• Es una iniciativa que se nutre de la pluralidad, posee un carácter integral, de vanguardia, atiende los problemas desde sus causas, llena los vacíos jurídicos e institucionales existentes y reconoce los derechos de niñas, niños y adolescentes cambiando la visión que se tiene sobre ellos

Al considerar que la Iniciativa Preferente que envió el Presidente Enrique Peña Nieto tiene carencias de fondo que más que beneficiar a la niñez podrían perjudicarla, senadores del PAN, PRD y PT presentaron una propuesta alternativa para crear la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En conferencia de prensa, los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Ma. del Pilar Ortega Martínez (PAN), Mario Delgado Carrillo (PRD) y Layda Sansores San Román (PT) estimaron que la propuesta enviada en días pasados por el Ejecutivo Federal no garantiza el interés superior de la niñez y al darle el carácter de preferente “lo único que hace es ponerle prisa a un tema que debe ser también consensado con la sociedad y con organizaciones que son especialistas en la materia”.

Entre las deficiencias que encontraron a dicha iniciativa, dijeron, es que carece de un sistema de evaluación; no plantea un verdadero sistema de garantía de derechos sino que deja en manos del DIF todas las funciones de diseño, implementación, evaluación y protección que deberían recaer en un órgano específicamente creado para ello; la niñez migrante queda en manos del Instituto Nacional de Migración, los deja en estado de indefensión al privárseles de su libertad y dejándolos en las estaciones migratorias, aunado al grave hecho de no diferenciar entre niñez migrante nacional y extranjera.

Del mismo modo, indicaron, no prevé mecanismos eficaces que fomenten la participación de las niñas, niños y adolescentes, o que sus opiniones puedan ser tomadas en cuenta o escuchadas durante los procedimientos administrativos. Tampoco es clara respecto al tema de concurrencia, es ambigua en cuanto a los márgenes de responsabilidad del Ejecutivo federal, y no delimita las funciones entre los estados y los municipios. Asimismo, deja en manos de las legislaturas locales temas como prevenir y sancionar, por lo que las sanciones no serán homogéneas en los estados.

Por ello, los legisladores del PAN, PRD y PT se dieron a la tarea de trabajar una propuesta conjunta que no sólo reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, sino que impulsa su participación e incorpora su voz en las decisiones.

La iniciativa que será presentada mañana ante el Pleno del Senado de la República busca elevar el órgano rector a nivel presidencial, lo dota de presupuesto propio y lo denomina Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos, que será capaz para determinar el interés superior de cada niña, niño y adolescente, además de que será un órgano desconcentrado.

También, propone un Consejo Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Política sobre Niñas, Niños y Adolescentes, que emita evaluaciones confiables y tenga la capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política en la materia.

Establece que, sin importar estado migratorio, ninguna niña o niño puede ser privado de su libertad por faltas administrativas como sucede para los migrantes. Además, atiende las diferencias en términos de movilidad, es decir, las necesidades de los grupos de migrantes internos, desplazados internos, migrantes internacionales, refugiados, solicitantes de asilo, solicitantes de la protección complementaria, apátridas, exiliados y víctimas de trata y tráfico de migrantes.

Algo muy importante, destacaron, recupera las propuestas presentadas con anterioridad en el Senado de la República a favor de la prevención, atención y seguimiento al Acoso Escolar y en pro de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar y promueve contenidos que fomentan el valor de la multiculturalidad, en materia de derechos humanos y de la cultura de la paz.

Esta propuesta suscrita también por los senadores Sonia Mendoza Díaz (PAN), Adriana Dávila Fernández (PAN), Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury (PAN), Luis Fernando Salazar (PAN), Francisco Salvador López Brito (PAN), Zoé Robledo Aburto (PRD), Armando Ríos Piter (PRD) y Raúl Morón Orozco (PRD) contempla una serie de capítulos en materia de Acceso a la Justicia, explotación laboral infantil y para garantizar la restitución de derechos en contextos de violencia; delimita con claridad las funciones de cada nivel de gobierno y propone la creación de un Sistema de Información Homogéneo.

Finalmente, celebraron que el Ejecutivo Federal muestre interés en el tema, sobre todo, porque es un sector de la población sumamente vulnerable, que además enfrenta vacíos legales e institucionales que los mantienen en la mayoría de los casos en la indefensión, prueba de ello es el crecimiento en el número y en la gravedad de los casos de “bullying”, donde las autoridades se ha visto rebasadas, colocando a México en el primer lugar entre los países de la OCDE.

En este sentido, dio a conocer cifras que señalan que la violencia ha aumentado 30 por ciento tan sólo en dos años. Según la CNDH, de 2011 a 2013 el porcentaje de estudiantes que dijo sufrir algún tipo de violencia pasó del 30 por ciento al 40 por ciento. Sin embargo, dijo, la SEP subestima la situación y considera que afecta al 24 por ciento de niños y jóvenes de nivel básico y bachillerato.

El trabajo infantil, aseguró, es otro nicho problemático que tiene consecuencias muy graves para el futuro de los niños, ya que en el 2013 había 2.5 millones de personas con edad entre 5 y 17 años que se encontraban realizando alguna actividad económica y se estima que alrededor del 40 por ciento de ellos no asistía a la escuela, a pesar de que la Constitución prohíbe el trabajo a menores de 14 años.

En la conferencia de prensa se contó con la presencia de Karina Arias, Secretaria Técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria; Alma Meneses, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Gabriela Morales, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

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