La Comisión de Justicia del Senado de la República, que preside el panista Roberto Gil Zuarth, organizó una audiencia pública con expertos para abordar los temas del amparo y la creación de tribunales especializados que contempla la minuta de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
El panel de especialistas estuvo integrado por José Nieves Luna Castro, magistrado de circuito en materia penal; Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM; Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET); Agustín Ramírez Ramírez, coordinador jurídico de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y los abogados Fabián Aguinaco Bravo y Ricardo Ríos Ferrer.
Ante ellos, el senador Roberto Gil Zuarth señaló que el objetivo de este foro fue conocer la opinión de expertos para poder emitir la opinión que la Comisión de Justicia debe presentar a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Comunicaciones y Transportes, y Radio Televisión y Cinematografía, encargadas de dictaminar la minuta en materia de telecomunicaciones.
Recordó que la minuta contempla la creación de tribunales especializados, que serán los encargados de resolver conflictos en la materia de telecomunicaciones y competencia económica, así como el uso del amparo, para solucionar conflictos en dichas materias.
En ese sentido, el Legislador dijo que en un principio se tenía la percepción de que la creación de los tribunales especializados que se plantean en la minuta de telecomunicaciones, serían “una especie de tribunales de legalidad sobre las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco)”, sin embargo, agregó que luego de reuniones sostenidas con los autores de la iniciativa se aclaró que la intención es “la creación de tribunales especializados en materia de amparo indirecto”, que sería el único que procedería ante las resoluciones de dichos órganos autónomos.
Asimismo, Gil Zuarth cuestionó a los expertos si tendría sentido constitucional ampliar la procedencia de acción de inconstitucionalidad al Ifetel y a la Cofeco, tal como se planea en la reforma, toda vez que dichos organismos tendrán funciones regulatorias de carácter general.
En ese sentido, Ricardo Ríos Ferrer indicó que tanto al Ifetel como la Cofeco se les está dando la facultad de emitir actos administrativos que tendrán efectos directos en los gobernados, los cuales “tienen menos controles que los actos del propio Presidente de la República, dado que los pesos y contrapesos que puedan tener estos órganos carecen de la revisión judicial que sería la única que pudiera controlar los actos de legalidad y constitucionalidad provenientes de estos órganos”.
En su turno Pedro Salazar Ugarte, investigador del IIJ de la UNAM, dijo que ve como una ventana de oportunidad la posibilidad de que el Ifetel y la Cofeco, al igual que se ha planteado en la reforma del IFAI, puedan interponer controversias constitucionales, ya que con ello “se reconoce que las posibilidades de inconstitucionalidad trascienden a las tradicionales que involucran a órganos que integran los Poderes de la Unión, dando esa posibilidad a organismos autónomos”.
Por su parte, Gerardo Soria Ugarte, presidente del IDET, destacó que la minuta se debe analizar a fondo, por los alcances de autonomía que se pretende dar a la Cofeco, los cuales no sólo tocan al sector de las telecomunicaciones sino a todos los sectores de la economía nacional.
Agregó que sólo permitir el amparo indirecto sin opción a la suspensión, puede acarrear graves violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.
A su vez, Fabián Aguinaco Bravo coincidió con Soria Ugarte en el sentido de que al proponer en la minuta la no suspensión en el juicio de amparo en aquellos actos donde se vean involucrados concesiones de bienes públicos, “más que un avance sería un proceso involutivo”.
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