las ocho, no se planteó modificar el horario que es una posibilidad, por acuerdo de la mesa hacerlo. Voy a darle el uso de la palabra al senador Lavalle, voy a instalar un receso y les quiero comunicar que he compartido con diferentes grupos parlamentarios y ya una vez hecho el aviso de que mañana trabajaríamos en el pleno de la Comisión Política Permanente, en el salón de la Comisión Política Permanente, daríamos inicio, para concluir esta primera ronda mañana, a las nueve de la mañana y proceder con la segunda ronda.
Le concedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos al senador Jorge Lavalle.
SENADOR JORGE LAVALLE MAURY: Gracias, Presidente.
Traté de poner la máxima atención a gran parte de las intervenciones de muchas compañeras y compañeros legisladores y les quiero decir que en muchas me perdí, porque en ningún momento pude encontrar los argumentos o los temas o los textos que vinieron a leer con lo que dice realmente este dictamen.
Pero hay otros que hablaron de lo que sí está y es donde me gustaría detenerme ahorita. Lo que sí dice la ley, esta propuesta más bien de dictamen de ley, y me gustaría comentarlo pues ya no está el senador Mario Delgado, pero quiero reconocer que es de los muy pocos senadores que estuvieron en contra, pero que no solamente estuvieron en contra, sino que hicieron propuestas claras de cómo sí poder mejorar las leyes.
Y quiero decirles también que aquí me remito también a parte de lo que yo decía el día de ayer, de las grandes coincidencias que existen entre muchos de estos dictámenes y me voy puntual.
El senador Delgado se refería a que el 25 por ciento del contenido nacional debería de ser incrementado al 40, ahorita hablamos de los detalles de si es por contrato o si es nacional.
Me voy a la página 102 del nuevo dictamen, el que trae 81 cambios y varios de estos de hecho ya están contemplados y leo el penúltimo artículo y es en relación con el contenido nacional.
Se establece que la Secretaría de Economía calculará y publicará el contenido nacional en exploración y extracción durante el primer semestre de 2014, el cual servirá para establecer el porcentaje promedio de contenido nacional en asignaciones y contratos a particular del cual iniciará, aumentando gradual hasta alcanzar la meta del 35 por ciento, pero adicionalmente se estableció que el porcentaje señalado en ley deberá ser revisado cada cinco años, después del 2025.
Ahora bien, creo que debemos todavía debatir y discutir si debe de ser por contrato o no, porque si hablamos de contrato, de contratos en los procesos del down sims, creo que el 25 ó el 35 por ciento es poco. Tenemos la capacidad y somos competitivos para poder hacer hasta un 80, un 85, entonces estaríamos negándole la oportunidad a mucha industria nacional que hoy puede perfectamente hacer eso.
Así como en otros contratos, por ejemplo de aguas profundas, donde hoy no tenemos la capacidad tecnológica para poderla llevar a cabo, donde difícilmente pudiéramos contar con un cinco por ciento, con lo cual haríamos inviables muchos proyectos.
Entonces, es un tema que podemos todavía discutir, pero me parece que ya se acerca mucho y tenemos coincidencia en ese tipo de redacciones.
También habló de la urgencia también de definir método de subasta y me voy ahora a la página 40, donde dice en los cambios, de uno de los 80 cambios que trae esta nueva propuesta y dice: el mecanismo de adjudicación podrá ser, entre otros, una subasta ascendente, a la cual se refería también el senador, una subasta descendente, una subasta al primer precio en sobre cerrado, que también se refería el senador.
En los proceso de licitación podrán contemplarse criterios de desempate, los cuales deberán estar incluidos en las bases de licitación correspondientes.
Concuerdo totalmente y este texto se adapta perfectamente también a lo señalado. Otra coincidencia más.
Tema de definir variables diferentes a la económica. Aquí hay que recordar que este modelo energético lo que prevé es dar gran transparencia a los procesos y la variable económica es un método de justicia en el cual es muy fácil el poder tener claridad sobre un ganador que ofrezca las mejores garantías al estado.
Ahora bien, coincido con que hay otros elementos de valor y aquí se referían también al modelo noruego, al modelo inglés; pero hay otros modelos que también han sido muy exitosos, como es el colombiano, en el cual las variables diferentes a los mecanismos de valor económico se establecen en las bases de la licitación y en los instrumentos de precalificación; las cuales también vienen ya definidas.
Aunque coincido que podrían ser también redactadas con mayor precisión, pero vienen también los criterios de precalificación y me refiero a la página 41.
También hablaba de la transparencia. Y así me podría seguir, el tema de la transparencia, también en la 40; y en cualquier caso, los procesos de licitación se deberán llevar a cabo bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez. Las propuestas podrán ser presentadas y analizadas a través de medios electrónicos, en los términos que establece el Reglamento.
Otra coincidencia más, me pareció también que hizo propuestas interesantes, que si bien hoy pudieran interpretarse como que pudieran llevarse a cabo a través de la CNH, a través de la obligación y el mandato que le estamos dando a la CNH para que publique con periodicidad el desempeño de los contratos; este sistema de gestión de evaluación de contratos creo que es algo que también podríamos analizar y podría ser valioso para enriquecer esta Reforma.
Ahora bien, me gustaría detenerme también, antes de acabarme mi tiempo, en uno de los temas de los que no están, porque sí me preocupa, me preocupa mucho que por la ignorancia en un tema de algún compañero, piensa que es suficiente no solamente para ofender de manera grave a un senador, sino a todo el estado de Nuevo León.
Me parece grave porque es mentira, primero que nada, que el fracking sea una actividad nueva en este país. El proceso de extracción llamado fracking, como lo han nombrado, es un proceso que tiene sus antecedentes en técnicas de producción para estimulación de pozos, que se lleva a cabo en este país hace más de 65 años, y hace más de 65 años se lleva a cabo en estados como Tabasco y como Campeche; y en los cuales es mentira que haya hecho esos daños que, no solamente no están en la ley, no hay referencias reales sobre eso ni mucho menos datos comprobables.
Es mentira también que se utilicen 80 millones de litros de agua por pozo. Posiblemente esa información también es de hace 65 años; porque las nuevas tecnologías han avanzado de manera impresionante: hoy por hoy, la cantidad de litros de agua que utiliza con las nuevas tecnologías este método de extracción, varía entre los 7.5 y los 15 millones de litros. Los cuales, además, hay tecnologías ya en Estados Unidos que utilizan métodos de reaprovechamiento y reutilización de estos litros de agua, entre un 85 y un 90 por ciento.
Otras tecnologías que se están desarrollando, por ejemplo, en el caso de Apache Canadá, que hoy por hoy están utilizando aguas salinas, aquí no me refiero a ningún grupo empresarial aludido: me refiero al agua de mar, al agua salada, y también es mentira.
Tenemos que hablar de lo que hay, de lo que existe, de lo que hay referencia, de lo que realmente puede beneficiar a este país. Y es cierto, por último, para terminar, es cierto y se lo digo aquí al senador que nos decía que el tema del gas no es un tema de riqueza económica: es muy cierto.
El tema del shale gas y el tema del gas natural en este país…
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Perdón, senador, perdón que lo interrumpa.
SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Ya voy a terminar.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: No, no, es que me pregunta el senador Armando Ríos Piter si usted admite una pregunta.
SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Que me permita terminar, nada más, por favor.
El tema del gas natural, en particular, efectivamente, no es un tema de riqueza económica, es un tema de seguridad energética; es un tema con el cual le vamos a poder ofrecer a los mexicanos, incluidos por supuesto y específicamente, a los de escasos recursos, la oportunidad de tener acceso a hidrocarburos de menor costo.
Efectivamente, hay pozos que por su baja rentabilidad no son atractivos; por eso, en este modelo energético queremos que sea factible extraer ese tipo de hidrocarburos; y para que se extraigan, lo que estamos generando es un modelo, un modelo que para que sea factible tiene que cumplir con tres características: que sea viable y factible económicamente extraerlo; que sea viable y factible tecnológicamente extraerlo; y que sea viable y factible cumpliendo con todos los mecanismos de seguridad industrial y de manejo ambiental.
Nosotros aquí no estamos diciendo que con una técnica en particular se vaya a dañar absolutamente nada, simple y sencillamente habrá agencias e instituciones especializadas y expertas en esto en garantizar no solamente las mejores condiciones para el Estado Mexicano, sino en garantizar que se cumpla con todos los requerimientos tecnológicos de cuidado del medio ambiente y de seguridad industrial para la seguridad de todos los mexicanos.
El tema del gas, efectivamente, no es un tema de riqueza, es un tema de darle la oportunidad a los mexicanos que tengan acceso a hidrocarburos más baratos.
Muchas gracias.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador Lavalle, ¿admite usted la pegunta del senador Armando Ríos Piter?
SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: Mañana continuamos con el debate, porque si no van a hacer muchas preguntas.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Permíteme.
SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: No.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: No admite la pregunta.
¿Admite la pregunta del senador Bartlett?
SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: No.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Senador Ríos Piter, ya había anunciado el trámite, yo le rogaría, senador, que respetemos el trámite que había anunciado. Estamos sobre la hora; mañana vamos a reiniciar a las nueve de la mañana en el seno de la Comisión Política Permanente.
Declaramos un receso. Continuamos el día de mañana.
Mañana lo desahogamos. El día de mañana lo desahogamos. Con mucho gusto aquí se reinicia el día de mañana.
Muchas gracias.
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Una precisión muy importante, Presidente, nada más por lo que dijo el senador Lavalle.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Habíamos cantado el trámite, senadora.
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Sí, nada más precisar que en el caso del PRD no estamos haciendo propuestas de hacer subastas de hidrocarburos; eso nos parece sumamente… Por eso, no es propuesta del PRD. Tampoco compartimos el porcentaje de contenido nacional; tampoco el sistema de gestión de contratos a nivel internacional ni el régimen fiscal acomodado.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Armando, yo había cantado el trámite.
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Pero esas no son las propuestas del PRD.
SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Habíamos cantado el trámite.
Gracias.
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