La senadora del PAN, Adriana Dávila Fernández, se pronunció por establecer mecanismos de control para que las instituciones de asistencia social públicas y privadas, especialmente las dedicadas a la atención de víctimas del delito, cumplan con las condiciones necesarias para garantizar el apoyo integral y profesional en su proceso de reintregración social.
De esta manera, dijo, sólo aquellas acreditadas podrán tener acceso a los apoyos que otorga la administración pública federal, además el trabajo que estas instituciones realizan en favor de los diversos grupos poblacionales a quienes ayudan, entre ellas las víctimas del delito, será más eficiente y oportuno.
Al presentar en tribuna una iniciativa por la que se adicionan disposiciones a la Ley de Víctimas, la Ley de Asistencia Social y a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, dijo: “Si bien la ley actual dispone que el DIF y la Secretaría de Salud certificarán los servicios que presten las instituciones del sector privado en materia de atención a víctimas del delito, lo que no estipula es un mecanismo de supervisión de las actividades de estas instituciones, ni que, en caso de incumplimiento, les sean cancelados los recursos públicos que se les asignan.
“Es por ello, que propongo establecer la obligatoriedad de que presenten un informe trimestral sobre sus actividades, además de que el DIF se encargará de evaluar anualmente a las instituciones de asistencia social que ya se encuentren acreditadas y, en caso de que no cumplan con la normatividad, ésta les será cancelada y no podrán acceder a los recursos públicos que les han sido destinados”, afirmó Dávila Fernández.
Agregó que el DIF realizará las visitas que considere necesarias para garantizar el cumplimiento la normatividad y en caso de que el organismo se percate de hechos que constituyan la comisión de algún delito, inmediatamente hará la denuncia correspondiente.
La senadora por Tlaxcala reconoció el interés de las organizaciones de la sociedad civil para participar y apoyar a personas que han sufrido algún tipo de violación a sus derechos humanos, por lo que “la cooperación entre la administración pública y aquellos grupos sociales organizados debe ser permanente, se deben conjuntar esfuerzos para garantizar que la atención a las víctimas y afectados, sea oportuna, adecuada y profesional”.
En ese sentido, propuso que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas acredite a aquellas organizaciones que comprueben contar con personal especializado en atención y orientación a víctimas de delitos y que cuenten con título profesional en áreas como medicina general, psiquiatría, psicología, ginecología, enfermería, trabajo social y derecho.
Asimismo, indicó que los refugios, albergues y casas de transición en los que se atenderá a las víctimas deberán contar entre otras cosas con un espacio temporal que brinde alojamiento seguro y digno; los suministros necesarios durante el alojamiento, incluidos alimentación, vestido y calzado, y en su caso, programas reeducativos de capacitación para el trabajo, así como otras medidas dignas y viables para la restitución de sus derechos.
La también Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas reiteró que con este mecanismo de actualización jurídica, la asistencia y protección que se preste a las víctimas del delito, será más eficiente y se colaborará con el proceso de reintegración social.
“Eso traerá beneficios a las personas que han sufrido algún tipo de afectación física y/o mental, en el difícil proceso de reintegración social; Casitas del Sur y mamá Rosa son el gran ejemplo”, asentó.
Recordó que las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en eficaces instrumentos para atender, vigilar, dar seguimiento y señalar equívocos a las actuaciones de la autoridad, con lo que se contribuye a ejecutar correctivos en aquellas políticas y programas públicos que no cumplan con su objetivo primordial.
“Senadoras y senadores, les solicito su apoyo, un voto a favor de la transparencia, de la posibilidad de establecer mecanismos de control para que las instituciones de asistencia públicas y privadas, relacionadas con la atención a las víctimas del delito, cumplan condiciones que garanticen el apoyo integral y profesional”, concluyó Dávila Fernández.
---000---