• En 1988 inició un proceso de privatización furtiva de PEMEX, sus consecuencias han sido lamentables, van desde el deterioro, capacidad instalada inutilizada, nula construcción de refinerías, corrupción, hasta argumentos para justificar una privatización.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna y la diputada federal Lizbeth Rosas presentaron un punto de acuerdo para que la  Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al director general de Petróleos Mexicanos y al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública a que informen con precisión las causas por las que se han constituido empresas filiales de Petróleos Mexicanos de nacionalidad extranjera, en los que no se cuenta con una participación mayoritaria, así como los rendimientos que generan para el Estado Mexicano.
“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a que informe con precisión la atención que se ha dado a las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de las revisiones a las Cuentas Públicas de 2002, 2004, 2007, 2008 y  2010, en especial en lo relativo a las filiales de la paraestatal”, plantean las legisladoras.
Asimismo solicitan a la Auditoría Superior de la Federación a que se realice una revisión minuciosa de la naturaleza de las filiales constituidas a partir de Petróleos Mexicanos y que en su constitución existan recursos públicos.
En el punto de acuerdo las legisladoras refieren que a partir de 1988, PEMEX comenzó a ser manejada con enorme discrecionalidad. Realizó operaciones financieras ajenas al control del Congreso y al margen de las leyes mexicanas, al crear, con recursos de la paraestatal, filiales “no paraestatales” tipo “holdings”, encargadas de constituir empresas instrumentales y fideicomisos exentos de rendir cuentas. Lo anterior llegó a tal grado que en 2007, bajo la dirección de Juan José Suárez Coppel, se formó una Tesorería paralela a la de PEMEX para manejar extralegalmente todos los recursos de las filiales y fideicomisos que a diciembre de 2010 manejó un exceso de efectivo por alrededor de mil 700 millones de dólares administrados por la financiera JP Morgan Chase Bank. Asimismo, no se rinde ningún tipo de informe a las autoridades mexicanas, en tanto que al gobierno norteamericano, a través de la SEC (Securities and Exchange Commission) se le mandan informes de todos sus movimientos.
Mencionan que los primeros holdings fueron creados en 1988, uno fue denominado PMI Holdings B.V. y otro, PMI Holdings N.V. También se creó la entidad PMI CIM para brindar servicios administrativos, comerciales y financieros a las filiales y se han comprado acciones en Repsol.
“Es de resaltar que la mayoría de estas empresas fueron creadas bajo el auspicio de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971, la cual no obligaba someter su constitución a la consideración del Consejo de Administración de PEMEX”, apuntan.
A consideración de ambas legisladoras las observaciones de la Auditoría demuestran la necesidad de precisar si existe o no una laguna en la legislación que deba subsanarse, o bien, si se tiene que promover una acción tendiente a resolver la controversia entre los argumentos y fundamentación expuestos por PEMEX y por dicho órgano fiscalizador en relación a las empresas del Grupo PMI y las otras empresas filiales de PEMEX en el extranjero.
“Es claro que desde 1988 inició un proceso de privatización furtiva de PEMEX. Sus consecuencias han sido lamentables, van desde el deterioro, capacidad instalada inutilizada, nula construcción de refinerías, corrupción, hasta argumentos para justificar una privatización a través de una reforma energética. En el marco del debate que ya está en la opinión pública sobre los alcances de una reforma es necesario hacernos de los mayores elementos de juicio, por ello consideramos pertinente que el gobierno federal y la Auditoría ofrezcan un informe sobre la situación en la que opera Pemex”, concluyeron.
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