La falta de coordinación entre instituciones dificulta conocer con certeza cuál es la situación de las niñas y niños mexicanos migrantes para darles atención adecuada, afirmó la senadora Sylvia Martínez Elizondo.

La información es la herramienta más valiosa para decidir adecuadamente las políticas que deben implementarse en materia de derechos humanos de niños y adolescentes, indicó la senadora por Chihuahua durante la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno.

“No sabemos cuántos han sido repatriados, acogidos o detenidos, ante la opacidad del gobierno federal. no tenemos cifras precisas, porque aunque el Registro Nacional de Población e Indentificación Personal (Renapo) está trabajando en un censo que informe la situación migratoria, el gobierno ha dejado esta labor como no prioritaria desde 2011”, sostuvo.

Martínez Elizondo aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe tener un registro completo de los mexicanos que viven fuera de México, así como de su situación migratoria, en especial la de niñas, niños y adolescentes, porque de lo contrario se les estaría desamparando.

Señaló que actualmente los datos están desagregados y sin coordinación entre el Sistema DIF, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que provoca una gran cantidad de lagunas de información que violan el principio del interés superior de la niñez.

Recordó que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el Informe Situación de Derechos Humanos de Familias, Niños, Niñas y Adolescentes no Acompañados, Refugiados y Migrantes en los Estados Unidos de América, en el cual destacan las omisiones de la actual administración en este tema.

La senadora panista solicitó a la Canciller informar sobre las medidas consulares y de diplomacia que se están aplicando para resolver el problema de la detención de niñas, niños y adolescentes mexicanos en el extranjero.

 

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3 de noviembre de 2016

 

Versión de la intervención de la senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, al formular la pregunta y la réplica en la tercera ronda durante la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, con motivo de la Glosa del IV Informe de Gobierno 

Con su venia, señor presidente.

Buenas tardes, señora secretaria.

Le reitero la bienvenida, ya que muchos de mis compañeros senadores le han manifestado en sus intervenciones a esta su casa y la casa de todos los mexicanos. Probablemente ya ha de estar un poco cansada.

Quiero aprovechar este espacio otorgado al Grupo Parlamentario de Acción Nacional y, dado mi carácter de secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, para hacerle dos preguntas puntuales en torno al caso de los niños mexicanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos y respecto a los trabajadores migrantes mexicanos y sus familias.

En octubre del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe Situación de Derechos Humanos de Familias, Niños, Niñas y Adolescentes no Acompañados, Refugiados y Migrantes en los Estados Unidos de América.

Este informe es revelador por cuanto hace a las omisiones del gobierno a cargo del Presidente Peña Nieto, en especial en el caso de las niñas, niños y adolescentes no acompañados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone la dificultad que enfrenta este grupo al llegar a Estados Unidos, al no poder acceder a mecanismos de protección internacional, misma que deberían encontrar en el apoyo consular.

Además, observó que se aplica incorrectamente la ley de Estados Unidos por parte de los agentes fronterizos. Me queda claro que el comportamiento de los agentes del país vecino del norte no está en las facultades de la Secretaría de la cual es usted su titular, pero el informe continúa precisando que las prácticas de devolución se hacen, abro comillas, “en colaboración con las autoridades mexicanas, en relación con el retorno de los nacionales mexicanos”, cierro cimillas.

Por cifras de la propia Comisión Interamericana sabemos que en esa frontera sur hay alrededor de 16 mil niños mexicanos detenidos. La pregunta, señora secretaria, ¿cuál es la instrucción que usted le ha dado a los consulados para actuar bajo un enfoque de derechos humanos en la debida atención de la niñez mexicana frente a la deportación que, por cierto, en muchas ocasiones es contraria a la que dispone la propia ley estadounidense?

¿Las representaciones mexicanas en ese territorio están al tanto de la situación? Y sí así es, ¿qué medidas consulares y de diplomacia se están tomando para resolver el problema de la detención de niñas, niños y adolescentes mexicanos?

Ahora, por el otro lado, me gustaría aprovechar la ocasión para mencionar que en el inciso b de la fracción primera del artículo 73 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que firmó México en 1990 y ratificó en 1999, se ordena que los países parte presentan, abro comillas, “un informe sobre las medidas legislativas judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones dela presente Convención”, cierro comillas, la cual debe acontecer cada cinco años.

El último informe data del año 2010, cabe señalar que en la página web de la Secretaría de relaciones Exteriores aparecen ligas para acceder a los informes pasados, 2005-2010; sin embargo no funciona y en el mismo artículo mencionado de la Convención, en su fracción cuarta dice a la letra: “Los Estados parte darán una amplia difusión pública a sus informes en sus propios países”, asunto que no está pasando en México.

Entiendo que el Comité de esta Convención ya envió a México las preguntas del seguimiento sobre el informe 2015. ¿Ya existe el informe? De no ser así, ¿cuándo podemos consultarlo? Agradeceré muchos sus respuestas.

REPLICA

Gracias por su información.

Pero quisiera nada más reiterarle los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quien me referí con antelación, fueron reportados en 2015.

Sin embargo, tenemos un fuerte problema para saber con certeza cuál es la situación de las niñas y niños mexicanos migrantes.

No sabemos cuántos han sido repatriados, acogidos o detenidos, ante la opacidad del gobierno federal no tenemos cifras precisas, porque aunque el Registro Nacional de Población e Indentificación Personal (Renapo) está trabajando en un censo que informe la situación migratoria, el gobierno ha dejado esta labor como no prioritaria desde 2011.

La Fundación Appel Sill ya recomendaba que se hiciera un sistema de información compartida, porque los datos están separados y sin coordinación entre el DIF, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto genera una gran cantidad de lagunas que violan el principio del interés superior de la niñez.

A la Secretaría a su cargo le correspondía tener un registro completamente claro de todos los mexicanos fuera de México y de cuál es su situación migratoria. La información es la herramienta más valiosa para decidir adecuadamente las políticas que deben implementarse en derechos humanos en este sentido.

De lo contrario estamos desamparando a las niñas, niños y adolescentes mexicanos, en general en el plano internacional, cada vez que se dificulta el acceso a la información o cualquier marco normativo sólo se logra la redundancia en el trabajo o en incluso en la irresponsabilidad.

Y cada vez que observamos recomendaciones de organismos internacionales o cifras escandalosas sobre infantes detenidos en el extranjero sabemos que algo está mal.

No es necesario que sean 16 mil, la deportación de un solo niño es suficiente para repensar si el trabajo de los Consulados y su perspectiva de derechos humanos es correcta.

Que tenga buena tarde, Secretaria.

Gracias.  

 

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