VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, ENERGÍA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA (Parte 8)
Senador Enrique Burgos García: Tomamos nota.
Senador Fayad, Partido Revolucionario Institucional, a favor. Muy bien.
Tomamos nota de la Senadora Dolores Padierna y haremos el ajuste correspondiente.
Tiene la palabra el señor Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Energía, en contra, hasta por 10 minutos.
Senador Rabindranath Salazar Solorio: Compañeras y compañeros Senadores, medios de comunicación, público que nos acompaña:
Antes de iniciar, yo quisiera formular una pregunta a todos los presentes; una pregunta que también habré de formular en el Pleno de este Senado. Algo muy sencillo:
¿Quién pudiera decir, quién pudiera señalar un caso de éxito de privatización en este país? ¿Algún ejemplo?
¿Sector bancario, que en este momento casi el 90 por ciento pertenece a la Banca extranjera, donde tenemos las tasas de interés más altas, donde no hay crédito, donde los créditos son carísimos?
¿O tal vez Comunicaciones, el monopolio de Telmex, que también es uno de los servicios más caros de toda Latinoamérica, con un mal servicio, con una mala cobertura?
¿O tal vez el desmantelamiento de Ferronales o Fertimex?
Así como estos, podemos enumerar los que quieran. Quiero uno exitoso. Se los dejo de tarea porque vamos también a formular la misma pregunta en el Pleno.
Amigas y amigos:
Seamos claros. Es evidente que la flexibilización de los Artículos Constitucionales, por su redacción ambigua y conveniente, es para que desde ahora y en la legislación secundaria se incorporen los mecanismos para privatizar y extranjerizar la industria petrolera y eléctrica del país.
De la lectura de los cambios constitucionales se vislumbra la intención de entregar el sector energético y la gran paradoja de esta modificación consiste en establecer los denominados Contratos de Servicio de Utilidad o Producción Compartida y/o de Licencia. Esto es la clave de la reforma.
Con la redacción propuesta y sometida a estas Comisiones se podrán realizar arreglos vía contratos con las petroleras internacionales, entregándoles además toda la cadena de producción; es apostar lo que es de los mexicanos al piso de remates de Wall Street.
Así, tal y como está el dictamen, no dudamos ni por un instante que en Estados Unidos de Norteamérica ya se están saboreando el fin del dominio soberano de los mexicanos en la industria; pues así se permitiría a firmas privadas con Exxon Mobil, Shebron, etcétera, extraer el crudo por primera vez desde 1938.
¿En dónde está el discurso de Lázaro Cárdenas, repito frase por frase y letra por letra?
Para confirmar que el plan privatizador va en serio, aunque el Gobierno retiene de manera cosmética la propiedad del petróleo. Sin el control constitucional que actualmente existe, se podrán suspender las restricciones para que las firmas se registren, el valor de sus contratos ante la Securities and Exchange Commission; que demás de forma cínica se establece el transitorio V del presente dictamen.
Así las compañías recibirán una porción de las ganancias en un modelo de riesgo compartido que también les permitiría registrarlas como un porcentaje de las reservas bajo las normas de este organismo a través de contratos de riesgo o de utilidades compartidas que contienen un interés económico de largo plazo.
La eliminación de diversos rubros de las actividades petrolíferas tienen un simple objeto, permitir de manera abierta y sin condiciones la participación privada en el sector mediante la flexibilización del Artículo 27, que consentiría la celebración de contratos en los términos que la legislación secundaria exprese; mediante mecanismos para privatizar y estabilizar la industria petrolera y eléctrica del país.
Situación que claramente señala el Artículo 4 transitorio que obliga al Congreso de la Unión a realizar las modificaciones al marco normativo para hacer efectiva la regulación de las modalidades de contratación, que serán de servicios de utilidad o producción compartida o de licencia. Siendo esta última modalidad la más inquietante, ya que es asimilable en términos jurídicos al de una concesión hacia un particular para ejercer las actividades estratégicas.
Situación que resulta aún más preocupante en virtud de la redacción del Artículo transitorio número V, que señala las empresas productivas del Estado o particulares que cuenten con una asignación que suscriban un contrato, podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente de sus beneficios esperados; escenario que generará una especulación en el Mercado de Valores, que otorgará a las empresas que mediante la exploración logré el descubrimiento de yacimientos petrolíferos explotables, un impulso económico sobresaliente que le concederá la posibilidad de solventar compromisos y garantizar deudas contraídas en el mercado internacional, permitiéndoles aumentar su capital mientras conservar la propiedad de sus bienes y no de huir la situación patrimonial de la empresa.
Siendo éste un enorme riesgo considerando la participación de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su actual negociación para su participación en el Acuerdo Transpacífico que otorgaría competencia jurisdiccional a los tribunales internacionales para la solución de conflictos respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales entre el Estado mexicano y las empresas particulares y extranjeras.
Bajo el consentimiento de lo que establece el párrafo II del Artículo transitorio VII, respecto a que las disposiciones legales sobre contenido nacional deberá ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. Tal y como lo han advertido también algunos ilustres miembros del Partido Acción Nacional.
Siendo un ejemplo claro a nivel internacional, el de Ecuador respecto al caso Texaco Chevron, que originó la devastación más importante de su ecosistema y que actualmente el asunto sigue en litigio después de 20 años gracias a las estrategias jurídicas de las empresas y las referencias directas de corrupción y ventajas que han sacado estas empresas como consecuencia de una legislación ambigua y ventajosa como la que se propone el día de hoy.
En la justificación para modificar el Artículo 27 se menciona que hace falta en Pemex tantos recursos, como tecnología, argumento insostenible, pues según datos de la Auditoría Superior de la Federación del 2011, 39 filiales de  Pemex en el extranjero obtuvieron en ese año ingresos por unos 434 mil millones de pesos que no se reportaron al erario.
Si a eso agrega los activos detectados por la Auditoría Superior de la Federación se tendrían 524 mil millones de pesos. Es decir, cifra superior a los más de 200 mil millones de pesos, que nos dicen, requiere de inversión privada Pemex.
Con esta modificación en los términos propuestos las empresas extranjeras podrían intervenir en la inmensa cadena de transformación, distribución y comercialización del petróleo. Así como está las grandes firmas participarán absolutamente en todo.
El proyecto será el finiquito gradual de Pemex a corto plazo, se hará la entrega de nuestra soberanía sujeta a intereses económicos, pero sobre todo, será ceder gran parte de la riqueza y seguridad energética nacional.
Lo anterior es evidente, poco a poco se ha perpetrado la demolición de las paraestatales. Mediante este proyecto de decreto se disminuyen considerablemente las áreas de actividad de Pemex y por otro lado, se legaliza la actividad clandestina de los privados en asuntos exclusivos del estado.
La ley vigente establece cuáles son las actividades reservadas y exclusivas de Pemex. Esto es, Exploración, Extracción, Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución, las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtenga de su refinación.
La presente reforma pretende despojar a los mexicanos del derecho a explotar en su totalidad la cadena productiva del petróleo, ya que la modificación al Artículo 28 reduce en un primer momento las funciones que de manera exclusiva ejerce el estado, limitando las actividades relativas a la exploración en la extracción de hidrocarburos en cualquiera de su modalidad.
En este sentido, es necesario puntualizar que los sectores consideramos en este proyecto de manera tal, como son las áreas no estratégicas y por ende, no exclusivas, pasarán sin escala a manos de los privados nacionales y mayormente extranjeros.
Aunado a lo anterior, la propuesta de reforma al Artículo 27 Constitucional pretende engañar a los mexicanos al prohibir concesiones en materia de exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos en cualquiera de sus estados.
Y por el otro lado, permitiendo asignaciones mediante contratos con empresas productivas del estado o con particulares.
Por lo que estimamos que se termina del todo con la exclusividad del estado, con la sobrevendida nacional en materia de petróleo, pero fundamentalmente afectando a la fuente de empleos de los mexicanos.
La afirmación que hacemos respecto de las pérdidas de los espacios laborales, tiene fundamento. Todo este tiempo se les ha mentido a los actores trabajadores de Pemex y CFE.
La participación de terceros privados en estas áreas, traerá como consecuencia la quiebra de las paraestatales, partiendo de la celeridad con la que las pretenden transformar en empresas productivas del Estado, porque no hay una organización productiva como la iniciativa privada.
Actualmente, laboran alrededor de 150 mil trabajadores en Pemex, de los cuales 126 mil son plazas de base y el resto son temporales.
De lo anterior, podemos estimar que estarían en riesgo más de 100 mil empleados, tanto temporales como de confianza, de manera gradual, con la aprobación sistemática de la propuesta; es decir, estos empleados en las demás áreas, que no serán consideradas estratégicas, tendrán que competir en condiciones inequitativas respecto a los trabajadores extranjeros o nacionales que vendrán bajo otros esquemas y perfiles laborales, condiciones en las que se verán mermados, ya que la mayoría de ellos se encuentra en la etapa  final de su productividad laboral respecto a la edad, justificando lo anterior en las cifras del observatorio laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde se menciona que el rango de edad promedio de contratación en empresa privada es de 23 a 35 años de edad.
Hechos que vislumbraron las intenciones del convenio administrativo sindical 10 mil 717, signado por el Sindicato para Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para redimensionar la plantilla laboral.
Como si lo anterior no fuera suficiente, en el transitorio décimo sexto, crea dos organismos descentralizados, en el transcurso de 12 meses.
En este tiempo terminarán por absorber facultades de las dos paraestatales, estos se constituirán despojando a las que para este momento serán empresas productivas del Estado, de los recursos necesarios para su operación y de la administración de los contratos que tengan suscritos, perdiendo el control de la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas, para el caso de Pemex; y para el caso de CFE, la operación del mercado eléctrico mayorista, el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución, más aquellas facultades que a discreción le otorguen en la legislación secundaria, misma que requiere de menos votos para su aprobación.
Senador Enrique Burgos García: Estamos en tiempo, Senador.
Senador Rabindranath Salazar: Si me permite, Presidente, los demás oradores, tomaron tres minutos más.
La estocada final que se da a las paraestatales y a todos los que en ella laboran, se produce con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Ni más ni menos, que la atribución de regular y supervisar, entre otras, las actividades del desmantelamiento y abandono de instalaciones, mismas que le costaran tanto a los mexicanos, y después a través de la Ley Secundaria, venderán como chatarra al mejor postor.
¿Le suena Ferronales en este punto?  
Por esta razón, al armonizar el cúmulo de artículos transitorios, vemos con claridad que vivimos un último paso del contexto de una larga secuencia de procesos técnico-administrativos, fiscales y presupuestales encaminados a llevar a Pemex, a CFE, a un punto de venta, es decir, a la extinción sustantiva, operativa de la nacionalización petrolera.
Hemos sido víctimas hasta el cansancio de la propaganda gubernamental en este tema, sobre todo se nos pretende convencer que vamos a parecernos a Brasil o a Noruega, si se aprueban las Reformas Constitucionales; la estrategia de convencimiento de la Reforma Energética, tuvo siempre un denominador común, a fin de  equipararnos con aquellas naciones que recientemente habían llevado su propia reforma como Uruguay, Cuba, Brasil, Colombia y Noruega.
Lo que no se ha dicho, por ejemplo, es que Noruega desarrolló desde hace por lo menos 20 años un modelo de combate a la corrupción desde la base social, sin descuidar los mecanismos de transparencia, vigilancia, control férreo del gasto, castigo ejemplar a servidores públicos corruptos  y un blindaje con observancia ciudadana e internacional al ejercicio de sus finanzas públicas, con lo que eliminó prácticamente el llamado “dinero negro”, convirtiendo a Noruega en el paradigma a seguir en esta materia y construyó desde la base social una cultura de legalidad, que lo mismo abarca a ciudadanos, políticos, sindicatos y empresarios.  
No podemos equiparar el caso de México al de países en el tema energético y en su vinculación con la corrupción pues aquí no hay condiciones para llevarla a cabo si antes no existen las reformas correspondientes en los ámbitos hacendarios, fiscal, de combate a la corrupción, de transparencia y rendición de cuentas y penal, a efecto de castigar de forma ejemplar a cualquier funcionario corrupto.
Las condiciones de una Reforma Energética en México no están dadas, mucho menos al ver que los ejemplos de éxito que se nos presentan tienen entre ellos coincidencias y con nosotros divergencias.
Transparencia Internacional, en su Ranking 2012, es contundente en la principal diferencia entre esos países.
Por ejemplo, Noruega, en este índice de corrupción, se encuentra en el número 7, Uruguay en el número 20, Cuba en el número 58 y nuestro país en el número 105; o por ejemplo, en el caso de Brasil, que incorpora a todo el proceso energético por ley el 70 por ciento de elementos nacionales.
Señoras y señores Senadores:
Pocos sucesos en la historia de México han sido tan puntualmente analizados como en su momento fue la Expropiación Petrolera de 1938, acontecimiento sin precedente que marcó una profunda e imborrable huella.
Fue esa valiente y oportuna decisión el fin y el inicio de una nueva época en el diseño institucional de la industria petrolera y las finanzas de nuestro país, digna y enmarcada en el ejercicio del derecho de todos. Por ello no hubo duda al respaldarla el pueblo mexicano pues representó el inicio de un largo camino hacia la consolidación de la institución petrolera mexicana.
Lo que hoy discutimos tampoco lo olvidará la historia y aunque mucho ha sucedido en los 75 años transcurridos, estamos una vez más frente al dilema de entregar la industria petrolero-energética a los intereses de unos cuantos o a modernizarnos y profesionalizarnos, posesionándola como la punta de lanza del progreso, del crecimiento, el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.  
Son dos visiones de México muy claras: La que compromete el futuro energético de las próximas generaciones o la de los mexicanos, la que compartimos las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática; la de hacer de la industria un motor de crecimiento económico y de industrialización, cuyo manejo responsable y sano permita garantizar  -en gran medida- la modernización del país. Cada uno de nosotros decide de qué lado está.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias por permitirme concluir.
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