·     Se exhorta a Segob a investigar y sancionar a las personas que resulten responsables del espionaje cometido hacía activistas de la sociedad civil.

·     Este es uno más de los casos de abuso y  a su vez muestra una descomposición total de la supervisión sobre el gobierno en México.

La senadora ciudadana, Martha Tagle Martínez inscribió un punto de acuerdo en el Senado de la República, en el que exhorta a la Secretaria de Gobernación (Segob) a investigar y sancionar a las personas que resulten responsables del espionaje cometido hacía activistas de la sociedad civil, ello derivado de la publicación que hizo un diario estadounidense donde señala que los “programas de espionaje” fueron usados contra los promotores del impuesto a bebidas azucaradas en México.

La legisladora advierte que el acoso psicológico que han sufrido los activistas ha generado incertidumbre en la libertad de expresión, “es urgente que se investigue a fondo, ya que está en riesgo la integridad de estas personas”.

Del mismo modo, exige  a las autoridades una investigación imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal que vulnera el derecho a la privacidad.

Por otra parte señala que el medio estadounidense revela que el espionaje realizado hacia  los activistas contiene un programa desarrollado por una empresa israelí que vende sus herramientas de espionaje digital exclusivamente a gobiernos y tiene contratos con varias dependencias de México.

La integrante de la comisión de Justicia en el Senado urge a la Segob a investigar y sancionar a las personas que resulten responsables. “Es inadmisible que en pleno siglo XXI sigan recurriendo a estas acciones que vulneran cada vez más el estado de derecho de la ciudadanía”.

Resulta evidente que este es uno más de los casos de abuso y  a su vez muestra una descomposición total de la supervisión sobre el gobierno en México, expresa.

Tagle Martínez asegura que en el país solo las autoridades federales y judiciales pueden interceptar comunicaciones privadas de manera legal, “lo que está ocurriendo acá es una violación grave a la libertad de expresión y una amenaza que atenta contra vida de los activistas”, concluye.

 

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