• Los senadores Ernesto Cordero, Roberto Gil y Jorge Luis Lavalle hacen una propuesta en 10 puntos.

México se encuentra en una difícil situación. La gestión económica del gobierno en estos últimos 4 años, la incertidumbre derivada de la elección presidencial de los Estados

Unidos y del nuevo entorno internacional, la debilidad crónica del Estado de derecho y la corrupción estructural han debilitado profundamente las expectativas y la confianza sobre la economía mexicana

En estas circunstancias, obtener un beneficio político a partir de la crítica estéril, proponer soluciones de maquillaje o sólo testimoniales, contribuir a la confusión y encono

de los ciudadanos es irresponsable y, en el largo plazo, contraproducente para la legitimidad de la política, de la pluralidad y de las instituciones democráticas.

Son muchos los problemas que se tienen que resolver y uno de los más serios y apremiantes es mantener la credibilidad en la economía mexicana. Si perdemos el orden en las finanzas

públicas estaremos muy cerca de una crisis de final de sexenio de las que creíamos que nunca más volverían.

Un escenario con el tipo de cambio depreciándose sin control, incremento en los precios, altas tasas de interés y recesión económica es real y cada vez con mayor probabilidad

de ocurrir.

Nuestro país, en aras de mantener un gasto público cada vez mayor, ha recurrido al endeudamiento a un ritmo muy preocupante. En los últimos cuatro años, la deuda pasó del 34%

del PIB a más del 50%. El servicio de la deuda crece de manera alarmante no sólo porque cada vez debemos más, sino también por el incremento en las tasas de interés y la depreciación del peso.

Esto es insostenible y tiene que ser revertido. Para esto es necesario gastar menos que nuestros ingresos para dejar de recurrir al endeudamiento y empezar a pagar nuestros

compromisos. Es necesario cumplir la meta de superávit primario establecido en el Paquete Económico para el 2017. Lamentablemente, hoy eso parece inalcanzable. Se presupuestaron ingresos recaudatorios asumiendo un crecimiento del 2.5%. Esta estimación de crecimiento

es irreal. Hay que recalcular nuestros ingresos recaudatorios para el 2017 considerando que nuestra economía está 

cerca de una recesión económica. Esta disminución en la recaudación tributaria tiene que traducirse obligadamente en una disminución profunda del gasto. De lo contrario, la deuda será inmanejable.

En el escenario que estamos viviendo, de sobrendeudamiento y con una recaudación menor a lo previsto, lo responsable es gastar menos. De no hacerlo, se confirmaran las sospechas

de que nuestro país ha perdido el equilibrio en las finanzas públicas.

Los mercados financieros lo saben y están atentos al manejo macroeconómico del país. De no emprender acciones para alcanzar un superávit primario, la calificación crediticia

de nuestro país seguramente sufrirá otra disminución enviando señales de preocupación a los inversionistas globales deteriorando, aún más, las expectativas de nuestra economía.

Proponer una simple reducción de impuestos o el retorno a subsidios regresivos y caros, sin realizar un análisis profundo y sin considerar las diversas implicaciones, podría

darnos un resultado contraproducente, al grado no solo de generar un incremento aún mayor a los precios que pagamos los ciudadanos, sino además en un escenario más complicado de las finanzas públicas.

La solución al problema es una reducción al gasto público, pero no para pagar menos impuestos sino para dejar de endeudarnos. Esto es lo responsable.

Esta reducción no debe de darse en proporciones meramente simbólicas. El país debe eliminar fondos, programas, subsidios y burocracia ineficientes, que alientan la corrupción

o que sólo sirven para alimentar clientelas. Debemos devolver al gasto público la función social de corregir desigualdades y su vocación económica de complementar y multiplicar la inversión.

Proponemos, por tanto, una agenda seria, responsable, objetiva y asequible que comprometa a todos a ser parte de la solución, a través

de 10 propuestas y acciones concretas que consideramos necesarias para enfrentar esta crisis que hoy tiene preocupada, molesta e indignada a la sociedad mexicana y que va mucho más allá del aumento a los combustibles.

1. Reducir un 10% al gasto programable de la administración pública federal, con excepción de los rubros de salud, empresas productivas del estado y órganos reguladores coordinados.

Los organismos autónomos y poderes de la unión también deberán ajustar su gasto en la misma proporción.

2. Disminuir al 50% al ramo de Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23 o “fondo moche”).

3. Reducir a la mitad el presupuesto a los partidos políticos durante las campañas electorales y eliminar el financiamiento para actividades ordinarias.

4. Reingeniería a la administración pública federal, en las siguientes dependencias:

a. Desaparición de la SEDATU, CAPUFE, Procuraduría Agraria y Tribunales agrarios, las funciones y programas serán cubiertos por la SEDESOL, la CONAVI, la SCT, y el Poder Judicial

respectivamente.

b. Fusión de las secretarías de Economía, Turismo y Energía para formar la nueva Secretaría de Economía con un 50% del presupuesto total de las 3 juntas.

5. Destinar al pago de deuda la totalidad de los remanentes del Banco de México.

6. Crear una comisión especial en el Senado con los objetivos siguientes:

a. Análisis y seguimiento del gasto, con el propósito de que los recursos públicos se apliquen con la mayor austeridad y eficiencia.

b. Revisión de la evaluación de los programas sociales federales, estatales y municipales con el propósito de promover la Presupuestación Basada en Resultados. Esto permitirá

eliminar duplicidades, revisar los programas que no están dando resultados y eliminar programas carentes de reglas de operación o con simples objetivos político electorales.

c. Seguimiento a la implementación de la Ley de Contabilidad Gubernamental, a las obras prioritarias de infraestructura y a las concesiones de CAPUFE.

7. Crear una comisión especial de investigación y seguimiento a las empresas productivas del Estado, en particular a las acciones tomadas por estas en preparación a la apertura

energética.

8. La Comisión de Energía en el Senado revisará la estructura de costos de gasolinas, diesel y gas licuado de petróleo, así como de la aplicación de subsidios focalizados para

control inflacionario al diésel agropecuario, diésel marino y al transporte de productos. Asimismo, evaluará el grado de avance y el plan a corto plazo para la disminución de brechas e ineficiencias de PEMEX para el transporte y almacenamiento de combustibles.

9. Modificar el mecanismo mediante el cual se aprueba el presupuesto: por una parte, la Cámara de los Diputados no podrá “etiquetar” recursos y, por otra, separar en el tiempo

la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, aprobar las siguientes iniciativas:

a. Modificación constitucional para crear una Ley GENERAL de Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de homologar en todo el país las reglas de presupuestación, asignación,

ejercicio y evaluación de los recursos públicos y poner fin al uso irresponsable y corrupto en los estados y municipios.

b. Reforma al código penal tipificando como delito el uso de recursos públicos fuera de programas sujetos a resultados.

c. Creación de la Ley de Salarios Máximos.

d. Modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para cerrar todos los espacios de discrecionalidad en la aplicación del presupuesto.

10. Todos los recursos resultantes de este plan, serán destinados en su totalidad a disminuir la deuda pública.

Estas acciones tendrían los siguientes resultados e implicaciones económicas:

* Un ahorro con respecto a lo presupuestado de 343,897 millones de pesos.

* Este ahorro, sumado a los 239,094 millones de pesos de los excedentes de BANXICO (tomando como base los excedentes reportados en 2016), sumarían 582,991 millones de pesos,

equivalentes a 2.91 puntos del PIB (punto base PIB 200mmdp) que serían utilizados para disminuir la deuda del país.

* La disminución de la deuda tendría un efecto positivo sobre nuestro tipo de cambio así como sobre la calificación crediticia del país, lo cual no solo generaría una disminución

en el costo financiero sino también se vería reflejado en los costos de todos los productos que importamos para consumo interno, entre estos los combustibles fósiles.

* Asimismo cerraríamos varias puertas abiertas a la ineficiencia en el gasto y la corrupción.

* Se alinearían los objetivos del gasto a resultados reales al igual que estaremos en posibilidad de realizar ajustes a las estrategias de implementación para acortar los tiempos

de competitividad en el sector energético.

México debe crear las condiciones de largo plazo para garantizar un crecimiento sostenido y justo. Es el momento de actuar. El discurso de unidad es retórica vacía si no hay

compromiso real de enfrentar los problemas y construir las soluciones. Nosotros estamos listos.

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