• Reducir tasa de 16 a 10 por ciento y posibilitar a estados el cobro directo de este gravamen, sugiere  
• Necesario, eliminar régimen especial a alimentos y medicinas para evitar distorsiones, advierte

Con el propósito de fomentar el federalismo fiscal y eliminar distorsiones en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el senador Héctor Flores Ávalos propuso reducir la tasa impositiva de 16 a 10 por ciento y posibilitar a los estados de la República el cobro directo de este gravamen hasta por un máximo de cinco por ciento.

Adicionalmente, dijo, la tasa cero que se aplica en alimentos y medicinas prevista en la Ley del IVA no necesariamente brinda a la sociedad los beneficios que se pretende, porque la autoridad fiscal ha sido poco escrupulosa en su definición de alimentos y las grandes empresas exigen la devolución del impuesto. 

De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el primer semestre de 2016 se recaudó por concepto de IVA un monto por el orden de 453 mil 733 millones de pesos y las devoluciones se hicieron por un total 164 mil 555 mdp, apuntó. 

Con lo anterior, agregó, “es notorio el incremento que han tenido las devoluciones en este esquema, además de que genera distorsiones en su eficacia tributaria y un desequilibrio e inequidad en la situación de los contribuyentes, ya que por lo general no se efectúan al consumidor final, quien es el que paga el impuesto”.

Después de la presentación ante el pleno del Senado de la República, en conferencia de prensa, Flores Ávalos destacó que la iniciativa reforma diversas disposiciones de la Ley del IVA a fin de modificar la tasas del impuesto para facilitar su administración.

Del mismo modo, consideró necesario eliminar las distorsiones y fomentar el federalismo fiscal mediante un mecanismo de impuesto al consumo, el cual será aplicado en las entidades federativas de manera similar al impuesto local sobre servicios turísticos. 

“Aunado a ello se prevé la posibilidad de que las entidades federativas impongan una tasa máxima de 5 por ciento al consumo final de bienes y servicios, la cual será administratada y recaudada por las autoridades fiscales locales con la responsabilidad de hacerlo con transparencia y eficiencia”, remarcó. 

El impuesto al consumo, sostuvo, debe lograr el cometido de equidad y proporcionalidad tributaria, y propiciar la distribución de los recursos públicos con alto contenido social, atendiendo a la justicia distributiva.

“Un elemento importante para estimular e impulsar el mercado interno y revertir el deterioro económico del país, es el rediseño de la política fiscal”, concluyó.