La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD urgió a impulsar una ley para defender el derecho a la consulta, consentimiento libre y previo de los pueblos indígenas, entorno a las graves violaciones de derechos humanos que padecen ante la implementación de mega proyectos en comunidades y pueblos indígenas, emanados de la Reforma Energética.

“Es necesario continuar con el debate en México entre organizaciones y  especialistas sobre el derecho a la consulta  y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, para alertar sobre  las afectaciones de mega proyectos en dichas comunidades que constituyen una grave violación a los derechos humanos”, indicó.

De la Peña Gómez destacó que dicho tema es de gran importancia, dado que  tiene dos aristas; la primera, consiste en que México debe transitar hacia la evolución de la producción de energías sanas que sustituyan el uso de productos que derivan del petróleo y la segunda es hacer un llamado de atención para que los mega proyectos no constituyan violaciones graves a los derechos humanos.

Durante la inauguración el Conversatorio: “El Derecho a la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas en México”, explicó que la construcción de mega proyectos para generar energías sustentables en pueblos y comunidades indígenas del país ha generado un problema grave en materia de desplazamiento forzoso interno.

Enfatizó que el derecho a la consulta tiene una doble  finalidad, porque es un derecho humano colectivo de los pueblos indígenas, vinculado con su derecho a la libre determinación,  y a la vez es un instrumento central para garantizar la realización de un amplio conjunto de derechos reconocidos tanto en el ámbito internacional y nacional.

“No se puede separar estos aspectos para que el Estado simplemente tome una determinación sin tomar en consideración a los habitantes originarios de los pueblos y comunidades porque se trastoca la vida de las familias”, dijo.

Por otro lado, destacó que la instancia legislativa que preside ha llevado a cabo un proceso importante de reformas para reafirmar la igualdad sustantiva de las mujeres indígenas porque “no podemos contextualizar la exigibilidad de derechos sino lo fomentamos, prevenimos y enfatizamos en la participación igualitaria desde el aspecto sustantivo de las mujeres indígenas que siguen siendo discriminadas, de las discriminadas”. 

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en el Senado, recordó que la Constitución establece que en México el derecho a la consulta previa es de gran relevancia porque se relaciona con la protección de derechos colectivos como el derecho al desarrollo sustentable, a la propiedad ancestral, biodiversidad cultural e identidad cultural, entre otras.

“Ya basta que se siga maltratando, violentando siglos y siglos atrás a los pueblos originarios y que ahora con la entrada de la modernidad en la búsqueda de alternativas en materia de energías sustentables se estén violentando todos esos derechos reconocidos en  la Constitución”, expresó.

Refirió que en el país 25 entidades, de las 32, reconocen el derecho a la consulta, ya que están establecidas en sus constituciones o en las leyes específicas en materia de derechos indígenas, como los estados de San Luis Potosí y Durango, las cuales ya cuentan con leyes sobre consulta y reconocen a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos.

“México dejara a un lado esta crisis provocada del uso de los derivados del petróleo al buscar otras alternativas, sin embargo las comunidades indígenas originarias hoy están sufriendo muchos de los embates de la instalación de estos mega proyectos sin haber sido consultados, ni han sido tomados en cuenta sus derechos, como lo mandata la Constitución”, concluyó.

La directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Humanos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Alejandra Ancheita destacó que en un país multicultural este diálogo debe incluir en particular a los pueblos indígenas, siguiendo las mejores prácticas, realizando las  consultas dando lugar a que en la etapa más temprana de cualquier proyecto de desarrollo, se asegure que sea previa, libre e informada, con base a los estándares internacionales.

Explicó que la organización que preside no es gubernamental y fue fundada en 2005, con el objetivo de defender y promover los derechos económicos, sociales y culturales y medio ambientales de las comunidades agrarias, comunidades y pueblos indígenas en la defensa de su territorio, de su tierra de sus bienes naturales.

Alejandra Ancheita comentó que han realizado un análisis de las diferentes políticas de desarrollo que se han impulsado desde el gobierno mexicano, a partir de la década de los 90’s respecto del modelo económico que ha venido impulsando el gobierno Federal basado en la sobre explotación de los bienes naturales localizados,  la mayoría en  territorios de comunidades indígenas.

“Este modelo de desarrollo tiene un objetivo muy claro que es impulsar modelos de desarrollo económico por medio de una serie de prebendas y privilegios, principalmente a empresas nacionales y trasnacionales, con el que se han vulnerado  los derechos humanos de comunidades indígenas y de pueblos”, aseguró.

Por otro lado, apuntó que  las  reformas legislativas han abierto una serie de posibilidades a la explotación de los bienes y recursos naturales que no necesariamente aseguran el ejercicio el derecho a la consulta libre, previa e informada, como la reciente Reforma Energética.

Señaló que dicha reforma ha generado una política de despojo que ha derivado en más de 100 conflictos sociales activos por la indiscriminada concesión del territorio mexicana a la industria extractiva muchos de ellos provocados por la falta de consulta y consentimiento previo de acuerdo con las investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma México.

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab indicó que el gobierno Federal tiene una  deuda histórica con los pueblos indígenas, por  la opresión a la que han sido expuestos los pueblos y comunidades indígenas.

Expresó su preocupación por el modelo actual de desarrollo, el cual está basado en  dar concesiones por proyectos, mega proyectos, proyectos extractivos en territorios indígenas vinculado con muchas otras violaciones de derechos humanos.

“Hay miles de proyectos de concesiones otorgadas en territorios indígenas, muchas veces sin consulta o consentimiento de ellos, lo que lleva a una conflictividad social entre las comunidades y también conflictos internos en estas comunidades”, insistió.

Destacó también que en toda la América Latina, los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, las defensoras y los defensores de la tierra son entre los más amenazados y hemos visto en varios países de América Latina, incluso en México, asesinatos de los defensores de derechos humanos indígenas.

Consideró que no se puede organizar una consulta sólo para ratificar que ya se decidió llevar a cabo una construcción, utilizando a los representantes de las comunidades que sí están por varias razones a favor de esta decisión y estigmatizarlos a los que se oponen, que defienden sus tierras como los que están obstaculizando el desarrollo.

“Sin duda, la reforma energética con su impacto enorme en las comunidades indígenas debería, hubiera sido correcto someterla a una consulta libre, previa e informada con los pueblos indígenas”, finalizó.