• …de continuar el estatus jurídico transicional, acéfala y con funciones acotadas, serán la debilidad institucional y el riesgo en la eficacia de la adecuada vigilancia de la función pública la “cualidad” de la dependencia

• “No podemos permitir que la falta de normatividad o de fortaleza institucional facilite la comisión de actos de corrupción en la Administración Pública Federal”, puntualizó

• Advirtió que la desaparición de esta dependencia… ha situado en un marco endeble a la función pública, lo cual es sumamente grave y delicado

Ante la no aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para crear un órgano autónomo de combate a la corrupción, es urgente que el Ejecutivo Federal designe al titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Así lo manifestó la senadora Laura Angélica Rojas Hernández al alertar que, de continuar el estatus jurídico transicional, acéfala y con funciones acotadas, serán la debilidad institucional y el riesgo en la eficacia de la adecuada vigilancia de la función pública la “cualidad” de la dependencia, cuyo propósito era la de coordinar, evaluar y vigilar el ejercicio público del gobierno federal.

“No podemos permitir que la falta de normatividad o de fortaleza institucional facilite la comisión de actos de corrupción en la Administración Pública Federal. La cultura de la verdad y de la honestidad debe sobreponerse a la cultura de la simulación y la corrupción”, puntualizó tajante Rojas Hernández.

La también integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, recordó que al inicio de la presente administración se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en cuyo artículo segundo transitorio se establece que las modificaciones a los artículo 26, 31, 37, 44 y 50, referentes a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones.

Se precisa que, entre tanto se expiden y entran en vigor, la SFP continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de la expedición del decreto.

La legisladora de Acción Nacional advirtió que la desaparición de esta dependencia -que veló para la mejora administrativa, vigiló que los servidores públicos federales se apegaran a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones y sancionó a quienes no lo hicieron-, así como la transferencia de sus responsabilidades a otras instancias, ha situado en un marco endeble a la función pública, lo cual es sumamente grave y delicado.

Criticó que aún y cuando el Senado de la República aprobó el 13 de diciembre de 2013 reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Combate a la Corrupción, en la Cámara de Diputados las comisiones de Puntos Constitucionales y Transparencia y Anticorrupción tienen detenida la minuta correspondiente.

“Este tema ha sido relegado y toda la atención se ha volcado en las reformas de ‘gran calado’ sin tomar en consideración que, para que la reforma energética, por dar un ejemplo, rinda los frutos esperados, es necesario que sus actos no se vean afectados por la corrupción”, puntualizó Rojas Hernández.

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