* La vorágine privatizadora quiere apoderarse de los recursos naturales de todos”, dijo
El presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, presentó una iniciativa de ley con el objeto de consultar a los pueblos indígenas y así evitar conflictos sociales en la aplicación de las leyes secundarias de la Reforma Energética.
“El deber de consultar a los pueblos indígenas en relación con asuntos que les afectan directamente tiene como objetivo lograr el consentimiento libre, previo e informado, lo que implica procesos de buena fe en donde se toman las decisiones por medio del consenso entre las partes estatales, indígenas y empresariales”, argumentó Robles.
Ante el pleno del Senado, Robles Montoya explicó que con la promulgación de las leyes secundarias en materia energética, los pueblos y comunidades indígenas corren el riesgo de ser despojados de la propiedad de sus tierras.
Particularmente, dijo, de aquellas en donde se requiera una relación contractual con nuevas Empresas Productivas del Estado como la Industria Eléctrica o Energética, pues a sazón del uso, goce y afectación a que haya lugar, “se les obliga a celebrar a convenir con, los cuales obviamente no serán, bajo ninguna circunstancia justos”.
“Seamos sinceros, la vorágine privatizadora pretende apoderarse a como dé lugar de las tierras y de sus recursos naturales que por derecho les pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas, algunas veces con engaños, otras veces aprovechándose de la precaria situación económica y de la devastación del campo, y otras a través de la fuerza”, señaló.
También dijo que una transgresión al derecho humano consagrado en el Artículo Segundo constitucional consistente en la autodeterminación, al impedir mantener la integridad de sus territorios, acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural.
“Es decir, en las leyes secundarias de la llamada reforma energética se genera una desventaja hacia los pueblos originarios bajo el engañoso esquema de ‘ADHERIRSE CONTRATAR o ACEPTAR’ un acuerdo legal o no, para que las empresas ‘USEN, GOCEN Y AFECTEN’ los terrenos que consideren idóneos para el sector energético”, destacó.
Subrayó, que existen muchos ejemplos de esta situación: la construcción de presas hidroeléctricas, la industria minera, los parques eólicos, el cambio de régimen social a propiedad privada a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales y proyectos turísticos.
Destacó que de aprobarse la iniciativa que plantea, se establecerían requisitos de consulta que promuevan el diálogo intercultural y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas ya sea frente al Estado o los particulares, principalmente aquellos dedicados a la industria eléctrica o de hidrocarburos.
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