Entrevista  Senador Armando Ríos Piter sobre la discusión del dictamen de Consulta Popular en el Pleno.

• Es un verdadero vericueto que terminará empantanando la posibilidad de llevar a cabo, consultas populares.

• Hay una serie de requisitos, desde el aviso de intención, la cantidad de firmas, no se clarifica el formato para las firmas, se deja un especie de toma de nota que pone, digamos a los ciudadanos, en una franca aduana por parte del Poder Legislativo, y esto imposibilita la continuidad o la certeza en la continuidad del trámite.

• Como no vemos intención de diálogo, de discusión, intención de avanzar en estos sentidos, pues no podemos aprobar una consulta popular que está clara y abiertamente en contra de un derecho constitucional, y abiertamente en contra de la posibilidad que preguntemos en uno de los principales asuntos del país, que es el tema energético.

Pregunta: Senador, sobre el tema de la Consulta Popular, ¿nos puede adelantar cómo va?

ARP: Nosotros hemos planteado la necesidad de una serie de cambios que son indispensables para garantizar que la consulta popular sea viable y que no solamente se convierta en una ley que sea, pues un conjunto de restricciones, de obstáculos, de impedimentos, que por más que se aprueben en la ley, sean improcesables e imposibles de cumplimiento, por parte de los ciudadanos y las ciudadanas del país.

Para nosotros nos parece una miopía que la discusión, especialmente la visión que ha tenido el gobierno y el PRI sobre este particular, verse solamente sobre el tema energético.

Y en esa intención de restringir y de obstaculizar, lo que han imposibilitado es que, un derecho ciudadano ya establecido en el artículo 35 de la Constitución, que posibilita, que está vinculado a garantizar que la participación democrática, que la democracia participativa, sea contundente, sea sólida, sea viable, pues esta limitación, implícitamente termina afectando un importante derecho al cual alcanzamos durante la Reforma Política del 2011.

De tal manera que lo que queda en este planteamiento, con toda claridad, en la intención de que el PRI lo vote en estos términos, es pues hacer un laberinto con demasiados requisitos, con demasiados problemas para la aplicación de dicha consulta, y es un verdadero vericueto que terminará empantanando la posibilidad de llevar a cabo, consultas populares.
 
Hay una serie de requisitos, desde el aviso de intención, la cantidad de firmas que se requiere, y después la participación de la cámara de Diputados, en donde no se clarifica el formato para las firmas, se deja un especie de toma de nota que pone, digamos a los ciudadanos, en una franca aduana por parte del Poder Legislativo, y que esto imposibilita la continuidad o la certeza en la continuidad del trámite.

Posteriormente, la participación del Instituto Nacional Electoral en la verificación de firmas; no se tiene garantía de audiencia, lleva a cabo y desarrolla la Consulta Popular pero con mucha falta de claridad en términos de cómo garantizarle que este derecho sea cumplido.

Y por último la participación de la Suprema Corte de Justicia, quien verifica la constitucionalidad de la pregunta, pues todos estos procedimientos, toda esta parte, se convierta –repito- en un laberinto, en la falta de elementos de buena fe que permitan la reposición de firmas, en falta de instrumentos que garanticen y que ayuden a que los ciudadanos y las ciudadanas lleven a cabo este instrumento.

Por esta razón nuestro voto será en contra. Si es que se subsanaran todas estas dificultades que nos parece que procesalmente son indispensables, y si es que se garantizara en el texto la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales, lo que clarifica que se pueda llevar a cabo consultas populares en todos los temas, incluido el que más nos preocupa y nos interesa que es el tema energético, pues obviamente votaríamos a favor.

Pero como no vemos intención de diálogo, intención de discusión, intención de avanzar en estos sentidos, pues no podemos aprobar una consulta popular que está clara y abiertamente en contra de un derecho constitucional, y clara y abiertamente en contra de la posibilidad que preguntemos en uno de los principales asuntos del país, que es el tema energético.

 

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