SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DE 2014.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE

-EL C. PRESIDENTE RAÚL CERVANTES ANDRADE: (12:40 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores.

-LA C. SECRETARIA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 79 ciudadanos senadores y senadoras.

En consecuencia, hay quórum, presidente.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Se abre la sesión del miércoles 12 de febrero, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio.

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, presidente.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Compañeros senadores, informe a ustedes que la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, acordó incorporar en el orden del día el dictamen que presentan las comisiones unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos, que propone reformas a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

El asunto está publicado en la gaceta de hoy, y se inscribe para su primera lectura.

Pasamos a los asuntos de nuestra agenda.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 2 de la  Ley General de Cultura Física y Deporte.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las comisiones unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las comisiones unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.
-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 29 bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las comisiones unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

-LA C. SECRETARIA DÍAZ LIZAMA: Igual la colegisladora remitió un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 118 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las comisiones unidas del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos.

Tiene la palabra el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 fracción IX, y 18 fracción XXV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por favor, senador.

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Muchas gracias, senador presidente.

Compañeras, compañeros senadores: Como ustedes saben, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero de 2009, tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la  Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta materia.
En dicha ley, podemos advertir que es en el marco de este Sistema Nacional, que el Ejecutivo Federal encauzará todas las acciones que se emprendan en materia de seguridad pública, para cumplir con su mandato constitucional.

En ese contexto, vale la pena señalar, que actualmente el país, atraviesa un momento histórico muy crítico, yo diría, uno de los más críticos en materia de seguridad pública, y es por eso, que dentro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos planteamos la tarea de analizar el presente ordenamiento jurídico, del cual se desprendió la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión por parte de esta cámara, a fin de contar con los elementos suficientes para dar seguimiento a las políticas implementadas en la materia.

Así, como resultado de la revisión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se colige que no hay obligación de los integrantes de este Sistema Nacional a rendir informes o a proporcionar información a esta soberanía.

Por lo que consideramos, que los informes a los que se refieren los artículos 69 y 93 de nuestra Carta Magna, en los que se establece la obligación del Ejecutivo Federal y de los secretarios del despacho, de informar a las cámaras, acerca del estado que guarda su administración, no son suficientes para dar cuenta de la situación en la que se encuentra la Administración Pública Federal, precisamente en materia de seguridad pública.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar, que la ley contempla a través de los artículos 18, en sus fracciones XIII y XIV, 142 párrafo cuarto y 143 numeral 1, la realización de informes dirigidos al secretario del ejecutivo del Sistema y no al Poder Legislativo.

Es precisamente, compañeras y compañeros, por estas razones, que la presente iniciativa propone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, rinda también a esta soberanía, un informe a través de su secretariado ejecutivo, un informe de actividades semestrales, que contengan las acciones políticas, estrategias implementadas en el marco del Sistema Nacional, así como de los resultados obtenidos en el período correspondiente.

Y es por eso, de manera muy sintética, senador presidente, que presentamos esta propuesta de modificación a la ley correspondiente.

Muchísimas gracias.

Y es cuanto.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Túrnese a las comisiones unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En el apartado de iniciativas tiene la palabra la senadora Arely Gómez González, para presentar a nombre propio y de los senadores Javier Corral,  Laura Rojas, Alejandro Encinas, Zoé Robledo y Pablo Escudero, un proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, y se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Senadores.

Después de la senadora Arely Gómez, dividirán su tiempo, lo presentará también el senador Javier Corral.

-LA C. SENADORA ARELY GOMÉZ GONZÁLEZ: Con su venia, presidente.

Ser congruentes, implica tener un compromiso real, con lo que aprobamos como representantes populares y las reglas que nos auto imponemos como servidores públicos.

El viernes pasado, el Presidente de la República, promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, con la que se sientan las bases de una nueva concepción del derecho de acceso a la información en nuestro país.
El compromiso implícito en el cambio constitucional, que procesamos en esta Cámara de Senadores, fue la necesidad de una verdadera rendición de cuentas de todos los que formamos parte de los Poderes de la Unión y en todos los niveles de gobierno.

Hoy, esta reforma, es ya una realidad, y el Senado de la República responde a la exigencia ciudadana de respetar el derecho humano a la información, con la presentación del proyecto de Reglamento de Transparencia, que hoy tengo el honor, junto con el senador Javier Corral, de poner a su consideración.

Este Reglamento, organiza y establece una estructura interna que nos permitiría responder a los cambios que implica la reforma constitucional, respetando la dinámica del legislativo, sin dejar de tomar en cuenta el principio de máxima publicidad que establece nuestro artículo sexto constitucional.

Se contempla un capítulo, en el que se  señalan, la información que deberá publicarse periódicamente, se formaliza la obligación de los órganos de gobierno y de los grupos parlamentarios, de reportar el uso de recursos y se establece con claridad la información, que puede ser clasificada como reservada o confidencial.

Con este Reglamento se modifican las atribuciones y estructuras internas del Senado, para fortalecer la actividad de la unidad de Enlace y del Comité de Transparencia para…

(SIGUE 2ª .PARTE)
…interna del Senado para fortalecer la actividad de la Unidad de Enlace y del Comité de Transparencia para Garantizar el Acceso a la Información, y se reconoce la existencia de datos personales que deben ser protegidos.

Desde el inicio de la presente Legislatura tengo el honor de presidir el Comité encargado de Garantizar el Acceso a la Información y la Transparencia del Senado.

Con mi ex-compañeros de todas las fracciones parlamentarias nos hemos dado a la tarea de impulsar las mejores prácticas y mecanismos para atender las exigencias ciudadanas. Es por esto que consideramos indispensable revisar la normatividad interna en la materia para contar con procedimientos adecuados.

Este Reglamento es resultado de un trabajo de varios meses de análisis y consulta en el que participaron con excelentes propuestas y comentarios mis amigos Senador Javier Corral, Laura Angélica Rojas, Alejandro Encinas, Zoé Robledo y Pablo Escudero. Por su apoyo y compromiso con esta propuesta, muchas gracias.

También agradezco el apoyo y comentarios de los miembros de la Mesa Directiva, del interés personal del Senador Presidente Raúl Cervantes por su compromiso con la transparencia y por el apoyo brindado, así como los comentarios que recibimos de las Secretarías Generales de Servicios Parlamentarios y Servicios Administrativos, y de los representantes administrativos de los grupos parlamentarios.

Estamos convencidos de la importancia que tienen los órganos internos y los servidores públicos de la Cámara en el trabajo legislativo que realizamos como representantes populares.

Amigas y amigos, con este Reglamento estamos sentando las bases de uno de los ejes para contar con un verdadero parlamento abierto, la transparencia y el acceso a la información. Los invito a conocer la propuesta para que en el menor tiempo posible podamos contar con este instrumento que siga poniendo al Senado de la República a la altura de las exigencias de la ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias a usted, Senadora, y gracias por sus palabras generosas a la Presidencia y a la Mesa Directiva.

-Senador Corral, por favor, tiene el uso de la tribuna.

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Compañeras senadoras; compañeros senadores:

En los últimos meses, a través de redes sociales y medios de comunicación, diversas instancias del Congreso mexicano, así como algunos de sus actores más relevantes se han colocado bajo serios cuestionamientos y críticas en torno de su actuación, la manera en que ejercen sus facultades, cómo gestionan sus asuntos y se relacionan con otros poderes y actores privados, cómo se usan los recursos públicos económicos y materiales de los que disponemos los legisladores.

El Congreso está bajo una exigencia social de mayor transparencia y acceso a la información que posee, es hora de responder y asentar en un documento que nos vincule a todos un claro compromiso con la transparencia en el ejercicio de nuestra función, particularmente en el rubro de los recursos públicos que se asignan a los grupos parlamentarios y a los senadores en particular.

Este compromiso debe traducirse en la concreción del principio constitucional de máxima publicidad, sobre todo ahora que con la reciente reforma constitucional el Congreso y sus grupos parlamentarios ya no podrán seguir gozando del dudoso honor de ser una de las excepciones al derecho de acceso a la información y estará bajo la competencia y jurisdicción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Quienes hemos luchado por someter a este poder a ese escrutinio ciudadano como una forma de contrapeso y contraloría social, buscamos mediante la presente iniciativa de Reglamento de Transparencia del Senado avanzar y concretar el anhelo de un parlamento abierto donde toda la información que deba ser pública esté a disposición de todos en Internet y estar a disposición por cualquier medio material o instrumento de cualquier persona, el desglose de la totalidad de los recursos que reciben los grupos parlamentarios de parte de la Hacienda Pública y la forma pormenorizada como los gastan.

Debo señalar que la propuesta parte del trabajo esencial de la Senadora Arely Gómez, quien ha puesto en este objetivo su compromiso con la transparencia y una apertura para ensanchar sus contenidos y darle un mayor alcance a la iniciativa a partir de las propuestas que hemos realizado los que suscribimos junto con ella esta iniciativa que se apuesta por una mayor transparencia.

Esta transparencia, compañeras y compañeros, tendrá consecuencias fundamentales: una de ellas para restituir a plenitud nuestra fuerza moral y política, no sólo en el debate parlamentario, sino frente a la exigencia ciudadana de que todo aquel que tenga una responsabilidad pública rinda cuentas. A la gente le molesta que además de los altos salarios que recibimos los servidores públicos no se transparenten los apoyos adicionales y otras prestaciones.

Abrir la información evita también los manejos discrecionales en la asignación de apoyos y recursos entre los senadores de un mismo grupo parlamentario que tanto daña a la unidad y buena marcha del trabajo legislativo. En este sentido, la propuesta que hoy proponemos consiste en establecer con claridad quiénes son los sujetos obligados de la Cámara de Senadores, así se señalan que serán los órganos de gobierno, los grupos parlamentarios, las áreas parlamentarias y administrativas, el centro de estudios, las comisiones y todas las unidades que contengan información relacionada con las actividades del Senado.

Se define con claridad la información que debe de ser reservada y la información confidencial garantizando el acceso de aquella información que no se encuentre clasificada. La información será clasificada por los servidores públicos que la tengan y será el Comité de Garantía y Acceso y Transparencia de la Información, el COGATI, quien ratifique o modifique la clasificación, cuyo periodo de reserva será hasta por doce años.

Dicho comité estará integrado por un senador por cada grupo parlamentario, los cuales serán propuestas a la Mesa Directiva por la Junta de Coordinación Política para su aprobación por el Pleno de la Cámara. Se establece un capítulo relativo a la protección de datos personales garantizando los llamados derechos Arco, (de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición).

Sobre los datos personales la propuesta prevé la existencia de datos sensibles, se establece un procedimiento ágil y expedito con la intención de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se prevé la operación de un sistema de información y plazos razonables para tramitar las solicitudes de acceso a la información que presenten los interesados.

Me siento muy entusiasmado y esperanzado de que un grupo plural haya podido suscribir y avalar este trabajo, y esperemos que muy pronto este mismo Pleno estemos aprobando la iniciativa que ahora se presenta por nosotros y que habrá de conjugarse con otras que ya se han presentado y que habremos de dictaminar en los próximos días.

Muchas gracias a todas y a todos. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Sonido en el escaño del Senador Hermosillo y del Senador Daniel Ávila.

-EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: (Desde su escaño) Con el objeto de pedirle al Senador Corral que si me permite adherirme a este punto de acuerdo.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Y a la Senadora Arely, que son los, a todos y cada uno de los promoventes.

-EL C. SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ: (Desde su escaño) Presidente.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: ¿Para el mismo efecto, Senador Ávila?

-Sonido en su escaño.

-EL C. SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ: (Desde su escaño) Ciudadano Presidente, Raúl Cervantes, Presidente del Senado, Senador por el Distrito Federal, de manera respetuosa le pediría, le solicitaría a la Senadora Arely Gómez, y por supuesto al Senador Javier Corral, el adherirme a este proyecto de decreto, de Reglamento del Senado de la República, sobre todo en el afán de la transparencia y la rendición de cuentas de este instituto político.

Gracias.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias.

-Sonido en el escaño, por favor, del Senador.

-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA: (Desde su escaño) Para pedirles la adhesión y suscribirla también, y felicitarlos por este esfuerzo que bien nos…

(SIGUE 3ª PARTE)
. . . . . . . .........para pedirle la adhesión, y suscribirla también, y felicitarlos por este esfuerzo que bien nos va a hacer a todo el Senado.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Sonido en el escaño del Senador Benjamín Robles, ¿me imagino que todos para el mismo efecto?

- EL C. SENADOR BENJAMIN ROBLES MONTOYA (Desde su escaño):  Para el mismo efecto, pero los senadores del PRD queremos expresar a través de un servidor el beneplácito por la propuesta que ha hecho nuestra compañera Arely Gómez, y que suscriben también los senadores de distintos grupos parlamentarios, estamos con la transparencia, y por eso pedimos a la Senadora Arely que nos permita suscribir con ella esta importante propuesta.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES ANDRADE: Si me permiten, y no es ironía, a mi me encantaría que esto lo suscribieran los 127, y su servidor, 128 senadores.

                  (A P L A U S O S)

Ha sido un trabajo impecable de la Senadora Arely Gómez y del Senador Javier Corral, apoyado por esta Mesa Directiva, por la Junta de Coordinación Política y por todos los coordinadores; el que desee lo invitamos que lo haga saber a la Secretaría y que informe, y para no violar el proceso legislativo, no lo votamos ahorita.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y de Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

En seguida tiene la palabra la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 17 y 18 de la Ley de Instituto Nacional de las Mujeres.

- LA C. SENADORA ADRIANA DIAZ LIZAMA: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros senadores: La presente iniciativa busca que se adicionen fracciones a los artículos 17 y 18 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de poder hacer una modificación a la forma como actualmente se integra la terna de candidatas a presidir el instituto.

Este tema se conforma por decisión del Ejecutivo Federal con curriculums y perfiles que la Presidencia de la República aporta.

Cabe destacar que en cada ocasión en que se ha tenido que nombrar o ratificar a la titular del instituto se ha abierto polémica al respecto, y en algunas ocasiones el nombramiento ha sido parte de un proceso de difícil consenso.

De tal manera que es para su servidora de vital importancia poder colaborar en esta aportación para que la ley del Instituto Nacional de las Mujeres mejore su proceso de integración de la terna, y en consecuencia, la elección o nombramiento de su presidenta, al tiempo que el Ejecutivo tenga la oportunidad de elegir con un proceso inclusivo, abierto y transparente.

Esta reforma busca también romper con el actual ciclo de integración de la terna, así como el círculo vicioso que en muchas ocasiones se presenta en la administración pública, el cual se basa en la colocación de personal  en torno a un poderoso patrón que reparte cargos como método de ingreso y quien jerárquicamente funge en nuestro país como presidente, gobernador, incluso alcaldes; además de aquellos secretarios de estado quienes posteriormente valorarán quiénes habrán de integrar su personal haciendo de éstas viejas prácticas problemas burocráticos para la administración pública.

De tal manera que es muy importante y trascendental que logremos propiciar el fortalecimiento de una administración pública más profesional para dar paso a nombramientos de titulares de espacios en la administración donde su elección sea por las capacidades y el desempeño de su carrera profesional, y no donde el funcionario público sea designado por ser parte de un equipo político.

Por lo tanto, éste fácil, aunque complicado sistema de selección resulta fundamental modificarlo y dar paso a la búsqueda de la excelencia en los espacios donde las decisiones que se tomen deben estar respaldadas en experiencia, conocimientos, sensibilidad y sobre todo principios y lealtad con el servicio público.

Es entonces, que hoy, senadores y senadoras me permito presentar una iniciativa que busca aportar a la administración pública, un sistema que tiene la intención de hacer más eficiente y legítimo en los procesos de integración de equipos de trabajo, y dar marcha atrás a lo que ha prevalecido en nuestro país: un modelo de administración pública, que desafortunadamente se ha caracterizado en la mayoría de los casos por la integración de una burocracia de tipo clientelar.

Por tal motivo, presento esta iniciativa que reforma la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, y pretende brindar un mejor mecanismo para el nombramiento de la presidenta del instituto.

Para lograr lo anterior es fundamental que los artículos 17 y 18 de dicha ley sean modificados para dar paso a una nueva etapa para el Instituto Nacional de las Mujeres, y sentar un precedente donde se privilegie la capacidad profesional, los principios y valores de la persona como ejes rectores del servicio público y dejar atrás compadrazgos, integrantes de equipos o defensores de intereses personales.

México demanda funcionarias y funcionarios de la mejor calidad profesional y humana para garantizarnos a las mexicanas y mexicanos igualdad en todos los sentidos.

Es cuanto, señor Presidente.

(CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DEL PLENO)

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ANA LILIA  HERRERA ANZALDO: Gracias, senadora, túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos Primera.

En otro apartado de la orden del día, tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos Segunda, con la opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del Artículo Tercero de la Ley General de Cambio Climático.

Debido a que se encuentra publicado en la gaceta del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Tenemos ahora la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos.

Debido a que se encuentra publicado en la gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 195 de nuestro Reglamento, es de primera lectura.

Respecto de este dictamen, compañeras y compañeros senadores, la Mesa Directiva acordó solicitar al pleno la dispensa de la segunda lectura para poner el asunto a discusión y votación durante esta misma sesión.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- LA C. SECRETARIA SENADORA ELENA BARRERA TAPIA: Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen, quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

- Si se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA SENADORA HERRERA ANZALDO: Gracias, se concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández para presentar el dictamen a nombre de la Comisión Contra la Trata de Personas en términos de lo dispuesto por el Artículo 193, del Reglamento.

- LA C. SENADORA ADRIANA DAVILA FERNANDEZ: Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. Senadoras y senadores: Nuestra ley suprema reconoce el derecho irrenunciable a la libertad; prohíbe la esclavitud y cualquier actividad que atente contra la dignidad humana. Sin embargo, muchas personas han perdido la capacidad para decidir aspectos de su vida, están imposibilitadas para disfrutar de sus derechos fundamentales, no gozan de su libertad, porque están sometidos a lo que hoy se conoce como la moderna esclavitud que es la trata de personas.

Es uno de los crímenes más redituables para la delincuencia a nivel nacional y también en el mundo, sólo por debajo del narcotráfico; es un atentado cruel y directo contra la dignidad humana porque inhibe el libre desarrollo de la personalidad de mexicanas y mexicanos, niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, discapacitados, indígenas migrantes, todos ellos en situación de vulnerabilidad.

Ante la gravedad del problema, a finales del mes de septiembre de 2012 el pleno de la Cámara de Senadores de esta Legislatura aprobó la Comisión Ordinaria Contra la Trata de Personas, misma que fue instalada el 9 de octubre del mismo año.

Las senadoras integrantes nos propusimos analizar a fondo este flagelo social para contar con elementos sólidos en el ámbito de  nuestra competencia para prevenir el delito, fortalecer el carácter punitivo de la ley y atender la demanda más sensible para las víctimas afectados y ofendidos que es combatir la impunidad.

Establecimos como parte del programa de trabajo la indispensable revisión de la ley vigente; se creó un equipo técnico conformado por las y los asesores profesionales de las senadoras integrantes de esta comisión, y se invitó a expertos en la materia, autoridades del gobierno federal, así como a organizaciones..........

(Sigue 4ª. Parte)
… profesionales de las senadores integrantes de esta comisión y se invitó a expertos en la materia, a autoridades del gobierno federal, así como a organizaciones civiles nacionales e internacionales quienes plantearon la necesidad de modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el fin de perfeccionar y hacer más eficaz la aplicación de la norma.

El eje rector en todo este proceso, de principio a fin, fue el perfeccionamiento del marco jurídico actual, así como privilegiar acciones y propuestas normativas que garanticen la certeza jurídica y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales de las personas, principios que procuramos salvaguardar en todo momento.

La Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, revisó este marco jurídico para identificar y proponer correcciones a lagunas en su contenido, deficiencias en su redacción y, en particular, para armonizar lo que la ley establece con los instrumentos nacionales e internacionales sobre la materia, así como con otros ordenamientos jurídicos relacionados con el tema.
Cumplimos así con lo mandatado en la fracción 21 del artículo 73 constitucional, para tener la posibilidad de definir los tipos penales contra la trata de personas.

Este ejercicio legislativo partió de una ley que en su momento fue útil, porque hizo visible la necesidad de un instrumento jurídico para atacar el problema.

Sin embargo, a la luz de su análisis y estudio eran necesarias e impostergables modificaciones en su estructura.

Se consideraron las recomendaciones de la ONU, reflejadas en la ley modelo contra la trata de personas, así como tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, los cuales contemplan disposiciones encaminadas a prevenir y combatir la trata de personas en todos los países afectados. Con lo que es posible establecer criterios mínimos que deben ser retomados por cada gobierno.

Para las propuestas de modificación a la ley, se realizaron intensas reuniones de trabajo e incluso se instaló una Conferencia Nacional de Legisladores Locales con la participación de 24 entidades federativas para coordinar esfuerzos entre la federación y los estados en el ámbito legislativo.

También se sostuvieron encuentros con autoridades encargadas de la procuración de justicia, de la atención a víctimas y de los representantes de los poderes judiciales. Además de especialistas, organizaciones civiles, académicos, víctimas y afectados de este delito.

Se requiere seguridad jurídica para que lo justificable pueda aplicarse, implementarse de forma clara y concreta. La ley reglamentaria debe defender los derechos humanos que la Constitución consagra y procurar la administración de justicia.

Fue así que después de doce meses de trabajo en el mes de octubre del año pasado, a nombre de las integrantes de la comisión, la senadora Angélica de la Peña, la senadora Lucero Saldaña, la senadora Luisa María Calderón y la senadora Margarita Flores, y con el respaldo de más de la mitad de senadores y senadoras de este Poder Legislativo, pusimos a consideración de este pleno la iniciativa que reforma varias disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Durante los cuatro meses posteriores, las Comisiones Contra la Trata de Personas, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Estudios Legislativos y la Comisión de Justicia, trabajamos de manera coordinada para elaborar y enriquecer el dictamen.

Cabe destacar la participación de especialistas, expertos, académicos y autoridades federales que operan la ley, lo cual permitió presentar un trabajo sólido profesional y especialmente cuidado.

Si lo que se busca es prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, entonces es necesario tener claridad en los preceptos legales para que los victimarios sean castigados y se haga justicia a las víctimas.

Este no es un análisis hecho al vapor ni mucho menos a la carrera, este es un dictamen responsable, producto de 493 días de trabajo comprometido y de 16 mes de actividades diversas con las víctimas y los afectados, pero especialmente refleja el trabajo de muchas organizaciones que tienen más de 30 años trabajando en el tema.

Busca establecer este dictamen pautas específicas para prevenir y enfrentar la trata de personas en México y así evitar duplicidad de conceptos en las leyes generales, puesto que existen consideraciones que ya están establecidas de forma amplia y generosa en otros ordenamientos, por estar específicamente diseñadas para tales efectos como lo es la Ley General de Víctimas.

Las reformas propuestas están vinculadas a las observaciones, inquietudes y demandas de la víctimas, afectados y ofendidos, los cambios reflejarán mejoras palpables en la impartición de justicia y en el combate a la impunidad.

En lo que respecta al delito de trata de personas, el libre desarrollo de la personalidad emanado de la dignidad humana, debe ser el bien jurídico tutelado por el Estado mexicano, el cual ya está reconocido por instrumentos internacionales y nacionales como en la Convención de Derechos del Niño o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, se debe garantizar el personalísimo derecho a elegir en forma libre y autónoma el proyecto de vida que cada quien decida.

Por ejemplo, si se quiere contraer matrimonio y tener hijos, determinar la apariencia personal, la actividad laboral, la opción sexual, en tanto que son aspectos que sólo puede decidir con absoluta libertad cada persona.

Hoy en día muchas de ellas han perdido la libertad, la capacidad de tomar decisiones y disponer de sí mismas, porque son sometidas a diversas formas de explotación. De ahí que el espíritu del dictamen busque salvaguardar la libertad de cada persona, su libre desarrollo, el respeto a la dignidad, la impartición de justicia y el combate a la impunidad.

Senadoras y senadores:

Decía don Manuel Gómez Morín que: “El deber es saber en qué estriban los males que reclaman acción y concretar programas realizables”.

Para atender a cabalidad a todas y cada una de las víctimas, familiares, afectados y ofendidos, es necesario darles certeza y seguridad de que tendrán justicia, que se librarán todos los obstáculos para inhibir la impunidad.

Las buenas prácticas de las autoridades son fundamentales: fortalecer el andamiaje jurídico es prioritario para atender los tratados internacionales y procurar justicia; el ejercicio de políticas públicas eficientes debe tener sustento legal; la correcta aplicación de normas generales permitirá restablecer el Estado de derecho.

En este proceso legislativo no hubo espacio para la mezquindad por parte del Senado de la República, todo aquel que tuvo deseos de involucrarse para abonar en la modificación de la estructura jurídica fue escuchado en un ambiente de respeto, tolerancia, pluralidad, transparencia y de manera pública.

Desde esta tribuna reconozco y agradezco a las presidentas, al presidente de las comisiones que participaron y a los integrantes de las senadoras, perdón, senadores integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, la sensibilidad y el sentido de responsabilidad porque analizaron, procesaron, discutieron y votaron afirmativamente prácticamente el dictamen presentado por la Comisión Contra la Trata de Personas en el pasado mes de octubre.

Tengo plena certeza, tengo confianza en la suma de esfuerzos legislativos porque fructificará en acciones concretas para prevenir, combatir, sancionar y erradicar este terrible delito.

Nuestro deber es proporcionar seguridad legal a las víctimas con ordenamientos claros y específicos que impidan la aplicación a modo de la ley. El reto es abatir la impunidad y con las reformas propuestas me parece se avanza en la dirección correcta.

No debemos olvidar que la responsabilidad de los legisladores es, entre otras, revisar y perfeccionar los instrumentos jurídicos para disminuir los riesgos de impunidad por todo aquello que no contempla la ley de forma explícita y que está sujeto a interpretación.

Por eso es que el dictamen incluye conceptos específicos que protegen a las víctimas de manera integral, física, psicológica y legalmente.

Si se cuenta con el voto aprobatorio de este pleno, es indudable que la tarea que cada una de las instancias involucradas cumpla con las disposiciones correspondientes.

Cierto, no hay ley perfecta, toda norma es perfectible, sujeto a la actualización según las circunstancias del momento.

Pero quiero darles a todos ustedes la certeza que este es un dictamen responsable.

Sé que en los últimos meses ha habido un debate intenso al respecto y puedo decirles de frente, mirándolos a los ojos que las y los senadores que participamos en este dictamen en la discusión, somos compañeros responsables, que trabajos sin mezquindad y que más allá de cualquiera de los comentarios que puedan generarse, el equipo técnico que trabajó también para perfeccionar este marco jurídico, merece todo nuestro respeto.

Quiero finalmente agradecer por supuesto a los senadores y senadoras, como ya lo hice. Pero algunas personas que nos apoyaron y que fueron sumamente generosas con su tiempo y su conocimiento: a Miguel Ontiveros, a Sara Irene Herrerías, a Yuriria Álvarez, a Olga Noriega, a Rubén Quintino, a Mario Luis Fuentes, a Germán García, a Yocelin Álamos, a Carlos Eduardo Castro, a Horacio Benjamín Pérez Ortega, a Nelly Montealegre, a Galileo de López Juárez, a Eva Trinidad Almeida Alarcón, a María Teresa Garmendia, a Bertha Cecilia Villafaña, Eréndira Berenice Frías, a Ricardo Germán, a Yessenia Mercedes, a Guillermo Alcántara. Y si se me pasa alguno, les suplico que me comprenda, hay muchos nombres de quienes participaron.

Agradezco de todos ustedes su colaboración y……

(Sigue 5ª parte)
....  Alcántara, y si se la pasa a alguno le suplico que me comprendan, hay muchos nombres de quienes participaron. Agradezco de todos ustedes su colaboración, y especialmente a los equipos de trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia, Estudios Legislativos contra Trata de Personas y derechos Humanos; es un honor trabajar con gente profesional. Muchas gracias a su disposición este dictamen. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, Senadora. Tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Por favor, senadora.

-LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ:  Con su venia, señor presidente, buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer, de manera muy afectuosa, a quienes presiden las Comisiones de Trata de Personas, la senadora Adriana Dávila, al senador Roberto Gil, de la Comisión de Justicia, y a la senadora Graciela Ortiz, que preside la Comisión de Estudios Legislativos.

Y también a cada una y a cada uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, quienes en un trabajo muy importante y con una participación relevante, también de otras senadoras y otros senadores de otras comisiones han estado aportando sus propuestas, sus inquietudes para que estas reformas que hoy ponemos a conspiración de ustedes, que reforma la Ley en materia de Trata de Personas, puedan ser avaladas y sigan su curso legislativo por el bien de las víctimas, y por la justicia, que perseguimos contra los delincuentes de estos graves delitos.

Me uno también a las felicitaciones de todas las personalidades, algunas están aquí presentes, que desde sus instituciones, desde sus espacios académicos, desde su “espertiz” han estado acompañando, como tiene que ser el dictamen, la discusión que partió con una iniciativa y que hoy se concreta en estas reformas, y que yo quiero señalar algunas de las “incursiones” importantes que distinguen a la misma.

Para imputar el delito a un delincuente el Ministerio Público tenía que acreditar el daño a seis bienes jurídicos, hoy logramos el perfeccionamiento de los tipos penales e incorporamos nuevas conductas delictivas; vamos  en nuestro trabajo acorde con lo que establece en la Constitución en su artículo 19.

La ley vigente impone el mismo rango de sanción si los delitos se cometen en contra de una persona o en contra de varias, cuestión que corregimos, ahora con las reformas se protege a cada víctima individualmente y se castiga con las reglas del concurso, es decir, la acumulación de penas si el delito se comete en contra de varios sujetos pasivos.

También se aplicarán las reglas del concurso si el delincuente comete diversos artículos, digo, delitos contenidos en otras leyes, como es el caso de homicidio, secuestro, lesiones, etc.

Se determinan de manera muy puntual cuales son medios comisivos y cuales son las agravantes; medios comisivos, la amenaza, uso de la fuerza, coacción, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, pago o beneficio a un tercero o consentimiento del tercero.

En las agravantes, que el activo sea servidor público, haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica, sea miembro de un refugio, albergue, o casa de transición o forme parte de una organización de la sociedad civil, vinculada a la atención de víctimas de delito.

El delito se agrava en mayor medida si la víctima es meno de 12 años y si el delincuente ejerce funciones de dirección o de financiamiento; o si la víctima muere o se suicida por las secuelas del delito.

Sin duda los mecanismos para la protección de las víctimas son mejores, se establece un lenguaje incluyente que permite visibilizar en especial situación de riesgo, es decir, la primera infancia, las niñas, los niños, las y los adolescentes, mujeres u otras condiciones de situación de vulnerabilidad, como es el caso de personas que trabajan como jornaleros agrícolas o migrantes,

Cumple con los compromisos que hemos asumido como Estado Mexicano a través de signar, de aprobar diversos instrumentos internacionales que nos obligan a que estos temas tengan especial atención en la armonización legislativa; se exige una interpretación con base, por lo tanto desde este enfoque de lo que establecen los tratados internacionales, pero también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Hay nuevos parámetros, señoras y señores, en las políticas de prevención de los delitos en materia de Trata de Personas, siempre, y destacamos de manera puntual, que la prevención es la forma idónea para la disminución de la comisión de cualquier delito, es por ello que las reformas recogen los parámetros y directrices internacionales para la prevención de los delitos en materia de trata de personas.

Una de las aportaciones más novedosas en materia de prevención consiste en establecer estrategias dirigidas a combatir la demanda y a modificar patrones culturales abusivos y misóginos; las políticas públicas atenderán, por lo tanto, los factores que aumentan la vulnerabilidad de personas, entre ellos la desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus formas.

Se apuesta por la apertura de espacios de ciudadanía como estrategia primordial para la prevención, estableciendo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen estrategias para trabajar la problemática a nivel comunitario.

Definimos un catálogo especializado de los derechos de las víctimas, la reforma parte del reconocimiento de que el fenómeno delictivo de la trata de personas requiere de un estudio particularizado en cada tipo de trata, dad la gravedad que se genera en las víctimas al recibir un daño en el libre desarrollo de la personalidad.

Dentro del amplio catálogo de víctimas, perdón, de los derechos de las víctimas, además de los que se establecen en la Constitución también referimos los que definen la Ley General de Víctimas, y se reconocen los derechos especializados como son: derechos a la protección, derecho a la intimidad, derecho a la asistencia social, a la salud, educación, empleo, reunificación familiar, restitución de derechos, acceso a la justicia, reintegración social, reparación integral y compensación.

En este sentido armonizamos los conceptos de víctima con los que establece la Ley General de Víctimas que ustedes recordarán, aquí mismo en el Senado dimos un gran debate y la aprobamos, y entonces recogemos estos nuevos conceptos para distinguir víctimas directas, víctimas indirectas, víctimas potenciales y, por supuesto, la calidad de víctimas que se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la ley. 

La reforma considera como un pilar entonces los derechos de las víctimas de estos delitos el derecho a la intimidad, quiero hacer especial énfasis en eso. Consistente en proteger la vida privada, la identidad, la nacionalidad, la filiación, el parentesco, los datos personales o cualquier otra información que la identifique, la "revictimise" o la exponga a un riesgo, con esta reforma el derecho a la saluda para las víctimas de trata de personas debe garantizarse a través de servicios gratuitos y de calidad, por lo que hace, distingo dentro de los derechos solamente uno, el derecho a la educación, tiene que esta regido bajo los criterios de acceso y permanencia al.....

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. . . a la educación  tiene que estar regido bajo los criterios de acceso y permanencia al sistema  educativo a las vícitmas ,de manera particular a las que son menores de edad.

En este sentido quiero remarcar que con la excepción de las personas mayores de 18 años de edad, siempre que la reunificación pueda considerarse o pueda existir motivos fundados para creer  que la reunificación familiar les perjudicará o pondrá en peligro sus derechos en virtud de lo que establece el interés superior de la niñez, entonces por supuesto se evitará esta reunificación.

 Hay nuevas oglibaciones para las autoridades en materia de atención  y existencia a las víctimas a través de bases de coordinación en los tres órdenes de gobierno.

Hay por supuesto una operatividad realmente  funcional para garantizar la encomienda que tiene la Comisión Intersecretarial y por supuesto para que cumpla con el programa contra la Trata de Personas.

Hay novedosos mecanismos de coordinación en esta reforma que ponemos a su consideración para ls 32 entidades federativas.

En este caso se obliga a que creen refugios, albergues y casas de transición en lugar de solamente apoyar o cuidar y verificar la creación de los que se constituyen en el ámbito privado.

Se propone que estos refugios, estos albergues o casas de transición sean creados también por la federación a nivel regional.
 
En fin, hay obligaciones para todas las dependencias, la pertinencia de los artículos que estamos derogados, están plenamente identificados en la exposición de motivos.

Y finalmente, quiero  mencionar que, ante las sentencias, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuatro Congresos locales que hicieron reformas a  su Código Penal en Materia de Trata de Personas tuvieron que entender, y esa es nuestra especial preocupación en la que queremos pedirles a cada uno y a cada una de ustedes para que en sus entidades federativas podamos incluir a que los congresos de nuestros estados entiendan que estas reformas van a garantizar que haya un nuevo estado de derecho que persigue delincuentes, los sancione debidamente cuando se evidencia su culpabilidad, pero también para que impulsemos las políticas de prevención, de atención y de prevención de estos delitos y por supuesto, la atención especializada  a ls víctimas.

Es cuanto.

Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su atención.

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Tiene el uso de la tribuna el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, por favor, Senador.

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Con su permiso, señor Presidente.

Honorable Asamblea, señoras senadoras, señores senadores, la trata de personas es el fenómeno criminal del siglo XXI, el mayor reto de la humanidad.

Varios organismos internacionales coinciden en que la trata de personas es uno de los ilícitos que más ganancias deja a la delincuencia organizada transnacional poco después del tráfico de drogas y de armas.

A pesar del a gravedad de la conducta y sus efectos no existen explicaciones contundentes sobre el fenómeno y tampoco estadísticas consolidadas.

Esto ha provocado cierto desconocimiento sobre los mecanismos  utilizados por los tratantes y en buena medida también sobre las medidas  de política pública más eficaces para prevenirlos y sancionarlos.

No hay un perfil de víctima y tampoco uno de tratante, pues la trata presenta muy variadas modalidades, si bien la trata con fines de explotación sexual es la más conocida, también existen otros casos como la que tiene fines de explotación laboral para extracción de órganos para uso de las víctimas en conflictos armados entre otros.

De acuerdo con el  informe mundial sobre Trata de Personas del año 2012 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el periodo 2007 a 2010, las  víctimas menores de edad alcanzaron el 27 por ciento del total en todo el mundo, pero en México este porcentaje se elebó hasta casi el 40 por ciento, lo que rebela que si bien las mujeres siguen siendo un grupo, el grupo de mayor vulnerabilidad en esta materia se ha incrementado considerablemente el uso de niños para estos fines.

El mismo informe nos revela  también otro dato importante, en México, las mujeres han aumentado su participación en la Comisión del Delito, lo que se constata con las estadísticas sobre los agentes activos sujetos a proceso penal en las que el 43 por ciento en ese periodo fueron mujeres.

La trata es un fenómeno complejo, mutante,  difícil de describir y sobre el que aún tenemos mucho qué realizar como sociedad y cómo estado.

Sin duda alguna la prevención es el arma más importante  con la que contamos, pero también debemos tener un andamiaje jurídico que nos permita combatir frontalmente este fenómeno delictivo.

Por ello gracias al decidido impulso y el arduo trabajo de las senadoras presidentas de las Comisiones para la Trata de Personas y Derechos Humanos, Adriana Dávila Fernández y Angélica de la Peña Gómez, desde hace más de un año se inició un proceso de análisis de la legislación actual en la materia  y de su eficacia en la aplicación jurisdiccional en la que han participado destacadamente muchas organizaciones de la sociedad civil.

El proceso llevó a este Senado de la República a escuchar el 5o representante d eorganizaciones defensores de derechos humanos, ministerios públicos, académicos, jueces y otros especialistas que compartieron su experiencia y conocimiento del tema desde distintos ámbitos y experiencias.

Con ello se elaboró una iniciativa de Ley que de nuevo fue analizada por un grupo técnico conformado por asesores con amplia experiencia en la materia, por representantes de la Procuraduría General de la República así como la Secretaría de Gobernación, quienes aportaron su conocimiento práctico y coadyuvaron al perfeccionamiento de la iniciativa.

Además, los trabajos se condujeron  siguiendo las disposiciones establecidas en instrumentos internacionales de los que México es parte; se buscó construir una reforma apegada a la Ley modelo contra Trata de Personas que ha emitido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Después de varios meses de trabajo, este proceso nos condujo hasta la presentación de este dictamen al pleno de la Cámara de los Senadores, con el que se busca mejorar la estructura de la Ley, la formulación de los tipos penales y el andamiaje institucional para los fines de prevención, investigación, sanción y atención a las víctimas.

Muchas son las virtudes de esta propuesta, me concentraré en los aspectos más relevantes a nombre de la Comisión de Justicia.

En primer lugar, la parte sustantiva que establece los tipos penales ha sido  revisada y corregida con lo que buscamos subsanar las deficiencias técnicas que han ocasionado que nuetro país existan muchas consignaciones ante el juez penal, pero muy pocas sentencias condenatorias.
 
Los tipos penales se han reformulado  para establecer mecanismos que permitan al Ministerio Público ejercer de manera adecuada la acción penal destacando que se introduce un catálogo de medios comisitos que dará claridad y contundencia a las investigaciones.

También se reformulan o derogan aquellos tipos penales que no constituyen un delito de trata de personas con fines de explotación y se adecuan para evitar castigos a las vícitmas de este fenómeno, así como para asegurar las penas a los  que se beneficien con esta modalidad de explotación humana.

Una preocupación constante por parte de todos los involucrados en este proceso ha sido no permitir que ningún procesado o sentenciado por estos  delitos sea liberado por una cuestión técnica-jurídica y por ello se revisó cuidadosamente el traslado de los tipos  penales así como su punibilidad para que los asuntos en trámite, en investigación o ya incoados  continúen su sustanciación hasta la plena sentencia.

En segundo lugar el proyecto recoge las recomendaciones y los estándares interancionales en materia de derechos humanos y los específicos en materia de trata de personas.

Esta reforma legal busca  mejorar el andamiaje jurídico para el combate de la trata, pero también asegura que el respeto a los derechos humanos, en especial a los de las víctimas, sea una permanente obligación a cargo de la autoridad y no una carga procesal para la persona ofendida.

En ese sentido se introducen principios como la debida diligencia estricta, la necesidad de un periodo de espera o reflexión para la víctima, la inadmisibilidad de la conducta anterior, se refuerzan los principios de no revictimización y las medidas encaminadas a proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígenas  o las personas migrantes.

En cuanto a los derechos de las víctimas, el proeyecto recoge y refleja la preocupación que todos los sectores consultados señalaron en el  proceso, en cuanto a la dispersión de las instituciones y programas  para la atención compensatoria y restaurativa de los derechos d las víctimas.

Si bien es cierto que existe ya una respuesta institucional del Estado Mexicano  a las víctimas de todos los delitos a través de la Ley General de Víctimas,  se reconoce que en materia de trata de personas  existen particularidades que deben ser expresamente consideradas en el texto legal….

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…Ley General de Víctimas, se reconoce que en materia de trata de personas existen particularidades que deben ser expresamente consideradas en el texto legal.

Por ello, el proyecto presenta una doble normativa para proteger los derechos de las víctimas de estos delitos, remitiendo la Ley General de Víctimas a las cuestiones generales, pero manteniendo derechos específicos en este ordenamiento, que en conjunto permitirá una actuación más eficaz de las instituciones estatales, así como mejores formas de ejercicio de esas prerrogativas.

Con este núcleo de derechos específicos, el proyecto asegura que la atención a las víctimas de este tipo de delitos sea siempre específica y en atención a sus particularidades, pero que también tenga acceso a los beneficios y protecciones que ya están consagradas para todas las víctimas en los ordenamientos vigentes.

En cuarto lugar, el proyecto plantea una reformulación de la estructura institucional con el objetivo de otorgar una mayor atención a las víctimas, y a su vez conformar también un sistema coordinado de combate a este fenómeno.

Por ello se abre la participación en la Comisión Intersecretarial a diversos actores que permitirán una atención integral a la problemática, pero también se establece la obligación de las entidades federativas para que este esquema sea replicado a nivel subnacional.

Por otro lado, se establece claramente en la ley la obligación del Estado de establecer refugios, albergues y casas de transición que atiendan a las víctimas, y que deben constituirse como espacios temporales y gratuitos que brinden alojamiento seguro y digno, atendiendo al nivel de riesgo y a las necesidades del proceso de recuperación y rehabilitación en los que se les proporcionan los suministros necesarios durante el alojamiento, incluidos: alimentación, vestido, calzado, así como servicios gratuitos con personal especializado en atención integral y multidisciplinaria que tengan como mínimo servicios médicos, jurídicos, social, psicológico, programas reeducativos de capacitación para el trabajo, así como otras medidas dignas y viables para la restitución de los derechos de su autonomía, y la posibilidad de reconstituir su proyecto de vida en plena libertad.

En síntesis, las reformas planteadas fueron elaboradas de manera seria, profesional, escuchando a la sociedad, aprovechando el profundo conocimiento de todos los ámbitos que tienen injerencia en esta problemática. No es una propuesta formulada al vapor, no es una reforma a la ligera.

El proyecto de decreto que se presenta es, sin duda, un instrumento de alta calidad técnica que atiende las necesidades del fenómeno y que corregirá los puntos débiles de la ley vigente con la consecuente mejora a los instrumentos jurídicos e institucionales que son indispensables para dar solución definitiva a este drama humano.

Es tiempo de que la trata de personas deje de ser un lugar común en los discursos para convertirse en acciones jurídicas y políticas que aseguren a las víctimas sus derechos y que eviten la impunidad.

Por su atención, muchísimas gracias. (Aplausos).

-LA C. PRESIDENTA HERRERA ANZALDO: Gracias, Senador.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: Con su permiso, señora Presidenta, y agradeciéndoles a todas las compañeras y compañeros senadores su atención.

Venimos a dar un breve informe de las tareas que la Comisión de Estudios Legislativos, en conjunto con las Comisiones Contra la Trata; la Comisión de Derechos Humanos, y el Comisión de Justicia, llevó a cabo para hacer un análisis pormenorizado de lo que es la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
Derivado de las reuniones del grupo de trabajo por representantes de la academia, integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas en el tema, autoridades en materia de procuración y administración de justicia de las entidades federativas emanaron estas acciones legislativas que de manera destacada se integraron en el dictamen que hoy se somete a la consideración atenga de todas y todos ustedes.

Se modificó, por este grupo de trabajo, el título de la ley, para quedar como Ley General en Materia de Trata de Personas.

Se determinó definir el objeto de tutela de ley como el de libre desarrollo de la personalidad y sus circunstancias agravantes, ya que de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad engloba los bienes a tutelar por el tipo penal relativo al delito de trata, en razón de que en la ley vigente se establecían diversos bienes jurídicos.

Se actualizaron las definiciones de los términos establecidos en la Ley General en Materia de Trata de Personas, es decir, las modificaciones se plantean con el objeto de actualizar el marco jurídico relativo a las definiciones, en particular, en la referencia a los códigos procesales, dada la expedición de un código de procedimientos penales único.

En relación con el tipo penal de trata, la reforma se centró modularmente en una revisión integral respecto de la conceptualización del delito de trata en la ley vigente.

En cuanto a los tipos penales contenidos en la ley, la reforma proponer reestructural los derechos y ampliar al rango de punibilidad de los mismos, esto, desde luego evitar la impunidad y con ello sustracción a la acción de la justicia de quienes cometen actos lesivos en materia de libertad, de libre desarrollo de personalidad de las personas.

Una de las dificultades que presentó constantemente, en su aplicación, la ley vigente, es la redacción de los tipos penales, por lo que se consideró la redefinición y una nueva redacción de estos tipos penales para que con ello se pudieran dar los instrumentos jurídicos necesarios para evitar la impunidad en la comisión de este delito.

Se permite en esa reforma el concurso de delitos, y con eso se evita impunidad así como la doble sanción por una misma conducta.

Se adecuó la redacción a los protocolos e instrumentos internacionales, y se ubicó en los artículos en que deben de encontrarse.

Se evita, con esta reforma, la aplicación del principio de la ley más favorable, y esto es muy importante destacarlo, ya que a quienes se encuentra actualmente sujetos a proceso, sentenciados conforme a la ley vigente, toda vez que el aumento en la penalidad implique que les beneficie el anterior texto, eso evitará que puedan salir libres por este principio.

Se sanciona con mayor rigor las conductas cometidas al amparo de los medios comitivos, y contempla esta reforma nuevas hipótesis de agravación de la pena.
Con la reforma se logra una atención a las víctimas del delito de trata, de acuerdo con la Ley Especial en Materia de Víctimas, a fin de otorgar mayores beneficios que las que tiene actualmente la Ley de Trata, se evitan duplicidades, y se da la posibilidad de consolidar una verdadera política de protección y asistencia a las víctimas, lo que resulta indispensable para avanzar en la sistematización de ambas legislaciones.

Así se mantiene y fortalecen, y esto es   --hay que destacarlo--  los esquemas de prevención, sanción y aspectos esenciales relativos a la trata de personas.

Se mejoran los tipos penales, se corrigen sus errores y contradicciones, y se logra, pues, en este redimensionamiento de la nueva Ley de Trata, el lograr el principio que debe de buscar toda ley de orden penal, que es la de evitar la impunidad y otorgarle mejores instrumentos jurídicos, tanto a quienes están en el esquema de procuración de justicia, como a quienes están juzgando para que no sea “Nunca Jamás”, sobre todo en este delito que es tan lesivo para la sociedad, la impunidad, uno de los aspectos que la sociedad tenga que lamentar.
Algo que me parece que es importante destacar, y que establece la nueva ley general, es la atribución, la distribución, como toda ley general lo debe de tener, de atribuciones y competencias entre los distintos órdenes de gobierno.

La trasversalidad de la ley logra que se dé una verdadera coordinación entre las autoridades el orden federal, del orden estatal y del orden municipal, para que en conjunto, y de manera estrecha busquen atender uno de los fenómenos más grades del siglo XXI, que derivan en la lesión a la vida de miles y miles de personas que a lo largo y ancho del país sufren de la comisión de este delito, a veces sin siquiera estar concientes de que están siendo sujetos a la comisión de un delito por parte de sus captores.

Señoras y señores senadores:

A mí me parece que el esfuerzo que hicieron quienes integran y presiden las Comisiones de Trata, como es el caso de la Senadora Adriana Dávila; de Derechos Humanos, como es el caso de la Senadora Angélica de la Peña Gómez; de la Comisión de Justicia presidida por el Senador Roberto Gil, y de manera destacada…

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…de la senadora Angélica de la Peña Gómez; de la comisión de Justicia, presidida por el senador Roberto Gil; y de manera destacada la gran aportación, el esfuerzo y la constante tarea que llevaron a cabo, compañeras, como Lucero Saldaña, que de manera muy enfática estuvo trabajando constantemente a lo largo de la revisión, el análisis y la adecuación del actual… de la ley, a esta reforma que le estamos proponiendo.

Mucho habla del compromiso de las señoras senadoras y los señores senadores, por llevar a cabo una modificación en ese espíritu constante de los legisladores, por adecuar y modernizar las leyes a la realidad, habla de ese gran compromiso que se tienen, por parte de quienes señale, con la sociedad y con lo mejor que debe tener la sociedad: la búsqueda constante del imperio del derecho, de la actuación de la justicia, buscando siempre que no exista impunidad, que los delitos más lesivos para la humanidad, como es el caso de la trata de personas, tengan la sanción correspondiente; pero que sobre todo que los instrumentos jurídicos sean siempre, esa perfectibilidad que debe de tener la norma, sean siempre el motivo que rige la actuación de las y los servidores públicos.

En este caso, de quienes estamos en esta cámara alta.

Por su atención, muchísimas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senadora.

Entramos a la discusión en lo general.

Tiene el uso de la tribuna la senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI, en pro.

Después la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del PT, para razonar voto.

Después la senadora  Mariana Gómez del Campo, del PAN, en pro.

Después será la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del PRD, para razonar voto.

El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, para razonar voto.

Y el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, en pro.

Por favor, senadora Saldaña.

-LA C. SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: Con el permiso, señor presidente.

Muchas gracias.

Efectivamente, este es un modelo de trabajo conjunto, un modelo plural, un modelo donde no solamente el legislativo, servidores públicos, academia, organizaciones de la sociedad civil, en distintos foros, espacios y mesas de trabajo, pudimos tener hoy un dictamen conjunto, para este fenómeno que es la trata de persona.
Ya no más trata de blancas. Porque involucran niñas, niños, jóvenes, en fin.

Por mucho tiempo, no fue considerado, este tema, como un problema estructural. Se pensaban casos aislados.

Hoy, tenemos que reconocer, a quienes hicieron la primera ley, a quienes pudieron tener beneficios de esa ley.

Sin embargo, estuvimos revisando artículo por artículo, para que este delito que se ha incrementado en forma alarmante en los últimos años, podamos hoy decir, que estamos, como Senado de la República, dando un gran paso.

Las leyes, como fenómeno esencial social, responden a una realidad siempre cambiante. Y por ello, portan en su naturaleza la esencia del dinamismo y la perfectibilidad.

El dictamen que se somete hoy a su consideración, recoge y refuerza las recomendaciones y compromisos contraídos por nuestro gobierno mexicano, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano.

Ningún país está inmune a la explotación humana. Esta explotación persistente que genera que ganancias ilegales.

El compromiso internacional, retomado por nuestro país, el pasado 9 de noviembre, en la Asamblea General de la ONU, exhorta a los Estados miembros a seguir esforzándose en la tipificación de los delitos relacionados contra la trata, en todas las formas.

Emite la resolución denominada Medidas para Mejorar la Coordinación de la Lucha contra la Trata de Personas. La cual afirma, la importancia de prestar asistencia humanitaria, jurídica y financiera a las víctimas de trata. Incluso, por organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales.

A nombre del grupo parlamentario del PRI, reiteramos la enérgica condena contra la trata de personas, especialmente mujeres, niñas, niños y que toda omisión de sus derechos constituye una grave violación de los derechos humanos y de sus libertades fundamentales.

Destacamos la necesidad de promover y proteger los derechos de las víctimas, de asistirlas y resarcirlas en la comunidad, y contar con procedimientos adecuados, eficaces, para su identificación.

Las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos en el reciente examen periódico de Naciones Unidas, exhortan a redoblar esfuerzos en la materia, y nos instando a que revisemos la legislación.

Con eso, estamos dando cumplimiento a muchas de las recomendaciones que por años nuestro país ha tenido en la materia.

Acuerda en el Consenso de Santo Domingo, en octubre del año pasado, promover el conocimiento y el análisis de los riesgos que existen para todos estos grupos, mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas rurales, mujeres con discapacidad, con relación a la explotación sexual y las nuevas maneras a través de Internet, en los medios tecnológicos.

Nos instan a tipificar estos delitos. Para definir las sanciones apropiadas. Y como sabemos que no basta elevar penas, necesitamos hacer una reingeniería, como se hizo en este caso.

Este trabajo de análisis, que desde hace muchos meses se llevó a cabo, como un trabajo conjunto en las comisiones dictaminadoras, con área gubernamentales, que hoy se encuentran aquí presentes; con sociedad civil, academia, responden con profundad sensibilidad a la realidad de las víctimas; esa realidad que si la viviéramos, pues podríamos decir: ésa no es vida. La trata ha torcido sus vidas.

Los vacíos legales que pudieran generar incertidumbre, vulnerabilidad o procesos burocráticos, hoy se establece en un articulado específico, tanto de principios como de derechos de las víctimas.

No se busca la reducción de sus derechos. Se construyó una protección integral.

Asimismo, deseamos que este nuevo ordenamiento, pueda proteger el desarrollo libre de nuestra personalidad; y que no haya vacíos en la aplicación de la misma.

El reto legislativo, en todo momento, es la prevención. A las víctimas, hoy les decimos que ese trabajo legislativo, está fundamentada en sus derechos, en una vida digna.

A quienes luchan con este problema, reconocemos y agradecemos su trabajo y compromiso. Reiterando, que será un buen instrumento. A la sociedad en general, que con este dictamen, reiteramos nuestro compromiso con esta causa.

Si esta ley va dirigida a delincuentes, a quienes hasta hoy han amasado fortunas explotando la dignidad y el cuerpo de mujeres, niñas y niños, con la aplicación de este ley, el Estado tendrá que ir por ustedes, donde estén, en las calles, en cualquier medio; la indiferencia también es una forma de complicidad.

Y hoy, las y los priístas y todo el Senado de la República, daremos herramientas precisas para dejar claro, que con esta ley de trata, no se trata con la ilegalidad.

México no puede ingresar de lleno al siglo XXI, con flagelos de la Edad Media.

Esta forma de esclavitud humana, que no es vida, la vida de las víctimas no es una mercancía.

Termino, pidiéndoles todo su respaldo.

Y quiero citar, esta frase de Mahatma Gandhi: “sostengo que cuando más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre, contra la crueldad del hombre”.
Muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, senadora.

Tiene el uso de la tribuna la senadora Layda Sansores.

-LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Presidente; compañeras, compañeros: Efectivamente la trata es una forma contemporánea de esclavitud, es un flagelo que se extiende como epidemia en nuestro país y en el mundo…