• Benjamín Robles Montoya, del PRD, aseguró que el sector estará en manos de la IP
• México pone en riesgo su planta productiva y generación de empleos

El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, afirmó que con la expedición de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, se pondrá en peligro la seguridad nacional de México, ya que el sector estará en manos de empresas privadas.

“Incluso más grave, significaría un muy eficaz instrumento de presión o de chantaje en contra del Estado, y por ende de la colectividad”, agregó el legislador.

El también presidente de la Comisión Sur Sureste, agregó que bajo las características que contiene la nueva ley, México podrá en riego la viabilidad de su planta productiva y la generación de sus empleos.

Robles Montoya, sostuvo que quienes promueven esta nueva reglamentación han olvidado que la industria eléctrica forma parte nodal de la economía de escala, indispensable además para los encadenamientos productivos, donde resulta fundamental la correcta provisión de este servicio público.

El legislador por el estado de Oaxaca, adelantó que la intención del gobierno de Peña Nieto, es abrir a la inversión privada, directa e indirectamente y en su totalidad, la generación y comercialización de electricidad, así como la suscripción de contratos con particulares para ceder la transmisión y distribución de la energía eléctrica.

El legislador por el PRD, dijo que como senador del estado de Oaxaca, está consciente de las numerosas expresiones de descontento social y de los actos de resistencia que surgen de una misma inconformidad, en distintos pueblos y comunidades indígenas de México.

“Particularmente me quiero referir al Istmo de Tehuantepec y a la Costa en el Estado de Oaxaca. Bajo este nuevo esquema, no los dejaremos solos. Exigiremos, sin descanso, tarifas justas en el cobro de energía eléctrica”, advirtió Robles Montoya.

Manifestó que es necesario destacar que en dichos pueblos y comunidades, en su mayoría con un alto índice de marginación en el país, los recibos de luz que llegan a los hogares alcanzan de entre cinco mil hasta 30 mil pesos, “siendo que nuestros compatriotas tienen a duras penas unos cuantos focos de luz y uno o dos aparatos electrodomésticos”.

“Las comunidades indígenas, las más afectadas por la falta de oportunidad de tener a su alcance los servicios de infraestructura básica, y los pocos que tienen acceso a ellos, los deben pagar a precios que les son realmente inaccesibles”, señaló Robles Montoya.