La detención del exgobernador priista, Tomás Yarrington Ruvalcaba, es sólo el cumplimiento de una serie de acciones que las autoridades deben ejercer en contra de exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), prófugos de la justicia o que son investigados por presuntas irregularidades en su gestión.

En el caso de Yarrington, las autoridades cumplieron con sus obligaciones de ley, y lo que está esperando la sociedad es que los actos atribuidos al priista tamaulipeco sean acreditados fehacientemente y que ninguno de ellos quede impune.

Lamentamos y censuramos que el PRI pretenda ahora deslindarse de Yarrington, argumentando que se procedió previamente a su expulsión, toda vez que las acusaciones que pesan sobre él son a partir de su actuación como gobernador de Tamaulipas, como miembro distinguido de ese partido. “Si delinquió, lo hizo como priista”.