En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, senadores de Acción Nacional reconocieron la necesidad de que los miembros de ese organismo evolucionen del activismo social que practicaron en el pasado, a la responsabilidad que hoy les confiere la ley como servidores públicos.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, explicó que el motivo de la reunión fue la “circunstancia pública de un cisma” ―como la misma Comisión Ejecutiva lo llamó― por las discusiones en su interior, las cuales han generado un desgaste que afectaría la dinámica de trabajo y, con ello, se retrasarían los esfuerzos para lograr el primer objetivo planteado a corto plazo: la evolución de las instituciones en materia de atención a víctimas hacia el modelo plasmado en la ley.
En tal sentido, el senador panista expresó su preocupación por tres pendientes que, a su consideración, tiene actualmente la Comisión Ejecutiva: en primer lugar, la falta de diagnósticos de realidades de victimización para que el Congreso, la sociedad y las demás autoridades conozcan cuál es el punto de partida y la realidad que se tendrá que enfrentar para superar la problemática.
En segundo, el retraso en la concreción del proyecto de reglamento interior, originado por las diferencias entre los miembros del colegiado. “Yo creo que es fundamental que ese reglamento pueda concluirse en el corto plazo; es el instructivo de trabajo de ustedes”, señaló.
Finalmente, hizo hincapié en la necesidad para que cada uno de los integrantes de la Comisión evolucione “del activismo a la responsabilidad pública”, a fin de poder convertir su labor en políticas que beneficien a la sociedad.
“Y eso implica un cambio de chip. Ustedes conocen las realidades de victimización porque vienen de ahí, vienen de su atención, vienen de su cercanía, pero ahora tienen que convertirlo en políticas públicas a partir de diagnósticos objetivos, de métodos, de sistemas de evaluación de calidad, de propósitos”, recomendó.
En ello coincidió la senadora Adriana Dávila Fernández, quien señaló la importancia de que los comisionados pasen de ser integrantes de organizaciones civiles a servidores públicos, lo cual, consideró, conlleva una responsabilidad mayor, pues ahora tienen obligaciones legales que cumplir.
“Ustedes, al ser servidores públicos, son pagados por los impuestos de los ciudadanos; reciben y perciben, como nosotros, un sueldo por los ciudadanos y, por tanto, tienen una obligación mayor para atender aquello que tanto ustedes defendieron fuera de ser la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Ésa es la gran diferencia entre lo que ustedes eran antes y lo que hoy ustedes son”, subrayó.
La senadora, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, reconoció la responsabilidad compartida entre la Comisión Ejecutiva y los legisladores para atender las problemáticas que afectan al organismo, a fin de lograr mejores resultados en sus tareas.
“Hay deficiencias que tenemos que corregir para mejorar el funcionamiento de la ley y, por supuesto, facilitarles a ustedes el trabajo”, expuso Dávila Fernández.
A fin de superar algunas diferencias al interior del organismo defensor de las víctimas, el senador Roberto Gil propuso que sea la Cámara Alta la que elija al presidente de la Comisión, con el propósito de darle estabilidad institucional a la Comisión Ejecutiva, pues “donde hay presidencias decididas por los colegiados hay problemas. No hay estabilidad institucional cuando la presidencia está sujeta a dinámicas internas”, reconoció.
En su turno, la senadora Mariana Gómez del Campo externó a los comisionados su preocupación por los crecientes casos de acoso escolar en México, problemática que más allá de una coyuntura, “es un tema y es un problema que lleva ocurriendo durante décadas en nuestro país, pero ahora es mucho más marcado por la presencia de las redes sociales y por el acceso de nuestros niños y de nuestros jóvenes adolescentes a las mismas”, dijo.
Mariana Gómez consideró crucial que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atienda a quienes han sufrido de acoso escolar, pues en México “estamos tomando cartas en el asunto de manera tardía y hoy tenemos el primer lugar a nivel internacional en casos de este tipo, de acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, lamentó.
Los senadores panistas ofrecieron el respaldo, el apoyo y la gestión por parte del Senado de la República para que los asuntos aún pendientes puedan ser resueltos en el corto plazo y la Comisión pueda comenzar a trabajar plenamente.
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