Las reformas a la Ley General de Víctimas permitirán que víctimas de delitos y sus familiares tengan acceso eficaz y oportuno a los apoyos económicos y asesoría jurídica, aseguró el senador panista Fernando Yunes Márquez.
Con estas modificaciones, abundó, podrán obtener apoyos económicos, becas, oportunidades laborales y atención médica, así como asesoramiento jurídico y, con ello, tener un verdadero respaldo por parte de la autoridad, aseguró el Presidente de la Comisión de Justicia.
Durante la discusión del dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, el senador panista afirmó que “el fondo de lo que se propone no es la nueva junta de gobierno que tendrá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ni la totalidad de su estructura, sino que las víctimas y sus familiares puedan acceder a un verdadero y eficiente apoyo por parte del Estado mexicano”.
“Son miles los familiares y personas desaparecidas que esperan que la Comisión Ejecutiva actúe y funcione. Les garantizamos que así será”, aseveró Yunes Márquez, quien presentó el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.
El legislador expuso que las reformas permitirán flexibilizar los mecanismos de acceso a los fondos de apoyo, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación, que son necesarias y urgentes para subsanar las carestías diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos burocráticos.
Con esta reforma, se incluye en los recursos de ayuda diversos gastos como alimentación, hospedaje y transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios, que le permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva, añadió.
Además, dijo, se establece la obligación de los estados para que cuenten con un fondo de apoyo eficaz, asistencia y reparación integral, asesoría jurídica y un registro de víctimas, para que la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales otorguen recursos de ayuda.
Para garantizar el funcionamiento de este esquema, continuó, se determina una compensación subsidiaria a víctimas cuando la entidad federativa que corresponda no cuente en ese momento con los recursos para su otorgamiento, lo que será factible jurídicamente mediante convenios de coordinación entre la CEAV y las comisiones de víctimas de las entidades federativas.
Por otra parte, señaló que la ley vigente establece que la CEAV únicamente pueda intervenir tratándose de delitos federales, lo que resulta inadecuado, pues existen un sinnúmero de víctimas de delitos del fuero común que se encuentran impedidas para obtener los apoyos contenidos en la ley.
En este sentido, añadió que se propone establecer la figura de la facultad de atracción, con el propósito de determinar los supuestos en los que la CEAV puede intervenir en la reparación de las víctimas de delitos del fuero común.
De igual manera, se pretende incluir el interés superior de la niñez como principio rector de este ordenamiento, en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo.
Con relación al diseño institucional de la CEAV, recordó que ésta se integra actualmente por siete comisionados, aunque en realidad hoy funciona solamente con tres de ellos, lo que hace evidente que esa estructura es muy costosa y no contribuye a la agilidad, eficiencia y operatividad de la Comisión.
Por ello, se propone que la CEAV deje de ser un órgano colegiado y se convierta en un órgano unipersonal, con un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos y que será propuesto por el Presidente de la República en terna y ratificado por el Senado, con el voto de dos terceras partes de los presentes.
Yunes Márquez hizo un llamado al Gobierno federal a mostrar sensibilidad y con las organizaciones de la sociedad civil, para que las propuestas que envíe al Senado para encabezar la CEAV tengan un alto nivel de consenso.
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