Los integrantes de la Primera Comisión de la Permanente avalaron un punto de acuerdo presentado por senadores del Partido Acción Nacional por el que se solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) investigue la presunta comisión de delitos contra la biodiversidad ocurridos en los puertos de San Felipe y Río Lagartos, en el estado de Yucatán.

Pidieron que se investiguen esos presuntos delitos contra la biodiversidad porque además derivaron en hechos violentos y en la presunta comisión de otros ilícitos, como privación ilegal de la libertad y lesiones, con motivo del conflicto entre pescadores ribereños e ilegales de la región, por la captura de especies en veda, como el pepino de mar.

Además, se avaló solicitar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) que en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), realicen las acciones necesarias para fortalecer las medidas de vigilancia y se denuncie ante la PGR a los pescadores ilegales.

También se aprobó pedir al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez y al Director General de Inspección y Vigilancia, Mario Alberto Castanedo Peñúñuri, informen al Senado de la República sobre los avances derivados del acuerdo de colaboración celebrado el 12 de junio del presente, entre autoridades de la Secretaría de Marina y del Gobierno de Yucatán, cuyo propósito es reforzar la vigilancia en las costas de la entidad para preservar el Estado de derecho y garantizar la sustentabilidad de las especies pesqueras que se encuentran actualmente en veda.

En virtud de todo lo anterior, también se avaló exhortar al titular del Ejecutivo federal para que “publique de forma inmediata el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para hacer efectivo el ordenamiento legal en la materia”.

El punto de acuerdo fue presentado el 8 de junio pasado por los senadores Ernesto Ruffo Appel, Silvia Garza Galván, Héctor Larios Córdova, Jorge Luis Lavalle Maury y Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

En la consideraciones de su proposición los legisladores afirmaron que debido a la problemática en el litoral oriente del estado de Yucatán, que se suscitó en los puertos de San Felipe y Río Lagartos, los pescadores cooperativistas han estado actuando como “autodefensas marinos”, pues acuden a vigilar los puertos con el propósito de que pescadores furtivos no capturen especies marinas de manera ilegal.

“Esta situación se ha ido empeorando de manera constante, pues se han registrado actos de violencia entre integrantes del sector, llegando hasta la consumación de delitos como daño en propiedad ajena, lesiones, privación ilegal de la libertad, captura ilegal de especies en veda, entre otros”, explicaron los legisladores.

Recodaron que el pasado 8 de junio pescadores cooperativistas de San Felipe y Río Lagartos, patrullaron en los puertos de ambos municipios, a bordo de 14 lanchas ribereñas, con el propósito de vigilar que pescadores furtivos de la zona no capturaran las especies que se encuentran en veda, como son el pepino de mar, la langosta y el pulpo, bajo el argumento de que las autoridades federales y estatales han incumplido en sus labores de inspección y vigilancia, por lo que tomaron la decisión de “autodefenderse”, para posteriormente dar cuenta de lo sucedido a las autoridades competentes.

Los pescadores cooperativistas, al buscar proteger los recursos marítimos, fueron interceptados por alrededor de 20 embarcaciones furtivas, cuyos tripulantes prendieron fuego a dos embarcaciones de los pescadores cooperativistas con bombas molotov y además privaron de la libertad a seis pescadores, ocasionándoles lesiones físicas.

Como respuesta, los pescadores organizados del puerto de San Felipe cerraron el acceso a esa comunidad como medida de protesta, y exigieron la intervención de las autoridades correspondientes para localizar el paradero de los compañeros desaparecidos, mismos que finalmente fueron encontrados al día siguiente en un paraje solitario de la costa.

Por lo anterior, los legisladores consideraron pertinente dirigirse a las autoridades correspondientes para que se investigue la presunta comisión de delitos ocurridos en los puertos de San Felipe y Río Lagartos, en Yucatán.

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